La salud como derecho humano

LA SALUD COMO UN DERECHO HUMANO

Editorial regional MÉRIDA

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LA SALUD COMO UN

DERECHO HUMANO

D. PINO PASCUCCI STELLUTO

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© Fundación Editorial el perro y la rana, 2008 Av. Panteón, Foro Libertador, Edif. Archivo General de la Nación, P.B. Caracas-Venezuela 1010 telefs.: (58-0212) 5642469 - 8084492 / 4986 / 4165 telefax: 5641411 correo electrónico: elperroylaranaediciones@gmail.com Ediciones Sistema Nacional de Imprentas, Mérida 2008 A.V 4, Calle 20, Biblioteca Bolivariana, nivel sótano Mérida Venezuela correo electrónico: merida.imprentaregional@gmail.com http://imprentaregionalmerida.blogspot.com Alcaldía del Municipio Libertador Instituto Municipal de la Cultura (IMMUCU) Red Nacional de Escritores ©D. Pino Pascucci Stelluto Consejo Editorial Popular Yuri Patiño Hermes Vargas Olga Rojas Wilfredo Sandrea Stephen Marsh Planchart Consuelo Ximénez Luis Manuel Pimentel Odoardo Torres Plataforma del Libro Yuri Patiño Diseño y diagramación Luis Emilio Alcalá Corrección Melissa Fernández Edición e impresión Hermes Vargas Depósito Legal: LF40220088001700 ISBN: 978-980-7163-73-6

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Ram贸n Palomares

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El Sistema Nacional de Imprentas es un proyecto impulsado por el Ministerio del Poder Popular Para la Cultura a través de la Fundación Editorial El Perro y La Rana, con el apoyo y la participación de la Red Nacional de Escritores de Venezuela. Tiene como objeto fundamental brindar una herramienta esencial en la construcción de las ideas: el libro. Este Sistema Nacional se ramifica por todos los Estados del país, donde funciona una pequeña imprenta que le da paso a la edición de autores principalmente inéditos. A través de un Consejo Editorial Popular, integrado en su mayoría por voceros culturales de los Consejos Comunales, se realiza la selección de los títulos a publicar dentro de un plan de abierta participación.

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Como un homenaje a uno de los maestros de la Poesía en Hispanoamérica damos inicio a la Colección Ramón Palomares, en aras de fomentar este género entre autores(as) inéditos(a) y ya publicados, quienes en su afán por encontrar su propia voz han decidido confrontar la palabra con la crítica, los poetas, en fin con un público anónimo quien finalmente es lector sin cortapisas de su obra. La poesía aquí encuentra a un escritor poco domeñado, inaprensible al lenguaje impuesto por directrices del esquema, dispuesto a preservar los sonidos de un español cada día más elocuente y persistente en el tiempo invariable de la palabra.

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Mi agradecimiento al Dr. José Antonio Orozco, profesor asociado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Los Andes, por su valiosa asesoría en la realización del presente trabajo.

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A la memoria de mi madre, Rosaria Stelluto de Pascucci.

A la memoria de mi padre, Michele Pascucci Davino.

A mis seres queridos.

A las madres de la Plaza de Mayo (Argentina).

A las madres de las víctimas del 27 de febrero de 1989.

A los excluidos.

A los que sufren abandono.

A los niños y a los ancianos, porque sueñan que la vida merece tener los colores del arco iris.

A mis compañeros de trabajo.

A mis amigos del Café Santa Rosa (Mérida).

A mis alumnos.

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INTRODUCCIÓN La intención de este trabajo es la de cooperar en el impulso de una cultura de los Derechos Humanos, por consiguiente no tiene otra pretensión, sólo quiere ser una guía que oriente la formación de los futuros profesionales comprometidos con una ética de defensa del ser, es decir, de defensa de esos derechos que le son inmanentes.

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Hoy más que nunca, como consecuencia del deterioro progresivo de la calidad de vida de la población mundial –deterioro que en materia de salud se expresa mediante cifras alarmantes en cuanto a los indicadores epidemiológicos que dan cuenta de un repunte sustantivo de las más diversas enfermedades– la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana es una valiosa opción.

El Informe sobre la salud en el mundo, correspondiente al año 2005, presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), revela que en los países más pobres hubo 3.3 millones de niños nacidos muertos, y la proyección para el año 2006 es de de 11 millones de niños menores de cinco años que morirán por causas que en su mayoría son previsibles. Enfermedades como la diarrea, el sarampión y la malaria hacen estragos en la población más deprimida económicamente. En África, cerca de 2.3 millones de personas mueren anualmente por no haber sido vacunadas. Priscilla R. Ulan, E. Robinsón y E. Tolley (2005) refieren que en muchas de las naciones en desarrollo más de 500 mil mujeres fallecen anualmente por complicaciones del embarazo y el parto, así como por causa del aborto en condiciones de alto riesgo.

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La opción de la defensa de los Derechos Humanos permite enfrentar con inteligencia y con alto contenido ético la cultura de la exclusión que es propiciada y dictada por el neoliberalismo, que se manifiesta en la negación de derechos esenciales del hombre, como es el caso de los de naturaleza social: salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad, protección de la vejez, de la maternidad, de la niñez, etc.

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Se pretende, desde la perspectiva de las ciencias sociales, proporcionar un saber que coadyuve a la implantación de las estrategias que en materia de salud han elaborado los organismos competentes, tanto nacionales como internacionales. Estas estrategias se han diseñado considerando a la salud como un Derecho Humano. Esto último aparece señalado de manera expresa en la Declaración de Alma-Ata, 12 de septiembre de 1978, la cual indica que la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud “reitera que la salud es un derecho humano fundamental”.

En diferentes oportunidades, y a través de diversos escritos, ha quedado plasmado que en Venezuela “existe una apreciable pérdida de los valores que se expresa en la acentuada deshumanización de la práctica en salud” (Pascucci, 1998:38). Desde el punto de vista ético, esto último significa que se lesionan derechos de la persona humana, los cuales, como se ha insistido en otras oportunidades, deben ser respetados en atención a sentimientos de equidad y a elevados principios de justicia.

Mucho se ha dicho que la salud de amplios sectores de la población mundial (los más pobres, por cierto) está en emergencia y junto a ella otras áreas importantes de la vida,

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por lo cual no resulta aventurado compartir la idea de que el actual panorama social del mundo revela una grave situación que deriva en diversas emergencias, incluida la de orden ético.

El mundo enfrenta una grave y dramática crisis histórica. Para superarla se requiere de liderazgos democráticos, sinceros y creativos, capaces de convocar la participación de todos, actuando de cara al presente y al futuro con la certeza de transmitir la esperanza necesaria que nos haga vencedores ante la adversidad.

La educación debe llevar a cabo su función guiadora para generar las respuestas pertinentes en aras del desarrollo y progreso de la sociedad. Por las predichas razones se ofrece esta obra que expone la fundamentalísima idea de que la comprensión de la temática relacionada con la salud requiere de un abordaje interdisciplinario, en el cual el conocimiento jurídico interviene para cooperar con el proceso que conduce a la obtención de un saber integral respecto de la realidad de la salud.

La defensa y promoción de la salud exigen conocer los planteamientos referidos a los Derechos Humanos, especialmente los de carácter social. Del mismo modo, es necesario que todos los integrantes de los equipos de salud manejen, sin equívocos, la argumentación de orden constitucional favorable a la prevención y atención en materia sanitaria.

Este trabajo resulta de un proceso de investigación que exigió revisar material que contiene importantes declaraciones relacionadas con el tema, así como el estudio y análisis de normas de orden legal, vigentes en Venezuela, que regulan la materia atinente a la salud.

