Revista Interlocuciones No. 5

Inter #5 locuciones

ISSN 1692 - 5459

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INTERLOCUCIONES REVISTA INTERLOCUCIONES #5 NÚMERO 1 // SEMESTRE II DE 2014 // ISSN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

INTERLOCUCIONES es una revista de la Universidad Nacional de Colombia, y de los estudiantes vinculados al grupo de trabajo INTERLOKUCIONES.

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Derechos de Autor y Atribución Comercial Rector Vicerrector Director Bienestar Sede Bogotá Coordinadora Programa Gestión De Proyectos // PGP Decano Facultad De Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Dirección Bienestar Facultad De Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Comité Editorial Coordinador

Ignacio Mantilla Diego Fernando Hernández Óscar Oliveros Elizabeth Moreno Genaro Alfonso Sánchez Gustavo Adolfo Puyo

Juan Pablo Fula Sotelo

Colaboradores

Linda Yulieth Correa Christian Guillermo Benítez Javier Alejandro Jiménez

Tutoría Académica

Miguel Ángel Herrera Zgaib, Docento Dpto. Derecho.

Corrección De Estilo

Albalucía del Pilar Gutiérrez G.

Diseño & Diagramación

Juan Pablo Nieto Oliveros

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INTERLOCUCIONES es una revista que recoge el trabajo de los estudiantes pertenecientes al grupo de trabajo INTERLOKUCIONES, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.

Los textos presentados en la siguiente publicación expresan la opinión de sus respectivos autores, y la Universidad Nacional de Colombia no se compromete directamente con la opinión que estos pueden suscitar

FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DIRECCIÓN DE BIENESTAR DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA GESTIÓN DE PROYECTOS

Inter #5 locuciones CONTENIDO Editorial // P3 Semblanza PENSAMIENTO POLÍTICO DE GONZALO ARANGO // P5 Mauricio Aya Jiménez Dossier MEMORIA Y POLÍTICA: UNA APROXIMACIÓN REFLEXIVA // P25 Linda Yulieth Correa Grisales MOVIMIENTO SOCIAL DE VÍCTIMAS: ENTRE RELATOS HEGEMÓNICOS Y REDIMENSIONES DEMOCRÁTICAS DE LA MEMORIA // P35 Yolanda Rodríguez Rincón CAMINOS PARA LA PAZ, UNA MIRADA HISTÓRICA DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO Y DEL PROCESO DE PAZ CON EL M-19 // P52 REFLEXIONES PARA LA ACTUALIDAD Oscar Javier Martínez Ricaurte Linda Yulieth Correa Grisales UNA MIRADA DE LO POLÍTICO EN COLOMBIA DESDE EL SEMANARIO VOZ: LA VERDAD DELPUEBLO 2008-2010 // P 78 Diana Rocío Rodríguez Rincón Diana Rocío Sánchez Rincón Yesica del Rocío Vargas Suárez Carlos Andrés Moya Galvis Reseña Documental LA VOZ DE LAS PIEDRAS // P88 Sara Padilla Vivero

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Bogotรก. Gabriel Rojas, 2013

EDITORIAL

En la presente edición queremos hacerlos partícipes del resultado del grupo de trabajo estudiantil Interlokuciones. Dicho producto, que se piensa en primer lugar como un espacio abierto para la discusión y el debate por miembros de toda la comunidad universitaria, en esta ocasión se nutre con las reflexiones de estudiantes convocados por temas muy variados pero a la vez afines: movimientos sociales, la «cuestión» de la memoria, el conflicto, sus víctimas y la paz. Encontramos como línea transversal una lectura aproximada de la realidad política colombiana, acompañada también por un elemento de transgresión que cada texto rescata, además de apuestas transformadoras en medio de un contexto histórico, que, a su vez, es generador de elementos que permiten crear apuntes para entrever el potencial de cambio en la coyuntura política de hoy.

Por lo anterior, este número cuenta con el aporte del estudiante Mauricio Aya Jiménez sobre el pensamiento político de Gonzalo Arango, el cual, ligado a los albores del nadaísmo en el país, se perfila como propuesta disruptora en medio de una realidad signada por la tradición partidista y excluyente de la política de mediados del siglo XX, y de la tradición religiosa impregnada en todos los ámbitos de la vida.

De igual manera, reconocemos el aporte de las y los estudiantes Linda Correa, Sara Padilla, Diana Rodríguez, Diana Sánchez, Jessika Vargas, Carlos Moya y la doctorante Yolanda Rodríguez, quienes abordan en sus respectivas reflexiones el tema de la memoria desde una perspectiva teórica o a partir de relatos basados en situaciones reales mostrados a partir de expresiones audiovisuales, como el documental La voz de las piedras. Desde este tema se ambientan también

Grupo Estudiantil Interlokuciones

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textos sobre el movimiento social de víctimas y lo político en Colombia a partir del Semanario Voz, los cuales discuten contextos de memoria para permitir, por una parte, ampliar la comprensión de la categoría víctima en un país de violencia, y por otra, revelar el rol de los medios de comunicación en la producción de verdades, bien con pretensiones encubridoras, bien con pretensiones de revelar la arbitrariedad de situaciones y decisiones políticas durante un período de gobierno como el de Álvaro Uribe.

Por último, los estudiantes Linda Correa y Óscar Martínez suman a esta edición una reflexión en torno a los procesos de paz, aterrizada en la experiencia de diálogo entre el grupo guerrillero M-19 y el gobierno de Virgilio Barco, para extraer lecciones que aporten a los actuales diálogos de paz que tienen lugar en La Habana entre las FARC y el gobierno nacional.

Dicho lo anterior, esperamos que este ejercicio académico trascienda el trabajo al interior del colectivo, para que genere interrogantes, opiniones y debates en el lector, abriéndole la puerta a un universo de reflexiones para pensar de manera más profunda la realidad de un país que, en tanto compleja, exige ser leída y comprendida desde distintas perspectivas.

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Mike Wazowzki. Gabriel Rojas, 2013

SEMBLANZA

Mauricio Aya Jiménez1

Resumen El pensamiento político de Gonzalo Arango se contextualiza en la Colombia de los años 1958 a 1968. Contexto particularmente tradicional y atávico en el que se gesta el movimiento nadaísta. Este no fue propiamente una organización con filiación partidista, sino un movimiento de negación de la moral, los valores e imaginarios instituidos en el país, con el fin de anteponer la emancipación de la imaginación y de la potencia de los seres humanos, ya que estos dos son elementos constructores de unos nuevos valores o símbolos, que acuden a un actor social vital: la juventud. La política de Gonzalo Arango parte del respeto a la vida, a la dignidad y a la diversidad humana, además se constituye como una negación de la propiedad privada y de la homogenización de los individuos, hay una reivindicación de la libertad.

Palabras clave Colombia, pensamiento político, Gonzalo Arango, nadaísmo, poder simbólico, juventud, libertad.

1 Estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, mayaj@unal.edu.co. El texto que se presenta es producto del trabajo monográfico en Ciencia Política.

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PENSAMIENTO POLÍTICO DE GONZALO ARANGO

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Introducción ¿Qué relevancia podría tener para el pensamiento político colombiano y para nuestra sociedad la figura del nadaísmo? Esta fue la inquietud que dio origen a una reflexión académica sobre el pensamiento del escritor Gonzalo Arango, además del interés por recuperar la memoria de sus ideas, acciones y su obra literaria, para quienes desconocen esta parte, ínfima o no, de la historia colombiana.

La respuesta al interrogante propuesto anteriormente la proporciona el propio fundador del nadaísmo a través de su obra literaria, especialmente de su prosa, así como en la correspondencia que sostuvo con sus más allegados, en donde expresa sus reflexiones, inquietudes, consideraciones e imaginarios.

Allí se ubica la metodología de esta reflexión académica, en la indagación de sus textos, en el análisis e interpretación de sus ideas y pensamientos, una investigación bibliográfica que se concentró principalmente en su prosa.

La exploración o búsqueda de un pensamiento inherentemente político en la obra de Gonzalo Arango llevó al investigador a ubicar el contexto histórico en el que se desenvolvió el escritor colombiano. De esta manera, el texto desarrollado por Diego Pineda cobra relevancia, en tanto permite desentrañar una periodización por etapas de la vida y obra de Gonzalo Arango: prenadaísta (1950-1958), nadaísta (1958-1971) y post-nadaísta (1971-1976) (Pineda, 2007).

Estas etapas serán renombradas para el desarrollo de la investigación. El acercamiento a la obra de Gonzalo Arango permitirá designar estas etapas de la siguiente manera: el Inconforme (1950-1958), el Rebelde (1958-1968) y el Espiritual (1968-1971)

esta última etapa no será profundizada.

Si bien es de utilidad para el trabajo la periodización de Pineda, el pensamiento de Arango no se divide en tres fases, más bien, constituyen periodos en los que son evidentes cambios en su vida y obra. Pero, hay ciertos postulados o categorías que son transversales a cualquier división.

En Gonzalo Arango se vislumbra, a lo largo de toda su vida, un respeto a la vida y por el otro, una ética de la libertad, un reconocimiento de la diversidad de los seres humanos y de la idea de una potencia en cada uno de ellos para llevar a cabo una trasformación real basada en ese reconocimiento.

Como bien se ha mencionado, la indagación de un personaje conlleva necesariamente al análisis del periodo histórico concreto y del espacio geográfico en el que se desenvolvió su vida, de esta forma, la reflexión académica se desarrolló bajo el marco espacial y temporal de Colombia entre 1950 y 1968.

Breve marco histórico – político colombiano (1950-1968) De acuerdo con el periodo de análisis comprendido para esta reflexión (1950-1958), se destacan tres acontecimientos particularmente relevantes en la historia nacional: la presidencia de Laureano Gómez, el posterior gobierno del General Gustavo Rojas

Pinilla luego de un golpe militar contra el gobierno de Gómez y, finalmente, el establecimiento del Frente Nacional.

El gobierno de Laureano Gómez se caracterizó por el estado de sitio permanente y por una limitación o censura a la prensa, como lo menciona Álvaro Tirado Mejía, se impuso «la reivindicación del orden por encima de la libertad» (Tirado Mejía, 1989, p. 82) con el pretexto de reorganizar la institucionalidad afectada por el supuesto desorden perpetrado durante la República Liberal.

En relación con Gonzalo Arango, este describe especialmente los sucesos que acompañaron el establecimiento de Laureano Gómez como presidente de Colombia en su natal Andes Antioquia: 7 de agosto de 1950, día de la patria. Todas las ventanas lucen el tricolor nacional, y si hay dos ventanas, en la otra flamea una bandera azul. […] Como algunas balas descarriadas iban a hacer blanco en el corazón de algunos pedestres parroquianos, me escapé a casa de mi hermana Judith que por supuesto tenía dos banderas, lo que me permitía sacar la cabeza por el mirador sin mucho peligro, para ver pasar aquella turba desenfrenada y borracha haciendo astillas las ventanas donde no habían izado el trapo azul, lo que convertía a sus moradores en reos del antipatriotismo y alta traición. Lo que me aterró de verdad fue ver aquella chusma

La empresa de mayor relevancia del gobierno de Laureano Gómez consistió en modificar o sustituir la Constitución Política de 1886 por una nueva disposición con evidentes rasgos e influencias franquistas. Si bien la Constitución de 1886 no fue propiamente un elemento garante de derechos civiles y políticos, las aspiraciones de Laureano Gómez consistían en convertirla en marco de un rígido autoritarismo al estilo fascista. En el texto introductorio del pretendido proyecto de reforma, el Ministro de Gobierno, Luis Ignacio Andrade escribió: «las instituciones de la República se apartan definitivamente de la influencia perniciosa de las ideas rousseaunianas y marxistas y se inspiran por entero en las evangélicas y bolivarianas, a fin de realizar la democracia cristiana.»(Tirado Mejía, 1989, p. 88) El Partido Conservador sufre una crisis debido a las divisiones internas entre laureanistas, ospinistas y alzatistas, y la figura del Ejército cobra relevancia como actor que ofrece una cierta neutralidad en el marco de este escenario crítico. Tras la ausencia de Laureano Gómez por cuestiones de salud y el vacío que ofrece Roberto Urdaneta, Gustavo Rojas Pinilla toma el control del país. Tanto Ospina Pérez como Gilberto Alzate Avendaño apoyan el golpe, los liberales representados por Darío Echandía igualmente apoyan el acto, este lo

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enloquecida, borracha y echando bala, […] precedidos nada menos que por el Reverendo “Atila” Betancur, portando la prusiana bandera azul, y a su lado, con el sable en alto, en trance de prócer, el patojo teniente Tangarife, comandante en jefe de la policía parroquial. Ellos dos, el cura y el policía, sellaban la unión del Poder Eterno y del Poder Temporal que se acababan de instalar en el gobierno de Colombia. (Arango, 1991, p. 126)

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denominaría como un «golpe de opinión» (Tirado Mejía, 1989. p. 108). Existe además una complicada situación en el país por el levantamiento armado de los campesinos liberales, en los llanos principalmente.

De acuerdo con Tirado Mejía (1989), el gobierno del General derivó la amnistía decretada para los guerrilleros del Llano, a quienes se les asignó condición política, sin embargo, a mediados del año 1953 la violencia se intensifica en el Tolima, cuestión de la que se acusa a la influencia del Partido Comunista en la región. Durante este periodo surgen discrepancias y enfrentamientos entre el General y las Cortes de justicia, además son asesinados varios estudiantes por una patrulla del Ejército que dispara contra una manifestación en rechazo de la muerte de un joven estudiante el día inmediatamente anterior (8 de junio 1954), estos acontecimientos conducen al movimiento estudiantil a protagonizar una fuerte oposición a la dictadura de Rojas. Por otro lado, la reacción gubernamental se manifiesta con masivas e injustificadas detenciones entre las cuales se encuentran las de Gerardo Molina y Antonio García, además se proclama una regulación del contenido de la prensa, acto que es rechazado.

En su texto Memorias de un presidiario nadaísta, Gonzalo Arango da a conocer lo que fue su filiación política al MAN (Movimiento Amplio Nacional) de Gustavo Rojas Pinilla y su posterior desilusión con el mismo, al tiempo que muestra cómo se desarrollaron los acontecimientos que conllevaron al establecimiento de un nuevo régimen en el país luego de la permanencia en el poder del General. Aquí se contempla nuevamente la percepción del escritor con los hechos y realidades nacionales que siempre fueron consideradas por él. Sobre lo ocurrido luego de la caída del General, dice:

Mi devoción a la dictadura tampoco era tan mística […] ¡Al diablo con el sacrificio y la dignidad humana política! Pues si el General Jefe Supremo con tanques y todo se había ido de paseo, ¿qué era entonces lo que no podía hacer un granuja como yo, incluso hacer lo que hicieron todos los colaboracionistas de la dictadura: pedir perdón y arrastrarse como babosas ante los nuevos amos para que les dejaran cantar el himno nacional y poner su granito de arena de idolatría en el altar de la democracia resucitada, que años antes habían ayudado a apuñalear con las armas de la dictadura? Yo habría podido hacer lo mismo, pero no lo hice por una razón: no por fidelidad al “Supremo” fugitivo, sino por asco a lo que veía desde la ventanilla del excusado, ese desfile apoteósico de obreros puestos en libertad esa mañana para que hicieran tumulto democrático con los socios del Club Unión, los seminaristas laicos de la Pontificia Bolivariana cantando himnos del Opus Dei con los izquierdistas de la Universidad de Medellín, y en la retaguardia del carnaval las socias del Club de Jardinería, de la Liga de Castidad, de las sociedades pías, y las matronas que “mueren de ataque” con los discursos del ruiseñor Lleras Camargo. Toda esa masa gelatinosa y ululante de histeria colectiva era presidida por el Tricolor y los otros colores pontificios a prueba de balas y seguido por un flamante Cadillac negro donde iban trepados con ademanes victoriosos y

maquillados de júbilo inmortal los sustitutos de Nuestro Señor Jesucristo y de don Simón Bolívar, que a nombre del pueblo y de la Libertad tomaban posesión del Nuevo Orden democrático en calidad de libertadores de Colombia. Los nuevos héroes del honor nacional uncidos al Cadillac de la salvación republicana eran nada menos que Monseñor Jáuregui y el Laureado “Doctor Andi”, y tras ellos el patriótico tumulto cantando las estrofas inmarcesibles del Himno Nacional. […] (Arango, 1991, p. 105-106) Poco a poco el apoyo al gobierno de Rojas fue disminuyéndose, hubo un distanciamiento tanto de los partidos políticos, como de la Iglesia Católica y de los sectores económicos, mientras tanto, en 1955 se llevó a cabo un encuentro entre Alberto Lleras y Laureano Gómez en España donde se propone un Frente Civil y se da el Pacto de Benidorm, por otro lado se desarrollaron en todo el país manifestaciones en contra de Rojas Pinilla, el 10 de mayo del 57 este dimite.

El denominado Frente Civil da origen al Frente Nacional, con los acuerdos de Benidorm y Sitges, acuerdo que estipula la distribución entre los dos partidos tradicionales del poder político durante un periodo definido y una distribución de la misma manera de la burocracia estatal. De acuerdo con Tirado Mejía (1989), este régimen

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pretendía una eventual quietud y pasividad del país con relación a las turbias dinámicas que se desarrollaron anteriormente; sin embargo, nunca se habían modificado tan aceleradamente las estructuras sociales en el país, es decir, durante este periodo las dinámicas tanto políticas, como económicas y sociales se vieron envueltas en grandes transformaciones.

Los gobiernos del Frente Nacional se caracterizaron, según Arrubla Yepes (1996), por la búsqueda del mantenimiento de un orden institucional donde fueran combinados un contexto político democrático y un esquema económico capitalista (p. 210).

Cabe destacar que los problemas desarrollados durante este periodo generan las condiciones y causas por las que se conformaron grupos insurreccionales como las FARC y el ELN, así como de la aparición posterior del M-19 tras el fraude electoral en 1970 cuando el candidato conservador y frentenacionalista Misael Pastrana gana en fraudulentas elecciones la presidencia al candidato de la ANAPO, Gustavo Rojas Pinilla.

En uno de los textos de mayor reconocimiento, Elegía a Desquite, Gonzalo Arango estipula y vislumbra la influencia o el papel del Estado en relación con la desatada y cada vez más extendida violencia del país. Hace una crítica del modelo establecido, dilucidando la incapacidad existente en Colombia para una formación libre y autónoma de sus habitantes, el papel de la educación reducido a intereses particulares y el derecho más importante, el de la vida, puesto en cuestionamiento por la confrontación violenta de estos intereses.

El fundador del nadaísmo reconoce que la vida misma, llevada al extremo concibe grandes problemas, principalmente la reproducción sistemática de más violencia.

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[…] Lo mataron porque era un bandido y tenía que morir. Merecía morir sin duda, pero no más que los bandidos del poder. […] Con un ideal, esa fuerza tenebrosa invertida en el crimen, se habría podido encarnar en un líder al estilo Bolívar, Zapata, o Fidel Castro. […] Siempre me pareció trágico el destino de ciertos hombres que equivocaron su camino, que perdieron la posibilidad de dirigir la Historia, o su propio Destino. Desquite era uno de esos: era uno de los colombianos que más valía: 160 mil pesos. Otros no se venden tan caro, se entregan por un voto. Desquite no se vendió. […] Su filosofía, por llamarla así, eran la violencia y la muerte. Me habría gustado preguntarle en qué escuela se la enseñaron.

El habría dicho: yo no tuve escuela, la aprendí en la violencia, a los 17 años. Allá hice mis primeras letras, mejor dicho, mis primeras armas. […] Se había hecho guerrillero siendo casi un niño. No para matar, sino para que no lo mataran, para defender su derecho a vivir, que, en su tiempo, era la única causa que quedaba por defender en Colombia: la vida. […] Su patria, su gobierno, lo despojan, lo vuelven asesino, le dan una sicología de asesino. Seguirá matando hasta el fin porque es lo único que sabe: matar para vivir (no vivir para matar). […] Yo, un poeta, en las mismas circunstancias de opresión, miseria, miedo y persecución, también habría sido bandolero. Creo que hoy me llamaría “General Exterminio”. Por eso le hago esta elegía a Desquite, porque con las mismas posibilidades que yo tuve, él se habría podido llamar Gonzalo Arango, y ser un poeta con la dignidad que confiere Rimbaud a la poesía: la mano que maneja la pluma vale tanto como la que conduce el arado. […] ¿Qué le dirá a Dios este bandido? Nada que Dios no sepa: que los hombres no matan porque nacieron asesinos, sino que son asesinos porque la sociedad en la que nacieron les negó el derecho

de ser hombres. Menos mal que Desquite no irá al Infierno, pues él ya purgó sus culpas en el infierno sin esperanzas de su patria. […] Yo pregunto sobre su tumba cavada en la montaña: ¿No habrá manera de que Colombia en vez de matar a sus hijos los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia: Desquite resucitará, y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas. (Arango, 1966, p. 73-78)

Influencias de Gonzalo Arango Esta parte de la reflexión se concentró en ubicar aquellas posturas y teoremas literarios y filosóficos, así como personajes que pudieron influir en el pensamiento de Gonzalo Arango.

Al respecto, se ubicó en las referencias de los textos del fundador del nadaísmo una predominancia de la filosofía de Friedrich Nietzsche: En realidad, la vida es más simple de lo que piensan los filósofos. Desde Sócrates, pasando por Descartes y terminando en Kant, el filosofar ha sido un triste oficio de falsificadores de la vida, y los filósofos una pandilla de eunucos. Pongo de ejemplo a Kant que no conoció más aventura que salir de su cuarto al aula de la universidad. Del universo no conoció más que las tristes ideas que destilaba

su cerebro. Más allá de su ventana terminaba el mundo; un topo del pensamiento. […] A mí nada me puede enseñar un tipo que solo vivió del cerebro. En cambio Nietzsche… ¡qué alma aterradora, qué espíritu soberbio! Su filosofía estremece como una mujer desnuda… y amada. Creo que Nietzsche ha sido el más padecedor de los filósofos, el más vivo, el que más directamente llega a la carne del espíritu. […]

Cobardes de pensamiento y acción, no hemos osado dar el salto que nos propuso hacia la conquista de la verdad salvadora, esa que encarnó Zaratustra. (Arango, 2000, p. 233-234) Además, se ven influencias del existencialismo francés, el surrealismo de André Breton y, muy especialmente, el pensamiento del envigadeño Fernando González de quien dirá: Es inútil entonces buscar un signo de salvación lejos y fuera de nosotros, en la civilización. Nuestra civilización es un desierto. Y la salvación, si es posible, tendrá que nacer de nosotros mismos. Es aquí, y en este momento, en que la obra del maestro Fernando González se torna evangélica y redencionista, pues su espíritu se encarna en un lenguaje de vida, de amor y de conciencia… (Arango, 2000, pág. 126) Por otro lado, puede verse el trabajo de Beltrán y Sanabria (1992), quienes se

¿La política de Gonzalo Arango?

Si se afirma que el nadaísmo es una respuesta de tipo simbólico frente al orden o modelo imperante, orden o modelo con las características de producción y reproducción de unos valores e imaginarios inherentes al dominador en relación al dominado, entonces es una representación de la lucha simbólica que se libra a partir de la consecución del derecho de ejercer la violencia simbólica legitima, como lo señala Pierre Bourdieu (2000). Sin embargo, no puede afirmarse que el nadaísmo y su creador sean constructores o planificadores de un modelo con ansias de convertirse en dominante, es decir, Gonzalo Arango denuncia y ataca el modelo simbólico establecido, la forma mediante la cual se originan unos valores, unos imaginarios, unos símbolos que sistemáticamente son reproducidos por estructuras al servicio de intereses de dominación.

Bourdieu dilucida un análisis que descubre unas estructuras estructurantes, denominadas por el autor como «sistemas simbólicos» (Bourdieu, 2000) que se materializan en el arte, la religión, la lengua y otras formas de comunicación. Estas estructuras, como instrumentos de conocimiento

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refieren a lo que podría denominarse como influencias teóricas, filosóficas y literarias de Gonzalo Arango. Dichos autores establecen cuatro pilares relevantes en el pensamiento del fundador del nadaísmo, en los que se encuentran similitudes y acuerdos con la presente reflexión. El trabajo desarrollado por estos autores dilucida, en la obra de Arango, elementos del movimiento dadaísta, surrealista, como también categorías del nihilismo y, fundamentalmente, el pensamiento de Fernando González.

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y comunicación, únicamente pueden ser estructurantes en cuanto son estructuradas, es decir, han sido elaboradas a partir de una identificación o un sentido con el mundo, una perspectiva de este. Para Bourdieu el poder simbólico es un poder de construcción de la realidad cuya aspiración principal es instituir un orden gnoseológico o una doctrina del conocimiento, el establecimiento de un sentido inmediato del mundo social.

Las ideologías «se sirven de intereses particulares que tienden a presentar como intereses universales, comunes a la totalidad del grupo.» (Bourdieu, 2000, p. 93), además esta cultura dominante, emanada de las élites, cumple con la función de integrar realmente a los dominantes y asegura la integración ficticia o virtual del conjunto de la sociedad, lo que, en última instancia, legitima el orden establecido y su jerarquización.

Aquellos instrumentos estructurados y estructurantes de comunicación y conocimiento cumplen una función inherentemente política al constituirse como elementos que imponen y dan legitimidad a una dominación, asegurando la relación de dominio frente a los dominados y hacerse de la violencia simbólica para la «domesticación de los dominados» (Weber, citado por Bourdieu, 2000). Esta lucha simbólica por el predominio de un sentido social ideológico es, según Bourdieu, dilucidado en los conflictos simbólicos de la cotidianidad, por los especialistas de esta producción simbólica, quienes buscan la imposición de instrumentos de conocimiento y comunicación de la realidad social.

En síntesis, con Bourdieu, el poder simbólico, se define por una relación determinada entre quienes ejercen el poder y quienes lo padecen; es, además, un poder

subordinado de otras formas de poder, como el económico y el político.

El Nadaísmo es una respuesta a esta imposición, el pensar y actuar de su fundador, Gonzalo Arango, vislumbra una negación de estos símbolos y plantea la posibilidad de unos nuevos, es decir, el nadaísmo confronta esta perspectiva en la manera en que no pretende hacerse a los instrumentos o estructuras estructurantes sino que es en sí mismo un elemento de conocimiento y comunicación de una realidad social posible y distinta.

