Raúl Meléndez - Luis Alberto Buttó - José Alberto Olivar (Coordinadores) De la Hueste Indiana al Pre

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Raúl Meléndez - Luis Alberto Buttó - José Alberto Olivar (Coordinadores)

De la Hueste Indiana al Pretorianismo del Siglo XX: Relaciones Civiles y Militares en la Historia de Venezuela Ensayos de: Luis Alberto Buttó / Ebert Cardoza Sáez / Raúl Meléndez / Domingo Irwin / José Raimundo Porras Pérez / José Alberto Olivar

Valencia, 2012 3

Título:De la Hueste Indiana al Pretorianismo del Siglo XX: Relaciones Civiles y Militares en la Historia de Venezuela.

Ensayos de: Luis Alberto Buttó, Ebert Cardoza Sáez, Raúl Meléndez, Domingo Irwin, José Raimundo Porras Pérez, José Alberto Olivar.

Coordinadores: Raúl Meléndez, Luis Alberto Buttó, José Alberto Olivar.

1era. Edición, 2011 ??? ejemplares.

Universidad de Carabobo Reservados todos los derechos.

Queda rigurosamente prohibida, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informáticos sin la autorización del autor.

Hecho el Depósito de Ley ISBN: Depósito Legal:

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Montaje electrónico: Miriam Ríos.

Impreso en Venezuela por: Corporación ASM, C.A. Printed in VENEZUELA

UNIVERSIDAD DE CARABOBO

AUTORIDADES

Jessy Divo de Romero Rectora Ulises D. Rojas S. Vicerrector Académico José Ángel Ferreira Vicerrector Administrativo Pablo Aure Secretario

Ulises D. Rojas S. Vicerrector Académico UC Presidente Zulay Niño Directora Ejecutiva CDCH-UC

El CDCH, comprometido con el impulso y promoción de la investigación y productividad académica en nuestra Alma Mater, ha seleccionado, la presente obra, bajo la modalidad de Concurso, en el marco de la Primera Convocatoria Extraordinaria para la publicación de textos, dirigida al personal docente, administrativo e investigadores de la Universidad de Carabobo.

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INDICE

A guisa de presentación................................................................................ 9 La difícil relación academia-seguridad y defensa en Venezuela contemporánea........................................................................................... 13 Luis Alberto Buttó

La “Hueste Indiana”: Surgimiento, composición, financiación y reclutamiento.............................................................................................. 41 Ebert Cardoza Sáez

Algunas consideraciones sobre relaciones civiles y militares en Venezuela durante el período independentista.......................................... 57 Raúl Meléndez

Los orígenes del fusionismo republicano criollo........................................... 81 Domingo Irwin

Un modelo sui géneris de concebir el combate: Tendencia teórico-militar venezolana (1870-1908)..................................................... 107 José Raimundo Porras Pérez

Prolegómenos de una dictadura militar y su filosofía del poder (1948-1958).............................................................................. 139 José Alberto Olivar

Militares, política y poder en Venezuela contemporánea (1958-1992)........ 167 Luis Alberto Buttó

Autores..................................................................................................... 215

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A guisa de presentación

Las páginas siguientes pretenden abordar el espectro de las relaciones civiles y militares a lo largo del devenir histórico venezolano, desde una perspectiva estrictamente académica. Esto es, hacer visible a quienes se animen a su lectura, un conjunto de observaciones, reflexiones y opiniones motivadas por el deseo manifiesto (quizás no materializado del todo) de incrementar, con las limitaciones y errores propios atribuibles a los autores, el conocimiento documentado de los hechos, fenómenos y procesos estudiados, con absoluta independencia de las implicaciones o aplicaciones prácticas de cualesquiera orden derivadas de su consideración; en el entendido que el objetivo mayor implícito en la tarea de investigación y creación correspondiente, no fue otro sino generar la necesaria opinión alternativa (léase; deslastrada de subalternas afiliaciones ideológicas) que sobre dichos hechos, fenómenos y procesos demanda la sociedad venezolana.

La aclaratoria anterior se sustenta en la arraigada creencia de quienes suscriben los capítulos venideros, de que la ulterior obligación de todo académico que se precie de tal, es presentar el grueso de la verdad a la que ha podido arribar producto de las investigaciones adelantadas, con la humildad requerida para entender que ésa es tan sólo su verdad, nunca la Verdad (dicha así en mayúsculas), la cual, a fin de cuentas, resultará del debate que en torno a lo expuesto se dé en el momento oportuno y en las instancias correspondientes. Dicho con otras palabras, sólo resulta de la sana y civilizada polémica, se puede y debe construir la ansiada verdad.

En consecuencia, para alimentar la discusión sobre el decurso histórico de las relaciones civiles y militares en Venezuela, se convocó la participación de seis estudiosos del tema, pertenecientes a diferentes 9

universidades nacionales. En primer lugar, Luis Alberto Buttó, dilucida los intríngulis del debate académico en torno al tema de las relaciones civiles y militares en Venezuela contemporánea. El autor hace hincapié en la importancia de precisar conceptualmente el tema para evitar caer en la trivialidad de los “opinadores de oficio”.

Seguidamente, Ebert Cardoza Sáez, desarrolló el surgimiento, composición, financiación y reclutamiento de la llamada hueste indiana, a partir del supuesto de que es uno de los hechos políticos, sociales y militares más importante ocurridos en la historia del continente americano; concretamente en el período correspondiente a los principios del siglo XVI, cuando se produjo la invasión europea que trastocó los cimientos de las antiguas civilizaciones recién “descubiertas”. En opinión de Cardoza, la composición étnico-social de la hueste indiana tuvo marcada influencia sobre la estructuración de la sociedad hispanoamericana; sobre todo, en el génesis y desarrollo de las incipientes instituciones militares que comenzaron a manifestarse a partir de ese momento con toda la carga de violencia implícita.

Por su parte, Raúl Meléndez reflexiona en torno a la participación de los civiles en la gesta independentista, aportando sus luces intelectuales en la construcción de un proyecto republicano de largo aliento.

En tanto, Domingo Irwin, partió del supuesto de que la recurrente influencia política del sector castrense es una constante histórica venezolana cuyos orígenes bien pueden rastrearse en el tiempo de la independencia, habida cuenta que desde el año fundacional de 1810, la influencia política abusiva de diversos grupos militares se ha concretado en la práctica de forma ininterrumpida en el país.

Para demostrar su argumento, en este aparte del libro, el profesor Irwin desarrolló la tesis del “fusionismo republicano criollo”, la cual sustentó de manera fáctica con claros ejemplos del derrotero histórico venezolano seguido durante los años de la gesta emancipadora y en las décadas subsiguientes. La construcción de dicha categoría de análisis pretende sintetizar, conceptualmente hablando, el muy particular proceder venezolano gestado en la época correspondiente al génesis 10

de la república, mediante el cual, con la intencionalidad de solventar el problema generado por el estallido de agudas tensiones acumuladas entre los jefes militares en campaña y las autoridades civiles, motivadas por el afán de dirimir a ciencia cierta dónde realmente reposaba el poder político de la en proceso de alumbramiento nación independiente, se recurrió a la figura institucional de fusionar en un personero vinculado en los hechos al ámbito castrense, las máximas responsabilidades militares y civiles del país. Accionar éste que, como bien concluyó el profesor Irwin, tendrá, hasta el día de hoy, profundo impacto en la evolución histórica nacional.

En el ensayo realizado por José Raimundo Porras Pérez, el autor aborda desde una perspectiva teórica el modelo sui géneris de concebir el combate entre los años 1870-1908. Ello como fruto de su experiencia como oficial militar y de sus recién concluidos estudios de maestría en Historia.

Más adelante José Alberto Olivar quien a partir de los preceptos teóricos del pretorianismo moderno, se explica el proceso político e ideológico que impulsó a un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas en 1948 a la toma del poder efectivo, para así llevar adelante su propia versión autoritaria de la modernización.

Cerramos este conjunto de ensayos recurriendo nuevamente a la pluma de Luis Alberto Buttó, quien explicitó y analizó las principales manifestaciones de intervención en política de facciones de la fuerza armada venezolana, ocurridas durante los años de vigencia del sistema democrático liberal representativo transcurridos desde 1958 hasta 1992.

El planteamiento central de esta porción del libro, apuntó a puntualizar que dichas intervenciones se enmarcaron en una línea permanente de actuación de sectores pretorianos atrincherados con carácter estructural en el seno de la fuerza armada venezolana, más allá de la aparente convicción de apego al liderazgo civil en ejercicio de la gerencia política de la sociedad, voceada por la opinión pública como una de las características de identificación del grueso de los integrantes de la institución castrense nacional, luego del derrocamiento de la dictadura militar encabezada por el general Marcos Pérez Jiménez.

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Luis Alberto Buttó

Como puede observarse, el libro pretendió dar un vuelo rasante sobre la historia de las relaciones civiles y militares en Venezuela, abarcando desde la temprana época de la conquista y extendiéndose hasta los días de la contemporaneidad. Obviamente, una empresa de tal envergadura no puede menos que estar signada por la detección del conjunto de generalizaciones que es menester encontrar en trabajos de este tenor. Expresando de viva voz sus disculpas por ser conscientes de tan inexcusables carencias, los autores reconocen que se atrevieron a la empresa, impulsados por el deseo de difundir una obra única y exclusivamente destinada a delinear una visión de conjunto sobre la temática propuesta, con el fin de invitar a y propiciar realizaciones posteriores, mejor y mayormente acabadas.

Con la genialidad que lo caracterizó en vida, y cuyos frutos ciertamente habrán de inmortalizarlo, José Saramago escribió en Historia del cerco de Lisboa: “...una palabra escrita es una palabra muda. La lectura le da voz...” Con este apotegma en mente, los autores esperamos el manoseo, subrayado y anotado desplegado sobre estas páginas por el lector acucioso para tener algo de voz. Así sea.

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La dif铆cil relaci贸n academia-seguridad y defensa en Venezuela contempor谩nea

Luis Alberto Butt贸

En este terreno no me importa repetir lo ya dicho por otros y por mí mismo, puesto que la palabra escrita es un poco como la radio, se escuchan algunos programas y se pierden muchos otros, por lo cual hay cosas que exigen una reiteración obstinada para que entren finalmente en la conciencia colectiva.

Julio Cortázar. Los lobos de los hombres.

I. Introducción En toda sociedad moderna, o por lo menos con visos avanzados de modernidad, son de vital importancia los estudios académicos dirigidos a propiciar la comprensión del funcionamiento de la seguridad y la defensa nacionales e igualmente encaminados a proponer líneas de acción estratégicas destinadas a explorar posibles y factibles vías que apunten a materializar la optimización de dicho funcionamiento, así como también los encauzados a desentrañar la manera específica en que operan las relaciones civiles y militares en esa sociedad; entendiendo tales relaciones como todo el conjunto que engloba los vínculos, la interacción, los lazos de hecho y de derecho establecidos y así identificados entre el sector civil que, en aplicación del modelo ideal pensado en este sentido, debe estar en control y ejercicio del poder político de la sociedad y el cuerpo de oficiales actuantes en la fuerza armada, especialmente el subgrupo integrado por los oficiales con poder de mando en unidades operativas de significación.

La significación de estos estudios viene dada por el impacto dejado por el accionar de los sectores seguridad y defensa y la materialización de las relaciones civiles y militares sobre la estabilidad y perpetuación del Estado y sus instituciones fundamentales; la garantía de la soberanía nacional, asumida como “...el control eficaz de lo que sucede en un territorio nacional dado...”1; el aseguramiento de la independencia del país; la preservación de su integridad territorial y el mantenimiento de la paz entre sus habitantes fronteras adentro y para con grupos de población ubicados espacialmente allende sus límites geográficos.

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Max G. Manwaring (2006). “El Nuevo Maestro del Ajedrez Mágico: el verdadero Hugo Chávez y la Guerra Asimétrica”. Military Review (edición hispano-americana). Kansas: Centro de Armas Combinadas / Ejército de los Estados Unidos, número enero-febrero 2006, p. 21.

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Luis Alberto Buttó

En consecuencia, para los científicos sociales, en especial los dedicados al cultivo de la politología, la historia, la sociología, la comunicación social, la estadística y la economía, por citar algunas de las disciplinas más vinculadas a la temática en términos prácticos, es inexcusable no abocarse a la realización de estudios unidisciplinarios, multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios2 acerca de la seguridad y la defensa nacionales y de las relaciones civiles y militares. En otras palabras, a partir de los diversos elementos que pudieran derivarse de las materias mencionadas vistas de manera integral, es menester estructurar líneas de investigación a ser desarrolladas en el marco de cualesquiera agendas de investigación asumidas, mantenidas o ampliadas, según sea el caso, por los centros de investigación universitarios.

El 4 de febrero de 1992, una facción de la fuerza armada venezolana, encabezada por los tenientes coroneles del ejército Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández y Joel Acosta Chirinos, intentó, sin éxito alguno en el teatro de operaciones, derrocar al gobierno de inspiración socialdemócrata constituido para el momento, presidido por Carlos Andrés Pérez.

Apenas transcurridos 10 meses de esa militarada, aún sin apagarse la batahola desplegada en los medios de comunicación de masas y en medio de la consecuente crisis política en la que a partir de ese instante se vio sumido el país, el 27 de noviembre del mismo año, una nueva insurrección militar sacudió la conciencia nacional; esta vez comandada, entre otros, por el contralmirante Hernán Grüber Odremán y el general de brigada de la aviación Francisco Visconti. Este segundo intento armado por deponer al gobierno democrático liberal representativo legal y legítimamente conformado de la época, resultó también un aparatoso fracaso operativo.

Las derrotadas sublevaciones en cuestión, fungieron de mecanismo de presentación en sociedad para los golpistas que por algo más de un decenio conspiraron a lo interno de la fuerza armada nacional en 2

Sobre los conceptos y alcances de los estudios científicos unidisciplinarios, multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios, ver: Miguel Martínez Miguélez (2000). El paradigma emergente. Hacia una nueva teoría de la racionalidad científica. México: Editorial Trillas, pp. 159-171.

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La difícil relación academia-seguridad y defensa en Venezuela contemporánea

contra del orden político constitucionalmente establecido. El fracaso militar de los insurgentes no significó, ni por asomo, su derrota política, pues desde aquel momento en adelante comenzó a refulgir para ellos en la opinión pública nacional, la buena estrella en gran medida construida por la acción combinada de dos factores con singular proyección en el ánimo de la gente. En primer lugar, la promoción dada a dichas asonadas y al ideario y biografía de sus protagonistas principales a través de los medios de comunicación de masas, paralelamente empeñados, bajo el influjo de la antipolítica campante en buena parte de América Latina desde la octava década del siglo pasado, en adelantar una feroz crítica a la democracia liberal representativa instaurada en el país a partir de 1958.

En segundo lugar, la profusión de obras de divulgación del corpus justificativo de la acción armada de los insurgentes, producto, la mayoría de ellas, de la pluma nada inocente de importantes autores nacionales y foráneos, ansiosos como estaban, dadas sus simpatías ideológicas con las militaradas escenificadas, en atizar la flama de desestabilización política en la que se sumió la sociedad venezolana desde el estampido de los primeros disparos que hicieron saltar en trizas el descanso de los ciudadanos en las referidas madrugadas.

Ambos procederes sirvieron de base para potenciar en cierta porción del imaginario colectivo la popularidad obtenida por los rebeldes con la ejecución de los alzamientos y, por ende, ensanchar el espacio político por ellos así conquistado. Dicho de otra manera, desde estas esferas se les brindó a los golpistas una desmedida, por favorable, propaganda a sus levantiscas ejecutorias y al pretendido carácter “revolucionario” y “redentor” de los móviles filosóficos, doctrinales, ideológicos y programáticos que las inspiraron.

A mediados de la década de los noventa del siglo pasado, los fracasados insurgentes de 1992 decidieron desarrollar la emergente táctica electoral en aras de coronar con éxito el objetivo estratégico de conquistar el poder político nacional que no pudieron alcanzar con el soporte de las armas, como una vez pensaron desde sus primeros pinitos en la escuela de formación de oficiales. Así las cosas, en concreción de una 17

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históricamente demostrada muy hábil maniobra política, los rebeldes de otrora dieron el salto cuántico del golpismo al electoralismo.

La nueva orientación de combate resultó sumamente exitosa. En febrero de 1999, Hugo Chávez asumió por primera vez la presidencia de la república. Al momento de pergeñar estas líneas (escribo a mediados de 2011), el movimiento político por él encabezado cuenta en su haber con una “relegitimación de mandato” y una reelección y está declarado por la calle del medio como candidato presidencial a las venideras elecciones de diciembre de 2012. En aquella primigenia asunción, Chávez Frías pronunció un juramento bastante singular, donde, sin ambages de ningún tipo, anunció la intención anidada en su mente y espíritu, y en la mente y espíritu de quienes desde siempre le acompañaron en su afán insurgente, de desmontar el modelo de acumulación y desarrollo y el sistema político de representación liberal vigentes en Venezuela luego de la deposición, por acciones de la fuerza armada, del dictador, general de división (Ej.) Marcos Pérez Jiménez, en enero de 1958. Retruécanos de la historia: los responsables de preclara felonía contra el sistema democrático liberal representativo, se valieron de los mecanismos consagrados en el funcionamiento de éste para hacerse del poder político.

En síntesis, la ocurrencia de las asonadas de 1992, el triunfo electoral obtenido por el MVR (posteriormente transformado en Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV) en 1998 y la perpetuación por espacio de más de una década en el control de las maquinarias estatal y gubernamental venezolanas por parte de la facción política cuyo núcleo dirigente central está constituido por el liderato de los sublevados de 1992 y otros personeros provenientes del sector militar con marcada influencia en las ejecutorias desarrolladas por aquéllos, son hechos ciertamente trascendentales que confluyeron para marcar de manera indeleble el derrotero de la historia venezolana transcurrida a partir del último decenio del siglo XX. Como era de esperarse y/o suponer, en el marco trazado por el desencadenamiento de tales acontecimientos políticos, el interés académico por el estudio de los temas relacionados con la seguridad y la defensa nacionales y las relaciones civiles y militares en el país puerta 18

La difícil relación academia-seguridad y defensa en Venezuela contemporánea

geográfica de América del Sur, se reavivó considerablemente, aunque bien pudiera decirse, sin mayores exageraciones al respecto, adquirió una preeminencia que en tiempo anterior nunca, inexplicablemente, llegó a tener. Y esto es así especialmente por el aldabonazo que representó para la élite pensante del país el constatar la conjunción de dos variables de suyo con capacidad desbordada para alterar el funcionamiento y vigencia del sistema democrático: la institucionalización (legalización) de la intervención militar en política y la colonización militar de la administración pública.

Léase lo primero como la permisión otorgada por la Constitución nacional y las leyes derivadas atinentes al ámbito castrense, para que los efectivos militares venezolanos se constituyan en actores políticos con plena capacidad y libertad para debatir y accionar al respecto.

Entiéndase lo segundo como la sistemática ocupación, por parte de personal egresado y/o integrante de la institución armada, de cargos de la administración pública en teoría y por competencia destinados a ser ocupados en exclusiva por el funcionario civil. Así las cosas, en la actualidad venezolana no son para nada extrañas ciertas incongruencias, como las de observar a un militar al frente del organismo encargado de dirigir la política de salud del país, por ejemplo.3 Hoy en día, se escuchan o leen con asiduidad en los medios de comunicación de masas venezolanos expresiones del siguiente tenor: gobierno militar, militarismo, pretorianismo, milicia, militarización, guerra asimétrica, defensa integral, politización de la fuerza armada y pare usted de contar. Paralelamente, expertos de toda laya en el llamado 3

Para una explicación detallada del comportamiento de las variables legalización de la intervención militar en política y colonización militar de la administración pública, véase: Luis Alberto Buttó (2007).

“Gobiernos Militares y Democracia: el maridaje imposible”. En Domingo Irwin, Hernán Castillo y Frédérique Langue (coordinadores). Pretorianismo venezolano del siglo XXI (pp. 173-257). Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. También: Luis Alberto Buttó (2009). “Venezuela 1999-2008: Relaciones Civiles y Militares en la V República”. En Claudio Fermín, Luis Alberto Buttó y Héctor Hurtado Grooscors. Una lectura sociológica de la Venezuela actual V (pp. 55-104). Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. Además: Luis Alberto Buttó (2010). “Diez años de Revolución Bolivariana: impacto en las relaciones civiles y militares”. En Francesca Ramos Pismataro, Carlos Romero y Hugo Eduardo Ramírez (editores académicos). Hugo Chávez: una década en el poder (pp. 783-800).

Colombia: Editorial Universidad del Rosario. Adicionalmente: Luis Alberto Buttó (2010). Venezuela 1992: aproximación histórica a las bases ideológicas de las insurrecciones militares (Tesis Doctoral).