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Lo que se presenta como resultado de lo que se indagó y se consideró críticamente, comprende una parte general referida al manejo de conceptos socio-jurídicos, estudio histórico de los Derechos Humanos, definiciones y características de los mismos. Contiene también una parte más específica, cuya finalidad es la de permitir que el estudiante de las ciencias de la salud adquiera conciencia del papel fundamental que le corresponde representar en la defensa de un derecho tan esencial para las personas.

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I. ASPECTOS GENERALES RELATIVOS AL DERECHO 19

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El Derecho es el resultado de un proceso histórico. Su conformación, conocimiento y todo cuanto se aborda o comprende a través de él se ha gestado a lo largo del tiempo.

Por ello, el Derecho, tanto en su contenido como en su forma, tanto en su acepción científica como en su ordenamiento, tiene la impronta de la historicidad.

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El Derecho refleja por tanto, realidades temporales de valía histórica, pues él como modo de conocer (ciencia) o como manera de condicionar, regular, limitar (ordenamiento) no escapa a la “extraordinaria vinculación entre el proceso evolutivo del hombre y la creación y sistematización del mundo vivo que lo ha rodeado” (Palacios, 1986:13,14). ¿Cómo se ha ocupado el Derecho del mundo vivo que ha rodeado al hombre? Esta interrogante es necesaria ya que de esta forma ubicamos la realidad de lo jurídico como realidad correspondiente al mundo del deber ser y no del ser, que es el mundo de la relación causal que priva en las leyes de la naturaleza.

El Derecho se ubica en un ámbito opuesto al de la naturaleza (sea física, química, biológica, etc.). No se ocupa de lo que necesariamente es, sino de lo que debe ser. Lo jurídico corresponde al “universo de lo espiritual, de las creencias del quehacer humano, de las obras dotadas de sentido, de lo producido para algo” (Egaña, 1984:8).

La norma jurídica ordena una conducta, prescribe la forma como debe actuarse (acción u omisión), establece unos supuestos de hecho y unas consecuencias: la proposición debe, conecta, vincula un supuesto dado y la consecuencia jurídica.

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Es decir, la norma de Derecho dispone que ante una determinada situación concreta, el comportamiento de un sujeto debe ser uno en particular, si su modo de comportarse es contrario al que debe observar obligatoriamente, se le impone una sanción.

Lo preindicado, comúnmente, se representa mediante el siguiente esquema: dada una determinada situación A, el sujeto debe comportarse en la forma B, y si no, debe imponérsele una sanción C. En la sanción que se impone cobra fuerza el principio de imputación que rige en las ciencias normativas.

El Derecho es una ciencia social normativa que implica el principio de la imputación y no el de la causalidad; esto significa que no se interesa por la relación causa-efecto que existe en los fenómenos sociales. Esta ciencia no estudia la conducta humana en su desarrollo respecto del “orden causal de la naturaleza, sino en relación con las normas que prescriben cómo” (Kelsen, 1974:25), indefectiblemente, debe desarrollarse el comportamiento del hombre. La historia, por ejemplo, como ciencia social, explica los fenómenos que estudia mediante la causalidad, mediante la lógica de la situación, o a través del conocer o desentrañar la lógica interior de los acontecimientos, lo que equivale a una metódica dirigida al conocimiento de lo que es, de lo variado causal en tanto ocurra.

El espíritu gregario del hombre, su condición de ser social, colectivo, percibido a través de la historia, observado desde el más remoto pasado cuando logra separarse del mundo animal en virtud de su actividad laboral social, provocan la creación de un conjunto de normas que obligatoriamente van a regular las acciones humanas, la conducta del hombre que vive en sociedad. Esto último es lo que, latu sensu, podríamos definir como Derecho.

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DIVERSAS ACEPCIONES DEL TÉRMINO DERECHO Derecho Natural, es aquel que, por ser superior al Derecho creado

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por el hombre, existe con un contenido supremo y absoluto de justicia y se funda en la propia naturaleza, en Dios o en la ratio humanae. Señalaban los romanos que el Ius Gentium y el Ius Civile eran nutridos por el Derecho Natural que, conforme a lo dicho por el jurisconsulto Ulpiano, sería: Quod natura omnia animalia docuit (aquel que la naturaleza enseña a todos los animales). Para algunos romanistas (Bonfante), la definición dada por el jurisconsulto Paulo resulta mucho más acertada y exacta que la de Ulpiano. Paulo refirió que el Derecho Natural es Quo semper aequum ac bonum est (aquel que siempre es bueno y equitativo).

Santo Tomás, nacido en 1225, en Roccaseca, cerca de Aquino (Italia), quien tuvo una densa actividad como pensador que lo llevó a producir variados escritos filosóficos, entre los cuales resalta la Summa Theologica, obra que constituye la expresión más acabada de su pensamiento y de la filosofía Tomista, expone que la Lex Naturalis está conformada por todo cuanto la inteligencia humana, la razón humana, permite comprender, discernir, saber y entender de la Lex Aeterna cuyo contenido coincide con la voluntad de Dios y, por tanto, está por encima de los hombres.

El Derecho Natural contribuye a inspirar, fundar y dirigir el Derecho Positivo; sirve, además, de criterio orientador para enjuiciar y cuestionar un orden legal históricamente determinado.

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Lex Humana o Derecho Positivo, entendido como ordenamiento

coactivo garantizado por el Estado a través de sus instituciones competentes, es creado y aplicado previo cumplimiento de formalidades establecidas. Contiene una estructuración lógica en orden al espíritu, propósito y razón que lo inspira, y refleja tendencias políticas, sociales y económicas subyacentes en la compleja trama de las relaciones sociales predominantes.

Según Norberto Bobbio (1988:508), el Derecho, considerado en su acepción de ordenamiento normativo coactivo, y la política tienen una relación muy estrecha, pues la política y quienes a través de ella detentan el poder se valen de lo jurídico como instrumento para ejercer el dominio.

De la conexión entre Política y Derecho “se hizo consciente la filosofía política y jurídica que acompaña el nacimiento del Estado Moderno e interpreta y refleja su espíritu, desde Hobbes, a través de Locke, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, hasta Max Weber y Kelsen, al punto de hacer aparecer estructura jurídica y poder político, ordenamiento y fuerza coactiva, el momento de la organización del poder coactivo y el momento de la potencia que se sirve de la organización de la fuerza para alcanzar sus propios objetivos” (Bobbio, 1988:508-509).

Señala el precitado autor que el Derecho y el Estado, comprendidos en sus más comunes acepciones, aparecen como anverso y reverso; es decir, se perciben como “dos caras de una misma moneda”.

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Se ha indicado en importantes reflexiones filosófico-jurídicas que el Derecho como ordenamiento goza de vigencia plena, posee fuerza en tanto reciba respaldo, sea apoyado, soportado e impuesto por el poder político. “El poder político es el factor que da no sólo validez formal, sino también realidad efectiva y vigencia al orden jurídico” (Ricaséns, 1977:65).

Derecho Objetivo, es el propio ordenamiento jurídico, ese 24

ordenamiento que establece derechos e impone deberes.

Debemos entenderlo como sistema, como conjunto de normas en tanto ordenación regular que ata por igual al Estado y a los particulares, que contiene principios, preceptos, reglas de conducta de observancia obligatoria, destinados al logro de un propósito determinado. En este contenido de prescripciones imperativas y atributivas encontramos la Constitución Nacional, la Ley de Universidades, la Ley Orgánica de Educación, La Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, el Código Penal, la Ley de Ejercicio de la Odontología, la Ley Orgánica del Trabajo, etc.

Derecho Subjetivo, alude a la facultad o potestad que tienen las

personas naturales (físicas) o jurídicas (entes morales e ideales) para realizar actos ajustados a la ley o para exigir que otros sujetos, seres o entidades capaces de derechos y obligaciones (queda incluido el Estado) no interfieran, imposibiliten u obstaculicen realizar todo aquello que es lícito, bien porque la ley lo permite o porque faculta una determinada conducta o bien porque no lo prohíbe en forma expresa.