Bajo estos mismos postulados, es conveniente introducir como elemento pilar del trabajo, algunas de las tesis planteadas por el inglés Herbert Read en relación con el anarquismo y el vivir poético, ubicados en el marco de una reflexión sobre anarquismo desarrollada por Alfredo Gómez Muller y que en el marco del pensamiento político de Gonzalo Arango es relevante.

De acuerdo con Gómez Muller: La crítica anarquista del capitalismo no se limita a lo económico, sino que integra igual e indisociablemente la crítica de la seudocultura capitalista que produce en serie un sujeto sin ideal. Encadenado a la materialidad de la vida. El capitalismo no es solo un sistema económico que no asegura la exigencia humana de «pan» para todos, sino también un sistema que genera modos de vida

empobrecedores de lo humano, deshumanizantes y alienados. […] Y hoy en día se confirma igualmente la tendencia, observada desde la década de los cincuenta por diversos críticos del sistema, hacia el estrechamiento de los horizontes de la vida, el sujetamiento de la subjetividad dentro de un modelo de relación consumista con las cosas y las personas, y el encerramiento de la existencia en una cotidianidad mediocre y alienada. (Gómez Muller, 2009, p. 34).

Una relación que no necesariamente pende de un consumismo material, sino también de uno espiritual, un consumismo de las ideas y de las razones, de los imaginarios producidos por la lógica del modelo que impera, es así como ese sujetamiento de las subjetividades es también la configuración de aquellas estructuras estructurantes que operan en favor de un sentido.

Siguiendo a Gómez Muller (2009), el pensamiento de Herbert Read ubica una idea de poesía que manifiesta una actividad encaminada a la creación de conciencia y saber, un modo particular de concepción de la realidad y de relacionamiento con sí mismo y con el mundo, asociado al objeto de la poesía, es decir a «la destrucción de formas establecidas y creación de formas inéditas.» (p. 36).

De acuerdo con esta afirmación se establece, en el marco del pensamiento de

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Read, que el anarquismo del poeta se basa principalmente en la relación entre la destrucción de unas «formas establecidas del lenguaje y la destrucción de las formas establecidas del poder público. Según esto, la destrucción poética de las formas instituidas del logos (palabra, lenguaje, razón) tendría un significado público (social y político)» (Gómez Muller, 2009, p. 36).

La poesía se enmarca en el contexto de lo incognoscible, en el idealismo, un escenario en que la racionalidad occidental no ubica ni concibe, según Read, «los ideales tienen su propio modo de realidad y de efectividad, que se expresa a través de un lenguaje específico: el lenguaje simbólico.»

(Gómez Muller, 2009, p. 38).

De esta manera, el autor anarquista afirma que lo trascendente al orden imperante de cosas, en política, economía, estética, se elabora mediante la construcción de símbolos que confieren una consistencia al ideal, a partir de lo cual es posible cimentar ideas y conceptos que permitan debatir y criticar de manera racional y aplicar el ideal en la forma de vivir y de transformar el mundo (Gómez Muller, 2009, p. 38).

Pero Read va más allá e identifica en la utopía el pilar de todo progreso, caracterizándolo como la «poetización de todas las realidades de la vida», enfatiza en que este proceso de poetización es imaginario y «no racional en el sentido de la racionalidad científica, y lo propio de la imaginación poética es la creación de sentido, en la doble acepción de orientación y significado. La imaginación poética conduce a la apropiación de nuevas formas de vida, nuevos espacios de conciencia.» (Gómez Muller, 2009, pág. 39). Así, surge el sentido como una relación entre los seres humanos y el entorno particular que los rodea, según Read, la creación de un espacio de comunidad, de mutualidad.

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En el pensamiento de Gonzalo Arango se aprecia una especial importancia por la contribución del escritor o poeta a la transformación de su contexto, se le atribuye una función de denuncia y resistencia, la voz del oprimido contra el opresor: […] el poeta debe ser combatiente cuando los cañones instalados en el despotismo del poder no tienen razón; cuando los hombres que los disparan están alienados; y cuando los imperios que fundan su verdad en la violencia disfrazan de soldados a los hombres, y solo confían la defensa de sus razones en el poder de sus cañones. Mientras el mundo se debata en la amenaza y el terror, la poesía asumirá para sí el honor de ser más peligrosa que la bomba. De ser, en ausencia de jueces justos, la mano que bendice la inocencia, y lucha activamente al lado de la víctima contra el verdugo. (Arango, 1968, p.

13-15).

El Inconforme (1950-1958) Ya siendo nadaísta Gonzalo Arango expresará a través de uno de sus escritos la admiración que siente por el dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán, afirmando que si este no hubiera sido asesinado el nadaísmo nunca habría existido y asegura que si este escenario hubiese sido posible, su vida hubiera estado encaminada a seguirlo y defender sus banderas revolucionarias. Este escrito se encuentra en una recopilación realizada por Jota Mario Arbeláez y llamada Obra Negra (Arango, 1974).

Existe en Gonzalo Arango una conciencia social sobre la cual desarrolla sus reflexiones, basadas, además, en la realidad que percibe y contempla, son causa y pilar para desarrollar la próxima etapa, la nadaísta, en la que denunciará críticamente las

condiciones bajo las cuales se encuentra sometido el ser humano.

La desigualdad e injusticia social fueron consideraciones que perturbaron siempre el pensamiento del fundador del nadaísmo, percibirlas y contemplarlas significó en la vida del escritor un motor de inspiración para rechazar y denunciar todas las formas posibles de explotación. Pero además de estas observaciones, Gonzalo Arango siendo joven reconoce una planificación establecida para la vida, una estructuración de la misma, una modulación del ser humano que afecta principalmente a la juventud, basándose en una máxima del pensador Fernando González en la que establece una secuencia para la vida humana fundada precisamente en la negación del pleno disfrute de la misma: «nacer para estudiar, estudiar para trabajar, trabajar para tener hijos y tener hijos para morir, estaba muerto desde el principio»; máxima que corresponde a la reflexión de la mayor de las influencias en el pensamiento del fundador del nadaísmo, Gonzalo Arango se refiere a la decisión de tomar un camino basado en la elección personal, en contravía precisamente de esa planificación establecida: Yo elegí mi vida porque a mí me corresponde vivirla. Si no seguí estudios de derecho, fue por comprender que era una tribuna pequeña para dar mi testimonio de hombre. Mi

El Rebelde (1958-1968) destino estaba en ser hombre y me elegí escritor. […] Lo que digo como escritor es una respuesta a las imágenes brutales que ha mostrado el mundo. (Arango, 1997, p. 11) Gonzalo Arango no es propiamente un teórico de la política nacional ni de la cultura literaria, en él se vislumbran reflexiones de diversos temas de la vida humana, pero contempla dentro de su pensamiento temáticas inherentemente políticas, basándose en su relación con los otros. Se increpa y se cuestiona constantemente, de esta manera reflexiona sobre los asuntos que le atañen a él y al ser humano: Sucumbir a las tentaciones de la metafísica: bueno y malo según se mire. De un lado constituye un obstáculo si ese ejercicio se combina, por ejemplo, con la política, que es en esencia, compartir el mundo con los otros. Y es bueno si esa especulación pura se reduce al conocimiento de sí mismo, o sea, al pensar sobre la muerte, que es la única “utilidad” de la metafísica. Porque el pensar sobre la vida es para mí, precisamente, la política. De tal modo que las dos actividades simultáneas se excluyen y se destruyen, y no cumplen en ninguno de los dos campos sus objetivos propuestos. Porque el ejercicio metafísico conduce inexorablemente a la formación de una imagen irreductible del mundo que en lugar de unir el destino individual al destino de la

El nadaísmo de Gonzalo Arango dilucida más claramente su pensamiento en relación a algunas consideraciones ya presentadas: un rechazo a lo establecido y una negación de los valores tradicionales e imaginarios existentes a partir de lo inculcado por un mecanismo ideológico o estructurante como la Iglesia. Por otra parte, su prosa muestra matices de esas reflexiones y consideraciones, conocidas por correspondencia que siempre mantuvo con allegados y en la que expresa sus experiencias personales y pensamientos más profundos. Dentro de esta elaboración nadaísta se destacan los manifiestos escritos por Gonzalo Arango que dan muestra de sus intereses y desencadenan toda una reflexión acerca de su pensar.

El primer texto de Gonzalo Arango durante este periodo es el Manifiesto nadaísta (Arango, 1958), allí lanza a la luz su «inventico», un escrito que reivindica sus posturas frente a lo que considera impuesto y debe ser removido. Es, según él, un manifiesto contra todo lo establecido y considerado bueno por ese establecimiento.

Este escrito es el pilar de su pensamiento, plasma su postura frente a lo que recrimina y reivindica formas del lenguaje como la poesía y la prosa como elementos constitutivos de la lucha que emprende.

Sin embargo, la aparición pública del nadaísmo, recordada por el escándalo que desató, se da con el Manifiesto a los

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humanidad, establece frente a ella una separación fundamental. La metafísica es por eso un escape hacia uno mismo; es crear un mundo para sí, completamente ajeno al devenir histórico, que es terreno privativo de la política… (Arango, 2006, p. 165-166).

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escribanos católicos (Arango, 1991), un ataque a la institución eclesial y su pensamiento religioso-tradicional, una demanda juvenil que denunciaba a las personalidades políticas, religiosas y económicas.

El manifiesto se hizo público durante el Congreso de Escritores Católicos en medio de un sabotaje nadaísta. Este es un escrito que rechaza la moral religiosa, a la que se le imputa ser causa de las peores atrocidades en Colombia así como de la idiosincrasia hipócrita de la política nacional; además, es un rechazo a los protagonistas de esa vida política y de la económica nacional.

Se reconoce la necesidad nadaísta de reivindicar otros valores, entre los cuales se nombran los instintos animales y el amor sin estatutos, lo que denota toda una forma alternativa de reconocerse y de pensar las relaciones humanas, pero sin lugar a dudas se refiere más exactamente a unos nuevos imaginarios, a concebir el cuerpo y el pensamiento humano no como espacios de pecaminosidad y ascetismo, así como de sacrificio religioso, sino que por el contrario estimula una nueva concepción, una nueva interpretación y una nueva forma de conocimiento, basado en la destrucción de viejos paradigmas morales, para llevar a cabo una transformación en las relaciones sociales de la cotidianidad, de la subjetividad misma, negando toda forma de alienación que imponga un paradigma social sobre el mismo. El Manifiesto es un rechazo a los lineamientos y prototipos morales-religiosos que cubren el pensamiento de un manto de decoro pre moderno y medieval.

Por todos esos reverendos factores nosotros nos desafiliamos del orden y las reverendísimas tradiciones, y patentamos la desesperación y la derrota como única herencia; la

negación como una pasión creadora; el nihilismo como principio de una filosofía vital, sin dogmas; la duda como búsqueda de nuevas verdades y nuevos conocimientos, sin determinismos, ni prejuicios, ni morales coercitivas, y la libertad absoluta para el goce pleno de los sentidos y la fundación de un nuevo YO purificado de racionalismos y enriquecido por la experiencia. […] (Arango, 1991, p. 90-91) Gonzalo Arango considera que los valores tradicionales, particularmente los vinculados con la institución eclesial y su vínculo estrecho con el Estado, son responsables de la violencia que vive el país, costumbres que conllevaron al derramamiento de sangre en los campos de Colombia, les reprocha su retardatario y reaccionario pensamiento elaborado bajo el manto de unos símbolos que son objeto de idolatría, en contravía con formas alternativas de construcción de sociedad, cimentados por la juventud principalmente.

Por eso los viejos mitos adorables, hoy degradados por el fetichismo, han perdido su calidad de símbolos, gastados por el abuso. Esa barbera que usaba el abuelo para cortar sus barbas y bajar al mercado dominical y a la Misa Mayor, hasta hace poco fue el instrumento que sirvió para hacerle la cirugía política al enemigo, según el macabro y refinado

invento del “corte de franela”. Y esa camándula era para rezar después del asesinato, para pedir perdón y ofrecer la víctima al cielo como un trofeo del “Bien”. Y ese par de dados “cargados” por el diablo para trampear al amigo, previo pacto con las Ánimas del Purgatorio, quienes son contratadas por el tahúr como “gariteras” a porcentaje. Y los otros cacharros de vacuidad estética como las coplas, la bambuquería, la sonetería, ¿para qué sirven hoy, sino para frustrar la evolución y atajar el ascenso de las nuevas fuerzas creadoras de la historia humana? (Arango, 1991, p. 89) En otro de los manifiestos nadaístas escritos por Gonzalo Arango, Terrible manifiesto 13 (Arango, 1966, p. 55-63), desarrolla una crítica que reivindica su carácter juvenil luego de ya pasados algunos años del Primer manifiesto nadaísta. Es un texto de rebeldía y libertad, ¿pero cuál libertad? Una libertad cargada de espíritu juvenil, de rechazo a las instituciones humanas, como se ha mencionado anteriormente y con especial relevancia para Gonzalo Arango, la Iglesia, pero además de esta, la institución familia juega un papel preponderante como objeto de crítica, como mecanismo de producción y reproducción de los símbolos imperantes.

También en el Manifiesto al Homo Sapiens (Arango, 1966, p. 100-108), Arango invita a la desafiliación de aquellas instituciones

El anarquista Gonzalo Arango Si bien no puede afirmarse que Gonzalo Arango se declaró abiertamente como un anarquista, su pensar y actuar se acercan a postulados de esta corriente política, algunas de sus reflexiones pueden enmarcarse bajo algunas conceptualizaciones: la propiedad privada, la relación humanosociedad y humano-humano, así como sus constantes críticas a los dos modelos imperantes en el mundo (capitalismo y socialismo), alejándose de ambos y reivindicando una forma de convivencia humana

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establecidas, así como de los imaginarios y valores que atan a los seres humanos, específicamente a esa noción de humanidad asociada a un progreso depredador y doctrinario, ataca al capitalismo y al socialismo real, aun afirmando que su postura no es la verdad absoluta. Este Manifiesto es un verdadero cuestionamiento sobre la cotidianidad humana, hace hincapié en que su ataque crítico y reflexivo no es tampoco una posición que se pueda definir con plenitud como la verdad, es simplemente una postura frente al escenario que se vislumbra en el contexto de la Guerra Fría.

Como se ve en los manifiestos nadaístas, la intención de Gonzalo Arango es la negación o destrucción de estructuras simbólicas para la aparición de otras, de valores nuevos en contraposición de los viejos. Es de esta forma que vuelve nuevamente al personaje de Zaratustra del texto de Nietzsche para darle una configuración filosófica, del mismo modo ataca al capitalismo y al socialismo, creadores de una civilización cuyos valores no conciben un ser humano con plenitud de sus libertades, Gonzalo Arango siempre se dispuso ajeno a estos dos modelos por representar sed de dominio.

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reconocida en el respeto de la diversidad, el amor y la armonía, casi que una forma de cristianismo primitivo que finalmente será la que se vislumbra posteriormente como la etapa post-nadaísta de la vida y obra de Gonzalo Arango.

Arango no se declaró participe de una ideología política en el sentido amplio del término, es decir, basándose en algunas premisas doctrinarias que caracterizaran su pensamiento y acción con tesis teóricas o filosóficas. Sin embargo, compañeros de su «inventico» lo han llegado a definir como anarquista, particularmente Eduardo Escobar y Jota Mario Arbeláez, en cuanto considerarían al nadaísmo como una negación de los valores e imaginarios establecidos en el marco de la lucha simbólica. Como se vislumbra en la siguiente afirmación de Gonzalo Arango en el marco de la conmemoración de un aniversario de la fundación del movimiento: El nadaísmo no ha cumplido aún su misión, y es posible que apenas esté en la etapa preliminar de los iniciados. Esa misión es indefinible, pero para no limitarla, puede prestar la frase de Bakunin para dar una idea general del espíritu que lo anima: la pasión por la destrucción es una pasión constructiva.

(Arango, 2000, p. 245) Del mismo modo, las reflexiones de Gonzalo Arango lo conducen a recriminar el modelo socioeconómico de la cultura occidental y, aunque Arango no se declaró seguidor de las tesis de Karl Marx, algunas reflexiones se acercan a postulados marxistas, reconociendo una acumulación voraz en detrimento de las condiciones de vida de los otros. Hace énfasis sobre la manera en que son explotados los trabajadores, dado que la lógica mediante la cual se

vende la fuerza de trabajo para poder adquirir la supervivencia y asegurar la reproducción no es más que la negación del hombre, su ser y su libertad: La crisis de nuestra civilización, creo yo, radica en que hemos sacrificado el ser al tener; en que hemos sacrificado los valores espirituales a los valores utilitarios; al dime qué tienes y te diré qué vales. Es degradante. Para mí no es importante tener algo, sino ser algo. Lo que importa es el deseo de ser, las apetencias vitales que se desencadenan y se ponen en juego para la lucha y la conquista del ser algo. […] Pues la vida no es un principio de algo, sino un fin de todo: ¡Es el deseo infinito de ser! ¿Qué nos revela Lawrence al preferir la falta de pan a la falta de vida? No es solamente una metáfora literaria. Es todo el sentido del destino humano resumido en una vocación ineludible de ser, de defender esa esencia esencial del hombre que es la libertad, en la que funda la dignidad de la vida, incluso la dignidad del pan como alimento del espíritu, creador de valores vitales. Pues si al pan se sacrifica la libertad, ya no será pan de vida, sino de muerte. Execrable sacrificio que privaría al pan de su categoría de alimento en todo sentido, en el del cuerpo y en el espiritual. Un pan sin libertad enajena la vida, la degrada, pues si el precio del pan es la muerte de la libertad, ¿a quién alimentaría el pan, ya que un hombre que no es libre no es un hombre?” (Arango, 2000, p. 69-70)

Gonzalo Arango era un hombre que no cree en los establecimientos ni los dogmas que subyugan la vida del ser humano a la alienación, discrepó con los comunistas precisamente por ello, porque consideraba que sus postulados eran demasiado radicales y los radicalismos afectaban necesariamente la plenitud de la libertad de pensar y actuar: El dogmatismo es una forma de misticismo intelectual por la verdad, propio de todo espíritu que pone en sus razones un terrible fervor, una fe religiosa en la creencia que profesa. […] En este sentido el comunismo es tan dogmático como el catolicismo, con la diferencia de que uno se hace matar por Fidel Castro, y el otro por la virgen de Fátima.

(Arango, 2000, págs. 200-201) Por otra parte, el análisis sobre el pensamiento de Gonzalo Arango conlleva necesariamente a la configuración de una exploración acerca de su postura sobre la propiedad privada, ¿Qué representaba para Gonzalo Arango la propiedad privada?, podría afirmarse, en principio, que la postura del escritor colombiano denota un rechazo sobre la desigualdad inherente en el sistema económico capitalista sobre la propiedad y la acumulación de riquezas de unos cuantos a expensas del trabajo socialmente constituido. Para él, la justicia

Pero ¿es que existe la justicia? Existe formalmente, en los códigos, pero no en la vida. Esa es la desgracia. […] La justicia sería que cada hombre tuviera solamente aquello que necesita para ser. El exceso de posesiones es injusto y humillante. Hay que abolir la raza de los millonarios, Jimmy 5. Estorban el desarrollo natural de la vida, son aberraciones de la sociedad humana, monstruos computadores de riquezas hurtadas a la posibilidad de infinitos seres que carecen de una modesta oportunidad para ingresar al núcleo de la vida consciente y de una dignidad terrestre que les es negada. Y no hablo del comunismo, hablo de la pura justicia de la naturaleza. […] De todos modos la libertad hará posible el pan, inexorablemente, pues está en la lógica de la naturaleza, y además en la voluntad del hombre. La voluntad del hombre es para ser; esa es su vocación y su impulso.

No hay voluntad para no ser, al menos que el hombre renuncie a su humanidad, y asuma otra naturaleza, lo que por desgracia está en la escala de sus posibilidades negativas.

(Arango, 2000, p. 71-72) Puede apreciarse en otro escrito la postura de Gonzalo Arango en relación con este tema: Nosotros nos contentamos con hacer de cada acto y de cada día una obra maestra como proclamó Nietzsche antes de morir: ¡Vivamos de modo que deseemos vivir eternamente! […] Todo lo que podemos decir es

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social es recibir aquello básico y necesario que brinde la posibilidad de ser, al respecto critica la igualdad liberal de la democracia, aquella que iguala formalmente a los hombres, jurídicamente hablando, pero que socioeconómicamente no favorece realmente a una justicia social:

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que hemos vivido y hecho de cada paso un destino. Ciertamente estamos más pobres que al partir, pero ¿este despojamiento no será en sí mismo la más valiosa de nuestras conquistas? Nada nos posee, no poseemos nada; toda nuestra gloria no nos ha dado el derecho de ganar un salario, ni merecer una condecoración; nuestra fortuna puede sumarse en el hecho de que somos tan desafortunados que ni siquiera tenemos una tumba para nuestros huesos. No queremos nada con la tierra y sin embargo lo queremos todo. […] Aun así esperamos a los profetas de esa revolución para decirles: “Gracias, ¡la propiedad es un robo!”. […] El nadaísmo condena a sus enemigos a tener fe en la civilización atómica, o en ese par de humanismos desalmados que personifican la estatua de la Libertad o la torre del Kremlin, […] (Arango, 2000, págs. 246-247)

Conclusiones Acercarse y profundizar en la vida y obra del escritor colombiano Gonzalo Arango en busca de su pensamiento político, ha estado en el interés de recuperar la memoria de un hombre en cuyas reflexiones y consideraciones se manifestaba la idea de un cambio en las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales del país y la humanidad en general, al reconocer la diversidad de los seres humanos y la potencia en ellos para llevar a cabo una transformación.

Esta praxis en Arango distingue un rechazo sobre los dispositivos de poder que estructuran sujetos bajo las premisas de imponer un control y un establecimiento, identifica en la institución de la Iglesia un mecanismo para adoctrinar y arrebatar la libertad de pensar a los colombianos, entendido esto en el marco de la configuración de

símbolos que generan un sentido de lo social en los sujetos y dan legitimidad al modelo u orden imperante en el país.

Gonzalo Arango rechaza los adoctrinamientos y los modelos político-sociales que se gestan en el mundo durante el periodo de la Guerra Fría, donde norteamericanos (capitalistas) y soviéticos (comunistas) se disputan el mundo, impugna contra la violencia y las formas mediante las cuales se utiliza la fuerza para hacerse a la consecución de unos intereses egoístas, y considera necesario abandonar la filosofía mediante la cual ser y tener significan una misma cuestión. No concibe la igualdad meramente liberal, es decir, aquella que iguala a los hombres formalmente, reflexiona sobre la necesidad de que los seres humanos tengan lo necesario para poder llevar con plenitud su vida y su libertad, libertad que debe respetar la vida y dignidad de los otros. No ve con buenos ojos la propiedad privada, debido, entre otras cosas, a la acumulación de riquezas entre unos pocos sujetos y porque la considera razón de iniquidades en el mundo.

Si bien Gonzalo Arango reconoce al nadaísmo como un movimiento fundamentalmente destinado a destruir y negar los símbolos, ídolos, valores e imaginarios impuestos por el establecimiento, busca destruir esa moral religiosa que impide el desarrollo del pensamiento de los sujetos y

ubica en la consecución de experiencias como la forma mediante la cual construir una nueva moral, basada en la plena libertad de los individuos, en el reconocimiento de la diversidad cultural del país y en la conquista de unos nuevos valores.

El método de acción del nadaísmo se genera a partir del escándalo y el sabotaje, la escritura y la imaginación se conciben como el arma o el instrumento adecuado para criticar el modelo simbólico establecido, así como sus repercusiones en la realidad nacional. El gran problema recae precisamente en la consolidada y solidificada moral religiosa que, siguiendo a Bourdieu, ha constituido una estructura estructurante.

Si se habla de un anarquismo de Gonzalo Arango, este se expresa mediante la obtención de la libertad de los individuos, a partir de la negación de todo tipo de estructura, institución o paradigma impuesto, de esta forma, la literatura nadaísta constituiría, bajo la lógica del anarquista inglés Herbert Read, una búsqueda de la destrucción de los símbolos en las formas del lenguaje, lo que, a su vez, contribuiría a la resistencia del poder público. Es una reflexión que se aleja de cualquier marco cientificista y racional en cuanto la escritura literaria consistiría en un mecanismo de construcción de saber y sentido. El nadaísmo buscaba la construcción de unos nuevos valores que se encaminaran a determinar nuevas

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formas de relación entre los seres humanos y el entorno.

Finalmente, la política de Gonzalo Arango sería un paradigma consecuente con la idea de una socialización del conocimiento y de la cultura, de la consideración de una nueva sociedad basada en la negación de los elementos alienantes y de homogenización de la humanidad y, por tanto, una emancipación en la diversidad y distintos matices de la nación colombiana, de la idea de un modelo caracterizado por el entendimiento mutuo y por el respeto a la vida y a la dignidad humana, una política dimensionada en la comprensión de la diversidad, un encuentro con el otro y con el entorno que lo rodea y del que hacen parte.

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Espejo. Gabriel Rojas, 2013

DOSSIER

Linda Yulieth Correa Grisales1 Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos.

Jorge Luis Borges Resumen El presente artículo es el resultado de una reflexión sobre el tema de la memoria. Dicha reflexión se hace en el marco de la asignatura electiva Memoria Colectiva y Nueva Participación a cargo de la docente Yolanda Rodríguez, ofrecida en el primer semestre de 2013 por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. Este artículo recoge el trabajo de todo el semestre alrededor de los módulos temáticos vistos: a) el pensar la memoria desde el horizonte del otro y la perspectiva de las víctimas, b) la excepcionalidad y las situaciones de excepcionalidad, c) los contextos políticos para hacer memoria colectiva y la memoria y la participación.

Palabras clave Memoria colectiva, situaciones de excepcionalidad, contextos políticos de la memoria, participación.

Abstract This article is the result of a reflection on the theme of memory. Such reflection is done in the framework of the elective Class “Collective Memory and New Participation” by the Teacher Yolanda Rodriguez, offered in the first half of 2013 by the Faculty of Law and Political Science at the National University of Colombia. This article unites the work of the entire semester around the thematic modules seen: a) thinking memory from the horizon of the other and the perspective of the victims, b) the uniqueness and exceptional situations, the political contexts to make collective memory and memory and participation.

Keywords Collective memory, exceptional situations, political contexts of memory, participation.

