Ley&Orden, Año2 Núm2

Ley&Orden Año 2 Número 2

Julio-Diciembre 2015

Revista del Instituto

de Seguridad y Protección del Sistema Universitario Ana G. Méndez

POLICÍA

MUNICIPAL

¿El futuro de la seguridad pública?

DOBLE EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN DOBLE Tiempo verdad que pasa que huye

Casos en la mirilla

T T

Además ISSN 2332-9750 (online)

Mujeres en Uniforme • InShape • Noticias

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PORTADA INTERIOR

R DOBLE BLINDADOS

Jul-dic 2015

CONTENIDO En Portada 6 DOBLE EXPOSICIÓN La controversia

UNO-a-UNO 12 César Miranda

Secretario de Justicia

Reportajes 16 La Policía Municipal:

¿Futuro de la seguridad pública?

22 Tiempo que pasa, verdad que huye: Casos en la mirilla

28 La trata humana en Puerto Rico es una amenaza real

Mujeres en uniforme 38 Rosa Emilia Rodríguez

Fiscalía Federal en Puerto Rico

6

Doble exposición La controversia

Mujeres en uniforme

38

Entrevista a la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez

Foto: ©Tomasz Zajda

2

Accidentes de tránsito cuestan billones de dólares a la economía

ISEP al Día 46 Noticias “INshape” 34 Fortaleza, resistencia y

coordinación: Requisitos para ser bombero

Casos en la mirilla

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L&O al Día 44 Criminales al volante:

Tiempo que pasa, verdad que huye

High-Tech 48 L&O te recomienda

10 Apps para teléfonos inteligentes

Informativo 52 Leyes y jurisprudencia

UNO-a-UNO

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El NIE y su vigencia en la lucha contra el crimen

Escanee con móvil o tableta para versión digital

Mensaje de la Editora

Lcda. Ivonne Lozada

Increíble cómo pasa el tiempo. Hace dos años nos aventuramos en este proyecto de crear un nuevo espacio de comunicación entre los protagonistas cotidianos del aparato de seguridad pública de Puerto Rico. Actores que desde diferentes perspectivas y funciones tienen una misma meta: lograr una mejor convivencia en una sociedad más segura, más próspera y más justa.

Ley&Orden también se crea fundamentalmente como un taller para la prensa judicial y de seguridad pública del País, aumentando los espacios de crecimiento del periodismo especializado. De igual manera, se presenta como un taller práctico de comunicaciones para estudiantes del Sistema Universitario Ana G. Méndez, que se interesen en temas de justicia y seguridad pública.

Han sido dos años intensos, de muchos retos pero igual de mucha satisfacción por la meta lograda y superada. No puedo dejar de reconocer a quienes creyeron en Ley&Orden y la convirtieron en la mejor revista de seguridad pública del País, en especial a Wilmarie Rivera, jefa de redacción y pasada coordinadora del Instituto de Política Pública; Obed Betancourt, escritor y periodista; Mardelis Jusino, abogada y periodista; Grace Matos, pasada coordinadora del Instituto de Política Pública con quien primero “imaginé” y diseñé la revista; al equipo de ISEP; a todos nuestros colaboradores, periodistas y fotoperiodistas; a nuestros auspiciadores, en particular Caguas Expressway Motors y Blindados que creyeron en nosotros desde el inicio; y por supuesto a José F. Méndez, presidente ejecutivo del Sistema Universitario Ana G. Méndez, quien confió ciegamente en mi y me permitió crear. ¡Gracias a todos! Espero disfruten de esta nueva edición.

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Mensaje del Presidente del SUAGM Dr. José F. Méndez Presidente del Sistema Universitario Ana G. Méndez

En nuestro país hay varios temas con los cuales se trabaja arduamente para mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños. En ocasiones, pensamos que es puramente responsabilidad del gobierno el conseguir las soluciones a nuestras situaciones, cuando en realidad con pequeñas acciones podemos hacer la diferencia.

Uno de los asuntos de mayor envergadura es el de la seguridad. Muchos comentan acerca de los planes del gobierno, la función de la policía, los planes anti crimen, la creación de consejos de seguridad vecinal, entre otros temas para mejorar la situación. Sin embargo, ha quedado comprobado que una de las herramientas para erradicar el crimen está en el apoderamiento de las comunidades en los asuntos que le afectan.

Comunidades que se han organizado, velan por sus intereses comunes y uno de los resultados más notables es el mejoramiento de la seguridad en sus áreas.

Para eso, cuentan en muchas ocasiones con la ayuda de una figura que se integra y labora mano a mano con los ciudadanos; la Policía Municipal. Estos hombres y mujeres visten cada mañana sus uniformes con orgullo y brindan un servicio encomiable a la ciudadanía. En muchas ocasiones dejan sus familias e intereses personales para salir a la calle a proteger a cada uno de nosotros.

Según lo establece la ley, que surge desde el 1974, la Policía Municipal tiene la obligación de compeler la obediencia a las ordenanzas y reglamentos promulgados por el municipio correspondiente, a las disposiciones sobre estacionamiento ilegal de vehículos y prevenir, descubrir y perseguir los delitos que se cometan en su presencia dentro de los límites jurisdiccionales del municipio correspondiente, o aún fuera de éstos cuando sea necesario para culminar una intervención iniciada en el municipio de su jurisdicción.

Los retos al día de hoy son variados y la necesidad de diversificar los conocimientos y el readiestramiento constante se hace apremiante.

En esta edición podrás conocer de cerca el estado de estos cuerpos de orden que operan en gran cantidad de los municipios de Puerto Rico. Sus logros, sus avances, las necesidades más apremiantes y los retos a los que se enfrentan diariamente. También verás desde un ángulo investigativo las oportunidades latentes para el mejoramiento de los servicios que ofrecen.

Además, te invito a participar activamente en todos los eventos y foros que el Instituto de Política Pública realiza durante el año. En ellos se propulsan temas de actualidad con el fin de buscar puntos de convergencia entre diferentes sectores del país y que se establezcan nuevas políticas que sean de beneficio común para toda la ciudadanía.

Ley & Orden Año 2 Número 2

Mensaje del Director Ejecutivo

La revista Ley&Orden es publicada cada seis (6) meses por el Instituto de Política Pública para el Instituto de Seguridad y Protección Copyright ©2015

Sr. Jorge Saldaña Vicepresidente Auxiliar y Director Ejecutivo del

EDITORA EN JEFE Lcda. Ivonne Lozada ivonnelozada@gmail.com

Instituto de Seguridad y Protección

JEFA DE REDACCIÓN Wilmarie Rivera REDACCIÓN/INVESTIGACIÓN Obed Betancourt

Vivimos en unos tiempos cambiantes y dinámicos donde la seguridad es indispensable y necesaria. Por tal razón en el Instituto de Seguridad y Protección (ISEP), proveemos al país profesionales preparados y capacitados según lo exige la sociedad, contribuyendo al desarrollo profesional de un egresado comprometido y perceptivo, capaz de atemperarse y ajustarse a los cambios dentro del campo donde se desempeña. Aspiramos a que, en la medida en que se sigan adiestrando más policías y civiles, estemos colaborando a un mejor Puerto Rico. Para ello, contamos con un grupo de instructores debidamente certificados por agencias de policía y de seguridad, cuyo compromiso los caracteriza.

Diseño Gráfico ILozada Impresión Imprenta SUAGM Para suscripciones: ac_ipp@suagm.edu Instituto de Política Pública PO Box 21345 San Juan, PR 00928-1345 Tel. 787-751-0178 x. 7367, 7366

Estoy convencido que el ISEP ha hecho historia y que continuará con la aportación al país de reflejar estadísticas con menos crímenes, y una mayor confianza de los ciudadanos en sus policías y agentes de seguridad. Me siento muy orgulloso de la contribución que el ISEP, junto al SUAGM, hace al apoyar el desarrollo conceptual y de capacidades necesarias para que los profesionales que aspiran a pertenecer, o ya pertenezcan al campo de la seguridad, puedan mejorar su desempeño en sus áreas de empleo, y a su vez, mejorar el nivel de seguridad en nuestras comunidades. Hemos sido y seguiremos siendo partícipes del gran éxito de esta importante iniciativa para beneficio de nuestra comunidad.

Las opiniones vertidas por los colaboradores invitados no necesariamente representan la opinión de la Junta Editora de Ley&Orden, del Instituto de Política Pública, y/o del Sistema Universitario Ana G. Méndez y sus correspondientes cuerpos directivos. Los escritos de opinión son el punto de vista de cada columnista colaborador y no representan necesariamente el punto de vista de sus patronos o firmas. La información en esta publicación ha sido obtenida de fuentes confiables, pero su corrección e integridad, o la opinión en la cual se basa, está garantizada. Si tiene alguna pregunta relacionada al contenido de este publicación, puede contactar a la Editora en Jefe. El contenido de esta publicación no podrá ser reproducido, almacenado en sistema de recuperación, o transmitido sin previa autorización del Instituto de Política Pública.

Foto: Bomberos de PR

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DOBLE exposición

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“Resolvemos que, de acuerdo a la protección constitucional contra la doble exposición y debido a que Puerto Rico no es un estado federado, no se puede procesar en los tribunales de Puerto Rico a una persona que haya sido absuelta, convicta o expuesta a serlo por el mismo delito en los tribunales federales” 2015 TSPR 25, opinión mayoritaria

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E

l 20 de marzo de este año el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), revocó su anterior norma sobre la protección constitucional contra la doble exposición y causó un terremoto legal con posibles implicaciones en la lucha contra la delincuencia. Si bien la votación fue 8 a 1, seis jueces asociados concurrieron con la opinión, pero a dos no los movió ese razonamiento jurídico, aunque coincidieron con la conclusión. Para algunos abogados consultados esta decisión era de esperarse, visto en términos estrictamente jurídicos. El gobierno disiente y cree además que se pierde una herramienta para procesar criminales. La revista Ley&Orden habló con ambos sectores, y ahora esperan que el Tribunal Supremo de Estados Unidos intervenga y establezca finalmente la norma.

El TSPR sostiene, suscintamente, que puesto que la fuente del poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emana del Congreso, no posee la soberanía dual que se reconoce en la Constitución de Estados Unidos -estatal y federal-, se incurrió en doble exposición contra unos acusados, que ya habían sido procesados en la esfera federal por el mismo delito.

Hasta entonces, la norma para este tribunal era que Puerto Rico gozaba de dicha soberanía dual, según el precedente

ELBOD nóicisopxe establecido en Pueblo v. Castro García (1988). Bajo esta excepción a la protección de la doctrina de soberanía dual se permite procesar en ambas jurisdicciones por el mismo delito pues se ofende a entes cuya fuente de poder están diferenciadas. Pero ahora ese no es el caso.

El caso resuelto por el alto foro es Pueblo contra Luis M. Sánchez del Valle, Jaime Gómez Vázquez, René Rivero y Rafael A. Delgado Rodríguez, consolidados. La jueza presidenta Liana Fiol Mata concurrió con el resultado en opinión escrita, a la que se unió la jueza asociada Maite Oronoz Rodríguez.

Disintió de la mayoría la jueza asociada Anabelle Rodríguez, quien sostiene que se priva “injustificadamente” a Puerto Rico de un instrumento para combatir el crimen e indica que dicha decisión

EN PORTADA

La controversia “más ideológica que jurídica, muy bien podría tener un impacto negativo sobre los acuerdos de colaboración entre las agencias de gobierno de Estados Unidos y las de Puerto Rico”. Estos casos fueron resueltos en el Tribunal de Primera Instancia de la misma manera en que el Tribunal Supremo de Puerto Rico los resolvió.

Si bien hay repercusiones en el marco político, la revista Ley&Orden solo atiende en este reportaje el impacto sobre el procesamiento criminal, a todas luces, ahora más restringido. Sin embargo, una pregunta que surge como corolario es si ha sido efectivo o es realmente necesario el recrudecimiento del procesamiento criminal para atajar la delincuencia.

“Resolvemos que, de acuerdo a la protección constitucional contra la

doble exposición y debido a que Puerto Rico no es un estado federado, no se puede procesar en los tribunales de Puerto Rico a una persona que haya sido absuelta, convicta o expuesta a serlo por el mismo delito en los tribunales federales”, lee la opinión de la mayoría escrita por el juez asociado Rafael Martínez Torres. No obstante, ante las posibles críticas que puede tener esa determinación en la lucha contra el crimen , el propio juez asociado advirtió que ambas jurisdicciones pueden “trabajar en conjunto y hacer acuerdos de colaboración para combatir el crimen”.

La revista Ley&Orden le hizo al secretario de Justicia César Miranda, la primera entrevista sobre esta controversia específica -apunta el propio Miranda- para conocer si la

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decisión judicial afecta la lucha contra el crimen. “Sí, la afecta”, responde.

“Hasta ahora la doctrina vigente en Puerto Rico, establecida en Castro García, era que Puerto Rico tenía una doble soberanía, en el sentido en que casos que se juzgaran en la jurisdicción federal podían también juzgarse en la jurisdicción de Puerto Rico. Esa doctrina prevaleció desde el 1988 y fue validada posteriormente por el Tribunal del Circuito en Boston en el caso de US v. López Andino. En ese caso se reitera que a partir de la Constitución de Puerto Rico en el 1952, la Isla había advenido a su propia soberanía en la naturaleza de cualquier otro estado. Por lo tanto, la norma que permite la doble exposición aplicaba a Puerto Rico. Esto quiere decir que una persona que fuese juzgada en el tribunal federal también se podía juzgar por el mismo delito o delitos dimanantes de los mismos hechos en Puerto Rico. ¿Por qué afecta? Nosotros tenemos una serie de memorandos de entendimiento con las entidades federales de ley y orden y las entidades locales, eso nos ha dado

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lugar a atender los casos de armas que ha sido muy efectivo. Ese memorando de entendimiento comenzó aplicándose en ocho regiones y ya se aplica en toda la región. Eso permitía que se trabajara en conjunto, se radicaran casos en la federal en donde es más expedito el trámite, y donde es más fácil porque hay un gran jurado, que nosotros no tenemos, y luego se tramitaban algunos delitos en la corte federal y otros en la jurisdicción local. Y era permisible, mucho más fácil”, expone el Secretario de Justicia.

Miranda argumenta que la decisión del TSPR “es anómala”, pues al momento actual si se somete un caso por los mismos hechos en la corte federal no se puede someter en la jurisdicción local, al ser revocado Pueblo v. Castro García, pero a la inversa sí se puede. “Si se radica en la jurisdicción local y luego se radica en la federal, se puede porque quedó vivo el caso de López Andino. Y eso es una gran anomalía jurídica, por eso es que nosotros entendemos que el Tribunal Supremo federal nos va a dar la oportunidad de subir por certiorari”.

“Voy más lejos. En el caso de US v.

Lara, que es un caso que se ventila en el

onceno circuito, en ese caso el acusado es un miembro de las tribus indígenas originarias, que están bajo la cláusula de supremacía, y aún así el tribunal dijo que tienen doble soberanía para fines de la aplicación de los estatutos criminales, y por lo tanto pueden ventilar sus propios casos. Aunque están bajo la cláusula territorial del Congreso, se les reconoció esa soberanía dual. Así que nosotros no tenemos duda de que una vez recurramos al Supremo, yo espero que podamos prevalecer, porque la decisión de nuestro Tribunal Supremo en este caso contradice muchas otras decisiones del Tribunal Supremo federal en las que se había reconocido la soberanía del pueblo de Puerto Rico desde el 1952 para fines de su gobierno interno. Siendo esto una gran contradicción con todos esos otros precedentes entendemos que el Supremo federal va a acoger nuestro pedido de Certiorari”, insistió Miranda.

Sin embargo, para dilucidar esta controversia, el Tribunal Supremo federal tendría que entrar en controversias que posiblemente vayan más allá del aspecto puramente procesal. Así lo ve el licenciado Miranda. “Lo que luce como una tragedia de momento, se puede convertir en una oportunidad de definir lo que es la relación constitucional entre Puerto Rico y los Estados Unidos.

Vamos a ver cuán lejos está dispuesto a llegar el Tribunal Supremo (federal).

Sé que es un tema que se presta para caer en los argumentos políticos de un lado y de otro, yo trato de evitarlo al máximo y mantenerme dentro del argumento estrictamente jurídico, que es la contradicción que se da entre la decisión que toma el TSPR hoy, la que había tomado anteriormente en el caso de Castro García y la que tomó el primer circuito en Boston en el caso de López Andino. O sea, que me mantengo en el plano estrictamente jurídico, pero lo que señalas es enteramente correcto, abre la puerta para todo el debate”.

Para Miranda, aunque la decisión local es adversa para su posición, “es interesante” por la posición de

algunos de sus jueces, como la jueza presidenta del TSPR Fiol Matta y de la recientemente llegada jueza asociada Oronoz Rodríguez. Estas coincidieron con la determinación del Tribunal “pero no en el análisis de la doble soberanía. Existe la doble soberanía, lo que ocurre es que ellas no creen en la doble exposición. Y hay otro tema que se sale de la naturaleza del caso y lo lleva a un debate de derechos civiles, y del reconocimiento de la dignidad del ser humano, de que una persona no debe ser expuesta dos veces, que es con el que más personalmente concurro, y que es un debate en Estados Unidos. Allá se da la doble exposición y no hay nadie que cuestione la doble soberanía entre un estado y el gobierno federal, pero mucha gente, librepensadores, liberales, han comenzado a cuestionar el hecho de la doble exposición. Es interesante, los estados en Estados Unidos son mucho más enérgicos que nosotros mismos reclamando los derechos que le asisten dentro de la Constitución de Estados Unidos”. Igualmente señala que la tangencia política del caso “es inescapable”.

Miranda cree que el caso resuelto afecta algunas áreas de la colaboración estatal-federal en los task force. Sin embargo, agrega, su relación con las agencias federales continúa “muy bien, muy unidos y obviamente esto no impide que sigamos estructurando nuestro trabajo. Hasta ahora no ha tenido un impacto significativo en esa

dimesión porque lo peor que puede ocurrrir es que le digamos, ‘pues mira, radícalo en el otro lado’ ”.

El Departamento de Justicia pedirá una extensión de término para presentar la petición de certiorari al Supremo federal. Miranda decidió no pedir reconsideración al TSPR por lo amplio de la decisión, “es perder el tiempo”, aseguró, y porque de todos modos el caso debe llegar al más alto foro federal para que dilucide finalmente esta controversia que solo entonces aplicará tanto a la jurisdicción local como federal.

Pero esa es su visión, que espera con cierto optimismo sea validada con finalidad. La revocación de esa norma, por otro lado, era esperada por otros sectores del derecho en Puerto Rico.

El abogado Michael Corona Muñoz, exfiscal y exinvestigador en la Cámara de Representantes y el Senado, ahora abogado de defensa, reveló que los procesos criminales contra la peligrosa ganga de Los Martínez a mediados de la década del 1980 ilustraron la compleja situación “que se veía venir”. Contra estos se caían los casos en las cortes estatales y la fiscalía federal decidió someter los casos. Sin embargo, el caso llegó al Circuito de Apelaciones de Boston cuando fue levantado el llamado doble jeopardy. En ese momento Boston esperó a que el TSPR decidiera si aplicaba en la Isla la soberanía dual.

Corona Muñoz señaló que anteriormente los departamentos de

Justicia estatal y federal “probaban suerte entre los dos foros”, es decir, se miraba qué esfera tenía penas más severas para presentar los casos o dónde, por la evidencia recogida, tendría más suerte. Y en algunos casos sencillamente se presentaban en ambos tribunales.

Para el exfiscal y exasesor legal del TSPR, Pueblo v. Castro García “fue una mala decisión desde el inicio” y sostiene que no estuvo ajena al conflicto político que permea a la Isla. En una columna del 2013, el licenciado Luis F. Abreu Elías, bajo fundamentos similares a los que resolvió ahora el TSPR, así como bajo la sombra de haber sido una decisión matizada políticamente, aseguró que Pueblo v. García Castro “está mal resuelto”.

