GUÍA
DE
BUENAS
PRÁCTICAS
EN
MATERIA
DE
IGUALDAD PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. La negociación colectiva es el espacio natural del ejercicio de la autonomía colectiva de las organizaciones empresariales y sindicales y el ámbito apropiado para facilitar la capacidad de adaptación de las empresas, fijar las condiciones de trabajo y los modelos que permitan mejorar la productividad, crear más riqueza, aumentar el empleo y mejorar su calidad y contribuir a la cohesión social. El establecimiento de criterios y orientaciones para acometer los procesos de negociación colectiva es evidente que ha contribuido a afrontar en mejores condiciones los procesos de cambio y adaptación a la nueva realidad socioeconómica en la que está inmerso nuestro actual modelo social. En este sentido, el establecimiento de estas pautas o recomendaciones tienen por finalidad la de servir de instrumento de ayuda a las comisiones negociadoras de los convenios colectivos, con el fin de ofrecer unas orientaciones que contribuyan a mejorar los contenidos de la negociación colectiva. Estas pautas de buenas prácticas se podrían instrumentar, guardando siempre un absoluto respeto a la autonomía de negociación de las partes, a título ejemplificativo, en las siguientes que se apuntan. 1. Principio de igualdad de trato.Con carácter general se establece la obligación de respetar el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad se contempla el deber de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres (artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica 3/2007). En tal sentido, los Convenios colectivos, de todos los niveles, podrán manifestar su voluntad de hacer efectivo el derecho a la no discriminación y de promocionar la igualdad de trato, integrando el principio de igualdad de manera transversal en la regulación del conjunto de las condiciones de trabajo. Así, se procurará agotar las posibilidades que la ley concede en orden a alcanzar un nivel efectivo de igualdad de trato y de oportunidades, teniendo en cuenta que el principio de igualdad exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, y que exista una relación de proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida, con criterios
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