“Dina Boluarte no llegará al 2026 y acabará en prisión”

Escribe: José Víctor

Salcedo

Filósofo e investigador de Aprodeh. Eduardo Cáceres tiene un análisis puntilloso y sensato de la actual situación que vive el país. En 2020, mucho antes de lo que pasó luego en el Perú y de lo que está pasando, dijo que la crisis política requería una salida más de fondo más allá de las lógicas cancelatorias. En esta entrevista sostiene que detrás del régimen autoritario de Dina Boluarte opera una coalición conservadora de grandes intereses políticos, económicos y militares. Una coalición que usa la violencia para defender sus intereses y que vive temerosa de perder sus privilegios.

¿A estas alturas qué es este régimen, autoritarismo, dictadura, régimen cívico-militar?

En primer lugar, este régimen es una expresión de una coalición social, política e incluso cultural de fuerzas ultraconservadoras que representan los intereses de las grandes empresas, de los grandes medios de comunicación y del poder militar en el Perú. Antes que fijarse solamente en los aspectos formales del régimen hay que fijarse en su contenido y su contenido se trata de un gobierno que representa los intereses de esta coalición que busca restaurar un régimen autoritario similar al que se definió con la Constitución de 1993. Actúan en función de garantizar la continuidad de las políticas económicas neoliberales que se pusieron en marcha en el país en la década de los 90’ y que, en función de producir esta restauración, ha adquirido características de un régimen cívico-militar.

Son los mismos grupos que han destruido la Sunedu, están tratando de destruir la educación básica regular, han copado el TC, Ministerio Público y ahora van por la Defensoría y los organismos electorales.

Esta es una parte del régimen actual. La parte más sustantiva, más allá de las universidades privadas “truchas” o “bamba”, tiene que ver con el gran empresariado, Confiep, Sociedad Nacional de Minería, Sociedad Nacional de Industrias, varias de las cámaras de comercio, incluso, aquellos que en algún momento se pronunciaron en defensa de la Sunedu y que curiosamente en los úl- timos meses se han callado. Es el caso de El Comercio, porque ahora está en alianza con esos grupos.

Hay quienes comparan este régimen con la dictadura de Alberto Fujimori. ¿Hay algún paralelo entre ambos regímenes?

Claro. En lo económico ambos regímenes defienden el mismo modelo económico y en estilo político -digámoslo así- ambos regímenes apelan al autoritarismo, a la represión, al control de los medios de comunicación. Ciertamente, este es un régimen con mucha menos perspectiva estratégica que la que tuvo el régimen fujimorista, sin respaldo ciudadano que en su momento tuvo el gobierno fujimorista, particularmente cuando en 1992 disolvió el Congreso. Este régimen nace con una gran ilegitimidad de origen y con un profundo aislamiento, no solo de la población que se ha levantado en el sur y otras regiones, sino en general de la opinión pública, como lo demuestran todas las encuestas, cosa que no sucedió con el régimen fujimorista, al menos en la coyuntura de 1992.

Da la impresión de que Dina Boluarte no es quien realmente toma las decisiones. ¿Esta impresión tiene algún sustento o sirve para lavarle la cara de las atrocidades que comete?

Es absolutamente cierto, pero eso no exime a Dina Boluarte de responsabilidades. Ella es instrumental a las decisiones que toman otros: los poderes económicos, mediáticos y el propio poder militar. Ciertamente, ella es la que encabeza este proyecto, pero su rol es mucho menor que el que tuvo Fujimori (…) Esto hace que este régimen, a pesar de todas las atrocidades cometidas, se haya mantenido durante estos meses y probablemente se pueda mantener algunos meses más. Dina Boluarte, su gabinete y el Congreso son instrumentales de un proyecto político, cultural e ideológico que está detrás, que tiene actores muy poderosos, los grandes empresarios, los grandes medios de comunicación, corrientes ideológicas conservadoras muy bien articuladas y financiadas internacionalmente. Son los que realmente toman las decisiones. Pero todo esto no exime las responsabilidades; los que firmaron las resoluciones del envío de tropas a matar a conciudadanos que tendrán que ser juzgadas: es el caso de Dina Boluarte, su gabinete y las cabezas de las fuerza militares y policiales.

¿Diría que a Dina Boluarte le espera la cárcel?

Obviamente que sí. No hay régimen en América Latina que acumule tal cantidad de muertes cuyas cabezas no hayan terminado siendo juzgadas y condenadas. Si esto sucedió con personajes que tuvieron un respaldo institucional mucho más grande como el caso de Pinochet -si bien no murió en la cárcel sí llegó a ser juzgado- o de Fujimori -que actualmente está en la cárcel-, cuánto más sucederá con personajes improvisados y sin una base propia, con quienes son instrumentales a otros intereses como Dina Boluarte, su primer ministro, su gabinete y otras figuras más de este régimen.

En 2020, mucho antes de lo que pasó luego en el Perú, dijo que la crisis política requería una salida más de fondo y de la búsqueda de fórmulas intermedias, más allá de las lógicas cancelatorias. ¿En el actual contexto todavía es posible una salida así?

Cuando me refería a una salida intermedia hablaba de la necesidad, en ese momento, de buscar transacciones que impidan la polarización que cada vez era mayor. Ahora es menos posible esto. Hemos llegado a esta situación justamente por esto que he llamado lógicas cancelatorias, que se expresaban en este juego de dos consignas que se contraponían: vacancia de Castillo o cierre del Congreso. En tanto no se produzca un cambio significativo en el régimen político, seguiremos requiriendo esta salida más política que es la salida constituyente (…) A lo que hay que cerrarle el paso en lo inmediato es a este proyecto neoliberal-autoritario en curso. Creo que se requiere establecer condiciones para que a nivel nacional, no solo las fuerzas de oposición radical al actual gobierno sino el conjunto de las fuerzas democráticas y ciudadanas, se articulen buscando abrir paso a un proceso -que no va a ser simple ni corto- para encontrar una salida de fondo a la crisis.