Para Corona Muñoz no es casual que lo resuelto en los tribunales de instancia en este caso haya prevalecido en el TSPR. “No me extraña. En los tribunales de instancia es donde se cuecen las doctrinas más interesantes.

Es donde se litiga, los jueces tienden a ser más dinámicos, donde ven más cosas”, dijo. A su juicio, la corte apelativa no siempre “está tan al tanto de las cosas diarias. Por lo general, muchos de los avances de los derechos del acusado son revertidos por el Apelativo, según lo veo por mi experiencia”, dijo.

A la jueza asociada Rodríguez le preocupa -dice en su posición disidente- que la nueva norma provoque un “aluvión de habeas

“Es interesante, los estados en Estados Unidos son mucho más enérgicos que nosotros mismos reclamando los derechos que le asisten dentro de la Constitución de Estados Unidos”.

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corpus ante los tribunales del país”.

El Lcdo. Corona Muñoz confirmó que esta es una posibilidad, pero al contrario de Rodríguez, cree que esa sería una consecuencia legítima provocada por una normativa que siempre fue “equivocada” en estricto derecho, dada la particular relación política de Puerto Rico con Estados Unidos. “Puede venir el planteamiento de retroactividad, puede venir”, aseguró. También acepta que “hay complicaciones de procesamiento”.

Para el abogado, “el gobierno estatal no tiene las herramientas para luchar plenamente contra el crimen porque no tiene el poder para hacerlo, no tiene la autoridad para ejercer poderes de soberanía”. El exfiscal reconoce que el sector que hace valer las leyes tiene ahora un foro menos al cual acudir.

“Ahora hay una sola oportunidad, la del primero que someta el caso”.

Es muy clara la nueva norma del TSPR, de querer evitar con la doble exposición “que una soberanía acuse en más de una ocasión por los mismos delitos, exponiéndote a pasar por ese proceso más de una vez”, indica por su parte el licenciado Ramón Rosario, y “esa prohibición no tiene sentido si son dos soberanías distintas” (como se contempla en el sistema federado).

Rosario ha sido asesor de seguridad en La Fortaleza y perteneció a la Junta de Directores de la Academia de la Policía.

Es el actual director ejecutivo de la Asociación de Abogados de Puerto Rico y casualmente fue oficial jurídico del juez asociado Martínez Torres.

También está de acuerdo con la reciente decisión del alto foro.

Según Rosario, las juezas Fiol Matta y Oronoz entienden que la protección contra la doble exposición de la Constitución de Puerto Rico, independientemete de la federal y de la dualidad de soberanías, prohibe que en un escenario como este se acuse en dos foros a una misma persona.

Aunque llegan al mismo resultado que la mayoría, no es por la misma razón.

“Estas genuinamente entienden que si una persona fue acusada por los mismos

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hechos en el tribunal federal, no pueden ser acusadas por esos mismos hechos en la jurisdicción estatal, y sostienen que esa protección de doble exposición está establecida en la Constitución de Puerto Rico”, explica, coincidiendo con el análisis del secretario de Justicia.

Y contrario a lo expresado por el licenciado Corona Muñoz y el licenciado Miranda, Rosario no cree que la decisión judicial tenga un gran impacto en la lucha contra crimen. “Muy poco -dice- debido a que Puerto Rico tiene unos acuerdos de cooperación con el gobierno federal para acusar”.

Incluso cree que las coincidencias para que ambas jurisdicciones acusen por el mismo delito es muy poca, aunque pueda haber haber casos particulares que levanten esa defensa. “Pero no

tendrá un efecto desproporcional”, como sí asegura la jueza asociada Rodríguez.

Para quien sí está muy clara la nueva norma del TSPR es para la fiscal federal del Distrito de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez. Aunque no quiere “especular” cómo podría afectar el procesamiento criminal “porque nosotros no hemos llegado ahí”, sí sostiene que “no hay nada que nos impida (someter casos por los mismos delitos de personas que hayan sido expuestas en los foros estatales).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico afecta al Departamento de Justicia de Puerto Rico. Ahí sí le digo que somos soberanos de verdad 100%”.

Esta decisión estatal, señala, no altera las decisiones que pueda tomar el Departamento de Justicia federal en torno a si somete acusaciones por el mismo delito a convictos estatales. “El Tribunal Supremo de Puerto Rico no nos hace ley a nosotros. La ley nuestra es la ley del Circuito de Apelaciones en Boston y encima de eso es el Supremo (federal)”. Más allá de eso no comenta demasiado porque el Departamento de Justicia estatal puede apelar la determinación del Supremo local al Tribunal Supremo federal. Este sería el paso necesario para los abogados Corona Muñoz y Rosario para que se defina finalmente el marco legal.

Rosario cree que el Supremo federal puede estar tentado a examinar este caso si el Departamento de Justicia finalmente apela el caso. “Este es el foro adecuado (el Supremo federal) para decidir de una vez y por todas si Puerto Rico tiene una doble soberanía para la doble exposición, porque de eso es el caso”.

Mientras, la fiscal federal asegura que los niveles de cooperación entre las jurisdicciones estatal y federal son lo suficientemente estrechas y coordinadas como para evitar fricciones innecesarias. “Si la estatal lo lleva (el caso) y sale culpable, pues ahí nosotros, por deferencia (no acusa), y eso es un policy, eso no es un estatuto ni nada de eso, ni hay ningún caso que se haya resuelto en cuanto a eso, más bien el Supremo (federal) puede hablar en contra o a favor de poder acusar en ambas jurisdicciones”. El problema que le ve Corona Muñoz a los acuerdos entre ambas jurisdicciones es que se tratan en realidad de la sustitución de las funciones del gobierno estatal -como define el concepto de unión federada- por el gobierno federal. Esto causa “problemas prácticos porque el sistema federal no está preparado para esto”, pues se requiere mucho personal que no posee, aunque cientos de policías y fiscales locales estén prestando servicios para las agencias de ley federales. A su juicio, “ese no es camino para detener la criminalidad”,

pero ahora el país “está maniatado” por esta opinión del TSPR, aunque esté “bien pensada y sea correcta”, agregó. La fiscal Rodríguez no cree, sin embargo, que haya una sustitución de funciones, sino que al permitir las leyes de ambas jurisdicciones dicha cooperación, hacen uso de ella lo más estratégico posibles.

Otras consecuencias que se pueden derivar de esta nueva norma del TSPR todavía están por verse. Ya en el caso que resolvió el Tribunal Supremo estatal se declaró que ciertos delitos de los acusados son los mismos por los que fueron expuestos en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, así que los mismos deben ser desestimados en esta jurisdicción. Pero un indicio de las consecuencias que tendrá la nueva norma ya se inició con la apelación que ha sometido al Tribunal de Apelaciones el convicto por asesinato Pablo Cassellas. Un argumento que, para Rosario, “es ingenioso”, aunque no cree que llegue a prevalecer. El abogado Harry Padilla, defensor de Casellas, pide que se anule el veredicto y se inicie un nuevo juicio basado en que, según la nueva doctrina del Supremo estatal, el jurado que le falló en contra a su defendido fue 11 a 1, cuando en el nivel federal se requiere unanimidad para lograr una convicción. Estos abogados plantean que, si como decidió el TSPR, Puerto Rico es una extensión del gobierno federal, se debe aplicar no solo sus reglas, como la doble exposición resuelta, sino la regla de unanimidad en el jurado. Casellas fue sentenciado en febrero de 2014 a 109 años por el asesinato a tiros de su esposa Carmen Paredes Cintrón y violaciones a la ley de armas, e igualmente cumple años por varios delitos de armas en la esfera federal.

Es necesario entender que si se determinara que esta regla de unanimidad impera, sobrevendría un caos en los tribunales locales de convictos apelando sus sentencias que fueron entre 9-3 y 11-1, según había previsto la jueza asociada Rodríguez en su opinión disidente. Sin embargo,

Rosario afirma que en los llamados casos insulares resueltos por el Tribunal Supremo federal se determinó que en los territorios no se tienen que reconocer necesariamente los mismos derechos que se reconocen en los estados y que se puede tratar de manera distinta a los ciudadanos que viven en ellos.

Otro aspecto que podría levantarse nuevamente a raíz de la decisión del TSPR en Pueblo v. Sánchez, es que se permita juicios por jurado en los casos civiles. Todos los casos en el foro federal, civiles y criminales, son por jurado. “En Puerto Rico los acusados de delitos penales tienen la opción de seleccionar un juicio por jurado o por derecho (el juez ve y decide el caso), sin embargo, los juicios civiles son todos por derecho. No obstante, hay letrados que abogan por juicios civiles por jurado, como se requiere en la jurisdicción federal y como lo tienen muchos estados”. Este caso ha sido levantado en varias ocasiones por el abogado Alfredo Castellanos. En los 50 estados hay juicios por jurado en los casos civiles.

Rosario, sin embargo, también le ve escasas probabilidades a estos planteamientos porque a la luz de los casos insulares resueltos por el Tribunal Supremo federal “creo que se atienden fácilmente”, por el mismo razonamiento. Estos casos han decidido que a los territorios no se les tiene que reconocer los mismos derechos que a los estados. Afirma que si el gobierno federal hubiese querido que a Puerto Rico le aplicase exactamente derechos como los juicios por jurado en los casos civiles, así lo hubiese dispuesto a través de la Ley 600, que regula la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos.

Un corolario que subyace aún en el fondo oscuro de esta controversia jurídica es si realmente se requiere de tan fuertes medidas punitivas, como permitir esta doble exposición, para mantener a raya la criminalidad. Es decir, la creencia de que al aplicarse la norma de doble exposición si se juzga por el mismo delito en ambas

jurisdicciones al acusado, se afecta de cierta manera la eficacia de la lucha anticrimen. Sin embargo, esto no es necesariamente así para Corona Muñoz. Puerto Rico, revela, tiene una de las leyes más draconianas de todos los estados contra el uso criminal de las armas, sin embargo, esto no ha detenido la violencia causada con armas de fuego.

Si bien -como sospecha- la Isla no tiene todos los poderes de soberanía como los tienen los estados para combatir el crimen, su posición es que tampoco se trata de hacer más fuertes las penas, que a su juicio no han servido para disuadir los crímenes.

Igualmente insiste en que, en todo caso, hay un desbalance en el sistema de procesamiento criminal en Puerto Rico que favorece a la fiscalía. “Y el desbalance va creciendo hacia la fiscalía y en contra de los derechos de los ciudadanos”. La ciudadanía cree equivocadamente que una acusación es ya una certeza de que una persona cometió los delitos que se le imputan, y que un juicio solo pretende formalizar, y si ocurre una absolución, señala esa misma ciudadanía, es sospechosa o es por causa de leyes débiles, enjuicia el licenciado Corona Muñoz. Y añade que entonces el legislador decide restringir aún más el derecho de los acusados.

“El problema (de la criminalidad) no es que las personas tengan demasiados derechos. “La raíz del problema -dijoes que la implantación de las leyes requiere de un sistema de investigación que muchas veces es deficiente”, tanto en la investigación policíaca como en el proceso fiscal y judicial. “Esos errores afectan derechos fundamentales y los tribunales no tienen otro remedio que absolver”, indica.

La controversia sobre si es permisible la doble exposición en la jurisdicción estatal de Puerto Rico o le está vedada por su relación con el gobierno federal, está servida. Puede tener variadas consecuencias penales, y políticas no buscadas ni planteadas, pero, como dijo el Secretario de Justicia, “inescapables”.

Sólo resta que el Tribunal Supremo federal acoja el certiorari y lo decida.-

UNO-a-UNO

CĂŠsar Miranda Secretario de Justicia Por Obed Betancourt

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G

ran sorpresa causó en Puerto Rico el proyectado desmantelamiento del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), brazo investigativo del Departamento de Justicia que desde el primer día de su creación en julio de 1978 entró en graves controversias que, 37 años después, han provocado que lo desarmaran.

Básicamente se quedan sus secciones de derechos civiles y de corrupción gubernamental sirviendo a Justicia, pero todo el aparato criminal, antidrogas y organizaciones criminales, que contienen la mayor parte de los agentes, será eliminado y sus recursos pasarán a la Policía.

La revista Ley&Orden entrevistó al secretario de Justicia César Miranda para que explicara cuál es el razonamiento de la acción que ha decidido tomar sobre esta agencia de seguridad, dados los aún niveles altos de criminalidad, el sentido común indica que se debe fortalecer y no deshacer.

L&O: ¿Le decepcionó el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE)?

CM: No es que me haya decepcionado.

Lo que ocurre es que yo creo que hay una mejor utilización para el NIE. El NIE, que lo conozco casi desde su origen, tuvo un efecto. Después que se decreta la guerra contra las drogas, todo el efecto del Drug Enforcement Administration (DEA) se multiplica. Y a veces creemos en Puerto Rico que somos el centro del universo. Todas estas cosas tienen una resonancia mundial. Yo te diría que el control de la investigación de la droga en Colombia cambió por la DEA. Lo mismo ocurrió en Perú, en otros países y Puerto Rico no es la excepción. Por tanto, la DEA se entronizó en Puerto Rico y se crearon unas formas de trabajar que fueron desplazando funciones del NIE. L&O: Es decir, que el NIE no logró atemperarse a las necesidades de hoy día de la lucha contra la criminalidad.

Foto suministrada

CM: La lucha ha cambiado y hubo que tomar decisiones para estar al lado de las nuevas tendencias y circunstancias.

L&O: Ciertamente luego de tres décadas de la guerra contra las drogas las formas de combatirla deben ser distintas. Pero esos cambios deben irse dando con naturalidad en esas agencias. ¿Qué es, entonces, lo que ha cambiado?

CM: Toda la estructura de la persecución del crimen ha cambiado enormemente.

Y muchas veces no nos damos cuenta.

Puerto Rico hoy es una jurisdicción

integrada. Aquí los federales y los estatales trabajamos juntos. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y de que se aprobó el Patriot Act, se creó un entramado más intenso entre la jurisdicción federal y las jurisdicciones locales, y Puerto Rico no está ajeno. La cosa cambió drásticamente. Cambió para el mundo. Hoy en día, donde quiera que tú vayas, las medidas de seguridad son distintas. Porque hay unas entidades que tienen un impacto internacional y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte Aéreo lo ha tenido. Y en nuestro país ha cambiado la forma de mirar el tema de la persecución del crimen.

L&O: ¿Está diciendo que las agencias federales tienen ahora mayor protagonismo en la lucha contra el crimen que las agencias estatales de seguridad?

CM: Con el ataque del 11 de septiembre de 2001 y al aprobarse el Patriot Act, se creó otro sistema en las investigaciones.

Eso nos lleva a integrar con las agencias federales los memorandos de entendimiento, por tanto, todas aquellas áreas del NIE que se dedicaban a la investigación de los casos de drogas y crimen organizado han pasado a otras etapas y la Policía se ha reforzado en esas etapas. Lo que decimos es que esas áreas, sólo esas áreas del NIE, estarían mucho mejor utilizadas si se enmarcan en ese tipo de trabajo, y aquellas que tienen que ver con derechos civiles, con corrupción gubernamental, quedan muy bien ubicadas dentro del Departamento

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de Justicia. En otras palabras, de lo que estamos hablando es de que hay unas alternativas de una mejor utilización de recursos.

L&O: Muy bien. En muchas ocasiones el NIE cayó en luchas intestinas a causa de la política partidista. Y estas luchas hicieron inoperante esa agencia durante años. ¿Está de acuerdo con esa percepción?

CM: Yo no lo quiero mirar así. Lo quiero mirar en una forma bien objetiva. Creo que verdaderamente el NIE dejó de tener un buen efecto de costo-beneficio, por llamarlo de alguna forma, con relación a la utilización de sus recursos. Son gastos millonarios altos, entonces el Departamento de Justicia ha perdido $26 millones de su presupuesto en los últimos dos años, por tanto hay unos recursos que quizá para ser efectivo unas áreas del NIE habría que dedicarle, y que nosotros no lo tenemos, pero que la Policía los tiene y entonces estaríamos duplicando un esfuerzo. En un país con escasos recursos, duplicar gastos no me parece sensato. Y como tú dices, siempre ha habido unas luchas intestinas que lo hacen inoperante en algunos aspectos.

L&O: Creo que el origen del NIE fue precisamente luchar contra la corrupción gubernamental y combatir las distintas organizaciones criminales, entre ellas en la propia Policía. No fue ideada para combatir el narcotráfico, labores que hacía la Policía, sobre todo con su división de agentes encubiertos.

CM: El NIE nació como una respuesta al crimen organizado, pero ese campo ya ha sido ocupado por entidades federales.

Y entonces qué hemos hecho ahora, es una nueva forma de trabajar, se crean los memorandos de entendimiento, en los que nosotros asignamos unos recursos, los federales asignan unos recursos, y hacemos un plan de trabajo y se busca una solución a esos problemas de criminalidad. La Policía tiene destacados en esos memorandos de entendimiento con entidades federales más de 200 y pico de miembros de la fuerza y alrededor

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de 100 y pico de automóviles. Del NIE tenemos destacados 24 agentes, algunos de ellos desde el 1996… algunos hasta se retiraron y no volvieron a pisar esta agencia. Tenemos a ocho o más fiscales destacados en grupos de trabajo.

L&O: ¿No significaría eso la federalización de la lucha anticrimen en Puerto Rico?

CM: Es más bien una integración, no una federalización, como tú le llamas, porque las entidades federales siguen siendo muy respetuosas de las áreas de jurisdicción local. Creo que hay una mejor forma de trabajo entre ambas jurisdicciones, pero siguiendo con tu concepto de la federalización, pues no hay duda de que el ámbito se ha ampliado, no sólo en Puerto Rico sino en virtud de esos nuevos cambios que se han dado (en la lucha contra el crimen). En los estados y donde quiera se da. La misma controversia que se da con nosotros, se da también con los estados y lo estuve debatiendo con el jefe nacional del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) (James Comey) cuando vino aquí y hablamos del tema y me decía él que uno de los lugares donde mejor se trabaja (integrado) es en Puerto Rico. Donde quiera se dan unos niveles de resistencia.

Nosotros necesitamos la ayuda. Yo no tengo complejos con ese tipo de relación, todo lo contrario, le doy la bienvenida.

Después de todo, los agentes que tenemos en Puerto Rico del FBI, en la Agencia Federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en la fiscalía federal, son puertorriqueños.

Trabajamos y buscamos el bienestar para este país, eso a mi es lo que me motiva y no si lo hice yo o lo hizo el otro. Ese es nuestro sistema. Y no hay por qué tapar el cielo con la mano y vamos aceptarlo, vamos a trabajar lo mejor que se pueda para lograr resultados.

El secretario de justicia indicó que la colaboración estrecha con las fuerzas de ley y orden federales en los últimos años ha logrado reducir la criminalidad.

A principios de junio de este año hubo la mitad de asesinatos que en el 2011, unos 238 en junio, contra 479 en junio

de 2011. Esa percepción fue validada en una entrevista que le hizo la revista Ley&Orden a la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez y que se publica en esta edición.

L&O: ¿Es precisamente esa nueva forma de luchar contra la criminalidad la que desplazó algunas de las funciones asignadas al NIE? CM: “Estamos teniendo resultados en los memorandos de entendimiento, entre ellos los de armas. Hay una nueva forma (de hacer las cosas) y lo importante es el producto final. Si el producto final es conveniente para Puerto Rico, yo le doy la bienvenida.