El Derecho Subjetivo es sinónimo de facultas agendi o facultad de actuar. Ésta implica la existencia de relaciones interpersonales reguladas por el Derecho, a tal punto que toda

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posibilidad de actuar, exigir, pretender algo de otro o hacer valer derechos y garantías, revela que una o más personas, naturales o jurídicas, públicas o privadas, deben hacer (deber jurídico), están obligadas a un determinado comportamiento, a observar una conducta particular.

Suele indicarse que el Derecho Subjetivo (conjunto de potestades jurídicas que corresponden a una persona) está contenido en el Derecho Objetivo (sinónimo de ordenamiento jurídico o conjunto de normas jurídicas). A título de ejemplo podemos decir que la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Universidades conforman parte del Ordenamiento Jurídico Vigente en Venezuela (Derecho Objetivo) y en el conjunto de sus normas están establecidas las facultades concedidas y aseguradas a todas y cada una de las personas regidas por dichas normas. En el ordenamiento preanotado encontramos el Derecho Subjetivo a la Salud y a la Educación, artículos 83 y 102 de la Constitución Nacional, respectivamente.

Derecho Sustantivo y Derecho Adjetivo, Manuel Ossorio, en su

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (1999), nos da una definición que permite comprender adecuadamente estas acepciones. Respecto de la primera señala que es el “conjunto de normas que regulan la conducta humana; también llamado de fondo…” puesto que está conformado por las leyes y especialidades del ordenamiento jurídico que van dirigidas a regular la esencia de los derechos y de los deberes. Esta esencia viene a estar fundamentada por el Derecho Sustantivo, por las más diversas especialidades existentes en orden al contenido de las normas que facultan, que confieren atribuciones o que

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imponen deberes: el Derecho Civil, Penal, Mercantil y el Derecho Social, por ejemplo.

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Respecto del Adjetivo, garantizador de derechos y obligaciones establecidos por el Sustantivo, dice Manuel Ossorio que siendo el de forma, regula simplemente aplicación del primero.

Mediante la activación de la administración de justicia, el ciudadano, valiéndose de normas procesales, defiende los intereses que jurídicamente le han sido reconocidos en virtud de que se les tiene como derechos conferidos, facultades atribuidas que conllevan a la existencia de obligaciones que otros integrantes de la sociedad deben cumplir. Se infiere, pues, que todas las normas procesales son de carácter adjetivo; acá encontramos las procesales civiles, penales, laborales, las de amparo y garantías constitucionales, entre otras.

Derecho Vigente, es el Derecho creado por el hombre para regular

la vida en sociedad (Derecho Positivo), el cual contiene los elementos coercitivos, coactivos y la sanción, que siendo dictados por el Poder Público conforme a los procedimientos establecidos para tal fin, su observación por parte de la colectividad en un espacio y tiempo histórico determinados es de carácter obligatorio.

Cuando el Derecho Positivo es derogado en concordancia con los mecanismos legales correspondientes, deja de ser vigente y pasa a ser Derecho Positivo del pasado, sin el carácter obligatorio al que se ha hecho referencia. Tal es el caso, por ejemplo, del texto constitucional venezolano de 1961, derogado por la Constitución Bolivariana, aprobada por el pueblo mediante referendo el 15 de diciembre de 1999, la cual entra “en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta

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Oficial de la República de Venezuela”, conforme lo prescribe la Disposición Final Única.

Derecho Válido, el Derecho Positivo es válido si, a los efectos de

ser dictado por el Poder Público competente, ha cumplido con todas las formalidades, requisitos y procedimientos pautados por la Ley. La validez le viene dada mediante el cumplimiento del principio de legalidad; por ejemplo lo previsto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en lo que a la formación de las leyes se refiere.

Derecho Eficaz, es de destacar que el Derecho Positivo Vigente, por

tanto exigible, es además eficaz si el contenido de sus normas es aplicable y realizable en la práctica; esto es, si el propósito para el cual ha sido creado se puede llevar a cabo.

Derecho Público. Derecho Privado el período del clasicismo jurídico

romano da cuenta de esta distinción entre Derecho Público y Derecho Privado. En el Digesto aparece dicha división atribuida a Ulpiano, la cual quedó expresada en los siguientes términos: Ius publicum est quod ad statum rei romanae spectat (Derecho Público es el que se refiere al estado de la cosa romana); Privatum ius est quod ad singulorum utilitatem pertinet (Derecho Privado es aquel que se refiere a la utilidad del individuo, la utilidad particular).

Esta división se fundamenta en el criterio del sujeto a quien se dirige la norma y en el criterio del interés o de la utilidad que se satisface con ella, según sea el Estado o los individuos los destinatarios del contenido y del alcance de la disposición legal. Derecho Público, entonces, es aquel que se refiere al Estado; y Derecho Privado es aquel que se refiere al individuo, a los particulares.

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Los más diversos doctrinarios no se han podido poner de acuerdo respecto de la fundamentación de la distinción entre Derecho Público y Derecho Privado. Pero, ciertamente, existe una realidad que las diferencia, bien porque se tome en cuenta la teoría del interés, la teoría de la relación jurídica que la norma rige o la teoría que se basa en la calidad de las personas cuyas relaciones va a regular la normativa legal.

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Son señaladas como ramas del Derecho Público los Derechos Constitucional, Administrativo, Penal, Procesal, Financiero, Minero, Internacional Público. Y como ramas del Derecho Privado, los Derechos Civil, Mercantil, Internacional Privado.

Queda además, agregado un grupo mixto conformado por los Derechos Laboral, Agrario e Industrial.

No obstante, es difícil hacer una clasificación precisa y exacta, ya que es probable que se observen en las ramas mencionadas, instituciones o entes tanto de carácter público, privado o mixto. Lo cierto es que hoy por hoy existe una muy acentuada propensión al publicismo en instituciones del Derecho Privado, toda vez que el Derecho, en esencia y por definición, lleva implícita la finalidad y la función colectiva.

LOS FINES DEL DERECHO Al señalarse la idea de considerar los fines del Derecho no se alude a otra cosa que no sea la estimación jurídicofilosófica contenida en la realización de valores, vistos como “grandes principios de la conducta individual y colectiva de los hombres” –en palabras de Alcalá-Zamora, L.– tales como la Justicia Social, el Bien Común y la Seguridad Jurídica.

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Estas categorías deben ser apreciadas como criterios que llevan a una actitud analítica respecto de la comprensión del ordenamiento jurídico en su conjunto, en tanto y en cuanto ese ordenamiento es favorecedor de los superiores intereses del colectivo, en el que lo personal no se excluye si no que se complementa con y en lo social. La relación individuo-sociedad es dialéctica, pues estas expresiones, así como los actores que las conforman, según Jacques Maritain, “se completan y se exigen mutuamente”. Esta actitud analítica, crítica, hace viable la afirmación de que el Derecho (asumido con conciencia y espíritu progresista) es un medio para el cambio social y no un obstáculo.

El Derecho lleva a cabo diversidad de valores, los cuales se combinan, se relacionan entre sí, se nutren mutuamente y conforman un balance para establecer un conjunto de condiciones que, en la vida social, permiten el desarrollo óptimo del ser humano. Esos diversos valores quedan comprendidos dentro de la Justicia, el Bien Común y la Seguridad Jurídica, ya que su condición de básicos envuelve al resto. En este contexto, la paz social constituye el resultado lógico, esperado y necesario de los fines y valores que el Derecho realiza.

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II. LOS DERECHOS HUMANOS 31

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SÍNTESIS HISTÓRICA

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Los estudiosos de los Derechos Humanas coinciden en señalar que éstos pueden ser ubicados en la antigüedad, y refieren que los Diez Mandamientos, el Código de Hammurabí, los postulados del Cristianismo, el Budismo, el Taoísmo y las religiones de nuestras culturas precolombinas representan una buena prueba de que, desde diversas perspectivas y posiciones doctrinarias, desde épocas remotas, el hombre ha manifestado su preocupación por el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su condición de persona.