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Estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia. lycorreag@unal.edu.co

Memoria Política

MEMORIA Y POLÍTICA: UNA APROXIMACIÓN REFLEXIVA

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La memoria La memoria, en el tiempo que nos atañe, «tiempo-ahora»2 (Benjamin, 1982), no puede entenderse únicamente como el hecho de recordar algo después de todo lo acontecido, glorioso o deplorable en la historia, pues este es un concepto que debe verse más como un todo de larguísima duración de la humanidad. No puede ni debe entenderse como el mero ejercicio de recordar por recordar hechos del pasado, hechos que vemos como lejanos e incluso ajenos, pero que sabemos que ocurrieron y que están allí flotando en su tiempo esperando a ser rescatados y comprendidos en sus dimensiones reales. Este rescate y su relación con la memoria son fundamentales para la comprensión de ese «tiempo-ahora». La memoria desde la presente reflexión, quiere abordarse desde el contexto de la colectividad, desde el contexto de las relaciones sociales, el contexto de lo común, el de la organización colectiva de la vida. De esta manera, partimos de que la memoria, junto con la Historia como una de las disciplinas más cercana a esta y vista desde una perspectiva de colectividad, no puede ser entendida desde la consideración unívoca de un modelo de organización colectiva dominante; por el contrario, la construcción de la memoria y de una Historia de la humanidad dignas, un poco más fieles y con pretensiones transformadoras, debe hacerse, pensarse, reinterpretarse, a partir del horizonte de los otros.

El horizonte de los otros, al que aquí se hace referencia es el que piensa a los subalternos en oposición a los dominantes, a los oprimidos en oposición a los opresores, 2 Esta aseveración busca hacer alusión a los planteamientos de Walter Benjamín.

a los vencidos en oposición a los héroes o hitos, a las víctimas en oposición a los victimarios, en fin, al testigo emblemático (Cerruti, 2003, p. 243), etc. Y ¿quién es el testigo emblemático? Desde el punto de vista de Mónica Cerutti se plantea esta noción derivada a su vez de los planteamientos de Giorgio Agamben: «[…] testigos emblemáticos son aquellos que habiendo sido víctimas del horror, tomaron una decisión, no dejarse amedrentar y luchar por el esclarecimiento de los sucedido.»

Al ampliar la noción de situaciones o estados de excepcionalidad partimos desde los planteamientos de Walter Benjamín (1982) en su Tesis No. 8, donde se entiende por situaciones de excepcionalidad: aquellos momentos dentro de la historia, donde la dominación, la opresión, la guerra (sucia), el terror de Estado etc., se hacen más agudos y evidentes ocasionando el ejercicio de fuertes violencias. Dichas violencias son especialmente, aunque no únicamente, violencias políticas y de exterminio a sectores de la sociedad diferentes; diferentes en aspectos que van desde la raza, pasan por lo personal, van a lo económico y fundamental y más comúnmente tocan lo político como la esfera que aglutina y justifica a los demás aspectos. Los aportes de Benjamin, tienen un valor sustantivo, pues de manera general nos invita a acudir al pasado para iluminar el presente y, de esta

3 Definición según el Diccionario de la Real Academia Española.

4 Definición según el Diccionario de la Real Academia Española. El subrayado es mío.

forma, redimir el propio pasado. Esto, tanto para la Historia como disciplina, como para la memoria articulada a esta revela la importancia que tiene para la emancipación el conocimiento del pasado.

En otros términos, lo excepcional refiere a aquello que ocurre rara vez, aquello que se aparta de lo ordinario, que nada tiene que ver con la regla común3. En un mundo lleno de personas con diferencias, es decir, diferentes formas de pensar y ver el mundo, diferentes formas de actuar según el contexto cultural entre otras diferencias que ya mencionábamos; un mundo donde la subjetividad juega un papel fundamental en el establecimiento de las relaciones con el otro, ha quedado demostrado que no todo es lo mismo para todos. Lo resaltable además de dicho concepto de lo excepcional y las situaciones o estados de excepcionalidad es que este ha sido utilizado funcionalmente, con fines políticos; y la politización del concepto ha variado lo que entienden unos y otros acerca de qué es lo excepcional.

Estado de emergencia

Memoria Política

«La tradición de los oprimidos nos enseña que el “estado de excepción” en que ahora vivimos es en verdad la regla» (Benjamin,

1982). Es este fragmento de una de las tesis del Filósofo Walter Benjamín, el que da cuenta del proceso de politización instrumental que ha vivido el concepto de excepcionalidad y más específicamente el de estado de excepción como una justificación progresiva de regímenes de variados tintes, para acometer hechos, conducir situaciones, ejecutar políticas etc., que en otro contexto, en un contexto democrático y «normal», no serían posibles de realizar, en teoría. «¿Qué es lo que se necesita para entender nuestra realidad como un estado de emergencia crónico, como un sistema nervioso?» (Taussig, 1995). Esta pregunta resulta fundamental, si comprendemos que esa politización instrumental del concepto, para acometer hechos, conducir situaciones, ejecutar políticas, etc., ha sido o se ha dado preferentemente: para generar opresión, en términos de Benjamín; para instalar o producir el terror, en términos de Taussig (1995); para conducir la guerra, en términos de Sánchez (2003); para ejercer la violencia política, en términos de Cano (2001), para ejecutar genocidios en términos de Sanford (2004); o para la bazurización simbólica del otro, en términos de Silva (2008).

El alto grado de violencia y degeneración de la vida humana de nuestra sociedad, póngase en el contexto colombiano, latinoamericano, europeo, asiático, occidental, oriental, donde sea, ha sido normalizado y se ha vuelto una cuestión incuestionable, y subrayo la contradicción contenida en esto último, porque cuestión alude —aunque no solo— a la «pregunta que se hace o propone para averiguar la verdad de algo controvirtiéndolo”4 e incuestionable aludiría en este orden de ideas, a aquello sobre lo

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que no se pregunta, no se indaga, no se interpela, no se pone en discusión, no se revela —si hablamos de una verdad—, no se convierte/subvierte/modifica y, por el contrario, se normaliza, se vuelve incluso un ciclo, un círculo vicioso, cuando se prefiere o se inserta uno en el olvido, en el pacto de silencio, en la amnistía5. ¿Cómo anudar lo ya dicho sobre la excepcionalidad y sus múltiples impactos y consecuencias con la discusión sobre la memoria? La memoria es lo que se necesita para entender nuestra realidad como un estado de emergencia crónico, «la memoria sería el instrumento de reconstrucción de la unidad social, de la organización política, de los vínculos culturales y de las identidades personales que el terror y la guerra habían pulverizado» (Sánchez, 2003, p. 95); la memoria, no como recortes de recuerdos, sino entendida desde un ámbito colectivo, esencialmente subalterno o desde los oprimidos/víctimas, en oposición a los dominantes y al historicismo ramplón y que, además, dé cuenta de hechos ocurridos en las mal llamadas situaciones de excepcionalidad según quien conceptualiza.

Contextos políticos para hacer memoria colectiva: memoria y participación Una vez comprendidos los aspectos anteriores, se hace necesario seguir aterrizando las acotaciones sobre la memoria y, en específico, la memoria colectiva en el contexto del ejercicio y la acción política y 5 Esta aseveración está fundada en lo expuesto por Gonzalo Sánchez que explica que la rutinización del olvido implica la rutinización de la guerra, la perpetúa. «Utilizada más allá de los grandes momentos de transición política o social, la rutinización del olvido alimentaba a la rutinización de la guerra.»

desde los espacios de participación que facilitan o no el logro en lo real de las quimeras con las que sueñan los emprendedores o militantes de la memoria.

La memoria colectiva, como herramienta de la sociedad para combatir la amnesia a la que ha sido sometida, se inscribe en contextos políticos que la posibilitan o bien la niegan, cosa que ocurre la mayoría de las veces. No obstante, la reflexión concienzuda de tres temas fundamentales puede dar luces para la comprensión de los fenómenos violentos, tanto físicos como intelectuales/ simbólicos, y luego las estrategias políticas de las que debemos empoderarnos para posicionar en la palestra pública la discusión.

Poderes y violencias: Modernidad y moralidad Parece fundamental, luego de comprender qué son y cuáles son los verdaderos espacios de excepcionalidad a los que estamos sometidos, el preguntarse por las causas de la violencia, de qué trata esa excepcionalidad que hemos normalizado y cómo la hemos normalizado. Para autores como Zygmut Bauman (1996) y Tzvetan Todorov (1993) la respuesta a esta y otras preguntas se encuentra en la reflexión sobre dos aspectos: la Modernidad y sus productos y la pregunta por la acción moral.

La tesis central es que la sociedad moderna

y sus procesos nos han traído, sin que nos demos cuenta, y como consecuencia directa, algunos de los hechos más atroces de la humanidad y estos, por lo general, han sido vistos como ajenos y lejanos, como propiedad privada de sociedades con características especiales. Lo cierto es que los procesos civilizatorios, la emergencia de las organizaciones burocráticas y las premisas de la racionalidad (instrumental y procedimental) y la eficiencia han operado en función de la violencia como dispositivos que suprimen la connotación moral de las acciones de los seres humanos, deshumanizando a víctimas y victimarios etc.

Se afirma entonces que ha habido tres estrategias según Bauman para suprimir la idea de que la moral sea algo espontaneo, omnipresente o propio e inherente a la naturaleza humana. Lo que resume a estas estrategias, o la consecuencia de las mismas, es la llamada acción adioforizante, aquella que hace que la acción social no se vea como buena ni mala en términos técnicos y no morales, pues la moral, al ser autónoma e impredecible, supone un peligro para los intentos de estandarización y normalización de la organización burocrática moderna. Al ser esto así, es válida la pregunta sobre la continuidad de los sistemas, regímenes y particulares gobiernos políticos sostenidos por la Modernidad; es una pregunta fundamental porque la

El papel de los medios de comunicación Uno supondría que dentro del espectro de la memoria y las estrategias para consolidarla los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Esta suposición es cierta y se constata a diario en noticieros y prensa. No obstante, el problema radica en la funcionalidad de los medios de comunicación por formar, o mejor, deformar la opinión pública y posicionar el discurso sobre memoria y verdad de la oficialidad y de las instituciones estatales. Este aspecto resulta preocupante y tenazmente injusto si comprendemos que desde el Estado se ha victimizado a sectores de la población que piensan diferente y hacen sentir su voz frente a las injusticias económicas, políticas y culturales del Estado y frente a las violaciones arbitrarias de los Derechos Humanos o la complicidad con las mismas.

Los medios de comunicación entonces ejercen algo así como una violencia intelectual bajo la figura del «Padre primordial» (García, 2010), que en su discurso elimina el elemento moral a la manera en la que se mencionó en la sección anterior, aunque ese no sea su objetivo principal. Además, intenta justificar y normalizar los hechos de violencia que presenta en sus pantallas/páginas.

La violencia de los medios de comunicación se ejerce también cuando no quedan más espacios de identificación que los institucionales y las posibilidades de

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continuidad o no de tales procesos con su acción adioforizante no suponen más que la continuidad del horror y del holocausto, que en Colombia y en el mundo viene repitiéndose desde el periodo conocido como La Violencia, como sentencia auto cumplida y ni siquiera cuestionada.

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reconciliación y solidaridad con las víctimas, como la alteridad para la que es más urgente la necesidad de la narración de una memoria justa con sus padecimientos y con sus voces y reivindicaciones, se apagan y se pierden dentro de los canales oficiales. ¿Cómo contrarrestar la instalación de un solo tipo de verdad y reivindicar las construcciones de memoria y la memoria de las víctimas o de los sectores excluidos de los medios masivos de comunicación? Jesús Martín Barbero (1986) nos da luces al respecto con lo que él ha llamado «la masificación de lo popular frente a la industria cultural de masas inscrita en la sociedad».

Para él los sectores populares son sujetos políticos, autónomos, cuyas condiciones de existencia posibilitan la lucha y posibilitan también lo alternativo frente a lo hegemónico. De este modo, y para nuestro tema, lo que para él serían los sectores populares, para nosotros serían las víctimas y los militantes de la memoria. Las demandas simbólicas de este actor alterno tienen multiplicidad de formas de producirse y de producir a la cultura, de formar la opinión pública, y de posicionar su propio discurso y modelo de identificación en la sociedad.

El autor menciona a los circos, las ferias, la radio mediando lo popular y la televisión con comicidad como prácticas masificadoras de lo popular frente a los medios masificantes; para las víctimas las prácticas masificadores serían entonces: las galerías de la memoria, las audiencias ciudadanas por la verdad, las instalaciones artísticas en espacios públicos como las que comentaba Claudia Girón, las radios comunitarias y populares, los conciertos y las canciones, los libros, los poemas, el performance en el espacio público, entre otras muchas formas populares de la esperanza.

Reconciliación, una apuesta de verdad, justicia y reparación Verdad, justicia y reparación tres palabras que se han popularizado en el mundo y que son inseparables. Dichos conceptos/procesos son elementos clave para la reconciliación y recomposición del tejido social después de atravesar una fase de violación de Derechos Humanos. América Latina, a lo largo de su historia política y social, ha sido víctima y testigo de una inacabada lista de procesos que han impactado a sus pueblos y han determinado la construcción de sus sociedades. Algunos de esos procesos se han caracterizado por un uso institucionalizado pero ilegítimo de la violencia en contra de la población civil por parte del Estado, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX, lo que condujo a crímenes de lesa humanidad, esto lo reseña y lo expone de manera general Alfredo Gomez Muller (2008), quien además introduce el caso africano. Por la magnitud que revisten, una vez finalizados estos episodios de violencia se han llevado a cabo procesos de verdad, justicia y reparación para procurar la reconciliación entre la población civil, su gobierno y el Estado en general, esto es fundamental para la superación del pasado y la construcción colectiva del futuro, sobre la base del desarrollo y la consolidación de la memoria colectiva histórica nacional.

La reflexión aquí es la concatenación de estos tres procesos, más la consolidación de una memoria colectiva histórica incluyente que haga posible la reconciliación de la sociedad sin que esta signifique únicamente procesos transicionales, sino una verdadera paz que respete tanto los derechos y exigencias de los victimarios, como, y sobre todo, las exigencias y derechos de las víctimas sin que las de los primeros afecten el proceso de aceptación de los segundos.

Lo que hay que cuidar es que las demandas de «verdad desnuda» y «verdad sentido» de las víctimas no sean cooptadas ni por el ocultamiento con la instalación de amnesia colectiva; ni por la ficción con relatos parcializados de la oficialidad y creadores de identidad y sentidos que no producen memoria historia, sino inhumanidad e inconsciencia moral, ni por impunidad total o parcial o por condiciones de reparación que despojen a las víctimas de su proceso de (re)subjetivación, de su sentido político soberano y del carácter público y realmente democrático de sus demandas.

Los intentos en Colombia de estos tres procesos se han materializado aparentemente en leyes como la 975 de 2005 Ley de Justicia y Paz y como la actual Ley de Víctimas desde el gobierno Santos. No obstante, estos instrumentos han sido profundamente criticados porque, a la manera en que lo expone Muller, también han excluido o

Políticas de la memoria vs políticas de olvido La memoria colectiva se plantea no solo como necesidad de las víctimas, es una necesidad de toda la sociedad pues crea modelos de identificación alternativos al hegemónico, de esta manera, dentro del ámbito político, se hace urgente la generación de espacios para el no olvido y la no amnesia, práctica generalizada en regímenes que aún se encuentran en medio del conflicto.

La pregunta fundamental es «¿cómo establecer la conexión entre la memoria histórica construida a partir de las versiones oficiales acerca de lo acontecido, y la memoria invisibilizada, producto de la resistencia al olvido y la impunidad por parte de organizaciones que acompañan a los diferentes sectores sociales afectados por prácticas violatorias de los Derechos Humanos?» (Girón, y Vidales, 2010) Pues bien, la respuesta está en la misma pregunta y se refiere a la resistencia, pero

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siguen excluyendo a las víctimas, anudándose con otras iniciativas legislativas que en vez de subsanar las causas del conflicto en Colombia las profundizan y posibilitan el mantenimiento y surgimiento de nuevos actores armados, lo cual también sería un dispositivo de justificación de la continuidad en la acción violenta frontal que ha venido ejerciendo el Estado.

Ahora bien, ¿cómo llevar la reflexión sobre la memoria colectiva al ámbito de la participación? Se plantean dos estrategias o frentes fundamentales para actuar. En primer lugar, se encuentran las políticas de la memoria y las disputas que allí se dan, en segundo lugar, se encuentra la acción colectiva, la lucha diaria por situar la memoria colectiva como un derecho de toda la sociedad.

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esta debe ser una resistencia ampliada a las políticas del olvido, no debe ser solo la resistencia de las víctimas directamente afectadas y los sectores sociales que específicamente trabajan en pro de la memoria, esta resistencia debe ser la de la academia y la de la sociedad civil en general, mediante la recuperación y la apropiación crítica de la memoria histórica de los acontecimientos. Las políticas de la memoria, no se hacen netamente desde lo institucional, sino desde la acción política cotidiana que trabaja por rehuir a los procesos de modelación y moldeamiento de la oficialidad y de los grandes medios de comunicación, como se mencionó anteriormente, que trabaja por escapar a los procesos de deshumanización como correlato psicosocial de la guerra, que escapa al control de la moralidad de la burocratización y racionalización de los actos, que intenta hacer visibles TODOS los crímenes cometidos sin distinciones ideológicas de TODAS las víctimas, sin ideologizar la verdad histórica.

Acción colectiva, la memoria como cadáver exquisito Como ya se mencionaba en la sección sobre los medios de comunicación y las prácticas masificadoras de lo popular, aquí también puede hacerse un paralelo a modo de prácticas masificadoras de la memoria (de las víctimas) que también funcionan o actúan como resistencia y políticas de la memoria dentro del ámbito de la acción colectiva.

Continúo con la idea que he venido planteando sobre la memoria como cadáver exquisito, no solo por la complejidad de su construcción y la complejidad para comprenderla, sino por la riqueza misma del encuentro de experiencias, enseñanzas, legados, hitos, identidades etc. que en ella

se descubren. Interpretar un cadáver exquisito es complejo por el encuentro de manos que allí se teje, pero precisamente de eso se trata.

De esta manera, prácticas como las galerías de la memoria, las audiencias ciudadanas por la verdad, las instalaciones artísticas en espacios públicos, las radios comunitarias y populares, los conciertos y las canciones, los libros, los poemas, el performance en el espacio público, los tejidos, la fotografía, la movilización y las alternativas de protesta no violenta en contextos violentos, el caminar como forma de lucha porque se camina la memoria, la palabra como derecho al hacer político, no solo desde los espacios institucionales de participación y, como decía, escapando a los procesos de modelación y moldeamiento etc., todas estas prácticas se convierten en los fragmentos del cadáver exquisito que se intenta construir. Tal vez habrán secciones del cadáver exquisito que se muestren distorsionadas o estéticamente poco agradables, pero están allí, hacen parte de este y esto constituye su belleza y su riqueza.

Toda bala es perdida, toda víctima hermana, tanta guerra y mentira ¿y qué vendrá mañana?

Hablo por una niña que yo vi, que corría de miedo, y detrás vienen cien, vienen mil, vienen niños con sueños.

Hablo porque tenemos que hablar, y alguien tiene que oírnos, los que pusimos a gobernar, los que gobiernan con tiros. ¡Dispara! ¡Dispara!

Toda bala es perdida, del disco Toda bala es perdida de César López.

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Hablo sobre la libertad de los hombres cautivos, hablo por los que ya no están, por los muertos vivos.

Hablo sobre la soledad de las madres sin hijos, y esos hijos ya no hablaran, se los llevó el rio…

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Domingueando. Gabriel Rojas, 2013

Yolanda Rodríguez Rincón2 Resumen La ponencia se sitúa en una perspectiva de Derechos Humanos, para plantear ir más allá y examinar primero, la formula institucional colombiana que va a constituir la política de memoria a través, fundamentalmente, de componentes jurídicos que desde la Ley de Justicia y Paz de 2005 hasta la actual 1448 Ley de Víctimas, pues son leyes que permiten recorrer el signo administrativo de lo que se ha denominado como escenario transicional. Con ello, pueden aproximarse corolarios de perdón y de reconciliación hegemónicos como fórmula instituida. Segundo, y en consecuencia, reflexionar sobre las dinámicas de la movilización social —cuestionadoras de las versiones oficiales de la memoria— que al exigir verdad y justicia, comprenden una redimensión singular y colectiva de la condición de víctima en la medida en que se asume como sujeto político cuando apuesta por un cambio de suerte de idiosincrasia del poder en términos de reclamo realmente democrático. Se ponen en debate las dinámicas del poder y la potencia en el país desde el ejercicio de la memoria, y se examina un camino alternativo hacia la superación de la violencia o continuar en la relegitimación del pasado-presente de la victimización.

1 El presente escrito es una síntesis amplia de la ponencia presentada en el VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Bogotá, 25 al 27 de septiembre de 2013.

2 Doctorante en Estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia, Grupo de Investigación Presidencialismo y Participación Universidad Nacional de Colombia- Bogotá. caruso68co@yahoo.com

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MOVIMIENTO SOCIAL DE VÍCTIMAS. ENTRE RELATOS HEGEMÓNICOS Y REDIMENSIONES DEMOCRÁTICAS DE LA MEMORIA1

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Introducción La presente ponencia, en consonancia con la mesa propuesta: Resistencias, hegemonías y lo excepcional constituyente en Colombia articula un punto de vista tanto epistémico, como político que contribuye a la interpretación crítica de unos poderes históricos que avanzan en medio del conflicto, pero comprendidos analíticamente en el marco de una investigación de largo aliento en torno a los grupos y clases subalternas que orienta el grupo Presidencialismo y Participación de la Universidad Nacional. Desde esta dimensión, interesa pensar esa interpretación crítica desde la dinámica de movilización y organización social por la memoria de históricos sectores victimizados, que estrechan esos poderes que se juegan su ejercicio político con políticas también de la memoria. Las resistencias e innovaciones que manifiesta una importante dinámica de organización de víctimas redimensionan el ejercicio de y por la memoria con miradas efectivamente democráticas, pensadas como ejercicios de poder subalterno.

El hilo conductor es ver qué ha sido de la participación del movimiento de víctimas en la reconstrucción de la memoria histórica en el país y, en esta medida, la idea de prestar atención a la memoria, como lo han demostrado experiencias mundiales y latinoamericanas, es la de construir un relato de sentido frente a una situación histórica en la que se juega centralmente la posición de la sociedad en su conjunto para comprender lo que «ha pasado». En Colombia, con un largo camino de pasado y presente de violencia sociopolítica, ha comenzado desde hace poco más de una década a forjarse propuestas de memoria: discursos de paz y democracia, ideas de archivos, construcciones de centros de

memoria, cine-documental, arte, mecanismos de derecho; organización y movilización social, propuestas enmarcadas en un imperativo de que-hacer frente a los sistemáticos crímenes de lesa humanidad en el país.

Se trata, pues, de un tiempo/espacio no neutral, porque desde la memoria, superar la violencia en el país se juega o la legitimación del presente-progreso o la emancipación de la subordinación para decir la democracia como forma de vida. Es lo que se quiere revelar a continuación tomando como fuente discursos jurídicos, políticos y parte de una revisión de prensa, articulada con análisis de teoría política.

Relatos hegemónicos de la memoria En un buen Estado, en el que la justicia es defendida, todo el mundo está obligado, si quiere dar pruebas de ser justo a denunciar las injurias ante el juez; no por venganza, sino con intención de defender la justicia y las leyes de la patria, y para que a los malos no les resulte ventajoso ser malos. (Spinoza, 1990, p. 201).

Los gobiernos de los últimos años, presionados por sectores críticos de la sociedad civil y organizaciones de víctimas, han enfatizado en la necesidad de reconstruir la memoria histórica y reivindicar el derecho

a la verdad y a la reparación como condiciones para el perdón y el olvido necesarios para lograr la paz.

Con esta idea se planteó la Ley 975 de 2005 llamada Ley de Justicia y Paz por el entonces gobierno de Álvaro Uribe Vélez y destinada, según su texto a «facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.»

Con esta ley se complementaba la implementación de la Ley 782 de 2002 la cual planteaba por cuatro años: «disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica» Así como también complementaba la implementación del Decreto Reglamentario 128 de 2003 con el que:

En estos dos mecanismos jurídicos, mediante los cuales la mayoría de paramilitares se desmovilizó, no se contempló ningún tipo de proceso penal.

De ahí que como antecedente concreto a la Ley 975 se presente en agosto de 2003 por el gobierno el proyecto de Ley Estatutaria 85 de Alternatividad Penal3 que recibió todo tipo de críticas provenientes de las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, de las organizaciones de víctimas, de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de académicos e incluso de representantes de partidos y movimientos políticos que se habían caracterizado por su respaldo al Gobierno en el Congreso de la República como Gina Parody o Rafael Pardo. Fueron críticas que consideraban que el proyecto no garantizaba la paz, la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, como requisitos mínimos para este tipo de normas, y que por el contrario, favorecía la reinserción de los grupos paramilitares en la vida social y política del país, sobre la base de la impunidad y el olvido.

A raíz de las críticas recibidas y de los nuevos proyectos radicados por diversos

El Gobierno Nacional puede facilitar a los desmovilizados mecanismos que les permitan incorporarse a un proyecto de vida de manera segura y digna; […] es preciso fijar condiciones, que de manera precisa y clara, permitan establecer competencias, asignar funciones y desarrollar los procedimientos para acceder a los beneficios socioeconómicos, una vez iniciado el proceso

3 Según boletín de prensa de la Presidencia de la República que tituló Proyecto de alternatividad penal responde a esfuerzos colectivos de paz, se decía «que aunque en la actualidad se cuenta con un marco jurídico importante, como es la ley 782, se necesita un instrumento adicional y complementario que ofrezca penas alternativas a la cárcel, para aquellos acusados de cometer delitos atroces.» Presidencia de la República, 23 de septiembre de 2003.

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de reincorporación a la vida civil como consecuencia de la desmovilización voluntaria (Ver Decreto en su «considerando»).

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congresistas4, la idea legislativa giraba ahora hacia una red léxica de la justicia y la paz, pero sin ceder un mínimo prioritariamente el ofrecimiento gubernamental de aventajar la reinserción civil de los paramilitares.