Unos 25 días después de creado el NIE el 1 de julio de 1978, ocurrieron los hechos del Cerro Maravilla, en el que dos jóvenes indefensos fueron asesinados por la Policía. El NIE tomó jurisdicción del caso pero su investigación no logró romper la conspiración de silencio que armaron los policías. En el proceso de resolver el caso, el fiscal Ángel Figueroa Vivas, primer director del NIE, fue acusado de querer perpetuar la versión de los policías asesinos y terminó siendo desaforado, aunque siempre insistió en que él no sembró las mentiras de los policías ni coaccionó a los testigos, como se le imputó, para que cambiaran su versión de los hechos, distinta a la de los policías. Pedro Colton, otro fiscal, también fue desaforado, aunque a este le permitieron años después retomar su práctica privada de las leyes, no así a Figueroa Vivas. Ese fue uno de los primeros casos de esta agencia, el otro fue un referido que hizo Figueroa Vivas al FBI para que investigara al policía corrupto Alejo Maldonado, referido que sí tuvo éxito. En la década del ’90 el NIE aumentó considerablemente su división antidrogas y de agentes encubiertos, con resultados mixtos. Algunos de sus operativos se les fueron de control y resultaron en la muerte de personas, posiblemente de manera innecesaria, e inclusive de tiroteos en avenidas aledañas, muy transitadas, cercanas a un centro comercial de Hato Rey.-

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¿futuro de la seguridad pública?

Policía Municipal La

E

s de común expresión política decir que el municipio, y el alcalde que lo administra, es el organismo político y el funcionario más cercano al pueblo. Inclusive en estos momentos se considera continuar traspasando responsabilidades a los municipios debido a los problemas fiscales del gobierno central y por la capacidad de servicio que muchas alcaldías han demostrado, a menor costo y más certeramente. Hasta el recaudo del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) ha sido más aceptablemente recaudado por los municipios que el central Departamento de Hacienda. Estas circunstancias -junto a la conocida Ley de Municipios Autónomos, que ha impulsado el desarrollo de los municipios- obligan entonces a mirar de manera diferente la seguridad pública, que junto a las áreas de educación y salud son las necesidades que usualmente se consideran las más apremiantes y a las que se les destina un mayor presupuesto. ¿Serán el futuro de la seguridad pública de Puerto Rico los cuerpos de policía municipal? Al parecer, en principio ese es el camino, sin que por ello se merme la autoridad a la Policía de Puerto Rico. Lo cierto es que la Ley de la Policía Municipal (Ley 19 del 12 de mayo de 1977) ha sido enmendada en varias ocasiones desde su aprobación para ampliar sus poderes. Fundamentalmente, porque a lo largo de estos 38 años la Policía Municipal ha logrado capacitar

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“Con el correr de los tiempos la Legislatura estatal se da cuenta que la labor que vienen realizando los policías municipales es prácticamente de policía comunitario, pues los policías municipales suelen ser de ese mismo pueblo, y por esa compenetración de policía municipal y ciudadano, asume tareas que antes hacía la Policía estatal”.

Luis F. Miranda Morales

Ayudante Especial del superintendente de la Policía José Luis Caldero, y coronel retirado de la Policía Foto: © Municipio Autónomo de Caguas

sus efectivos de tal manera que ya a estos se les considera “un igual” a los policías estatales, y porque se ha visto su necesidad.

Su efectividad puede ser confirmada por el simple hecho que de 78 municipios de la Isla, 75 tienen policías municipales, uno de los que no tiene ya está en el proceso de formar la suya, este es Luquillo, y sólo restarían dos -Aibonito y Culebra- sin un cuerpo de policía municipal.

Luis F. Miranda Morales, ayudante especial del superintendente de la Policía José Luis Caldero, y coronel retirado de la Policía, confirmó a la revista Ley&Orden que se ha elevado el nivel profesional de la policía municipal, se ha expandido su jurisdicción con la

aprobación entusiasta de la Policía de Puerto Rico y los alcaldes -comandantes en jefe de sus cuerpos- cada día le proveen de los recursos necesarios para su desempeño. Igualmente, el salario es competitivo en muchos casos y en otros es razonable, según sea la capacidad económica del municipio.

El coronel Miranda Morales, un locuaz policía con más de 30 años en la fuerza estatal, fue también comisionado de la Policía Municipal de Caguas y ahora es el enlace entre la Policía de Puerto Rico y los alcaldes y sus policías municipales.

Según las estadísticas provistas por Miranda Morales, hay un total de 4,121 policías municipales en los 75 municipios con cuerpos policíacos. Si

fuese por promedio, le correspondería a cada municipio 55 policías, lo que los haría una fuerza más bien pequeña. No obstante, esa no es la realidad. Lo cierto es que apenas siete municipios, seis de ellos los más grandes y poderosos económicamente, tienen el 56.6% del total de policías municipales de la Isla, es decir, unos 2,331. San Juan, con 941 efectivos es, por mucho, la Policía Municipal más grande de Puerto Rico.

Es igualmente la ciudad capital la de más alta incidencia criminal y su población dobla o triplica las demás ciudades. Es típico que en las grandes ciudades los niveles de desigualdad social sean mayores, y esta es una de las causas principales de la delincuencia. La siguiente Policía Municipal con mayor

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“Poco a poco han ido ganando terreno y al día de hoy la academia de la Policía Municipal es idéntica a la de la Policía de Puerto Rico. Se entrenan juntos. En el pasado no se daba el mismo currículo y había ciertas leyes y adiestramientos que no tenían”.

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cantidad de efectivos es Ponce con 390.

Le sigue Guaynabo con 326; Carolina, 290; Caguas, 161, Yauco, con 113 y Bayamón, 110.

Los restantes 1,790 policías municipales, el 43.4%, se distribuyen en los restantes 68 municipios, ninguno de ellos con más de 100 efectivos, y algunos hasta con solo cuatro policías municipales, como Comerío, o seis en Aguas Buenas, o siete en Añasco y Florida.

Aún así, no es cierto que en la medida en que haya aumentado el número de policías municipales haya decrecido la cantidad de agentes estatales. Si bien en este momento la Policía de Puerto Rico cuenta con poco más de 14,500 agentes, de sobre 18,000 en el 2008, muchos de ellos han pasado a realizar tareas de civiles que perdieron su trabajo por la Ley 7. Eso hace más significativa la ayuda que puedan dar los policías municipales para intervenir con los delincuentes. Miranda Morales señaló que la Policía de Puerto Rico siempre ha tenido una deficiencia de personal civil y en estos últimos años el problema se agudizó, teniendo que recurrir a los policías que están capacitados para realizar algunas de esas tareas civiles.

Además, todos los policías no siempre están en las calles, ya que hay bajas por vacaciones, otros están reportados al Fondo del Seguro del Estado, o disfrutando de sus días acumulados u otras razones, inclusive varios cientos de ellos sirven en los esfuerzos conjuntos entre los gobiernos estatal y federal. Es entonces que los cuerpos municipales exhiben su necesidad al ocuparse de tareas más cercanas a las necesidades de los respectivos municipios, permitiendo que la Policía se ocupe de tareas más abarcadoras.

Ahora, si hay policías municipales muy pequeñas, con solo entre cuatro y diez policías, posiblemente es porque la capacidad económica del municipio es esa, y porque no tienen una actividad delictiva grande. Sin embargo, con esos pocos, ya releva a la policía estatal de asignar ese mismo número de personal al municipio y pueda ser utilizado en áreas más sensitivas.

“Los cuerpos de policía municipal surgen de la necesidad de los municipios de atender ciertas áreas específicas, como son el orden público, sus ordenanzas, la vigilancia de sus estructuras, sus actividades, entre otras. Una vez se establecen las policías municipales, tienen unas limitaciones, de sus ejecuciones, jurisdiccionales, que limitó al policía municipal a tener acción en su municipio a menos que ocurriera un delito que nace en su pueblo y se mueve a otra jurisdicción, como una persecución”, revela el coronel Miranda Morales a la revista Ley&Orden.

Por la facultad de los municipios de crear sus propias ordenanzas, no siempre a la Policía de Puerto Rico le era manejable tanta diversidad. Igualmente, no siempre era una prioridad para la Policía aplicar las ordenanzas, cuando posiblemente tenía que enfrentar otras tareas que les exigía con más premura la línea de mando, sostiene Miranda Morales. Sin embargo, para los municipios sí era prioritario aplicar las ordenanzas que aprobó su legislatura municipal. Esta diferencia se zanjó muy fácilmente con la creación de la Policía Municipal.

“Con el correr de los tiempos la Legislatura estatal se da cuenta que la labor que vienen realizando los policías municipales es prácticamente de policía comunitario, pues los policías municipales suelen ser de ese mismo pueblo, y por esa compenetración de policía municipal y ciudadano asume tareas que antes hacía la Policía estatal”, explica Miranda Morales. “Es como sucede en términos políticos con los alcaldes, que es el funcionario más cercano al pueblo. Y los policías municipales se convierten en el funcionario de orden público más cercano a la comunidad, atendiendo sus necesidades. Y poco a poco va ganando terreno y confianza. La legislatura estatal se da cuenta de su importancia y le va otorgando más poderes”, explicó el excomisionado de la Policía Municipal de Caguas.

Pero esta caracterización que reconoció en su momento el Capitolio, sede de la Legislatura estatal, no siempre

fue así. Miranda Morales admite que en sus inicios el policía municipal no recibía el mismo respeto que el policía estatal y la ciudadanía no acataba su autoridad.

En un momento hasta sus uniformes, en algunos casos, fueron objeto de burla.

La necesidad de estos funcionarios de ley y orden obligó entonces a que les fueran ampliando sus poderes, y con ello fue también necesario un mejor adiestramiento, que se imparte tanto en la academia de la Policía como en otros centros altamente especializados, como el Instituto de Seguridad y Protección (ISEP), adscrito al Sistema Universitario Ana G. Méndez.

“Poco a poco han ido ganando terreno y al día de hoy la academia de la Policía Municipal es idéntica a la de la Policía de Puerto Rico. Se entrenan juntos. En el pasado no se daba el mismo currículo y habían ciertas leyes y adiestramientos que no tenían”, señala el coronel. Pero eso, además, tenía otros problemas. Si un policía estatal quería transferirse a un puesto en la policía municipal, lo recibían con las puertas abiertas. Pero no sucedía lo mismo cuando un policía municipal quería ser transferido a la fuerza estatal. Había que enviarlo a la academia nuevamente a terminar los cursos y certificarlo luego como policía estatal. Eso ya se acabó. Ahora tienen la misma academia”, apunta.

Así mismo, los requisitos para ingresar a la academia de la Policía Municipal ahora son exactamente los mismos que para los aspirantes a policía estatal. “La ley establece que todo el que quiera ingresar a la Policía Municipal

tiene que regirse por los requisitos que establezca la Policía estatal, de modo que si la estatal requiere un mínimo de grado asociado, como lo es ahora, la policía municipal tiene que tener esa misma exigencia”, afirmó el coronel en entrevista con la revista Ley&Orden.

La misión del gobierno es elevar los niveles de profesionalización de sus agentes de ley y orden, sean estos estatales o municipales. Si los altos requisitos fuesen solo para los aspirantes a guardia estatal, ni siquiera podrían estar juntos en la academia, pues se presume que es una ventaja tener experiencia universitaria. Ese requisito, añade Miranda Morales, evita que los estudiantes que solicitan a la Policía Municipal, y cuyos gastos son sufragados por el municipio, se cuelguen. De otro modo, el dinero invertido se puede perder. Luego de ingresar a la Policía Municipal, estos debe brindar servicio al menos durante dos años en esa fuerza, antes de solicitar alguna transferencia. El costo de estudiar en la academia de la Policía es de $13,792, e incluye hospedaje, alimentación, materiales educativos, equipo de entrenamiento y otros.

La Ley de la Policía Municipal establece la jurisdicción de su cuerpo.

No obstante, aunque no pueden hacer investigaciones propiamente, como los homicidios, drogas y tener agentes encubiertos, que es de jurisdicción estatal, la ley les permite intervenir en una transacción de drogas o si se consume en su presencia, o se comete algún delito frente a ellos, “pero no como

el resultado de una investigación”, aclara Miranda Morales. De ahí en adelante transfieren el caso a la Policía de Puerto Rico. Otra limitación en su jurisdicción es intervenir en casos graves, como los accidentes de tránsito, a menos que sea para preservar la escena, comenzar la investigación en el lugar, pero debe transferirlo inmediatamente a la Policía estatal. Por otro lado, pueden proseguir una persecución más allá de los límites de su municipio, si fuese necesario, o si se percatan de una actividad delictiva.

Esta autorización es importante porque en esos casos el estado protege al policía municipal que rebasa los limítrofes municipales si tuviese algún accidente o de alguna manera se lesiona a causa de cumplir con su deber, entre otras protecciones, como demandas.

Igualmente el ayudante especial del superintendente resalta que los policías municipales son capaces de recoger inteligencia (información) delictiva en su municipios, particularmente porque trabajan continuamente en una misma área de trabajo. “En la medida en que están todo el tiempo en un mismo lugar, conocen cómo y quiénes mueven la actividad criminal”, dice. Eso los hace muy valiosos a la hora de compartir información con la Policía estatal.

De hecho, Miranda Morales aclara que la Ley 107 permite a los cuerpos de policía municipal crear unidades especializadas, como podría ser la de inteligencia criminal, solo tienen que identificar que tienen un problema, especificar que tienen los recursos para atenderlo; delinear un plan de trabajo

Los 10 municipios con más polícías municipales

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Esencial la policía municipal en las campañas de tránsito Las policías municipales han resultado indispensables en las campañas de control de tránsito, reveló el director ejecutivo de la Comisión de Seguridad en el Tránsito (CST) José Delgado.

En la más reciente campaña del 10 al 15 de abril, que subsidió la CST, se utilizaron 241 agentes municipales, quienes emplearon 6,258 horas. Mientras, la Policía de Puerto Rico utilizó 142 agentes, con una inversión de 2,174 horas, que igualmente pagó la CST con fondos federales.

El resultado de esta campaña de intervención fue 9,826 boletos de tránsito emitidos por el uso ilegal del teléfono celular, de los cuales 7,724 fueron dados por las policías municipales. También se emitieron, en total, 1,216 boletos por no usarse el cinturón de seguridad, que Delgado admite es muy alto para lo que se esperaba; 39 boletos por no tener el asiento protector y 558 boletos de tránsito. Las policías municipales descubrieron 107 conductores sin licencia de conducir, de un total de 169, y recuperaron 4 vehículos robados, de 5 en total; así como hicieron un arresto por delito grave y a un conductor ebrio.

Delgado indica que el uso inadecuado del teléfono celular, que incluye el “texteo”, es la nueva epidemia en los accidentes de tránsito, así como lo fue una vez conducir bajo los efectos embriagadores del alcohol, que no deja de ser un problema. Los policías municipales resultan esenciales en estas intervenciones porque son locales y conocen mejor que nadie las áreas de mayor incidencia de violaciones de tránsito.

Delgado quiere fomentar más estrechamente las relaciones de la CST con los policías municipales y participen de las campañas que auspicia la Comisión.

En la reciente campaña participaron las policías municipales de 20 municipios.

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y someter todo esto al superintendente de la Policía. Este puede reconocer que hay el problema señalado, los recursos y el plan estructurado, así como personal capacitado, y entonces puede autorizar la creación de la unidad.

La profesionalización de la Policía Municipal y la ampliación de su jurisdicción, han permitido que las alcaldías destinen más recursos a esos efectivos. El coronel retirado de la Policía revela que “en algunos casos tienen tan buenos y a veces mejores recursos que la Policía estatal. Por ejemplo, hay cuerpos de Policía Municipal grandes con excelentes recursos, como los de Guaynabo, San Juan y Caguas, que están muy bien equipadas”. A estos recursos, que en muchos casos salvan vidas, como es, por ejemplo, tener una patrulla policíaca que responda a las necesidades de seguridad del patrullero, debe añadírsele mejores condiciones de trabajo, como es el salario. Miranda Morales los llama “salarios competitivos o razonables”, por supuesto, dentro de las condiciones económicas de cada municipio. Un policía estatal gana $2,200 mensuales de sueldo básico, mientras un policía municipal, en este caso de Caguas, gana $2,050. Una diferencia importante es que los policías municipales suelen vivir en el mismo municipio en que trabajan, lo que, a diferencia de los policías estatales, le ahorra en tiempo para trasladarse al lugar de empleo, gasolina, confort, y los resultados, entre otros, son elevar las condiciones de su tiempo de ocio y descanso, así como en familia.

Ahora bien, cómo logran integrarse los cuerpos estatal y municipal es una relación que de a poco ha venido a más.

Miranda Morales señala que “hay una directriz del superintendente Caldero para que ambos cuerpos trabajen de manera integrada, de tal manera que no se doblen esfuerzos para una misma acción”. Este tipo de integración horizontal de las policías refuerza los planes anticrimen al hacer mejor uso de sus recursos y ahorra dinero a ambos cuerpos.

“La filosofía del Superintendente es no hacer doble trabajo. Mi misión, por

ejemplo, el año pasado con todos los comisionados, y así es que está corriendo, fue mantener una comunicación día a día entre comisionado municipal y el comandante de área (de la Policía de Puerto Rico). Este tiene que tener una comunicación constante con los comisionados que integran esa área.

Los planes de trabajo se tienen que compartir, se tiene que distribuir qué eventos cubrirá cada fuerza”, afirma. Y esta es, precisamente, la relación que ha ido a más al transcurrir del tiempo: la confianza “Hubo un tiempo de mucha tirantez y poca comunicación (entre ambos cuerpos). Pero reconozco que cuando no hay un ente regulador que impulse esa relación, que la canalice, que le abra los ojos y diga cuán importante es (mantener buena) esa relación entre las agencias del orden público, tenemos ese problema”. ¿A que pudo deberse que hubiera tensiones entre los policías municipales y la policía estatal?, preguntó la revista Ley&Orden. “Hay una realidad que no podemos negar: política. La policía estatal representa al estado, la municipal a los municipios, porque mi alcalde es de un partido y yo, policía estatal, represento a otro partido en el poder.

Y hubo cierta tirantez. Pero yo puedo confirmar que eso se ha mejorado sustancialmente. Por ejemplo, las relaciones con el comisionado de Guaynabo son extraordinarias, al igual que con la de Bayamón”, asegura.

Los alcaldes de estos dos municipios responden al partido opositor al de Gobierno.

Miranda Morales aceptó a otra pregunta de Ley&Orden que la profesionalización de ambas fuerzas ha permitido que cada una vea su verdadera función en la sociedad puertorriqueña de hoy día, que es proteger vidas y propiedades, y mantener el orden, cada una al amparo de la ley que las regula. No al servicio de un partido político, sino de la seguridad de todo un país. “Al verse ya (al policía municipal) como un agente igual en condiciones que un policía estatal, eso nos ayuda en mantener una relación profesional muy alta”, indicó.

“Por ejemplo, un policía municipal

responde con tanta profesionalidad ante una querella de violencia doméstica como la policía estatal que no pudo responder a la misma por falta de agentes u otras razones. Antes, una querella de violencia doméstica era jurisdicción exclusiva de la estatal. Ya no. Y los policías municipales reciben los adiestramientos necesarios, como los recibe la policía estatal”, dijo. “Son nuestros iguales”, aseveró.

Como parte de esa relación en sus planes diarios de trabajo, la Policía estatal comparte con los comisionados de la policía municipal las estadísticas sobre criminalidad. Esta información pone a las policías municipales en conocimiento de la actividad delictiva en su municipio y así pueden poner en marcha planes de acción, ya sea en conjunto con las fuerzas estatales o ya sea para cubrir alguna insuficiencia que esta tenga. “En mis reuniones con los comisionados les hemos dado las formas de comunicarse con el centro de inteligencia criminal de todo Estados Unidos, donde tenemos toda la información sobre individuos, sospechosos, fugitivos, redes criminales, todo lo que es inteligencia criminal. Así, cuando un policía municipal tenga una preocupación sobre unos individuos pueden confirmarla y tramitarla”, señaló.

Pero esta relación de trabajo y de compartir planes de trabajo e inteligencia, va un poco más allá.

La propia Ley 19 le impone al Superintendente certificar a los policías municipales. Ciertamente, hay una ingerencia y la Asamblea Legislativa considera que es el Superintendente el ente regulador con la experiencia y el conocimiento para hacerlo. Para Miranda Morales, la ley establece adecuadamente las responsabilidades y deberes de las policías municipales y la misma es cauta para no alterar el balance de poderes con la policía estatal y sus funciones constitucionales.

