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MARTES 28 DE MARZO DE 2017 La Hora ECUADOR
I
Criminalización de estudiantes estos 10 años, estudiantes de los colegios Central Técnico, Montúfar y Me°jía,Enprincipalmente, han sido separados de sus instituciones y reubicados por salir
a rechazar políticas educativas que consideraban afectaban a sus instituciones. Uno de ellos es Jefferson Rueda, quien en septiembre de 2014, junto a otros compañeros, salió a manifestarse por la presunta eliminación de la jornada nocturna. Cursaba sexto curso y fue aprehendido unos 15 días. Al salir del entonces CDP, que quedaba junto al expenal García Moreno, fue suspendido de manera provisional, sin poder ingresar a clases hasta que se resuelva su situación administrativa. Finalmente, fue reubicado en otro colegio donde terminó el bachillerato. Hoy estudia en un instituto tecnológico. Rueda afirma que fue sancionado dos veces, primero con la prisión preventiva y luego con la separación del colegio. “Fue demasiado duro para mí y mi familia. Salí a protestar por algo justo, pero hoy en el país, con el Presidente que tenemos, no hay la libre expresión. Si decimos algo y no le gusta, terminamos presos o con otro tipo de sanción. Por eso es que ya no se protesta, la mayoría de las personas tiene miedo”, dijo el joven.
Criminalización de los indígenas Luisa Lozano y Amable Angamarca, del pueblo Saraguro, en Loja, fueron °sentenciados a cuatro años de prisión por supuestamente interrumpir servicios
públicos. Ellos salieron junto a otros comuneros a protestar en agosto de 2015 dentro de la jornada nacional de movilización que se vivía en esa fecha. Más recientemente, en 2016, fue detenido Agustín Wachapá, dirigente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar de Morona Santiago. Los comuneros de esta localidad fueron acusados de atacar un campamento minero.
Criminalización social más emblemático es el de Los 10 de Luluncoto. Jóvenes que en el °2012El caso fueron detenidos en Quito cuando se reunían para analizar las políticas del
Gobierno. Fueron sentenciados a un año de prisión. “Se ha criminalizado no solo a la protesta sino a quienes pensamos distinto o a quienes no nos sometemos de una manera sumisa a su pensamiento o forma de gobernar”, dijo Víctor Hugo Vinueza, uno de los procesados en ese caso. Asegura que para el Gobierno constituyen un peligro aquellos grupos que se movilizan en defensa del agua, de la naturaleza y la vida y en rechazo a la minería. Agregó que la situación se torna compleja porque frustra aspiraciones personales y profesionales. “Pero, sobre todo, es el impacto sicológico que deja grabado en los familiares, en los hijos, en las personas de la tercera edad que fueron objeto de la intimidación de la fuerza del poder por la violencia policial”, dijo Vinueza.
Una década criminalizando la protesta, dicen los activistas Jóvenes, indígenas y activistas han sido procesados. Informe habla de 850 casos.
Para varios sectores sociales, indígenas y grupos de jóvenes estudiantes, los 10 años del Gobierno de Rafael Correa se han constituido en la década de la criminalización de la protesta social. En un informe, actualizado a marzo de este año, la activista social y dirigente política de Unidad Popular Karla Calapaqui registra 850 casos, que incluyen no solo a aquellos que han sido detenidos y judicializados, sino también a quienes han sido san-
Se busca callar las voces de protesta, de disidencia, tener una sola voz que en este caso sería la del Presidente, que ha ejercido como juez y parte”. KARLA CALAPAQUI, ACTIVISTA SOCIAL.
Cuando uno se moviliza lo hace para ejercer un reclamo, pero uno no puede agredir a las personas”. MARISOL PEÑAFIEL (PAIS)
EJEMPLO. Es emblemático el caso de los 10 de Luluncoto.
cionados con sumarios adminis- testa, a la resistencia”, manifestó. Sin embargo, la asambleísta trativos u otras medidas. Calapaqui asegura que es una de PAIS Marisol Peñafiel aseguvulneración de los Derechos Hu- ra que el Código Penal anterior manos como una forma de desle- era más punitivo que el vigente y gitimar la lucha de quienes pro- que lo que se logró con la nueva testan en contra de las políticas normativa, vigente desde 2014, del Régimen, de quienes exigen es una dosimetría y establecer delitos autónomos e indesus derechos en las calles pendientes garantizando o simplemente de quienes CIFRAS la seguridad y el bien púpiensan diferente. blico. La activista añade que Descartó que en el país se les ha judicializado DÍAS existan presos o perseguicon figuras desproporfaltan para las dos políticos. “Hay persocionadas contempladas elecciones. nas que han infringido la en el Código Penal, como Ley y que, a pretexto de sabotaje y terrorismo o VECES paralización de servicios ha sido reelecto la mala utilización de una públicos con la finalidad Rafael Correa. garantía constitucional, como es el derecho a la de “domesticar a la socieprotesta, han abusado de dad”. “Ha sido un Código punitivo, persecutorio, donde se esta figura”, dijo la legisladora. criminaliza el derecho a la pro- (HCR)
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Extra cataloga como desproporcionada a multa de la Supercom La Supercom emitió una mul- Supercom significa aproximata contra diario Extra por un damente 153.000 dólares. A crisupuesto incumplimiento del terio de la entidad, el porcentaje artículo 36 de la Ley de Comu- del contenido de Intercultural nicación, que tiene que ver con habría sido ligeramente menor la cantidad de ‘contenido inter- al estipulado en la Ley. cultural’ que debía existir en la edición del 2 de marzo de Reacción este año. Como una “sanción desA través de su págiproporcionada” y un 153 MIL na web, el medio de co- dólares “abuso de autoridad” por es la municación afirma que multa impuesta a parte de la Supercom cataExtra. cumplieron con lo estipulogó ayer el editor general lado en la Ley y que esta de Extra, Juan Manuel Yéresolución es un pretexto para pez, a la sanción. imponer a su casa editorial una Además, mencionó que “es alta sanción económica, por las evidente que se trata de una republicaciones sobre casos de taliación política” por las publicorrupción que ha efectuado su caciones que ha hecho Expreso, filial diario Expreso. sobre las denuncias de corrupLa multa impuesta por la ción como el caso Odebrecht.
“A nosotros nos han ‘puesto el ojo’ desde hace mucho tiempo, desde que la Supercom comenzó a funcionar. La Ley de Comunicación fue hecha con dedicatoria para los medios independientes, privados; entonces, es evidente que es una retaliación política por la línea editorial”, sostuvo. Yépez señaló que la multa es apelable en el Tribunal de lo Contencioso, lo que decidirán los abogados del Diario, aunque pronostica que “con la justicia de espaldas, esto, obviamente, no será nada fácil”. El periodista rechazó, a su vez, que desde la Supercom se pretendan “imponer criterios” sobre lo que debe ser entendido
SITIO. La matriz de diario Extra está en Guayaquil.
como interculturalidad. “Ellos consideran que si no pones la palabra cosmovisión, ancestral,
milenarios, etcétera, entonces, todo lo demás deja de ser intercultural”, concluyó. (RVD)