esperanza, al presentarse varios acontecimientos político-militares, como el asesinato de Francisco I. Madero, el golpe de Estado de Victoriano Huerta, el ascenso de Venustiano Carranza y, más tarde, la emboscada en contra de Emiliano Zapata. Este periodo de violencia significó para México una de las etapas más críticas y caóticas de su historia, el saldo fue casi un millón de muertos, pobreza, hambre e ignorancia en la población. Esta violencia también significó la ruptura y la destrucción de un sistema político dictatorial, y la construcción de una nueva alianza política entre las facciones políticas plasmada en la Constitución de 1917, situación que permitió la edificación de un nuevo proyecto de Estado. La crisis política de 1910, desencadenó la desarticulación del sistema político y del proyecto de Estado nación porfirista; al romper y destruir violentamente ese sistema, se logró alterar sustancialmente las reglas, las normas, los acuerdos y los valores que le dieron identidad. En el lapso histórico comprendido de 1910 hasta el gobierno cardenista, México se enfrentó a la necesidad de repensar el sistema estatal, lo cual significó una crisis de reconstrucción en la que, según Rina Roux, coexistieron tres dimensiones constitutivas del Estado: a) Una crisis de funcionamiento y reproducción de la élite gobernante. b) Una crisis de la relación de mando-obediencia entre gobernantes y gobernados. c) Una crisis de la forma de estructuración de la comunidad estatal (Roux, 1994: 3).
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Las crisis al interior de la élite gobernante, expresadas en la no reelección y en la lucha por el poder de las distintas facciones revolucionarias, llevó a plantear el imperativo de establecer, a partir de 1929, reglas vinculadas con el acceso, la permanencia y la sucesión de mando. El poder no podía estar en manos de caudillos o generales, era preciso crear un poder ejecutivo fuerte (presidencialismo) que se impusiera a las facciones; al mismo tiempo, un corporativismo en donde el poder fuera legitimado por los sectores sociales y, sobre todo, un partido de Estado que centralizara el mando y estableciera las reglas de alternancia y sucesión entre la burocracia político-militar. De ahí que tenga lugar la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y la consolidación del corporativismo y el presidencialismo, expresado más adelante durante el periodo cardenista en el sindicalismo progobiernista y en el paternalismo estatal hacia obreros y campesinos. La relación de mando-obediencia que se encontraba en crisis en ese momento constituye un problema ético sobre la legitimidad de los gobernantes ante los gobernados, ante esto, la relación de mandoobediencia, tendrá que ser válida para quienes obedecen. La estrategia legal para superar esta crisis fue la promulgación de la Constitución de 1917, en donde se expresaron derechos y obligaciones de los gobernantes y de los gobernados y, con ello, formas concretas y legítimas de quien obedece y quien manda. La crisis en la forma de estructuración de la comunidad estatal, se refiere a la desarticulación de los lazos materiales y espirituales que constituyen, cohesionan y regulan
la vida pública de una comunidad. El problema fundamental que originó esta crisis fue el derecho a la tierra, negado durante el Porfiriato y después por el maderismo y el carrancismo, por el lado material; y el agotamiento del positivismo y el supuesto cientificismo del régimen porfirista, por el lado ideológico. Las estrategias de reestructuración del Estado partieron de la idea de iniciar una etapa institucional en la que se pretendía dejar atrás la época de los caudillos y dar lugar a la era de las instituciones y las leyes. Esta difícil transformación implicó para los gobiernos posrevolucionarios dos compromisos políticos ineludibles: a) reorganizar al país, desde la dimensión estatal y social y, b) ofrecer respuestas a las demandas sociales por las que se había derramado tanta sangre, mismas que se resumían en mejorar las condiciones de vida de la población, a través de la dotación de tierras, trabajo y educación. Aunado a la estrategia de empezar la era de las instituciones, ante la situación de caos y desorden que imperaba en el país y el reacomodo de los grupos políticos, prosperó la idea de una autoridad fuerte que terminara con la anarquía y diera paso a imponer e instituir un nuevo orden social. Este soporte autoritario, materializado en el presidencialismo, impuso no solamente el orden social, sino también un proyecto de nación que permitió salir de una situación crítica hacia la modernización. Por ello, “una vez que se instituyó el poder presidencial, el Estado de la revolución esgrimió la idea de progreso en su proyecto de nación, pero ahora como una promesa de un México mejor y más justo. En tal contexto nos invadió la idea de modernización” (Gilabert, 1993:115).