Se trató de una ley que resultaba de los diálogos del gobierno con los paramilitares, y que servían a su desarme y desmovilización; además, provista para conducir la creación de escenarios transicionales, realmente llenó los vacíos de los marcos jurídicos precedentes. Por tanto, por un lado, acaba por ocuparse de un grupo mínimo de jefes y algunos dirigentes visibles de los paramilitares. De los casi cincuenta mil paramilitares desmovilizados, solo 3.751 fueron postulados por el gobierno, para entrar bajo el proceso de la Ley de Justicia y Paz (Movice, 2009). Pues según la ley «la reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con amnistías, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en dicha ley» (Cap. 1 Art. 2).

De otro lado, la ley se formulaba acorde con una política que incentivaba la dejación de armas de grupos armados al margen de la ley, pero no con el fin de establecer garantías para los derechos de las víctimas. En efecto, el Decreto 128 formula una serie de incentivos a los desmovilizados que colaboren con información conducente a desarticular los

4 Entre diciembre de 2004 y febrero de 2005, diferentes parlamentarios presentaron proyectos orientados por los principio de la justicia transicional, tal fue el caso del senador Rafael Pardo y los representantes a la cámara, Gina Parodi, Wilson Borja y Luís Fernando Velasco, con un proyecto conjunto, y de la senadora Piedad Córdoba, con un proyecto independiente. Otros parlamentarios como el senador Carlos Moreno de Caro y el representante a la cámara Armando Benedetti, radicaron sus propios proyectos en la misma dirección que el gubernamental.

grupos armados; así, el monto económico de estos incentivos supera considerablemente el valor de los beneficios otorgados en el programa de reinserción (salud, educación, apoyo a proyectos productivos). Lo que lleva a pensar que un número importante de excombatientes vinculados a estos programas en realidad continuarán participando en actividades bélicas de la mano de las fuerzas militares.

En este orden de ideas, es que hay duda del proceso efectivo de reinserción a la vida civil, pero, también, y evidencia del carácter bélico que traía de suyo el escenario de esta ley que, finalmente, se orientó más a debilitar a los grupos armados ilegales y desvincular a los combatientes que a establecer la paz a través de la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, a pesar de sus varias modificaciones, como resultado de la presión de los diversos movimientos sociales de Derechos Humanos, de víctimas, de académicos para que también se consideraran los derechos de las víctimas.

Modificaciones que resultaron de la Sentencia C-370 de la Corte Constitucional -CC, pero que la Ley 975 persistió por las garantías para los victimarios.

¿Cuál perdón y cuál reconciliación?

Corolario al marco descrito no se vislumbra la participación real y efectiva de las

víctimas; más bien la ley restringe las posibilidades de una verdad procesal a las confesiones de los victimarios y al incentivo que supone dicha confesión respecto a la rebaja de pena. La ley no va a referir explícitamente la reconstrucción de la memoria histórica. Sin embargo, la pregunta de hasta dónde, por ejemplo, las «versiones libres» y la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación —CNRR— podrían pensarse como instancias, dentro de la ley, con las cuales favorecer el perdón y la reconciliación como componentes de la reconstrucción de la memoria histórica.

Las «versiones libres» como escenario judicial van a permitir que aquellos que se acojan a los beneficios de esa ley, entreguen a cambio declaraciones sobre los hechos de su responsabilidad criminal con ocasión de su pertenencia a un grupo armado ilegal; el acusado rinde una declaración de sus acciones sin ser interrogado por las contrapartes; y se entiende que deriva a dar respuestas a las víctimas, quienes históricamente han exigido la verdad, justicia y reparación sobre el por qué y cómo murieron y desaparecieron sus seres queridos.

Respecto a la CNRR su creación disponía el posicionamiento público del valor de la memoria en la superación del conflicto armado «garantizando a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y realización de sus derechos,

[…] las víctimas solo pueden interrogar y contrainterrogar, solicitar aclaraciones y verificaciones en las diligencias de versión libre en los procesos de Justicia y Paz, mediante el fiscal investigador y no por sí mismas; esta restricción no viola sus derechos fundamentales porque la etapa de la investigación no se caracteriza por la confrontación de partes; su objetivo es averiguar y verificar la veracidad de lo ocurrido. Resulta claro que la diligencia no está destinada a adelantar el contradictorio entre las partes afectadas por el delito, ni a iniciar el debate probatorio, ni a discutir sobre la verdad de lo afirmado: con esa diligencia simplemente se trata de iniciar la investigación de los hechos sucedidos y de los autores de los delitos confesados para que, una vez verificada 5 Ver por ejemplo el pronunciamiento de Human Rights Watch en el 2008.

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hacer seguimiento y evaluación periódica de la reparación de que trata la presente ley y señalar recomendaciones para su adecuada ejecución; y adelantar acciones nacionales de reconciliación que busquen impedir la reaparición de nuevos hechos de violencia que perturben la paz nacional.»

(Art 50 de la Ley de 975).

En relación con estas instancias, en primer lugar, hay que decir que diferentes críticas son las que señalaron el vacío legal en que incurría la ley para privilegiar la impunidad y con el que no se daban garantías reales para la reparación y reconciliación5.

El escenario de justicia implementado por la ley consideró que quien testimoniaba era el victimario y no la víctima, quien se desconocía en todo ese proceso. Es lo que ha predominado en las versiones libres de los paramilitares y la sentencia T-049 de 2008 de la CC así lo demuestra:

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la información, la realidad y seriedad de lo afirmado por el desmovilizado, se presente el caso ante el juez competente para su valoración y juzgamiento.

Pero lo contrario, es decir que se llegara solo a dejar hablar a la víctima sin que el victimario confesara sus crímenes, produciría, igualmente, problemas y en este caso un proceso de revictimización. Con Justicia y Paz, la verdad se instituye a partir de la palabra del victimario, y el testimonio de la víctima se convierte en un resultado de menor verdad, lo cual se reproduce para la opinión pública.

El jefe paramilitar Salvatore Mancuso — SM— cuando da inicio a las versiones libres explica como el paramilitarismo había sido una iniciativa deliberada y auspiciada por el Estado colombiano y sus fuerzas militares, como parte de su lucha contrainsurgente: Para entender el fenómeno de las primitivas autodefensas hay que introducir se en lo que ha sido la estrategia paramilitar de las Fuerzas Militares y las operaciones encubiertas de los servicios de inteligencia del Estado… que no fueron el producto de algunas mentes enfermizas o de ovejas negras de algunos oficiales. Lo que interesa aquí resaltar es que tales acciones ilegales fueron el resultado directo de la aplicación de una concepción y una ideología que se enseñaba en las academias militares, que se pusieron en práctica en las estructuras del ejército y se difundieron entre los llamados «sectores dirigentes» del campo político y económico. (SM citado en Prensa Nacional, 16 mayo de 2007, pp. 7-8).

Pero, también con El Tiempo la verdad es instituida y no construida con la víctima. El periódico relata sobre el descuartizamiento de personas vivas por paramilitares que:

[...] Inicialmente las autoridades desestimaron las versiones de los campesinos que denunciaban esta práctica […], pero cuando los propios combatientes empezaron a admitirlo en sus indagatorias ante la Fiscalía, el mito se convirtió en otro crudo crimen de lesa humanidad. (El Tiempo, 23 abril 2007).

En esta «verdad» como en la que de aquella versión libre y como la de otros jefes paramilitares, se encuentran referencias a la complicidad de sectores del país involucrados directamente en la creación o apoyo del paramilitarismo, y en la aprobación frente a sus crímenes. Por supuesto que han servido como datos para el proceso de parapolítica o como pruebas en procesos judiciales ya abiertos; y algunas versiones han revelado la ubicación de fosas comunes para permitir tener información sobre desaparecidos forzados y otros crímenes ejecutados; así como ha servido como información para implicar directamente a altos funcionarios del gobierno, como el vicepresidente de entonces, Francisco Santos o a su primo, actual presidente del país, Juan Manuel Santos, acusados por SM y otros paramilitares de realizar acuerdos y pactos con ellos.

Pero estas mismas revelaciones hicieron que los jefes paramilitares fueran extraditados por narcotráfico a los Estados Unidos, dejando enajenada la verdad en

tanto compromiso adquirido con la aplicación de Justicia y Paz y, por su parte, el gobierno argumentó continuación de delito desde la cárcel, lo que era también un incumplimiento de la ley. En todo caso, la extradición enredó la posibilidad de conocer la verdad de los victimarios, pero reveló la estructura sobre la que se soportaba Justicia y Paz frente a lo cierto y creíble y al lugar que se confería a quien testimoniara y a la memoria.

Pensemos que toda esta dinámica tiene que ver también con lo que en la misma ley se consigna y se entiende como el reconocimiento al derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso que, según el Art. 4 de la ley dice que: «el proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados.»

Que para efectos de cumplimiento de este derecho, la ley define a la víctima como: […] la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales.

Esta definición excluye a las personas que hayan sido afectadas por el accionar de los agentes del estado. Los Art. 6 y 7 definen el derecho a la justicia y el derecho a la verdad, respectivamente, mientras que el Art. 8 al definir el derecho a la reparación expresa la reconstrucción de la memoria: El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.

Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.

La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.

La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.

La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido. Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.

Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria

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Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley. (Art. 5).

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histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.

Ahora bien, frente a la instancia de creación de la CNRR hay que decir que, entre noviembre de 2007 y marzo de 2008 cuando se da su encuentro programático, la plenaria definió sus funciones como: Abordará el tema de la reconciliación en un contexto de justicia transicional, en conexión y concordancia directa con los problemas de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y teniendo siempre en cuenta el conjunto de las obligaciones que se derivan para los diferentes sectores de la sociedad. Y, de la misma manera, la CNRR adopta como marco de sus definiciones, el horizonte político e institucional de la construcción de un estado social de derecho que defienda y promueva los derechos humanos y la democracia participativa y que defienda toda vida, incluida la del planeta.

(CNRR, 2008, p. 2).

Y plantea además que: La reconciliación es una meta como un proceso de largo plazo, de personas o sociedades, encaminado a construir un clima de convivencia pacífica basado en la instauración de nuevas relaciones de confianza entre los ciudadanos y las instituciones del Estado y entre ellos mismos, así como la

profundización de la democracia, con la participación de las instituciones y la sociedad civil (CNRR, 2008, p. 2).

Señala su director, Eduardo Pizarro, que la CNRR introduce una nueva forma de solución del conflicto armado colombiano, al otorgar un lugar privilegiado a las víctimas como portadoras de derechos a la verdad, la justicia y la reparación, lo que permitirá cerrar las heridas sin amnistías; pues marca una profunda diferencia respecto a la aplicación de las leyes de amnistía implementadas en negociaciones anteriores con diferentes guerrillas; aquí no hay amnistías para los peores criminales, que tienen que responder ante la justicia. (El Espectador, 7 mayo de 2010) Para garantizar la diversidad política a su interior, la CNRR nombró entre sus integrantes a organizaciones de víctimas y organizaciones de DH, pero su ambigüedad en las funciones en medio del conflicto armado, generó cuestionamientos entre las organizaciones de víctimas porque para muchas de ellas la CNRR respondía al mismo mandato que limitaba el acceso de las víctimas a la justicia y garantizaba la impunidad de muchos de los crímenes de los paramilitares, más cuando la CNRR definía su trabajo fundamentalmente sobre la verdad histórica y no la verdad judicial, y para lo cual creó el Grupo de Memoria Histórica

como «un espacio para el reconocimiento, la dignificación y la palabra de las víctimas de la violencia en Colombia» (CNRR, 2007).

Ante esto, organizaciones de víctimas indicaron que la selección de estos investigadores representaba una cooptación de los espacios de debate académico por el gobierno de Uribe Vélez6.

En mayo de 2008 se dará la extradición de jefes paramilitares. Para 2010 la Fiscalía General de la Nación señala que luego de cinco años de la aplicación de la Ley 975, se alcanza una condena7 y que los procesos iban cada vez en mayor represamiento (elcolombiano.com 2010). A 31 de julio de 2011 se habían obtenido cuatro sentencias en Justicia y Paz (Verdad Abierta, 2011).

Al 24 de julio de 2012 «ocho sentencias ha proferido el Tribunal Superior de Justicia y Paz contra 12 exparamilitares por los delitos cometidos durante su pertenencia a las Autodefensas.» (eltiempo.com, 2012)

6 Ver la Fundación Manuel Cepeda, el Movice que en el año 2010 debatieron junto con los investigadores del GMH los efectos para las organizaciones de víctimas de la participación de estos investigadores en un grupo que respaldaba la política del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

7 El 19 de marzo, Wilson Salazar, alias «El Loro», fue condenado a una pena alternativa de cinco años que luego fue anulada por irregularidad procesal (Semana, 2009).

Colombia ha superado el paramilitarismo.

Los paramilitares reincidentes, cerca de 3000 miembros, y aquellos que no se sometieron a la Ley de Justicia y Paz, están dedicados al narcotráfico, aliados con la guerrilla, a los que el gobierno persigue. Pidió el presidente a «la opinión calificada y a la justicia» que se preparen para dar un tratamiento igual a guerrilla y paramilitares. Sus crímenes no dan admiten tratamientos diferenciados ni en la ley ni en la negociación de la paz. No puede ser que impere el ánimo benigno del pasado en relación con la guerrilla y la cólera de vindicta con paramilitares. (El Tiempo, 21 julio de 2007).

El Tiempo que, también, recoge la fuente de la Agencia Colombiana para la Reintegración, señala la cifra de 35314 paramilitares entre hombres y mujeres en el periodo 2003 al 20128.

Es decir el paramilitarismo permanece. Asunto que tiene mucho de evidencia cuando en octubre de 2011 la CC declaró conforme a la Constitución Política la Ley 1424 de 2010 la búsqueda de soluciones a la situación jurídica de cerca de 25000 8 De esos 35.314 unos han abandonado la reintegración, otros nunca entraron al proceso, o están en investigación por falta o delitos, o perdieron el beneficio por delito, o están suspendidos, o se han retirado voluntariamente, o fueron extraditados, o perdieron certificado de desmovilizados, o murieron.

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También el gobierno del momento señalaba permanentemente que la Ley de Justicia y Paz era exitosa porque posibilitaba la desmovilización de 30000 paramilitares; sin embargo, el informe de Human Rights Watch (2008: 2) muestra que solo 300 desmovilizados se habían acogido a la ley citada y entre tanto Álvaro Uribe Vélez en 2007 señalaba repetidamente que ya no se debía hablar más de paramilitarismo en el país:

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desmovilizados, suspendiéndoles las órdenes de captura y las condenas vigentes en su contra, siempre y cuando no hubiesen cometido delitos de lesa humanidad.

Si bien hubo desmovilización de paramilitares, paralelamente se daba su reorganización y rearme. Lo constatan sus víctimas y los testimonios de los propios jefes paramilitares que anunciaban que en caso de incumplimiento en las negociaciones estarían listos para reorganizar sus estructuras militares, y el hecho de que el número de paramilitares activos fue casi siempre mayor al de los desmovilizados o al número de armas entregadas. ¿Las Bacrim –Bandas criminales- son, entonces, resultado de la consolidación de nuevas organizaciones paramilitares? O ¿Cómo comprender un proceso de reinserción sin desmovilización?

Los análisis son diversos, pero llaman la atención los planteamiento de Romero y Arias que subrayan que hay “que contemplar el escenario de corrupción institucional y complicidad con redes mafiosas o la tolerancia de los grupos armados irregulares por las autoridades militares y policiales locales” (2010:42) y los de Restrepo y Franco (2007) que muestran como el auge del paramilitarismo no responde solamente a la ausencia estatal, sino que incluso es el resultado de la aplicación deliberada de una política de Estado destinada a dar respaldo y avalar la existencia de estos grupos armados. Siguiendo el análisis del grupo Presidencialismo y Participación, decimos que esos aspectos son la dinámica de mutación del régimen político de una forma neopresidencial consagrada en la Constitución a una forma parapresidencial (2007). La Ley de Justicia y Paz es un instrumento que consolidaría esa transición. Por

lo tanto, el perdón y la reconciliación que se derivan de la ley están a su medida.

Continuidad y/o discontinuidad El actual gobierno de Manuel Santos empieza por plantear la necesidad de realizar esfuerzos por la reparación a las víctimas y reconocer la importancia de la memoria histórica en la resolución del conflicto armado. Formula, gestiona y sale aprobada por el Congreso el 10 junio de 2011 la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras que busca garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación y favorecer procesos de reconciliación, al establecer que las víctimas son: Todas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al DIH o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de DH, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (República de Colombia, Nueva Ley de Víctimas, 2012, p. 8).

Al parecer hay cambio con la entrada en vigencia de esta ley respecto al reconocimiento público de procesos de victimización y vulneración de derechos que han sido irresueltos por la histórica impunidad

que ha caracterizado la violación de DH en el país. La nueva ley reconoce, igualmente, el conflicto armado, para lo cual establece políticas para el tratamiento de los efectos en grupos étnicos, de género y también para tratar la disputa por la tenencia de la tierra y el desplazamiento forzado. Sienta, entonces, las bases para la restitución, reparación y reconciliación como medio en un proceso de reconstrucción de memoria histórica.

Incluso para la organizaciones de víctimas la renovada ley avanza respecto a mecanismos anteriores, sobre todo en cuanto al establecimiento de unas rutas, procedimientos y construcción de criterios y protocolos para acceder a los derechos; de esta manera, el gobierno empieza a contar con una serie de mecanismos y procedimientos que permiten atender con facilidad las diversas demandas que las víctimas tienen a la hora de exigir el restablecimiento de sus derechos. Así, el logro más contundente de este primer periodo de la implementación es el intento por montar la logística para que la ley avance en los próximos años por el camino de la reparación y la restitución.

Se han establecido oficinas, se ha vinculado personal y se han iniciado acciones institucionales para poner a funcionar la ley (Movice, 2013).

Pero lo más complejo de la implementación de esta ley parece ser la continuación

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de la violencia sociopolítica, favorecida por las trabas en la justicia y la continuada impunidad. El conflicto armado sigue desarrollándose con toda la intensidad en muchas regiones del país, y durante el primer año de implementación de la ley se han incrementado las acciones de la insurgencia y, a su vez, la respuesta de la fuerza pública a las mismas se ha intensificado, esto ha implicado bombardeos en varias regiones del país; pero, también durante este periodo, los grupos paramilitares han dejado conocer su oposición armada a la política de restitución impulsada por el gobierno, constituyendo ejércitos anti restitución en todas las regiones donde ejercen control militar e influencia política. Las Bacrim que no han sido reconocidas como actores políticos del conflicto, llevan a que sus víctimas queden por fuera del ámbito de la Ley 1448.

En consecuencia, en lo que lleva implementada esta ley, han continuado la persecución y las amenazas, se ha incrementado el riesgo de los líderes, lideresas, organizaciones y comunidades vinculadas a procesos de reparación y restitución de tierras, y, entre otros elementos, uno bastante sensible para la reparación, es la inexistencia de títulos de propiedad en muchos lugares donde el desplazamiento continúa por la presencia de armados, frente a lo que las autoridades locales no se pueden oponer con recursos legales suficientes o son amenazadas, o, en el peor de los casos, son cómplices.

En este sentido, hay una especie de autismo en la implementación de la ley, se desconoce la experiencia de las víctimas y sus organizaciones, que desde hace años han formulado propuestas y acciones para atender a las víctimas, quienes señalan que «en muchos casos ya hay formulaciones y experiencias que bien podrían servir para avanzar de manera más efectiva

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y rápida en la tarea de restablecer los derechos de las víctimas, pero han primado la arrogancia, el desprecio a las víctimas y la politiquería, especialmente en las regiones, antes que pensar en lo que realmente necesitan y quieren las víctimas.» (Movice, 2013) A modo de conclusión, de esta primera gran parte, persiste un relato de memoria instituido y hegemónico que puede generar un nuevo ciclo de barbarie e impunidad, de venganza y violencia en el país. Como se ha visto, el perdón en aras de la paz, la reconciliación en aras de la paz no es la justicia. Frente a ello, la lucha constituyente por la memoria desde las propias víctimas y organizaciones que las acompañan anuncia avanzar en la clausura de esa barbarie, tanto desde lo institucional, como desde lo extra-institucional, pues esta es la única manera de marcar democráticamente nuevos rumbos sociales y políticos.

La construcción subalterna/ instituyente de la memoria La memoria se convierte así en una potencia mayor (cuando da sentido al conjunto de acciones humanas), muy singular y muy ambiciosa. Singular, porque ve vida allí donde hasta ahora la historia solo veía naturaleza muerta. Ambiciosa, porque salva la muerte hermenéutica (significado que damos a la muerte física). Quien mata tiene que empeñarse, además, en privar de sentido, en quitar importancia a esa muerte. La memoria se enfrenta al asesino hermenéutico, de ahí que el hecho de recordar suponga salvar el sentido de la muerte al explicar ese daño inferido al otro como una injusticia, es decir, como la negación de algo propio e inalienable que pide justicia. Esto explica que memoria y justicia sean sinónimos (Reyes Mate, 2008, p. 25-26)

Frente a la dinámica jurídica política que manifiesta la Ley de Justicia y Paz, y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las víctimas no se han resignado a asumir el rol pasivo que se les otorga, ni a tomar esos escenarios como los únicos campos posibles para sus reivindicaciones.

En el caso de la Ley de Justicia y Paz, el hecho de que pasara de ser una ley de alternatividad penal para los paramilitares a una que impulsaba la necesidad de búsqueda de justicia y verdad, que reclamaba la confesión de la totalidad de los crímenes de los paramilitares, como garantía para el otorgamiento de tales beneficios, lo fue, especialmente, por la movilización de las organizaciones de víctimas tanto en la calle como frente a las instituciones concernidas. Igualmente, si el proceso de extradición fue frenado y ajustado a la necesidad de privilegiar los delitos de lesa humanidad sobre los de narcotráfico, fue también resultado de las acciones desplegadas por las organizaciones de víctimas.

Si a la luz de la Ley 975 los paramilitares tienen un lugar en la determinación de la verdad judicial, las víctimas, por su parte, tienen un lugar significativo en la definición de la verdad histórica, más allá del mandato asignado a la CNRR y a su área de Memoria Histórica. Así que la participación de las víctimas en esos procesos legislativos no viene dado por los escenarios que surte

la ley; más bien, son ellas quienes han apelado, si bien a mecanismos legales, sobre todo a la movilización para intentar ajustar la ley a sus demandas o intentar frenar que se conviertan en instrumentos de impunidad, burocratización, olvido y perdón.

Es de destacar que, paralelo a la política instituida de la memoria, va configurándose una importante ampliación de la base sin organizaciones centralizadoras, distribuida en nodos que se encuentran y desencuentran en coyunturas específicas. La acción multitudinaria anima los rechazos al TLC en el primer quinquenio de la década 2000-2010, articulando campesinos, indígenas, negritudes, con apoyo de Organizaciones No Gubernamentales, todos contra el terror que implica el dominio de la tierra de manos del latifundio; una lucha que está rodeada por la sentencia T-955 de 2003 y T-025 de 2004 de la Corte Constitucional y por el derecho a la restitución del territorio para pueblos indígenas de la Corte Interamericana de DH en 2004.

Es un momento que deviene singularmente de un acumulado de fuerzas sociales, objeto de diferentes experiencias de violencia, que van consolidando formas de resistencia permanente y relacionada con los ciclos de violencia y conflicto armado. Estos son los sectores que comienzan a exigir el reconocimiento que incorpora la noción de «memoria» para significar la lucha

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que traen la verdad, la justicia y la reparación; pero que, al mismo tiempo, representan aspectos vitales políticos, económicos, sociales y culturales del país, además de la reconstrucción del sujeto colectivo de derechos respecto a históricas prácticas de violencia sociopolítica. Es el caso de sectores de mujeres, de LGBTI, de sindicalistas y, cada vez más, de campesinos, indígenas y afros, quienes vinculan la memoria a dinámicas territoriales (Grueso, 2010; Iturralde, 2001).

Son diversos frentes sobre los cuales el papel de la memoria comienza a posicionarse, sin embargo esta lucha ha venido tejiéndose desde años atrás. Ejemplo de lo anterior es el reclamo contra los crímenes de desaparición forzosa, tortura, desplazamiento que ya se ejecutaban desde la época del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala (Decreto 1923 de 1978), y ante lo cual sobresalen organizaciones como Asfaddes y de ahí a mediados de los noventa la Coordinación de Víctimas y Familiares del Genocidio contra la Unión Patriótica. Con estas y otras organizaciones en reacción a la coyuntura del riesgo de consolidar impunidad con la desmovilización propuesta en la Ley 975 de 2005 emerge el Movice, la organización de víctimas más amplia en términos de miembros en el país y con mayor capacidad de incidencia en el ámbito nacional e internacional.

También hay agentes que condensan una historia en torno al secuestro que desde los noventa ha aumentado, y que expresa relevantes movilizaciones. Frente a este crimen, su visibilización —funcional a una política gubernamental de guerra y a un rol importante de los medios de comunicación— y los pedidos de liberación por parte de los familiares también se han creado referentes de la memoria. Igualmente,

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los crímenes del narcotráfico han llevado a que sus víctimas se organicen (Fundación Colombia con Memoria) y a que la Fiscalía General declare crímenes de lesa humanidad los asesinatos de Luís Carlos Galán Sarmiento y Bernardo Jaramillo Ossa.

Hechos como las marchas de 2008 del 4 de febrero y del 6 de marzo, igualmente, contextualizan la tensión de la participación entre el poder instituido e instituyente; si bien están atravesadas por la denuncia a los actores armados ilegales, aquella fue apoyada directamente por el entonces gobierno de Álvaro Uribe, el empresariado y los medios masivos de comunicación con el lema «un millón de voces contra las Farc»; la marcha del 6 de marzo, organizada por el Movice como forma de homenaje a las víctimas del paramilitarismo y de los agentes estatales, acompañada por estudiantes, desplazados, campesinos, educadores, familiares de víctimas y colombianos del común, con apoyos internacionales, trató de deslegitimarse por el gobierno y los medios que no le dedicaron por lo menos el mismo tiempo y tratamiento que se dio a la marcha anterior. Este hecho de las marchas es también insigne para preguntar por la memoria que constituye la participación en una y otra marcha ¿de qué memoria hablan? ¿De la memoria de quiénes? ¿Por qué y para qué?

