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I. Contexto nacional e institucional
políticas públicas, paulatinamente, como un compromiso sustentado en la idea de que una sociedad civil fuerte con miras a lograr una democracia estable y desarrollada, requiere de una ciudadanía activa y vigilante para que el control ciudadano asegure transparencia y participación en la gestión del gobierno.
Desde la restauración de la democracia, en 1990, las políticas públicas han buscado resolver los problemas más urgentes de la población. Uno de estos ejes o énfasis fundamentales trabajados por las políticas sociales durante todo este periodo, ha sido la reducción de la pobreza y la desigualdad social, que se expresa en la materialización de diversas iniciativas y programas. Para, finalmente, optar por la creación de un Sistema de Protección Social desde el año 2000, con un fuerte énfasis durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, en el ámbito de educación, empleo, salud y previsión social, así como en el de la reducción de la pobreza.
Actualmente, este compromiso se materializa en un mandato para el conjunto de la institucionalidad del Estado, en relación a implementar medidas que favorezcan la participación ciudadana en la gestión pública, que garanticen el derecho de las personas a la información pública, que fortalezcan el asociacionismo y que promuevan la no-discriminación y la interculturalidad.
Este Sistema de Protección Social busca garantizar derechos sociales y económicos básicos al conjunto de la población, especialmente, a aquella que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad social, de manera de reducir las brechas de acceso a las oportunidades y disminuir la desigualdad social. Otro aspecto importante abordado por las políticas públicas –relacionado y complementario del anterior–, se refiere al desafío de construir una sociedad democrática, inclusiva y equitativa que permita una convivencia basada en los valores del respeto, la tolerancia y la no discriminación. Para avanzar en esta dirección, por una parte, se han ratificado tratados y convenciones internacionales que amplían la protección y defensa de los derechos humanos y, por otra, se han dictado medidas legales, se han creado servicios e implementado programas, tendientes a reducir las desigualdades e inequidades basadas en la condición de género, en el origen étnico o en características físicas, intelectuales, cognitivas o culturales de las personas. ¹ Asimismo, las relaciones entre el Estado y la ciudadanía han constituido también un foco de atención significativo. Es así como el tema de la participación ciudadana se ha ido asumiendo, desde las
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