La cultura mesopotámica aportó a la civilización un ordenamiento legal conocido como Código de Hammurabí. En dicho Código quedan comprendidas materias fundamentales como la civil, la penal y la mercantil que derivan de la reunión de leyes antiguas existentes desde la época de las ciudades sumeras y acadias, leyes que Hammurabí como codificador se encargó de revisar y aumentar. Para algunos la Ley del Talión, contenida en la parte penal del Código, representa una clara expresión del principio de proporcionalidad de la pena: “Pena igual a la falta que causó la sentencia”.

Los judíos, luego de su salida de Egipto, tercera migración guiados por Moisés, asumen el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, Jehová o Yahvé, creador del universo y seleccionador de ese pueblo como el preferido. El monoteísmo en referencia los llevó a profesar un profundo respeto por el conjunto de diez preceptos (decálogo) llamado por ellos la Ley, que contiene, entre otros deberes, principios de solidaridad y de respeto por la vida: honrar a padre y madre, y no matar.

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El Cristianismo tiene también como postulados esenciales la solidaridad, el amor al prójimo, el respeto a la condición humana y por tanto el respeto a la vida. Apoyados en la misión evangelizadora, en la enseñanza de la buena nueva que significa la llegada de Jesús y con él la prédica y el ejemplo del amor a Dios y del amor entre los hombres, el cristianismo es referencia valiosa para la defensa de los Derechos Humanos.

Puede señalarse que en el Islam, como estilo y modo de vida, se encuentran planteamientos básicos que dan cuenta de principios de defensa del hombre, de su dignidad como persona. El Islam es un importante fenómeno histórico en el cual el musulmán (muslim, hombre que abraza el Islam) tiene ante sí un código de valores y preceptos que guían su comportamiento social: “valores de libertad, justicia, igualdad, tolerancia, hermandad, respeto a los débiles”.

Se estima que en Inglaterra, durante el gobierno del Rey Juan Sin Tierra (1199-1216), con la promulgación de la Carta Magna de las Libertades Inglesas (1215), fueron consagrados algunos principios relativos a los Derechos Humanos. A partir de este hecho histórico se logra que el Estado (encarnado en la figura del Rey) le reconozca a cada persona los derechos que le son inherentes en virtud de su condición humana, e igualmente establece que el resto de los miembros de la colectividad deben respetarlos. Vale destacar que en esta declaración quedan excluidos los que no eran considerados hombres libres, sin duda la mayoría, como era el caso de los siervos y los esclavos.

Hechas las referencias anteriores es menester decir que el “gran movimiento en favor de los Derechos Humanos comenzó de lleno con la Declaración de la Independencia de los Estados

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Unidos y sobre todo con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de los revolucionarios franceses el 26 de agosto de 1789” (Villegas, 1995:7,8).

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La Revolución Francesa constituye un hecho histórico de trascendental importancia, puesto que produjo significativas transformaciones en el orden político, cultural, económico y social, no sólo en Francia, sino también en diversas partes del mundo. Notorias contradicciones sociales derivadas de los privilegios que, al amparo de la monarquía, disfrutaba la nobleza en Francia y en el resto de Europa, el deseo del pueblo, especialmente el francés, de poner fin a un estado de cosas que provocaba penurias económicas y el absolutismo de las monarquías europeas, de modo muy particular la de Luis XVI, que ejercían un poder omnímodo y restrictivo de las libertades públicas, dieron origen al referido acontecimiento revolucionario.

Se ha dicho con razón que la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, cuya primera reunión se celebró el 5 de mayo de 1789, en Versalles, le dio un carácter de universalidad a los Derechos Humanos, toda vez que los declara formalmente en París el 26 de agosto de 1789: la Asamblea tomó la decisión de encabezar la Carta Magna (la Constitución) mediante la expresión de principios relacionados con el goce y ejercicio de los derechos esenciales de libertad, igualdad y propiedad, susceptible de ser aplicables no sólo a los franceses, sino a todos los seres humanos La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, puede resumirse de la siguiente manera: igualdad de los hombres ante la Ley; libertad de pensamiento,

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de religión, de trabajo, de industria y comercio; derecho a ser elegido; derecho a no ser acusado, detenido o arrestado sino en los casos previamente señalados por la Ley; garantías de los derechos del hombre y del ciudadano; separación de los poderes en forma determinados; derecho de la sociedad de exigir que todo agente público rinda cuenta del ejercicio de las funciones que cumple; etc.

La referida declaración caracterizó a los Derechos Humanos como derechos naturales, imprescriptibles, inalienables y sagrados del hombre, de todo hombre, sin distinción de ningún tipo, valiéndose sólo aquella que socialmente esté fundada sobre la utilidad común.

Conforme a lo expuesto, puede afirmarse que en esta etapa histórica de los Derechos Humanos se impone una concepción individualista que, como se verá luego, ha sido modificada en parte, puesto que ha tendido hacia una definición que supera a aquella que considera al sujeto en términos singulares.

El sujeto es social, porque social es su condición humana (sin negar sus rasgos individuales, específicos, biológica y psicológicamente apreciados).

Los Derechos Humanos van camino de ser definidos “más allá de la tradición existente, como una categoría más social que personal e individualista”, tal y como lo señala José F. Martínez Rincones en su publicación: Universidad y Derechos Humanos, la cual contiene la ponencia presentada en el Seminario Internacional Universidad y Sociedad, celebrado en Mérida, Venezuela, (1996).

Una primera etapa de los Derechos Humanos, en cuanto a su expresión de forma y de fondo, se vincula a conceptos relativos

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a libertades individuales o Derechos Civiles y Políticos.

Posteriormente, con el desarrollo de las luchas de los obreros y campesinos surgen los derechos económicos, sociales y culturales, consagrados como auténticos Derechos Humanos.

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Por último, en tanto expresión de procesos históricos que orientan intereses subjetivos de gran valor, aparecen los derechos del hombre ampliados de tal manera que ahora quedan reconocidos y tutelados por todos los pueblos del mundo, los cuales legítimamente aspiran al desarrollo, a la paz y a la no contaminación del medio ambiente.

La Revolución Industrial, iniciada en Europa a finales del siglo XVIII, provocó la modificación de las condiciones económicas de entonces; tanto el comercio como la producción de bienes se vieron transformados por efecto de la industrialización.

Numerosos inventos y descubrimientos en el campo de la ciencia y de la tecnología impactaron la realidad de entonces, a tal punto que se generaron, igualmente, auténticos cambios sociales y políticos.

En lo sucesivo, los tiempos, el hombre y las sociedades van a estar signados por el fenómeno de la Revolución Industrial.

Transformaciones de tipo cultural, crecimiento de las ciudades, acortamiento de las distancias con el propósito de comunicarse, instalación de grandes fábricas, acumulación de grandes capitales, creación, por la vía de la emisión de acciones, de sociedades anónimas y organización de los obreros en virtud de los problemas surgidos por las contradicciones existentes respecto del capital caracterizan, en buena medida, el hecho histórico in comento.

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Sin duda que la industrialización permitió el fortalecimiento del capitalismo y con ello el afianzamiento del poder de los dueños del capital, más aún si, como se ha dicho, hubo formas de transacción mercantiles amparadas jurídicamente, como fue el caso de las sociedades anónimas. Respecto a esto último, la historiografía señala que: “Sólo a partir de la revolución industrial se reconoce a la sociedad por acciones como medio para la acumulación de enormes capitales” (Bobbio y Matteucci, 1988: 173).