Lo interesante de estos hechos es ver que se abre una brecha para que se oigan unas voces, se vean otros rostros que expresan diferencias con lo instituido históricamente y con los violentos irregulares. Es decir, que la lucha como participación parece ahora no solo jugarse como representación reconfigurada, como la dinamizada por el gobierno de turno; que tampoco se juega solo con las armas, pues, ello ha llevado a justificar el recurso de la «combinación de

todas las formas de lucha» por parte del poder instituido hacia cualquier expresión participativa de la población organizada para su deslegitimación y, así, vincularla o ser apéndice de la guerrilla. En uno u otro caso, vínculos o apoyos, es cada vez más rechazado cualquier tipo de crimen por parte de diversidad de actores civiles.

La lucha por la memoria se despliega ya no solo contra estos bandos a través, por ejemplo, de lo jurídico que toma rumbo desde lo internacional-nacional, y para decir que si hay víctimas se exige responsabilidad al Estado. La idea que también explorar la movilización por la memoria es si hay algo más allá de lo jurídico porque hay crímenes de Estado; por tanto, como lo evidencia el Movice, el Estado es terrorista; y qué hacer, entonces, al demandar que el Estado se inhiba del uso de la fórmula de terrorismo cuando, precisamente, lo que el Estado reclama en su condición y existencia es poder matar cuando discrecionalmente corresponde mantener ese orden.

Tanto desde el Estado como desde los sectores victimizados organizados, encontramos una disputa por ese lugar de la clausura, del encierro, del silencio. La memoria mueve esa disputa con la participación. La novedad que se plantea es que tal participación se bate entre la despolitización instituida y la lucha política de los subalternos. Cuando, por ejemplo, el sentido de la

marcha del 4 febrero silencia, niega y clausura las luchas de los otros que en ese caso específico son las de las Farc ¿no se borra la memoria de los vencidos? ¿Por qué hay que deshacerla del mapa? Y, ¿de qué manera se disputa ese campo del deshacer? Acaso no viene, entonces, la movilización del Movice para decir que ¿aquí hay crímenes de Estado, que el Estado juega un juego que no tiene límites? Y, entonces, de alguna manera ¿puede el Estado no ser terrorista?

Es en la protesta social que, efectivamente, las víctimas se asumen como actores significativos frente a la política instituida y frente a su quehacer democrático. No sin obstáculos, porque la tendencia hegemónica de ese «mundo» ideológico acerca de la guerra y la violencia halla espacio a su justificación; además, porque su retórica se pone públicamente como la única voz, la voz autorizada y las representaciones sociales de las víctimas de la violencia para-estatal se presentan como auxiliadores, militantes de la guerrilla. También, la política instituida ha subalternizado a ese otro-víctima o al divulgar el dolor, pensar y asumir que así hay sanación-reparación.

Tanto desde una perspectiva de DH, como desde una perspecyiva en términos de acción política, organizaciones de víctimas se han movilizado no solo por la verdad judicial, sino, ante todo, por una potencia política y social que asume a la memoria

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no solo como un elemento fundamental para que las culturas se reconozcan en eso que hicieron y lo rehagan; sino que ante la dificultad de sobreponer hoy el negacionismo, la interpretación sobre la causas, las responsabilidades ya no serían solo atribuibles al conflicto, también a la existencia de lógicas política y económicas.

Entonces, la lucha por la memoria marca una nueva forma de construcción la participación cuando comienza a situarse en diferentes agendas de impacto nacional, entre las cuales la oficial tiende a dinamizar su hegemonía, y las subalternas disputan tanto al poder central como en su interior las propias prácticas. Habría una imbricación histórica entre prácticas estatales de carácter autoritario y discursos políticos y periodísticos dominantes, en medio de los cuales emerge un campo de otro modo de la memoria. Si esta demanda un presente de luchas políticas por las «cuentas del pasado», en la mira de tornar un presente con sentido social, se debate la necesidad de que tales cuentas sean dadas en términos de responsabilidades, de reconocimientos individuales y colectivos y de justicia.

Por este camino, preguntamos ¿hasta dónde la memoria se convierte en exigencia de democracia? Si se trata de hacer que tales derechos los posean quienes han padecido directamente el dominio dispuesto en el uso de la violencia; pero, también, que la sociedad toda lo demande, si se quiere democratizar la vida social y política. Frente a una política pública que ha priorizado a los victimarios, o cuando reconoce a las víctimas en un ámbito formal, ¿qué les queda a las estas? Casi todo por hacer. En realidad, las víctimas han testimoniado y denunciado durante mucho tiempo la violación sistemática de sus derechos y en muchas

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ocasiones con todas las pruebas. Como lo subraya Iván Cepeda: Hay una gran ansia de muchos sectores de participar políticamente y al participar políticamente tienen que hacerse conscientes de su realidad, realidad de los campesinos, de las mujeres, de los sectores de oposición, de los sindicalistas, de los líderes regionales de los campesinos de los indígenas, de los afro descendientes; de cómo pueden participar en la política, pero si no entienden de donde vienen, qué les ha pasado, por qué su situación es la que tienen hoy, no tienen importancia la memoria. Esta es concomitante con la lucha por la democratización de la vida social en el país. No son procesos desligados. Yo diría que hay una gran necesidad de participación en política que va ligada a un autoconsciencia que es al mismo tiempo un acto de memoria. (En entrevista 20 octubre 2012)

Conclusión ¿Son las leyes la respuesta a los problemas que plantea la reconciliación? Es una pregunta que plantea Reyes Mate (2008, p.58) para decir contundentemente no y que compartimos en el sentido que el derecho cifra la justicia en el castigo al culpable o en la restauración de la autoridad de esa ley.

Pero, es imperativo hoy afirmar que la justicia ha de ser ante todo reparación del daño causado a la víctima, lo que comporta una fractura social. La reconciliación forma parte de la justicia, más allá del derecho que contiene una reconciliación nacional.

De ahí que la memoria no sea un asunto simple sino que se mueve entre poder y potencia. Está inscripta entre relaciones de poder. Con G. Sánchez decimos que «en Colombia, donde el pasado no pasa, porque la guerra no termina, el culto a la

memoria es mucho más ambiguo que en estas historias ya consumadas (conflictos armados ya superados como en Sudáfrica o en Centroamérica), puesto que puede cumplir una función liberadora, pero puede también producir efectos paralizantes sobre el presente» (2003, p. 19). Es decir, la continuidad del conflicto y la violencia sociopolítica es una expresión constante sobre históricos sectores victimizados, lo que hace que los marcos sociales de la memoria hegemonicen un relato, lo instituyan y, por el contrario, lo común no permita ser asumido para guiar y reconocer experiencias individuales y colectivas; así el pasado instituido se traduce en un permanente desencuentro social.

La lucha que ha asumido el movimiento que hemos llamado de «víctimas», porque su condición le ha implicado exigir justicia como memoria, es la expresión histórica de democratizar los ámbitos de la cultura y la sociedad toda. Esa exigencia es al mismo tiempo la necesidad de comprender mejor ese pasado y este presente que, precisamente, radica en comprender la posibilidad de participar políticamente en su materialidad singular y colectiva que ha potenciado construir proyectos contrahegemónicos.

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Memoria Política Movimiento Social

Bibliografía

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CAMINOS PARA LA PAZ, UNA MIRADA HISTÓRICA DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO Y DEL PROCESO DE PAZ CON EL M-19.

REFLEXIONES PARA LA ACTUALIDAD Oscar Javier Martínez Ricaurte1 Linda Yulieth Correa Grisales2 Resumen En el presente escrito abordaremos el tema del conflicto armado en Colombia y algunas experiencias de negociación. Para ello, haremos una introducción general en torno a la historia política del país en los cien años comprendidos entre 1910 y 2010. Posteriormente nos concentraremos en el fenómeno de la violencia propiamente dicho y ofreceremos una aproximación a la teoría de los procesos de paz con algunas anotaciones pertinentes para entender el actual proceso de negociación entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano. En un cuarto momento nos centraremos en el caso de las negociaciones con la guerrilla del M-19 haciendo énfasis en el contexto socio-histórico en el cual se desarrolla esa negociación, sus antecedentes y sus lecciones; y finalmente terminaremos con una contextualización, reflexiones y lecciones a propósito del actual proceso de paz.

Palabras clave Colombia, conflicto armado, procesos de paz, FARC-EP, M-19.

1 Estudiante activo de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Monitor de la asignatura Análisis de Coyuntura ofrecida por el Departamento de Ciencia Política. ojmartinezr@unal.edu.co 2

Estudiante activa de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. lycorreag@unal.edu.co

Historia política y conflicto armado en Colombia, breve caracterización Diferentes intelectuales han intentado vislumbrar los orígenes de la guerra y los fenómenos de violencia en Colombia, algunos esgrimen que estos se encuentran en la época colonial, antes de lograr la Independencia en 1810, con las injusticias ejercidas hacia los pobladores originarios; otros, reconociendo lo anterior, lo sitúan después de la Independencia con los conflictos propiamente internos entre un bando u otro; finalmente, otros sitúan el origen de un fenómeno de guerra irregular y conflicto prolongado luego de 1948 haciendo una diferenciación entre lo que se conoció como el fenómeno de La Violencia hasta 1958 con la instauración del Frente Nacional, y, en respuesta a este mismo régimen excluyente en sus bases, surge la violencia por llamarla de alguna manera revolucionaria con la conformación del Bloque sur posteriormente FARC, el ELN y el EPL, entre otras organizaciones guerrilleras.

Para el Francés Daniel Pecaut, Colombia ha proclamado ser un Estado de Derecho con un sistema de representación pluralista en lo político y una orientación ortodoxa en el campo económico. En Colombia ha predominado un modelo liberal que ha permitido la realización de transacciones políticas que no han dejado que la sociedad colombiana

Caminos por la Paz

se fragmente más. Colombia ha estado liderada por dos partidos tradicionales que han buscado cohesionarla. El autor afirma que la contraparte al modelo liberal ha sido el fenómeno de la violencia ligado a la división partidista, y su consiguiente competencia local, y la presencia de sectores sociales tradicionalmente excluidos. «Orden y violencia han ido de la mano con mucha frecuencia» (Pecaut, 2012, p. 42). El Francés hace una periodización desde los antecedentes del siglo XIX e inicios del XX, hasta la primera década del siglo XXI. El primer periodo es el de la Hegemonía Conservadora (1904 – 1930), de allí se destaca la herencia de la violencia de las guerras civiles del siglo XIX lo cual redundó en la dificultad de la construcción de la nación; por otro lado, se destaca la modernización económica —no cultural— «a la conservadora» acompañada por cierto despegue económico y tranquilidad en lo político. Había un predominio ya asentado de los dos partidos tradicionales, no había instituciones militares y la iglesia seguía teniendo gran poder. Se destacan cuatro características fundamentales del periodo hacia su final: el dominio en la vida política de las élites civiles, la dificultad de forjar la unidad desde arriba, la no regulación de las relaciones sociales desde el Estado y la violencia como un ingrediente normal.

En segundo lugar, el autor sitúa el periodo de la República Liberal (1930–1946), describe el ascenso del liberalismo a la presidencia. Se evidencia la fragmentación del Partido Conservador, hecho que le hace perder el poder. Lo destacable de este periodo son los aparentes «verdaderos» cambios políticos que traen Alfonso López Pumarejo con la «Revolución en marcha» y una serie de reformas en muchos ámbitos de la vida nacional. Allí fue cuando masivamente las clases populares urbanas se incorporaron

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al Partido Liberal. Aunado a esto viene el tercer periodo o momento donde el liberalismo se instaura de manera más evidente.

Lo destacable es que esas clases populares que ahora hacían parte del liberalismo no movían demandas efectivas y concretas al establecimiento lo cual hizo que fuera más fácil instrumentalizarlas.

El cuarto momento es el de La Violencia propiamente dicha, desde el bogotazo hasta el golpe militar de Rojas Pinilla. El autor afirma que después de este periodo hay una ruptura. Hay un gran cambio en la lógica de la guerra que ya no es entre grandes figuras políticas, sino entre los subordinados de aquellas figuras, entre el pueblo que se piensa en torno a la lógica amigoenemigo. Este periodo es el del surgimiento de las guerrillas unidas a los partidos tradicionales, pero que cada vez más se van alejando más de estos. Llega en el año 1953 Rojas Pinilla con su golpe de opinión y con una imagen pacificadora, sin embargo, con el tiempo se verá que no es así y hay una radicalización contra los grupos insurgentes y las terceras fuerzas.

El quinto período es el del Frente Nacional de 1958 hasta, en el papel, 1974, pero en la realidad podemos decir que va hasta 1991. Este periodo no es más que la continuación de la tradición partidista, solo que ahora con un rasgo institucionalizado o legal de alternancia en el poder de las élites. Uno de los rasgos de este periodo y que funcionó hasta los noventa fue el gobierno bajo la fórmula de «estado de sitio».

Como consecuencia de esto se dio una radicalización de las clases subalternas quienes se unieron a corrientes políticas radicales. Hacia los ochentas se viene toda la explosión del fenómeno del narcotráfico causando una gran crisis institucional.

El narcotráfico consigue lo que no habían

conseguido las guerrillas: estremecer a las instituciones del Estado, por consiguiente asistimos a una conmoción social, institucional y económica, ligada fuertemente a la cultura de la ilegalidad en la que, como dice Pecaut, todos los medios son buenos para alcanzar el éxito, lo que deja como herencia en el país «la cultura de la ilegalidad», de la trampa y del triunfo mediante el menor esfuerzo.

En sexto y séptimo lugar encontramos dos periodos que el autor llama: «la refundación democrática y las ilusiones perdidas» que va desde 1991 a 1998 y «Violencias, conflicto armado, guerra sucia» desde 1990 hasta 2002. El primero nos recuerda los logros de la Nueva Constitución Política, esfuerzo democrático consciente de múltiples sectores políticos del país, ambicioso en el papel con pocos alcances en la realidad. En el segundo, se pueden evidenciar tres problemas centrales: un imaginario de violencia permanente en Colombia, la falta de títulos de propiedad para los colonos, la incapacidad del Estado para ejercer su autoridad en las periferias. Como resultado de la gran colonización guerrillera en el territorio colombiano se originan las organizaciones paramilitares que desde los ochentas venían actuando y van a ser las colaboradoras del ejército en la lucha anti guerrillera.

El octavo y último periodo es el de la seguridad democrática hasta el estado de

opinión de 2002 a 2010. Este periodo está marcado por la presidencia de Álvaro Uribe Vélez elegido con las banderas de la guerra, su victoria «revela la radicalización de la opinión tras el fracaso de las negociaciones del Caguán» (Pecaut, 2012, p. 106). Según el autor se debilitan dos cosas fundamentales para la democracia: la lógica representativa y la separación de poderes. El autor también señala que de este gobierno se derivan varios desafíos a futuro. En materia social, afrontar la desigualdad social, en materia política, abrir la participación con mecanismos transparentes, en materia ética, el cese de la violación de los Derechos Humanos y las prácticas corruptas.

Para hacer un énfasis en particular en el problema de la violencia queremos hacer parte de nuestro marco analítico a las propuestas del profesor Marco Palacios quien utiliza la categoría de Violencia Pública como eje fundamental para abordar el tema del conflicto armado en Colombia.

Entendemos Violencia Pública como «toda forma de acción social o estatal por medios violentos que requiera un discurso de autolegitimación» (Palacios, 2012, p.25). Por ende, entrarían en esta categoría las fuerzas militares, paramilitares e insurgentes.

Ahora bien, debemos analizar el fenómeno entendiendo que «conflicto armado no es sinónimo de violencia» (Palacios, 2012, p.26). En consecuencia, violencia es uno

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de los medios del conflicto social y armado pero no se reduce a ella.

Se plantean algunas problemáticas transversales al conflicto, la primera es que Colombia per se no puede ser considerado un Leviatán, según la clásica definición Hobbesiana, o sea que no es un Estado consumado y consolidado ya que no puede garantizar la vida, la honra y la propiedad de muchos de sus súbditos o ciudadanos, esta no es una problemática menor, pero solo la enunciaremos por cuestiones de espacio. Otra de las problemáticas tiene que ver con la desigualdad en el precario aparato institucional, dice el autor al respecto que «las instituciones colombianas parecen funcionar adecuadamente dentro de los marcos del Estado de Derecho para aquellos grupos sociales integrados al mercado por los derechos de propiedad» (Palacios, 2012, p.26). El problema en consecuencia es que las instituciones no sirven a quienes más las necesitan, es decir, a los marginados y excluidos. Entonces no se benefician del Estado quienes así lo reclaman: desplazados, desempleados, marginados, en resumen los más vulnerables entre los vulnerables, la gente que se encuentra en el rebusque o la mal llamada informalidad, pequeños propietarios de predios rurales, indigentes, campesinos sin tierra etc.

Por otro lado, se plantea que la violencia en Colombia es una revolución social frustrada en el sentido de que las experiencias europeas y muchas latinoamericanas tienen un punto en común y es que la guerra es partera del Estado (esta es la teoría del Estado de Charles Tilly), pero en Colombia eso no sucedió, aquí la violencia se ha ido desarrollando y perpetuando sin una consolidación de algún proyecto de nación específico, o podríamos decir que aquí no

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hay un proyecto de nación y, por ende, las guerras que hemos tenido no han sido estrictamente civiles, en el sentido de una revolución social, que desde Tocqueville la entendemos como un acto por el cual una clase destruye a otra, como en el caso de la guerra civil americana, donde el norte industrial venció al sur esclavista, de ahí podemos entender los principios y valores que rigen la nación norteamericana hasta nuestros días. En el caso colombiano ningún proyecto de nación se ha consolidado y por ende se perpetúa la guerra y la violencia como canal de participación política.

Palacios plantea seis períodos claramente diferenciados en términos espacio-temporales y en lo que a actores se refiere, para entender el fenómeno de la violencia armada en el país: 1. La primera ola de violencia (1949-1953), donde tenemos como principales actores a las guerrillas liberales y a los partidos políticos tradicionales entregados al agite de la violencia en los campos de Colombia. La política colombiana en este periodo estaba marcada por el populismo fallido y la dictadura, y en términos internacionales tenemos como gran telón de fondo la Guerra Fría y la Guerra de Corea. 2.

La primera tregua (1953-1954) donde vemos que el General Rojas Pinilla logra pacificar el país en su gran mayoría y, en consecuencia, se presentan los primeros acuerdos de desmovilización con las guerrillas liberales.

3. La segunda ola de violencia (1954-1958) con el protagonismo de los «Pájaros», las bandas liberales y los precursores de las guerrillas comunistas. 4. La segunda tregua (1958-1962) donde se liquidan los remanentes de bandoleros, pero se empiezan a configurar los conflictos con organizaciones comunistas. Importante es anotar que en este periodo se da el inicio del Frente Nacional, que de tajo castró toda posibilidad

de participación política por parte de los sectores subalternos de la sociedad y esta vez de forma institucionalizada. En este periodo, se consolida el gobierno del estado de sitio. En términos de la política mundial tenemos la revolución cubana, la alianza para el progreso, la revolución cultural china y la ruptura chino-soviética. 5.

Guerra de guerrillas en los márgenes (19621985) y legalización de organizaciones paramilitares locales (1965/68-1989), tenemos como actores relevantes por supuesto a las diferentes expresiones armadas al margen de la ley que se oponen al Estado: MOEC ,FUAR, ELN, FARC, EPL y M-19. El sistema político colombiano sigue siendo dominado por el Frente Nacional, pero en este periodo asistimos a la gran crisis electoral del mismo, pues en 1970 el candidato oficialista gana por estrecho margen de votos (desde luego polémico) al contrincante de la Alianza Nacional Popular ANAPO: Gustavo Rojas Pinilla. En lo que a política global se refiere tenemos influencias externas del denominado «Mayo del 68», el discurso de la guerra contra las drogas en el cual debutan los norteamericanos en 1974, el comienzo de la «transición a la democracia» en la antigua URSS y en Europa del Este y, finalmente, un acontecimiento importante en el continente como lo es el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua.

Para finalizar, se propone un sexto periodo

llamado Guerra sucia de baja intensidad (1985-presente), aquí el conflicto, como diría el profesor Carlos Medina, se degrada y tiene como actores principales a las organizaciones y carteles de narcotraficantes, organizaciones paramilitares, guerrillas: FARC, ELN, M-19, EPL y, por supuesto, a las fuerzas armadas colombianas que desde la Guerra de Corea desarrollan la gran tradición de ser el ejército contrainsurgente más importante en el hemisferio.

Queremos señalar, con base en lo expuesto por Marco Palacios, que para este periodo la política colombiana se encuentra atravesada por un hecho bastante relevante: la crisis electoral generalizada del Partido Liberal y del Partido Conservador (recordemos que desde la elección de Andrés Pastrana por el Partido Conservador ningún presidente ha sido electo por ninguno de los dos partidos tradicionales). A lo anterior debemos sumarle que el régimen político, al menos en teoría, cambió debido a la promulgación de la Carta Política de 1991 y, finalmente, en lo que se refiere a la política nacional en este periodo asistimos al surgimiento de nuevas fuerzas locales con sólido componente parapolítico. En lo que a política internacional se refiere el contexto se da en el marco del Fin de la Guerra Fría y lógicamente en la guerra global contra el terrorismo y el crimen organizado (desde 2001 hasta el presente).

Marco teórico y anotaciones sobre los procesos de paz en general y el proceso de paz actual en particular Las definiciones de la paz y de los procesos de paz no son sencillas ni unánimes; sin embargo, para tener al menos un marco de sentido que nos ayude a comprender un poco los hechos que se están viviendo en nuestro país, proponemos la siguiente definición, que no es excluyente de otras pero que nos parece recoge elementos fundamentales de lo que es un proceso de paz, dicha definición y lo que posteriormente expondremos se basa en el texto Alto el fuego: manual de procesos de paz de Vicenç Fisas (2010), para él un proceso de paz «es un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así como para implementarlo, mediante negociaciones que pueden requerir la mediación de terceros.» (p. 12) Los procesos de paz constan de diferentes momentos, al menos dos: de negociación y de implementación de los acuerdos. A su vez, no son algo lineal ni algo para lo que se deba tener una hoja de ruta planteada de antemano, sino que esa hoja de ruta debe ser construida según la especificidad y las características de cada caso en concreto.

El momento culmen de los procesos de paz es, a todas luces, el momento del acuerdo; sin embargo, para que el proceso sea exitoso se debe implementar todo lo que se

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Hasta aquí hemos intentado caracterizar la política colombiana en el último siglo, haciendo énfasis en la periodización de la violencia a partir de la identificación de actores, política nacional y política internacional. Finalmente, queremos hacer una pequeña introducción y análisis de lo que es un proceso de paz y cómo podemos entenderlo y teorizarlo.

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acordó. En ese orden de ideas, el acuerdo es el primer paso para erradicar la violencia, pero lo realmente clave es que se logren materializar los acuerdos.

A continuación presentamos este cuadro para hacer algunas anotaciones sobre los procesos de paz y algunos modelos existentes para llevarlos a cabo.

Modelos de procesos de paz Modelos

Con Facilitación Externa

1) Reinserción

Sin Facilitación Externa Angola (FLEC) Congo (ninjas)

Burundi 2) Reparto del poder económi- Cote d`Ivore Liberia co y político RD Congo Somalia 3) Intercambio a) No agresión por RPD Corea / desnuclearización EEUU b)Paz por democracia

(Colombia-ELN)¿?

El Salvador Guatemala

c) Paz por territorios

Israel/Palestina

d) Paz por desocupación

¿Irak, Afganistan?

4)Medidas de confianza bilaterales

India-Pakistán

5) Autogobierno Filipinas (MILF) Indonesia (Aceh) Sahara Sudán (Sur) Fuente: Vicent Fisas (2010), Alto el fuego: manual de procesos de paz.

Del anterior cuadro podemos rescatar que los modelos de procesos de paz dependen de las raíces del conflicto, dependen del por qué se presenta el alzamiento en armas. Realizar esta claridad es fundamental porque podemos traer a cuento la vieja consigna leninista que pugna por el análisis concreto de la situación concreta, consigna que es válida para estudiar los procesos de paz, cada uno bajo su propia lógica,

con su propia guerra, con sus propios antecedentes, con su propia tragedia y con su propia solución. Empero, no se deben desestimar o negar las experiencias derivadas de otras latitudes, de otros actores y de otras soluciones; de hecho la experiencia internacional está plagada de ejemplos a propósito de lo que algunos académicos llaman «el espejo de la paz» que no es otra cosa que la adopción de experiencias similares en la resolución de conflictos bélicos.

Citemos como ejemplo emblemático la experiencia sudafricana, que es un espejo de lo sucedido en Irlanda del Norte. A su vez, estos dos ejemplos han servido para alimentar la experiencia del País Vasco.

Ahora bien, para el caso colombiano hablamos dentro de esa tipología de un modelo de intercambio, dice Fisas que este modelo se caracteriza porque «la paz se logra a cambio de otra cosa» (2010, p. 15).

Por ejemplo, paz por participación política, paz por redistribución de la tierra, paz por democracia, etc. Si hablamos de las etapas de un proceso de paz podemos encontrar varias coincidencias en las experiencias globales que nos permiten hablar de ciertas generalidades. Tenemos en primera instancia una fase exploratoria, «de tanteo» o pre-negociación donde las partes, por decirlo coloquialmente, «se miden el aceite», ya que en los procesos de paz es premisa que las partes involucradas deben

ceder en mucho o en parte. En el actual proceso de paz que se lleva a cabo entre el gobierno y las FARC-EP, vemos que esta fase se dio en La Habana, Cuba, entre el 23 de febrero y el 26 de agosto del año 2012.

En un segundo momento, tenemos un acuerdo de pre-negociación aquí «una vez realizado el trabajo exploratorio se llega a un “acuerdo sobre lo que hay que acordar” para así avanzar en cómo hacerlo.» (Fisas, 2010, p.23) En un tercer momento, podemos hablar de un «acuerdo marco» u «hoja de ruta» donde se acuerdan los principios generales y la agenda que se negociará. Para el caso colombiano actual tenemos una agenda compuesta por seis puntos de negociación 1. Política de desarrollo agrario integral; 2.

Participación política; 3. Fin del conflicto; 4. Solución al problema de las drogas ilícitas; 5. Víctimas. El sexto punto es referente a la implementación, verificación y refrendación de todos los acuerdos. En ese orden de ideas, los principios generales o reglas de funcionamiento son diez de las cuales se destacan mecanismos de recepción de propuestas por parte de la ciudadanía, ya sea por medios físico o electrónicos, y el punto más relevante desde nuestra perspectiva, aquel que se refiere al principio del «todo único» que sostiene que cada punto es parte de un todo indivisible y, por ende, no puede acordarse nada por separado, en

3 Tomado del texto: Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado por los delegados del Gobierno de la República de Colombia y por los delegado de las FARC-EP.

