que ponen en evidencia una intromisión parcializada e inestable situación de la Justicia, por parte del Congreso y del gobierno, amparados en el fuero Constitucional como una prerrogativa de senadores y representantes, así como los demás servidores públicos, que no pueden ser detenidos, presos o juzgados, con excepción de los casos que determina la Constitución y las leyes, sin previa autorización del Congreso de la República. Como conclusión, es claro y razonable pensar que el constituyente al expedir en la carta de 1991, los artículos sobre fuero constitucional, sustrayendo la justicia a la competencia previa y especial de ciertos jueces especiales, quiso otorgarle verdadero carácter normativo a los artículo del título VI, capítulo 4º y 6º en consonancia con el art. 29º de la Constitución Nacional, entregándole al legislador y a la Corte Suprema de Justicia la prerrogativa de respeto por el Fuero Constitucional, pero facultando a dichos jueces naturales para ejercer dicha función jurisdiccional, limitada a casos concretos. Todo lo anterior, para dar origen a las propuestas legislativas que correlativamente y en concomitancia, adelantaría posteriormente el Congreso de la república de Colombia, para presentar el proyecto y aprobar la Ley de Victimas, en reparación de los daños y perjuicios causados en el consabido proceso social de violencia generalizada en el campo y en las ciudades por el fenómeno de los grupos armados al margen de la ley y las Bandas criminales, hoy denominadas Bacrin.
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