Caracas: Universidad Católica Andrés Bello (material inédito) [especialmente el capítulo III].

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tema militar (algunos jactanciosamente autoproclamados como tales, sin base alguna para hacerlo) disertan con regularidad al respecto. De hecho, el habla popular acuñó un nuevo vocablo, en buena medida impregnado de ribetes despectivos, para referirse a los continuos opinantes de oficio en la materia: “militarólogos”.

Igualmente, saltaron al ruedo del debate público diversas organizaciones no gubernamentales constituidas con la finalidad de monitorear las ejecutorias gubernamentales en materia de seguridad y de defensa y la operación de las relaciones civiles y militares. Por último, crecieron en cantidad y calidad, los trabajos académicos insertos en libros y demás publicaciones científicas periódicas, destinados a explorar y/o profundizar en el abordaje de los elementos presentes en líneas de investigación relacionadas.

Expresado en otros términos, el tema de la seguridad y la defensa y de las relaciones civiles y militares en Venezuela contemporánea, ganó oportunidad y sumó legitimidad. Lo primero, se traduce en que el tratamiento de los asuntos vinculados demostró estar en plena sintonía con el momento histórico vivido por la sociedad venezolana desde finales del siglo pasado y en los albores del presente. Lo segundo, consecuencia directa de lo anterior, debe entenderse como el relevante hecho de que, resulta de la ocurrencia de los sucesos históricos mencionados en estas reflexiones, la temática pasó a ser valorada como digna de ser tomada en cuenta por crecientes e importantes sectores de la población. Para decirlo con palabras de Frédérique Langue: “...El debate ha salido de las aulas para la calle, se volvió público y notorio...”4 En consecuencia, los estudios destinados a hurgar en los elementos integrantes de ese gran conjunto marco, independientemente la disciplina científica a partir de las cuales son abordados, se perciben con capacidad de trascender el mero objetivo de incrementar la erudición de los oficiantes, en tanto y cuanto coadyuvan a alimentar, precisamente, la necesaria conciencia histórica sobre el momento histórico 4

Frédérique Langue (2003). “Cuando la calle arde y el aula reflexiona. La historia inmediata de Venezuela, métodos y cuestionamientos”. En Domingo Irwin y Frédérique Langue (coordinadores). Militares y Sociedad en Venezuela. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. p. 223.

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experimentado, haciendo buena la sentencia de Germán Carrera Damas sobre la historia en particular, pero que bien puede acoplarse al resto de las ciencias sociales: “...no es solamente un objeto de conocimiento.

Es, sobre todo, un compromiso vital asumido por una nación todavía en formación...”5, con la finalidad de “...propiciar la armonización crítica de la conciencia histórica y el momento histórico vivido por la sociedad de la cual el historiador es parte...”6 Amén de lo expresado, se asumió, con plena justedad, que en el amplio espectro conformado por los asuntos vinculados con la seguridad y la defensa nacionales y las relaciones civiles y militares vistas en conjunto, cabe la posibilidad de desarrollar significativas cuotas de originalidad al momento de desentrañar la madeja tejida en torno a variables inextricablemente ligadas al ámbito castrense, de suyo insoslayables y que pueden ser consideradas por separado con regular grado de efectividad.

Por ejemplo, los vínculos de subordinación o no, de obediencia o no, establecidos entre la oficialidad activa y la elite civil en posibilidad futura de ejercer el gobierno; las causales, condicionantes y variantes de la intervención militar en política; los mecanismos, herramientas e instrumentos para concretar exitosamente en la práctica el ideal del control civil democrático; la concepción ideológica, organización interna y operación diaria del sector defensa; el elemento tecnológico implícito en el manejo de los sistemas de armas disponibles; la economía de la defensa (en especial la formulación y ejecución de los presupuestos dirigidos al sector militar); el contenido de las doctrinas de seguridad a partir de las cuales se adiestra, capacita, entrena y despliega al personal militar; los medios y modalidades de cumplimiento del servicio militar; las relaciones de intercambio y cooperación de la fuerza armada con sus pares de otros países y el estudio sociológico de las bases humanas que conforman el grueso de los numerarios que hacen vida laboral en la institución castrense; por citar algunas de las más inquietantes.

Germán Carrera Damas (2002). Fundamentos históricos de la sociedad democrática venezolana. Caracas: Fondo Editorial de Humanidades-Universidad Central de Venezuela. p. 18.

6 Ibíd. pp. 18-19.

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La anterior argumentación no constituye óbice alguno obligante para desdecir la siguiente afirmación: todavía es mucha la tela por cortar y demasiado lo que se ignora en los círculos académicos venezolanos sobre la seguridad y la defensa nacionales y las relaciones civiles y militares operantes en el país. Con infinito desaliento hay que estar contestes en que la cantidad detectada en la producción de trabajos encaminados a explorar estas materias en modo alguno puede considerarse satisfactoria, apartando la discusión sobre la mayor o menor calidad de los productos de investigación científica hasta el momento contabilizados.

La impronta del particular derrotero histórico seguido por Venezuela en las postrimerías del siglo pasado y los albores del presente, acusa a la literatura académica destinada a evacuar estos contenidos como insuficiente.

El punto central es que la consideración de estos temas pareciera aún estar preferentemente centrada en sus resaltantes aspectos políticos cotidianos y marginalmente en su exégesis propiamente académica. Esto conlleva notoria falta de profundidad en el análisis y en las reflexiones asociadas. Por consiguiente, se propicia un indeseado, por inconveniente, apresuramiento en el establecimiento de interrelaciones y en la formulación de conclusiones, a tal punto que, en la mayoría de los casos, ambas tienden a terminar inoculadas por el virus de lo coyuntural; vale decir, interrelaciones y conclusiones que soportan validez tan sólo para el presente extremadamente inmediato, pero, lamentablemente, terminan contradichas en planos temporales algo más extendidos.

En este sentido, bajo la premisa de coadyuvar en la consideración, con grados mínimos aceptables de profundidad teórica, de los aspectos epistemológicos y metodológicos asociados a las insuficiencias académicas detectadas en el tratamiento de los temas que guardan ilación con la seguridad y la defensa nacionales y las relaciones civiles y militares en Venezuela contemporánea, me atrevo a proponer que buena parte de los erotemas centrales a responder como ejes transversales de las investigaciones a futuro emprendidas, deben girar, por consiguiente, en torno a la razón de ser de esta aparente dejadez y/o superficialidad manifestada por los círculos de investigación criollos para con estas 22

La difícil relación academia-seguridad y defensa en Venezuela contemporánea

asignaturas. Sin pretensión alguna de agotar el debate, en los párrafos subsiguientes, se adelantarán algunas reflexiones destinadas a sugerir posibles respuestas al grueso de las interrogantes deducidas del planteo general hecho hasta el momento.

II. Seguridad y defensa y relaciones civiles y militares en Venezuela contemporánea: hacia la comprensión de su insuficiente estudio académico En el abordaje académico de los temas vinculados con la seguridad y la defensa nacionales y la operación de las relaciones civiles y militares en la actualidad venezolana, se evidencian inexcusables carencias producto de la premisa epistemológica asumida y del método de estudio utilizado. Persisten, por un lado, la repulsa a intentar la comprensión de los hechos, fenómenos y procesos relacionados con base en los diversos modelos teóricos disponibles a tales fines, los cuales, con cierta profusión, han sido divulgados en suelo patrio.7 Por otro lado, y como consecuencia directa de lo expresado en líneas anteriores, muchos de los trabajos académicos acumulados a la fecha parecieran poner el énfasis en una visión equiparable al estudio de casos, razón por la cual apuestan, en buena medida, a favor de la inconsistente 7

Véase, al respecto: Domingo Irwin (2003). “El Control Civil y la Democracia (conceptos teóricos básicos)”. En Domingo Irwin y Frédérique Langue (coordinadores). Militares y Sociedad en Venezuela (pp. 15-72).

Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. Consúltese en la misma obra colectiva: Hernán Castillo y Leonardo Ledezma. “Textos angloamericanos sobre las relaciones civiles y militares venezolanas” (pp. 73-104). Además: Domingo Irwin (2006). “Reflexiones Sobre el Control Civil (teoría y acción)”.

En Domingo Irwin, Luis Alberto Buttó y Frédérique Langue. Control Civil y Pretorianismo en Venezuela (pp. 19-58). Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. También: Domingo Irwin (2009). “Clío y las Relaciones Civiles y Militares venezolanas”. En Domingo Irwin, Frédérique Langue y Hernán Castillo (coordinadores). Problemas Militares Venezolanos (pp. 7-27). Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. Adicionalmente revísese: Hernán Castillo (2007). “Historia y Teoría Política sobre las Relaciones Civiles y Militares venezolanas”. En Domingo Irwin, Hernán Castillo y Frédérique Langue (2007) (coordinadores). Pretorianismo venezolano del Siglo XXI (pp. 35-108). Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. Como ejemplo de la aplicación práctica de algunos de los modelos teóricos referidos, consultar: Luis Alberto Buttó (2003). “El Nuevo Profesionalismo Militar de Seguridad Interna y Desarrollo Nacional. Un ejercicio de reflexión académica como hipótesis para entender las relaciones civiles y militares en Venezuela contemporánea”. En Domingo Irwin y Frédérique Langue (coordinadores). Militares y Sociedad en Venezuela (pp. 129-146). Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. También: Luis Alberto Buttó (2005). “Nuevo profesionalismo militar de seguridad interna y desarrollo nacional e intervención política de militares populistas y radicales en Venezuela”. En Domingo Irwin y Frédérique Langue (coordinadores). Militares y poder en Venezuela (pp. 139-177).

Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. Igualmente: Luis Alberto Buttó (2006). “Pretorianismo y nuevo profesionalismo militar”. En Domingo Irwin, Luis Alberto Buttó y Frédérique Langue. Control Civil y Pretorianismo en Venezuela (pp. 97-137). Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.

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creencia de que los cambios acontecidos al interior del sector defensa y la participación militar en política ocurridos en Venezuela de las tres últimas décadas del siglo pasado en adelante, no debe ni puede ubicarse en contextos mayores dados por la continuidad histórica del secular fenómeno del pretorianismo criollo, ni debe ni puede buscársele puntos referenciales signados por la ocurrencia de hechos experimentados en otras latitudes, en esencia y/o forma similares.

Las fallas detectadas parecen agravarse porque muchos de quienes son reconocidos por la opinión pública como expertos en los temas identificados, al tratarlos, desafortunadamente acusan la carencia de la formación teórico-práctica indispensable para enfrentar tareas de esta envergadura con la rigurosidad mínima esperada. Amén de lo anterior, para muchos investigadores (con propiedad así llamados) de vocación (excluyo adrede los de mera ocasión), la seguridad y la defensa y las relaciones civiles y militares, vistas en conjunto y/o en sus elementos diferenciados, continúan siendo materia espinosa, factible de ser soslayada o diluida en el planteo de temáticas más generales.

Diversas hipótesis pueden adelantarse para intentar explicar el porqué de la ocurrencia del planteo anterior. En primer lugar, hay que considerar el problema relacionado con el acceso a las fuentes. Verdad de Perogrullo, es cuesta arriba pretender avanzar en la comprensión del funcionamiento de la seguridad y la defensa nacionales y la operación de las relaciones civiles y militares, si no se dispone de un mínimo aceptable de datos factibles de ser procesados para trocarlos en información oportuna, pertinente y relevante. El tabú malintencionadamente creado con la necesidad de preservar bajo resguardo exclusivo de instancias castrenses, aspectos cuya divulgación fuera de aquella esfera supuestamente podría poner en peligro la “seguridad nacional”, ha contribuido por décadas a la sostenida denegación a los investigadores interesados de la documentación requerida para alimentar sus trabajos de pesquisa y reflexión.

Empero, la contundente verdad contenida en el párrafo antecedente no puede ser impedimento para neutralizar el afán del académico motivado. La barrera construida con el arbitrario manto de discrecionalidad 24

La difícil relación academia-seguridad y defensa en Venezuela contemporánea

tendido, incluso desde el punto de vista legal, en torno a los asuntos relacionados con el ámbito militar, debe y puede ser sorteada. En este punto, la inventiva del investigador entra en juego, en especial si el problema de investigación seleccionado se ubica temporalmente en la contemporaneidad. Así las cosas, es perentorio superar la limitadora concepción positivista que remite a documentos polvorientos atesorados en los archivos como única fuente válida para el trabajo del investigador.

En novedosos tipos de fuentes ha de hurgarse sin temor alguno, siempre y cuando se cumpla con dos requisitos básicos: en primer lugar, se evidencie con claridad la referencia que permita la constatación necesaria; y, en segunda instancia, que la exégesis adelantada en consecuencia se circunscriba escrupulosamente a la información aportada por la fuente consultada, evitando la aventurera especulación sin fundamento.

Entre este cúmulo de nuevas y válidas fuentes destacan los testimonios de protagonistas recopilados por el propio investigador (huelga decir: igualmente son imprescindibles los recogidos por otros investigadores con anterioridad); la prensa escrita; los medios de comunicación audiovisuales y el universo infinito puesto a la disposición de un doble clic en la red de redes. En todo caso, la adecuada combinación de heurística y hermenéutica han de guiar en todo momento el análisis pretendido.

Dicho lo anterior, cabe introducir en el planteo de la discusión cierta interrogante hasta ahora insuficientemente tratada que destila ribetes de evidente validez: detrás del reclamo anunciado sobre la dificultad de acceso a las fuentes, en buena medida no se estará escondiendo cierta incomprensible, inaceptable e inadecuada actitud de comodidad por parte del investigador para no ampliar el espectro dónde desarrollar su pesquisa o el desconocimiento sólo atribuible a su persona acerca de qué en concreto buscar. Aquí no caben reparos de ningún tipo: las limitaciones propias del plano individual no pueden ni deben servir de excusa para configurar inferencias generales.

En segundo lugar, está el problema de la contemporaneidad transparentada por muchos de los hechos, procesos y fenómenos que forman parte de la gran temática estructurada en torno a la seguridad y la defensa nacionales y las relaciones civiles y militares en Venezuela de la 25

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segunda mitad del siglo XX en adelante, en especial porque es sabido que la conformación de la fuerza armada nacional, como institución diferenciada del Estado concebida en términos burocráticos modernos, apenas data de poco más de una centuria. A decir verdad, siempre es más fácil ajustar las cuentas con los muertos, habida cuenta ínfima es la replica a encontrarse, pues sólo se materializará en boca o pluma de otro investigador coetáneo, también interesado en el asunto.

En los casos factibles de ser estudiados en este sentido, la supervivencia de los involucrados, en mayor o menor medida, retrae de aquéllos al investigador, para evitar así la referencia personal directa.

En grado superlativo, el asunto bordea la reticencia a asumir posturas que en el corto, mediano o largo plazo, podrían generar indeseados inconvenientes de diversa índole; verbigracia, acusaciones de haber levantado testimonios considerados por el afectado no completamente veraces, incluso llegando a plantear posibles situaciones de acusación de difamación o injuria.

Aquí, de nuevo, las inhibiciones responden más a una estricta consideración personal y menos a problemas atinentes a los temas vinculados con la seguridad y la defensa en general y las relaciones civiles y militares en particular. Además, es perentorio rememorar la abultada posibilidad de pecar de escasa objetividad en el análisis por parte del investigador, en tanto y cuanto sus ocultas (a veces, no tanto) conexiones políticas, sociales, económicas o institucionales, le pueden conducir a teñir su argumentación con los ribetes propios de los compromisos u obligaciones previamente establecidos. En este punto, lo que cabe es abrir el debate para evidenciar las incongruencias detectadas. Es decir, el asunto de la objetividad, o si se prefiere de la honestidad intelectual, puede ser solventado al mantener irrestricto apego a la meticulosidad requerida.

Para ser equilibrados en el planteo, es menester reconocer que la confluencia de la contemporaneidad de los elementos con factibilidad de ser estudiados en el marco de la temática general esbozada y de las restricciones impuestas a dicho estudio con base en consideraciones del tipo preservar la “seguridad nacional”, delinea un cuadro atemorizante, 26

La difícil relación academia-seguridad y defensa en Venezuela contemporánea

en el cual el investigador puede terminar sufriendo represalias de toda laya, más allá de que su interés al desarrollar el trabajo de pesquisa y su correspondiente acto de creación intelectual, haya sido estrictamente académico. Aunque, grosso modo, en la historia contemporánea venezolana los miembros de la academia han sido los menos afectados en este sentido, es dable esperar no están exentos de correr los riesgos implícitos al asumir el albur. El derrotero correspondiente al período democrático liberal representativo vigente en el país a partir de 1958, es prodigo en ejemplos de personeros que sufrieron consecuencias nefastas al permitirse tratar el tema militar.

En el despertar de la década de los setenta del siglo pasado, un tribunal militar le dictó auto de detención (hoy esta medida se denomina privativa de libertad en la legislación venezolana) al senador Miguel Ángel Capriles, contraviniendo la inmunidad parlamentaria de la cual gozaba dada su condición de representante electo por el pueblo venezolano por ante el poder legislativo de aquel entonces. Esta anómala situación lo obligó, en primera instancia, a asilarse en la embajada de Nicaragua y, posteriormente, marchar al exilio forzado. Las razones de la persecución: divulgar en un periódico de su propiedad, cuya edición del día en que apareció la nota periodística fue decomisada por fuerzas del orden público, información relacionada con tensiones bélicas que para el momento, de acuerdo a cierto informe de inteligencia confidencial conocido por los redactores, se acumulaban entre Venezuela y Colombia.

En ese mismo período, el comunicador social Richard Izarra, redactor de la revista Reventón, fue confinado en el Cuartel San Carlos de Caracas (la más renombrada prisión castrense de la época) por tratar el tema del servicio militar obligatorio en un escrito de su autoría aparecido en dicha revista. Este periodista es hermano del oficial de la fuerza aérea hoy en situación de retiro William Izarra, importante protagonista de los alzamientos castrenses de 1992, de quien se presume obtuvo los datos necesarios que alimentaron el contenido del trabajo en cuestión.

En los estertores de ese mismo decenio, la también periodista Doris Francia fue condenada a varios años de prisión por un tribunal militar, acusada de instigar a la insurrección militar, con base en el contenido 27

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de un editorial calzado con su firma inserto en las páginas de opinión del periódico Ruptura, vinculado con la corriente política dirigida por el ex comandante guerrillero Douglas Bravo.

Al inicio de los años ochenta de la centuria anterior, a la periodista María Eugenia Díaz se le abrió juicio militar y dictó auto de detención por presentar en un diario de circulación nacional un reportaje basado en la consideración del contenido de determinados juegos de guerra escenificados en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

Más adelante, el abogado Juan Luis Ibarra Riverol fue asesinado en su oficina privada, casualmente cuando, al alimón con el teniente coronel (Ej.) Luis Alfonso Godoy, investigaba y denunciaba presuntos casos de corrupción ocurridos intramuros la institución castrense. En su momento, el reportero Alexis Rosas señaló que la divulgación de cierta información que le fue aportada por Godoy sobre estos casos no pudo salir al aire a través del canal de televisión del Estado venezolano, pues desde el alto gobierno de la época se vetó la transmisión correspondiente.8 En tiempo coincidente con el alumbramiento del siglo XXI, al general de brigada (Ej.) Francisco Usón (para el momento en situación de retiro y separado, como consecuencia de la postura asumida frente al golpe de Estado escenificado en abril de 2002, del gobierno del presidente Chávez, del cual formó parte como ministro de finanzas) se le acusó de vilipendio a la fuerza armada y se le sentenció a cárcel, condena que cumplió en su totalidad. Los argumentos centrales de la acusación: explicar el funcionamiento de un lanzallamas a través de un programa televisivo donde fue entrevistado. Todo ello en el contexto nacional generado por la muerte de varios individuos de tropa ocurrida en las instalaciones del fuerte Mara, complejo militar ubicado al occidente del país, al ser expuestos a la acción de un arma de este tipo.

Más recientemente, representantes del oficialismo han solicitado someter a averiguación a la abogada Rocío San Miguel, directora de la 8

Expresión Libre. Comunicadores por la Paz y la Democracia (2009). Los sucesos no aparecen en VTV [Documento en línea]. Disponible en: http://www.expresionlibre.org.ve/data.php?link=4&expediente=181 [Consulta: 2010, julio 3]

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La difícil relación academia-seguridad y defensa en Venezuela contemporánea

organización no gubernamental Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, por dar a conocer en medios de comunicación masivos y publicar en la página web de dicha organización, evidencia fáctica relacionada con el insólito hecho de que numerarios de la fuerza armada nacional están registrados como militantes en los listados oficiales del PSUV, proceder éste (militancia de militares activos en agrupaciones partidistas) abiertamente violatorio de expresas disposiciones constitucionales y legales.

