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Revista judicial C00
VIERNES 6 de JUNIO de 2014 La Hora Quito, ecuador revista no: 10719
LUNES 24de noviembre de 2008 La Hora Quito, ecuador
Director Dr. Francisco Vivanco Riofrío
Autor: Dr. Merck Benavides Benalcázar
Independencia y seguridad jurídica en la actividad judicial Según las normas legales vigentes en el Ecuador, los jueces son los encargados de administrar justicia, con la finalidad de dar a cada quien lo que le corresponde, razón por la cual sus actividades son trascendentes en el convivir social, por cuanto de ellas depende la paz social. Po lo indicado anteriormente es preciso destacar que los jueces deben actuar con total independencia en el ejercicio de las actividades judiciales, sin que exista interferencia de ninguna naturaleza, ya sea esta social, económica o de cualquier otra índole, lo cual genera confianza por parte de la ciudadanía y en especial se precautela la seguridad jurídica que se encuentra regulada en el Art. 82 de la Constitución de la República y que expresamente dice: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. Por lo expuesto, la seguridad jurídica debe ser garantizada por los jueces que tienen competencia para conocer y resolver las causas de carácter penal, ya sean estas de acción pública o de acción privada, mediante la aplicación de las normas jurídicas vigentes en nuestro país. Es importante hacer referencia al principio de seguridad jurídica que es el pilar fundamental para asegurar una correcta administración de justicia por parte de los jueces. Al respecto el Art. 25 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: “Las juezas y jueces tiene la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, y las leyes y demás
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Protección Legal de los Jueces de Garantías Penales normas jurídicas”. La institución jurídica de protección a víctimas, testigos y demás participantes en un proceso penal, establecida en el Reglamento Sustitutivo del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y demás Participantes en el Proceso Penal, tiene un campo de aplicación reducido, puesto que únicamente brinda protección y seguridad a quienes intervienen en un proceso penal, como aquellos que se encuentran amenazados o en riesgo, como consecuencia de su participación en una investigación preprocesal o procesal en materia de delitos de acción pública, y que contribuyen en el esclarecimiento de los hechos delictivos que se juzgan, en procura de llegar a determinar la existencia material de la infracción y la presunta responsabilidad de una determinada persona, sin que en ningún caso haga referencia a la protección que deben tener los jueces y juezas que administran justicia en materia penal, de allí que de este vacío legal genera una serie de inconvenientes que influyen en la administración de justicia y en la actividad judicial, por cuanto en nuestra legislación no existen normas claras y precisas tendientes a proteger a los jueces y juezas, dando lugar a la afectación de su independencia en sus actuaciones jurisprudenciales. Falta de protección para los magistrados Como consecuencia de la falta
de garantías legales específicas, para proteger a los jueces y juezas en materia penal, estos funcionarios judiciales al no contar con una adecuada protección por parte del Estado, que les garantice tanto su integridad física como la de su familia, y al ser víctima de amenazas, provocaciones, coacciones físicas o psicológicas, que reciben de los sujetos procesales en conflicto, o de otras personas, lo cual puede interferir en el momento de emitir sus resoluciones, aspecto que violaría el principio de la seguridad jurídica. “El componente jurisdiccional ha ganado importancia en los últimos años, en todo el mundo. El papel del juez como árbitro de conflictos, sancionador de ilicitudes y contralor de la legalidad en el ejercicio del poder resulta acrecentado tanto en expectativas sociales, como en propuestas de reforma proveniente de muy distintos sectores. Sin embargo, las lecciones aprendidas a través de los diversos esfuerzos de fortalecimiento de la estructura del sistema de justicia –precisamente en dirección a que sus integrantes asuman tales responsabilidades- sugieren que la distancia en América Latina que deben saldar los jueces, para hacerse cargo de esas funciones, es todavía muy grande… El primer obstáculo es la falta de independencia del órgano judicial y de los jueces en particular, este obstáculo compromete las decisiones judiciales no solo en materia de DD.HH… Las llamadas presiones comprometen igualmente a la independencia del órgano y la de sus integrantes, sea que provengan de instancias superiores, internas o vengan desde fuera, de núcleos de poder económico o de autoridades políticas o militares. La mayor parte de los jueces latinoamericanos se queja en privado y en público de las presiones que, en casos de violación de DD.HH., ejercen sobre los jueces una diversidad de recursos encaminados a inclinar la voluntad del juez en un sentido determinado…” (PÁSARA Luis CONTINUA EN la página - c2