Las nuevas realidades económicas y las precariedades en cuanto al nivel de vida de una masa considerable de seres humanos, desposeídos de medios de producción y bienes de fortuna, orientaron la lucha por la proclamación de los Derechos Humanos de orden económico, social, y cultural. El naciente modelo, imperante en virtud del industrialismo, produjo una dolorosa condición social para los trabajadores. “En medio de la abundancia, el lujo y la riqueza creadas por el trabajo del pobre, la situación de éste se volvió catastrófica” (Mijailov, S/F: 47).

Las experiencias derivadas del desarrollo industrial y el impacto provocado por el triunfo de la Revolución Rusa, en l917, cuentan de un modo especial a los fines de explicar las conquistas alcanzadas por los trabajadores en lo que concierne a los Derechos Humanos de segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales).

Previa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos –de la cual se hará referencia más adelante– se encuentra la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, el

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primero de mayo del año 1948. Esta declaración que, como se ha expresado, precede a la aprobada y promulgada en París por la Asamblea General de las Naciones Unidas en fecha 10 de diciembre de 1948, presenta, en opinión de algunos especialistas, un asombroso sentido social el cual “se manifiesta en muchos artículos del 11 en adelante: derecho a la salud y el bienestar, a la educación, a los beneficios de la cultura, del trabajo y su justa remuneración, al descanso, a la seguridad social…” (Villegas, 1995:38).

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) constituye una instancia formal para el fomento y defensa de los Derechos Humanos. Entre sus objetivos se encuentran lograr la cooperación internacional en la solución de los problemas que afectan a las naciones del mundo y que sean de índole económica, social y política; y promover el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales retomando la fe en los mismos y en la dignidad de la mujer y del hombre.

Sin embargo, las experiencias recientes revelan que este organismo internacional confronta serias dificultades, toda vez que muchas de sus instancias y resoluciones no son respetadas por las naciones más poderosas del planeta; ejemplo de ello es la suerte lamentable que ha tenido que correr el pueblo iraquí por motivo de la guerra que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados le han declarado desde el año 2003, la cual, de acuerdo con lo expresado por su Santidad Juan Pablo II, es ilegal, injusta e inmoral.

La ONU sustituyó a la Sociedad de Naciones, que tuvo vigencia una vez concluida la Primera Guerra Mundial (conflagración ésta que duró de 1914 a 1918). La Sociedad de Naciones actuó sólo hasta los inicios de la Segunda Guerra

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Mundial, pues durante el desarrollo de este último conflicto se dieron los primeros pasos de lo que en un futuro sería la Organización de las Naciones Unidas.

La Carta del Atlántico, firmada por Churchill y Roosevelt en 1941, fue un importante punto de partida para la conformación futura de las Naciones Unidas. Representantes de varios países ratificaron este importante documento a principios del año 1942 cuando, reunidos en Washington, firmaron la Declaración de las Naciones Unidas. Posteriormente, tanto en la Conferencia de Moscú como en la de Teherán –ambas celebradas en el año 1943– se producen importantes declaraciones en favor de la creación de una organización internacional basada en principios de igualdad soberana para promover la paz.

Luego vendrían las Conferencias de Dumbarton Oaks, Washington (1944) y Yalta (1945). En la primera de éstas se hizo pública la intención de formar la estructura de las Naciones Unidas, y en la segunda, los Tres Grandes: Estados Unidos, Unión Soviética e lnglaterra, declararon su firme decisión de crear una “organización internacional para el mantenimiento de la paz y de la seguridad”.

En la Conferencia de San Francisco (del 25 de abril al 26 de junio de 1945), los delegados de 50 países estudiaron, redactaron y aprobaron la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945. La constitución oficial de la ONU fue el 24 de octubre de 1945 en la ciudad de Nueva York, ciudad sede. Esta importante organización tiene la obligación de cumplir una labor bastante compleja en materias de carácter económico, social, político, cultural, educativo, científico y sanitario, entre otras.

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A través de entes especializados como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras, se despliegan actividades y se desarrollan programas fundamentales en la garantía, promoción, defensa y materialización de los Derechos Humanos.

Hechas las referencias precedentes que intentan dar cuenta del proceso duro y difícil que ha significado la defensa de la humanidad desde la plataforma jurídica, es preciso centrar el interés en la consideración del documento de las Naciones Unidas, de innegable valor en cuanto a los Derechos Humanos concierne. Se trata de la declaración aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, celebrada en París en el Palacio Chaillot. Este histórico documento está estructurado de la siguiente manera: El Preámbulo, conformado por siete considerandos; La Proclama y treinta artículos. La lectura del mismo permite apreciar la alta valoración que se hace de los Derechos Humanos.

En dicha valoración quedan amparados los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales destacan el derecho a la seguridad social, Art. 22; el derecho al trabajo, Art. 23; el derecho a un nivel adecuado de salud, bienestar, asistencia médica, Art. 25; el derecho a la educaci6n, Art. 2 y el derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que él genera, Art. 27. En los artículos 28, 29 y 30 se alude a las

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necesidades de crear un orden social e internacional que haga plenamente efectivos los derechos y libertades proclamadas en la declaración; se establecen deberes de las personas respecto de la comunidad; y se afirma que los derechos y libertades serán ejercidos conforme a la ley, en orden al bienestar general de una sociedad democrática y en concordancia con los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

DEFINICIÓN DE DERECHOS HUMANOS Antes de dar una definición acerca de los Derechos Humanos es conveniente señalar que éstos corresponden a toda persona por su sola condición de tal, esto quiere decir que la condición de persona humana determina que el hombre nace con unos derechos, tiene unos derechos que formalmente son reconocidos por instituciones vinculadas a la organización social y que, a través de lo jurídico, tienen la atribución de regular la vida en colectivo, prescribiendo determinadas conductas que permitan una convivencia respetuosa, digna y justa. Por esta razón el Estado, en la esfera de los Derechos Humanos, no actúa concediéndolos sino reconociéndolos, hecho éste esencialísimo, ya que lo coloca como un obligado en orden a garantizarlos, respetarlos y hacerlos respetar.

Diversos conceptos han sido construidos para expresar lo que debe entenderse como Derechos Humanos. Se puede señalar que en todos existe una noción constante; esta noción constante se refiere al carácter de inherente a la condición de persona. La inherencia significa que todos poseen derechos por la sola razón de ser persona; por consiguiente, son atributos del ser, no conforman una concesión social, ni existen si se les

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reconoce o no. Simplemente están, su presencia es autónoma e independiente respecto del poder (sea cual fuere), corresponden al ser humano, a su dignidad, y el reconocimiento es más un acto formal que conduce a 1a protección de los mismos y no a su creación.

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Pedro Nikken ofrece una definición de los Derechos Humanos bastante clara y precisa, que por considerarse de gran valor didáctico queda reproducida en este trabajo: “La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste, o bien tiene el deber de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización.”

(Nikken, 1995:20).

Se aprecia en la cita precedente que el Estado, de cara a los Derechos Humanos, tiene obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Estas últimas significan que debe abstenerse de actuar arbitraria y abusivamente para que su comportamiento no viole los Derechos Humanos. Las obligaciones de hacer determinan que el Estado debe orientar su acción en aras de programar políticas concretas que materialicen la “plena realización” de los Derechos Humanos.

El Estado no puede ejercer su autoridad mediante procedimientos que atenten contra la dignidad humana, ni puede negarse al cumplimiento de la necesaria función social capaz de procurar (con fundamento en principios de solidaridad) calidad de vida, bienestar, justicia e igualdad de oportunidades para todas las personas.

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CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Del estudio de los Derechos Humanos, tomando en cuenta la tipología de los mismos (sean éstos civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; y los llamados derechos de los pueblos como lo son el derecho a un desarrollo adecuado, a la libre determinación, a un medio ambiente sano y el derecho a la paz), pueden indicarse como características resaltantes las siguientes: Universales, siendo importante la sola condición de persona

humana, corresponden por igual a todos los hombres; por tanto, no se admiten discriminaciones de ningún tipo, pues el carácter de universal se contrapone a lo que es singular, individual, particular, excluyente e incomprensivo de toda una especie.

