González-Gómez, Carmen Imelda | Una Mirada a la Legislación Urbana
de Asentamientos humanos (cuya primera versión data de 1976) y de la descentralización de decisiones, que tanto la federación como los estados realizaron esfuerzos para regular los diferentes crecimientos y desarrollos mediante la elaboración de una serie de documentos con información relativamente homogénea, aplicable sí, para cualquier estado de la República. Así, los ciudadanos urbanos contamos con: Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Plan Estatal de Desarrollo Urbano, Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Plan Delegacional; ya en los años ochentas los Planes de Conurbación y, de finales de los noventas a la fecha, los Planes de Ordenamiento Territorial y Ecológico. Por supuesto que cada uno de ellos, cuenta con precisiones enmarcadas en los Usos, Destinos y Reservas. La observación a estos diferentes niveles de instrumentos corresponde, evidentemente, a los Centros de Población para lograr su formación, mejora y consolidación o regular su crecimiento. A principios de los años ochentas del siglo pasado, para paliar el crecimiento inusitado de las ciudades, se habilitó el artículo 115 constitucional, en el que se otorga a los estados y municipios la facultad de reglamentar sus propios crecimientos con la salvedad de tratar de coordinarse con otros estados para resolver problemas comunes; es decir, la complejidad del fenómeno urbano rebasó las previsiones posibles contenidas en los instrumentos particulares y se transformó en un “problema compartido”, que generalmente abarca zonas con características rurales. De este modo la propia legislación urbana interfiere, por el tamaño de los problemas den las zonas rurales. Por otra parte, no es exagerado afirmar que existe un exceso de legislación que debe entenderse también como la consecuencia de una sensación de desaliento de las autoridades incapaces de controlar las tendencias y las formas que toma el desarrollo urbano. Frente a la incapacidad operativa, la sobre-legislación se plantea como una respuesta desesperada para dar la impresión de hacer algo. Para muestra un botón: el Distrito Federal donde las recientísimas innovaciones normativas en materia de tránsito y supuestamente para proteger a los peatones y ciclistas, no es más que una expresión de una total pérdida de control de tráfico metropolitano; en un contexto que Monsiváis ha
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calificado atinadamente de “ciudad apocalíptica”. El caso queretano En este macro marco reglamento, se ha apoyado el rumbo del crecimiento de nuestro estado, en el que difícilmente podríamos argumentar que el fenómenos es reciente o que el mismo no ha sido regulado. Remitirse a la historia y recordar los avances legislativonormativos que tuvieron lugar con las reformas borbónicas en el país no es ocioso. Desde mi posición, como alguien que ha trabajado detalladamente la historia de nuestra ciudad y de sus principales actividades, quiero recalcar que las intenciones de mejorar las condiciones de operación de nuestra ciudad, no son asuntos nuevos, como se los explicaré enseguida, se trata de un asunto añejo. En efecto, a partir de 1760, se generó un conjunto de normas concernientes por un lado, a las edificaciones y a las viviendas y, por otro lado, a asuntos comunitarios, como la sanidad, drenes, limpieza de acequias. Como prácticas de orden en la ciudad podríamos citar desde los Acuerdos que se tomaban en Cabildo, en los que se regulaban los espacios destinados a manera de “estacionamiento” de mulas o de lugares específicos para los vendedores de pan, hasta la formalización de planes más complejos. Obvio que eso que llamamos “planes”, no muestran las características de los instrumentos de planeación de nuestra época, pero sí representan, para su tiempo un avance considerable en la definición de un modelo racional de ciudad y un paso agigantado hacia una participación creciente de las autoridades locales en el control del desarrollo de la ciudad. Desde finales de la década de 1940 el patrón de poblamiento tuvo pequeñas modificaciones (no tan evidentes como sería dos décadas después). Lo anterior, junto con las presiones sociales para obtener vivienda, el alza de las rentas y la carestía de los servicios volvieron necesaria la transformación del espacio urbano, de manera que los integrantes de la Cámara de Comercio y del sector empresarial impulsaron la creación de la Comisión del Plano Regulador, presidida por el entonces gobernador del estado (Mariano de la Isla) y representantes de la Secretaría de Salubridad y Asistencia,
Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo | Edición Especial | Año 6 | Febrero 2012