Y si bien la autoridad suprema de cada Policía Municipal es su alcalde, así como el gobernador es el jefe y máxima autoridad de todos los policías estatales, “nuestro comandante en

jefe”, especifica Miranda Morales, los cuerpos municipales pueden ser movilizados por el Gobernador, según dispone la Ley 19 de Policía Municipal.

Esta ley permite que el Gobernador pueda asumir el control de las policías municipales bajo ciertas condiciones, como emergencias de algún tipo -naturales o causadas por el hombreque requieran esa movilización, por un máximo de 15 días, y con la anuencia del alcalde y la legislatura municipal puede prolongarla. ¿Está el futuro de la seguridad pública de Puerto Rico en los cuerpos municipales? Miranda Morales se toma varios segundos antes de iniciar su contestación. Un poco en broma, Ley&Orden medio le recuerda que continuamos grabando la entrevista.

“Yo lo que te voy a dar es mi opinión, no puedo hablar por la gerencia (de la Superintendencia de la Policía). Y mi opinión es que todavía no estamos preparados. No tenemos todavía la madurez suficiente”. El coronel no cree que los cuerpos policíacos municipales tengan propiamente problema alguno, sino más bien es “nuestra idiosincrasia de pueblo y política”, en las que las relaciones de los alcaldes y los funcionarios estatales a veces es de mucha tensión, afectando las ejecuciones de los planes de trabajo anticrimen. “Falta maduración (política)”, aseguró. “Hay que entender que los policías municipales son entes para vigilancia, prevención, seguridad, atacar el narcotráfico, estrictamente. No lo veamos desde el aspecto político porque lo dañamos”.

Miranda Morales reconoce de inicio los grandes avances profesionales de los cuerpos municipales, y de hecho, como excomisionado de la Policía Municipal de Caguas puede dar fe de ello. Su gran preocupación, sin embargo, es que todavía no haya madurado lo suficiente esa conceptualización de las fuerzas municipales como agencias de ley y orden únicamente, sin una mirada política que intervenga en su desempeño.

“Pero vamos por buen camino”, agregó confiado.-

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tiempo que pasa, verdad

“

que huye”

© Africa Studio

casos en la

mirilla 22

L

a violencia subjetiva, no solo en Puerto Rico, sino en todo el mundo, y ejercida de maneras distintas, es un azote que ha llegado inusual para la mayor parte de la población. Es decir, la violencia criminal, los asesinatos, los secuestros, el carjacking, el asalto; el narcotráfico que amenaza a uno que otro país con desarmar su capacidad de gobernar democráticamente.

El pensador Georges Sorel se quejaba de que sus “Reflexiones sobre la violencia” “habían irritado” a sus lectores debido al tono pesimista que tenían. No se permitió “engañosas esperanzas” el pensador ante “la marcha (triunfalista) de la historia” en la que al final del día todo era superado. Sorel cita el pesimismo de Pascal, quien “creía que nuestra justicia era esencialmente justa”. “Creía”, pero ya no más. Vivían un “optimismo desengañado” estos pensadores franceses, pero tenían sus razones. El problema sobreviene fuerte cuando los actos de la injusticia no son correspondidos con la justicia debida que solo le está reservada imponer al estado. La impunidad de los crímenes debilitan a un estado de ley y orden democráticos. ¿Cuáles, entonces, son las circunstancias en Puerto Rico.? ¿Es real el problema de criminalidad o la sobreexposición mediática de la violencia influye enorme y desigualmente en la población, que siente una inseguridad tan grande como si estuviese permanentemente en “esa noche oscura en que siempre son las tres de la madrugada” (Francis S. Fitzgerald), o entiende que a pesar de los actos violentos excesivos que se repiten, el problema no es tan grave como para amenazar su seguridad personal?

Las autoridades de ley y orden suelen aceptar que en la medida en que logren arrestar, procesar judicialmente y encarcelar a los autores de delitos, la ciudadanía cambiará su percepción sobre el nivel de delincuencia en el país y recobrará la confianza en sus instituciones. Precisamente por la certeza de esa posición, el estado se ve obligado a

darle un final a los casos que el mismo pueblo ha tipificado como “de interés público”, si quiere entonces que baje el nivel de tensión e inseguridad que produce la criminalidad y se restablezcan nuevas y mejores relaciones sociales. Hasta ahora, el miedo a ser castigado no ha sido suficiente para detener la criminalidad, aunque en principio debería serlo para mantener el dominio de la ley, siempre que el estado no genere la violencia que intenta combatir.

Son varios los casos actuales que en su imaginario el pueblo ansía que se resuelvan finalmente para afirmar que es posible hacer justicia en Puerto Rico, y para que duerman en paz las víctimas. Estos son, cada uno en sus etapas: el caso del niño Lorenzo, el misterioso asesinato del banquero Maurice Spagnoletti, y el asesinato del empresario canadiense Adam Joel Anhang Uster. Del caso del niño Lorenzo se llegó a indicar públicamente que su madre Ana Cacho era “sospechosa”, una clasificación legal que la ha obligado a permanecer callada para no auto incriminarse. Este crimen no se ha resuelto al momento de este reportaje, aunque para su fiscal inicial Wanda Casiano “el caso está esclarecido” desde enero de 2012.

Lorenzo González Cacho, de ocho años, murió el 9 de marzo de 2010. Del caso del banquero de Doral, Maurice Spagnoletti, resalta su ejecución tan profesional el 14 de junio de 2011, tres certeros disparos a la cabeza y uno al cuello mientras conducía su auto en la avenida Las Américas, poco antes de entrar al túnel Minillas, presumiblemente desde otro auto en marcha.

Sobre el empresario canadiense, asesinado el 23 de septiembre de 2005, hay varios acusados desde junio de 2013 en espera de juicio, y un asesino confeso que servirá de testigo, mientras la viuda de la víctima, Aurea Vázquez Rijos, detenida en España hace dos años, aguarda a ser extraditada a Puerto Rico para que enfrente la justicia por supuestamente haber contratado al asesino. Son casos llamados “de alto perfil” por la naturaleza de cada una de sus víctimas y el modo de muerte.

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El caso del niño Lorenzo

Posiblemente el manejo inadecuado de la evidencia durante las primeras horas de muerte del niño Lorenzo, condujo a un callejón sin salida a la investigación sobre este asesinato. Los problemas de una investigación policial o fiscal deficiente suelen resultar en que no se esclarezca el delito, o peor, que un inocente sea acusado en su lugar. Dos ejemplos son clásicos en la Isla: el caso Barbarita, en el que dos jóvenes inocentes fueron acusados de la violación y muerte de esta niña a mediados de la década del 90, y el caso Jonathan (Jonathan Román Rivera), acusado de dar muerte al empresario canadiense Adam Joel Anhang. En estos casos la investigación condujo a las personas equivocadas.

En el caso de la muerte del niño Lorenzo, muchos creen que la sospechosa número uno es su madre Ana Cacho González, en parte porque los medios de comunicación han reproducido sin cesar esa sospecha sostenida por sectores específicos. Sin embargo, esta ha reclamado su inocencia reiteradamente.

Y aunque han pasado cinco años desde esta muerte, ella no ha sido acusada. Ni ella ni nadie. Al momento, la evidencia que pueda tener el Departamento de Justicia no avala una denuncia, de otro modo ya habrían sido sometidas en la corte.

Muchos tuvieron la esperanza de que la intervención del FBI en la investigación arrojara luz sobre el caso, pero esta agencia federal se limitó a proveer ayuda técnica, no a investigarlo, pues en los casos de asesinato, la jurisdicción primaria es de las fuerzas estatales. La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, en reciente conversación con la revista Ley&Orden, reiteró la posición de las agencias federales al respecto. “Mucha gente me pregunta que cuándo voy a coger el caso del niño Lorenzo. Es que no entienden que hay delitos que son puramente estatales (como el asesinato).

Este es un caso puramente local, y yo entiendo que es que quieren aligerar o ver qué es lo que está pasando con un delito que, ellos dicen, hasta ahora no se ha acusado”.

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Eso deja al Centro de Investigaciones Criminales (CIC) y a la fiscalía estatal con la encomienda de resolver este caso.

No obstante, la ayuda técnica que haya aportado el FBI puede ser vital en ese esfuerzo. Mientras, por un lado, Justicia insistió inicialmente en tener a la madre como la principal sospechosa, los que la creen inocente insisten en que hay un sospechoso potencial que debió ser, desde sus inicios, investigado. Este es el conocido Luis Gustavo Rivera Seijo, alias El Manco, quien aceptó al FBI que entró a robar la noche de los hechos a la casa de Ana Cacho, una casa de clase media en el pueblo de Dorado. Más aún, este habría confesado que en ese momento golpeó y acuchilló a Lorenzo cuando este le sorprendió robando esa madrugada. El arma blanca nunca apareció. El día anterior El Manco había sido excarcelado por error. El entonces secretario de Justicia Guillermo Somoza lo descartó como sospechoso. El Manco, incluso, se ha revelado públicamente, fue llevado por el FBI a la escena del crimen.

El problema de esta persona es que padece de ciertas condiciones mentales y su testimonio pudiera ser no creíble. El Manco ya ha sido acusado, en otro caso,

de asesinato.

Las cosas, sin embargo, han cambiado nuevamente en este caso. El secretario de Justicia César Miranda, prefiere no clasificar a Ana Cacho de sospechosa, y ha rehecho el equipo de trabajo que investiga el asesinato, ahora centralizado en el Departamento. Pero prefiere mantener un optimismo realista.

“Es un caso en el que ha habido muchísimos sesgos desde un inicio.

Nosotros estamos trabajando en el caso.

Es un caso que se torna difícil, y a mi se me hace difícil hablar de él también porque no quisiera revelar por donde andamos. Pero es un caso donde nosotros hemos organizado un equipo interno y hemos ido hasta el origen, fuimos hacia atrás nuevamente. Tratamos de rehacer todo lo que aconteció, pero el tiempo no pasa en vano. Hay ciertos datos que nos hubiera encantado poderlos ver desde el primer día y eso no es viable en este momento. Así que estamos trabajando con lo que la ciencia nos permite, y lo que los testimonios vivos nos permiten hasta este momento. Yo me siento optimista en el sentido de que el caso lo vamos a resolver, pero vamos a decir que estoy reservadamente optimista o

responsablemente optimista. No puedo decirte que esto vaya a ocurrir los próximos días, no es que sea triunfalista”, dijo el licenciado Miranda a la revista Ley&Orden.

Lo que quiere decir el secretario es que no tiene una fe ciega en que se resolverá el caso y no quiere engañar al pueblo diciendo que lo hará, sino que acepta que ha pasado tiempo y que todavía falta obtener, o confirmar y analizar evidencia. Pero, como dicen los investigadores criminales, “tiempo que pasa, verdad que huye”.

“Yo soy muy realista, pero a la vez tengo la certeza de que lo vamos a resolver, yo espero que no sea tan lejano, vamos a ver. No te puedo decir mucho de este caso”.

Ley&Orden le recordó que un pasado Secretario de Justicia señaló que antes de acabarse el cuatrienio sometería el caso, y no fue así. “Muchos secretarios han hecho pronósticos, y yo me quiero negar a hacer un pronóstico, casualmente por eso”, dice.

Indica que aunque el caso está en manos del nuevo equipo interno en el Departamento de Justicia, y no en la fiscalía de Bayamón, todos los que han trabajado en el caso o son consultados o reciben el beneficio de sus investigaciones iniciales. “Están oncall, por así decirlo, todos tienen una participación de alguna naturaleza y en el momento en que sea necesario reintegrarlos, si ese fuera el caso, se van a integrar. Aquí, todos los recursos, desde el día uno, desde la fiscal que llegó originalmente a la escena, y los agentes que llegaron originalmente a la escena hasta los que posteriormente se fueron haciendo cargo del caso, todos, son parte de la investigación. No se ha descartado a nadie, no se ha sacado a nadie. Lo que hemos hecho es reorganizar toda la visión del caso con un equipo de trabajo, las declaraciones que se prestaron y buscar la correlación entre unas y otras.

El equipo está trabajando directamente con el jefe de los fiscales José Capó. Hay fiscales y cuando se necesita un agente se trae, pero no hay agentes como tales.

Estamos trabajando con el Instituto de

Ciencias Forenses (ICF)”. La falta de testigos directos en este caso lo hace uno eminentemente pericial. Ya el país pasó recientemente por un proceso similar, durante el procesamiento criminal y convicción de Pablo Casellas, quien asesinó a tiros a su esposa. La evidencia fue técnica y elevó al ICF a un nuevo nivel.

“El FBI trabajó con nosotros por un espacio de tiempo, colaboramos cuando es necesaria alguna ayuda en áreas técnicas, como son pruebas de polígrafo o cosas de esa naturaleza. Así que nos dan la ayuda cuando la solicitamos.

En resumen, no puedo adelantar mucho más detalles de lo que se ha dicho públicamente, excepto decirte que tenemos un equipo de trabajo que visualizamos en su momento y siempre que sea responsable no vamos a hacer ningún pronunciamiento que no podamos sostener. Y por eso estamos siendo muy cautelosos”, añadió el licenciado Miranda en la entrevista. ¿Eso significa que ya Ana Cacho no está bajo la clasificación de sospechosa?, pregunta la revista Ley&Orden.

“Eso es algo con lo que yo quise un poco distanciarme. Yo no puedo hacer un señalamiento de sospechoso de nadie. El concepto de ‘persona de interés’ no me gusta mucho. Entonces, hemos querido ser serios en este proceso”, asevera. Lo haría solamente “si después de recopilar todos lo datos que tenemos a mano entendemos que una persona se puede caracterizar como sospechoso y lo que eso significa en derecho”. Declarar sospechoso a alguien -agrega- “es abrir una puerta al reclamo de una serie derechos” que le asiste a esa persona. “Si llegásemos a ese momento señalaríamos a quien sea, pero yo no puedo mantener una etiqueta de sospechoso sobre una persona indefinidamente”. Esto ya es un nuevo sesgo en la investigación, prudente sobre todo. ¿Pero una vez clasificada de sospechosa, hay forma de que se anule esa clasificación?, insiste Ley&Orden.

“Yo te diría que… vamos a decir (que) se sigue siendo sospecho, bajo ese criterio.

Yo lo que estoy diciendo es que haré una

determinación cuando el cúmulo de prueba que yo tenga, responsablemente, me permita hacerlo. Si otras personas lo hicieron, yo no voy a pasar juicio sobre eso. Muchas veces una calificación se hace por diversas estrategias, por diversos motivos. Tampoco voy a especular sobre ellas. Yo lo único que te puedo decir es que al día de hoy yo no me siento cómodo indicando a nadie como sospechoso. Que hay personas que uno considera en esta investigación,

claro que sí”.

Caso del empresario canadiense asesinado

Adam Joel Anhang Uster fue asesinado en una calle del viejo San Juan pasados unos minutos de la medianoche de un día de septiembre de 2005. Iba con su esposa, pues venían de cenar. En la mañana habían ido a terapia de pareja.

Ella asegura que fue para reconciliarse, y que lo lograrían horas después. La posición de él, fue que la terapia serviría para que ella aceptase el divorcio y establecieran unas condiciones al mismo, distintas a las establecidas en sus capitulaciones, que consideraba onerosas. Esa noche era decisiva. Una versión indica que durante la cena se pautarían las condiciones del divorcio,

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la otra indica que sólo era la celebración de la reconciliación.

Este caso de asesinato es también el caso Jonathan, un joven residente de La Perla que fue procesado y convicto por jurado, sentenciado a vivir el resto de sus días detrás de los barrotes por asesinar a Adam Joel. La verdad es que se trató de una identificación equivocada. Todos en el viejo San Juan lo sabían, todos en La Perla lo sabían. Y todos sabían quién fue el verdadero asesino. La prensa lo investigó e igualmente indicó quién fue el asesino. Por alguna razón, el FBI reinvestigó y obtuvo la confesión del asesino, quien ahora está preso y espera ser testigo del caso contra la viuda y su hermana, y el compañero de la hermana.

De estos dirá que le contrataron y se reunieron y se llamaron por teléfono. Es decir, conspiraron para asesinar.

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez vio que en el código penal federal estaban los delitos por los que podía acusarlos a todos. Como el uso del teléfono para contratar un asesinato, un delito que, por el resultado, se puede reclamar la pena de muerte.

“Jamás en la vida pensamos que íbamos a poder hacer nada”, pensó inicialmente la fiscal federal del Distrito de Puerto Rico, pero se dieron cuenta que se configuraba el delito de usar el teléfono celular para planificar matar a alguien. “Pero como hay muerte (el canadiense) tenía en aquel momento la pena de muerte y ahora usted sabe que para poder extraditarla tuvimos que decir que no vamos a imponer la pena de muerte y en esa estamos.

Ella apeló (la extradición, en España, concedida por una corte inferior), ya había decidido España enviarla y apeló la determinación, y en eso estamos. Eso todavía está pendiente”.

La fiscal federal se abstuvo de dar más comentarios debido a que hay una orden de mordaza en este caso. En este momento Aurea Vázquez Rijos continúa presa en España. Sin embargo, el juez federal Daniel Domínguez ya decidió que el caso comenzará, con o sin ella, el 27 de octubre de este año. Hasta el pasado marzo, desde su arresto el 30 de junio

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de 2013, Marcia y José se mantuvieron presos en espera de que Aurea apareciera para el juicio. La complicación más reciente es que Aurea se embarazó mientras estuvo en la cárcel, que permite relaciones conyugales o de afectividad.

Al momento en que surja esta nota ya habrá dado a luz un ciudadano español.

Adam Joel se casó en marzo de 2005 con Aurea, y apenas tres meses después se separó pues creía que su esposa le era infiel. Mientras, el asunto de las capitulaciones puede ser un punto de controversia en el caso pues fue posteriormente impugnado por el propio Adam, al sentir que no le protegían su fortuna si hubiese un divorcio. Su esposa se negó a darle el divorcio y a reestructurar las capitulaciones, según la información disponible.

El empresario canadiense llegó a decirle a varios amigos que sentía miedo de ciertas amistades de su esposa, una excontendiente de Miss Puerto Rico Petite. Esta regentaba un pub en la calle La Fortaleza del Viejo San Juan, The Pink Skirt. El dinero para montar el negocio provino de su esposo.

Algunas versiones apuntan a que a Anhang este matrimonio ya le angustiaba, y que había cometido un error. Aurea no era judía, como él, y Adam le ocultó a sus padres la boda. Esos seis meses entre su matrimonio el 18 de marzo de 2005 y su muerte, pasados escasos minutos de la medianoche en septiembre de ese mismo año, fueron un torbellino emocional del que no pudo escapar el joven y millonario empresario canadiense, que ya había tenido buen recibimiento en el jet set boricua.

El día antes de su muerte radicó la demanda de divorcio y al otro día la retiró porque se reuniría esa noche con su esposa para -creía él- llegar al ansiado acuerdo amistoso. Esa mañana fueron a terapia de pareja, cenaron en la noche y posteriormente en el camino de vuelta a buscar el auto Alex Pabón Colón le destrozó el rostro con un adoquín y le descosió el saco de su alma con un cuchillo profesional de cocina. Adam llegó a gritar a su esposa “¡run, baby, run!”, pero esta no corrió sino que,

herida, se mantuvo cerca de él.

Los acusados en este caso sórdido son Aurea, su hermana Marcia Iris y el compañero de esta, José. A Chalbert Vázquez Rijos, otro hermano de Aurea, le sometieron un cargo de perjurio.

Casualmente, Marcia y José se fueron a vivir con Aurea unas tres semanas antes de ocurrir el asesinato. Aurea residía en una fabulosa casa en Ocean Park, en Yardley Place, que compartió con Adam Joel antes de la separación del matrimonio en julio de 2005. Durante la separación él estaba viviendo en un apartamento en Condado.