Imprescriptibles, esta característica se refiere a que estos derechos

no se extinguen por el transcurso del tiempo; es decir, no se pierden en virtud de un lapso señalado para tal fin.

Los Derechos Humanos corresponden, permanentemente, a toda persona por esa sola condición, y su eficacia jurídica, su ejercicio, está por encima de plazos, lapsos o términos temporales.

Inviolables, esto significa que tienen que ser garantizados por la

autoridad y que ésta no debe violarlos ni permitir su violación.

Irrenunciables, esta es una característica que determina la

imposibilidad de establecer manifiesta y expresamente la voluntad, de parte de persona humana alguna, de renunciar a ellos o de no ejercerlos.

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Intransferibles, los Derechos Humanos no pueden ser cedidos

total o parcialmente, por su titular, a otra persona No pueden ser negociados, transferidos, transmitidos, sometidos a transacción, traspaso o algún tipo de acuerdo que lleve implícita la posibilidad de desprenderse de ellos.

Integrales, los Derechos Humanos deben ser valorados, 44

materializados y estimados de manera integral, como parte de un conjunto, pues se complementan unos con otros. Razón por la cual puede afirmarse categóricamente (como aquí se afirma) que los Derechos Humanos tienen la característica de ser interactuantes en virtud de la estrecha relación existente entre ellos.

La integralidad y la interactuación determinan que unos Derechos Humanos tienen vigencia y eficacia en la medida en que los restantes Derechos Humanos están garantizados.

Progresivos los Derechos Humanos pueden incrementarse,

habida cuenta de que los mismos no están establecidos de manera taxativa sino enunciativa. Esto último significa que se admiten como Derechos Humanos aquellos que son inherentes a la persona humana, tal y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 22, el cual reza que: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”.

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REFERENCIA CRONOLÓGICA DE LOS DERECHOS HUMANOS A los fines de facilitar una mayor y mejor comprensión de lo que significa el decurso histórico de los Derechos Humanos, se expone a continuación una referencia cronológica de un buen número de las declaraciones, pactos y convenciones más conocidas, que han tenido como objetivo el reconocimiento formal, la protección y defensa de tales derechos: 45

• La Carta Magna; Inglaterra, 1215 (ya comentada).

• Derechos de Indígenas Americanos, Bula Sublimis Deus, de Paulo III, 1537.

• Derechos Humanos en las colonias de Norteamérica. Independencia de los Estados Unidos, 1776.

• Declaración de Derechos de Virginia, 12 de junio de 1776.

• Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, París, 26 de agosto de 1789 (Derechos derivados de la Revolución Francesa, ya comentada).

• Bill of Rights. Constitución de los Estados Unidos de América, 15 de diciembre de 1791.

• Derechos sociales, económicos y culturales en la URSS, 1918.

• Convenio Internacional para la Supresión de la Esclavitud; Ginebra, 25 de noviembre de 1926.

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Bogotá primero de mayo de 1948 (ya comentada).

• Declaración Universal de los Derechos Humanos; Paris, 10 de diciembre de 1948 (ya comentada).

• Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales; Roma, 4 de noviembre de 1950.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la ONU. el 16 de diciembre de 1966.

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• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de la ONU, 16 de diciembre de 1966.

• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de la ONU, 16 de diciembre de 1966.

• Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la ONU, 20 de noviembre de 1959. El cuarto Principio de esta Declaración establece para los niños el derecho a gozar de la seguridad social y a crecer y desarrollarse en buena salud. Tendrá, entre otros, derecho a disfrutar de servicios médicos adecuados.

• Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica; San José, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969. Tal y como lo señala el encabezado de la Convención, los países signatarios reafirman su propósito de consolidar un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.

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III. EL DERECHO A LA SALUD 47

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La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, estableció en la Declaración de Alma-Ata que la salud es un “Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, por tanto, es un derecho intrínseco del ser humano.

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De acuerdo con lo establecido por la O.M.S. el Derecho a la Salud se define como el derecho que tiene todo ser humano a disfrutar de un equilibrio bio-psico-social que constituya un estado de bienestar en relación con el medio que lo rodea.

Rojas Soriano (1982:187) cuestiona la concepción de la O.M.S, pues estima que considerar a la salud como un estado es negarle su carácter dialéctico por cuanto se le presenta en forma estática, separada de la enfermedad, de manera ahistórica y como una realidad que se analiza al margen de los factores políticos, sociales y económicos que la influyen.

No obstante las críticas hechas al concepto de salud que ha elaborado la O.M.S., debe resaltarse la importancia de defender la idea que se tiene de la salud como derecho, con lo cual la responsabilidad en ese sentido deja de ser exclusiva de profesionales, servicios médicos, grupos humanitarios, etc., para pasar a ser responsabilidad de la sociedad en su totalidad, quien a través del Estado, se obliga a su garantía y cumplimiento.

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DEFINICIÓN JURÍDICO - SUBJETIVA El derecho a la salud es un derecho subjetivo público del ciudadano frente al Estado, que obliga a este último de manera positiva, prescribiéndole la comisión de determinados actos.

De acuerdo con esta definición, el Estado tiene un deber frente al ciudadano. El ente público se haya obligado a dar la prestación concerniente a la salud y así se infiere del análisis del artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Pero también es cierto que, como lo señaló la Sala Político Administrativa, de la extinta Corte Suprema de Justicia, al individuo “le corresponde el deber de curarse (por razón de la dignidad de la condición humana) en el sentido de conseguir el más óptimo estado de salud” (Sentencia No. 28, del 20 de enero de 1998, expediente No. 14.000, C.S.J.) (Pierre T., 1998:114).

La extinta Corte Suprema de Justicia estableció, de acuerdo con lo que se observa al analizar esta sentencia, que la salud no tiene limitación; es decir, el mayor grado posible en cuanto al nivel o estado óptimo de salud, como desideratum del ser humano, no puede ser limitado, restringido o reducido por razones discriminatorias.

El máximo nivel de salud, deseable aun en aquellos casos de enfermedades incurables en fase terminal, o en estado avanzado en cuanto a las lesiones causadas a quien la padece, es una aspiración que se fundamenta en el Derecho a la Salud, el cual se nos presenta “no como un paliativo al buen morir

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sino como un reclamo de la vida” (Sentencia No. 28, del 20 de enero de 1998, expediente N 14.000, C.S,J.). (PierreT., 1998:115).

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El más alto tribunal de la República ha sido reiterativo en las decisiones que ha dictado en materia de salud. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sentencia de fecha 06 de abril de 2001, correspondiente al caso de los enfermos de VIH/SIDA vs. el IVSS (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales), indicó que el derecho a la salud es un derecho social fundamental, que “no se agota en la simple atención física de una enfermedad a determinada persona”. Posteriormente, dicha Sala Constitucional, en sentencia del 26 de junio de 2004, caso Federación Médica Venezolana vs. Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y el IVSS, estableció que “el derecho a la salud es un derecho que debe ser garantizado por el Estado”, dado que el mismo constituye “la unidad política a la cual los ciudadanos, mediante el pacto social, le han otorgado potestades para que satisfaga la procura existencial”.

Al leerse el artículo 83 de la Constitución vigente en Venezuela se puede apreciar que, con toda razón, la doctrina define el derecho a la salud como un derecho de prestación, según el cual, la persona exige y pretende una conducta concreta por parte del Estado y éste debe cumplir mediante su acción positiva.

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DERECHO A LA SALUD Artículo. 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“La Salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. Así como el deber de participar activamente en su promoción y defensas, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la Ley de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República”.

El Derecho a la Salud, consagrado en el texto constitucional, contiene todas las características de los Derechos Humanos referidas en el Capítulo I de este trabajo. Es así como se puede decir que se trata de un derecho: Universal, pues asegura un principio de no diferenciación.