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consecuencia, «las conversaciones se darán bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado.»3 Un cuarto momento se refiere a los acuerdos parciales que como anotamos hacen parte de un todo y se deben ver de forma holística. Por lo tanto, este cuarto momento va de la mano con un quinto en el cual se llega a un acuerdo total sobre todo lo discutido y negociado; para así finalizar con un sexto momento de implementación, verificación, refrendación y solución de controversias.

En términos de tiempo creemos necesario señalar que la experiencia internacional nos muestra que los procesos de paz son procesos de largo aliento. «Tal como se ha señalado en los casos de Guatemala o de Irlanda, los procesos de paz rara vez se producen en cortos espacios de tiempo.

Con frecuencia requieren de una década y lo normal es que duren varios años.» (Fisas, 2010, p. 28) Ahora bien, la participación de la sociedad civil se vuelve una tarea fundamental en muchos procesos de paz. Los casos donde la sociedad civil ha tenido mayor injerencia en los procesos han sido las experiencias guatemalteca y surafricana. Sin embargo, también tenemos procesos en los que la sociedad civil no ha tenido un gran protagonismo, de aquí que si analizamos los procesos de paz de acuerdo con los roles de los actores y con la participación de la sociedad civil podamos hablar de procesos de paz elitistas (donde la sociedad civil no fue protagonista) y procesos de paz participativos (donde la voz de la sociedad

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civil fue fundamental). Hasta el momento no nos arriesgamos a ofrecer una caracterización del proceso colombiano en este acápite, porque nos parece que ese ejercicio solo puede ser objetivo una vez finalice el proceso y entremos a una etapa de implementación y verificación donde evidentemente la sociedad civil tendrá mucho que decir.

En definitiva, en este corto marco teórico sobre los procesos de paz, queremos referirnos a la etapa final de los procesos y lo haremos con la siguiente reflexión: «un proceso de paz empieza de verdad con la firma de un acuerdo.» (Fisas, 2010, p. 55) Entonces firmado un acuerdo, y después de un periodo de guerra tan largo como en el caso colombiano, evidentemente muchas cosas materiales e inmateriales se han destruido, así que la tarea es reconstruirlas. Se propone una agenda de reconstrucción pos-bélica de ocho puntos a la cual nosotros queremos aportar uno más para un total de nueve puntos. Aclaramos también que preferimos hablar de pos-belicismo y no de pos conflicto en el entendido de que —como señala el maestro Estanislao Zuleta— «el conflicto y la hostilidad son fenómenos tan constitutivos del vínculo social, como la interdependencia misma, y la noción de una sociedad armónica es una contradicción en los términos.» (Zuleta, 2010, p. 29) Por ende, «una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos» (Zuleta, 2010, p. 30) Esos ocho puntos propuestos por Fisas (2010) son los siguientes: 1. Apoyo al proceso de democratización; 2. Vigilancia sobre los Derechos Humanos; 3. Fortalecimiento del proceso de paz; 4. Desmilitarización; 5.

Políticas efectivas de DDR, Desarme, Desmovilización y Reintegración de Excombatientes; 6. Apoyo al entorno de refugiados y desplazados; 7. Apoyo a los heridos y a las familias de las víctimas y 8. Rehabilitación de las zonas afectadas por el conflicto armado. A estos ocho puntos nosotros queremos agregar un noveno que se refiere a un proceso de verdad histórica, justicia y reparación a las víctimas.

Por su parte Mauricio García Duran recogiendo a Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo plantean que la paz en Colombia se debe sostener por una triada compuesta por justicia social, violencia mínima y democracia efectiva. Esto a su vez corresponde a una concepción positiva de la paz. La paz se ha definido en muchos escenarios y por muchos sectores como la ausencia de guerra, lo que lo se constituye como una definición negativa del concepto. La concepción positiva, por su parte, llena la noción de contenido, pues se muestra como un «estado en el que se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad, llámese familia, sociedad, etc.»4 En consecuencia, la paz para que sea estable y duradera, y para que la podamos tener en su sentido positivo, debería contener al menos los tres elementos 4 Definición adaptada del diccionario de la Real Academia de la Lengua.

mencionados atrás (justicia social, violencia mínima y democracia efectiva)5.

La paz es ciertamente un proceso inacabado al igual que la democracia. Nunca podemos decir que llegamos al culmen de dichos procesos. No obstante, para alcanzar ese gran objetivo es necesario conquistar una serie de objetivos parciales y más inmediatos como, por ejemplo, consensos que generen un ambiente más propicio para la consecución de este bien, y, sobre todo, el empeño por mantener dichos consensos. Mencionaremos tres consensos fundamentales para crear y solidificar un ambiente de negociación: consenso frente a la paz civil, consenso sobre las reglas de procedimiento y consenso como utopía.

El consenso frente a la paz civil «es un acuerdo para evitar la guerra civil» (García D, 1992, p.27). Este tipo de acuerdo se caracteriza por resolver políticamente los conflictos. En otras palabras, es un consenso frente al mecanismo por el cual se van a dirimir las visiones opuestas del mundo. Por su parte, el consenso sobre las reglas de procedimiento se da «en relación con los procesos y mecanismos válidos para la toma de decisiones políticas» (García D, 1992, p.27).

Finalmente, el consenso como utopía es un

5 Según el maestro Estanislao Zuleta, la democracia debe responder a los siguientes elementos: diálogo, participación y derechos reales.

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ideal democrático donde se acuerda permitir la participación y el diálogo con todas las posiciones del espectro político. Un aspecto transversal de estos consensos es que para que se den, es necesario aceptar a la contraparte como un interlocutor válido, con un poder factual y con ciertas características de legitimidad así sea muy precaria.

Se evidencia entonces la importancia para el país de aceptar, por parte del gobierno nacional, la existencia de un conflicto armado interno, hecho que se rescata como condición esencial para que se consume la mesa de negociación actual, debido a que en el gobierno Uribe Vélez negó la existencia del mismo y, por ende, se cerró toda posibilidad de diálogo. Al aceptarse la existencia de un conflicto armado interno se acepta que la guerrilla tiene móviles políticos y que su actuación no tiene la misma motivación que la de la delincuencia común. De igual modo, aceptar la existencia del conflicto armado no implica conceder estatus de beligerancia a los insurgentes, hecho que tendría otras implicaciones, sobre todo en cuestiones de Derecho Internacional Humanitario, y que desborda el marco de análisis del presente trabajo, sin embargo, las mencionaremos más adelante brevemente.

Se proponen así mismo cuatro niveles de negociación: vertical, horizontal, subterráneo y exterior.

El nivel vertical «es el que se da entre los actores de primer orden que están enfrentados» (García D, 1992, p.29) en nuestros casos de análisis el M-19 y el Estado colombiano y las FARC-EP y el Estado colombiano. El nivel de negociación horizontal es el que se refiere a los procesos internos que se presentan en cada una de las partes: generalmente existen quienes se oponen a la negación tanto por parte del Estado como por parte

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de las guerrillas. Entonces, aquí se trata de negociar un consenso para que cada actor llegue unificado a las negociaciones verticales. Para el nivel de negociación llamado «subterráneo» tenemos que es aquel en el cual terceros involucrados, pero no protagonistas de la negociación alimentan las negociaciones, en este nivel entrarían las conversaciones que tienen los protagonistas de la negociación con la sociedad civil, y con los poderes regionales y locales. Finalmente, el nivel exterior «es el que se da con las potencias que apoyan o influyen en el conflicto.»(García D, 1992, p.30) Queremos anotar que por regla general se llega a una situación de solución negociada al conflicto cuando se presentan dos momentos en una confrontación. El primer momento es de un relativo equilibrio en la correlación de fuerzas entre Estado e insurgencia (que en Colombia en el caso de las FARC-EP se presenta a mediados de los 90 y hasta el proceso del Caguán). Existe un segundo momento en el cual la balanza empieza a inclinarse a favor del Estado, este momento podríamos llamarlo de victoria político-militar de orden estratégico.

Aquí, a su vez, se presenta un empate militar negativo, que es aquella situación en la cual ningún ejército puede derrotar al otro por medios bélicos. En consecuencia, ambas partes entienden que lo mejor es negociar para no prolongar más un conflicto que no tendrá un ganador contundente militarmente hablando. Nosotros pensamos que ese cambio en la correlación de fuerzas y ese momento de victoria políticomilitar de orden estratégico que se presenta en el desarrollo del conflicto durante el decenio 2002-2012 ayuda a explicar el por qué las partes están sentadas hoy en una mesa de negociaciones en La Habana.

Contexto socio-histórico en las negociaciones con el M-19 El M-19 al término del gobierno de Julio César Turbay Ayala sale bastante diezmado militarmente, como consecuencia del estatuto de seguridad, y con una gran cantidad de sus militantes en las cárceles del país. Sin embargo, en este periodo adquiere una gran popularidad y aceptación social entre las clases subordinadas en el país. En este contexto, y próximos a elecciones, el M-19 en cabeza de Jaime Bateman reclama el levantamiento del estado de sitio, amnistía general y diálogo nacional como primeras condiciones para alcanzar la paz.

Belisario Betancur ganó la contienda electoral de 1982 con la bandera de la paz y se proclama presidente. Ofrece una amnistía que es aprobada como ley de la república por parte del Congreso en un tiempo récord de cuatro meses. El 19 de noviembre de 1984 es sancionada la Ley 35/85 que ofrecía una amnistía amplia en el papel.

Con este acontecimiento, la bandera de la paz pasa de manos de la guerrilla a manos del gobierno, hecho que le generaría gran popularidad al entonces presidente durante los primeros meses de su mandato.

Por ende la Ley de Amnistía fue un triunfo del presidente frente a la opinión pública, las FFMM, y sectores contrarios a la paz.

También significó un triunfo para el M-19 que pedía desde el gobierno anterior que dicha ley se promulgara. Con todo, la posición del M-19 frente a la ley fue bastante ambigua y contradictoria, en un inicio la vieron con buenos ojos, pero después declararon que no se acogían a la amnistía.

«Su actitud militarista ante la amnistía le generó una inmensa pérdida de credibilidad y de popularidad» (Ramírez y Restrepo, 1988, p.105.) Este fue el inicio de una serie de hechos que llevarían al M-19 a ceder terreno en términos militares, pero sobre todo en términos políticos. Ya que, el establecimiento ganó la pugna política con respecto a la ley de amnistía, y por ende la correlación de fuerzas en el ámbito político empezó a ser favorable para el Estado.

Otro de los acontecimientos relevantes en el contexto que planteamos es el informe del 5 de febrero de 1983 del entonces procurador Carlos Jiménez Gómez donde sindica a 59 miembros activos de las FFAA como presuntos integrantes del MAS. Las FFMM respondieron como institución y declararon su apoyo a los sindicados. Después de un tire y afloje los militares lograron que los procesos fueran trasladados de la justicia ordinaria a la penal militar, que de hecho nunca prosiguió con las investigaciones y, obviamente, no se condenó a ninguno de los sindicados, en el supuesto de que fueran culpables.

El proceso de paz con el M- 19 El diálogo con el M- 19 representa un antecedente importante de los procesos de paz exitosos en Colombia, sobre todo porque abrió espacio para la configuración de una alternativa política de izquierda democrática. «Los logros alcanzados con el M-19 se han convertido en punta de lanza en el proceso emprendido con otros grupos guerrilleros.» (García D, 1992, p. 101) Algunos autores afirman que el proceso de paz fue resultado de un proceso de transformación que vivió la guerrilla a su interior donde hubo un cambio de paradigma «tanto en la visión de paz del M-19 (de paz como táctica a paz como estrategia), como en su visión de la democracia (de “democracia en armas” a construcción de la democracia civil).» (Sarmiento et. al, 2011, p. 181) Dicho cambio puede ser explicado por lo ocurrido entre dos acontecimientos

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De lo anterior, podemos sacar una primera lección y es que el Estado debe realizar una negociación horizontal —según lo propuesto por García Durán— antes de entrar a conceder algunas medidas favorables a las guerrillas, ya que las Fuerzas Armadas se resistieron claramente a la Ley de Amnistía y así mismo se insubordinarían cuando se firmó en 1984 un cese el fuego con las FARC en la Uribe y con el M-19 y el EPL en Corinto, además no aceptaron el informe de la Procuraduría con respecto a sus compañeros presuntamente miembros activos del ejército privado MAS. Así mismo, es evidente que los poderes locales y regionales de tipo económico también se deben incluir como protagonistas en los diálogos, dado su poder factual y su actuación de apoyo a las FFAA en el caso del informe del procurador Jiménez.

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fundamentales en la historia del M-19: la toma a la Embajada de República Dominicana (1980) y la toma del Palacio de Justicia (1985); allí se evidencia, en concordancia con la tesis que habíamos expuesto anteriormente, que esto volcó o cambió la correlación de fuerzas de manera que fuera negativa para el grupo guerrillero quien tomó la determinación de sentarse a negociar puesto que «el M-19 necesitó constatar la sin salida de la lucha armada para decidirse a construir su relación con los sectores populares y democráticos desde la legalidad» (García D, 1992, p. 101); y así mismo lo hizo el gobierno que estaba perdiendo otra guerra, este «necesitó constatar el fracaso con las FARC y sentir que se estaba metiendo en otra guerra, la del narcotráfico, que lo obligaba a cambiar de estrategia, para alcanzar la paz con uno de sus enemigos.» (García D, 1992, p. 101).

A continuación, expondremos particularidades del proceso de paz con el M-19, también se pretende desarrollar lo expuesto anteriormente, para llevar a cabo estos objetivos, es esbozará una breve historia del M-19; en segundo lugar, se recorrerán los antecedentes del proceso de paz definitivo durante el gobierno de Virgilio Barco; en tercer lugar, el proceso como tal en la mesa de negociación instalada en 1989 hasta su culminación con el desarme y la desmovilización en 1990; finalmente, podremos encontrar algunas de las cosas ocurridas al término del proceso de paz.

Breve historia del M-19 El M-19 se conforma en 1974 como una guerrilla de corte urbano e inspiración nacionalista. Sus denuncias abarcaban temas muy diversos pero los más comunes eran la violación de los Derechos Humanos y la

explotación de la clase trabajadora pobre.

Se dice también que fue una guerrilla de corte socialista y bastante guerrerista por la magnitud de sus acciones y los actores a los que estaban dirigidas, la difusión o golpes mediáticos que lograron con sus acciones la dotaron de gran popularidad entre la sociedad colombiana de la época. Vamos a ver algunas de sus acciones más destacadas. La inspiración de su creación vino, entre otras cosas del robo, de las elecciones de 1970 con un fraude electoral amañado por un corte de luz y que le quitó el triunfo a la Anapo. El M-19 tenía una composición bastante diversa, sus miembros venían de movimientos guerrilleros, partidos políticos u otros movimientos de izquierda.

Su primera acción fue el robo de la espada de Simón Bolívar el 17 de febrero de 1974, dicha acción buscaba ganar protagonismo y definir la identidad del grupo como una guerrilla de corte nacionalista. A esta acción la acompañó después el secuestro y enjuiciamiento del sindicalista José Raquel Mercado quien es ejecutado en abril de 1976.

Otra de las acciones de gran relevancia fue el robo de miles de armas al Cantón Norte en Bogotá el 31 de diciembre de 1978, con el fin de tener dotaciones y convencer tanto al gobierno como a la opinión pública de que eran una guerrilla fuerte, con mucho poder de acción. No obstante, también era un objetivo el presionar en parte

un diálogo nacional que escuchara la propuesta política el M- 19; sin embargo, esto no ocurrió así, pues las armas en su mayoría fueron recuperadas contundentemente por el ejército que logró también encarcelar, torturar o asesinar a varios de los miembros del grupo.

Le siguió a este importante golpe la toma de la embajada de República Dominicana que quedaba en Bogotá, «el acto buscó impactar en la opinión pública nacional e internacional al secuestrar a un grupo considerable de representantes diplomáticos dentro de los cuales aparecían el embajador de Estados Unidos y el Nuncio Apostólico» (Sarmiento et.al, 2011, p. 184). Este hecho tuvo resultados positivos para el M-19, ya que lograron visibilizar sus demandas por Derechos Humanos en el ámbito internacional, posicionar su discurso en la juventud colombiana, además de un millón de dólares y la recuperación de algunos de sus presos políticos.

«En síntesis, para el M-19, el periodo transcurrido entre el robo de la espada de Bolívar en 1974 y la toma de la Embajada de República Dominicana en febrero de 1980 se caracterizó por su fuerte aceptación entre la población civil, especialmente en el sector juvenil y su éxitos a la hora de hacer manifiesta su lectura de la situación política, social y económica del país» (Sarmiento et.al, 2011, p. 184)

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La situación va a cambiar radicalmente entre 1980 y 1985, gracias a una serie de eventos desafortunados que afectaron el desenvolvimiento y la legitimidad de las guerrillas de izquierda con las que contaba Colombia en la época. Algunos de estos eventos son señalados por Bermúdez en Sarmiento (2011), por ejemplo, el surgimiento del paramilitarismo, la irrupción del narcotráfico y los supuestos vínculos de las guerrillas con este fenómeno.

Para el M- 19 fueron también especialmente críticos los siguientes hechos: el fracaso de la amnistía otorgada por Belisario Betancur, la muerte de uno de sus más importantes líderes: Jaime Bateman Cayón en 1983, el fracaso del cese al fuego en 1984, el atentado a Navarro Wolf, y finalmente lo ocurrido en la toma del Palacio de Justicia en 1985. No obstante, algunos de los logros importantes del periodo fueron las reuniones con la Presidencia de la República y con el escritor Gabriel García Márquez, para tantear el terreno de un posible diálogo y posterior acuerdo de paz.

Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 en las instalaciones del Palacio de Justicia en Bogotá ubicado en la Calle 12 No. 7 – 65 se llevó a cabo la toma violenta del edificio por parte de 35 insurgentes del grupo M-19. Algunos guerrilleros debían dirigirse a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y presionar la negociación del cese del fuego, entablar diálogos y presentar una demanda contra el presidente de Colombia, Belisario Betancur en ese momento, por haber violado los acuerdos hechos con dicha organización (Castro, 2008, pp. 11 – 20).

Este hecho violento fue visto como uno de los peores de la historia del M-19, generó un rechazo público amplio y fue percibido como una acción terrorista gracias al gran saldo de muertos y desaparecidos. El

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fracaso político de esta acción radicó, entre otras cosas, en el hecho de que las Fuerzas Armadas estuvieran mejor preparadas tácticamente, también influyó la orden de retoma del Palacio y la inclemencia con la que se desarrollaron los enfrentamientos armados, no hubo un ápice de atención internacional al hecho y había intereses de parte de las Fuerzas Armadas contrapuestos a los de los magistrados de este tribunal del país por juicios a los miembros de la institución castrense. «La toma del Palacio marcó el clímax de un tercer periodo del M-19, que tuvo lugar entre 1985 y 1987 y se caracterizó por la intensificación de la confrontación entre los distintos actores armados del país y la violencia política y social.» (Sarmiento et.al, 2011, p. 185) Entre 1986 y 1988 el M-19 adoptó una posición un poco más prudente y con acciones o novedades poco relevantes en el ámbito militar. Más bien lo que hizo este grupo armado durante la época fue acercarse a otras guerrillas de izquierda convencido de que la solución era la unidad entre todas ellas. Allí podemos vislumbrar ya de manera clara un gran cambio en el paradigma del M-19, el cual en un principio buscó consolidarse como un grupo guerrillero diferente y alternativo a los demás, su objetivo siempre había sido la paz y el ganarse a la sociedad colombiana, sin embargo, su accionar y otras vicisitudes los llevaron a convertirse en un grupo deslegitimado, al margen de la opinión pública y supremamente golpeado, situación muy similar a la de las guerrillas que lo antecedían. Es hasta 1988, con el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, cuando el M-19 vuelve a la escena nacional pero esta vez en una tónica diferente, con ánimos de presionar pero de llevar a cabo de verdad unos diálogos y un verdadero proceso de paz.

Antecedentes del proceso 1986 – 1988 El gobierno Barco, que fue con el que en últimas este grupo guerrillero realizó la negociación y culminó el proceso de paz, no tenía en un inicio ánimos de negociación al igual que el M- 19 el cual ya no enarbolaba las banderas de la paz, sino que apoyaba la idea de la continuación de las actividades armadas, prueba de esto es su apoyo abierto a la guerrilla de las FARC y a la conformación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en octubre de 1987 como un frente político y militar guerrillero. Sin embargo, el M-19 tenía algo así como un doble discurso en el cual, por un lado, apoyaba la guerra pero, por otro lado, empezaba a mostrar indicios de estar en una tónica de negociación, especialmente cuando a inicios de 1987 proponen al gobierno en compañía del Movimiento Armado Quintín Lame una desmilitarización conjunta entre guerrilla y ejército de los resguardos indígenas del Cauca, así como la rehabilitación de las regiones afectadas por el conflicto, condiciones estas básicas para alcanzar la paz.

En 1988 el panorama cambia un poco con la declaración de cese al fuego durante 6 meses de parte del M- 19 y envía un mensaje de paz a la sociedad. Hubo un recibimiento favorable por parte del consejero

presidencial Rafael Pardo; sin embargo, los diálogos no se concretan. En ese mismo año el M- 19 vuelve a sorprender con sus acciones y secuestra al líder político Álvaro Gómez Hurtado y esto lo hace con el fin de presionar los diálogos con el gobierno, así mismo realiza una propuesta de 11 puntos dentro de los cuales destacan: un cese al fuego entre el gobierno y la Coordinadora Guerrillera, un diálogo sobre la crisis política que vivía el país, un pacto nacional refrendado vía plebiscito, la participación de las Fuerzas Armadas y contar con veeduría de la ONU y un delegado del papa entre otros. Con esto se crea un ambiente de diálogo en el país, hay una primera reunión en Panamá que convoca a una cumbre en Usaquén en julio del mismo año. Para este mes Álvaro Gómez ya había sido liberado.

En dicha cumbre se crea lo que se llamó la «Comisión de Convivencia» la cual elabora una propuesta de paz para ser presentada al gobierno. En dicha propuesta manifiestan la necesidad de la firma de una carta de intención de paz, un pacto o acuerdo para la solución al conflicto armado con base en los acuerdos de 1984 entre otras cosas. En un principio el gobierno se mantiene alejado de estos procesos y reuniones; sin embargo, con la presión de la sociedad civil, el gobierno presenta una propuesta de diálogo conocida como «Iniciativa para la paz» en septiembre de 1988. Dicha propuesta fue

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considerada como un ultimátum militar al M-19; sin embargo, los contactos entre el movimiento armado y el consejero presidencial favorecen la posibilidad de diálogo para que a final de año, en diciembre, el gobierno presente formalmente al congreso el plan de paz anteriormente mencionado.

«El objetivo de la propuesta gubernamental se limitaba a alcanzar la desmovilización y reincorporación de la vida civil de los alzados en armas; solo de manera tangencial, y de ninguna forma como contenido de las negociaciones, consideraba la discusión sobre los temas políticos y sociales» (García D, 1992, p.108). La guerrilla podía efectivamente participar de esta pero ante el congreso y limitadamente, haciendo únicamente aportes a la reforma constitucional que estaba en curso en ese momento, para el M-19 el imaginario era otro pues ellos querían ser partícipes directamente de la solución a la crisis que vivía el país. Finalmente, el gobierno decide abrir un espacio de discusión política con el grupo guerrillero.

Aun cuando el M-19 de manera general deseaba y asumía como tarea el constituirse como un nuevo partido democrático, había algunas facciones del grupo que no estaban de acuerdo, especialmente por el punto de desmovilización, con estas se tuvo que dialogar paralelamente.

Algunos análisis sugieren que la iniciativa de paz del gobierno no fue solamente la inocente mirada benevolente para con las buenas acciones de la guerrilla del M-19 con su cese al fuego y su voluntad de diálogo, por el contrario el interés del gobierno era un cambio de estrategia que incluyera como prioridad la lucha contra el narcotráfico, la desarticulación de la Coordinadora Guerrillera y el quitar de la escena política a las FARC. (García Durán, 1992, p. 109)

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La mesa de negociación, 1989 El 3 de abril de 1989 se inaugura la mesa de trabajo por la paz en la que, además de la guerrilla del M -19 y el gobierno nacional, estaban participando el Partido Liberal, el Social Conservador, la Unión Patriótica (que posteriormente se retiró en protesta a los asesinatos de sus miembros) y la Iglesia. No obstante, la participación se amplía también a otros sectores mediante las «Mesas de Análisis y Concertación». El proceso fue mutando y terminó convirtiéndose en la búsqueda de un acuerdo por consenso.

«El M-19 hizo propuestas para negociar en tres campos: a nivel constitucional y electoral, a nivel justicia y orden público y a nivel socioeconómico.» (García D, 1992, p.

110) Algunos de los temas propuestos fueron ampliados, otros fueron quitados al momento del pacto político y fueron retomados en última instancia como compromisos del gobierno.

En el nivel constitucional y electoral se negoció «una reforma de la Constitución que amplíe los espacios de participación democrática, una reforma electoral que purifique los vicios del sistema electoral y una circunscripción electoral especial y de carácter nacional que permitiera entrar a los guerrilleros desmovilizados con más facilidades en la contienda electoral» (García D, 1992,p. 111). Respecto a la justicia y el orden público se encontraron grandes dificultades para avanzar por la complejidad de la violencia —guerra sucia, paramilitarismo y narcotráfico— que vivía el país. En este aspecto el gobierno se compromete con el suministro de información sobre seguridad en el país, a estudiar reformas a la justicia y al «Estatuto para la defensa de la democracia», así como se compromete a estudiar el problema del narcotráfico y la posibilidad

de ratificar los protocolos de Ginebra concernientes al Derecho Humanitario en los conflictos internos. En cuanto a lo socioeconómico se acuerdan una serie de medidas sobre planeación participativa, ingresos y salarios, política laboral, recursos naturales, oferta y producción de alimentos, comercialización, seguridad alimentaria, vivienda, salud y fondo para la paz.» (García D, 1992, p. 111).