Seis meses después del asesinato, Aurea sometió un recurso civil en la corte estatal (luego removido a la corte federal en agosto de ese año) contra los padres de Adam para acceder al 50% de la fortuna de Adam adquirida durante el tiempo en que estuvieron casados, a la que creía tener derecho, y también alegó sufrimientos físicos y mentales. Pidió además un tercio del caudal relicto, como cuota viudal usufructuaria, y el 50% del aumento del valor de los bienes privativos de Adam ocurridos durante la vigencia del matrimonio, aparte de reclamar una pensión de $3,500 mensuales por 36 meses. Y en lo que el tribunal dilucidaba el caso, solicitó que de los bienes de Adam se le otorgaran $10,000 mensuales para “cubrir sus necesidades básicas” y $3,000 mensuales para gastos médicos. No tuvo éxito. La demanda ni siquiera se vio en sus méritos porque ella no cumplió con todos los requerimientos del tribunal, entre ellos, presentarse. Se desestimó su recurso. Y mientras la investigación policíaca estaba en su cenit, ella continuaba viviendo en Italia. Desde entonces no ha regresado, excepto breve tiempo en el 2007, pocos meses antes de que comenzara el juicio contra el inocente Jonathan por matar a su marido.

Caso de Maurice Spagnoletti, exvicepresidente de Doral Bank

Este caso es una prioridad para el FBI y la Fiscalía Federal. “Esa es una de mis prioridades mayores.

Estamos investigando. El FBI tiene

la investigación y no puedo hablar nada más precisamente porque está pendiente. No le puedo dar más detalles, pero es una prioridad personal. Porque, siempre volvemos al elemento humano... este es otro caso que me parece que hay que esclarecer ese delito, es muy importante. Ha calado hondo en la ciudadanía y el calar hondo afecta a la ciudadanía, nos pone la moral de este país (baja). Esta Isla no aguanta mucho más. Cada vez que sucede algo triste así, esto lesiona la sensibilidad de nosotros como pueblo, nos pone aprehensivos, nos da miedo salir a la calle. Y sé que ese es el problema y eso hay que resolverlo.

En ese sentido hay que darle un poco más de confianza a la ciudadanía de que si tú cometes el crimen, te vamos a coger, y esa es mi forma de pensar en cuanto a todo el trabajo que se hace aquí en la Fiscalía Federal”, indicó la fiscal.

Para el secretario de Justicia César Miranda este caso es evidentemente “una ejecución”.

“Las autoridades federales han estado conduciendo esta investigación, que a todas luces es una ejecución. Nosotros tuvimos alguna participación inicial al mirar ese caso en nuestra investigación, particularmente cuando entramos a dilucidar el caso de Doral Bank y de ahí ha salido otra información”.

Señaló a la revista Ley&Orden que como parte de la investigación para la preparación del juicio en torno al reclamo de $229 millones de ese banco contra el Departamento de Hacienda, surgió información -que no reveló- que puede estar relacionada con el asesinato de Spagnoletti.

“Fue una persona que hizo una serie de revelaciones sobre lo que él entendía eran ciertas prácticas ilícitas dentro de la propia institución. Así que de ahí sale un vínculo. Nosotros trabajamos ese particular cuando comenzamos a prepararnos para ventilar el caso en el reclamo que tenía Doral de 229 millones... Y de ahí salió alguna información. (Con) los federales en ese caso compartimos inicialmente la teoría del caso, pero el FBI tiene su propia investigación separada…. Me consta

que es un caso que no está abandonado, que ellos lo están trabajando”, dijo en entrevista con Ley&Orden.

Fue un “trabajo verdaderamente impresionante”, agregó el secretario de justicia sobre el asesinato, en el que le dieron tres tiros a la cabeza y otro en el cuello. Ningún asesino, por profesional que sea, tiene tanta suerte de colocar sus balas de esa manera en carros en movimiento. “Todo indica que fue una ejecución pues fue ejecutada profesionalmente, por ponerlo en alguna forma”, reiteró.

Sobre si cree que su Departamento pudiera tener alguna oportunidad de someter cargos en este caso, Miranda no lo descartó. “Es un asesinato (con jurisdicción local), hay que ver cuál es el desenlace, quiénes son los actores o actrices de ese drama y se verá cómo se divide la jurisdicción, si se queda todo en la federal o si se ve parte en la federal y parte en la local”.

Este caso llamó poderosamente la atención en Estados Unidos por el contexto en que surgió la muerte.

Spagnoletti fue un banquero de New Jersey que contrató Doral Bank. En estos años, el banco ha pasado por ciertas situaciones financieras que minaron su estabilidad económica, inclusive demandó al gobierno para recuperar $229 millones al que cree que tiene derecho por asuntos contables, muy técnicos. Esta demanda fue desestimada finalmente en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, aunque el banco continúa con otras reclamaciones.

Como vicepresidente de la entidad, Spagnoletti supuestamente descubrió una serie de circunstancias sospechosas que lo alarmaron y trató de corregir, según la información pública. Es en ese contexto en que fue asesinado. De hecho, la fiscalía federal acusó más recientemente a una funcionaria de este banco y a otros por un alegado fraude.

La familia del banquero demandó al banco al responsabilizarlo de su muerte, sin embargo, hace poco sorpresivamente retiró la demanda sin más explicaciones.

La pregunta que surgió durante esa demanda civil es si la misma pudiera

estar obstaculizando la investigación criminal.

Lo que causó conmoción y llamó poderosamente la atención de la ciudadanía es el alto grado de profesionalidad con el que fue ejecutada la muerte. Alojar varios disparos en la cabeza a otra persona que conduce un carro en movimiento, y desde otro vehículo en movimiento, requiere no solo de destrezas insospechas en muchos, sino una suerte inmensa. Puerto Rico está acostumbrado a ejecuciones de este tipo, de auto a auto, entre narcotraficantes, pero se hace usualmente con rifles de asalto, como las AK-47, y el resultado es un revoltijo de disparos en el vehículo y la persona asesinada, y entre muchos inocentes que transitan casualmente por la vía. Un trabajo sin fineza alguna. Este no es el caso. Por tanto, la teoría que se trabaja es que el sicario contratado es de afuera, un profesional, que habría evadido la jurisdicción inmediatamente.

En ese sentido, y en vista de que no hubo testigos que pudieran describir con cierta exactitud al asesino o los asesinos, el caso sólo podría ser esclarecido atendiendo a los motivos por los que fue asesinado. Eso requiere incautar vasta documentación del banco (si es que se cree que ahí está el origen del mal), y entrevistar una gran cantidad de personas, hasta seguir una pista que se sostenga con la evidencia. Un trabajo de años.-

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La

trata humana en Puerto Rico es una

amenaza real Por Obed Betancourt

U

na grave amenaza se cierne sobre la seguridad de las niñas y niños, así como de las jóvenes en general y las mujeres. En los últimos años en Puerto Rico el flagelo de la pornografía infantil se ha enraizado tanto en la Isla que Immigration and Customs Enforcement (ICE), la segunda agencia de ley y orden más grande del gobierno federal, solo superada por el FBI, y bajo la sombrilla del Department of Homeland Security, ha sonado repetidamente la alarma de alerta a la población y ha denunciado un alza considerable y constante de esos delitos.

La trata humana nos ha devuelto de

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manera muy moderna y con el mismo horror, el problema de la esclavitud, pues es explotación sexual y trabajo forzado, e inclusive, extracción de órganos y mendicidad.

Además de los casos de producción de pornografía infantil y de transporte de menores con objetivos sexuales, las agencias federales se han encontrando con el tráfico de menores y jóvenes adultas como esclavas sexuales. Este es un delito que causa un temor distinto porque implica necesariamente organizaciones mafiosas de gran poder y violencia, y no solo de personas depravadas. Se ha asociado históricamente a las mafias

rusas en Estados Unidos y Europa con estos delitos. Al momento, ninguna agencia federal ha revelado que estas organizaciones criminales operen en la Isla, excepto en algunos niveles en el narcotráfico internacional con tangencias locales, pero sería difícil esperar que de alguna manera no estén vinculadas con estos delitos que han sido su especialidad. La revista Ley&Orden enfrentó un muro muy alto cuando intentó obtener información oficial en algunas agencias de ley que confirmara la presencia de estas organizaciones en la Isla.

No obstante, se pudo confirmar

Foto: © indi999

con una fuente (que hemos preferido mantener en el anonimato) que las agencias federales andan a la caza de negocios específicos que pueden estar involucrados en estos delitos. Ya existen unidades que investigan específicamente la trata humana y abuso de menores, y si están asociadas con organizaciones criminales internacionales. La revista Ley&Orden supo que las agencias federales mantienen en top secret, como se indicó, estas investigaciones. Más aún, se reveló a este medio que muchas agencias federales “hacen más de lo que se sabe” públicamente. La fuente señala que se ha hecho “trabajo preventivo” que

logra desarticular la posible comisión de delitos en la Isla. Es decir, que la guerra comienza incluso mucho antes de que lo sepamos, desarrollándose clandestinamente, en silencio.

Las organizaciones criminales también atentan contra la seguridad nacional, la estabilidad social y la financiera. Por eso son objeto de fuertes investigaciones, como se nos advierte, y cuyos resultados no siempre se conoce.

Eso incluye el crimen de trata de blancas y la pornografía infantil.

Puerto Rico no tiene estadísticas sobre el problema de trata humana.

Ha sido el mismo gobierno el que ha aceptado que no ha estado consciente ni preparado para lidiar con el problema, como revela en la exposición de motivos de la ley que aprobó en este cuatrienio legislación para incluir la trata humana, en cualquiera de sus modalidades, en la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (Ley 246 de 2011). La explotación infantil abarca desde la pornografía infantil cibernética, la pura explotación sexual, prostitución infantil y explotación laboral infantil.

Ahora es un asunto tanto del estado como de la familia, pues obliga a ambos a la prevención. Y sobretodo, debe quedar registrada esa modalidad de maltrato de menores en el Registro Central de Casos de Protección. Así, la trata humana de menores es maltrato, una forma de abuso sexual y maltrato institucional. Este delito debe ser investigado en conjunto por la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia, según la ley. La trata humana y la servidumbre involuntaria fueron tipificados como delito en el Código Penal de 2012.

En el 2010 se reveló el primer estudio sobre la trata de personas en Puerto Rico, auspiciado por la Fundación Ricky Martin. Este mostró que no hay información suficiente ni coherente sobre este problema, y las autoridades de ley y orden no enfrentaban el asunto desde una perspectiva integral y sincronizada.

En entrevista con el secretario de Justicia César Miranda, este reconoce,

como lo han hecho las agencias federales, que las mafias internacionales son consideradas riesgos a la seguridad nacional. Confirmó también que la trata humana es un problema muy cercano, con mafias que operan en el Caribe y otros países. “Vete aquí a nuestra hermana República Dominicana y tú vas a ver como están los rusos haciendo grandes inversiones y con todas las mismas circunstancias, y te vas a muchos países de Europa y los vas a encontrar.

Pero también están los chinos en el área de trata humana, que fueron de los que comenzaron inicialmente (en trabajo forzado) y en Europa se ha exportado desde África y otros países mano de obra bajo contratos que convierten a las personas en esclavos”. La Comisión Interamericana de Mujeres, adscrito a la Organización de Estados Americanos, calcula que hasta 70,000 mujeres dominicanas están en la prostitución fuera de su país.

“Nosotros estamos muy atentos a esto”, indica Miranda. “Estuvimos a punto de radicar un primer caso de trata humana, que es el caso donde se usó a una niña de nueve años como objeto sexual por un barrio entero que participó de orgías, con el consentimiento de la madre. Pero no se pudo radicar porque no hubo intercambio económico (uno de los elementos necesarios para que se configure el delito). No se pudo determinar que lo hubo. Tampoco hubo transporte (lo que lo hubiese convertido en un delito federal). Esos casos en que hubo transporte los hemos llevado en la federal. La trata humana conlleva un intercambio, es un negocio”, explica.

La visión que se ha tenido en la Isla hasta ahora sobre este problema ha sido equivocada. Inicialmente no se tuvo la suspicacia necesaria para ver qué otros niveles se escondía en la prostitución y en otros negocios semejantes. Ahora, a nivel mundial, ha resultado una epidemia.

“Los casos de prostitución nosotros los investigábamos exclusivamente como casos de prostitución. Hemos ido descubriendo que detrás de los negocios de prostitución puede darse la situación

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Autor de gráfico: leremy

de trata humana, que haya alguien que trajo a esta mujer. Hay que buscar ese delito en lo que es la prostitución.

Muchas veces uno entendía que ese negocio era un mero lugar de prostituirse, pero no es solamente así sino que detrás de esa mujer u hombre puede haber otra persona cobrando”, dice el titular de Justicia. Y no solo es un proxeneta, un delito que se persigue, sino que puede ser un problema de grandes dimensiones.

“Ahora (la trata humana) se recrudece en un tipo de esclavitud para mucha gente y se esta persiguiendo ya oficialmente, en Estados Unidos.

Estamos comenzando con ese tipo de delito”, agregó, y “hay que comenzar a mirar más profundamente. No lo mirábamos con la conciencia de que ese tipo de situación estuviese ocurriendo, pero definitivamente está ocurriendo.

Estamos trabajando muy de cerca con un fiscal federal en especial, en este caso Marshall Morgan, y estamos preparando a nuestros fiscales para que entiendan mejor el concepto y el delito de trata humana y como es que se da, y mirando en áreas donde de ordinario

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pensábamos que el delito era solo de prostitución sabiendo que detrás de esa gestión se puede estar cometiendo el delito de trata humana”.

La “Guía de la trata humana con fines de explotación”, que es un documento informativo sobre el problema de trata humana de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) con sede en Madrid, ubica a Puerto Rico como el segundo país en el mundo con la tasa más alta en pagar prostitución, con un 61%, después de Tailandia, con un 73% de personas que consumen sexo pagado. Le sigue España con 39%, Suiza, 19%, Austria con 15%, los Países Bajos, con 14% y Suecia con 13%. En el caso de Puerto Rico se indica que esta es una cifra atípica para América del Norte. El informe señala que el 85% de los beneficios económicos de la trata de personas es el comercio sexual.

Tailandia recibe unos 5.1 millones de turistas sexuales al año.

Homeland Security Investigations (HSI) igualmente le tiene el ojo puesto al llamado “turismo sexual”, mediante el cual niñas y niños son ofrecidos a

depredadores en todo el mundo.

En el año 2007 se creó en el Departamento de Justicia de Estados Unidos el Human Trafficking Prosecution Unit (HTPU) especializada en la investigación y procesamiento de estos delitos en un grupo de fiscales. La división investigativa de Immigration and Customs Enforcement (ICE), la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo, la Unidad de Trata de Personas del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, y el FBI, comparten esta responsabilidad.

La trata humana ya fue objeto de una convención de la Organización de las Naciones (ONU) Contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el año 2000. El Protocolo de Palermo, acogido por la ONU, para prevenir y sancionar la trata de personas, define este problema como “la captación, transporte, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

En el 2010 la ONU aprobó un plan de acción mundial y en el 2012 emitió un primer informe, según revela el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).

Y este perfil indica que entre el 55% y el 60% de los casos de trata de personas son mujeres las víctimas, mientras hay un aumento de niñas víctimas de este crimen, al constituir entre el 15% y el 20%. Los niños varones alcanzan hasta un 10% y los varones adultos llegan al 15%. La preocupación del estudio de la ONU es que el número de niñas víctimas va aumentando. La agencia ICE en Puerto Rico hace reiteradas llamadas

de alarma porque sus intervenciones aumentan cada día y las víctimas suelen ser niñas. De hecho, el estudio de la Organización de las Naciones Unidas encontró que dos de cada tres menores son niñas. En Europa y Asia Central el 16% de las víctimas son menores de edad, mayormente para la explotación sexual, así como en América, aunque la estadística alcanza el 68% en África y Oriente Medio, cuya modalidad suele ser el trabajo forzoso.

El IEPR indicó en el 2013 en una ponencia en el Senado, que “en América del Norte una tercera parte de las víctimas detectadas provienen de fuera de la región, principalmente de América Central y el Caribe”, y que “la mayoría de las víctimas detectadas en América eran mujeres. Los menores de edad representaron aproximadamente el 27% de las víctimas de trata detectadas en la región. El trabajo forzoso es común en América y representó el 44% de los casos de trata detectados. Poco más de la mitad de los casos detectados tenían que ver con fines de explotación sexual”.

Si bien este es básicamente un crimen cometido por hombres, la participación de las mujeres es más alta de lo esperado. El IEPR indica que, según la información obtenida, dos terceras partes de las personas procesadas por este delito en 50 países fueron varones.

La preocupación que ocupa entonces a las autoridades de estos países es que “la participación de mujeres es más elevada en este delito que en la mayoría de los otros. La mayor parte de los países registran unas tasas globales de delincuencia femenina inferiores al 15% para todos los delitos, con un promedio de aproximadamente 12%; en cambio, la proporción de mujeres entre los procesados y condenados por trata de personas es del 30%. Los análisis estadísticos indican que la participación de mujeres en el delito de trata es más frecuente en los casos de trata de niñas.

Los estudios cualitativos sugieren que las mujeres implicadas en la trata de personas suelen ocupar puestos de baja categoría en las redes de trata y desempeñar tareas que las exponen

a un mayor riesgo de ser detenidas y procesadas que el que corren los hombres involucrados en esas redes”.

En ese perfil del delincuente se resalta que su nacionalidad suele ser la del país.

Lo que llama la atención igualmente es que la participación de extranjeros, alrededor del 25%, es también la más alta comparada con cualquier otro delito.

Son esos extranjeros los que usualmente componen las redes internacionales, y lo que hace el delito más difícil de intervenir porque aportan los recursos cuantiosos y ocupan los puestos altos y más protegidos o de menos exposición, por tanto, no son los arrestados.

Por otro lado, lo que hace años formaba parte de las novelas y cine de ficción, hoy se revela como una horrible realidad. La trata humana sirve igualmente para extraerle los órganos a las personas y venderlos. Aunque es todavía el 0.2% de los casos, a lo que le temen las autoridades internacionales es a la amplia difusión que tienen estos.

Hace apenas unos años, el entonces director del FBI Robert S. Mueller III, advirtió (Citizens Crime Commission of New York, enero 2011) sobre el entramado de todas las organizaciones mafiosas en el mundo, y la manera en que cada día competían menos entre ellas y formaban más alianzas de negocios, entre ellos destacó a la trata humana. Señaló que no solo enfrentan las amenazas de los grupos terroristas, sino de las organizaciones criminales. En Puerto Rico las bandas están formadas básicamente por narcotraficantes violentos, sólo que estos han logrado refinar sus operaciones con complejas transacciones financieras, entre ellas negocios con apariencia legal, como refleja un reciente caso de la Fiscalía Federal del distrito de Puerto Rico.

Señaló que ahora no solo actúa la Cosa Nostra, sino grupos de Europa central y oriental, asiáticos, africanos y de oriente medio, anónimas y sofisticadas, en lo que llamó “polinización cruzada”, organizaciones que fueron históricamente enemigas y cuyos negocios conjuntos hoy día pudieran, de ser legítimos, aparecer en

la lista Fortune 500. Además del impacto económico que causa en los negocios legítimos y en la ciudadanía, el FBI está preocupado por el acceso que logran en los “gobiernos hostiles” e incluso con sectores terroristas, convirtiéndose en una amenaza a la seguridad nacional.

Por estas razones, las agencias federales, particularmente el FBI, han debido reinventarse para lidiar, no sólo con los aspectos criminales de estas organizaciones, sino dividir sus gestiones como agencias de seguridad nacional. No es casualidad que uno de los negocios del mayor mafioso del mundo, Simon Mogilevich, ruso, y en la lista de los más buscados por el FBI, sea la trata humana y la prostitución, entre otros negocios ilícitos.