La amarga posibilidad de verse retratados en fotografías como las captadas con base en los ejemplos anteriores, es una causal de insoslayable peso que ayuda a comprender la razonable reticencia experimentada por numerosos círculos intelectuales y académicos venezolanos para adentrarse en el planteamiento y desarrollo sistemático de líneas de investigación vinculadas al funcionamiento de los sectores seguridad y defensa nacionales y a la operación cotidiana y al marco teórico, legal, programático y doctrinal atinente a las relaciones civiles y militares en la contemporaneidad del país.

El punto es que, a la fecha, no existen suficientes garantías en contrario y ni siquiera se vislumbra el establecimiento de éstas. Al respecto, podría ciertamente avanzarse mucho con la simple materialización de actos legales y administrativos tan elementales como, verbigracia, la derogación de determinadas disposiciones legislativas y/o gubernamentales promulgadas con la intencionalidad, en algunos casos velada y en otros abiertamente manifiesta, de establecer restricciones de diverso tipo e inspiración que de iure y de facto coartan el pleno acceso de la comunidad a la información de interés general; entre la cual, huelga decirlo, destacan los asuntos relacionados con la seguridad y la defensa y las relaciones civiles y militares.

El ejemplo más actualizado de normas del tipo descrito ut supra, lo constituyen aquellas que en la práctica impuso la creación, mediante decreto presidencial número 7.454, fechado el 1 de junio de 2010, del Centro de Estudio Situacional de la Nación, organismo cuyo funcionamiento faculta al poder ejecutivo venezolano para reservarse la recolección, clasificación y divulgación de cualesquiera asuntos relacionados, 29

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en opinión del legislador, con la seguridad nacional.

En otras palabras, urge el establecimiento formal del más absoluto respeto al trabajo académico y periodístico para que sus autores se sientan en plena libertad y confianza de divulgar a través de los medios adecuados y disponibles los hallazgos encontrados como resulta de las investigaciones llevadas a cabo. De lo contrario, persistirá, cual espada de Damocles, la posibilidad de exponerse a represalias harto desagradables, razón por la cual la observación proferida por Ángel Ziems hace más de tres décadas, continúa teniendo plena y lamentable vigencia: Hay una clara resistencia al estudio de los temas militares.

Por temor a las consabidas medidas de “seguridad”, tanto los investigadores civiles como los militares, tienden a no estudiar críticamente lo militar. Hemos visto en muchas oportunidades las frecuentes justificaciones de los civiles para no “invadir” el mundo de los militares en la investigación por considerarlo tema peligroso y con el riesgo permanente de sufrir represalias cuando las investigaciones se basan en criterios serios y bien fundamentados motivos por los cuales alcanzan niveles críticos. Ante la amenaza de no atacar a la Institución Castrense, muchas investigaciones se han paralizado o diversos ante-proyectos han sido olvidados. Entre militares la complicación es mayor.

Cuando analicemos la naturaleza y adoctrinamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas veremos lo traumático que significa para un efectivo militar como a un oficial retirado realizar investigaciones en sentido crítico de su Institución. Este margen de la seguridad militar ha sido la variable determinante para que civiles y militares tengan dificultades en la profundización de investigaciones: toda crítica se ve como una tendencia peligrosa orientada hacia la destrucción del Estado y sus instituciones.9

Last but not least, la academia (en particular) y la intelectualidad (en general) venezolanas esquivaron abiertamente por un lapso ciertamente significativo, concretamente el coincidente con el segundo lustro de la 9

Ángel Ziems (1979). El gomecismo y la formación del Ejército Nacional. Caracas: Editorial Ateneo de Caracas. pp. 28-29.

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La difícil relación academia-seguridad y defensa en Venezuela contemporánea

sexta década del siglo XX y los dos decenios subsiguientes, colocar los factores seguridad y defensa nacionales y relaciones civiles y militares en sus agendas de investigación o en sus inquietudes de simple interés, en tanto y cuanto asumieron que el secular y genéricamente llamado problema militar, había quedado zanjado con la instauración del sistema democrático liberal representativo.

A decir verdad, buena parte de la intelligentzia venezolana supuso completamente implantada la subordinación plena de la totalidad del estamento castrense al cambiante, por motivos de alternabilidad electoral, liderazgo civil en ejercicio del poder político, luego de la derrota experimentada en el teatro de operaciones por el conjunto de militaradas acaecidas en los tempranos años sesenta. Dicho de otro modo, con la victoriosa experiencia vivida en aquel entonces por los factores militares identificados con la institucionalidad, se creyó contrarrestada para siempre jamás la motivación de otras facciones de la fuerza armada nacional para intervenir en política, de la única forma en que pueden y saben hacerlo: amenazando, o usando sin más miramientos, el poder de fuego acumulado.

A partir de esa época, y en lo sucesivo, se arraigó en el imaginario colectivo nacional, la conseja destinada a presentar a la fuerza armada venezolana como la de mayor talante o convicción democrática en la región suramericana e incluso latinoamericana. Con inenarrable cuota de infantilismo político, los venezolanos nos ufanamos por décadas frente a los hermanos de latitudes circunvecinas, de la acendrada creencia sostenida acerca de la irrestricta identificación de la totalidad de los integrantes de la fuerza armada con el sistema democrático. En síntesis, desde ese momento, los venezolanos nos creímos a pie juntillas que el modelo ideal de control civil democrático se había concretado exitosamente en la práctica y como elemento sustancial definía por consiguiente el sistema político en vigencia.

El implacable correr del tiempo demostró con acritud que tales presunciones sumaron para configurar un enorme desaguisado, producto precisamente del descuido olímpico manifestado hacia el estudio de la problemática militar, lo cual propició el incurrir en innumerables im31

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precisiones conceptuales. Quizás, la más importante de ellas: sentenciar sin exegesis alguna que una institución como la depositaria de las armas de la república puede llegar a ser “democrática”, lo cual constituye un mentís a su propia naturaleza. Ciertamente, sólo pecando de flagrante ingenuidad puede pensarse que una organización con tan particulares características de funcionamiento interno ha de calificarse con el mencionado adjetivo.

En realidad, en términos de aplicación de un modelo de control civil democrático efectivo por real, la probabilidad de que una determinada fuerza armada sea “democrática” es un asunto completamente baladí.

Lo realmente importante al respecto es la fortaleza del sistema político implantado, en la medida que éste logra, con manifiesto éxito, coronar tres objetivos claves. En primer lugar, anular toda posibilidad de intervención política de los numerarios agrupados en el cuerpo armado.

En segunda instancia, apartarlos de cualesquiera oportunidades de deliberación en temas relacionados con el ejercicio de la política. Y, en tercer lugar, conminarlos de manera eficaz a la obediencia irrenunciable e indiscutida a ser guardada para con los representantes escogidos para controlar las maquinarias estatal y gubernamental por la voluntad popular expresada en las justas electorales.

En líneas generales, una porción por demás significativa e influyente de la academia y la intelectualidad venezolanas pretirió, de manera irresponsable, que las divisiones grupales existentes a lo interno de la organización castrense, motivadas por contrastantes visiones ideológicas, doctrinales y programáticas, conformaban una realidad indubitable.

Equivocadamente, el mimetismo desarrollado por los sempiternos grupos conspiradores incrustados intramuros los cuarteles, en paciente espera de “condiciones objetivas y subjetivas” para dejar correr con plenitud su subversivo accionar, se equiparó con el aquietamiento de las turbulentas aguas relacionadas.

Incluso, hechos asaz relevantes en cuanto a lo que en esencia representaron, como la ocurrencia de las en términos periodísticos conocidas como “la rebelión de los mayores” y “la noche de las tanquetas”, fueron insuficientes para activar las alarmas necesarias y motivar la generación 32

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del pensamiento oportuno y pertinente y la opinión alternativa válida.

El 4 de febrero de 1992, la colectividad nacional despertó sobresaltada a tan narcótico sueño. Lo más triste del asunto fue que con agravado cinismo, brutal inconsciencia, supina ignorancia o descarnada complicidad, voces supuestamente calificadas del ámbito civil se dieron a la infausta tarea de justificar abiertamente este alzamiento y el acaecido nueve meses después.

La historia, siempre díscola, siempre impertinente, demostró cuán errada era la convicción de que en los temas asociados al funcionamiento de la seguridad y la defensa nacionales y la operación de las relaciones civiles y militares en Venezuela contemporánea no había problema alguno en el cual escudriñar. Por supuesto que lo había y hoy más que nunca lo hay. A tal punto son requeridos el adentramiento y la profundización en esta temática, que la más preocupante de las expresiones prácticas del desconocimiento por parte del factor civil de la sociedad de la manera concreta de operar en la esfera castrense, en tanto y cuanto propicia la imposibilidad de que el primero pueda efectivamente mantener bajo su férula a la segunda, la participación de los militares en la contienda política, persiste a la fecha, asumiendo la innegable condición de constante histórica.

Más allá de cualesquiera cálculos matemáticos que puedan intentarse para demostrar la sostenida permanencia en la historia contemporánea venezolana (y más allá, durante todo el período republicano) de personeros vinculados con el mundo de las armas en control del poder político nacional, es motivo de insoslayable reflexión el hecho de que en los albores del siglo XXI, luego del ínterin representado por la plena vigencia del sistema democrático liberal representativo (1958-1999), un personaje formado por y salido de la fuerza armada, en reedición revisada, mejorada y aumentada del secular pretorianismo vernáculo, ocupa la primera magistratura. Y este personero, nada casualmente, aprovecha toda oportunidad mediática disponible, para espetarle al país su condición esencialmente castrense, ratificada con el grado jerárquico operativo de comandante en jefe de la fuerza armada nacional, conferido a tenor de lo dispuesto en el Decreto con 33

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Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en el número 5.891 de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, fechada el 31 de julio de 2008 y mantenido en las modificaciones subsiguientes realizadas a dicho texto legal luego de esa fecha.

La última de estas ocasiones es bien reciente a los efectos del tiempo en que pergeño estas líneas. Concretamente, el 24 de junio de 2010, cuando, presidiendo la parada militar organizada con motivo de la celebración del 189 aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército, una vez más recordó a los venezolanos valiéndose de la obligada cadena de radio y televisión: “...soy, en esencia, soldado de este ejército. Y así actuaré, en consecuencia, hasta el final de mi tiempo...”10 Circunstancia ésta que se agrava dramáticamente, dado el caso que el arribo al poder político del mencionado oficial, en la práctica, se tradujo en la puesta en marcha de un progresivo y firme proceso de colonización militar de la administración pública nacional centralizada y descentralizada (ya comentado en párrafos precedentes), en magnitudes nunca vistas hasta el presente, a contrapelo de lo hecho por gobiernos como el dirigido por el general Marcos Pérez Jiménez, que abiertamente se proclamó constituido en nombre de la fuerza armada.

Contestes con lo implícito en tal situación, bien puede colegirse que el accionar político de los hombres y mujeres de uniforme en el devenir histórico venezolano contemporáneo ha sido y es uno de los factores en grado sumo determinantes. En algunas ocasiones, este proceder se manifestó y manifiesta de manera abiertamente visible; en otras, de formas sutiles y veladas a la comprensión de la mayoría del conglomerado nacional. En oportunidades, la postura política de los militares se limitó y limita al ejercicio de la condición de árbitros máximos del acontecer político del país; en otras, se constituyeron y constituyen en operadores políticos directos encargados de formular, dirigir y/o ejecutar las principales políticas públicas. Así las cosas, cierta acotación adelantada por Rafael Poleo sintetiza con magistral exactitud el muy particular discurrir 10

Hugo Chávez (2010). Discurso en el Acto del 189 Aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano [transmisión de televisión]. Caracas: Venezolana de Televisión [2010: junio 24].

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de la historia venezolana en los últimos 110 años: “...en Venezuela y por un largo rato, la política es cosa de militares”.11 Para encontrar alguna manera factible de que así no continúe siendo, por los riesgos implícitos para el sano desenvolvimiento del sistema democrático liberal representativo generados por la persistencia en el tiempo de tal situación, y para optimizar el funcionamiento del sector defensa, a fin de que éste responda a cabalidad a los intereses nacionales acordados colectivamente y sostenidos estructuralmente en el tiempo y se constituya sin contradicción alguna en mecanismo efectivo de la aplicación de un importante componente de la política de seguridad del país formulada y ejecutada por el Estado venezolano, es imprescindible que la, por decir lo menos, traumática debilidad de la academia venezolana para estudiar el tema militar en general y los temas concretos de la seguridad y la defensa y las relaciones civiles y militares en particular, sea superada con prontitud. El guante está echado. Sólo con el trabajo afanoso del investigador serio y responsable podrá ser debidamente recogido.

III. Conclusiones En los 12 años transcurridos entre 1999 y 2011, el cúmulo de páginas escritas desde diferentes y enriquecedoras perspectivas para abordar de manera sistemática los más diversos aspectos relacionados con el funcionamiento de la seguridad y la defensa nacionales y la cotidiana operación de las relaciones civiles y militares en Venezuela contemporánea, se ha incrementado de manera altamente significativa y notoriamente alentadora.

El despertar de dicho interés, en algunos casos, y/o el renacimiento del mismo, en otros, en círculos representativos de las ciencias sociales vernáculas, responde, en buena medida, a la ingente necesidad de describir, analizar, interpretar y comprender de manera integral el derrotero histórico seguido por la sociedad venezolana en este período 11

Rafael Poleo (2001). “El nuevo rol de la institución armada”. En Hernán Castillo, Manuel Donís y Domingo Irwin (compiladores). Militares y civiles. Balance y perspectivas de las relaciones civiles-militares venezolanas en la segunda mitad del siglo XX. Caracas: UCAB. p.194.

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que sobrepasa ya la década de duración, habida cuenta durante su desarrollo se ha producido un conjunto de singulares transformaciones políticas, sociales y económicas que, para bien o para mal (como quiera vérsele, desde la óptica política que se tenga), anunció el despertar de una realidad nacional, en múltiples indicadores y descriptores, distinta y distante de la progresivamente conformada en los 40 años de vigencia del sistema democrático liberal representativo, comprendidos entre 1958 y 1998. Sucesión de cambios a los cuales no escapó el ámbito militar.

En efecto, la organización, misión, funciones, doctrina, despliegue y equipamiento de la fuerza armada nacional varió radicalmente en estos años, tanto como cambió la relación entre los hombres y mujeres de armas y el accionar político y la posición ocupada por los numerarios de la organización castrense en el entramado del Estado venezolano, en tanto y cuanto importante cantidad de equipos humanos provenientes de los cuarteles nacionales han sido colocados estratégicamente en otras instancias del poder nacional, con la tarea a cuestas de desempeñar cargos de enorme repercusión en los proyectos de desarrollo del país, en la teoría y en la práctica destinados a ser ocupados por profesionales de formación fundamentalmente civil.

La incertidumbre, la angustia, las dudas y el plausible temor acerca del destino de la democracia venezolana; en fin, la apresurada necesidad de conocer lo qué en verdad le espera al país en términos políticos, se incrementa al pasar de los días, cuando oficiales de alta graduación de la fuerza armada nacional, y además miembros del Alto Mando Militar, como el mayor general (Ej.) Henry Rangel Silva, jefe del Comando Estratégico Operacional, dividen con espantosa claridad las aguas, al pronunciar declaraciones de la siguiente laya que no pueden menos que alertar sobre el mensaje implícito y sus destinatarios: La Fuerza Armada Nacional no tiene lealtades a medias sino completas hacia un pueblo, un proyecto de vida y un Comandante en Jefe. Nos casamos con este proyecto de país (…) Para muchos hay algunos líderes militares que no les son convenientes y (dicen) que hay que sacarlos del camino (…) Los ataques están en la agenda de la oposición. El elemento Fuerza Armada históricamente ha sido utilizado 36

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para de alguna manera derrocar gobiernos. Ellos actúan apoyados por terceros países y eso afecta el nacionalismo.

La hipótesis (de un gobierno de la oposición) es difícil, sería vender al país, eso no lo va a aceptar la gente, la FAN no, y el pueblo menos.12

12 Así las cosas, en volandas, la inteligencia y la academia venezolanas se han visto urgidas de intentar la armazón de respuestas más o menos validas a interrogantes de suyo determinantes para el futuro de la nación, visto tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo; verbigracia: ¿qué está pasando en materia de seguridad y defensa? ¿Por qué y para qué (la finalidad última y real) se han adelantado los cambios operados en estos sectores? ¿Cuál es el nuevo marco en que se desenvuelven las relaciones civiles y militares en el país? ¿Dónde se ubica el punto referencial de llegada en el cual terminará desembocando la sociedad venezolana y su modelo político en caso de persistir por parte del liderazgo nacional los esfuerzos y ejecutorias por transitar la senda delineada al influjo de estos cambios?

En este punto, no cabe por ahora un debate de grandes proporciones acerca de la mayor o menor calidad de los productos de investigación científica contabilizados hasta el momento en el trabajo de explorar el funcionamiento de la seguridad y la defensa nacionales y la operación de las relaciones civiles y militares en Venezuela contemporánea. Lo realmente destacable es que dichos productos han crecido considerablemente en cantidad, a la par que ha crecido el interés, el tiempo y el espacio brindado por los medios de comunicación de masas para divulgar noticias y reportajes relacionados con estas materias.

Empero, el boom experimentado en la cantidad de trabajos destinados a desentrañar el hilo de Ariadna presente en las materias señaladas, aún es insuficiente para conformar cierto estado del arte plenamente 12

José Luis Carrillo (2011). En las FF.AA. nos casamos con el proyecto de país del Comandante Hugo Chávez (entrevista al general Henry Rangel Silva). [Documento en línea] Disponible en: http://www. noticias24.com/actualidad/noticia/179689/venezuela-adquirio-tanques-t72-btr-80-y-btp3-y-misilespara-defender-las-costas [Consulta: 2011, junio 30]

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satisfactorio que permita servir la mesa donde se genere la discusión seria y necesaria con posibilidades ciertas de generar opinión alternativa sólidamente sustentada. En opinión de quien esto escribe, todavía no se alcanza la debida profundidad en el análisis, en buena medida porque lo dinámico y cambiante de la situación (la volatilidad de la historia reciente, dirían algunos teóricos de la ciencia histórica) empuja el carro de la investigación hacia el tratamiento de hechos, fenómenos y procesos coyunturales a los que es imposible no intentar dar respuesta.

Tan obligado es el apresuramiento con el cual a veces es perentorio desarrollar estos análisis, que sus proponentes terminan obviando consciente o inconscientemente las constantes históricas presentes, olvidando de plano que los hechos, fenómenos y procesos sociales mal puede pensarse que son lo que son, cuando en verdad son lo que vienen siendo. Desafortunadamente, el tiempo para la reflexión sopesada luce brutalmente agotado la más de las veces. La calle se mueve a un ritmo difícilmente alcanzado por el pensamiento.

Por otro lado, el investigador se ve en la necesidad de sortear un conjunto de trabas, impedimentos, obstáculos y riesgos, fundamentalmente legales y de acceso a las fuentes, que como factores extraños y/o externos a su propia capacidad, dificultan in extremis la sana realización de su labor de pesquisa. El reclamo y la presión para que estos factores se minimicen en los años por venir debe ser una de las ocupaciones centrales de los llamados por vocación, formación y oficio, a acometer los proyectos de investigación relacionados.

La veracidad de la afirmación anterior no demerita otra aseveración inexcusable de ser considerada a la hora de explicar las deficiencias detectadas en materia de tratamiento académico de los problemas desprendidos del funcionamiento de la seguridad y la defensa nacionales y las relaciones civiles y militares en Venezuela contemporánea: la reticencia del investigador a adentrarse en los meandros propios de la temática en cuestión debido a la magnificación de factores dificultadores de las labores de recopilación y tratamiento de la información que sólo son atribuibles a su persona, dada su condición de factores propios e internos. La inventiva, la disposición, la habilidad para indagar en el 38

La difícil relación academia-seguridad y defensa en Venezuela contemporánea

cúmulo de espacios y fuentes disponibles con sólo la activación de la capacidad de saber a ciencia cierta lo qué se ha de buscar y cómo buscarlo de la manera más eficiente posible, son prácticas injustificadamente desatendidas por el investigador, las cuales deberían convertirse en ejercicios intelectuales cotidianos.

Para decirlo de manera tautológica, en la investigación académica acometida sobre los temas referidos deben privar el enfoque y la perspectiva académica. Esto es, el objetivo perseguido al emprender cualesquiera proyectos de investigación asociados debe ser el intentar hacer visible al público que pueda tener acceso a los resultados encontrados, un conjunto de observaciones, reflexiones y opiniones motivadas por el deseo manifiesto (se entiende que quizás no materializado del todo) de incrementar, con las limitaciones y errores atribuibles única y exclusivamente al investigador, el conocimiento documentado de las materias estudiadas, con absoluta independencia de las implicaciones o aplicaciones prácticas de diverso orden derivadas de su consideración; en el entendido que el norte implícito al momento de acometer las tareas inherentes a la investigación científica y la correspondiente creación intelectual, no puede ser otro sino generar opinión verificable y sólidamente sustentada, deslastrada de subalternas afiliaciones ideológicas.