«Dada la debilidad del Estado y el fraccionamiento del poder que se experimenta en Colombia, no se puede esperar que el gobierno vaya a cumplir con todo lo pactado.» (García D, 1992, p. 111) El M-19 tuvo un gran logro y fue el llegar a discutir a la mesa los asuntos políticos y sociales que requerían ser reformados en el país y, sobre todo, haberlo podido condicionar al proceso de inserción, uno de los estudiosos del tema nos dice «no basta la creciente ilegitimidad de la lucha armada para que los grupos guerrilleros se desmovilicen« (García D, 1992, p. 111), si ellos continúan en su lucha es porque tienen reclamos justificados sobre los problemas nacionales que deben ser resueltos.

Durante las negociaciones el trabajo político del M-19 no cesó, continuó acercándose a otros sectores fundamentales en la política nacional, para así tener más fuerza, de esta manera unieron energías y reclamos con actores tan importantes como la Unión

Patriótica, la CUT, el Partido Comunista, el grupo Quintín Lame y la ANUC, entre otros.

Los militares se mostraron respetuosos del proceso, pero sin embargo durante las negociaciones ocurrieron una serie de asesinatos y enfrentamientos que casi lo entorpecen, aun así el proceso continuó.

El 5 de octubre de 1989 se aprueba la dejación de armas de 227 miembros del movimiento armado y la creación de un partido político, cuyo candidato presidencial sería Carlos Pizarro. «La proclamación oficial del M-19 como partido político tiene lugar a finales de noviembre en un emotivo acto político que contó con la presencia de representantes de la clase política.» (García D, 1992, p. 113)

Posterior al proceso de paz Aun con la esperanza de paz encendida, el pueblo colombiano y los miembros del M-19 vieron como esta se apagaba lentamente ante la caída de la reforma constitucional que cursaba en el congreso así como de la circunscripción electoral para la paz entre otros temas con los que el gobierno se había comprometido. Era claro que la clase política del país, una fracción en alianza con el narcotráfico y la otra simplemente corrupta o con intereses económicos y políticos muy puntuales «no estaba dispuesta a pagar a el precio de la paz en cuanto dicho

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precio implicaba controlar el “uso privado” que hacían del Estado». Era clara también la falta de apoyo con la que contaba quien estaba gobernando para lograr la paz.

Teniendo en cuenta lo anterior el M-19 tenía dos alternativas puntuales frente a la situación decepcionante que se estaba viviendo: volver a la guerra o apostar a la democracia, y optó por la segunda pues «la lucha armada estaba cerrada como alternativa histórica real de cambio en el país.»

(García D, 1992, p. 114). En últimas, lo único en lo que el gobierno pudo e intentó cumplir fue en el asunto de la seguridad de los miembros del nuevo partido.

El proceso de desmovilización se dio de manera particular, ya que este culminó dos días antes de las elecciones parlamentarias de marzo, debía hacerse antes de dicha fecha para que los miembros pudieran participar en estas elecciones. El resultado de las elecciones fue favorable para el M-19 como partido, pues obtuvieron una alta votación en comparación con otras organizaciones de izquierda del momento, «si la circunscripción electoral para la paz hubiera estado vigente, el M-19 habría alcanzado alrededor de 7 senadores y 10 representantes.» El triunfo fue claramente simbólico.

Posterior al proceso de paz llevado a cabo con el M-19, desde 1989 podría decirse que el grupo armado —a la luz de los postulados de Bermúdez citado en Sarmiento (2011)— se democratizó pues cambió su postura guerrerista de los años 70 a una en la que intentó constituirse como un nuevo actor del sistema democrático colombiano, cambiando el paradigma de una concepción de paz como táctica de guerra, a una de paz como estrategia, también cambiaron su visión de «democracia en armas», a una que optó por la construcción de una democracia civil. Este cambio no operó

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solo, estuvo influenciado por factores que ya mencionamos como la respuesta de las Fuerzas Armadas de alta represión para con el grupo armado, el surgimiento del fenómeno del narcotráfico y su crecimiento a lo largo de la década de los 80, la deslegitimación del M-19 frente a la sociedad civil que evidenciaba un cansancio de la guerra etc. El M-19 «pasó de concebir la democracia como el sistema de la oligarquía colombiana a entender la democracia como horizonte que ellos tenían que ayudar a construir y como un ideal político completamente incompatible con las armas. De esta manera, la oligarquía pasó de ser un actor al que el M-19 hostigaba y denunciaba con las armas a ser su contendor político legal y electoral.» (Sarmiento et.al, 2011, p. 202)

Lecciones del proceso de paz con el M-19 Como se dijo en el apartado del proceso de paz con el M-19, este puede verse como un proceso exitoso de negociación aunque no es el único que ha tenido, por decirlo de alguna manera, feliz término. Durante la época reseñada y durante la década de los 90 también se dieron otros procesos exitosos como los realizados con el EPL, el grupo Quintín Lame y el PRT (Sarmiento et.al, 2011, p. 203). Sin embargo, desde entonces la posibilidad para la paz ha estado cerrada en el país por el fracaso de los procesos con otras guerrillas que aún subsisten en nuestro país, es el caso de las FARC y el ELN. La primera lección que deja el proceso de paz con el M-19 está en entender la especificidad de la guerrilla con la cual se está negociando, sus dinámicas históricas, sus transformaciones y las implicaciones de estas en las disputas militares y políticas

que contra ellas se llevan a cabo. El análisis de la especificidad de las guerrillas, atendiendo a la coyuntura histórica que se está viviendo y teniendo en cuenta las dinámicas del pasado que determinan el comportamiento de la misma, ayuda a avizorar las posibilidades de concertación de la paz, no solo en términos de voluntad del grupo armado, sino también en términos del ambiente político de la sociedad y de los sectores en el poder, quienes también son actores dinámicos.

La segunda lección está dirigida a la importancia de las muestras reales de disposición al diálogo de un actor y otro no solo de palabra, sino con los hechos. Si bien los diálogos con el M-19, las veces que se dieron, fueron en parte resultado de presiones de parte del grupo con impactos políticos y mediáticos fuertes, no se le puede atribuir a estos como por arte de magia las reacciones favorables de los gobiernos de turno. El diálogo más que ser resultado solo de presiones puede ser explicado por los actos de buena voluntad para con la paz, tanto del grupo armado como del gobierno: cuestiones como los ceses unilaterales al fuego, las amnistías, el reconocimiento de parte de los gobiernos de la falta de compromiso de algunos sectores dominantes y los intentos incansables por garantizar las cosas prometidas de parte y parte tanto al iniciar el diálogo como con posterioridad al

mismo con la firma de un acuerdo de paz, deben ser tenidos en cuenta a la hora de plantearse esto como una posibilidad para el país con las últimas guerrillas que quedan vigentes.

Otra lección que podemos aprender es la necesidad de reconocimiento de parte de los actores en el poder del grupo guerrillero como un actor político, interlocutor válido y cuyos reclamos deben ser escuchados y atendidos en consonancia con la idea de democracia. A la par de este reconocimiento se hace necesario, por parte del actor armado, demostrarle a la sociedad la legitimidad de sus demandas y de su lucha armada sin una degradación innecesaria de la violencia y agotando su capital político —como lo que ha venido ocurriendo con la guerrilla de las FARC—. En el proceso con el M-19 se vio cómo en principio sus acciones tenían un fin y era la conquista de la sociedad para así dar mayor peso a su existencia y a la necesidad de ser escuchados, pero también vimos cómo se degradaron sus acciones y recibieron el rechazo de la sociedad colombiana frente a actos desmedidos y poco estratégicos como la toma al Palacio de Justicia, que derivó en tragedia. Sin embargo, luego del proceso de paz y con el reconocimiento del gobierno y la demostración del M-19 de acogerse a la democracia, se vio que la sociedad colombiana acogió a los actores dentro del seno de

A propósito de las negociaciones actuales entre las FARC-EP y el gobierno colombiano Entre los años 1996 a 1998 la guerrilla de las FARC-EP propina golpes contundentes al ejército colombiano, como desarrollo de su campaña bolivariana para una nueva Colombia, dentro de esta, justo en el mismo año, debían haberse tomado Bogotá, pues era lo acordado en el pleno ampliado de septiembre de 1989, que a su vez se remonta a lo consignado en la VII

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la democracia y hasta depositó su confianza en ellos en los comicios electorales que se llevaron a cabo después de la desmovilización. Con estos dos elementos, reconocimiento de parte del gobierno y muestra de voluntad y legitimidad de las demandas del grupo dentro de la democracia es posible conseguir o recuperar la credibilidad y confianza de la opinión pública, fundamental en la democracia liberal formal donde son los ciudadanos el motor de dentro del aparataje electoral.

«De este modo, lo que el proceso del M-19 muestra es que coexisten dos dimensiones muy ligadas entre sí, en las cuales los múltiples actores pueden o no alinearse en el campo de las posibilidades de paz: una dimensión política, en la que los múltiples actores están dispuestos a dar la batalla electoral y a participar en el debate público aceptando la diversidad ideológica y compartiendo escenarios de poder con los adversarios; y, a la vez, una dimensión social, que acompaña y hace eco de los propósitos de paz a través de la movilización social y del establecimiento de estrategias de convivencia pacífica en los ámbitos local, regional y nacional.» (Sarmiento et.al, 2011, 205)

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Conferencia de 1982. Bajo este plan, y en un gran despliegue de la ofensiva militar, las FARC-EP se toman del 1 al 3 de noviembre la ciudad de Mitú, en el denominado Plan Marquetalia, intentando pasar de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones, según la teoría de guerra popular prolongada, tomada de las experiencias de China, Vietnam y Corea. Así mismo se dan otros golpes contundentes donde la guerrilla toma como rehenes a los militares y policías sobrevivientes de los ataques.

Ejemplo de lo anterior es la conocida toma al cerro de Patascoy en Nariño.

En este contexto «las FARC llegan a las negociaciones del Caguán en su pleno vigor militar y con la pretensión, como en los años 80, de obtener una mayor proyección política dado que su lucha no lograba tener arraigo popular ni proyectarse en las zonas urbanas.» (Aguilera, 2011. p.129) Mientras tanto «el gobierno plantea la negociación del conflicto en desarrollo de sus propuestas electorales, pero impulsando la modernización de las FFAA y el plan Colombia.»

(Aguilera, 2011. p.129) Después de tres años de «negociaciones» que nunca avanzaron sustancialmente y que se dilataron y a raíz de hechos como el secuestro del ex ministro Fernando Araujo (2000) y del senador Jorge Gechem Turbay (2001) y la muerte de la ex-ministra Consuelo Araujo (2001) los diálogos se rompieron en febrero de 2002. En esta situación se presentan las elecciones a presidencia que ganó el candidato Uribe Vélez mediante un discurso guerrerista, asegurando que, de ser elegido, el mismo 7 de agosto entrarían las fuerzas del Ejército Nacional a recuperar el control de la zona de despeje y del país.

Así debutó la política de seguridad democrática en el país, que tenía tres ejes de ataque contra las FARC: 1. Eliminar cabecillas;

2.Recuperar territorios y 3. Cortar fuentes de financiamiento. Esta política contaba con un plan militar para su ejecución, este fue el Plan Patriota que lo que pretendía, en la práctica, era una contraofensiva a la guerra popular prolongada expandiéndose del centro a la periferia. En otras palabras, lo que logró el Plan Patriota fue eliminar el cerco a Bogotá que durante tanto tiempo las FARC habían planeado y estaban ejecutando. Este fue el inicio del declive de las FARC. Entonces si en 1998 tenían cierto equilibrio en la correlación de fuerzas en el año 2002 ese equilibrio empieza a caer para que la confrontación pase a ser favorable a las fuerzas del Estado.

Durante los dos gobiernos de Uribe Vélez las FARC sufren varios retrocesos, el más fuerte de ellos, a nuestro parecer, es la amplia deslegitimación de sus fuerzas ante la opinión nacional, es decir una derrota en el campo político, dada la incapacidad de las FARC para lograr apoyo popular más allá de sus bases históricas y sus militantes. A lo anterior, deben sumarse al menos los siguientes hechos: la captura en Ecuador y posterior extradición de Ricardo Palmera alias Simón Trinidad en el año 2004, la retención del llamado canciller de las FARC Rodrigo Granda en Venezuela en el año 2005, la muerte de Martín Caballero en octubre de 2007 en los Montes de María y la exposición de su cadáver

como trofeo de guerra, la muerte de Raúl Reyes el 1 de marzo de 2008, la muerte de Iván Ríos entre el 3 y el 4 del mismo mes y la muerte (por causa de un infarto) de Pedro Antonio Marín o Manuel Marulanda Vélez el 26 de marzo del 2008, la entrega de Alias Karina en mayo de 2008 y la operación Jaque el 2 de Julio de 2008. Ya en el Gobierno de Juan Manuel Santos tenemos la muerte del Mono Jojoy en septiembre de 2010 y finalmente la muerte del número uno de las FARC para el momento Alfonso Cano el 4 de noviembre de 2011. Es en este panorama que entramos a la negociación actual con una clara correlación de fuerzas favorable para el ejército, pero sin una señal de victoria militar clara para el Estado, al menos en el corto o mediano plazo. Dice el profesor Víctor Moncayo que ante la imposibilidad de una victoria militar por parte de cualquier bando, el establecimiento tiene dos opciones: eliminar o integrar en su orden las resistencias. A nosotros nos parece que solo tiene la opción de integrar las resistencias, ante la imposibilidad de su eliminación y eso explica en parte las negociaciones. Es interesante anotar en este punto de la argumentación que precisamente ante la situación que aquí hemos llamado «empate militar negativo» lo que queda en juego es la redefinición de las relaciones de poder al interior del país.

En consecuencia, sostiene Jairo Estrada «la

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esencia de un posible acuerdo es la redefinición de las relaciones de poder.»

Como mencionamos más arriba la etapa de prenegociación en el actual proceso se da en La Habana, Cuba entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012. El 26 de Agosto se anuncian, por parte del presidente Santos, algunos acercamientos con la guerrilla, y el martes 4 de septiembre de 2012 se anuncia formalmente al país el inicio de las conversaciones de paz con un discurso del presidente y del comandante de las FARC alias Timochenko, quien afirma al país que llegarán a la mesa sin rencores ni arrogancia.

Los negociadores por parte de las FARC son «Iván Márquez», «Pablo Catatumbo» quien ingresaría tiempo después a hacer parte del equipo negociador, «Rodrigo Granda», «Andrés París», «Jesús Santrich», «Marcos Calarcá» , «Rubén Zamora», «Yuri Camargo», «Victoria Sandino» y después se integró «Alexandra Nariño» quien es en realidad Tanja Nijmeijer de nacionalidad holandesa. Por parte del gobierno, tenemos a Humberto de la Calle como jefe negociador, Frank Pearl, Sergio Jaramillo, Luis Carlos Villegas, Jorge Enrique Mora Rangel y Oscar Naranjo. Estos dos últimos miembros de las fuerzas armadas. Como vimos, en los 80 el ejército fue la piedra en el zapato en los intentos de acercamiento entre el Estado y la insurgencia, razón por la cual nos parece que la inclusión de estos dos miembros retirados de la fuerza pública es un gran acierto por parte del gobierno, porque puede darle legitimidad al proceso al interior de las fuerzas armadas. Lo mismo sucede con el negociador Luis Carlos Villegas presidente de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, quien representa a los industriales del país, sector que en el pasado estuvo más a favor de una

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solución militar del conflicto sobre todo en el gobierno de Uribe Vélez. En consecuencia, incluir esas fuerzas que llamaremos factuales es importante para el país, porque llena al proceso de legitimidad en sectores que tienen un poder real y amplio como lo son los empresarios y las fuerzas armadas, que de oponerse al proceso y a su implementación constituirían una barrera muy difícil de superar para conseguir el logro de una paz estable y duradera. En ese sentido, creemos que una de las lecciones que nos deja el proceso con el M-19 y con las mismas FARC en otros momentos de la historia nacional ya se ha aprendido y se ha enmendado el error de no incluir en las negociaciones a estas fuerzas.

El proceso actual como tal, arranca el 18 de octubre de 2012 en Oslo donde el jefe negociador del gobierno declara contundentemente que «ni modelo económico ni doctrina militar están en discusión» nos parece a nosotros que esto es algo lógico en el entendido de que la insurgencia no pudo imponerse por la vía armada, por ende si quiere tocar esos puntos debe hacerlo mediante la vía de la política legal y a través de su incorporación a la sociedad civil. No pueden esperar que el gobierno les haga la revolución por decreto; sin embargo, el hecho de que no se toquen puntos tan importantes para el país no quiere decir que no sean relevantes, deben tocarse y debatirse pero en un espacio de pos-belicismo. Así mismo, el gobierno no derrotó a la guerrilla y en ese sentido tampoco puede esperar que la guerrilla deje de reivindicar sus banderas históricas, en ese sentido las FARC han hablado con contundencia cuando señalan que no están en un proceso de rendición, aquí es claro que tanto uno como otro actor deben estar dispuestos a ceder en algunos puntos si se quiere

llegar a un final «feliz». «Es cuestión de ética, de saber leer cada momento histórico, y de entender que ser revolucionario significa también estar dispuesto a cambiar, a aventurarse en terrenos desconocidos, abandonar los propios esquemas y repensarse en otras lógicas no excluyentes y no violentas.» (García D, 2006, p. 90) Los puntos de negociación así como el mecanismo ya los hemos tocado, pero al respecto queremos añadir que en un año y algunos meses que lleva la mesa de negociación se han llegado acuerdos parciales en dos puntos neurálgicos como son la política de desarrollo agrario integral y la participación política. Nosotros creemos que podemos ser optimistas, ya que estos puntos constituyen la raíz del conflicto armado en Colombia y como señaló Humberto de la calle podemos ser optimistas porque «nunca hemos avanzado tanto en negociaciones de paz.»

Del proceso de paz con el M-19, aprendimos que el cese al fuego es una condición relevante para garantizar el desarrollo tranquilo de los diálogos de paz; sin embargo, nosotros pensamos que dadas las condiciones del actual proceso y la herencia del anterior gobierno, el cese al fuego y el lugar de realización no podían ser de otro modo, de lo contrario los enemigos de la paz claramente identificados en la actual coyuntura tendrían los elementos suficientes para

deslegitimar los diálogos aludiendo al pasado, donde tanto guerrilla como ejército se sentaban en la mesa para preparar la guerra. Y es que el acuerdo de la Uribe y del Caguán dejaron un sin sabor porque «se negociaba la paz al mismo tiempo que se preparaba la guerra.» (Ramírez y Restrepo, 1988, p.156.) Esta lección nos parece fundamental y es un punto claro de diferenciación entre este y otros procesos de negociación.

La paz no puede ser un ejercicio de política de gobierno con fines reeleccionistas, esta debe ser un propósito que en la medida de lo posible tenga como referencia un ambiente favorable para su conclusión, es decir contar con una voluntad de paz de parte del grupo armado, pero también con una voluntad de paz por parte de la sociedad que manifiesta su agotamiento ante la guerra con iniciativas ciudadanas que así lo demandan, y con la voluntad de paz o de diálogo de los sectores típicamente dominantes de la sociedad.

Finalmente, queremos señalar que el Estado debe garantizar a quienes se desmovilizan de las guerrillas unos mínimos para su participación en la vida política del país, empezando por cuidar su vida. Hechos como el de la Unión Patriótica, el de Carlos Toledo Plata, el del Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo o aún el de Guadalupe Salcedo son lamentables para el país. Así mismo, se deben tener en cuenta

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procesos de verdad justicia y reparación efectivos para que no se repitan historias como la desmovilización de los paramilitares. En resumen, el Estado debe fortalecerse para garantizar vida, honra y unos mínimos económicos (dignos por supuesto) para la supervivencia de quienes deciden reintegrarse a la vida civil.

Como gran conclusión podemos decir que el país ha vivido durante toda su historia republicana en medio de diferentes expresiones violentas como herramienta de participación política y esto no quiere decir que la violencia sea consustancial al pueblo colombiano, de hecho si miramos nuestra idiosincrasia podemos ver que somos un pueblo tranquilo. Los grandes generales y estrategas de las guerras latinoamericanas no han sido colombianos, tenemos entre ellos a venezolanos, cubanos, salvadoreños, entre otros. Sin embargo, el carácter pacífico de los pueblos colombianos se ha visto minado por la falta de participación política y por la exclusión económica, social, cultural y racial de la que han sido víctimas millones, y por la cual algunos (léase bien ese algunos que excluye a la mayoría) colombianos han visto el recurso de las armas como el único medio de participación política.

Desde luego, esa visión según la cual la violencia era legitima y se justificaba estuvo presente en el ambiente no solamente colombiano, sino latinoamericano y podemos decir que casi en todo occidente, durante los años sesenta y setenta del siglo pasado, por lo cual es claro que diversas expresiones subversivas de carácter armado proliferaron por el mundo, así que las guerrillas colombianas y la guerra en el país se pueden entender en ese contexto de reacción violenta frente a un sistema que se concebía como violento. Ahora

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bien, la longevidad del conflicto actual no puede explicarse por factores regionales y mundiales, sino por factores particulares de la historia colombiana y es la ausencia de reformas estructurales en términos de participación política al interior del sistema político colombiano. Todavía se veta la participación política de los sectores subalternos en la política nacional, como ejemplos vemos el caso del recientemente destituido-restituido alcalde de Bogotá Gustavo Petro antiguo guerrillero del M-19 estudiado aquí o el también famoso caso de la senadora Piedad Córdoba a quien se le ha acusado de ser contacto y colaboradora de las FARC. Dicho lo anterior, nuestra gran conclusión que no pasa por lo histórico, sino que es un ejercicio de análisis político es que los procesos de paz deben pasar por un análisis concreto de situaciones concretas, así que no existe una panacea y una hoja de ruta o un algoritmo dictado para sentarse a firmar la paz. En ese orden de ideas, podemos decir que la reflexión más importante para el actual proceso de paz, con base en la experiencia histórica del país y de otros procesos llevados a cabo en otras latitudes (como el irlandés, el sudafricano, el salvadoreño, etc.), es que la paz se construye de acuerdo con situaciones particulares en momentos particulares, con hechos particulares y con actores específicos, así que no nos aventuraremos a decir lo que se debe hacer o no para que un proceso sea exitoso, sino que esto será cuenta de análisis posteriores, porque lo único que queda claro es que se necesita un cambio estructural en el sistema político y, pero este se logra de a partir del análisis de situaciones cambiantes, fluctuantes, propias del campo político.

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UNA MIRADA DE LO POLÍTICO EN COLOMBIA DESDE EL SEMANARIO VOZ: LA VERDAD DEL PUEBLO 2008-2010 Diana Rocío Rodríguez Rincón Diana Rocío Sánchez Rincón Yesica del Rocío Vargas Suárez Carlos Andrés Moya Galvis 1 Resumen El presente artículo busca interpretar lo político en Colombia durante el periodo 2008 a 2010 desde la revisión del Semanario Voz: la verdad del pueblo. Lo político entendido «como lo que está más allá de toda posible domesticación» (Marchart, 2009); es decir, la búsqueda de ser- lo social, que es permanente porque así se actualice bajo la forma de una política siempre concreta, necesariamente no entrega lo que ha prometido. Para hacer esto efectivo, se ha tomado el referente temporal de los últimos dos años del gobierno Uribe Vélez y se tienen en cuenta variables conceptuales como participación y representación que permiten medir y examinar hechos y denuncias realizadas por las asociaciones sindicales, los sobrevivientes y los familiares de los líderes de la Unión Patriótica, además de los impactos del accionar de las multinacionales sobre las comunidades indígenas y campesinas, de los que el semanario en mención ha informado.

Palabras clave Semanario Voz, prensa, participación, representación, comunicación, la política y lo político, democracia, movilización, amigo-enemigo.

1 Estudiantes de IV semestre de Administración Pública, Esap. carlosmoya22@hotmail.com, dianar.rodriguezr@gmail.com, rocio_9505@hotamil.com, yes_sika90@hotmail.com. Agradecemos las sugerencias y observaciones de la profesora Yolanda Rodríguez.

Introducción La prensa es un medio de comunicación que de forma escrita informa a los ciudadanos acerca de los sucesos que ocurren en un tiempo y territorio determinado, «influyendo decisivamente en la forma de construir y desafiar las relaciones de poder en los campos de las prácticas sociales» mediante los procesos de comunicación que se generan en ella: «el poder se ejerce hoy fundamentalmente construyendo significados en la mente humana, mediante procesos de comunicación que tienen lugar en las redes multimedia globales-locales de comunicación de masas, incluida la auto-comunicación de masas.» (Castells, 2009, p. 24) De ahí que la presente reflexión tome el Semanario Voz como un intento de auto-comunicación, de desafío al poder en tanto reprograma información, en consecuencia, intereses y valores alternativos, pues narra los hechos de una forma que subvierte la estructura tradicional de poder de la información.

Se ha tomado el periodo 2008-2010 de revisión del semanario como el comienzo del fin de la era gubernamental de Uribe Vélez que permite entender cómo van quedando las relaciones de poder —lo político— para transitar o no a una nueva gobernabilidad.

El Semanario pone de manifiesto sucesos que, si bien pueden tener en cuenta la

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prensa masiva tradicional, su forma diferente de abordarlos aporta una nueva lectura al servicio de la dinámica social y ciudadana, y contribuye a construir opinión pública.

Es fundamental resaltar que el semanario Voz asume una postura crítica y propositiva frente a la información hegemónica impuesta por las clases dominantes, no solo desde la prensa masiva, sino a través de un conjunto de aparatos y dispositivos corolarios a su lógica de poder, reproduciendo así una concepción de mundo —cultural y moral— que mantiene la subalternidad (Gruppi, 2000, p.15). El semanario Voz propone dentro de sus líneas dar a conocer los procesos de movilización y dignidad que los grupos y clases subalternas manifiestan en las coyunturas instituidas y no instituidas; es un espacio que trabaja en la construcción de una visión distinta de la realidad del país y que le permite a sus lectores hacerse a una conciencia de las condiciones de dominación, y promover procesos de construcción de una hegemonía desde abajo como lo denominaría Gramsci (Gruppi, 2000).

A continuación se analizarán los resultados del examen de las noticias relacionadas con la participación y representación política de los ciudadanos colombianos en el periodo comprendido entre los años 2008 a 2010, se intenta evaluar los impactos que van quedando del mandato Uribe Vélez en torno a los procesos democráticos de participación y representación. Se busca evidenciar cuáles fueron las principales causas de las manifestaciones y protestas de la población colombiana que caracterizan ese periodo seleccionado y se quieren dimensionar cambios y/o continuidades hacia el nuevo gobierno. El escrito se divide en cuatro apartados: la acción de las organizaciones sindicales; las denuncias y participación de los sobrevivientes de la Unión

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Patriótica y las denuncias y luchas de las comunidades indígenas y campesinas.