Cuando en el artículo 83 de la Carta Magna venezolana, se señala: “Todos las personas tienen derecho a la protección de la salud, (...)”, está claro que el Estado, en el cumplimiento de esta norma, no puede establecer condiciones, ni actuar previa discriminación. Cómo, por qué, dónde, cuándo y quién padece la enfermedad no son razones para que el mismo omita la realización de su deber.

La no discriminación queda comprendida dentro del carácter universal de los Derechos Humanos, formalizado en nuestro texto constitucional en el artículo 19 al indicarse que: “El

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Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los Derechos Humanos”. Por otra parte, refuerza este mandato del constituyente patrio lo prescrito por el artículo 21, ejusdem, el cual reza que:

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“Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.

Imprescriptible, la garantía del Derecho a la Salud como obligación

por parte del Estado para que el ser humano pueda alcanzar los más elevados niveles de vida y así realizarse como persona, no está sujeto a plazos, lapsos o términos temporales. El derecho a la salud no se extingue por el transcurso de tiempo.

Inviolable, el Estado tiene que garantizar el Derecho a la Salud,

actuar en favor de su materialización e impedir que sea violado.

Debe agregarse que consideraciones de orden ético obligan a no permitir que este derecho sea lesionado, pues por sentimiento de equidad y por principios de Justicia debe ser respetado.

Irrenunciable, nadie puede renunciar al Derecho a la Salud.

Así como el artículo 83 de la Carta Magna es garantizador al señalar que todas las personas tienen derecho a que su salud sea protegida, también dispone que están en “(…) el deber de participar activamente en su promoción y defensas, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que

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establezca la ley de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República”. Esto significa que, nolens volens (quiérase o no), al obligarse a toda persona a someterse a las medidas sanitarias se está garantizando un bien jurídicamente tutelado que, como señala Fernando Leal en su obra Filosofía de las ideas políticas, “es una fuente de otros bienes”.

Intransferible, se ha señalado que los Derechos Humanos no

se pueden negociar, transferir, ceder o traspasar. El Derecho a la Salud, siendo un Derecho Humano, queda comprendido dentro de esta característica y no puede ser sometido a ninguna transacción que implique desprenderse de él.

Integral, el Derecho a 1a Salud se complementa con otros

Derechos Humanos; es parte de un conjunto dentro del cual interactúa con el resto del ordenamiento jurídico, garantizador de prestaciones correspondientes a aquellos derechos inherentes a la dignidad de la persona.

En virtud de lo expuesto se puede decir que interpretar los Derechos Humanos, considerando la integralidad, lleva a reconocer que el Derecho a la Salud es un derivado esencial, fundamental, del derecho a la vida, tal y como lo consagra el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por otra parte, el artículo 43 constitucional señala que: “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla”. Puede significar, también, que no sólo la pena de muerte es el único modo de extinguir la vida, pues si el Estado no provee de los

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medios asistenciales y preventivos a quienes no los posean, con dicha omisión decreta la muerte de numerosas personas enfermas, las cuales no encuentran asistencia médica u hospitalaria para curar sus enfermedades.

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La falta de fomento, promoción, educación, prevención, asistencia y atención en materia de salud puede constituirse en un atentado contra la calidad de vida y contra el derecho que corresponde a toda persona a vivir dignamente y en condiciones que favorezcan esa dignidad que, como ha señalado su Santidad Juan Pablo II, es única.

El derecho a la vida no ha de limitarse o reducirse a garantizar a toda persona la permanencia del hálito vital, sino que igualmente debe asegurar un nivel de existencia adecuado que asegure, entre tantos otros bienes importantes, asistencia médica y servicios sociales necesarios e indispensables. Puede apreciarse el carácter integral e interactuante que tiene este derecho, ya que su garantía implica asegurar un apropiado nivel de vida de acuerdo con los postulados de la O.M.S. que, en la Declaración de Alma-Ata (septiembre 1978), se refiere a la importancia de promover y proteger la salud del pueblo con el objeto de lograr un desarrollo económico sostenido, mejorar la calidad de la vida y alcanzar la paz mundial.

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SÍNTESIS HISTÓRICA DEL DERECHO A LA SALUD El concepto de salud-enfermedad ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y conjuntamente, también, ha evolucionado la esencia, fundamento, alcance y postulado principista del Derecho a la Salud. Lo mágico, lo religioso, lo biológico, lo sociológico y la visión holística respecto del hombre y del mundo que lo rodea, conforman el proceso en referencia.

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En la época en que predominó el concepto mágico y religioso de la salud y la enfermedad, según el cual las fuerzas malignas se posesionan de la persona y por ende la hacen padecer, el enfermo ocupó una posición social que lo condenaba a ser estigmatizado como pecador y a ser tratado como un ser inferior.

El enfermo era apartado del grupo social y su sanación quedaba en manos de curanderos, expertos en conjuros o religiosos que se ocupaban de él por razones morales que imponían el deber de asistir al desvalido en hospicios o asilos regentados por autoridades eclesiásticas.

La enfermedad llegó a ser estimada como un castigo merecido que el pecador debía padecer. “Las epidemias y otras catástrofes naturales fueron consideradas, a menudo, castigos impuestos por Dios” (Sigerest, 1974:41). La asistencia social no era obligación del Estado, puesto que la relación de este último con el individuo y con la sociedad no se basaba en el principio de la reciprocidad y solidaridad, sino en el de la subordinación al poder público por parte del sujeto o sujetos integrantes de la colectividad.

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Superado el concepto mágico y religioso, surgen otras definiciones en cuanto a la salud. La corriente somaticista explicaba que la enfermedad no es otra cosa que una alteración corpórea. Para los localicistas la enfermedad es un proceso localizado que lesiona determinadas partes del organismo humano. La concepción matemática asumió la enfermedad como resultante de una probabilidad estadística, susceptible de medición.

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Los cambios en el pensamiento concerniente a la medicina, así como los referidos a lo político, social, económico y cultural, influyeron para que el Estado se comprometiera en materia de salud. El racionalismo cartesiano, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el surgimiento de nuevos actores sociales (la clase obrera, por ejemplo) confirman lo expuesto.

A partir de mediados del Siglo XVIII, en Europa, y como consecuencia de la Revolución Industrial, el Estado toma para sí la asistencia sanitaria en términos represivos con el propósito de combatir a los vagabundos y mendigos, a quienes consideraba como agentes causales de la delincuencia y demás problemas atinentes al orden público.

Durante la etapa de crecimiento industrial, específicamente en el Siglo XIX, el Estado se convirtió en el administrador de la seguridad social cuya doctrina era, en un principio, buscar restablecer la salud y otorgar prestaciones económicas sólo a los obreros, sin tomar en cuenta el núcleo familiar. En otras palabras, se procuraba mantener en buen nivel de salud a la mano de obra que era ocupada en el proceso productivo, ya que ello redundaría en beneficio de la empresa (Rojas Soriano, 1982:79).

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En todo caso el criterio dominante, de tipo funcionalista, tenía como propósito primordial mantener una elevada productividad. Era perentorio, y razón única, que se pudiera asegurar la existencia de personas fuertes y sanas, con capacidad para desempeñarse durante largas jornadas de trabajo.

Las luchas de los obreros, impulsados por la necesidad de defender la dignidad de la persona humana, permitieron la conquista de sistemas de seguridad social. Durante los Siglos XIX y XX aumentó el movimiento legislativo en favor del derecho a la salud, a tal punto que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, lo consagra en los términos siguientes: Artículo 25 1.- “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2.- La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.

El artículo en referencia posee una amplitud indiscutible en cuanto a la protección social y los sujetos comprendidos dentro de ella. Quedan considerados tanto la salud, como la alimentación, la vivienda, todos los servicios de orden social y el aseguramiento contra infortunios que pudieran afectar a la persona.