Durante el 2014, el FBI abrió sobre 500 investigaciones de explotación sexual de niños y logró más de 350 convicciones de personas involucradas de distintas maneras, según datos de la página cibernética del FBI. Mientras, el FBI identificó a sobre 600 víctimas de trata de personas. Para las agencias federales, es una realidad que existe en Estados Unidos “la esclavitud moderna”, ese reconocimiento se promueve en el mes de enero, declarado Mes de la Prevención Nacional de la Esclavitud y el Tráfico Humano. El Departamento de Seguridad Nacional asegura que son “millones” las víctimas de las diversas modalidades de la trata humana.

La directora de ICE, Sarah Saldaña, reiteró tan reciente como el pasado mes de abril en una vista congresional sobre presupuesto, que uno de los esfuerzos de la agencia están dirigidos específicamente a investigar la trata humana y el tráfico de seres humanos. Una de sus divisiones, Homeland Security Investigations (HSI) desmanteló en el año fiscal 2014, 520 organizaciones trasnacionales, arrestó a 32,000 criminales y decomisó sobre 2.3 millones de libras de narcóticos, 20,000 armas, 720 millones en moneda y otros instrumentos monetarios. La agencia buscaba un incremento de $26 millones a su presupuesto de investigaciones de trata humana y tráfico humano.-

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Fotos: Bomnberos de PR

FORTALEZA, RESISTENCIA Y COORDINACION requisitos para ser un buen bombero

“inshape” en

forma

E

star en “buena forma” es un concepto amplio. Supone, sin embargo, tener buena salud y la capacidad de que nuestro cuerpo distribuya el oxígeno inhalado a los músculos en momentos en que se incremente la actividad física. Pero hay actividades que requieren de nuestro cuerpo capacidades específicas.

Sabemos que un corredor de maratones debe tener una capacidad de oxigenación muy profunda y que un corredor de 100 metros debe tener una tensa musculatura que le permita toda la explosividad que requiere esa especialidad. Mientras, un policía ciclista (lo vimos en la edición de enero 2015 de Ley&Orden) requiere de capacidades atléticas y alimenticias que le permitan cumplir con satisfacción sus particulares esfuerzos, distintas, por ejemplo, a las de un integrante de la Unidad de Operaciones Especiales.

La revista Ley&Orden conversó con el jefe del Cuerpo de Bomberos, de Puerto Rico, Ángel Crespo, para indagar sobre las capacidades que debe tener uno de los componentes más importantes del

sistema de emergencias. Los bomberos deben cargar un equipo de protección personal de hasta 75 libras, esto es: botas, pantalones y chaquetones especiales pesados, face hood, guantes y casco, más manguera, sierra de rescate, paila de espuma que pesa unas 45 libras y tener la capacidad de subir escaleras.

Tienen, muchas veces, que derribar puertas con sus herramientas, y con todo el calor que su equipo le produce, y peor, el que un incendio genera, también deben ser capaces de cargar a un ser humano de entre 150 y 200 libras que muy bien pudiese estar inconsciente.

No es necesario mucho más para concluir que un bombero requiere de fortaleza, resistencia y coordinación, y esa capacidad para el trabajo extremo se medirá cuando se sometan a una academia de tres meses, acuartelados, antes de cualificarse para ser bomberos de Puerto Rico.

El jefe Crespo busca que sus bomberos tengan estas cualidades. Indica que ahora se mide la capacidad del bombero para levantar un cuerpo, en proporción

a su peso, sin lastimar su propio organismo, y desplazarlo al menos 25 a 30 pies, hacia un área segura lejos del incendio. Ejecutar este acto requiere fortaleza y resistencia. En el examen de aptitud física al que se somete el bombero se medirá sincronización, fortaleza, resistencia y la capacidad para ejecutar una directriz bajo condiciones extremas, lo cual tendrá un componente de coordinación motora. Por ejemplo, un bombero que bajo condiciones altamente difíciles y tensas reciba una instrucción para que inmediatamente suba unas escaleras, deberá mostrar su entrenamiento coordinando, eficientemente sus pies al subir y sus manos al agarrar la baranda, de manera rítmica, sincronizada, y así evitará tropezarse. Esa capacidad se mide al entrar al entrenamiento.

Igualmente señala que, además de levantar pesas, ya hay bomberos haciendo CrossFit. Esta modalidad es el principal programa de acondicionamiento para muchas fuerzas policíacas y operaciones tácticas, fuerzas especiales militares.

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Igualmente los bomberos están haciendo ciclismo, y ya una treintena de ellos en el área oeste se han organizado para correr juntos. Igualmente, el Cuerpo de Bomberos lleva a cabo las “competencias bomberiles” en los que los integrantes de esa fuerza compiten en las distintas destrezas que le requiere la profesión.

El acondicionamiento físico en la academia de los bomberos es en la mañana y consiste en fortalecer el cuerpo mediante un entrenamiento rutinario, como push ups, cardio, etc.

No obstante, cada academia tiene unas particularidades. La aspiración de Crespo para sus bomberos es hacer un programa de entrenamiento cuasimilitar, con mucha formación física y disciplinada.

Próximamente, y por primera vez, el Cuerpo hará un examen, en circuito, para los aspirantes a sargento, un oficial de supervisión cuyas labores incluyen también entrar en acción de primera línea. Esta es una prueba similar a la que se le da a bomberos de algunos

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estados. La prueba se ha dividido en cinco estaciones que se deben completar, corrido, en no más de diez minutos. El trabajo bomberil requiere más de tenacidad y coordinación que de velocidad y explosividad. Es un trabajador que necesita una buena coordinación motora y la capacidad de seguir las instrucciones y los manuales de enseñanza, esto no solo protegerá su vida, sino que permitirá que su desempeño resulte en salvar vidas y propiedad. Los bomberos no corren, es contraproducente para sus condiciones de trabajo, como llevar puesto un equipo altamente denso y pesado, que las altas temperaturas de un incendio aumentarán.

Como parte del circuito, el candidato debe ponerse con rapidez y seguridad el equipo de protección personal, esto es, botas para combate de incendio estructural, pantalón bunker gear en fibra que tolera altas temperaturas, con tirantes, capa con todos sus broches, el face hood, que es un protector para el rostro, el capacete, los guantes y el

tanque de respiración autónoma.

La primera prueba que debe enfrentar el aspirante a sargento es la de “fuego de alta elevación”. En esta prueba el candidato subirá a un segundo nivel en una escalera diagonal. Tiene que subir 40 escalones con una manguera de 2.5 pulgadas de diámetro, de un peso aproximado de 20 libras. Las instrucciones aquí son específicas, no podrá saltarse ni un solo escalón mientras sube o baja. El paso seguro en cada escalón y la mano puesta sobre la baranda, evitarán accidentes en cada peldaño en su ascenso o descenso.

Cuando se mueva a la segunda estación no puede correr, sino que debe ir caminando apresurado y con firmeza.

Un bombero accidentado puede resultar catastrófico, tanto para él como para la gente que pretende ayudar. Al llegar abajo en este evento, el bombero debe dejar la manguera en el suelo, no puede arrojarla, aclara Crespo, sino que debe depositar el pistero en el suelo suave y rápidamente, y dirigirse inmediatamente a la segunda prueba.

La segunda estación es la “escalera vertical”. Aquí el bombero debe subir, peldaño a peldaño, con manos en la baranda y sincronizadamente para evitar accidentes, unos 40 escalones o 14 pies de altura, donde sus manos deben posicionarse finalmente en ángulo de 90 grados (es decir, rectas).

En ese momento debe mirar hacia abajo, donde el instructor le indicará las instrucciones sobre el siguiente paso.

Y entonces debe bajar con el mismo cuidado. El jefe Crespo advierte que no es gratuito que se les requiera mirar hacia abajo cuando llegue al tope de la escalera. El examen buscará problemas de vértigo o alguna fobia a las alturas.

Un aspirante a bombero pudiera no pasar el entrenamiento por este único factor. La profesión requiere este y otros riesgos, como trabajar en espacios cerrados, muy peligrosos, alta tensión, y otros.

Al bajar nuevamente de la escalera vertical, comienza la tercera fase, “despliegue de manguera”. El bombero toma una manguera, esta vez de 1.5 pulgadas de diámetro y 75 pies de largo, y se traslada unos 75 pies de longitud, donde la desplegará y realizará un disparo de chorro de agua, abriendo y cerrando el pistero. En esta estación, según ha sido diseñado el examen, el

bombero puede moverse rápidamente mientras hala la manguera para su despliegue. Nuevamente se le advierte que al terminar debe depositar la manguera en el suelo, no debe arrojarla pues el equipo puede dañarse.

Entonces se mueve a la cuarta estación, “rescate de víctima”. El bombero ya ha dejado la manguera en el piso y se mueve unos 20 pies hasta un punto donde encontrará un maniquí de aproximadamente 100 libras de peso.

A este momento ya el bombero debe comenzar a sentir fatiga o sentirse sin la fortaleza necesaria. Pero es entonces cuando debe echar mano de toda la fuerza acumulada porque rescatará una víctima y la trasladará a unos 75 pies de distancia del punto donde la recogió. La técnica para este rescate es, por la espalda, pasar los brazos por debajo de las axilas y engarzarlas al frente del pecho y halar a la víctima. Se camina, por supuesto de espaldas, y es importante nuevamente la sincronización para no tropezar. En ese caso, el bombero utilizará la fuerza de su espalda, sin embargo, sus piernas, al caminar de espaldas, serán su mayor fortaleza. Otra técnica utilizada es halándolo, con las dos manos, por el cuello de la vestimenta que tenga la víctima. El bombero será descalificado si agarra el maniquí con una sola mano

o por la cabeza.

Finalmente, un aspirante a sargento logrará su sueño cuando en la quinta estación, “traslado de equipo de extinción”, camine unos diez pies de longitud, donde tomará dos equipos utilizados para las tareas de extinción, estos son una paila de espuma de cinco galones que llega a pesar unas 45 libras y la sierra circular k-12, y los cargará a través de un tramo de 75 pies. Una vez más, no puede correr con el equipo, pero sí se permite caminar con la rapidez que pueda.

Si hace todo esto en diez minutos o menos, sin violar las instrucciones impartidas, pasa el examen y demuestra que tiene la fortaleza, la resistencia y coordinación suficientes para ejecutar sus nuevas labores.

Crespo señala que una buena alimentación debe consistir en la cantidad de carbohidratos complejos y proteína adecuados. Entiende que una dieta desbalanceada, por ejemplo, demasiados carbohidratos, o proteína en exceso con pocos hidratos de carbono, compromete la ejecución del bombero.

Igualmente es indispensable que los bomberos se mantengan hidratados en todo momento, tanto en los ejercicios como en la línea de acción.-

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motiva es lo que la

Ayudar

mujeres en uniforme

Rosa Emilia

Rodríguez Fiscal de Distrito del Departamento de Justicia Federal

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D

ejó de pensar en su sueño inicial de ser cirujana para evitar el contacto con la sangre. Años después, como fiscal estatal, no pudo evitar ese contacto en las escenas del crimen. Hoy en día, a la fiscal federal del distrito de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, no le tiemblan las manos a la hora de extirpar el melanoma de la criminalidad que padece la piel social de Puerto Rico.

“La sangre me estaba buscando y me encontró”, dice en broma y en serio al contar su historia sobre sus primeras aspiraciones profesionales. “En un momento dado pensé que ver sangre no era lo mío, después me nombran fiscal y estaba levantando cadáveres bastantes feos, con sangre y todo eso. Así es la vida”, dice, como quien acepta la inevitabilidad de su destino.

A esta sanjuanera de toda la vida, típica porque prefiere por mucho las playas al campo y es graduada de la Academia Perpetuo Socorro, un icono de la educación privada en la Capital, el servicio público la atrapó desde el primer día, no las luces titilantes de los grandes bufetes de abogados ni el lucrativo

mundo del comercio, profesión de su padre al que su madre apoyaba con una mente tan financiera como protectora. En entrevista con la revista Ley&Orden, la fiscal federal cuenta que su madre de a poco guardaba alguna parte del dinero generado por el comercio en vez de reinvertirlo, como suele hacerse. La madre estaba determinaba a que Rosa Emilia estudiase una carrera profesional y necesitaba disponer de lo necesario, pues el padre tenía 56 años de edad cuando nació esta, su tercera y más pequeña hija, su madre tenía 38 y había que precaver.

Graduada de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, luego de un bachillerato en lo que es hoy la Universidad del Sagrado Corazón, y una maestría en Justicia Criminal, también de la Interamericana, antes de ser fiscal estatal y luego federal tuvo una experiencia que le aportó la sensibilidad y el conocimiento necesarios para ver en qué momento germinaba la desviada conducta de los delincuentes.

Al trabajar en un centro de servicios legales para menores, en los que defendió menores indigentes acusados criminalmente,

vio el camino que a muchos de ellos les esperaba y la necesidad de fomentar los programas sociales que evitaran que estos jóvenes pasaran la raya a edades muy tempranas. No obstante, todavía, “por los delitos que se están cometiendo, veo que cada vez hay personas más jóvenes acusadas”. Y algunos hasta menores que tendrán que ser juzgados como adultos por la naturaleza de sus crímenes.

En estos días “hay una sensibilidad más grande para resolver los problemas” a esa etapa temprana, indica. “Es una situación a la que cada día se le debe dar más atención”, y aclaró que desconoce al detalle los programas que existen actualmente, así que no comenta más allá de indicar que hay un problema y que el estado es sensible a él. No quiere que se entienda que hace una crítica, así que se extiende en su explicación. La fiscal federal ha tenido una fuerte voz contra la delincuencia, y muchas veces, al ser del sistema federal, sus comentarios han sido interpretados desde la esfera estatal como una intromisión, una crítica. Es un delicado balance lo que permite que el sistema federado

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ruede sin demasiados contratiempos.

Y la ayuda mutua en varias áreas es esencial. Algunos jueces federales han sido fuertes desde sus estrados contra el sistema estatal de justicia y han movido a la defensa a los locales. La fiscal federal prefiere recalcar los convenios de trabajo entre ambos sistemas y agradecer el esfuerzo conjunto para ir bajando los niveles de criminalidad, particularmente los asesinatos, desde una idea concebida en su oficina en el 2011 y que ya da resultados.

Si bien se exhibe severa en sus conferencias de prensa, amenazante para algunos, en la entrevista con Ley&Orden luce relajada y el tono de su voz no muestra esa grave seriedad que la caracteriza, sino que deja fluir las palabras, sin demasiado cuidado y con mirada menos intimidante. Inclusive ríe.

Si esta entrevista se hubiese realizado entre las décadas del 60 y el 70, la primera pregunta -obligada- que hubiese hecho a la entrevistada es de qué símbolo astrológico es. Es increíble que nadie cree en estas cosas, pero todos conocemos no sólo de qué signo somos, sino todas sus características. Pues bien, la fiscal federal es del signo Acuario. La nueva era de Acuario comenzó en el 2010 y se le asocia con inundaciones y el crecimiento imbatible del nivel del mar.

Este es el momento para esta acuariana cuyo cumpleaños celebró en enero. Ella es la fiscal federal desde el 2006, y en junio cumplió nueve años en el puesto.

Por supuesto que ríe cuando algunas preguntas se dirigen en esa dirección.

Leerá de vez en cuando el horóscopo, como todo el mundo, y también, como todo el mundo, poco caso le hará.

Es sólo una distracción que relaja, entretiene momentáneamente, pues qué puede importar que este signo esté asociado en el calendario de Babilonia al mes destructor y al diluvio universal, a Ramman, dios de la tormenta, y a Odiseo (y la vuelta en barco a su reino en Itaca después de la guerra de Troya), así como a la amistad, lo no convencional, la democracia, y sobre todo, a ayudar, por muy testarudos y fuertes que los describa el horóscopo.

Prefiere entretenerse con la lectura,

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entre ellos precisamente libros sobre inversiones y de cocina, para la que tiene buenas manos y practica asiduamente la comida italiana, la criolla, como el bistec encebollado, también destaca sus papas scallops y el quiche, entre otras recetas.

Recientemente mandó a pedir unos buenos cuchillos japoneses y alemanes, con los que con cirujana precisión logrará buenos cortes de carnes para sus BBQ y hasta presumir con vegetales en corte Juliana y crear sus smoothies de frutas y vegetales. Para los profesionales que trabajan muchas horas, cocinar puede ser precisamente el momento de más relajación de un complicado día.

Nada vence a esa concentración que se genera al preparar con entusiasmo los alimentos, ni siquiera los recuerdos de las dificultades en el trabajo. Excepto, quizá, jugar tenis, un deporte que practicó con aplicación, aunque reconoce que nunca descolló.

En la entrevista con Ley&Orden la fiscal revela otras características de su personalidad. Afirma que en su vida su deseo siempre ha sido ayudar. “Lo que siempre quise fue ayudar, en alguna forma u otra. Y ha sido una satisfacción haber ayudado en diferentes facetas de mi vida”, dice con claridad. Ese deseo de ayudar ya lo vio en sus padres. “Ellos ayudaban a toda la familia, que fue numerosa”. Esta puertorriqueña de la capital vivió lo que toda la sociedad en Puerto Rico, el fraccionamiento de la familia o la diáspora, pues una buena parte de sus familiares se fueron al frío Nueva York. Hoy en día sabemos que esa diáspora continúa, aunque con destinos más templados, como Florida.

Sin embargo, afirma que más que los números, es más importante “la calidad de las personas que todavía quedan”, y la relación cercana que puedan permitirse para ayudarse. La fiscal federal cree que las amistades pueden llegar a ser “la familia extendida” que brinde ese apoyo necesario para sobrevivir las difíciles circunstancias que vive el país. Y en ese sentido, señala, también los maestros deben desempeñar un papel importante de prevención en esos niños que pueden estar dejados de la mano de sus padres.

Asimismo, cree que las alianzas que

establece el estado con las organizaciones civiles son de gran importancia. Destaca, por ejemplo, la labor social de Alianza para un Puerto Rico sin Drogas. “Es un programa extraordinario. Con lo que ellos tienen de presupuesto hacen maravillas”, indica. “Creo que todos los que estamos en esta oficina tenemos esa forma de pensar, queremos ayudar”, resume.

Todavía habla pausadamente, con buena dicción y ese tono de voz un poco grave, sin serlo demasiado, que todos conocen en Puerto Rico por sus frecuentes conferencias de prensa en las que, irrenunciablemente, anuncia el arresto de personas a las que su oficina les someterá diversos delitos. Igualmente, al final de ellas hace la salvedad de que toda persona se presume inocente hasta que en un juicio por jurado se decida su culpabilidad, una aclaración necesaria para que los ciudadanos recuerden que es responsabilidad del estado probar con evidencia que esté más allá de duda razonable la culpabilidad de los acusados. Y que una acusación no equivale a una convicción.

Tiene en su oficina un cuadro del árbol de la vida del pintor puertorriqueño Rubén Ríos. Arriba de estante de su escritorio colecciona las gorras con emblemas de las agencias de ley y orden federales. Son muchas gorras.

Su carrera continuó como fiscal estatal en el 1979 y en el 1987 entró al servicio federal, donde permanece. No parece haber grandes contratiempos.

Pero entonces revela que ha sido con grandes esfuerzos, porque nadie le ha regalado nada. No vio la mano fea del discrimen sobre ella, haciéndole malas jugadas en ese mundo de ley y orden en que predominaban los hombres, pero sí existía y se reflejaba en el trato. Entre las anécdotas que reflejan la cultura de la época, cuenta cuando un abogado le preguntó por qué ella era fiscal y no mejor trabajaba de modelo o aeromoza.

“En aquella época yo lo tomé como un cumplido, pero hoy en día eso rayaría en sexismo”, indica la fiscal, quien siempre ha estado muy segura de sus habilidades. Otro momento fue cuando el abogado se iba de la sala del tribunal

“Mi carrera fue por los méritos, por todo lo que trabajé. Si en ese sentido es fácil…

Cuando uno mira hacia atrás es más fácil ver una carrera que cuando la está creando con el trabajo diario.” y esperaba que se presentara el fiscal, sin reconocer que ya la fiscal -ella- estaba en sala. “Ay perdóneme, es que yo creía que el fiscal era un hombre”. Peor aún fue cuando un reconocido abogado y legislador la insultó en un acercamiento al juez al indicar que no permitiría que “esta fiscalita me diga cómo hacer las cosas. Le respondí al abogado que no iba a permitir que me faltara al respeto, y le dije al juez que en lo único en que el abogado y yo nos parecemos es que ambos nos secamos el pelo con blower”.