Crisis de la democracia: ¿representación, participación?

Entre los debates sobre la diferencia entre la política y lo político, está aquel que sitúa la ya larga crisis de la política, centrada en la representación (Herrera, 2000, p. 2), que sería generada por la cada vez mayor demanda y experiencia de la participación.

Un ejemplo de esta crisis en Colombia se pone de manifiesto en la noticia del 13 de abril del 2010 (edición 2535): […]En el senado el 23% de los elegidos son herederos de la “parapolítica” y en la cámara 25%. La intimidación paramilitar y la compra de votos fueron definitivas en la elección del nuevo congreso. Se conocieron denuncias que ponen en entredicho la legitimidad de las elecciones del 14 de marzo. En Colombia la política tradicional acostumbro al país a la compra y venta de votos, esto obedece al sistema antidemocrático y bipartidista […]

Lo anterior encarna una violación a la libertad de los ciudadanos y pone de manifiesto la crisis de representación como una forma de participar en Colombia. Debido a esta tradicional y preocupante práctica de la política colombiana que se agudiza durante el gobierno de Uribe Vélez, por la magnitud de lo que se conocerá como parapolítica, cada vez más ciudadanos no pueden ejercer libremente su derecho al voto, y son obligados por grupos armados o por políticos a votar a favor de uno u otro candidato; expresa esta situación, también, que los políticos no tienen interés en beneficiar a la población, sino que están en busca de un poder político que les va a

permitir adquirir beneficios económicos para ampliar sus fortunas.

Sociedad ilegal y mesocontratos: impactos del accionar de las multinacionales sobre las comunidades indígenas y campesinas […]Los indígenas del Cauca y el Valle del Cauca salieron a marchar, en protesta por la muerte y desplazamiento de miembros de sus comunidades, teniendo en cuenta que a pesar de que algunos medios de comunicación afirman que llegaron a negociaciones, esta información es falsa […] (22 de Octubre del 2008. Edición 2465) “…Después de movilizaciones por parte de los indígenas, paro, y bloqueos no hubo una solución por parte del Gobierno Nacional, las propuestas de Uribe carecen de fondo, por eso los indígenas del Cauca marcharán hasta Bogotá...” (5 de Noviembre del 2008. Edicion 2467) En las anteriores noticias se evidencia la inconformidad de las organizaciones campesinas e indígenas Colombianas, cansadas del irrespeto a sus derechos por parte de las multinacionales, de los actores armados y del mismo Estado; deciden organizarse para expresar su inconformidad con ayuda de movilizaciones, paros y bloqueos.

Es una forma de cómo se manifiesta la participación que es extra institucional, dado que los mecanismos contemplados se agotan o limitan la potencia de expresión, de demanda, de reclamo y resistencia social.

Esta situación de violación a sus derechos por medio de la explotación de sus territorios, de la que son víctimas los sectores sociales de nativos, afros y campesinos colombianos, se puede explicar comprendiendo el tipo y las particularidades de la relación del Estado colombiano con las multinacionales.

Siguiendo los planteamientos de Edgar Revéiz (1997) sobre la existencia de una sociedad ilegal en la forma de la gobernabilidad en el país, aquella relación estado-capital orienta sus actividades en un primer momento por fuera de la ley, recurriendo al uso de la coacción para el logro de sus objetivos (p 35); y en un segundo momento, recurriendo legal pero ilegítimamente.

En Colombia esta sociedad ilegal se constituye a partir de la relación entre las multinacionales, grupos armados y el Estado colombiano puesto que el accionar de las multinacionales produce externalidades negativas, destruye el medio ambiente y expulsa —desplaza y despoja— a comunidades indígenas de sus territorios y, al mismo tiempo, financian a grupos armados para que les permitan explotar los recursos y atemorizar a la población, y de esta forma

[…]Tras la compra de la tabacalera Colombiana Coltabaco, por parte de la multinacional estadounidense Philips Morris se han presentado 300 despidos de trabajadores sin justa causa, motivo por el cual el sindicato denuncia y los trabajadores se movilizan, pues esa situación contrasta con el crecimiento que ha presentado la empresa y viola los compromisos firmados ante el Ministerio de la Protección Social […] (Febrero 4 del 2009. Edición 2478).

En esta noticia vemos la manera mediante la cual la multinacional burla los acuerdos establecidos con una entidad estatal,

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poder apropiarse de los recursos territoriales donde se asientan diversas comunidades. Los grupos armados son los encargados de evitar los procesos de organización y movilización: las multinacionales obtienen el apoyo de políticos que a cambio de grandes cantidades de dinero, promueven y aprueban leyes que benefician y permiten el accionar inescrupuloso de estas empresas en el territorio colombiano.

Otro aspecto que puede tomarse de Réveiz para entender la poca democracia que implica la representación en Colombia y la limitada participación política, es que para gobernar se ha acudido al mesocontrato que es «el fundamento del poder económico y un mecanismo para reducir la intervención del Estado […] los mesocontratos son coaliciones entre los grupos económicos y los dirigentes políticos, con las altas burocracias estatales que buscan ampliar los márgenes de maniobra de los privados, reduciendo aranceles e impuestos.» (Reveiz, 1997, p. 48) Los planteamientos de Reveiz los podemos aterrizar a la realidad colombiana con la noticia del semanario Voz:

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como lo es el Ministerio de Protección Social y viola los derechos de los trabajadores.

La crisis de las comunidades campesinas e indígenas colombianas resulta del hecho de que los mesocontratos que realiza el Estado con las multinacionales no son ni transparentes, ni imparciales, aseguran la ilegalidad del accionar de las empresas privadas, nacionales e internacionales. Son contratos de facto que muestran el poco interés que los gobernantes colombianos tienen para con los ciudadanos y con los territorios, refleja cómo los intereses económicos están por encima de los derechos de los ciudadanos y de la protección de los recursos naturales necesarios para la vida; la indiferencia que refleja el accionar de los gobernantes colombianos permite asegurar que las decisiones políticas están subordinadas a las exigencias económicas del mercado mundial. […]Los trabajadores de trasnacionales mineras se encuentran en paro ante la falta de garantías de seguridad industrial, reconocimiento sindical y despido indiscriminado de trabajadores, donde los representantes extranjeros de estas industria le restan importancia a la vida de los trabajadores con actitud indolente ante la muerte de un trabajador en ejercicio de sus funciones, para lo cual han denunciado ante el Ministerio de la Protección Social, pero se han encontrado con que el Gobierno es cómplice y no ha actuado de parte de sus derechos sino de los intereses particulares[…] (Abril 7 del 2009, Edición 2485) Por tanto, mesocontratos y sociedades ilegales son los aspectos y procesos que se consolidan en el periodo de estudio, que alimentan la profunda crisis de la política y evidencia la expresión de lo político, de lo social.

Las luchas de la clase obrera colombiana: represión y criminalización A la luz de las noticias presentadas durante el periodo 2008 a 2010 […]La junta confederal de pensionados emitió una declaración política y un plan de acción, en el que califican a Uribe Vélez como un mandatario autoritario y mafioso en el cual ha primado los intereses del capital financiero internacional y los privilegios de la oligarquía […](Mayo 14 del 2008; Edición 2442). […]El 23 de octubre se realizó un paro que reunió varios gremios de trabajadores descontentos por las decisiones del Gobierno Nacional y que consolidó el malestar de ciudadanos que se han movilizado en octubre a través de huelgas, paros, y marchas que han sido frenados por la fuerza pública[…] (Octubre 29 del 2008; Edición 2466).

En estas noticias se refleja el descontento de la clase trabajadora colombiana, que se levanta en contra del genocidio del que históricamente han sido y son víctimas sus organizaciones sindicales, pero también de las imposiciones laborales que violan sus derechos. Es clara la fuerza de la clase obrera en las movilizaciones que tuvo lugar desde las asociaciones de trabajadores y

sindicales en todas las regiones del país, en las que se exigía el respeto a sus derechos laborales, así como cambios de fondo en las políticas económicas del país, refiriéndose a un retroceso de calidad del trabajo, de sus derechos con el proceso global del neoliberalismo, que ha traído mayor pobreza y sometimiento de una clase por otra.

Ahora bien, en las dinámicas de participación y organización de las asociaciones de la clase trabajadora, es fundamental resaltar el papel que ha jugado el semanario Voz, puesto que ha acompañado a la clase dominada en los procesos de denuncia y resistencia, desde el periódico. Es una suerte encontrar un medio capaz de dar voz a quienes desaparecen o son invisibilizados en los dos periódicos de mayor circulación nacional, y muchas veces en los de circulación regional. Entendemos que este dar voz o representarla en sus titulares es una «propuesta de construcción de una cultura política contrahegemónica desligada tanto de la lógica del Estado como de la lógica del mercado, en busca de ser parte del poder, en lugar de ser víctima del poder» (Chávez, 2004, p. 19) En estas movilizaciones en las que han sido protagonistas los trabajadores, se refleja el descontento de las multitudes por el papel que ha desempeñado el gobierno, puesto que se han promovido procesos de privatización de las empresas públicas, se

Conmemoraciones por la Unión Patriótica: entre el enemigo y el homo sacer La Unión Patriótica UP nació en 1984 como resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC. Fue la fórmula para

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ha recrudecido el conflicto armado y el genocidio contra los líderes sindicales y se ha mantenido la impunidad, todo ello ha impactado severamente a la clase obrera, a la que el gobierno colombiano ha ignorado para no poner en evidencia la prioridad del mercado y los intereses particulares sobre los derechos y la vida de los trabajadores, se debe entender además que «el gobierno vigente sustenta su poder en el control sobre los procesos económicos y sociales, sobre los medios de socialización valórica y cultural, y el poder para disponer del monopolio legal de la fuerza.» (Chávez, 2004, p. 19) En la praxis de las movilizaciones y del accionar de las asociaciones sindicales, cada vez menos, sea por la violencia real y simbólica de la que han sido objeto, sea por su propia dinámica de cooptación o asimilacionismo con la política tradicional del régimen político, se refleja la manera en que los trabajadores se apropian de su papel como parte del constituyente primario y deciden participar, expresando su voz de descontento frente a los niveles de desigualdad e inequidad. Por ello, al articular estas formas de organización con otras tantas de intereses singulares, legítimos, se demuestra que la multitud en Colombia está presente y tiene la suficiente fuerza para levantarse contra quienes la reprimen y explotan a pesar de la fuerte violencia que despliega la clase dominante para aplacarla.

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consolidar un proceso de paz y a la vez para que el movimiento guerrillero optara por una salida política al conflicto armado. Sin embargo, el experimento terminó con el exterminio físico y político del movimiento, la mayoría asesinada, otra gran parte exiliada y otra parte continuó amenazada, todo esto en dos décadas de más de violencia en el país. Sucesivas noticias de octubre de 2010 conmemoran el encuentro nacional de las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica, en las que se manifiesta el inconformismo y rechazo al genocidio de líderes, militantes y activistas políticos, miembros de la UP. Una de las sobresalientes noticias es la del día 20 de octubre: […]Con una vistosa movilización por la carrera séptima que cerró su recorrido en la Plazoleta el Rosario, se dio culminación al encuentro anual de familiares de víctimas de la UP. Cerca de mil delegados participaron en la reunión de la Coordinadora Nacional de Víctimas por el genocidio de la UP, los días 13, 14 y 15 de octubre del 2010 en Bogotá se realizaron críticas al proyecto de ley de víctimas porque es limitado e insuficiente […]

El exterminio de la Unión Patriótica se articula coherentemente con los planteamientos de un pensamiento único que presentó Ignacio Ramonet en la versión de le Monde Diplomatique en 1995 y que aparece en la edición española en 1996; se trata de una doctrina viscosa que envuelve imperceptible todo pensamiento rebelde, inhibiéndolo, perturbándolo, paralizándolo y finalmente sofocándolo. Para el caso del movimiento político UP, se puede afirmar que sus propuestas políticas eran de apoyo a los campesinos y a la clase trabajadora del país, sus planteamientos buscaban un cambio importante de la economía y la

política del país. Así que tomando la idea del pensamiento único en relación con el exterminio de la UP, en Colombia no ha habido lugar para cambios que siquiera animen fortalecer la democracia, la participación y la igualdad. Con ese pensamiento único que despliega, en efecto, realidades, se ha sumido al país en un terror que no permite que las propuestas de cambio se consoliden y logren, para, por fin, dimensionar un proceso de construcción democrática y de paz.

El exterminio de la Unión Patriótica se puede comprender con planteamientos de Carl Schmitt (1985) quien plantea considerar lo político como amigo-enemigo del poder estatal. Para este autor, el enemigo debe ser vencido, el adversario político debe ser apaciguado o aplastado, por lo cual las consideraciones de los derechos son imprácticas, la teoría de la razón de Estado se levanta por encima del derecho para la afirmación y la ampliación del poder político (p. 19). En Colombia, los enemigos son los ciudadanos que deciden pensar la política y la economía de una manera diferente a la propuesta por los sectores hacedores del Estado: partidos, empresarios, gobierno, líderes tradicionales. Por ello, los militantes y líderes de la Unión Patriótica fueron asesinados, puesto que en la perspectiva del pensamiento único se decide que los planteamientos de la UP son enemigos de la tradición

política del país; pero quienes constituyeron la UP y sus propuestas no eran antagónicos al establecimiento, porque de hecho entran a jugar con sus reglas, sin embargo, sí son considerados por la institucionalidad como enemigos del poder estatal y por lo tanto debían ser eliminados.

En la noticia titulada Homenaje a las víctimas de los crímenes del «para-Estado», se resaltan tanto los procesos de memoria que se llevan a cabo por parte de las víctimas del Estado, como la irresponsabilidad por parte del Estado frente a los crímenes que ha cometido contra la población colombiana: […]El próximo 6 de marzo está prevista la movilización ciudadana en el IV Encuentro Nacional de Víctimas, la movilización se hará en varias ciudades del país. Varios países Europeos también se unen a la gran marcha nacional. Por otro lado el Gobierno Nacional no apoya la marcha ya que la considera organizada por las FARC. (Feb 19 de 2008, Edición 2429) De ahí que la categoría homo sacer sirve también a la comprensión del exterminio de la UP. El homo sacer (Agamben citado en Múnera, 2008) es aquel humano que cualquiera puede matar y que, al mismo tiempo, es insacrificable: su muerte no se somete a ningún ritual y mucho menos al jurídico. El homo sacer posee una nuda vida,

Conclusión En Colombia en el periodo de 2008 a 2010 se evidenció una alta participación de las comunidades indígenas, campesinas, afro descendientes, partidos políticos de izquierda, sindicatos, asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres y asociaciones de víctimas del conflicto armado; las denuncias que estos actores plantearon se pueden resumir en una oposición a la violencia recrudecida durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, oposición a las políticas de represión y criminalización de la protesta y la participación democrática durante el mandato de este gobernante.

Algunas de las noticias del Semanario Voz, ponen de manifiesto los reclamos que hacen las víctimas del gobierno de Uribe. Los siguientes son ejemplos de las acusaciones que realizan algunos colombianos a las políticas de gobierno de este presidente: Uribe fascista usted es el terrorista, varias capitales y ciudades del exterior se unieron a la marcha por las Víctimas de la Violencia en

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una vida políticamente desprotegida, permanentemente expuesta a la muerte o a las vejaciones ocasionadas, con impunidad total por el poder soberano o por quienes lo componen. Así ha sido la vida de los integrantes de la UP, vida tomada por el Estado Colombiano quien por acción u omisión hizo que fuera sacrificada —asesinada, desparecida, masacrada, etc.— y esto no ameritó (sino después de muchas luchas) una investigación jurídica y una justicia justa. Los miembros de la UP se convirtieron en homo —y féminas— sacer, porque se asumieron por la institucionalidad, de alguna manera, no humanos, eran los «enemigos de la patria.»

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Colombia, entre los países que participaron están, Estados Unidos, España, Inglaterra, Italia, Australia, Suiza, Bélgica, Venezuela y Ecuador, el mensaje fue contundente donde se expresó el repudio al gobierno de Uribe Vélez y el clamor por el intercambio humanitario. (Mayo 18 de 2008, Edición 2433) […]Pensionados acusan de genocidio a Uribe, La junta confederal de pensionados emitió una declaración política y un plan de acción, en el que califican a Uribe Vélez como un mandatario autoritario y mafioso en el cual ha primado los intereses del capital financiero internacional y los privilegios de la oligarquía[…] (Mayo 14 de 2008, Edición 2442) Durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez gran parte de la población se movilizó y organizó en contra de las políticas impuestas por este gobernante, estos procesos de participación democrática fueron criminalizados por el gobierno de turno, pero no por eso los ciudadanos dejaron de denunciar y de criticar las políticas de opresión y violencia que ejecutó este mandatario; por otro lado, la representación democrática, durante este periodo, se vio saboteada por la compra de votos e intimidación en época de elecciones, por lo cual los ciudadanos no pudieron ejercer libremente su derecho al voto y estuvieron representados por políticos respaldados por grupos armados que no representaban los intereses de los colombianos.

Con el recorrido por el semanario Voz se entiende la importancia política de los medios de comunicación y el papel que juegan en los procesos políticos de un país: se observó cómo el Estado colombiano al recurrir o al alimentarse de los medios de comunicación masiva, crea a lo largo de toda la historia causas aparentemente coherentes y

colectivas para legitimar su accionar. Esto ha permitido que por medio de los espacios de comunicación se confunda a los ciudadanos y se criminalicen las posiciones ideológicas de izquierda. Como resultado está el que toda expresión de inconformidad que manifiestan los grupos y clases sociales son tomadas por el gobierno como muestra de actos subversivos y no como expresión de un inconformismo legítimo.

En este contexto el semanario Voz: La verdad del pueblo es un intento mediático de contraposición que afecta al Estado. Este periódico es decisivo al momento de la construcción de la opinión pública de la multitud, puesto que promueve una posición transgresora de los lugares políticos tradicionales; este es un periódico que pone de manifiesto críticas pertinentes frente a las acciones del Estado que los demás medios de comunicación ocultan.

Este semanario propone soluciones a las problemáticas sociales abriendo espacios de comunicación a las distintas organizaciones de origen popular, sindical y social, e informa sobre los procesos generados en busca de la reivindicación de los derechos de los colombianos.

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Fonade.

Limón.

Memoria Una Mirada Política de lo Político

Bibliografía

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«LA VOZ DE LAS PIEDRAS» Sara Padilla Vivero1

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Estudiante de Comunicación Social con énfasis en Periodismo. Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá

Todo sigue. Juan Pablo Nieto, 2014

RESEÑA DOCUMENTAL

El documental La voz de las piedras registra el retorno de una comunidad que después de haber sido desplazada de su territorio decide regresar. Ese regreso acarrea un largo proceso de reconstrucción material y psicológica que pone a prueba el inicio de esta nueva vida, pues los campesinos deben instalarse en una zona humanitaria mientras hacen el proceso de búsqueda de sus tierras y fincas. Para ello, la comunidad se organiza e inicia un nuevo modo de convivencia, para así facilitar el proceso de búsqueda. Por lo anterior, es crucial el nombramiento de unos líderes entre los miembros del grupo que sirvan de guía y apoyo dentro del proceso.

A partir de las voces de estas dos mujeres y de las experiencias de algunos campesinos entrevistados, se reflejan las consecuencias de una guerra injusta en la que inocentes han sido víctimas, pero a la vez se muestra la lucha de estas víctimas por sobrevivir, llevar una vida digna y, sobre todo, por ser reconocidos ante un Estado que hasta ahora los ha juzgado y callado. Por eso, lo interesante -en medio de la cantidad de problemas y preguntas que proyecta el documental- es la forma en la que plantean la trascendencia del retorno. Pues el nuevo comienzo, el renacer, o como se quiera llamar, en mi opinión es más que un hilo conductor que sirve para contar otra historia de campesinos. Pues

La Voz de las Piedras

volver, significa reivindicarse como sujetos, como hombres y mujeres, como campesinos. Pero lo más importante es que volver es restablecer el valor constitutivo de la tierra, la vida.

Pero así como el retorno le da sentido a la tierra, la tierra le da sentido a la vida de estos campesinos. Por eso hablo de la reivindicación no como una reclamación material, sino como una demanda que trasciende a la vida misma, porque es una demanda por un pueblo, por un pasado y por una identidad. La mejor expresión que ejemplifica lo anterior, la dice uno de los campesinos entrevistados: «yo voy a morir en mi finca». La razón histórica y cultural que esta frase encarna tal vez es incomprendida por individuos que basan sus relaciones objetivas y subjetivas en un bajo nivel de identificación. Es decir, la vida urbana con su inmediatez y superficialidad ha hecho que el reconocimiento de muchos colombianos con aquello que los rodea y quienes los rodean sea mínimo e indiferente. Pero lo que evidencia el campesinado, y más exactamente en el caso del corto, es una ruptura de ese mundo que no les pertenece ni les va a pertenecer, el mundo de la ciudad; debido a que su subjetividad está constituida por el territorio, por la pertenencia que sienten hacia su tierra, porque precisamente el trabajo del campo es labrar y cosechar vida. Por lo tanto, el regreso es la forma de decir «aquí pertenezco», «yo soy», «nosotros somos.»

Una de las mujeres del documental dice: «estamos en la lucha», la palabra lucha significa ¿acabar la guerra?, ¿rehacer lo que les obligaron abandonar?, ¿buscar una vida llena de obstáculos? En mi opinión, la lucha significa volver a ser, sentirse reconocido, reconfigurar su yo, pero no un yo constituido por actividades que no les pertenecen

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ni les generan sentido alguno, sino un yo configurado mediante lo que quisieron ser y lo que fueron, a partir de una vida digna rodeada de condiciones materiales estables contextualizadas y forjadas por voluntad de cada uno de ellos.

La situación de vulnerabilidad que reflejan los campesinos de nuestro país tiene algunas de sus raíces en el conflicto armado, pero estructuralmente su causa radica en las dinámicas de poder que han llevado a cabo unos pocos, cuyos intereses pasan por encima del bienestar de los otros. En ese sentido, el poder se ratifica como una fuerza exclusiva que moldea las relaciones y los roles de los individuos en la sociedad, y en el documental se observa que esa fuerza justamente deforma la construcción libre de los sujetos, en este caso los campesinos.

En ese sentido, el desplazamiento como dinámica visible y móvil representa perfectamente la idea del poder como potencial para moldear bajo patrones planteados por el mismo ejercicio del poder. Es decir, el movimiento que arrastra el desplazamiento es un movimiento involuntario, esquematizado y obligado, inevitablemente realizado por una fuerte necesidad de supervivencia de quienes se desplazan. Esto demuestra que la voluntad no tiene poder alguno en las acciones de estos individuos, y no porque sean inconscientes del desplazamiento, sino porque la fuerza con que operan las decisiones y acciones de otros determina la continuidad de sus vidas. Eso quiere decir que las relaciones de poder o más bien el poder y la fuerza de unos pocos es suficiente para distorsionar y cohesionar el sentido humano de la sociedad y, en este caso, de grupos considerados «minorías».

Cada una de las historias de estos campesinos deja ver ese choque que supone el desplazamiento forzado, porque no solo hay una implicación territorial —entendido este como elemento constitutivo de los campesinos— sino también una serie de asesinatos y maltratos físicos y psicológicos que destruyen el tejido humano.

Bajo esa lógica, cabe preguntarse cómo un hombre campesino puede encontrar su valor como ser humano, si las condiciones materiales dentro de un lugar como la ciudad vulneran su esencia; cómo una mujer campesina enfrenta su configuración femenina en medio de un mundo que concibe a la mujer bajo lógicas radicalmente distintas; cómo una familia históricamente educada en una cultura rural debe aprender a educarse bajo las normas que la urbanidad le exige. Lo anterior solo tendría respuesta si se hablara de un desplazamiento voluntario, porque la obligatoriedad del Estado no es proporcionar las vías para reconstruir una vida situada de forma involuntaria, su labor es proporcionar las condiciones materiales y estructurales de bienestar y seguridad para sus ciudadanos en el lugar en que ellos decidan residir. A lo que quiero llegar y como lo mencione anteriormente, es que la irrupción de la continuidad de la vida de un grupo tradicionalmente acostumbrado a ciertas condiciones de vida repercute tanto en los

individuos, como en el tejido social y, por lo tanto, la dinámica del desplazamiento no puede pensarse como algo natural en medio de la guerra, porque entonces la guerra también debería empezar a considerarse no solo una realidad, sino una normalidad.

Pero a pesar del dominio que tienen los actores armados y el Estado sobre estos campesinos, y a pesar de lo determinante que es el desplazamiento para reconfigurar toda una historia cultural y social, el documental visibiliza rupturas de estas determinaciones. La primera, es la ruptura de este poder y de este molde a través del retorno, de la memoria, y de una simple palabra como «la lucha». Pues la necesidad de construir su vida y su subjetividad a partir de lo que los constituye verdaderamente como seres humanos demuestra que esto puede tener más peso que las consecuencias del conflicto armado.

La segunda, es el liderazgo y el papel de las mujeres en el documental, pues la historia muestra cómo la violencia y la trasgresión del conflicto hacia sus vidas permeó lo que las constituye como mujeres campesinas; les quitó sus hogares y parte de su familia; desestabilizó sus hijos y les arrebató el espacio en que se desenvuelven como sujetos. Una de las voces principales del video es un ejemplo de cómo es necesaria «la lucha» para re-significar a su vida. El papel de las mujeres y sobretodo el de la líder de

2 Aparecen varias mujeres haciendo arepas mientras los hombres están hablando en otra parte.

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este proceso deja ver un carácter político trascendental para la comunidad y para su ser. El video demuestra en una de las escenas2 que el carácter político de su lucha no implica abandonar una esfera de la vida, el hogar, que como mujeres campesinas las ha constituido siempre. Al contrario, lo político es un mecanismo necesario para reivindicar ese espacio que perdieron a causa del conflicto. De tal forma, lo que demuestran es que el carácter político no tiene que ver con si se es hombre o mujer, en mi opinión el carácter político es un valor que va en los seres humanos y solo pocos comprenden el poder que este tiene para formar la vida.

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INTERLOCUCIONES #5 se termin贸 de dise帽ar en Noviembre de 2014.

Para su elaboraci贸n, se usaron la fuentes Fedra Sans, Fedra Serif y Kozuka Mincho.

Se imprimieron 300 ejemplares.

Bogot谩, Colombia, 2014.

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