Revista judicial C00
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JUEVES 28 de MARZO de 2013 La Hora Quito, ecuador revista no: 10284
LUNES 24de noviembre de2008 La Hora Quito, ecuador
Director Dr. Francisco Vivanco Riofrío
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Presunción de inocencia y la certeza Por: Dr. José García Falconí
El Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República, señala en su parte pertinente lo siguiente “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas: ...2. Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada (las negrillas son mías)”. Lo que guarda relación con lo que señala el Art. 4 del Código de Procedimiento Penal reformado, que dice “Todo procesado es inocente, hasta que en la sentencia ejecutoriada se lo declare culpable”. Este principio se lo conoce en doctrina como el principio de culpabilidad, que fue desarrollado por la doctrina europea a fines del siglo XIX, pero quien primero
lo estudia es Rudolf Von Ihering, en 1867, que trata sobre el injusto objetivo y la culpabilidad subjetiva, pero fue Binding quien elaboró el concepto de culpabilidad, en el sentido de dolo y culpa, y luego las causas de inimputabilidad. Hay que recordar que dentro de la teoría del delito del causalismo, el delito es una acción u omisión humana, típica, antijurídica y culpable, sancionado con una pena; pero también debo señalar que en el proyecto de Código Orgánico de Garantías Penales, preparado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que actualmente se encuentra socializándose, se trata ya sobre la teoría del finalismo y se deja a un lado la del causalismo. Dentro de la teoría del causalismo, la tipicidad y antijuricidad se refieren al principio de legalidad, regulado en el Art. 76 numeral 3 de la constitución de la República vigente, que señala “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, admi-
nistrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento”. Lo que guarda relación con el Art. 2 del Código de Procedimiento Penal reformado, que se refiere al principio de legalidad. Mientras que el principio de culpabilidad se refiere a que se presumirá la inocencia de toda persona, y además hay que recalcar que en la actual Carta Magna se señala que “será tratada como tal”, mientras no se declare su responsabilidad mediante solución firme en sentencia ejecutoriada; así se establece el principio constitucional de presunción de inocencia. Además, hay que tener muy en cuenta, que estos dos principios de presunción de inocencia y de legalidad, sirven de base para interpretar las leyes penales, por parte de los operadores de justicia, especialmente cuando existe duda sobre la norma legal y sobre la res-
ponsabilidad penal. AMBITO DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA El ámbito de aplicación del principio de presunción de inocencia es el siguiente: a) Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario; b) La inocencia se presume, la culpabilidad se prueba, la carga de la prueba actualmente la tiene la Fiscalía General del Estado en los delitos de acción pública; mientras que en los delitos de acción privada la tiene el querellante; c) La persona debe ser tratada como si fuera inocente mientras está tramitándose el proceso penal; d) Sólo mediante sentencia condenatoria en firme o ejecutoriada, se desvanece la presunción de inocencia de una persona; e) El debido proceso va encaminado a demostrar que el imputado, acusado o procesado es culpa-
ble, no para que éste demuestre su inocencia, pues la carga de la prueba recalco la tiene la Fiscalía General del Estado en delitos de acción penal pública; y, el querellante en los delitos de acción penal privada; f) Con excepción de la sentencia condenatoria y debidamente ejecutoriada, no existe otra forma de declarar culpable a una persona y, g) Quien ha sido procesado e imputado en un delito, sino se le dicta sentencia condenatoria, ejecutoriada o firme conforme la ley, el procesado, SIGUE SIENDO INOCENTE. Por otro lado, no olvidemos que el Art. 312 del Código de Procedimiento Penal reformado, señala “La sentencia que declare la culpabilidad deberá mencionar como se ha comprobado conforme a derecho la existencia del delito y la responsabilidad del acusado; determinará con precisión el delito por el cual se condena y la pena que se impone. También debe determinar, cuando corresponda, la suspensión condicional de la pena y debe fijar el plazo dentro del cual se ha de pagar la multa. Se debe decidir sobre las costas, la entrega de objetos incautados, el decomiso y la destrucción de objetos, según lo previsto en la ley”. Esto tiene relación con el Art. 304-A ibídem, que dispone “La sentencia debe ser motivada y concluirá declarando la culpabilidad o CONTINUA EN la página - c2
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