Tiene humor la fiscal, mordaz.

Cuando llegó a la división criminal de la Fiscal Federal había siete fiscales y ella era la única mujer. Posteriormente fue ascendida a supervisora y llegó a dirigir la división civil, fue jefa de administración y se involucró en la computarización de los trabajos, entre ellos logró que las herramientas tecnológicas sirvieran de apoyo a la litigación, un aspecto importante que a estas alturas sería inconcebible no tenerlas.

Su ascenso fue sin pausa, pero insiste en que no fue fácil. “Mi carrera fue por los méritos, por todo lo que trabajé. Si en ese sentido es fácil… cuando uno mira hacia atrás es más fácil ver una carrera que cuando la está creando con el trabajo diario. Tuve la suerte que tuve una mamá que me decía ‘estudia, estudia’, que eso es lo que te va a llevar bien lejos. Bueno, los niños aprenden de sus padres, de lo que dicen y hacen.

Mirar hacia atrás es fácil y decir que todo eso cuadró, pero Dios tuvo mucho que ver y el trabajo que me permitió hacer.

Siento que se me reconoció ese trabajo”, y acepta que mucha gente trabaja de igual manera, con el infortunio de que no se les reconoce ese esfuerzo.

Es una carrera que, si bien sacrificada, ha logrado balancear con algunas estrategias. Medita, escucha música clásica, baladas, es fanática de Glenn Monroig y la música brasileña. Y de más joven bailaba merengue y disco.

De hecho, recuerda muy bien al famoso cantante Barry White y a Donna Summer. Y si bien no es de ir a misa todos los domingos, se describe católica. Dice que honra a Dios en la forma en que vive su vida, “no le quiero hacer daño nunca a nadie” y ejerce su liderato en la fiscalía de forma “bondadosa”, apuntando que es amistosa con los empleados, busca que estos se capaciten y les reconoce su esfuerzo. “A mí se me reconoce, pero aquí hay 130 empleados que también son héroes del trabajo… todo el mundo agradece un reconocimiento”, dice al darle una mirada a la naturaleza humana. En el día a día los fiscales ven cosas de esa naturaleza humana, muchas veces cosas sórdidas de esa naturaleza.

Una pregunta necesaria es qué casos le satisfacen, la respuesta obligada es decir que son demasiados. Pero se decide por dos casos interesantes. Cuando fue fiscal estatal procesó a una persona que

mató de un disparo a un supervisor de seguridad del antiguo Hotel Palace, en Condado. Acusó al jefe de seguridad del mismo hotel por ordenar esa muerte.

El abogado del acusado fue el conocido político Nicolás Nogueras. “Fue un caso con muchos retos”, dice. El juez fue el no menos conocido Hiram Torres Rigual. “Muchas cosas sucedieron, los planetas se alinearon”, dice. Otro caso en el que intervino es el llamado “caso del canadiense” asesinado Adam Joel Anghang Uster, de cuya muerte se acusó en el foro estatal a la persona equivocada.

“Logramos excarcelar a un inocente luego de hacer una investigación más a fondo. Sacamos a un joven de la cárcel donde iba a pasar el resto de su vida. Y gracias a la investigación del FBI y de esta oficina se pudo exculpar”. El verdadero culpable aceptó su crimen en el foro federal y se espera que de un momento a otro, más personas enfrenten juicio en este caso, entre ellos la esposa del canadiense Aurea Vázquez Rijos porque alegadamente contrató esa muerte. “Es el elemento humano la parte que siempre a mi me importa”, afirma. La fiscal federal se niega a presentar este caso como un sistema que corrige al otro, en este caso el federal al estatal. “Pudo haber sido a la inversa. Podría haber pasado. No me gusta hablar de nosotros versus ellos”. Sí acepta que hay unos contrapesos que el sistema permite para revisar errores en la justicia. Aunque acepta que fue una

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Foto: Ricardo Castrodad para el U.S. Coast Guard

justicia fallida inicialmente, cree que “se vio la luz rápido”.

“De verdad que aquí hemos tenido unos casos extraordinarios. Y los que están por venir yo espero que sean igual de extraordinarios. Casos importantes en el sentido de que ayuden a nuestra comunidad”. Y entre ellos destaca los casos de corrupción gubernamental, un delito que mina la confianza que ha puesto la sociedad en las personas e instituciones elegidas para que la representen y rijan su destino. Uno de los problemas que causa la corrupción de gobierno es que le crea problemas de legitimidad a las instituciones, pues dichos sectores delincuentes terminan por representar ilegalmente intereses privados y los suyos propios y defraudan el interés público. En este momento mantiene activas esas investigaciones, que no han estado exentas de fricción con la jurisdicción estatal porque a esta se le ve leniente. La fiscal federal tiene su propia visión del asunto. “Creo que tienen mucha burocracia, en el sentido que tienen que someter los casos al

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fiscal especial independiente. Y es una organización muy buena y hace su trabajo, pero ahí se pierde mucho (tiempo), porque si fueran a Justicia directamente creo que se tardaría menos, pero ahora tiene (el Departamento de Justicia estatal) que hacer una investigación preliminar, preparar un informe y después referirlo al Panel, y eso socava mucho la eficiencia del sistema en ese aspecto. Pero, por otro lado, le da más credibilidad, por eso se creó el Panel del Fiscal Especial Independiente, para darle credibilidad a los casos, y no sea esta una cuestión política, primero contra un partido y después contra otro. Así que es un balance. Pero no es que no lo hagan bien y no es que no quieran hacerlo. Es que creo que el mismo sistema no ayuda.

Pero sí sé que hay una conciencia mayor de parte del secretario de justicia actual, Cesar Miranda, en cuanto a esos casos”, afirma.

Son notables las diferencias entre el ejercicio de los fiscales federales y los estatales. “En cuanto a cómo se hace el trabajo, los fiscales estatales tienen que

coger en un día 30, 40 casos. No tienen mucho tiempo para prepararse y en la noche anterior a veces le dan los files, y a veces no. El fiscal estatal empieza con un caso casi desde el arresto, no necesariamente, a veces se asigna a otro fiscal pero la mayor parte de las veces, excepto si es una especialidad, por ejemplo un caso de cuello blanco que lo coge el turno”. Los fiscales federales no están tan saturados y el caso que ellos investigan desde sus inicios, lo litigan.

Además, el apoyo de los investigadores, sea el FBI, ICE, DEA o cualquier otro es muy cercano.

“Aprovecho para decirle que tenemos unas unidades nuevas y unos fiscales supervisores nuevos. La fiscal María Domínguez se fue y he nombrado como subjefe de la oficina al fiscal Timothy Henwood; cambié a la fiscal Jennifer Hernández de Narcóticos a Crímenes Violentos, y el fiscal José Capó (no está relacionado con el fiscal general estatal del mismo nombre) pasó de Crímenes Violentos a Crímenes Financieros y Corrupción Pública, que es una unidad

nueva. Ya había creado la unidad RICO, que investiga y somete casos de RICO Act, que envuelvan asesinato y otros delitos de crimen organizado. En Puerto Rico el crimen organizado es básicamente las gangas de narcotráfico”.

Estas organizaciones son investigadas a través del programa Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF), que opera en todo Estados Unidos y Puerto Rico. Esta investiga organizaciones de narcotráfico internacionales, “especialmente de Venezuela, Perú, obviamente Colombia, organizaciones que tienen conexiones aquí en Puerto Rico, la República Dominicana, Estados Unidos, brega con narcotráfico y organizaciones de crimen organizado”. “Para bien o para mal”, dice la entrevistada, la ubicación geográfica estratégica de Puerto Rico entre América del Sur y Estados Unidos y al lado de la República Dominicana “la hace ideal para el narcotráfico”. Este task force se creó en el 1982 como un instrumento central del Department Of Justice (DOJ) para combatir el suplido de drogas a Estados Unidos y el lavado de dinero producto del narcotráfico. Desde entonces ha confiscado en todo Estados Unidos sobre 3 billones de dólares en propiedades y efectivo, y sentenciado a sobre 44,000 personas, revela el propio programa a nivel central.

“Creo que estamos en una época bien importante. Un ejemplo de poder utilizar los recursos más eficientemente lo estamos ahora llevando a cabo. Se lo puedo explicar, es el task force que tenemos de armas ilegales. Aquí hay recursos estatales y federales y estamos teniendo un éxito extraordinario, y hemos podido bajar el crimen ahora en el 2015, que comenzó a finales del 2011. Comenzamos con armas de fuego y reducción de violencia. El concepto es bien básico. Esa iniciativa se pensó en esta oficina, con fiscales supervisores de esta oficina y con esta servidora.

Y nos preguntamos cómo podemos bajar la incidencia del crimen violento.

Teníamos una iniciativa que se había comenzado en Ponce en el año 2006. Y mira lo que es la vida, por casualidad en

Ponce empezamos a coger a las personas con delito previo grave que estaban en posesión de armas de fuego. Y para esos meses bajaron los asesinatos en Ponce”. La fiscal federal indica que el origen de esas intervenciones fue buscar información, fuentes, cooperadores, es decir, fue una estrategia de inteligencia criminal. Pero ante los buenos resultados, implantaron por un año la iniciativa en cinco distritos en Puerto Rico. Y todas las agencias federales se unieron, incluso policías y fiscales estatales.

“Somos unos de los distritos que más resultados tenemos. Obviamente, algunas son investigaciones que no podemos revelar pero estamos tratando de enfatizar también, y hay una unidad de eso, de lavado de dinero, y traer este aspecto financiero a las acusaciones”, explica.

“Mire por qué es importante y por qué funciona. En Puerto Rico hay un derecho constitucional a fianza. Y sin criticar ese derecho, que es constitucional y obviamente tiene su razón de ser, pues nosotros en la federal no lo tenemos”.

Dice que en la federal hay unos índices que señalarían a una persona con arma de fuego como involucrada con violencia y riesgo de fuga. Y los magistrados tienden, probablemente, cuando se coge a una persona bajo esta iniciativa, a detenerlo. “Y encontramos estatutos (en el código federal) que aplican a muchas situaciones aquí. Si usted está a 1,000 pies de una escuela y tiene ilegalmente un arma de fuego”, y así por el estilo, y si está con drogas, “y ahí empezamos a arrestar gente, San Juan, Bayamón, Carolina, Caguas, Ponce. Y empezamos a ver que un por ciento bien alto se detenía y otros se mantenían bajo otras condiciones restrictivas y empezamos a ver resultados, y entonces usted ha visto que estamos añadiendo distritos y ahora es todo Puerto Rico”.

La fiscal federal recalca que la ayuda del gobierno estatal ha sido esencial al autorizar la participación de sus recursos en esta iniciativa. Se le pregunta si no ve aquí cierta sustitución de las funciones estatales por parte del gobierno federal.

“No, porque tenemos fiscales y policías

estatales y se ven en el tribunal federal”.

Igualmente se le pregunta si ese tipo de acuerdo se da mucho en los estados. “Mi contestación es que no creo, no estoy segura. Puerto Rico es único, en otros estados no hay el nivel de asesinatos ni el nivel de violencia que había en Puerto Rico. Ha bajado”. Vuelve y aclara que “hay mucha cooperación (en otros estados) pero no sé si al nivel” que en Puerto Rico.

También se niega a comparar la eficiencia de las otras jurisdicciones estatales con las de Puerto Rico. La fiscal federal no quiere herir sensibilidades y prefiere ser correcta políticamente. “No quiero decir nada, porque de verdad que estamos muy contentos con la cooperación… Lo que se ha reducido, y es lo que nos preocupaba, son los asesinatos”. Y sobre todo las masacres, especifica.

“Imagínese si no nos tuvieran”, me salta al recuerdo esas expresiones de la fiscal federal hace unos años (en las que cita un famoso anuncio de una cooperativa), cuando ahora se enorgullece de sus iniciativas. Y así mismo se lo recuerdo.

Pero niega esas expresiones, al menos en la forma en que fue citada por la prensa. “Yo dije: ‘la jurisdicción estatal y federal. Imagínese si no nos tuvieran’.

Pero le convenía a la prensa poner como si yo me las estuviera echando sola”. Sin embargo, no noto que sienta resquemor por haber sido citada fuera de contexto. Sabe que son cosas que pasan, anécdotas del trabajo, y no disminuirán su esfuerzo. Siente orgullo por haber “ayudado” a disminuir la criminalidad y a imponer decencia en los manejos de la cosa pública. Ese es su deber contraído y así cree haberlo ejecutado. Pero como hemos visto, no es el único aspecto de la famosa fiscal federal. Ninguna persona es solo lo que hace, sino lo que añora, lo que sabe, lo que la hace soñar y lo que la hace emocionar. En mucha gente, son estos aspectos los que redondean su personalidad y dan un marco más justo para su comprensión.-

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Criminales al volante

Accidentes de tránsito cuestan billones de dólares a la economía Por Obed Betancourt Foto: ©lzf

L

os accidentes de tránsito le cuestan $3.1 billones de dólares a la economía de Puerto Rico, estima el National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). La cifra parece exagerada, pero es cierta, sostiene José A. Delgado, director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST).

Los 2.8 millones de vehículos que transitan las casi 17,000 millas de vías de rodaje de la Isla no serían el origen del problema, como sí lo es la negligencia al conducir. Una ironía, si se tiene en cuenta que Puerto Rico fue pionero en medidas de seguridad en todo Estados Unidos al requerir el uso del cinturón de seguridad en el 1974.

“Esta es una proyección de la NHTSA para el año 2012 basado no solo en el costo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACCA), que sí se toma en cuenta, y es de alrededor de $1,300 por persona, ese es un costo, pero cuando el jefe o jefa de familia, el esposo o la esposa choca y está herido, está en el hospital y lo paga la ACAA, entran otros costos, los días en que está ausente debido al choque los paga el patrono. Y no se contabiliza solo el salario, sino la pérdida de producción.

Pero también faltan al trabajo los familiares, sea esposa, esposo, hijos, por el accidente, cuando los llevan a las terapias, tiempo que también cubren los patronos y en los que hay pérdida de producción, el pago overtime que se hace a otros empleados por el empleado que chocó. También se mide los costos de los vehículos accidentados, las vallas que chocó, postes u otros objetos cuyos costos pueden ser calculados, y hasta los costos funerarios”, explica Delgado.

“Mi misión aquí es que no haya muertos en las carreteras”, afirma. “Y es doloroso”, dice, pero tiene que aceptar que además de lo terrible que es para la familia y amigos cuando muere una persona en un accidente de tránsito, hay estos costos económicos que inciden. Esos costos incluso impactan a la familia cuando muere un proveedor.

Delgado se refiere a la muerte reciente del baloncelista Corky Ortiz y su hijo de cinco años, cuando su pequeño auto fue golpeado de frente por una guagua marca Hummer. “Se dice que en ocasiones los vivos les cerramos los ojos a los muertos. Pero en otras ocasiones los muertos nos abren los ojos a los vivos. Este choque recorrió los rincones del mundo a través de las redes y hubo clamor para que se esclareciera”.

En este caso se alega, sin entrar en los asuntos investigativos ni judiciales, que la persona hacía

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“El criminal más notorio que tenemos en las carreteras es el conductor ebrio”, indicaba en otros años, pero el mal uso del teléfono proyecta sustituirlo.

José A. Delgado

Director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito

Noticias uso de unos medicamentos recetados. Delgado observa que es importante que las personas sepan qué medicinas toman y cómo eso puede afectar sus condiciones motoras durante la conducción de un vehículo. Este es un tema que precisamente el director ejecutivo de la CST quiere promover, en vista de que científicamente es posible analizar dichas prescripciones y saber si se han violado las recomendaciones farmacéuticas. “Hubo que hacerle unas pruebas (al causante del choque), que en Puerto Rico no son mandatorias, para poder determinar que, si no hubo alcohol, qué había en ese organismo”. Delgado cree que hay jurisdicciones en Estados Unidos que ordenan ese análisis específico y que Puerto Rico debe considerarla. Por otro lado, informa que ya se están perfeccionado instrumentos que, al momento, detectan sustancias ilegales en el organismo, como la marihuana.

A Delgado le cuesta llamarle “accidentes” a todos los choques y muertes en las carreteras. “Esa es una palabra que debemos erradicar”, dice. Gran parte de ellos se debe al descuido que muestra el conductor, al guiar mientras textea o habla por el celular, borrachos o bajo efectos de drogas ilegales, a veces legales, o por el cansancio que rinde al conductor y este no toma medidas. Todavía recuerda lo que llama “la Masacre de Prado”, en el que un conductor negligente arrolló y mató a seis personas en enero de 2013. No descarta que algunos accidentes se deban a situaciones fuera del control del conductor, tal vez a desperfectos mecánicos, pero son los menos.

Delgado, sin embargo, cree que este año la Isla podría tener menos de 300 muertes causadas por accidentes de tránsito. En el

1987 hubo 648 muertos. Ya para el 2012 hubo 366, en el 2013, 344 y en el 2014 unos 304. El problema ahora es que van cambiando las causas. Ahora el nuevo problema es el celular, y por supuesto la velocidad al conducir. En la época de Navidad el alcohol continúa siendo un verdadero dolor de cabeza. “El criminal más notorio que tenemos en las carreteras es el conductor ebrio”, indicaba en otros años, pero el mal uso del teléfono proyecta sustituirlo.

Por otro lado, desde la aprobación en enero de la ley que tipifica como delito el hit and run y provee para sus penas, los mismos se incrementaron, aunque fuera momentáneamente.

Afortunadamente, agregó, la Policía ha sido diligente en esclarecer la mayoría de estos casos, en parte por los sistemas electrónicos de vigilancia y por la conciencia de la ciudadanía. Delgado es defensor de los sistemas electrónicos de vigilancia para prevenir y castigar a los que cometen violaciones a las leyes de tránsito, que en Puerto Rico cuestan vidas. Igualmente cree que se debe bajar el .08 por ciento de alcohol permitido en la sangre para conducir.

Las campañas, mediáticas, de control en las carreteras, se mantienen activas todo el año, pero con mensajes específicos, sea la velocidad, como es la campaña de verano, el uso inadecuado del celular, o el alcohol en esa época de paz y contemplación que es la Navidad, uso del cinturón o las sillas para los bebés y niños.

A Delgado no le cabe la menor duda de que la legislación de Puerto Rico para proteger conductores y peatones es de avanzada, sin embargo, piensa que las personas tienen que decidirse a hacer efectiva esa legislación. Muchas víctimas de accidentes de tránsito se han convertido en portavoces activos de esas campañas de concienciación.-

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Cabo Rojo

busca reforzar

policía municipal su

Por ISEP

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E

l Hon. Roberto “Bobby” Ramírez, alcalde del Municipio Autónomo de Cabo Rojo, ha considerado llevar a cabo un proceso de reclutamiento de policías municipales. El pasado mes de febrero parte del equipo de trabajo del Instituto de Seguridad y Protección (ISEP) estuvo presente en una orientación donde asistieron más de 70 personas.

El comisionado Erick Vega, ofreció información sobre el proceso de reclutamiento que estarán realizando, y enfatizó que ISEP es la alternativa más viable para quien no cumpla con los requisitos de tener un grado académico al momento de solicitar empleo como policía municipal. Como resultado, se obtuvieron 37 prospectos para la matrícula que dió inicio el 20 de marzo de 2015.