Es hora, pues, de terciar, con propiedad y prontitud, en la satisfacción de la demanda acumulada por trabajos de investigación de largo aliento estructurados en trono a ejes transversales vinculados a los problemas detectados en el funcionamiento de la seguridad y la defensa nacionales y la operación cotidiana de las relaciones civiles y militares en Venezuela contemporánea. De lo contrario, se corre el albur de extender más allá de lo razonable y deseable el inexplicable desconocimiento que sobre el ámbito militar atesora buena parte de la academia y la inteligencia venezolanas y por ende de la colectividad en general.

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La “Hueste Indiana”: Surgimiento, composición, financiación y reclutamiento

Ebert Cardoza Sáez

1. Introducción El tema militar como objeto de estudio, presenta numerosas dificultades bibliográficas, documentales y hemerográficas. En especial, cuando se trata de enfocar aspectos de la Historia Militar ubicados en los siglos de la dominación colonial, hasta las primeras décadas del siglo XIX, cuando se produce la ruptura de los lazos de dependencia con la Metrópoli, y se opera el tránsito hacia la formación de un ejército de carácter anticolonialista, patriótico y/o republicano, surgido, en gran parte, de las filas milicianas. Para entender este tránsito, es necesario estudiar todo el pasado colonial y aquí las dificultades aumentan por la carga ideológica que suelen tener tanto las fuentes como los análisis.

De allí el valioso aporte del doctor Santiago-Gerardo Suárez, sobre la temática histórico-militar de la colonia, quien apoyado en una acuciosa investigación ha posibilitado un mejor acercamiento al estudio de las instituciones militares del período hispánico.

Este artículo se ha centrado, básicamente, en el análisis relativo al surgimiento, composición, financiación y reclutamiento de la “hueste indiana” en el continente americano, tomando como punto de partida la guerra de conquista española a principios del siglo XVI, en los territorios llamados “Indias Occidentales”, escenario donde irrumpió aquella fuerza militar invasora, procedente de la Península Ibérica, destruyendo consecuentemente los fundamentos de la civilización pre-hispánica.

En Venezuela, como en otras regiones, la hueste indiana, por una parte, se convirtió en factor de despoblamiento, causado por la acción genocida del invasor contra los aborígenes; y por la otra, en fuerza pobladora al constituirse las primeras ciudades como núcleos de colonización, y posterior expansión demográfica. El problema de la resistencia 43

Ebert Cardoza Sáez

indígena, en lo interno, y los ataques de corsarios y piratas, en lo externo, planteó a España la necesidad de organizar la defensa militar en sus dominios de ultramar. A tal fin, recurrió a la participación de los colonos, principalmente de los “vecinos españoles” y sus descendientes, quienes organizados en milicias fueron los encargados de defender, tanto los intereses de imperio, como el de sus propiedades y bienes como clase social dominante en la colonia. De allí germinó el carácter clasista de la institución armada. En lo sucesivo, el papel de las milicias estuvo estrechamente vinculado a la conservación de la estructura socio-económica de la sociedad hispanoamericana.

2. El surgimiento de la hueste indiana La guerra de conquista fue, a nuestro juicio, el hecho que inauguró el proceso histórico militar de Hispanoamérica, a partir del siglo XVI. La guerra contra los pueblos aborígenes impuso al invasor europeo, organizar su propia fuerza armada con su método, estrategia, táctica y técnica específica, y a militarizar13 un continente donde en sus tres cuartas partes “no existe un verdadero ejército”. Sólo México, y particularmente el Perú incaico, proporcionan ejemplos de poseer organizaciones militares más avanzadas, por cuanto, como afirma Salas refiriéndose al Perú “puede ejemplificar un estado cuya última etapa histórica denuncia un avanzado militarismo.14 Por lo demás, fueron México y el Perú las regiones donde se estructuraron las más complejas organizaciones sociales y políticas prehispánicas, sobre las cuales se establecieron los principales centros virreinales del imperio español.

En Venezuela, frente a la maquinaria bélica invasora, el aborigen carecía de ejércitos, pero su actitud guerrera se puso de manifiesto en una prolongada resistencia que se extendió hasta bien avanzado el siglo XVII. El cronista Pedro Mártir de Anglería, considerado el primer cronista general de Indias, escribió de los pobladores originarios de Cumaná lo siguiente: “las mujeres atienden a las cosas de la familia Según Guillermo Cabanellas de Torres, la voz “militarizar” se aplica “cuando se habla de un país, de un terreno, militarizarlo es darle condiciones de Teatro de Guerra, de ataque y defensa; construyendo fortificaciones, abriendo o cortando caminos, echando o destruyendo puentes, etc”, lo cual se adapta perfectamente al contexto que estudiamos. (Diccionario Militar, T. IV, p. 804).

14 Alberto Mario Salas. Las Armas de la Conquista. Buenos Aires, 1950, p. 273.

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La “Hueste Indiana”: Surgimiento, composición, financiación y reclutamiento

y a la agricultura más que los hombres, y éstos se dedican más a las cosas de la guerra”.15 El más largo proceso de conversión “pacífica” de los pueblos nativos se dio precisamente en Venezuela, como consecuencia de la feroz resistencia que el indígena venezolano le presentó al español, por lo cual la ocupación definitiva de este territorio fue, junto con la guerra de los Araucanos la más cruenta y prolongada de los dominios españoles en América. Según el historiador Manuel Magallanes, basado en una documentación aportada por Baralt, “el primer encuentro armado que tuvieron los españoles con los aborígenes del Nuevo Continente ocurrió en las costas venezolanas”16, en 1499, en un sitio bautizado por el capitán Alonso de Ojeda con el nombre de Puerto Flechado.

Los soldados expedicionarios españoles iniciaron la historia militar hispanoamericana, a partir del siglo XVI, con la introducción de la pólvora y el caballo, que junto a otros recursos bélicos17, no menos importantes como la espada, la lanza, el perro y la ballesta, constituyeron las principales armas, totalmente desconocidas para el guerrero nativo, con las cuales el conquistador pudo organizar su violencia para impulsar y consolidar su dominación. En lo sucesivo, virreyes, capitanes, generales y encomenderos serían los encargados de hacer efectiva la defensa del imperio y sus colonias. Los recursos bélicos empleados en América por los grupos hispanolusitanos, reflejaron el alto nivel de desarrollo alcanzado en el campo de la tecnología de armamentos en Europa para fines del siglo XV. Frente a tales recursos bélicos la resistencia indígena opuso un armamento de limitada efectividad: armas arrojadizas (flechas, dardos y varas) de madera y punta de hueso o piedra, las cuales difícilmente penetraban en las defensas de cuero o algodón (escaupil). El invasor español obligó al indígena a modificar y simplificar muchos elementos Pedro Mártir de Anglería. “Décadas del Nuevo Mundo”. En Venezuela en los Cronistas Generales de Indias. Caracas, 1962, T. I, Libro VIII, Cap. II, p. 13.

16 Manuel V. Magallanes. Luchas e Insurrecciones en la Venezuela Colonial. Caracas, 1982, p. 15.

17 Bajo la denominación de recursos bélicos agrupamos tanto las armas en sentido estricto (espadas, lanzas, ballestas, escopetas, arcabuces, etc.), como los animales utilizados por los españoles y portugueses en función militar (caballo y perro).

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culturales referentes a la guerra. El nuevo adversario llegaba con finalidades y objetivos que muchos pueblos indígenas no podían entender en su totalidad. Ignoraban el secreto de aquellas portentosas armas de guerra que llegaron a ser su más solicitado despojo.

Empero, dice Plaza Delgado, “con acierto podría decirse que el armamento militar con que el conquistador español redujo al indio constituyó un factor en estos hechos, cuya importancia no puede ser exagerada”. Sostiene el citado autor que, sin restar importancia a la eficacia de las armas europeas, no podríamos comprender dicho proceso si: no se coloca al hombre español, al soldado, que con distinta experiencia militar previa, desde los que muchos la tuvieron en diferentes escenarios y campañas europeas, hasta los que carecían totalmente de ella, en el centro mismo de los factores y los elementos que la iban a hacer posible.18

El español del siglo XVI, que tenía en su haber la experiencia terrible de una lucha de ocho siglos contra los moros, será pronto el personaje fundamental y casi legendario de la conquista del continente en proceso de ocupación. En cuanto a técnicas de combate empleadas por el nuevo contendiente del indígena, la información contenida en las fuentes es poco precisa. Sin embargo, del análisis de los datos generales referidos a los enfrentamientos bélicos indo-ibéricos se infiere que aquellas aplicadas por los grupos hispanoportugueses demostraron, en la práctica, una eficacia superior a la de sus oponentes.

En efecto, los contingentes militares indígenas, habituados a un tipo de guerra en el cual la lucha cuerpo a cuerpo en igualdad de condiciones representaba el punto culminante de la acción, aplicaron las técnicas correspondientes sin introducir, ni aún después de algunas experiencias negativas frente a los grupos ibéricos, modificaciones de importancia. Así, el orden de batalla cerrado, apto para un choque frontal entre grandes masas de combatientes de infantería, y/o la 18

Amilcar Plaza Delgado. Las Armas Españolas en la Conquista de Venezuela. (Siglo XVI), Caracas, 1958, p. 20.

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emboscada cuya finalidad era debilitar al enemigo antes del definitivo encuentro cuerpo a cuerpo, aparecieron como las formas exclusivas en que dichos contingentes operaron.19 Todos estos factores y elementos de carácter militar constituyeron la génesis del proceso histórico militar en Hispanoamérica, útiles para la comprensión de la “conquista y colonización” y el posterior desarrollo de las instituciones castrenses venezolanas.

3. Composición de la hueste indiana La invasión de América fue fundamentalmente obra de soldados.

Esta característica le imprimió al proceso un marcado sello militar.

“Las sociedades americanas de la primera época requerían gente capaz de imponerse por las armas, y aún los labradores y menestrales se hicieron soldados”.20 En la “hueste”21 conquistadora había de todo, pero los marineros y soldados constituyeron el grueso de la población expedicionaria.

La heterogeneidad social fue el rasgo distintivo de la composición de la hueste. La Armada de 1493 trajo gente de importancia, pertenecientes a las “familias más linajudas de Sevilla, altos funcionarios, criados de la Casa Real, hidalgos, caballeros, comendadores, clérigos”.22 Toda la mayor parte de la tripulación iba con sus armas de guerra para emplearlos ofreciéndose el caso. Entre los trescientos hombres a sueldo que podía llevar Colón en su armada de 1498 figuraban treinta marinos y treinta grumetes. Y cuando Cortés reclutó su tripulación, a su hueste de 508 soldados se sumaron 109 hombres entre maestres, pilotos y marineros. En abril de 1502 llegó la espectacular Armada El Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), de la Universidad Central de Venezuela, publicó un trabajo bajo el título Formación Histórico-Social de América Latina, en el cual se ofrece una información detallada sobre las técnicas de combate empleada por el conquistador europeo en el medio americano.

20 Angel Rosenblat. “Base del Español de América: Nivel Social y Cultural de los conquistadores y pobladores”, en Revista de Indias, XXXI. Nos.125-126, Madrid, Julio-Diciembre 1971, p. 32.

21 El término “hueste” y, más concretamente, “hueste indiana”, ha tenido –dice Santiago-Gerardo Suárezgran fortuna en la literatura histórica”. En el siglo XVI, al conjunto de hombres enganchados por un caudillo, se designa con el nombre de “gente”, vocablo ampliamente utilizado por los cronistas, y el cual, para el historiador, es el que mejor responde al origen modélico de la hueste indiana.

(Santiago-Gerardo Suárez. Las Milicias. Instituciones Militares Hispanoamericanas. Caracas, 1984).

22 Angel Rosenblat. Ob. Cit., p. 19.

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de Nicolás de Ovando, traía no menos de 2500 hombres, “la mayoría nobles y principales”23, la hueste constaba de 10 escuderos a caballo (es decir hidalgos), 52 peones de guerra y un maestro artillero. Además 13 frailes franciscanos, cuatro hermanos legos y cuatro clérigos, un médico, un cirujano y un boticario. Con este contingente comenzó una nueva etapa: fundación de diez poblaciones, conquista violenta de la isla La Española y el repartimiento de tierras y mano de obra indígena.

Hay motivos para pensar que entre los 2.500 hombres o más que iban en cada una de las expediciones –todos eran potencialmente hombres de armas– una buena proporción era de hidalgos24, y en tal situación prohibió el traslado de mas hidalgos a Indias. La mayoría de este componente social formaba parte de la baja nobleza española y constituyó el brazo militar de las villas o ciudades urbanas. Fueron los miembros de esta capa urbana de nobles segundones, gente ennoblecida o, simplemente, ciudadanos enriquecidos, quienes al pasar a las Indias, integraron el sector dirigente de la sociedad en formación.

“Fueron ellos quienes proporcionaron gobernadores, capitanes, regidores, alcaldes, etc., a la empresa de la conquista y colonización”.25 También formaban parte de la hueste: oficiales del Rey, clérigos, licenciados, bachilleres, escribanos, contadores, quienes luego llegaron algunos a improvisarse como capitanes. La composición de la hueste indiana era así muy compleja. “Con todo –dice Rosenblat– las expediciones formadas en las Antillas, y luego en el Darién, tuvieron sin duda una mayoría de soldados (peones, ballesteros, arcabuceros, piqueros) de las clases inferiores”.26 Aclara Angel Rosenblat que el soldado español de 1500 no era necesariamente de clase inferior, ni desde el punto de vista social ni cultural.

El ejercicio de las armas había sido privativo del estamento superior (los bellatores, defensores o guerreros): las milicias eran señoriales o de las órdenes militares, aunque ya Ibidem.

Ibidem.

Juan Friede. “Los Estamentos sociales en España y su contribución a la Emigración a América”. En Revista de Indias, XXVI, Nos 103-104, Madrid, enero-julio, 1966, p. 20.

26 Angel Rosenblat. Ob. Cit. p. 38.

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a fines de la Edad Media había además milicias concejiles, de vecinos de ciudades y villas, con peones y caballeros asimilados a la hidalguía.27

Finalmente, los Reyes católicos suprimieron las milicias señoriales y concejiles y organizaron el ejército real, constituido por voluntarios, sobre todo de la clase hidalga. Empero, la empresa conquistadora de las Indias no la emprendieron capitanías del ejército real, sino huestes expedicionarias de constitución muy compleja similares más bien a las viejas mesnadas; un caudillo-capitán alistaba voluntarios y nombraba, asimismo, capitanes de compañía; los soldados acudían con sus armas, vestimentas y malotaje y no percibían sueldo, sino participaban en los beneficios.

La composición de la hueste indiana tuvo marcada influencia sobre la nueva estructuración de la sociedad hispanoamericana, y sobre todo, en la génesis y desarrollo de la incipiente instituciones militares que comienzan a manifestarse desde el siglo XVI. “Las huestes de la conquista fueron un permanente ejército en trance de actuar”28, la alta proporción de hidalgos, marinos y soldados favorecía su función militar.

4. Financiamiento de la hueste indiana La vasta empresa de expansión colonialista en América es un proceso que debe estudiarse en el marco de las relaciones Estado-Particulares, el cual funciona correlativamente como mecanismo de financiamiento de la hueste indiana en representación de la autoridad real en el continente encontrado aquende el Océano Atlántico.

La hueste expedicionaria actuaba bajo la connivencia política y jurídica de la Corona española. Empero, la organización y financiamiento de las expediciones estuvo a cargo fundamentalmente, de intereses particulares. Tal como afirma Santiago-Gerardo Suárez: En momentos en que el control de los ejércitos por los monarcas europeos y, en particular, por los españoles, 27 28

Ibidem, p. 36.

Lucas G. Castillo Lara. Las Acciones Militares del Gobernador Ruy Fernández de Fuenmayor, p. 394.

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torna a ser un atributo de la soberanía real, la conquista de América se realiza por particulares, principalmente, que tienen a su cargo la organización de las expediciones, esto es, el aprontamiento de las naves, el pago de los sueldos de los pilotos y marineros, los socorros y ayuda de costa a capitanes y soldados, la contratación del clérigo, la provisión de los bastimentos y armas, pertrechos, caballos y, muy especialmente, el reclutamiento de la gente.29

El financiamiento de la hueste es uno de los aspectos más relevantes para comprender la estrecha relación existente entre las formas políticas y las formas militares y la circunstancia en que las formas políticas, económicas y militares evolucionan interrelacionadas, lo cual constituyen razones más que suficientes para entender diversos aspectos relacionados con el surgimiento de tal hueste en la hora crucial de la confrontación civilizacional en las innominadas tierras, luego llamadas las Indias, y el conocimiento de su génesis y desarrollo son indispensables para explicar el proceso conquistador y colonizador como un todo y, muy especialmente, para tener una idea cabal de la historia militar del Nuevo Mundo.

En términos estatales la hueste indiana era parte integrante de la política expansionista de España, pues se necesitaba abrir nuevas rutas comerciales para la explotación de nuevas fuentes de materia prima, ampliar las fronteras del imperio para ofrecer promisorias oportunidades de enriquecimiento a todas las clases sociales de la Península, pero sobre todo para la decadente nobleza y la monarquía.

La organización de las expediciones de conquista, exploración, rescate o poblamiento, se efectúa con arreglo al sistema jurídico de capitulaciones, que confiere a la Corona la prerrogativa de pactar con los particulares, la realización de determinadas empresas o servicios públicos, sin excluir las de tipo militar. Durante el siglo XVI, se concertan numerosas capitulaciones entre la Corona y los particulares, que determinan la prestación, en una u otra forma, de servicios militares, pues si bien los expedicionarios deben prepararse para llevar a cabo una 29

Santiago-Gerardo Suárez. Ob. Cit. p. 11.

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penetración pacífica, no se descarta la posibilidad de recurrir a las armas para la apropiación violenta de tierras y población nativa.30 Al entrar en crisis las finanzas públicas, la Corona da prioridad a las expediciones organizadas “a costa y minción”31 de los particulares, como dicen reiteradamente los documentos de época.

Cuando el principio de economía privada triunfa en la legislación Filipina de 1573 sobre el principio de economía pública, el número de empresas costeadas por el erario estatal en comparación con las costeadas por los particulares, resulta ser extraordinariamente reducido.32

El funcionamiento de la hueste indiana dependerá, pues de la capacidad económica de los promotores y, eventualmente, al éxito o fracaso de las expediciones. Las primeras que se efectúan a costa y provecho o minción de los particulares se inician en 1499, a cargo de gente del mar: Pinzón, Juan de la Cosa y Ojeda, Niño y Guerra, Lepe, y se limitan a actividades de rescate. La inhibición económica de la Corona no pasa inadvertida para los cronistas y tratadistas contemporáneos. Fernández de Oviedo manifiesta que “quassi nunca sus Majestades ponen su hacienda et dinero en estos nuevos descubrimientos, excepto papel e palabras buenas”.33 Vargas Machuca (1599) señala que: en esta milicia el príncipe no hace el gasto, porque el capitán o caudillo que a su cargo toma la ocasión él se hace la gente y las sustenta y paga y había (sic) de todo lo necesario, previniendo armas y municiones, sin que intervengan pagadores reales.34

Solórzano y Pereyra justifica las encomiendas como premio a tantos capitanes y soldados que sirven al rey en “conquista, pacificaciones y poblaciones (...) gastando en ellas vidas y haciendas sin pago alguno”.35En Ibidem, p. 15.

Minción: del antiguo misión, gastos o expensas que se hacen en algo.

32 Santiago-Gerardo Suárez. Ob. Cit. p. 17.

33 Gonzálo Fernández de Oviedo y Valdés. Historia General y natural de las Indias, Islas y tierra firme del Mar Océano. Managua, 1851.

34 Ibidem. Libro I, p. 46.

35 Ibidem, Libro III, Cap. II, n. 14.

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lo sucesivo, cuando el capitán promotor carece de suficientes recursos económicos para montar las expediciones, los obtiene de los mercaderes, como en otros tiempos; pero, convierte el préstamo en deuda de los hombres alistados y, al efecto, carga al común, el costo de la empresa. En algunos casos, quienes se incorporan a la hueste, además de colaborar económicamente, suman otros hombres a la expedición y pagan su flete y mantenimiento, a cambio de lo cual el caudillo les da algún cargo: una capitanía, una lugartenencia, una mayordomía.

Después de implantado el sistema de costas particulares, la misma Corona sufragó varias expediciones. Pero la gran mayoría corrió a cargo de particulares. Este aspecto económico del funcionamiento de la hueste es significativo porque ayuda a comprender la evolución de las relaciones Metrópoli-Colonias, las cuales progresivamente adquieren formas particulares de desarrollo con el transcurrir de los siglos.