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Con un profundo contenido humanista y en dirección a fines de justicia social y bien colectivo, contrapuesto a una suerte de premisa funesta nutrida por la idea de prodúzcase más y benefíciese menos al mayor número de seres humanos, la norma que se comenta comprende a toda persona: a la mujer embarazada, al desempleado, al enfermo, al desvalido, al anciano y a los niños, en un empeño por asistir, amparar, integrar y no segregar, no excluir, levantando, a todo evento, muros contra las corrientes favorecedoras de la eutanasia social.

Previo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se produjo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en Bogotá, el 1ro de mayo de 1948. En ésta se estableció (en el artículo 11) que: “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad” Los Estados, modernamente, han suscrito acuerdos como ha sido el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966, el cual establece que: Artículos 12 1.- “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2.- Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el presente Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

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a.- La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños. b.- El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo del medio ambiente. c.- La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. d.- La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.

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El pacto preindicado reconoce que para poderse realizar el “ideal del ser humano libre, liberado del terror y la miseria”, deben crearse las condiciones que propendan a posibilitarle el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como los de orden civil y político. Insistentemente se ha expresado en este trabajo que el Derecho a la Salud es un Derecho Humano de tipo social.

En la esfera de los Derechos Humanos las convenciones y pactos internacionales constituyen instrumentos normativos vinculantes, toda vez que, al producirse su ratificación, los Estados firmantes los incorporan al ordenamiento jurídico interno, con lo cual queda bien definida y ampliada en términos formales, al menos, la base social, democrática y de derecho que sirve de fundamento a la regulación legal de las relaciones intersubjetivas de diverso orden y nivel. Esto último lleva a aseverar que la Carta Magna vigente en Venezuela se encuentra dentro de las Constituciones Sociales avanzadas, que se antepone, en la práctica, a la tendencia que se vive en algunas sociedades en cuanto a reducir, minimizar o debilitar las políticas de protección social.

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En el caso del mantenimiento de la salud pública se asiste a un proceso de deterioro que tiende a agudizarse cada vez más. Existe una terrible contradicción entre la obligación de proteger la salud de la sociedad en su conjunto y el desarrollo de la empresa privada que mira a la atención médica como un negocio propio del sistema económico contemporáneo, de corte neoliberal, que se inspira en la máxima del Laissez Faire, Laissez Passer (dejar hacer, dejar pasar). En otros términos, en muchas partes del mundo es evidente la propensión a transformar la protección de la salud en una actividad mercantil que cuenta con la anuencia del propio Estado que desmejora, cada vez más, los servicios públicos creados para la asistencia sanitaria.

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CONCLUSIONES Debe admitirse, como idea conclusiva, que el derecho no es necesariamente un obstáculo para el cambio social. Su efectividad en pro de las grandes transformaciones históricas, progresistas, favorecedoras del respeto al ser humano, es posible. Para ello es necesario contar con una concepción filosófica, ideológica, principista, nutrida por la voluntad de conformar una sociedad solidaria y de respeto al prójimo, donde, en los términos señalados por los Provinciales Latinoamericanos de la Compañía de Jesús, “nadie quede excluido del trabajo y del acceso a bienes fundamentales para la realización personal; como la educación, la nutrición, la salud, el hogar y la seguridad…” (El Vigilante, 1997:7). El derecho puede ser un camino, un medio, un recurso que haga viable el compromiso de “entregarse al servicio de los intereses generales que importan a todos” (Provinciales de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe. El Vigilante. Ibid.).

El derecho, a través de la historia, también ha sido un instrumento que recoge la sensibilidad hacia los débiles y los marginados, pues entre sus fines están el bien común y la justicia, especialmente la justicia social.

Dentro del espíritu y sentimiento de los revolucionarios franceses (1789) se consideraba que la “ignorancia, el olvido y el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas”, razón por la cual el cuerpo social debe recordar que tales derechos son naturales, inalienables y sagrados. Este criterio ha prevalecido a lo largo del tiempo, al extremo de aseverarse que existe una “toma de conciencia cada vez mayor sobre la dignidad del ser humano y su valor único e irrepetible.” (Villegas, 1995:5).

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Ante el amenazante deterioro que confronta la humanidad por causa de un esquema político, económico y social caracterizado por la exclusión, el individualismo, la discriminación, la concentración en grado sumo de la riqueza colectivamente producida, el estímulo de la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la promoción y defensa de los Derechos Humanos tienen que convertirse en baluartes de la labor educativa. En este sentido, la educación debe nutrir aun más sus contenidos con postulados enaltecedores de todo lo que es sustantivamente humano.

Se ha dicho con toda propiedad que, en muchas partes del mundo, como consecuencia de equivocadas políticas por parte del sector oficial y como efecto de la pesada deuda externa que afecta a los países más pobres del planeta, se produce un recorte del gasto social del Estado que merma la inversión necesaria para la materialización de los Derechos Humanos de tipo social, como son: salud, educación, vivienda y otros referidos a la seguridad de niños, ancianos, madres y trabajadores en general.

La salud es un Derecho Humano fundamental, y como consecuencia de ello el Estado no puede relegar la función social que en esta materia debe cumplir. El sector oficial tiene que arbitrar a favor de los intereses colectivos y no a favor de particulares interesados en negar la acción educativa, de promoción, de fomento y prevención en salud.

El abandono progresivo por parte de los entes gubernamentales responsables de la política sanitaria ha provocado una práctica signada por la acentuada deshumanización que genera escasa

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cobertura de los servicios sociales. Con esto último se posibilita el establecimiento de inaceptables desigualdades.

La dimensión histórico-jurídica ayuda a comprender la saludenfermedad como un proceso dialéctico, en el que nada es estático, no dinámico, desarticulado, y en el que los patrones de normalidad y anormalidad, derivados de una noción biológica de disfuncionalidad, no explican por si solos, lo complejo de este proceso que tiene un importante carácter social.

La realidad mundial del presente se nos muestra con un bajo nivel en la calidad de vida y ausencia de bien común y justicia colectiva. La reaparición de enfermedades infecciosas y parasitarias tiene como causa fundamental el hecho de que en los países de mayor pobreza hay una disminución de la inversión en políticas de prevención en salud. Se han incrementado los problemas gastrointestinales y respiratorios en razón de las pésimas condiciones ambientales y alimentarias.

La población infantil es particularmente la más afectada, pues hoy es víctima del flagelo del hambre oculta que merma su capacidad de desarrollo físico y mental, condenándola a la miseria, a la marginalidad y a la muerte prematura.

Es pertinente concluir, sobre la base de afirmaciones ya hechas y que siguen teniendo plena vigencia, que la salud es un Derecho Humano fundamental, de allí la obligación de asumir en conjunto su defensa e impedir que desmejoren aceleradamente las condiciones de existencia de la población mundial.

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INTRODUCCIÓN I. ASPECTOS GENERALES RELATIVOS AL DERECHO DIVERSAS ACEPCIONES DEL TÉRMINO DERECHO LOS FINES DEL DERECHO II. LOS DERECHOS HUMANOS SÍNTESIS HISTÓRICA DEFINICIÓN DE DERECHOS HUMANOS CARÁCTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS REFERENCIA CRONOLÓGICA DE LOS DERECHOS HUMANOS III. EL DERECHO A LA SALUD DEFINICIÓN JURÍDICO - SUBJETIVA DERECHO A LA SALUD SÍNTESIS HISTÓRICA DEL DERECHO A LA SALUD CONCLUSIONES REFERENCIAS DOCUMENTALES

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Se terminó de imprimir en mayo de 2008 en el Sistema Nacional de Imprentas Regionales Mérida - Venezuela.

La edición consta de 600 ejemplares impresos en papel Ensocremi de 55 Gms. Portada: Imprenta de Mérida Compañía Anónima - IMMECA Papel glassé 300

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