En este momento hay ausencia de liderazgos que puedan articular esa coalición. Sí, efectivamente. No hay liderazgos, no solo en el sentido de una persona visible sino en el sentido de un proyecto político colectivo que dé expectativas, esperanzas a la ciudadanía, y que convoque a todos de manera articulada. Hay un vacío muy serio en ese campo. Han aparecido algunas figuras que se espera sigan avanzando, hay movimientos pero también hay sectores con cierta frustración frente a la dureza con la cual el régimen se defiende y se mantiene. El vacío es real y tenemos que hacer todo lo posible por revertirlo y contribuir a que se generen espacios en que las diversas fuerzas democráticas, populares y ciudadanos se reencuentren y maduren propuestas que articulen voluntades.

Es evidente que la criminalización, las muertes y el terruqueo han frenado la movilización ciudadana. ¿Cuál podría ser el nuevo camino para hacerle frente a este régimen?

Creo que es relativo lo del terruqueo. Es cierto que han criminalizado a mucha gente -y eso es muy serio- pero no es tan cierto, por ejemplo, que la mayoría de la población se haya comido el cuento de que las movilizaciones y las luchas estaban articuladas o dirigidas por fuerzas subversivas o el Movadef o algo parecido. Las encuestas dan cuenta de que la inmensa mayoría de la población sigue señalando al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso como los principales responsables de la crisis. Pero el terruqueo si ha incidido en criminalizar y, por lo tanto, obligó a muchos líderes a defenderse, así como atemorizó. Pero eso no disminuyó el descontento, sino que solo lo contuvo. Y lo que hará es contribuir a que la próxima oleada, que seguramente se producirá en el curso de los próximos dos meses, sea mucho más fuerte. Creo que lo que hay que hacer de inmediato es mantener viva la protesta y el descontento con formas nuevas e innovadoras de movilización. No arriesgarse ni arriesgar a la gente a confrontaciones precipitadas, prematuras, que pueden más bien facilitar las acciones mencionadas.

¿Por qué hay sectores que no quieren entender a las regiones del sur y su histórica pelea anti-establishment? ¿Qué les molesta realmente de esa postura?

En primer lugar, hay un racismo colonial que sigue en nuestro país. Para sorpresa de muchos, me incluyo, que pensábamos que estaba reduciéndose después de los impactos que tuvo el informe de la Comisión de la Verdad., vemos que es mucho más fuerte de lo que podíamos suponer. En segundo lugar, hay razones de índole socio-económica y política, como el hecho de que fuerzas que viven del poder central, que no solamente están en Lima sino repartidas en todo el país, ven a las regiones como una amenaza en tanto éstas en términos económicos y políticos implican una redistribución del poder y de la riqueza. Entonces, el rechazo a cualquier redistribución de la riqueza y del poder en el país los lleva a ningunear y estigmatizar a las regiones. Apelan incluso, lamentablemente, a una argumentación racista colonial que a estas alturas ya deberíamos haber erradicado.

Tenemos un Congreso con apenas un dígito de respaldo. ¿Hay forma de refundar este poder del Estado?

Sinceramente creo que no. No solo es un problema del Congreso peruano. El Congreso es una institución que tiene siglos de existencia en las democracias occidentales y que, en general, en todo el planeta está desprestigiada, porque es una institución, si uno lo piensa bien, disfuncional. Creo que está condenado a sufrir estos niveles de desaprobación porque ya no responde a lo que el mundo moderno nos ofrece como posibilidades de representación, de discusión, de construcción de propuestas. Hay que pensar en nuevas formas de representación, que retome la idea de un sistema de asamblea, de plataformas que permitan procesar las demandas de la ciudadanía, construir propuestas, no despolitizándolas, sino poniendo las decisiones en manos de políticos que sean a su vez especialistas. Y que, a su vez, la población sea consultada cotidianamente sobre el curso de las propuestas. El mecanismo del referéndum es interesante, pero este Congreso la ha neutralizado.

¿Qué se puede esperar de un país donde Ejecutivo y Legislativo no tienen menos de 15 % de respaldo? ¿A dónde nos puede conducir esta situación?

Está conduciéndonos a una profundización de la crisis y conducirá a nuevos estallidos. Es imposible seguir manteniendo sus estatus en base a la represión. Creo que se podría producir una nueva correlación de fuerzas. La movilización democrática y ciudadana que va a tener sin duda más manifestaciones en los próximos meses puede generar ese reacomodo y, sobre esta base, podemos pasar a otra situación política en el Perú.

Sé que es muy arriesgado hacer un pronóstico en el Perú, sobre todo un pronóstico político, pero le pido que haga uno. ¿Dina Boluarte llegará al 2026?

Creo que no. Una nueva crisis podría hacer que los que actualmente la sostienen decidan prescindir de ella y poner a otra persona. Es obvio que no tiene condiciones de liderazgo, es obvio que no tiene condiciones de gestión, no hay ningún mérito salvo que los golpistas encontraron en ella una carta para salir de Castillo. Esa es la razón por la que ella está allí. Ellos mismos podrían reemplazarla, le tienen expedientes, pruebas de una cantidad de irregularidades y probablemente de delitos cometidos antes. No creo que llegué al 2026, lo cual implica que entremos necesariamente a una solución de fondo de la crisis. Ahora lo que hay que hacer es frenar esta respuesta criminal, esta militarización que está en curso.