5. Reclutamiento de la hueste indiana Habiendo analizado, en sus rasgos más generales, la composición de la hueste conquistadora, en su aspecto social, y examinado su mecanismo de financiamiento, es preciso ahora detenernos en las características que definen el reclutamiento de los soldados y, en general, de la gente que se alista en las expediciones.

En primer lugar, debemos señalar que el reclutamiento de la hueste se realizó con un acentuado carácter etnicista. En efecto, en 1563, un conjunto de reglas y principios entran a formar parte de la legislación indiana, relativo al tipo de gente que ha de incorporarse a las filas de la hueste y, en general, de los ejércitos. En ellas se manda a los capitanes, en una de las disposiciones ordenancistas, poner especial cuidado en que los reclutados “sea gente limpia de todo raza de moro, judío, hereje, o penitenciario por el Santo Oficio”.36 Ya con anterioridad a esta Ordenanza, hacia 1554, en Chile, se solicita que no se “admita a oficio de la guerra ni en ningún tiempo hombre que sea 36

Diego de Encinas. Provisiones, cédula de ordenanzas, Instrucciones y cartas, libradas y despachadas en diferentes tiempos por sus majestades... (cedulario Indiano), IV, p. 239, N° 76; citado por SantiagoGerardo Suárez. Ob. Cit. p. 43

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La “Hueste Indiana”: Surgimiento, composición, financiación y reclutamiento

hijo ni nieto de quemado ni reconciliado ni oficial de oficio mecánico”.37 En teoría, pues, la reglamentación regia se mostraba excluyente, segregacionista, reveladora de un etnicismo, base de la tan discutida “limpieza de sangre”.

Los estudios realizados sobre la procedencia regional de los primeros emigrantes españoles, coinciden en señalar, por su orden de importancia, a Andalucía, Extremadura, Castilla La Vieja, Castilla La Nueva como las comarcas que aportaron un mayor contingente a la colonización de Hispanoamérica en los siglos XVI y XVII. Sin embargo, a pesar de las notables diferencias de tipo provincial, no cabe duda de la existencia de un factor que permitió cohesionar al regionalismo español: lo étniconacional. Tal noción la observamos, muy particularmente, en el desarrollo de la guerra de reconquista contra los moros, y en la expulsión de los judíos. La conquista de América, se efectúa en una época en que la unificación política de las Coronas de Castilla y Aragón, impulsa, al mismo tiempo, un proceso de compactación étnica en el contexto de un incipiente nacionalismo, cuya primera etapa estuvo caracterizada por un claro etnocentrismo.

Algunas expediciones se reclutaron en España, otras en las Indias.

A partir del primer cuarto del siglo XVI, se prefiere reclutarlas en las Antillas, especialmente en La Española y Cuba. En 1526 se mandó a los capitanes conquistadores con licencia para rescatar, poblar y descubrir “sean (...) obligados a lleuar la gente que con ellos quieren yr (...) destos nuestros Reynos de Castilla o de las otras partes que no fueran prohibidas”38, y autorizan para seleccionar en Indias, solamente “una o dos personas (...) para lenguas y otras cosas necesarias”.39 La prohibición en referencia y, correlativamente, la obligación de reclutar gente en España, establece una distinción entre las huestes llamadas directas –cuando se nutre de chapetones, organizada y armada en la Península– y las llamadas derivadas –cuando se organiza y arma en las Indias con baquianos o chapetones residuales.

Alberto Mario Salas. Ob. Cit., p. 325 Diego de Encinas. Ob. Cit. p. 226, citado por Santiago-Gerardo Suárez. Ob. Cit. p. 36.

39 Ibidem, p. 238.

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La persona encargada de realizar el reclutamiento de la hueste es el Capitan40, autoridad suprema de la expedición y caudillo de la empresa. Como jefe supremo, es quien determina las jerarquías, la cual está integrada por un general, un maestre de campo, un sargento mayor y varios capitanes, alféreces y cabos: en algunas huestes, la jerarquía se reduce a la del capitán.

De ordinario, los preparativos para el reclutamiento de la gente degeneran en cierto exclusivismo, sólo cuando las circunstancias así lo permiten.

En oportunidades, ni siquiera es necesario enarbolar banderas, pues el enganchamiento corre a cargo de capitanes que tienen familiares y amigos en abundancia, capaces de congregar en torno suyo a grupos enteros de pobladores, suficientes a integrar unidades o compañías.41

Quedaba así la hueste a merced de un estrecho círculo familiar y personas de confianza, cuya limpieza de sangre se consideraba incuestionable.

Establecidos en la Indias, el reclutamiento de la gente que nutre las filas de la hueste se tornó más compleja. Se necesitaban hombres baquianos, conocedores del medio geográfico, e incluso demográfico, para realizar las jornadas de exploración y conquista. Es entonces cuando el reclutamiento de los indígenas desempeñó un papel decisivo. Desde el punto de vista militar, su función se limitó a la de una especie de guerrero auxiliar sin grado. Su participación era, a nivel estructural de la jerarquía, absolutamente marginal. Para el capitán y su soldadesca el reclutamiento era, con buena fortuna, sinónimo de grados, títulos y En realidad la palabra “capitan” recoge una tradición de larga data. Durante la Edad Media, los “Señores” y maestre de las órdenes militares a quienes los reyes conceden el poder y facultad para levantar y mantener ejércitos, suelen utilizar, para su reclutamiento de la gente de guerra, personas de su confianza a quienes instituyen capitanes de las compañías o bandas reclutadas. Mario Briceño Perozo apunta que el “Capitán o capitán guerra” es quien ejerce el mando de las fuerzas armadas.

En las provincias que se establecen en las Indias, en un principio, el mando militar recae en la persona del capitán, quien en su momento será Gobernador de lo conquistado. (Ver la ponencia de Briceño Perozo “Ambito institucional de la Capitanía General de Venezuela”, en Memoria del Tercer Congreso Venezolano de Historia, pp. 299-318).

41 Santiago-Gerardo Suárez. Ob. Cit. p. 42.

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señoríos; para el guerrero indígena, sólo se reservaba la esclavitud y la servidumbre.

En sus entradas de conquista la hueste española se hacía acompañar por un crecido número de indios, a quiénes ocupaban en tareas muy duras como eran las de cargar los mantenimientos, los pertrechos y los heridos; abrir caminos por la selva, cortar madera, construir fuertes y otras obras necesarias en la guerra. Diego de Losada, por ejemplo, extrajo para la expedición de conquista del Valle de Caracas, 800 indios que hicieron compañía a un ejército de apenas 150 soldados españoles.42

El reclutamiento indígena estaba enmarcado dentro de las relaciones de esclavitud impuestas por el invasor. Más que un soldado, el indígena era un esclavo de guerra. Por eso, al estudiar el sistema de reclutamiento de la hueste se hace imprescindible un análisis del carácter étnico-clasista que impulsa al mismo, a fin de establecer diferencias entre el reclutamiento aplicado al soldado español, a nivel estructural, y el aplicado al indígena, por reclutamiento forzoso o voluntario, exento de grados, títulos y premios.

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Eduardo Arcila Farías. El Régimen de Encomienda en Venezuela. Sevilla, 1957, p. 57.

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Algunas consideraciones sobre relaciones civiles y militares en Venezuela durante el perĂ­odo independentista

RaĂşl MelĂŠndez

Normalmente, cuando se utilizan las fuerzas armadas, el general recibe, en primer lugar, las órdenes del soberano.

Sun Tzu. “El Arte de la Guerra”

Para un estudio sistemático y detallado sobre las relaciones entre civiles y militares en Venezuela, en torno a la detentación del poder político y su correspondiente presencia frente a la sociedad, durante el proceso de independencia, se hace necesario, por lo complejo del asunto, un esfuerzo que deba pasar primero, hasta ir más allá, por la revisión, reflexión y reinterpretación históricas. Revisión que se ha acentuado durante los últimos años a propósito de estarse celebrando los doscientos años del inicio de la gesta emancipadora nacional, incitada ésta en un primer momento, precisamente, por sectores civiles de la vida nacional que ya tenían presencia significativa en los inicios del decimonono venezolano.

A los efectos de esta última apreciación, basta con verificar que los originarios movimientos de aquellos tiempos, autonómicos primero e independentistas después, fueron de naturaleza civil; la práctica juntista y la legislativa entre 1808 y 1812, extendidas en 1819 y 1830, son claros ejemplos de ello.

En torno a lo que decimos se puede adelantar una afirmación que resulta irrefutable y es que, por lo menos desde el punto de vista formal, nuestra tradición jurídica e institucional que se proyecta desde los tiempos independentistas, subordina las actuaciones del sector militar o de los hombres puestos en armas, a las autoridades civiles.

Entre 1812 y 1830, año este último cuando finalmente se establece una república institucional y constitucionalmente efectiva, encontramos varios espacios entre los que se incluye el período bélico; escenario este último no tratado en el presente ensayo puesto que Domingo Irwin trabaja magistralmente algunos aspectos de ese período en esta misma compilación. Sin embargo, se debe resaltar que 59

Raúl Meléndez M.

una de sus características fue el absoluto liderazgo de Simón Bolívar, sobre todo hasta 1821, que opacó cualquier gran actuación de algún otro actor o grupo que se interpusiera a su liderazgo. En otras palabras, el libertador fue estadista como ciudadano y General como militar.43 Frente a lo que gran parte de la historiografía venezolana reduciendo casi todo el proceso independentista, de manera desconectada, a la mera actuación de quienes entonces se hacían llamar patriotas44, resumida en gestas, batallas y campañas gloriosas, resurgen voces autorizadas señalando que el asunto no parece tan fácil como para remitirnos única y exclusivamente a un campo de batalla, excluyendo de todo protagonismo a un sector civil que al igual que los próceres militares, también construyó la idea tempranera de nuestra independencia con figuraciones que estamos obligados a reivindicar y reconocer: El militarismo ha creado una confusión entre independencia y libertad (...). Los militares, al presentarse como los autores de la independencia y de la libertad, han logrado algo que es muy importante, que es calar en la conciencia histórica del venezolano como la fuerza creadora de la nacionalidad.45

Lo anteriormente afirmado es una preocupación vieja que debe conducirnos hacia nuevas reflexiones, habida cuenta que hoy, a doscientos años de aquellos acontecimientos, sectores propensos a retener el poder político convierten nuestro pasado histórico en un dique ideológico para seguirlo detentando con delatadas intenciones de perdurabilidad.

La Independencia aún continúa, hoy es más que un slogan publicitario.

Los civiles toman la iniciativa El tiempo histórico que transcurre entre 1808 y 1812 va a tener dos momentos. Uno que abarca los años 1808 y 1810 caracterizado por moEn 1814 Bolívar llegó hasta conferirle el grado de Capitán al niño de apenas tres años José Félix Ribas, hijo del prócer del mismo nombre. Ver: Boletín del Archivo Histórico de Miraflores Nº 1-2. Juliooctubre. Caracas 1959. pp. 5-16.

44 Tendencia esta que comienza a los pocos años de terminada la guerra pero posteriormente acogida por una infinidad de autores e instituciones como la Academia Nacional de la Historia.

45 Germán Carrera Damas entrevistado por Gloria Bastidas. El Nacional. Caracas. 11/12/2011. p. 4.Sietedias.

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Algunas consideraciones sobre relaciones civiles y militares en Venezuela durante el período independentista

vimientos juntistas y, el otro, entre 1810 y 1812 con el inicio de la práctica legislativa en Venezuela. Durante este tiempo no se puede hablar de relaciones civiles y militares propiamente dichas en pro de la obtención del poder en nuestras provincias, toda vez que del lado español ni del de los futuros insurgentes se contaba con un ejército en el sentido moderno de la palabra. Sin embargo, se antojan indispensables algunas referencias para abordar el proceso que se produjo el estallido de la guerra.

Las juras a Fernando VII se hicieron desde diferentes lugares del territorio patrio durante aquel 1808. Otro hecho de relevancia en esta primera etapa lo constituyen dos proyectos de juntas promovidos desde Caracas. Uno propuesto por el Gobernador Juan de Casas en julio y, el segundo, en noviembre por un grupo de notables caraqueños. Ambos en 1808. El primer proyecto de Junta al que nos referimos no tuvo mayor trascendencia, sobre todo por la alusión que hace a la Junta de Sevilla, ya que ésta no era considerada representativa del gobierno peninsular.

La segunda propuesta de Junta, en noviembre, tampoco fue más allá, toda vez que los caraqueños firmantes y proponentes, aun cuando manifestaron una clara posición de adhesión y fidelidad hacia Fernando VII, eran observados con ciertas dudas por las autoridades peninsulares establecidas en Caracas. Recelo este que dos años más tarde sería despejado toda vez que aquellos suscribientes que juraban fidelidad al rey depuesto, se constituyeron en protagonistas de primer orden para propiciar la autonomía primero (una especie de autodeterminación disfrazada), en 1810 y la independencia luego en 1811.46 Para nuestro interés, lo que si se deja claro es que desde entonces un importante sector de la sociedad civil caraqueña, fundamentalmente comerciante, muy vinculado al Ayuntamiento y a otros sectores del oficialismo español, comienza a apresurarse en tomar cartas en el asunto de la crisis peninsular, indistintamente de las pretensiones subyacentes entre los distintos protagonistas.

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Muchas interpretaciones se tejen alrededor de este aparente cambio brusco de actitud por parte de los mantuanos firmantes. Ver: Inés Quintero. La Conjura de los mantuanos. Caracas, Ediciones UCAB, 2002, pp. 7-18.

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Raúl Meléndez M.

En mayo de 1809 el gobierno provisional español llama a elecciones en sus colonias convocando a la participación americana a los efectos de su representación parlamentaria en un eventual gobierno central metropolitano. Esta convocatoria pareció una suerte de propuesta novedosa. Sin embargo, trajo consigo dificultades inimaginables; sobre todo porque dicha participación jamás se planteó en términos de igualdad de representación península-colonias. Y eso provocó mucha suspicacia.

Entendemos que una segunda etapa de aquellos años que por los momentos nos preocupan, se da entre los años de 1810 y 1812. Sobre todo porque comienza con la reaparición del juntismo en 1810 que se había opacado, en cierto modo, con las elecciones de 1809 y que ahora si vendría con intenciones bien definidas, dicho está, de autonomía primero e independencia después, tal y como se observará cuando se estructure más adelante la Suprema Junta de Gobierno resultante de los sucesos del 19 de abril. Suprema Junta que se constituirá en sustituta de la máxima autoridad española representada por la Capitanía General.

La fecha clave para el inicio de este segundo momento va a ser, sin lugar a dudas, el 19 de abril de 1810 por todo lo que él representa y que ha sido reconocido así por gran parte de la historiografía patria. Desde aquella fecha tomarán especial interés las experiencias juntistas que reseñábamos. Los criollos caraqueños, ahora con mayor experiencia, ya contaban con el apoyo de ciertos jefes militares y milicianos y también de otros sectores de la sociedad civil como los pardos y el Clero: Juan Germán Roscio, José Félix Sosa, José Félix Ribas y el canónigo José Cortés de Madariaga entre otros.

Desde aquel primer momento se dejaba claramente establecido que ese movimiento tenía todas las características de una insurrección civil, presentando inicialmente un discurso en apariencia confuso, que desconocía por primera vez a la máxima autoridad engendrada desde España para esta colonia, pero simultáneamente se declaraba defensor de los derechos de Fernando VII: 62

Algunas consideraciones sobre relaciones civiles y militares en Venezuela durante el período independentista

El movimiento del 19 de abril de 1810, no fue un movimiento independentista sino un movimiento de la sociedad civil de la época, representada `por la clase mantuana y los blancos criollos y pardos (...) Por eso, lo central del 19 de abril como movimiento fue el ejercer el principio de representación que terminará convirtiéndose en el primer manifiesto de soberanía de la nación, aunque esté revestido de adhesión al rey.47

De este modo, la primera institución de corte civilista que con cierto orden y organización comienza a desconocer a las autoridades metropolitanas del momento fue el Cabildo de Caracas, aquel 19 de abril de 1810. Un sector militar, en el caso caraqueño, estuvo del lado de la insurgencia pero siempre en el entendido que para todos los efectos se encontraría subordinado a las autoridades civiles que se formarían a raíz de aquellos acontecimientos. Como en efecto así fue. Incluso, el mismísimo Capitán General que fungía como autoridad civil y militar a la vez, no pareció mantener una conducta de radical rechazo a lo que estaba sucediendo entonces.

Algunos de los insurrectos lograron, inconsultamente, que se les reconociera como diputados del pueblo, en clara alusión de su investidura civil, pero contando desde ya con un grueso grupo de hombres en armas Aquella mañana el cabildo sesionó, formalmente ilegal, con un abultado número de capitulares; más de lo reglamentariamente admitido.La parte final del Acta que se elaboró aquel día resulta bastante ilustrativa sobre lo que hemos venido sosteniendo: En el mismo día, por disposición de lo que se manda en el acuerdo que antecede, se hizo publicación de éste en los parajes más públicos de esta ciudad, con general aplauso y aclamaciones del pueblo, diciendo: ¡Viva nuestro rey Fernando VII, nuevo Gobierno, muy ilustre Ayuntamiento y diputados del pueblo que lo representan! Lo que ponemos por diligencia, que firmamos los infrascritos escribanos de que demos fe.48 José Pascual Mora. “La Junta Suprema de Caracas y el proceso juntero en la región andina tachirense”, Mañongo, Valencia, nº 35, julio-diciembre de 2010, pp. 9-19. P 14-15.

48 “Acta del 19 de abril de 1810” en http. www.bib.cervantesvirtual.com/servletSirveObras [20-12-2011].

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Y he aquí los firmantes, mucho de los cuales autodenominándose diputados del pueblo pertenecían al sector civil: Vicente de Emparan; Vicente Basadre; Felipe Martínez y Aragón; Antonio Julián Álvarez; José Gutiérrez del Rivero; Francisco de Berrío; Francisco Espejo; Agustín García; José Vicente de Anca; José de las Llamosas; Martín Tovar Ponte; Feliciano Palacios; J. Hilario Mora; Isidoro Antonio López Méndez; Licenciado Rafael González; Valentín de Rivas; José María Blanco; Dionisio Palacios; Juan Ascanio; Pablo Nicolás González, Silvestre Tovar Liendo; Doctor Nicolás Anzola; Lino de Clemente; Doctor José Cortes, como diputado del clero y del pueblo; Doctor Francisco José Rivas, como diputado del clero y del pueblo; como diputado del pueblo, doctor Juan Germán Roscio; como diputado del pueblo, Doctor Félix Sosa; José Félix Ribas; Francisco Javier Ustáriz; fray Felipe Mota, prior; Fray Marcos Romero, guardián de San Francisco; Fray Bernardo Lanfranco, comendador de la Merced; Doctor Juan Antonio Rojas Queipo, rector del seminario; Nicolás de Castro; Juan Pablo Ayala; Fausto Viana, escribano real y del nuevo Gobierno; José Tomás Santana, secretario escribano.49 Como consecuencia de aquellos actos, surgió en Caracas la primera Junta Conservadora de los derechos del rey Fernando VII, compuesta por José de las Llamozas, Martín Tovar Ponte, Isidoro A. López Méndez y Juan Germán Roscio. Acto seguido la Junta crea cuatro instancias de gobierno; Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gracia y Justicia, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Guerra y Marina. Luego, con ciertas estrategias pretenderá el control de unidades militares claves, mientras la idea de creación de nuevas juntas en adhesión a la de Caracas se extendía por gran parte del territorio nacional. Pero siempre con mayor participación de sectores civiles: Los integrantes del nuevo gobierno eran, sin excepción, vecinos principales de la ciudad fundamentalmente criollos, aunque también había algunos españoles. Todos ellos, tanto los criollos como los españoles, eran propietarios, hacendados, hombres de leyes y comerciantes.50 49 50

Ibid.

Inés Quintero. El último Marqués. Caracas, Fundación Bigott, 2002 p.103.

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Algunas consideraciones sobre relaciones civiles y militares en Venezuela durante el período independentista

En razón de aquel 19 de abril, el día 27 del mismo mes en Cumaná y Barcelona asumen también la representación y defensa de los derechos de Fernando VII. El 4 de mayo lo hace Margarita, el día siguiente Barinas crea una Junta en iguales términos que la de Caracas. El 16 de septiembre lo hace Mérida y Trujillo el 9 de octubre. Como bien se sabe, al movimiento caraqueño no se adhieren Guayana, Maracaibo ni Coro.