“Me complace saber que, por la naturaleza y distinción de nuestra oferta académica, ISEP es reconocido por los municipios como una herramienta de conocimiento vital, requerida para la aspiración a empleos en agencias de seguridad y protección”, expresó el director ejecutivo de ISEP, Jorge Saldaña.-

E Cadetes de

PUERTO RICO YOUTH CHALLENGE ACADEMY

ISEP

seleccionan a como primera alternativa para iniciar sus estudios universitarios Por ISEP

ISEP al día

l pasado febrero el Instituto de Seguridad y Protección (ISEP) dijo presente en la Feria de Oportunidades Educativas llevada a cabo en el Coliseo Salvador Dijols de Ponce, donde varias universidades se dieron cita con el propósito de ofrecer orientación sobre las diferentes alternativas de estudio, dirigida a los Cadetes de la Clase 15-01 de Puerto Rico Youth Challenge Academy (Programa Challenge).

El Programa Challenge es un programa de la Guardia Nacional de Puerto Rico ubicado en el Fuerte Allen de Juana Díaz, establecido desde 1999. Su propósito es educar a jóvenes de 16 a 18 años de edad (que son, o están en riesgo de convertirse en desertores escolares) en un ambiente funcional de disciplina cuasi-militar. A la fecha de hoy, han logrado que más de 3,000 jóvenes puertorriqueños se gradúen de cuarto año en un periodo de 22 semanas (seis meses) y continúen sus estudios o comiencen a laborar.

“Los resultados de esta actividad han sido excelentes. Hemos prospectado alrededor de 237 cadetes quienes mostraron gran interés en iniciar sus estudios conducentes a un bachillerato en Justicia Penal con énfasis en Seguridad y Protección. Estaremos trabajando para que éstos puedan oficializar su matrícula en los próximos términos académicos que darán inicio el 20 de marzo, verano y agosto de 2015”, expresó el director ejecutivo de ISEP, Jorge Saldaña.-

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h c e T HighBastaYa Crime Report Por BastaYaPR, Inc.

-App para reportar incidentes de seguridad pública a designadas agencias de seguridad pública.

TransitoPR

Por Carlos J. Vadi

-Aquí podrás encontrar toda la información del tránsito de Puerto Rico en la palma de tu mano.

Asis Tel

Por PCG

-App que permite localizar y contactar de inmediato estaciones de policía municipales y estatales a través de Puerto Rico.

CodeRED Mobile Alert Por Emergency Communications Network,

MobilePatrol Por Appriss, Inc.

-MobilePatrol conecta al usuario con información importante, noticias y alertas críticas sobre lugares de interés.

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Los suscriptores reciben notificaciones e información de incidentes y situaciones de emergencia.

1 0 App s

La Rama Judicial de Puerto Rico

p a r a iP h o n e y A n d r o id

Por La Rama Judicial de Puerto Rico

-Accede información de La Rama Judicial a través de tu dispositivo móvil de forma ágil y sencilla.

US Cop

Por App Holdings

-App ofrece información y recursos que cualquier oficial de orden público puede necesitar.

Derechos PR

Por Norman Ortiz

-App que permite educar sobre los derechos que nos cobijan en situaciones de la vida diaria, y, a su vez, servir de enlace entre la ciudadanía y el sistema de justicia.

PRGOV

Por Andres Colón

SafeTrek

-Mediante la misma podrá solicitar y validar, entre otros servicios, los nuevos Certificados de Antecedentes Penales de la Policía.

-App que permite al usuario ser proactivo en su seguridad reduciendo la brecha para conectarse con el sistema 9-1-1 en situaciones de emergencia.

© madpixblue

Por SafeTrek, Inc.

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Versatilidad

Extrema

Versión original en inglés por Kraig Becker

A

penas unos días antes de partir hacia Ecuador, me fue inesperadamente entregada una caja a mi puerta. Como en realidad no esperaba nada, no estaba seguro de cual podía ser su contenido. La abrí para descubrir varios excelentes artículos de 5.11 Tactical, una compañía que hace muy buena ropa y demás artículos para quienes son amantes de las actividades al aire libre, personal militar y agentes de seguridad pública. Aunque no todo el equipo era apropiado para mi viaje a Sur América, inmediatamente metí los pantalones Stryke Pants a mi backpack, pensando que Ecuador sería un lugar perfecto para ponerlos a prueba. No me tomó mucho darme cuenta de que fue una buena decisión llevarlos, y más aún, una pieza vital de equipo para mi viaje.

Hechos de telas ripstop (antidesgarro) Flex-TAC, los Stryke Pants ofrecen un corte que entalla muy bien al cuerpo, sin limitar el movimiento en forma alguna.

Cómodos al vestir, aun por largos períodos de tiempo, estos pantalones permiten que pueda moverse cuando lo necesite sobre terreno brusco y accidentado, y en condiciones difíciles.

Además, los mismos están tratados con una capa de Teflón, la que los protege de manchas y sucio, así como también los hace resistentes a la humedad. Este es un beneficio útil para viajeros que les gusta viajar livianos de equipaje, ya que permite cargar menos artículos. En mi caso, llevé solo dos pares de pantalones a mi viaje a Ecuador, con los Stryke Pants llevándose la mayor parte del uso durante eventos más activos.

5.11 Tactical conoce bien a sus clientes, y cuando diseñan estos pantalones incorporan suficientes bolsillos y compartimientos para guardar todos sus artículos importantes. Además de los

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bolsillos tradicionales en la parte frontal y trasera, también tiene bolsillos de carga convenientemente localizados en cada pierna. Dentro de cada uno de esos bolsillos, encontrará compartimientos para organizar celulares, cámara digital, cuchilla de bolsillo, o cualquier otro artículo que desee mantener a la mano.

Tanto los bolsillos de carga, así como los traseros, poseen cierres de velcro para procurar un nivel de seguridad. Los mismo se mantienen sólidos en su lugar, y son casi imposibles de abrir sin captar la atención de quien los viste. Esto resulta también un atractivo agradable para los viajeros que quieren mantener su cartera, y otros artículos valiosos, seguros a través del camino pero también muy útil al procurar que nada se salga de los mismos mientras usted se encuentra montaña arriba o escalando un trayecto difícil.

Quedé impresionado con la durabilidad y resistencia de los pantalones, sin tener que ser pesados. Las rodillas articuladas incluyen rodilleras para proteger la tela cuando tenga que arrodillarse en el suelo, así como otras áreas del diseño que también están reforzadas. Puse los pantalones a prueba intensa durante varias escaladas en Los Andes, así como en paseos en bicicleta de montaña y a caballo, y terminaban luciendo como nuevos. También son increíblemente fáciles de lavar durante viajes, lo que permitía que siempre lucieran limpios y frescos, aún cuando recién los hubiese usado para una escalada de montaña de 13,779 pies.

Como mencioné antes, los Stryke Pants son resistentes a la humedad, pero no aprueba de agua. Descubrí esto de la peor manera cuando me cogió una tormenta una tarde en Los Andes, por lo que terminé bajando la montaña bajo un chubasco durante 3 horas. Sorprendentemente a

pesar de ello, los pantalones resistieron muy bien, y repelieron el agua por más tiempo del que hubiese esperado. Al final del día, también secaron bastante rápido y estaban listos para volver a usar al próximo día sin residuos de humedad.

A pesar de que no recomendaría su uso en aventuras donde tiene expectativas de mojarse, si la necesidad surge, estos pantalones de seguro lo mantendrán en camino aún cuando las condiciones sean menos óptimas.

Estos pantalones lucen definitivamente como el par que se llevaría en una aventura en algún destino lejano, pero también lucen lo suficientemente bien como para vestirlos en la ciudad sin sentirse fuera de lugar. De hecho los usé en Quito en más de una ocasión, incluyendo para una cena en un restaurante. Tengo la versión de los Stryke Pants en negro, el cual tiene rayas muy finas incorporadas al diseño (pin-stripes). Esto los hace lucir un poco como slacks (pantalones casuales), aún cuando lleves toda clase de artículos en los bolsillos. Nuevamente, como viajero frecuente, es agradable tener vestimenta versátil que pueda desempeñarse bien tanto en un sendero como en una cena de restaurante.

Blindados, distribuidor exclusivo en Puerto Rico de la línea 5.11, tiene disponible los Stryke Pants a $69.99, lo que me parece una muy buena oferta.

Están increíblemente bien hechos y lucen como una pieza de vestir de la que puedes depender para llevar a múltiples aventuras en los años por venir. Éstos pantalones, muy duraderos y cómodos, serán una adquisición de su guardarropa muy bienvenida por todo amante de la naturaleza y viajero aventurero. Sé que yo los estaré llevando conmigo en muchas excursiones futuras.-

Bolsillos Profundos Bolsillos de carga de doble profundidad y doble refuerzo que proveen espacio de almacenamiento amplio para cualquier necesidad que las tareas-en-mano requieran.

Rodillas Duraderas

Ripstop Flexible Tela 5.11 Flex-Tac™ con ripstop (tejido antidesgarro) permite un amplio movimiento mientras provee durabilidad en los entornos más difíciles.

Foto: © photobee

Bolsillos de rodilleras reforzados y rodilleras disponibles ofrecen la mobilidad y protección requerida en cualquier misión.

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Informativo Legislativo & Jurisprudencial

Leyes recientes

Ley Núm. 5-2015 Trata Humana Enmienda la Ley 266-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores”; con el propósito de cumplir con el requisito de registro de personas convictas en las jurisdicciones de tribus indígenas reconocidas por el gobierno federal, de conformidad con la Ley Pública Núm. 109-248 de 27 de julio de 2006, conocida como “Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006”.

Ley Núm. 8-2015 Trata Humana Crea la “Ley de asistencia a inmigrantes víctimas de trata humana” con el propósito fundamental de ofrecer asistencia a los inmigrantes indocumentados víctimas de trata humana en el proceso de solicitar y obtener la regulación de su estatus migratorio al amparo de la Visa T establecida por la ley federal 106-386, según enmendada, conocida como “Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000”. Entre otras cosas ordena a la Policía de Puerto Fuente: Oficina de Servicios Legislativos de Rico y/o al Departamento de Justicia la Rama Legislativa, www.oslpr.org a referir a aquellas personas que

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entiendan puedan ser víctimas de trata humana a la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos del Crimen del Departamento de Justicia para el proceso de evaluación, orientación y asistencia.

Ley Núm. 16-2015 Planes Médicos Enmienda la “Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos” con el fin de autorizar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico en conjunto con las organizaciones de trabajadores bona fides adscritas a la Policía de Puerto Rico, a gestionar la negociación y contratación de planes de seguros de servicios de salud para los empleados y funcionarios de la uniformada, que voluntariamente decidan acogerse a un seguro médico de salud provisto por una aseguradora privada.

Ley Núm. 17-2015 Ley de Vehículos y Tránsito Enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para establecer entre otras cosas que en aquellos casos en que la persona que condujere un vehículo de forma imprudente o negligentemente temeraria, con menosprecio a la seguridad, que ocasione a otra persona una lesión corporal que requiera hospitalización,

tratamiento prolongado o genere un daño permanente o lesiones mutilantes, y se vaya a la fuga, incurrirá en delito menos grave con una pena fija de tres (3) años de reclusión. En aquellos casos en que la persona que condujere un vehículo de forma imprudente o negligentemente temeraria, con menosprecio a la seguridad, ocasione la muerte de otra persona y se vaya a la fuga, incurrirá en delito grave con una pena fija de ocho (8) años de reclusión y una multa que no excederá los cinco mil dólares ($5,000). El Secretario revocará la licencia, o el permiso de conducir, y todo privilegio de conducir concedido a toda persona, que sea convicto por infracción a esta disposición de esta Ley, por un término que nunca será menor a los cinco (5) años. En caso de una segunda convicción bajo estas circunstancias, la pena de multa no será mayor de diez mil dólares ($10,000) con una pena fija de diez (10) años de reclusión, y el Secretario revocará permanentemente la licencia, o permiso de conducir, y todo privilegio de conducir concedido.

Ley Núm. 28-2015 Ley de Vehículos y Tránsito Enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para establecer que ningún conductor podrá hacer uso de: auto ciclos, motonetas, motocicletas

o cualquier otro vehículo motorizado en estructuras de puentes elevados que sean de uso peatonal y/o conducir un vehículo o vehículo de motor sobre una acera, excepto por una entrada de vehículos permanente o temporera que hubiere sido autorizada debidamente, punible con una multa de doscientos cincuenta (250) dólares.

No se penalizaran a peatones impedidos que utilicen sillas de ruedas motorizadas en estructuras públicas de puentes elevados. De igual manera quedan excluidos de la aplicación de estas disposiciones los peatones que utilicen bicicletas, siempre y cuando no esté montado sobre la misma.

Ley Núm. 38-2015 Ley de la Policía de Puerto Rico Enmienda la “Ley de la Policía de 1996” a los fines de ordenar al Secretario de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a que deduzca del salario de los nuevos miembros de la Uniformada la cantidad mínima requerida para cotizar para el Seguro Social Federal y para otros fines relacionados. Está obligación será compulsoria para todo nuevo agente de la Policía de Puerto Rico y no aplicará a los empleados civiles de la Uniformada.

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Casos recientes

Pueblo v. Sánchez Valle 2015 TSPR 25 Derecho Constitucional – Cláusula contra la doble exposición; doctrina de la doble soberanía primigenia; se revoca la norma establecida en Pueblo v. Castro García 120 DPR 740 (1988) Sánchez del Valle fue acusado por: vender sin licencia un arma de fuego; municiones sin licencia; y portar ilegalmente un arma de fuego. También fue encontrado culpable en el foro federal de venta de armas y municiones en el comercio interestatal. Su defensa solicitó ante el Tribunal de Primera Instancia la desestimación de los cargos alegando que una acusación local violaría la protección constitucional a la doble exposición. El Ministerio Público alegó Puerto Rico derivaba su autoridad de una fuente distinta y podía acusar por los mismos delitos sin ofender la protección constitucional a la doble exposición (“double jeopardy”).

Tribunal de Apelaciones. Estableció que para que se active la protección de doble exposición (“double jeopardy”) se debe examinar si los delitos comparados requieren un elemento de prueba adicional. Si no lo requiere, se activa la protección constitucional a la doble exposición.

Luego, se debe examinar si la fuente de autoridad punitiva y coercitiva dimana de una soberanía individual e inherente. Si la fuente de autoridad es una distinta, se puede acusar por el mismo delito por existir soberanía dual. La mayoría de los jueces del TS opinan que como Puerto Rico es un territorio, su soberanía proviene del Congreso de los Estados Unidos.

Indicó que la fuente de poder de los tribunales federales proviene también del Congreso. Como las fuentes de poder dimanan del mismo origen, aplica la protección de la doble exposición. Por consiguiente, Puerto Rico no puede acusar a una persona que haya sido absuelta, convicta o expuesta a serlo por el mismo delito en los tribunales federales.

El Tribunal de Primera Instancia desestimó las acusaciones alegando que la soberanía de Puerto Rico dimanaba de la misma fuente del gobierno federal. El Tribunal de Apelaciones indicó que no se violaba la protección constitucional a la doble exposición porque Puerto Rico era soberano para propósitos de dicha disposición constitucional.

Pueblo v. Custodio 2015 TSPR 27 Derecho Constitucional y Procedimiento Criminal– Justa Causa para la extensión del término de juicio rápido; descubrimiento de prueba bajo la Regla 95 de Procedimiento Criminal.

El Tribunal Supremo (TS) revoca al

Custodio fue acusado de ocasionar la muerte a otra persona, por

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negligencia, mientras conducía un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes. Los hechos ocurrieron en enero de 2010. El 7 de abril de 2011 se celebró la vista preliminar, encontrándose causa probable para acusar. La acusación se presentó el 13 de abril de 2011 y el juicio en su fondo quedó señalado para el 20 de mayo de 2011. No obstante, a solicitud de las partes, se movió la fecha del juicio para el 7 de junio de 2011. El 20 de mayo de 2011, la defensa del acusado presentó una moción para descubrimiento de prueba, el cual fue extenso, complejo y voluminoso. El 7 de junio de 2011, la defensa expresó que el Ministerio Público aún no había contestado su requerimiento de prueba. El Tribunal otorgó 20 días para contestar advirtiendo que estaba corriendo el término de 120 días de juicio rápido. El día 16 de agosto de 2011, la defensa alegó que se le había violado al acusado su derecho a juicio rápido y solicitó la desestimación de la acusación. El Ministerio Público argumentó que las dilaciones se debieron por los propios actos de la defensa. Primera Instancia indicó que el Ministerio Público no había podido demostrar justa causa para no haber completado el descubrimiento de prueba solicitado por la Defensa y decretó la desestimación de la acusación en contra del acusado.

El Tribunal Supremo estableció que se debió realizar un balance de intereses entre dos derechos constitucionales: el derecho constitucional a un juicio rápido y el derecho a presentar una defensa adecuada. Indicó que el mero hecho de cumplirse los 120 días para juicio rápido no es suficiente para desestimar de manera automática la acusación. El derecho a juicio rápido es variable y flexible. La desestimación

Informativo de los cargos sólo puede darse luego de un análisis ponderado de que no exista justa causa para la dilación, si se debió a la solicitud del acusado o a su consentimiento y que el acusado haya demostrado el perjuicio sufrido por causa de esta.

Primera Instancia debe evaluar la razonabilidad de las peticiones de descubrimiento de prueba para que no haya dilaciones innecesarias.

TS concluyó que Primera Instancia abusó de su discreción al autorizar un descubrimiento que excediera lo autorizado por la Regla 95, y que el acusado no sufrió perjuicio por la dilación. Determinó que en esas circunstancias se justificaba extender el término de los 120 días para juicio rápido.

Pueblo v. Rolón 2015 TSPR 73 Derecho Constitucional/ Procedimiento Criminal – Registros y Allanamientos; Regla 231 de Procedimiento Criminal – Suficiencia y validez de orden de allanamiento en que se omitieron los hechos y fundamentos para emitirla.

El Tribunal Supremo (TS) evalúa la validez y suficiencia de una orden de allanamiento conforme a las exigencias constitucionales y estatutarias aplicables. En específico el efecto de omitir en una orden de allanamiento los hechos y fundamentos que dieron base a su expedición, según éstos constan en la declaración jurada prestada ante un magistrado, la cual tampoco se incluyó como anejo al momento de diligenciar la orden y llevar a cabo el allanamiento.

Los hechos en este caso surgen a raíz de una llamada mediante la cual un confidente anónimo le informó a la Policía acerca de alegadas actividades

relacionadas al trasiego de sustancias controladas en una residencia.

Luego de recibir instrucciones de su supervisor, el agente que recibió la llamada se personó a las inmediaciones de la residencia en un vehículo confidencial de la Policía con un radio portátil y unos binoculares. Allí observó un auto que se detuvo frente a la residencia. Vio al conductor bajarse de éste portando un bulto de color oscuro en su mano derecha. Acto seguido, un individuo salió de la casa, se acercó a una verja de rejas y recibió el bulto de manos del conductor. El agente declaró que, al recibir el bulto, el individuo lo abrió y extrajo del mismo “una bolsa plástica transparente de mayor tamaño conteniendo en su interior lo que aparentaba ser picadura de marihuana”. Luego de observar la transacción el agente Ramos prestó declaración jurada indicando lo acontecido y obtuvo una orden de allanamiento expedida por el Tribunal Municipal. Sin embargo, la orden con la cual se llevó a cabo el allanamiento no detallaba los hechos y fundamentos que dieron base a su expedición. La orden describía la residencia a allanarse y el hecho de que la declaración jurada la cual sustentaba la determinación de causa probable se mantendría en el expediente del Tribunal. Durante el allanamiento se ocupó una cantidad considerable de marihuana y cocaína.

El TS sostuvo que una orden de allanamiento que no expusiera los fundamentos que dieron base a su expedición resultaba insuficiente de su faz y, por tanto, activaba la protección constitucional que prohíbe el uso de evidencia ilegalmente obtenida. Por lo tanto, la evidencia obtenida en el allanamiento, no puede ser utilizada.

Foto: © mariusz szczygieł

Legislativo & Jurisprudencial

Fuente: Rama Judicial de Puerto Rico, www.tribunales.pr

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