Revista judicial C00
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MARTES 26 de MARZO de 2013 La Hora Quito, ecuador revista no: 10282
LUNES 24de noviembre de2008 La Hora Quito, ecuador
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Reclamos y recursos administrativos La etapa administrativa del reclamo tiene su punto de partida con la notificación a los contribuyentes de un acto administrativo que establece la obligación tributaria. Una vez cumplido este requisito, el sujeto pasivo o contribuyente responsable o tercero, de acuerdo a normas precisas y contempladas en las leyes pertinentes, tiene derecho a la facultad de expresar su disconformidad con los resultados de la decisión administrativa tributaria y, consiguientemente, presentar su reclamo ante la misma autoridad administrativa tributaria de la que emanó el acto.
Autor: Dr. Leonardo Andrade
El poder tributario inherente al Estado, se halla concretado en el poder público que dicta la normación jurídica de la tributación en todos los aspectos. La reclamación tributaria, ante el ‘poder público representado por la administración tributaria, es una relación ético financiera entre sujetos de derecho; o sea que el poder público tiene facultades para establecer por medio de la ley las cargas impositivas; pero el contribuyente tiene también derechos y obligaciones, como la de establecer que el crédito tributario este legalmente determinado, el derecho para exigir que se aplique en forma concreta y cabal la ley, y que no se vulnere o se lesione sus legítimos intereses; si esto no aconteciere, que se le conceda el amparo de las garantías para su defensa contempladas en toda la Legislación Tributaria Ecuatoriana, especialmente en el Art. 110 del Código Tributario.
A estos derechos del contribuyente, determinados en la ley para su amparo, se los ha denominado derechos públicos subjetivos, se hallan contemplados en la Constitución de la República, y en ella se prescribe como garantía general que la respectiva ley debe proteger los derechos de las personas contra los abusos del poder público. El reconocimiento de los derechos públicos subjetivos es una consecuencia del principio e juricidad y del Estado de Derecho, que implica que la actividad de la Administración esté ajustada a normas legales, presupuesto que otorga una garantía jurídica para que el contribuyente pueda ejercer frente a ella cualquier clase de reclamo y demandar en última instancia el ampara de los órganos jurisdiccionales, si por actos administrativos contrarios a al ley se lesionan sus derechos y legítimos
intereses. Competencia La validez o nulidad de los actos administrativos, entre los que se hallan incluidos los de índole tributaria, dependen esencialmente de la competencia; esto es, que hayan sido dictados por el órgano administrativo (autoridad) dentro del límite de sus atribuciones. El Art. 132 del Código Tributario dice: “Invalidez de los Actos Administrativos.- Los actos admi-
nistrativos serán nulos y la autoridad competente los invalidará de oficio o a petición de parte, en los siguientes casos: 1. Cuando provengan o hubieren sido expedidos por autoridades manifiestamente incompetentes; y, 2. Cuando hubieren sido dictadas con prescindencia de las normas de procedimiento o de las formalidades que la ley prescribe, siempre que se haya obstado el derecho de defensa o que la omisión hubiere influido en la decisión del reclamo”. La competencia se halla regulada por normas de carácter jurídico y los contribuyentes o afectados pueden hacerlas valer por medios jurídicos. Son normas de orden público e improrrogables porque están establecidas en relación con el interés público. Esta competencia se refiere a la actividad administrativa realizada por órganos que pertenecen y realizan actos que comportan el establecimiento de obligaciones tributarias. Dentro del procedimiento administrativo tributario y de excepción, los actos administrativos se producirán por el órgano competente, mediante el procedimiento establecido en el Código Tributario, y se aplicará la ley especial tributaria cuando por la naturaleza del tributo se instituya un procedimiento de CONTINUA EN la página - c2
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