Desde los primeros momentos los líderes del movimiento no sólo se preocuparon por recalcar sobre la naturaleza civil del mismo, sino que también lo hicieron por marcar sus diferencias con el sector militar y, además, subordinarlo a su autoridad. A propósito de un extracto del Bando de Organización Interior publicado el 25 de abril como efecto directo del acta que se había firmado seis días antes: El Gobierno Militar pasa del Capitán General a un funcionario designado por la Suprema Junta, separándose así la autoridad militar de la gubernativa y quedando aquélla subordinada a la autoridad de la Suprema Junta. Son las razones de gobierno civil las que fundamentan esta subordinación de la autoridad militar a la civil, expuestas en el Manifiesto de la Junta Suprema de Sevilla: “Convence lo mismo la necesidad indispensable en toda Nación de un Gobierno civil que atienda a la felicidad general del Reyno, y al cual esté subordinado el militar. La confianza de la nación, y por consiguiente sus fondos y capitales, necesariamente se apoyan en el gobierno civil”.51

La Junta comisionará al jurista Juan Germán Roscio para que norme o establezca las fórmulas a seguir para la conformación de un Congreso Constituyente. En efecto, Roscio elabora el Reglamento para la Elección y Reunión de Diputados que han de componer el Cuerpo Conservador de los Derechos del Sr. D. Fernando VII en las Provincias de Venezuela.52 Desde el punto de vista formal este Reglamento tiene una gran importancia. Primero, porque lo componen un conjunto de reglas que van a normar la elección de la diputación que representará a cada una de las provincias que se adhieran al movimiento caraqueño y, segundo, porque 51

Juan Garrido Rovira. De la Monarquía de España a la República de Venezuela. Caracas, Universidad Monte Ávila, 2008. p. 212.

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constituye un empeño legislativo que refuerza el carácter civil de todo aquel movimiento que ya tenía por su complejidad y sistematicidad, características de proceso.

Del mismo modo, se convierte en un referente reglamentario previo y necesario a la conformación de nuestro primer Congreso Nacional. En otras palabras, es uno de los eslabones que unen al 19 de abril de 1810 con toda la actividad parlamentaría de 1811-1812 y, en consecuencia, con la declaración de la Independencia en julio y la sanción de la Constitución en diciembre de 1811.

El Reglamento se sanciona el 11 de junio de 1810 y, amén de regular las elecciones de diputados provinciales con el objeto de ganar adeptos a la causa caraqueña, reafirma la vocación de anteponer el carácter civil del movimiento autonómico que precursaba; aspirando la Junta Suprema, por la vía electoral, delegar en un futuro cuerpo parlamentario o Junta General de Diputación toda la autoridad y poder que decía ostentar.

En una especie de Declaración de Motivos contenida en el reglamento podemos extraer: Pero esta delegación no tendrá parte alguna en la execucion53 de sus providencias. Sus primeros actos se dirigirán a establecer un ramo ejecutivo bastante enérgico para la expedición de toda clase de negocios, conforme a las disposiciones adoptadas por ella, y suficientemente coarctado para que haya la mayor pureza en el manejo de las rentas, y la mayor imparcialidad en la distribución de los empleos.

No mandará ella la fuerza armada; no se entenderá con individuo alguno en particular; sus actas deben hablar con todos; y su poder se apoya únicamente sobre la confianza pública.54

Finaliza esta exposición: “Reglamento para la Elección y Reunión de Diputados Que han de Componer el Cuerpo Conservador de los Derechos de Sr. Fernando VII” en Ediciones facsimilares de la Fundación John Boulton.

Caracas 2006.

53 Se respetará la grafía de la época.

54 Reglamento para la Elección y Reunión de Diputados Que han de Componer el Cuerpo Conservador de los Derechos de Sr. Fernando VII. Ediciones facsimilares de la Fundación John Boulton. Caracas 2006. p. 6.

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Con la precaución de establecer una separación bien clara y pronunciada entre el ramo executivo y la facultad dispositiva ó fuente provisoria de la ley (...) Las reglas que se prescriben para que tengan parte en su elección todos los vecinos libres de Venezuela, van a exponerse a continuación; pero la tierna inquietud de esta Junta Suprema por la suerte de las provincias que temporalmente se han sometido a su dirección, le obliga a repetir que sin una favorable predisposición por parte de toda la comunidad, sin un ardiente deseo del bien general, sin moderación, sin desinterés, y en una palabra, sin espíritu público, de nada servirán las mejores disposiciones, y que quanto mas francos y libres sean los reglamentos que gobiernan á un pueblo, son tanto mas necesarios el patriotismo y la virtud.55

Es muy probable que estas precisiones no reflejen necesariamente la posición de la Junta Suprema en su conjunto, sino, más bien, la visión que tuvo su autor, Roscio,56 respecto a la importancia del ciudadano, de la ley y de la división de los poderes; asunto que ha prevalecido desde entonces en todos nuestros textos constitucionales, conformándose así toda una tradición jurídica que hoy cumple las dos centurias y que, quizás en algún momento, ha servido como muro de contención a tantas desenfrenadas ambiciones de poder de ciertos sectores militares.

Dejando así su impronta en los posteriores documentos legales que se van a sancionar en Venezuela aún después de lograda la Independencia. Inclusive, condicionando en cierto modo, al constituyentista que se aprestaban a elegir; lo que constituía, al fin de cuentas la razón de ser de dicho texto.

De la misma manera revela aquel prolegómeno, unido a la declaración del 19 de abril, como el sustrato ideológico de los primeros movimientos, considérense independentistas o no, no podía contaminarse con la participación de sector militar alguno; sector que debería estar sujeto a un incipiente estado de derecho que apenas anclaba en 55 56

Ibídem. p. 8 En un cambio de actitud este jurista, considerado entre los ideólogos de la independencia, escribiría años después: “Peque, Señor, contra ti y contra el género humano, mientras yo seguía las banderas del despotismo (...) En vez de defender con ella sus derechos, los atacaba sin reflexionar que también los míos eran comprendidos en el ataque” Ver: Roscio Juan Germán. El triunfo de la libertad sobre el Despotismo. Caracas, Biblioteca Ayacucho 1996. p. 7

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las mentes de aquellos precursoresY es que este Reglamento no sólo va a ser referencia previa a la formación de la Constituyente de 1811, sino también durante el desarrollo de esta última. Así vamos a ver como en la sesión del 3 de julio de 1811, cuando se discutía nada más y nada menos sobre la conveniencia o no de una declaración de independencia y si, efectivamente, aquel conjunto de diputados disfrutaban de legitimidad para tal acción, el diputado Alamo invoca al mencionado texto jurídico en los términos siguientes: Se alega como razón para no decidir la Independencia, la necesidad de consultar antes la voluntad de los pueblos. Yo creo que no es necesario este paso, porque el reglamento de elección con que hemos sido constituidos representantes de esos mismos pueblos, nos autoriza para todo lo favorable a nuestros constituyentes: nada puede serlo tanto como la Independencia; por ella vamos a recobrar enteramente nuestros derechos y todos los bienes inseparables de tan preciosa adquisición. Sí estamos, pués, autorizados, como lo creo y sostengo, debemos no detenernos en esta razón; y si no hay otras que lo contraríen, declarar, desde luego, nuestra absoluta Independencia.57

La diputación electa para conformar el congreso constituyente efectivamente se instala el 2 de marzo de 1811. Ese mismo día se insta a la incorporación de la fuerza armada en manos del Comandante General de las Armas y el Gobernador Militar, quienes prestaron el juramento siguiente: ¿Jurais a Dios, y dais vuestra palabra de honor al Congreso de Venezuela de no reconocer en estas Provincias otra Soberania que la suya, como representante legitimo é inmediato de la del Señor Don Fernando VII: obedecer y hacer respetar las leyes que el sancione y haga promulgar; no usar de la fuerza que por el se os ha confiado, sino del modo que se os indique por el poder executivo á que estais subordinado (...)58

57 58

“Congreso Constituyente 1811-1812”. Tomo I Ediciones de Congreso de la República Caracas 1983. p.112.

Ob. Cit. falta página

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Más elocuente no puede ser este juramento que se convierte en mandato; es decir, la participación militar como institución sujeta a la autoridad civil, expresamente establecida en la primera constituyente que le dio formalidad jurídica e institucional a nuestra nación.

A pesar de que la representación de los hombres de armas en el congreso era numerosa, la presencia de individuos de formación cívica fue más determinante; sobre todo por la naturaleza de las cosas que se estaban discutiendo. Muy pronto a las armas les iba a tocar su papel protagónico y los que hoy eran actores principales poco tiempo después, prematuramente, irían a desaparecer del escenario independentista; incluso hasta del terrenal.

La sujeción de la fuerza armada a la autoridad civil se manifestaba, con cierta frecuencia, en algunas discusiones de la constituyente; pero se manifestaba e imponía sin discusión alguna. Sólo para citar dos casos.

En la sesión del 26 de junio de 1811 se discutió una solicitud emanada de los comandantes de los batallones de pardos de Caracas y Aragua, Carlos Sánchez y Pedro Arévalo para que fuesen restituidos a sus cargos, según los artículos 13 y 34 del Reglamento de Milicias en respuesta el Congreso acordó: Que el Poder Ejecutivo ponga a los comandantes de pardos en posesión de las facultades que les da el artículo 13 del Reglamento de Milicias de Cuba, y que si en consecuencia creyese inútiles los subinspectores, los suprima según estime conveniente.59

Dicho de otro modo, el congreso comienza a facultar al Ejecutivo para que decida sobre asuntos de orden militar a su conveniencia e interés. Durante la sesión del 18 de julio: Se dio cuenta de un oficio del capitán general de Barcelona fechado en 22 de junio próximo pasado y de las noticias que acompaña relativas al desempeño y progresos de las tropas acantonadas en el pueblo de la Soledad; en cuya consecuencia se acordó que pasasen en copia al Supremo Poder Ejecutivo.60 59 60

Ob.Cit p. 78.

Ibíd. p. 84.

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Las prerrogativas del congreso eran muchas, aun cuando el brazo ejecutor fuese, precisamente, el Supremo Poder Ejecutivo; en algunos casos este último con facultades extraordinarias, como las concedidas por decreto en la sesión del 13 de julio para ser aplicadas en el caso de los sentenciados por la conspiración de Valencia. Facultades otorgadas en los términos siguientes: Reflexionada por S.M. la materia y pesadas las arduas circunstancias en que estaba la Confederación, acordó expedir un decreto autorizando al Ejecutivo para obrar libremente y sin sujeción a trámites, eligiendo para ello del Congreso cuantos individuos creyese a propósito, como consta del decreto registrado en el Registro Legislativo del Congreso.61

Desde los días cuando se discutía sobre la conveniencia de declarar la independencia ya se temía la existencia de posibles brotes insurreccionales que tal decisión podría acarrear. En efecto, el 11 de julio se produjo una conspiración en Valencia que provocaría la primera intervención militar de Miranda. El asunto valenciano traería nuevas y muchas discusiones en el joven congreso; discusiones de toda índole y naturaleza y que, por supuesto, no dejarían de tocar el problema militar. Por ejemplo, durante la sesión del 19 de agosto el diputado Palacios sostendría que: “Valencia necesita de un gobierno militar por algún tiempo para restablecer el orden y desarraigar el mal”.62 Mientras que el diputado Bermúdez revelaba como: “Las facultades cedidas al Poder Ejecutivo le dieron plenitud de facultades, y no está fuera de ellas el levantar tropas para obrar a favor de la seguridad pública”.63 Durante la sesión del 17 de julio y las siguientes, el congreso discutiría el destino de los diez detenidos por dicha conspiración. Las propuestas iban desde la ejecución de la pena de muerte para todos, perdón para algunos o la amnistía general. Por decisión del congreso el asunto fue pasado a la Alta Corte de Justicia quien sentencia a muerte a cinco de Ibídem, p. 165.

Ob. Cit p. 252.

63 Idem.

64 Ibídem p. 201.

61 62

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los detenidos, dando cuenta de ello al parlamento el 27 del mismo mes; decisión esta que no fue acogida por el máximo órgano legislativo.

Por el año de 1811 la actividad legislativa no sólo se concentró en Caracas. También hubo otras regiones que la ejercieron en razón de que se respiraba un aire de autonomía provincial. Por ejemplo, en la sesión del 31 de julio de 1811 el diputado Tovar destaca la necesidad y la conveniencia de que se le reconozca a las provincias la mayor autonomía posible.64 Y así sucedería en algunos casos como por ejemplo cuando la provincia de Barinas el 26 de marzo de 1811 promulgó un “Plan de Gobierno” para conformar una Junta Provincial.

En su caso Mérida elabora una “Constitución Provisional Provincial” el día 31 de julio. En el Capítulo Sexto de su texto crea la figura de “Jefe de Armas”, sujeta al Poder Ejecutivo y recaía en un gobernador militar y comandante general de las armas. De igual modo, en su Capítulo Noveno legisla sobre la Milicia y, además, establece la obligación a todo ciudadano de defender la patria de ser necesario y sin ningún emolumento.65 La misma práctica acoge Trujillo al promulgar su “Plan” el 2 de septiembre de 1811. En su Título Séptimo norma la actividad de las Milicias correspondiéndole su jefatura a un Gobernador y Comandante General de las Armas que designaba, igual que en Mérida, el Colegio Electoral.66 Observamos entonces que la praxis legislativa, como forma típica de participación del civil en los quehaceres del Estado, cualquiera fuese el rango y naturaleza que adoptara, fue notoria y prolífica durante aquellos primero tiempos de nuestra independencia. Y no podía ser de otro modo por cuanto los planteamientos centrales y los objetivos inmediatos que se perseguían así lo exigían. Podríamos pensar, incluso, que existía una suerte de dictadura parlamentaria para decidir hasta la aplicación o no de sentencias de la Alta Corte de Justicia.67 Allan Brewer-Carías. El paralelismo entre el constitucionalismo venezolano y el constitucionalismo de Cádiz. En Asdrubal Aguiar (Coordinador). La Constitución de Cádiz de 1812. UCAB. Caracas 2004. pp. 267-268.

66 Ídem.

67 Ob.Cit. p. 231. Durante la sesión del 8 de agosto y en referencia al caso Francisco Rondan, uno de los alzados en Valencia el 11 de julio, el diputado Palacios afirmaba que: “Toda discusión esta evitada, con que se declaren nulas las sentencias, pues en ellas se ha quebrantado la ley con el mayor descaro”.

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En diciembre de 1811 se promulga el texto constitucional declarándonos un estado confederado, manifestando en parte de su normativa un gran celo por reservarse los órganos constituidos el control sobre el sector militar. En este sentido: El Congreso tendrá pleno poder y autoridad para levantar y mantener ejércitos para la defensa común y disminuirlos oportunamente; construir, equipar y mantener una marina nacional; formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno, administración y disciplina de las referidas tropas de tierra y mar; hacer reunir las milicias de todas las Provincias o parte de ellas, cuando lo exija la ejecución de las leyes de la unión y sea necesario contener las insurrecciones y repeler las invasiones; disponer la organización, armamento y disciplina de las referidas milicias y la administración y gobierno de la parte de ella que estuviere empleada en servicio del Estado, reservando a las Provincias la nominación de sus respectivos Oficiales, en la forma que prescribieren sus constituciones particulares y la facultad de dirigir, citar y ejecutar por sí mismas la enseñanza de la disciplina ordenada por el Congreso; sostener los ejércitos y escuadras, siempre que lo exijan la defensa y seguridad común y el bien general del Estado y declarar la guerra y hacer la paz.68

Mientras tanto al Poder Ejecutivo se le atribuía el mando supremo en toda la confederación de las armas de mar y tierra y las milicias nacionales cuando se hallen en servicio de la nación. Además, previo aviso, consejo y consentimiento del Senado podría conceder grados militares y otras recompensas honoríficas, compatibles con la naturaleza del gobierno, aunque sea por acciones de guerra u otros servicios importantes.69 Pero además existió otro articulado en esta Constitución de 1811 que hace clara referencia como deberían mantenerse las relaciones entre civiles y militares de entonces. Tenemos, por ejemplo, el artículo 121 que limita las acciones de las provincias con respecto al levantamiento y mantenimiento tropas, mientras el 177 impide a militares ciertas ac68 69

“Constitución de 1811”. Art. 71 en http www.bib.cervantesvirtual.com/servletSirveObras [21/12/2011] Ídem. Arts. 86 y siguientes en http www.bib.cervantesvirtual.com/servletSirveObras [21/12/2011]

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tuaciones en tiempo de paz y, en tiempo de guerra, a menos que sean por “(...) orden de los Magistrados civiles, conforme a las leyes”.70 Aun cuando esta constitución fue muy difícil que entrara en vigencia por el período bélico que ya se asomaba desde los días anteriores a su promulgación, se revelaban en ella principios pilares de toda nuestra tradición jurídica; por ejemplo, el de la supremacía de la ley que heredamos del constitucionalismo francés; la ley como expresión de la voluntad general y la constitución por encima de toda ella que lo encontramos en sus artículos 3 y 149 Asimismo, encontraremos el principio de la separación de los poderes. Aun cuando uno de sus aspectos criticables fue que dio también un exceso de atribuciones al Congreso Constituyente de 1811; en este caso el Preámbulo resulta más que ilustrativo.

Si en la historiografía venezolana no se hubiera torcido el rumbo interpretativo de aquellos acontecimientos, en donde la participación del sector civil fue clave y determinante, estas consideraciones sobre aspectos básicamente formales tendrían muy poco sentido y fueran algo de Perogrullo. Pero, recordemos lo que ya advertíamos sobre la revisión y reinterpretación de los momentos que nos ocupan.

Venezuela las cosas van a cambiar cuando el problema de la ruptura voltea hacia la confrontación bélica. Objetivamente entrábamos en una guerra que dejará entonces secuelas imborrables; ya en 1812 el proceso independentista se encontraba en armas, complicándose las cosas para las huestes patriotas con la Capitulación de Miranda y el consecuente dominio y persecución militar del realista Monteverde en represalia a todo aquel que hubiera participado en los movimientos libertarios de 1810 y 1811. En consecuencia, los textos legales que hemos venido analizando, sin discutir su validez y carácter históricos, van a quedar en el papel. En el mejor de los casos, pasarán a formar parte de instrumentos para la comprensión de toda la tradición jurídica nacional.

Ante tales circunstancias de hecho, la actividad parlamentaria se había detenido delegando en el General Miranda todo poder con 70

Ídem. Art. 121.

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características dictatoriales que, como ya se dijo, cede ante Monteverde en julio del mismo año.71 Encontrándose la guerra de independencia en una de sus etapas de mayor intensidad, y siendo ya Bolívar el gran líder, quizás el único y con viso de dictador, para finales de 1817 crea el Consejo Provisional de Estado y el Consejo de Gobierno que le secundaría, como instituciones previas a la convocatoria del segundo Congreso que tendría Venezuela con la misión de promulgar una Constitución que reordenara a una nación consumida por la intensidad de la guerra; esta vez el de Angostura en 1819. Se puede presumir que con la instalación de estos organismos, Bolívar pretendía establecer el tejido civilista de un Estado que, en su concepto, estaba por emerger.

A propósito del Congreso de Angostura promovido por Bolívar, un amplio sector fiel a los realistas encabezado por José Domingo Díaz redacta en abril de aquel año de 1819 un documento conocido como Manifiesto de las provincias unidas de Venezuela a todas las naciones civilizadas de Europa. En el mismo se señalan cosas un tanto interesantes, sobre todo contrarias al proceso independentista que se venía llevando a cabo desde 1810.

En primer lugar, destaca Díaz en el mencionado documento, como la felicidad de nuestros pueblos de más de tres siglos fue interrumpida “(...) cuando unos pocos hombres perdidos vinieron a destruir aún sus mejores esperanzas”.72 El manifiesto contaba con un importante respaldo de muchas autoridades municipales del país, pero la cantidad de improperios y descalificativos que contiene en contra de quienes dirigen la independencia, y en especial contra Bolívar, le restan objetividad. Más bien su propósito fue “(...) demostrar ante el mundo la ilegitimidad del Congreso de Angostura”. 73 Amén de lo anteriormente expuesto, el Congreso de 1819 fue y dio origen a una nueva Constitución. Revisando brevemente su contenido, de imposible aplicación y vigencia, por supuesto, nos vamos a encontrar Ver: Allan Brewer-Carías. Ob. Cit. pp. 318-321.

Ver: Tomás Straka. Contra Bolívar. Caracas, Editorial Libros Marcados C.A. 2009, p 49.

73 Ibídem. p. 48.

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con un aspecto que quizás contribuya a interpretar el fenómeno caudillista que se impondrá en Venezuela a partir de 1830. Para aquella fecha Bolívar pareciera estar convencido que el triunfo patriota era irreversible, por tanto, la participación armada debería darle ciertas prerrogativas frente al ciudadano común a cualquiera que hubiera estado o estuviera involucrado en ella.

