Revista judicial C00
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LUNES 1 de ABRIL de 2013 La Hora Quito, ecuador revista no: 10288
LUNES 24de noviembre de2008 La Hora Quito, ecuador
Director Dr. Francisco Vivanco Riofrío
Editora LCDA. NATHALY SALAZAR BRITO
es una edición de diario la hora
Activismo en la decisión judicial Autor: Dra. Vanesa Aguirre Guzmán
Introducción En el ámbito procesal, se propugna aumentar los poderes del juez, para que el órgano jurisdiccional, a través de una adecuada conducción del proceso, pueda tutelar de la mejor manera los derechos de los ciudadanos. Pero el activismo decisional, adelantando un paso, promueve que el juez, a más de intervenir dinámicamente en el ámbito procesal como director o impulsor de las causas a su cargo, tome iniciativa para encontrar la solución que sea más justa y que proteja de mejor manera los derechos fundamentales involucrados en el conflicto. En un primer plano, esto no significa que deje de ser imparcial, pero en la corriente que se está manejando en el Ecuador, no causaría repudio que le juzgador manifieste intención respecto del objeto de la controversia o de la posición de una de las partes, si considera que ello es necesario para encontrar una solución que sea justa y promueva la más efectiva vigencia de esos derechos.
Para el efectivo cumplimiento de esta teoría, la aplicación del derecho debe buscar –y encontrar- a la justicia como valor, es decir, el sano juicio del juzgador. La Constitución ecuatoriana reclama de la legislación procesal el aumento de poderes los de los juzgadores, imperativo para que estén en capacidad de tutelar en la manera más efectiva los derechos de las personas. Ello, se ha sostenido (y se deriva del art. 169 de la Carta Magna), es necesario para evitar que el proceso se convierta en un debate privado pues la pronta y eficaz resolución de conflictos de relevancia jurídica importa a toda la sociedad y no únicamente a las partes. Pero también debe anotarse que el activismo procesal no es sinónimo de arbitrariedad. El Activismo en la decisión judicial Sin embargo, en lo que concierne a la decisión de la causa, el término activismo sugiere aspectos mucho más polémicos. El activismo judicial, expresión que fue acuñada posiblemente por primera vez por la Suprema Corte de los Estados Unidos de
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América (según explica Daniel E. Herrendorf ) reclama un visión creativa del derecho, con la finalidad de hallar soluciones ecuánimes ajustadas a la realidad. Por ende, la lectura que en el activismo se hace de la Constitución, va más allá de la aplicación de principios sobre normas legales, pues su insignia es el afianzamiento de la justicia. El activismo tiene una de sus bases en las creaciones pretorianas; por ello una de sus características centrales es propiciar un derecho vivo, que marche por sobre la estática propia de la ley escrita. En esta vertiente, propia del common law, el juez “descubre y declara” un derecho que, preexistente a la sentencia, está fundado en principios generales, en las costumbres de las personas “buenas”. Una vez formado el precedente, en casos posteriores y semejantes, debe sentenciar de la misma manera. Empero, el sistema no es estático, pues aun cuando el juzgador tiene la obligación de considerar el precedente, puede modificar su decisión si es necesario hacerlo
para sentenciar con justicia. Y, particularmente, el precedente no deberá aplicarse si la solución prevista en él es absurda o arbitraria. Es lo que el magistrado Blackstone llamaba bad law, o “derecho malo”. El “derecho malo” no es, simplemente, “derecho” y por ello el juzgador no está obligado a tomarlo en cuenta. Tal razón, como se aprecia, es de carácter ontológico, y estimula una actuación muy prudente en quien resuelve. En el sistema continental, el juez no está sometido al precedente, en el sentido de obligatoriedad que reclama, en cambio, el “método” del common law. Las sentencias dictadas anteriormente sobre los mismos casos pueden ser consideradas como argumentos de autoridad, más no constriñen al juzgador para resolver de la misma manera. En este sistema, el activismo recomendaría al juez tomar partido por el principio, si enfrentando a la ley positiva, encuentra que su aplicación podría vulnerarlo y conducir a una solución injusta. Para ello debería realizar labor argumentativa, escogiendo adecuadamente las respuestas a los diferentes dilemas que podrían surgir de la aplicación de un derecho en detrimento de otro. La ponderación, como método, sería uno de sus distintivos, sobre la base de una compleja labor argumentativa que destierra el normativismo y privilegia ante todo la vigencia de los principios constitucionales. En ambos casos, está claro que se confía mucho en los jueces y en su capacidad para hallar soluciones creativas, que privilegien la aplicación de los principios como imperativos de justicia. En definitiva, el activismo requiere un talante de verdadero compromiso: juzgadores que estén debidamente capacitados y se preocupen por su ilustración; que hayan programado su vida de tal modo que la justicia les importe vitalmente. El juez activista debe saber que trata con conductas humanas y por ello, ha de estar en capacidad de analizar en sus detalles; finalmente, su intuición le permite descubrir la mejor posibilidad en una situación determinada. CONTINUA EN la página - c2
LIBROS
Presentación del libro“Los problemas de la inconstitucionalidad en la justicia ordinaria” El presente trabajo enfoca la problemática de la inacción judicial en temas de inaplicabilidad y consulta de normas inconstitucionales, convirtiéndose en una violación a los derechos fundamentales reconocidos a las personas. El autor de esta investigación partió de la siguiente pregunta ¿cuáles son los problemas y perspectivas que le control concreto de constitucionalidad comportan a la justicia ordinaria? Y a partir de ella despejó sus dudas que se narran en los tres capítulos de este libro. En síntesis, este libro analiza el control difuso de constitucionalidad en Ecuador y destaca el papel importante que asumen los actores judiciales en el control de la constitucionalidad de las normas. “Se describe el desarrollo histórico del control difuso de constitucionalidad en Ecuador, tomando como ejes de mayor relevancia la Constitución de 1998, en cuanto a la inaplicabilidad de las normas, y la Constitución de 2008, con la que los jueces asumen un control concreto de constitucionalidad...”, sostiene el autor. Adicionalmente, Masapanta enuncia algunas propuestas de reformas al control difuso y concreto de constitucionalidad en cuanto a la inaplicabilidad y consulta de normas, tendientes a que esta figura constitucional se incorpore de manera efectiva dentro del andamiaje de la justicia constitucional ecuatoriana.
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