Hechos que alarman

Explosivos fueron atados en el cuerpo de una persona a la que dejaron en semejante situación frente al lugar de su trabajo, una conocida joyería ubicada en Sauces 9, Guayaquil.

Agentes de la Policía, especializados, lograron desactivar oportunamente esas cargas mortíferas. Entre otros, este acto demuestra la escalada de avezados delincuentes internacionales en alianza con locales, lo que produce prácticas que no se conocían en nuestro medio, vinculadas, en no pocos casos, a mafias del narcotráfico, que ocasionan conmoción ciudadana y van penetrando en áreas del terrorismo.

En concurrido centro comercial, en cinco minutos, una agencia bancaria fue asaltada por al menos seis sujetos que utilizaron explosivos y se llevaron también pertenencias de varios clientes. Asimismo en Guayaquil, la directora administrativa del Hospital del IESS fue acribillada por sicarios, mientras manejaba su vehículo. manuelcastromurillo@hotmail.com

En Punta Blanca, Santa Elena, muy cercana a Guayaquil, cuatro personas fueron asesinadas mientras se encontraban en una vivienda de alquiler, entre ellas un investigado -pieza clave- por presuntos nexos, en sonado caso de corrupción.

Cabezas de seres humanos, desmembradas de sus cuerpos, han sido halladas en sitios públicos guayaquileños, como espeluznantes señales intimidatorias.

Lo relatado corresponde a noticias publicadas en un solo día, lo que hace que se recuerde al Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México que ubicó a nuestro puerto principal entre las 25 ciudades más peligrosas del mundo, debido a los 1.537 asesinatos perpetrados en esa importante urbe, el año anterior.

Estos hechos que alarman configuran el rostro sombrío que tanto perjudica a Guayaquil y que debe cambiar, para que vuelva a presentarse con el honroso nombre de Perla del Pacífico.

MANUEL CASTRO M.

Una Constitución tramposa

Elprimer juicio político a un presidente de la República fue al señor Juan de Dios Martínez Mera, honesto ciudadano guayaquileño. En el año de 1933 el diputado Joaquín Dávila propone la acusación legal contra el presidente Martínez Mera, entre otros aspectos, por atentar contra las instituciones del Estado y por ser responsable del caos político internacional y económico de la República del Ecuador. La Cámara de Diputados en sesión de 7 de octubre de 1933 encuentra fundada la acusación, y designa como acusadores a los diputados doctores José María Velasco Ibarra y Guillermo Ramos y resuelve pasarla a la Cámara del Senado. El 17 de diciembre de ese año el Senado de la República declara por unanimidad vacante el cargo de presidente de la República del señor Martínez Mera. Esta destitución es por la vía constitucional. La Cámara de Diputados es la acusadora y quien resuelve es la Cámara del Senado. El juez, sea político u ordinario, debe ser competente, independiente e imparcial. En tal enjuiciamiento no se da que una Institución sea ‘juez y parte’, lo cual es inadmisible porque la justicia es un principio moral eje de la filosofía de los derechos humanos por ser virtud que deviene de las demás virtudes humanas e implica igualdad.

En el caso del juicio al presidente Lasso el que sea juicio político no quiere decir ausencia de normas jurídicas, principios y doctrina. Tiene que buscar la verdad y la justicia y respetar el debido proceso, que incluye la imparcialidad del juez, derecho garantizado en la vigente Constitución.

En el actual juicio resulta que los 59 asambleístas que acusaron al presidente Lasso también serán jueces por el “presunto delito de peculado” que acusan. Lo obvio por ética es que se excusen o les impugnen, pues no podrían ser ‘parte y juez’, pues por ser un juicio político no puede ser parcial, ilegal y arbitrario. Lo curioso es: si la Constitución para presentar la acusación exige por lo menos 46 asambleístas, únicamente podrían votar a favor o en contra 91, jamás los 92 necesarios para una destitución. O sea es tan tramposa la Constitución que jamás podría haber una resolución en tal sentido. Otra obra del correísmo garantista de la impunidad.