En consecuencia, al hacer una división entre ciudadano activo y ciudadano pasivo, establece esta Constitución en su artículo 7 que: Los militares, sean naturales o extranjeros, que han combatido por la libertad e independencia de la patria en la presente guerra, gozarán del derecho de ciudadanos activos, aun cuando no tengan las cualidades exigidas en los artículos 4, 5 y 6 de este Título.74

Dicho de otro modo; todo aquel por el hecho de haberse encontrado en el campo de batalla, para ser ciudadano activo se le eximía de las exigencias de haber nacido en el país; ser casado o tener veintiún años; tener propiedades y, aun cuando fuera extranjero, de obtener la carta de naturaleza. Helo aquí, uno de los fundamentos formales que se les inyectó en la sangre a nuestros jefes militares que al cabo de una década comenzarían a pasarle factura al país que creyeron haber ganado para sí durante los enfrentamientos armados independentistas.

A ello debemos agregar que entre las funciones del Presidente concedidas en el texto de marras, también encontramos la de ser “Comandante en Jefe de todas las Fuerzas de mar y de tierra” y la de poder “nombrar todos los empleos civiles y militares que la constitución no reservare”.75 Venezuela: república para los caudillos La Constitución de 1830, la primera de nuestra nación verdaderamente libre y republicana, conservaba, en cierto modo, algunos de los criterios esbozados en los textos legales que le precedieron. Pero, “Constitución de 1819”. Sección 1. Arts. 1 y siguientes, en http www.bib.cervantesvirtual.com/servletSirveObras [21/12/2011] 75 Ob. Cit. Sección 3. Art.1.

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fundamentalmente ya convertido en principio jurídico, el hecho de que el sector militar debería estar subordinado a la autoridad civil.

Por ejemplo, entre las atribuciones conferidas al Congreso encontramos en su artículo 87 la de decretar cada año la fuerza de mar y tierra, determinando la que deba haber en tiempo de paz; y arreglar por leyes particulares el modo de levantar y reclutar la fuerza del ejército permanente, y la de la Milicia Nacional, y su organización y el servicio de la Milicia Nacional cuando lo juzgue necesario.76 En cuanto a las atribuciones otorgadas al Presidente, tenemos la de ejercer el mando supremo de las fuerzas de mar y tierra para la defensa de la República; llamar las Milicias al servicio, cuando lo haya decretado el Congreso. Del mismo modo: Nombrar, con previo acuerdo y consentimiento del Senado para todos los empleos militares desde Coronel y Capitán de navío inclusive arriba y a propuesta de los jefes respectivos para todos los inferiores, con calidad de que estos últimos nombramientos tengan siempre anexo el mando efectivo; pues quedan abolidos de ahora en adelante todos los grados militares sin mando.77

A propósito del tema que nos ocupa, en el referido texto constitucional se regula como un Título aparte el quehacer de nuestras fuerzas armadas, bajo las condiciones siguientes: Que sea un organismo esencialmente obediente y no deliberante, dividido en Ejército Permanente, Fuerza Naval y Milicia Nacional; que el Ejército Permanente tenga como finalidad proteger los puntos importantes de la República, y esté siempre a las órdenes de los Jefes Militares; que los integrantes de la Fuerza Armada de mar y tierra en actual servicio, estén sujetos a las leyes militares y; que la Milicia Nacional se encuentre a las órdenes del Gobernador de la Provincia.78 En adelante, consolidada la Independencia, y con ella la República, se comenzará a tejer todo un discurso y una producción historiográfi“Constitución de 1830”. Art. 87, en http.www.bib.cervantesvirtual.com/servletSirveObras [ 2/12/2011] Ídem. Arts. 107 y 117.

78 Ídem. Arts. 180 al 184.

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ca tergiversada y manipulada que aún hoy se niega a abandonarnos; discurso que se construye, sobre todo, desde los sectores oficiales. De modo que: Comienza a fraguarse la construcción heroica de la República, en tanto los héroes representan el patriotismo y el alma de la nación. Son hijos idolatrados de la patria, y al mismo tiempo, sus padres. Son los hijos que han tomado el lugar del padre. En la medida en que sobre ellos descansan los valores nacionales, que de alguna manera han heredado de Bolívar, al mismo tiempo les corresponden por sus méritos; la memoria, dice Hebrard, comienza a militarizarse. Lo que se recuerda, lo que adquiere valor patrio, es la memoria de “los únicos hombres capaces de salvar la nación”. Esta valoración construida durante la Independencia cobra un valor ahistórico, es decir, se perpetúa aun cuando la contienda haya terminado, y para que no termine, los propios militares y los caudillos regionales se encargan de seguir sembrando la violencia que justifique su intervención.79

Vemos como desde nuestros propios orígenes libertarios ya se comenzaba a dibujar un cuadro donde las diferencias entre civiles y militares iban a ser notorias hasta llegar a los límites de la competencia por el poder; aun cuando casi todas las constituciones posteriores se preocuparon en establecer claras diferencias entre ellos. A tal punto que la actividad de unos y otros en el ejercicio del poder deberían resultar, constitucionalmente, incompatibles entre sí.

Así entonces, la reinterpretación histórica de los tiempos independentistas, a la que asistimos luego de la revisión que apuntábamos al principio de este trabajo, nos ha de hilvanar un discurso distinto al que se comenzó a montar desde los tiempos de Guzmán Blanco, con su memorable y abusivo culto a Bolívar y una visión lineal de nuestra historia emancipadora que sobrepone, excluyente, el quehacer militar sobre los andares civiles de otrora.

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Ana Teresa Torres. La Herencia de la tribu. (Del mito de la Independencia a la Revolución Bolivariana).

Caracas, Editorial Alfa, 2009. p. 47.

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El punto clave o centro de todo este entramado de sobrevalores lo vamos a encontrar en la batalla de Carabobo de 1821. Y es a propósito de aquella memorable faena como los discursos van y vienen para exaltar por sobre todas las cosas el papel de los militares patriotas sobre cualquier otro sector protagónico.80 Al hacer una reflexión sobre el devenir de nuestros ejércitos, partiendo del hecho indiscutible que para lograr la independencia se debió pasar primero por un enfrentamiento armado contra los defensores del régimen colonial, debemos igualmente considerar qué va a suceder, después de alcanzada aquella, con todo el contingente que se armó para lograrla.

En otras palabras, a dónde va a parar todo el que luchó hasta arriesgar su vida y su patrimonio por acabar con el imperio español en Venezuela. Bolívar en vida se llevó unos cuantos para América del sur. ¿Y los que se quedaron? ¿Y qué pasó después de la temprana muerte del líder? Venezuela, ahora independiente, debería comenzar a conformar un verdadero ejército nacional; pero no sucedió así: Siguiendo el análisis de Amos Perlmutter, tendríamos que los ejércitos hispanoamericanos tienen sus orígenes en las guerras de independencia; pero estos ejércitos libertadores, expresión de naciones-enarmas, se desintegran una vez alcanzado el objetivo de la independencia política y el fenómeno del caudillismo se impone como una forma de pretorianismo histórico. Los ejércitos hispanoamericanos modernos se organizan, desde finales del siglo XIX, imponiéndose sobre los caudillos y venciendo al caudillismo, pero adquiriendo las características de ejércitos pretorianos de tipo árbitro. Así, del pretorianismo histórico se pasa a una fase de pretorianismo latente o manifiesto según sea el país que se considere.81 Dejando a un lado los argumentos conceptuales, bastante gráfica resulta la anterior referencia, aunque en el caso venezolano la cuesVer: Pedro Correa ¿Y quién dijo que la batalla de Carabobo puso fin a la Guerra de Independencia. En Inés Quintero (Coordinadora.) El relato invariable, Independencia, mito y nación .Editorial Alfa.

Caracas 2011. p. 226.

81 Domingo Irwin e Ingrid Micett. Caudillos, militares y poder. Una historia del pretorianismo en Venezuela.

Caracas, UCAB, 2008. p.11.

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Algunas consideraciones sobre relaciones civiles y militares en Venezuela durante el período independentista

tión no pareció ser tan sencilla toda vez que desde el nacimiento de la Venezuela republicana y de la conformación de un estado-nación, se pretendió tener bien claro el papel que habría de cumplir el ejército. Y, obviamente, por tratarse de 1830, ese ejército debía ser el que actuó directamente en la guerra de independencia recién culminada. Concluyen estos mismos autores que: El criterio de pretorianismo histórico, aquel que se manifiesta antes de la existencia de los ejércitos nacionales modernos, describe acertadamente al caudillismo decimonónico venezolano. Este expresa una política abusiva por parte de los caudillos para con toda la sociedad, vía la violencia manifiesta o potencial. Presupone la inexistencia de un efectivo ejército nacional y logra así superar la propuesta analítica de Huntington. Los caudillos de las guerras civiles son la expresión manifiesta de la existencia de un pretorianismo histórico en Venezuela. El intervencionismo político ilegal e ilegítimo de los militares en la política es confundido en la literatura criolla, interesadamente o no, con militarismo cuando en realidad es, tal como se destacó anteriormente pretorianismo. Sea éste histórico (caudillismo) o moderno en sus manifestaciones potenciales o manifiestas.82

De manera que los primeros ejércitos venezolanos se formaron alrededor de algún líder militar de la independencia. Que una vez lograda ésta, aquellos desaparecen para dar paso a las hordas caudillescas que predominarán en Venezuela por el resto del siglo XIX y bien entrado el XX. No obstante, por nada del mundo los historiadores deberán seguir dejando en el abandono el accionar de quienes, desde plataformas civiles, se opusieron al gran imperio español antes, durante y luego del encuentro armado que se produjo entre realistas y patriotas; enfrentamiento que, especulando un poco, ha podido ser evitado. Pero eso es ya otro problema.

82

Ob. Cit. p 17.

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Raúl Meléndez M.

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Electrónicas www.bib.cervantesvirtual.com/servletSirveObras 80

Los or铆genes del fusionismo republicano criollo83

Domingo Irwin 83

Recoge la ponencia presentada por Domingo Irwin en las IX Jornadas de Historia y Religi贸n, Universidad Cat贸lica Andr茅s Bello (UCAB), Caracas, mayo de 2009. Se efectuaron algunas modificaciones de estilo para adecuar el discurso escrito a los fines del presente libro.

1. Introducción Entre los sucesos destacados de 1810 en la Capitanía General de Venezuela, describe José de Austria en su Bosquejo de la Historia Militar de Venezuela en la Guerra de su Independencia,84 un suceso que bien es útil para iniciar el tema que se desarrollará en estas páginas, así: “Ocurrió por este tiempo un hecho que llamó mucho la atención del gobierno y de los amantes de la libertad racional. El Gobernador militar, D. Fernando el Toro, presentó a la junta, por la Secretaría de Guerra, una petición firmada por él mismo y los oficiales, por clases, de los cuerpos acuartelados en la ciudad, [de Caracas] solicitando la expulsión del Presidente, [de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando Séptimo] D. José de las Llamozas, y de los vocales D. José Félix Sosa, D. Nicolás Anzola y D. Fernando Kei [Sic] Muñoz. No todos eran acusados del mismo delito, pues a unos se les imputaba adhesión a la Regencia y a otros corrupción en el desempeño de sus empleos La gravedad del negocio exigía meditación, prudencia y prueba de los hechos, para los que se hizo compadecer al Gobernador militar, quien interrogado, contestó que el Presidente y vocales contenidos en la representación eran sospechosos al pueblo, y que este [Sic] se hallaba en la mayor efervecencia [Sic] y dispuesto á [Sic] cometer un hecho violento, si se permitia [Sic] que aquellos continuas en sus destinos.

Separados aquellos miembros, se les mandó forma causa; mas al fin declaró se les mandó formar causa; mas al fin, declaró la misma junta que eran inculpables y que debían ser restituidos en sus puestos”.

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Tomo I. Caracas, Imprenta y Librería Carreño Hermanos, 1855 p. 7; recurriendo, también al buscador “google” en internet, se consultó otra impresión efectuada en Valencia, Venezuela, por la Imprenta del Coronel Juan D’Sola, calle de la Constitución, número 19 e igualmente la cita se corresponde con la p. 7.

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Como bien destaca Austria en su libro, él toma la información arriba citada del Compendio de la Historia de Venezuela / Desde su Descubrimiento y Conquista hasta que se declaró Estado Independiente.85 Al cotejar ambas versiones (se insiste en señalar que las dos están disponibles en internet, localizables vía un buscador como google y las palabras claves pertinentes) se evidencia como definitivo, que bien recoge Austria las frases de Francisco Javier Yanes. Lo interesante del asunto es que muchos años después del suceso en cuestión, en la década de 1830-1840, Yanes bien lo recordaba hasta el grado de colocarlo en su manual de historia de Venezuela y que Austria, parafraseando libremente quien escribe las actuales líneas a los dos, por aquellos tiempos, consideró el episodio lo suficientemente importante como para incluirlo en su crónica castrense venezolana.

Desde el siglo XVI en esta Tierra de Gracia, como la llamara Colón reportando sobre su tercer viaje al Nuevo Mundo, las tensiones entre el sector militar y el civil eran prácticamente inexistentes, las que se producían eran más personales que institucionales; pleitos entre funcionarios al servicio de la corona. El sistema de defensa colonial se apoyaba, parcialmente, en tropas veteranas, o de carrera, peninsulares. Éstas eran dirigidas por oficiales europeos mayoritariamente, en muchos casos ingenieros y artilleros; donde también individualidades de la elite criolla mantuana llegaron a posiciones de mando.

Un sistema de fuertes en los principales puertos del territorio venezolano era la primera línea defensiva que buscaba suplir las limitaciones de la armada española en aguas del Caribe. Las milicias eran las fuerzas auxiliares en las actividades de defensa. Se fraccionaban según el origen étnico de sus integrantes: blancos o pardos, por ejemplo. Las constituían todas las personas en capacidad de portar armas para la defensa del territorio y eran dirigidas por notables propietarios lugareños.

Al iniciarse el movimiento que procuraba lograr un gobierno propio en los territorios de la Capitanía General de Venezuela, unas provincias abrazan la causa de las innovaciones políticas, mientras otras permanecen 85

Ésta se editó originalmente en Caracas, como un anónimo, en la Imprenta de A. Damiron, 1840.

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reciamente a favor del orden peninsular establecido. En ambos segmentos la constante es que las tropas veteranas y milicianas, herederas de siglos de subordinación ante los legítimos gobernantes, siguen a quienes ejercen la autoridad local; así en Coro, Maracaibo y luego en Guayana, milicianos y tropas veteranas apoyan a los defensores del status quo y enfrentan con éxito a quienes pretenden alterarlo. Esto, mientras que en Caracas, Mérida, Cumaná, etc., el apoyo castrense será muy a favor de la independencia.

Por lo antes dicho, frente a una tradición de subordinación militar ante las autoridades civiles, mucho debió sorprender la actitud que asumen los clases, oficiales y jefes de Caracas con su representación solicitando cambios en la composición de la “Junta Conservadora de los Derechos de Don Fernando Séptimo”, en el mismísimo año de 1810. Otro aspecto que resulta de interés es como se recurre a un canal de comunicación absolutamente regular, el gobernador militar vía la secretaría de guerra informa a la junta y éste es llamado a sustentar los planteamientos presentados por escrito. No deja de ser muy interesante y de atención, el argumento sobre el sector militar siguiendo lo que era calificado como un sentir popular, así como los peligros que éste tomara vías violentas para imponer su criterio. Así, parecieran como evidentes dos cosas, una que los militares se entendían como portaestandartes del sentimiento del pueblo y que se evidenciaba cierto temor, o mejor dicho aprehensión, ante una potencial violencia que debía ser controlada.

Procediendo muy en concordancia con una herencia jurídica más que centenaria, el alarmante asunto es tratado con sensatez y pericia política, pues el argumento de la violencia popular no llega a materializarse y los acusados superan favorablemente las dudas que sobre ellos habían supuestamente surgido. Quedó eso sí, para el entonces joven licenciado en leyes Francisco Javier Yanes el recuerdo de esa situación, que no vacila en reportar, algo así como dos años antes de su muerte, en su inicialmente anónimo texto de historia.

Don Caracciolo Parra Pérez en su no superada Historia de la Primera República de Venezuela86, relata un suceso que según él fue uno 86

Hemos confiado en la versión que de esta obra presenta la Biblioteca Ayacucho. Volumen CLXXXIII, Caracas, 1992, p. 256.

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de los tantos que procuraban trastocar el rumbo de los acontecimientos en la Caracas posterior al 19 de abril de 1810 y afectar a la “Junta Conservadora de los Derechos de don Fernando Séptimo”, según sus palabras: “en pro del antiguo régimen”, así: “Algunos españoles trataron de seducir a Llamozas, Key, Anzola y Sosa, y como aquello se transparentase, los nombrados fueron objeto de sospechas y aun de acusaciones de infidencia, por lo cual se retiraron a sus haciendas mientras pudieran justificarse”87 Pareciera que ambas citas presentadas se refieren a un mismo suceso, pero la valoración de éste es sustancialmente distinta, así como la fuente en la cual se apoya. La obra de don Caracciolo se edita, como es bien conocido, originalmente en Caracas en 1939 y luego por la Academia Nacional de la Historia unos veinte años más tarde. Para esta segunda edición advierte el autor, en marzo de 1959, que para el momento en que escribió el texto en cuestión no pudo consultar la obra de Yanes aludida en párrafos anteriores; eso explicaría que un mismo suceso pareciera presentar dos versiones no totalmente coincidentes. Así se entienden las diferentes valoraciones del hecho histórico en cuestión, para los próceres del siglo XIX era un asunto de sustancial gravedad, para el notable historiador y diplomático del siglo XX un mero intento, como tantos, de volver al anterior estado de cosas en la Caracas de 1810.

Este episodio histórico se revela como una especie de reto a la civilidad republicana en formación desde el 19 de abril de 1810. Es una frustrada experiencia de pretendido poder militar, de pretorianismo en buen español,88 contra la venezolana “Junta Conservadora de los Derechos de Don Fernando VII”. Situación que no podía dejar de influir en el espíritu de los legisladores en lo que atañe a las disposiciones vinculadas con los militares. No es de extrañar, pues, las disposiciones de la Cons‘Amunátegui, [Aldunate, Miguel Luis. Es de advertir que algunos confunden este autor con Domingo Amunátegui Solar] loc. cit., [Vida de Don Andrés Bello; no señala más datos sobre la identificación de esta fuente, pero puede ser Santiago de Chile, Imprenta de Pedro G. Ramírez, 1882] p. 86. Carta de Roscio a Bello: 10 de septiembre de 1810’ “.

88 Se entiende por pretorianismo, tal y como lo define el Diccionario de la Lengua Española de la Lengua: “Influencia política abusiva ejercida por algún grupo militar” RAE, Vigésima Primera Edición, 1992.

No es de extrañar, pues, las disposiciones de la Constitución Federal de 1811 estableciendo la subordinación militar ante las autoridades políticos civiles y la ciudadanía en general.

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titución Federal de 1811, en sus artículos 178 y 179, estableciendo sanos principios del Control Civil de carácter liberal frente a la institución castrense republicana y venezolana en formación.89 En el primero de los artículos arriba mencionados se señala que: “Una milicia bien reglada e instruida, compuesta de los ciudadanos, es la defensa natural más conveniente y más segura de un estado libre...”

Sobre las tropas veteranas indica: “No deberá haber, por tanto, tropas veteranas en tiempo de paz, sino las rigurosamente precisas para la seguridad del país, con el consentimiento del Congreso”. En el segundo, es decir en el artículo 179, se asegura que los ciudadanos bien tienen el derecho de armarse para su defensa “y el Poder Militar, en todos los casos, se conservará en una exacta subordinación a la autoridad civil y será dirigido por ella”.

Las condiciones de control civil del sector militar son de un claro contenido liberal, por cierto, bastante radical para su época. El artículo 215, parece reproducir la lección aprehendida por el suceso comentado inicialmente en estas páginas; así: “Ningún individuo, o asociación podrá hacer peticiones á las autoridades constituidas en nombre del Pueblo, ni menos abrogarse el calificativo de Pueblo Soberano y el ciudadano, ciudadanos que contraveniéren [Sic] á este parágrafo” [...] “serán perseguidos, presos y juzgados con arreglo a las leyes.” En el artículo siguiente, 216, se decreta la dispersión de ser necesario por la fuerza de toda reunión de gente armada, a no ser que las convoquen “autoridades constituidas.”

Para no cansar al lector con el rosario de artículos de la “Constitución Federal Para Los Estados De Venezuela / Hecha por los representantes de Margarita, de Mérida, de Cumaná, de Barinas, de Barcelona, de Truxillo y de Caracas” en 1811, se remite, por ejemplo, a los artículos 71, 86, 96, 121 y 177, que colocan al sector militar de la república como uno legalmente sometido ante las autoridades civiles, principalmente el Congreso.

2. Las actitudes civilistas perviven Los esfuerzos por lograr unas relaciones civiles y militares regidas bajo los cánones propios del control civil de carácter liberal, con una 89

Véase la Constitución de 1811 en internet recurriendo a un “buscador” como google.

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base constitucional y con agentes supervisores del quehacer castrense fundamentada en las autoridades civiles en una república de propietarios, esa que confiaba en los ciudadanos-soldados para su defensa, se derrumba ante las acciones de guerra desarrolladas por aquellos que se oponían al proceder republicano en 1812. Los venezolanos de inicios del siglo XIX no encontraron otra solución a sus agudas divergencias políticas que el vencer en batalla al enemigo. Para los partidarios de la corona, con Domingo Montevede o José Tomás Boves a la cabeza, así como para los entendidos republicanos bajo el liderazgo de Simón Bolívar o Santiago Mariño, entre 1812 y 1818 poco importaba otra cosa que no fuera el triunfo militar. La civilidad había sido dejada a un lado ante la emergencia guerrera, pero aun con tan adversas condiciones se negaba a desaparecer totalmente.

Cabal demostración de lo antes dicho se tiene en 1816, año donde el colapso republicano abarcaba también a los territorios del antiguo Virreinato de la Nueva Granada, fruto del proceder de la expedición de fieles súbditos del Rey hispano bajo el mando del conde de Cartagena y marqués de La Puerta don Pablo Morillo, el pacificador. Las aguerridas y veteranas tropas realistas descalabran en la parte norte de la América meridional los esfuerzos liberales y sus ejércitos; solo “guerrillas” aisladas, pequeños grupos móviles de hombres armados a caballo, en las porciones periféricas del vasto y en buena parte despoblado territorio llanero grancolombiano mantiene la bandera republicana de lucha en alto. Acciones tan terribles como las del año de 1814 con las huestes de Boves, evidencian que la guerra a muerte no fueron solo palabras sino una muy dolorosa e histórica realidad, en ambos sectores enfrentados.

En una situación tan calamitosa como la antes descrita hay varios ejemplos de búsqueda de la civilidad política republicana. Una que resulta particularmente interesante por sus consecuencias mediatas, es la del “gobiernillo de Guasdualito” en los llanos apureños venezolanos.

Los republicanos neogranadinos y venezolanos que pudieron dirigirse a los llanos de Casanare o de Apure lo hacen y tienen a bien organizar una especie de gobierno provisional.

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El gobierno en cuestión era uno efectivamente improvisado. El teniente coronel y desplazado gobernador de Pamplona, Francisco Serrano es nombrado presidente. Como consejeros de estado se nombran los generales Rafael Urdaneta y Manuel Roergas de Serviez, el primero venezolano y el segundo francés. El secretario será Francisco Javier Yanes y las tropas son colocadas bajo el mando del entonces coronel Francisco de Paula Santander.

Ante condiciones tan adversas el gobiernillo en cuestión es calificado por José María Baralt en su conocido manual sobre la historia de Venezuela, diligentemente citado de manera textual por Páez en su autobiografía, con calificativos como ridículo, ilegal y embarazoso.90 No le faltaba razón al historiador zuliano para emplear tales adjetivos, pero parece olvidar que el episodio en cuestión reflejaba el pensamiento civilista de buena parte de la elite de propietarios liberales republicanos, inmersa en la angustiosa lucha armada por imponer sus ideales de libertad política. La realidad guerrera impone su condición bárbara y los jefes militares desconocen la autoridad de Santander y como consecuencia, en la práctica, colapsa el “gobiernillo de Guasdualito” agosto-septiembre de 1816.

En Trinidad de Arichuna, los coroneles Juan Antonio Paredes y Fernando Figueredo, los tenientes coroneles José María Carreño, Miguel Antonio Vásquez y Domingo Meza y el sargento mayor Francisco Conde, desconocen al gobiernillo arriba mencionado y por iniciativa propia impulsan el nombramiento de general de brigada para José Antonio Páez, su ahora admitido jefe en sustitución de Santander. No son solo diferencias personales las que impulsan este proceder; el significado de esta acción es más denso y profundo; significa la presión del grupo militar por tener como líder uno que ellos pudieran considerar como de los suyos, en consecuencia el más apropiado para dirigirlos en las acciones de guerra que eran, según su criterio, lo que ciertamente importaba en las circunstancias bélicas en que se desenvolvían.

90

Véanse la Autobigrafía Vol. I. Nueva York, Imprenta de Hallet y Breen, 58 y 60 calle Fulton, 1867, pp. 90-91 y José María Baralt: Resumen de la Historia de Venezuela desde el año de 1797 hasta el de 1830.

París, Imprenta H. Fournier, 1841, pp. 288-289.

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Los acontecimientos arriba mencionados reflejan bien esa constante que se desarrolla durante las guerras de inicios del siglo XIX en Venezuela, las tensiones entre las entendidas como autoridades civiles, o en funciones de tal tenor, y los oficiales militares en campaña. Los acontecimientos guerreros se desarrollan con vientos favorables para los republicanos en 1817. Manuel Antonio Piar, toma Guayana para las armas de la república, en las provincias orientales venezolanas los partidarios del rey tienen que enfrentar las huestes republicanas que les dan combate luego de sus anteriores fracasos.

La autoridad de Simón Bolívar se fortalece dentro del campo republicano. Esto al fracasar el Congresillo de Cariaco, el juicio y fusilamiento de Piar y al aceptar las guerrillas llaneras de Páez su autoridad. En 1818 se intenta la llamada Campaña del Centro, la cual si bien fracasa ante el eficiente escudo protector bélico diseñado por Morillo y sus oficiales, presenta una virtud histórica: transformar una derrota militar en un triunfo político civil.

Bolívar, habilidosamente, retoma el hilo constitucional perdido desde 1812 con la convocatoria a una Constituyente en Angostura. Se efectuaran elecciones en 1818 para elegir los representantes de ese magno evento civilista. El reglamento para dichas elecciones autoriza, sorprendentemente, el voto para los cabos, sargentos y oficiales patriotas aun cuando carezcan de los requisitos censitarios exigidos para los demás ciudadanos, así: 8. Todos los Oficiales, Sargentos y Cabos, aunque carezcan de fondos raíces o equivalentes, designados en esta instrucción, gozarán del derecho de sufragio.

9. Serán sufragantes todos los inválidos que hayan contraído esta inhabilidad combatiendo a favor de la República, siempre que no adolezcan de los vicios y nulidades personales que privan de este honor.91 91

Las Constituciones De Venezuela. Estudio Preliminar de Allan R. Brewer-Carías. San Cristóbal (Venezuela)- Madrid, Coedición de la Universidad Católica Del Táchira, Venezuela-Instituto de Estudios de Administración Local-Centro de Estudios Constitucionales, Madrid. Reglamento Para Elecciones Al Congreso, de 1818. De ahora en adelante se referirá esta fuente como: Las Constituciones De Venezuela.

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Un aspecto es importante tener en mente para no deslizarse por el tobogán de las especulaciones analíticas. Parece más que evidente que las decisiones vinculadas con el voto militar sin condiciones censitarias se correspondían a un intento por adecuar la legitimidad del gobierno, en formación, a las condiciones ciertas impuestas por una Guerra a Muerte que se venía desarrollando sin soluciones temporales de continuidad desde los mismísimos días de 1813. Si la organización patriota era mayoritariamente, por no decir exclusivamente, la de ejércitos en campaña, era más que necesario contar con el voto castrense pero muy militarmente restringiéndolo jerárquicamente.

Los soldados que en 1818 no lograran las condiciones básicas de propietarios, sencillamente no votaban, sólo los cabos, sargentos y oficiales tendrían ese derecho ciudadano; es decir, algo así como un 20%, siendo muy generosos con las cifras, del total de militares en campaña.

Mas que una actitud populista era una pragmática, procurando vincular al sector militar con la reconstrucción institucional de la república; donde el pretendido “soldado ciudadano” no se igualaba en términos jurídicos absolutos al “ciudadano soldado”, la primacía seguía siendo del segundo y el primero estaba bien delimitado jerárquicamente en condiciones subordinadas.92 Otro aspecto que es necesario referir para entender las condiciones del voto militar de 1818, se relaciona con el tema más amplio de las relaciones entre las autoridades civiles y las castrenses bajo condiciones de una guerra en desarrollo. Las fricciones entre ambas autoridades son de tal intensidad que Bolívar se ve en la necesidad de reglamentar esta 92

Para una interpretación contraria a la aquí expuesta véase: David Bushnell, “La Evolución Del Derecho De Sufragio En Venezuela.” Boletín Histórico. No. 29, mayo de 1972, Caracas, Fundación John Boulton, pp.189-206 y Véronique Hebrard. “Ciudadanía y participación política en Venezuela, 1810-1830”.

En: Anthony McFarlane y Eduardo Posada-Carbó (Edts.) Independence and Revolution in Spanish America: Perspectivas and Problems. Londres, University of London, Institute of Latin American Studies, 1999, p. 137, véase también pp. 122-153. Sobre el concepto de ciudadano-soldado y soldado-ciudadano la autora remite al texto de J-M Carrié “Le Soldat” en A. Giardina (Dir.). L’Homme Romaní. París, 1992, pp. 127-173. Ibid., p. 136. Sobre la bibliohemerografía venezolana vinculada con los procesos electorales del siglo XIX venezolano es particularmente útil el libro de Alberto Navas Blanco: Las elecciones presidenciales en Venezuela del siglo XIX, 1830-1854. Caracas, Academia Nacional de la Historia, Fuentes Para La Historia Republicana de Venezuela, 1993, Véase también de Navas Blanco: El Comportamiento Electoral A Fines Del Siglo XIX. Caracas, Fondo Editorial de la Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela (UCV), 1998; particularmente las pp. 12-32.

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situación con un decreto: “del Jefe Supremo sobre atribuciones políticas, policiales y judiciales de los Gobernadores de Provincia, en 3 de julio de 1818”, donde en la práctica se subordina el sector civil al militar, argumentando que: “en nuestra actual actitud militar la separación de los gobiernos político y militar establecida por el Decreto de 6 de diciembre de 1817 trae embarazos y dificultades gravemente perjudiciales a la causa pública”. Por lo que establecía que los Comandantes Militares no estaban supeditados necesariamente a las autoridades civiles, mas bien se normaba lo contrario en las funciones de alta policía y gubernativas.

Otro Decreto de la época, pero fechado en Santa Fe de Bogotá, el 17 de agosto de 1819, se corresponde al espíritu y hasta en algunos aspectos la letra del ya comentado: Art. 1°. Los gobernadores comandantes generales de provincia ejercerán, no solo el mando de las armas en el distrito en que esté a su cargo, sino que será de su especial resorte la alta policía y todas las funciones gubernativas.

Art. 2°. Los gobernadores políticos de provincia, tendrán sólo a su cargo la parte contenciosa, serán jueces de primera instancia y jefes de la baja policía.

Art. 3°. Toca a los Comandantes generales la presidencia del Cabildo o Municipalidad.

Art. 4°. Este decreto tendrá fuerza de ley en las provincias libres de la Nueva Granada, mientras que, convocada la representación nacional, se establece el sistema de gobierno que los pueblos crean conveniente.93

Medidas como la recién referidas buscaban evitar confusiones de mando o jefatura, que pudiesen afectar la inteligencia de las operaciones militares en medio de situaciones de agudo enfrentamiento bélico.

Refleja, también, esta documentación, un problema que se relaciona con la teoría del control civil; encontrando en la “fusión” de la autoridad militar y civil una solución práctica al problema de las tensiones entre 93

Documento Nos. 248 y 346. Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, textos para su estudio.

Vols. 2 y 3 respectivamente. (Pedro Grases y Manuel Pérez Vila, Compiladores), Caracas, Presidencia de la República, 1963, pp. 382-383 y 98-99. (Esta fuente será citada de ahora en adelante como Las Fuerzas...)

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las autoridades políticas civiles y los comandantes militares en campaña.

Los casos del mismo Bolívar, desde 1813 hasta febrero de 1819, o bien el antes referido como acontecido en Trinidad de Arichuna son dos buenos ejemplos de lo recién afirmado.

Se propone, así una solución, en cierta forma “fusionista” al problema de las relaciones civiles y militares en pleno proceso guerrero independentista. Es decir, amalgamar las máximas responsabilidades en una unidad espacial determinada, militares y civiles, bajo la jefatura de una sola persona con un alto grado castrense. Así se sacrifica la civilidad en aras del imprescindible triunfo castrense en batalla.

La condición restrictiva del voto, con sus orígenes en la Venezuela de 1811, vinculado directa o indirectamente a condiciones económicas o sociales, es decir un voto de nacionales propietarios y varones, se dejan de lado, como ya se señaló, en octubre de 1818 en lo referente al voto de la jerarquía militar desde los cabos hasta los oficiales. Algo de esta situación sobrevivió en la siguiente constitución venezolana. Así, en la efímera Constitución de Angostura de 1819: Título 3°, Sección Primera en su artículo 7, se señala a la letra: “Los militares, sean naturales o extranjeros, que han combatido por la libertad e independencia de la patria en la presente guerra gozarán del derecho de ciudadanos activos aun cuando no tengan las cualidades exigidas en los artículos 4°, 5° y 6° de este título”. Las condiciones de las cuales se eximían a los Cabos, Sargentos y Oficiales patriotas eran, los artículos 4° al 6° del Título 3°, Sección Primera: “Haber nacido en el territorio de la República y tener domicilio o vecindario en cualquier parroquia [...] Ser casado o mayor de veintiún años [...] Saber leer y escribir, pero esta condición no tendrá lugar hasta el año 1830 [...] Poseer una propiedad raíz de valor de quinientos pesos en cualquier parte de Venezuela. Suplirá la falta de esta propiedad el tener algún grado o aprobación pública en una ciencia o arte liberal o mecánica; el gozar de un grado militar vivo y efectivo o de algún empleo con renta de trescientos pesos por año [...] Los extranjeros que hayan alcanzado carta de naturaleza en recompensa de algún servicio importante hecho a la República serán también ciudadanos activos si tuvieren 93

Domingo Irwin

la edad re exigida a los naturales y si supiera leer y escribir [...] Sin la carta de naturaleza gozarán del mismo derecho los extranjeros: [...] Que teniendo veintiún años cumplidos sepan leer y escribir [...] Que hayan residido en el territorio de la República un año continuo y estén domiciliados en alguna parroquia [...] Que hayan manifestado su intención de establecerse en la República, casándose con una venezolana o trayendo su familia a Venezuela [.] Y que posean una propiedad raíz de valor de quinientos pesos o ejerzan alguna ciencia, arte liberal o mecánica”.94 3. Brotes pretorianos y personalismo Otro caso fundamental para entender las relaciones civiles y militares en esa Venezuela que avanzaba republicanamente en la segunda mitad de la segunda década del siglo XIX, se vinculan con los lamentables sucesos de Angostura durante la ausencia del Libertador-Presidente, debido a la Campaña de la Nueva Granada en 1819. El vicepresidente, un civil, el neogranadino encargado de la presidencia, Francisco Antonio Zea, es obligado a renunciar. Los generales Santiago Mariño y Juan Bautista Arismendi se hacen ilegítima e ilegalmente del gobierno. Al regresar Bolívar triunfante de la Nueva Granada y con glorias militar notables, se soluciona en principio la conflictiva situación institucional.

Se crea la República de Colombia intentando imbricar los pueblos de Venezuela y Nueva Granada por Ley Fundamental, el 17 de diciembre de 1819, donde entre los firmantes se encuentra el reincorporado a las actividades públicas Francisco Antonio Zea. Sobre los sucesos en Angostura, arriba referidos, resulta imprescindible la obra de Caracciolo Parra Pérez: Mariño y la Independencia de Venezuela.95 Para el diplomático e historiador, esta situación no es un golpe de estado. Deja de lado, muy elegantemente, la expresión innegable de pretorianismo manifestado en aquel proceder: Así, “no se trataba solo [...] de una conspiración soldadesca destinada a destruir la obra de Bolívar para alzar sobre sus ruinas la ambiciosa 94 95

Las Constituciones De Venezuela: Constitución de 1819.

Tomo III (El Ilustre General. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1955; capítulos: VII “Un País de Diablos”, VII “Este Resultado Memorable”, VIII “Todo Aquí es Exagerado”, pp. 147-205.

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suficiencia de un general [...era] una empresa análoga a las varias del género [...] jacobinas, ‘republicanas’, eminentemente civiles, para [Sic] las cuales, por necesidad, se acabó por solicitar ‘una espada’, [la] del general [...] a quien se suponía más apto”. 96 Otra fuente de necesaria consulta sobre este episodio histórico es la ingenua versión del edecán de Bolívar, el irlandés Florencio O’Leary.

Para éste en sus célebres: Memorias del General O’Leary,97 todo el incidente se limitaba a sólo una acción antibolivariana desarrollada por el general Arismendi. Bolívar en la Historia de Francisco González Guinán98 evidencia que su fuente sobre el caso recién referido es la obra de O’Leary ya referida. Siendo ésta la versión analítica más comúnmente aceptada en la historiografía criolla; evidencia cierta de las limitaciones relacionadas con un estudio analítico serio de las relaciones civiles y militares venezolanas de la época.

La importancia del episodio antes señalado no debe ignorarse.

Sería en alguna medida una consecuencia evidente del papel cada vez más protagónico del sector castrense patriota en los asuntos públicos de gobierno, durante el desarrollo bélico del proceso republicano. Evidenciaba como las necesidades vinculadas con las acciones guerreras y de organizar un eficiente aparato militar libertador se proyectaban peligrosamente sobre la estabilidad institucional civilista. Lo que no había sido posible para los militares en 1810, cuando pretendieron influir en la composición de la venezolana “Junta Conservadora de los Derechos de don Fernando VII”, será una lamentable realidad con los sucesos pretorianos ya referidos de Angostura en 1819.

Las condiciones antes descritas y brevemente comentadas, de seguro influyeron en los legisladores que forjan la Constitución de Colombia en 1821, o de Cúcuta, donde se dejará de privilegiar al sector castrense para efectos del voto. A lo antes dicho se agrega, según el criterio de Bushnell: “llegando ya perceptiblemente a su fin la lucha armada en el extremo Op.cit., pp. 177-178.

Tomo II, Caracas, Imprenta El Monitor, 1883, pp. 10-18.

98 Caracas, Ediciones Fotal, 1968, p. 57; una edición distinta pero de igual contenido al Tomo I de la Historia Contemporánea de Venezuela, del historiador venezolano.

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norte del continente los diputados ni de una ni de otra región sintieron la necesidad de favorecer a la clase militar”.99 En otras palabras, tanto los próceres civiles neogranadinos como los venezolanos entienden la necesidad de desarrollar fórmulas de control civil sobre el sector militar.

En el caso venezolano durante la década de 1820 surge la figura del Jefe Civil y Militar, es decir, la fusión de autoridad militar con la civil personificada en un hombre de uniforme. Quien inicialmente asume dicho cargo facultado por el Congreso de Colombia, el 14 de octubre de 1821 fue el general de división Carlos Soublette.100 La idea era lograr superar tensiones entre las máximas autoridades políticas civiles y los jefes militares, en los distintos departamentos en que se dividió el territorio de la antigua Capitanía General de Venezuela.

El resultado inmediato de esta situación fue que el prestigio guerrero se vincula con la jefatura local y provincial en detrimento de la auténtica autoridad civil. Quienes ven así su poder de hecho reafirmado son los caudillos republicanos. Particularmente favorecido por esta situación es el llanero y general en jefe José Antonio Páez, especialmente después de los sucesos del movimiento de La Cosiata, como se comentará más adelante.101 La Constitución Colombiana de 1821 o de Cúcuta, establece el fundamento político a seguir en los territorios de la antigua Capitanía General de Venezuela. Ésta fue fraccionada en tres departamentos, a saber, Zulia, Venezuela y Orinoco. La autoridad del general Soublette se extiende sobre todos estos territorios, donde las acciones de guerra se prolongaran más allá del triunfo de Carabobo, en junio de 1821. La toma de la plaza fuerte de Puerto Cabello y la gloriosa jornada naval del lago de Maracaibo en 1823, sellarán el triunfo militar republicano en los territorios zulianos y venezolanos.

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D. Bushnell. Op. Cit., p. 197.

Véase, documento No. 460. Las Fuerzas... Vol. 3., pp. 335-336.

Sobre La Cosiata, 1825-1826, primera expresión importante aunque fracasada de los separatistas venezolanos opuestos a la existencia de la Colombia Grande de Bolívar, véase la obra ya referida de O’Leary: Las Memorias… Tomo II, pp. 601-681; la biografía de Mariño de Parra Pérez: Mariño y la Independencia… Tomo IV (La Antigua Venezuela), pp. 11-341 y Graciela Soriano de García Pelayo Venezuela, 1810-1830. Aspectos desatendidos de dos décadas Caracas, Cuadernos Lagoven, Serie Cuarta República, 1988.

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Las acciones de guerra se limitarán desde mediados de la década de 1820 a las de los bandoleros, supuestos defensores de la causa del Rey, que parecían más interesados en el oro y la plata que les producían sus tropelías que en volver a un régimen monárquico. Evidente expresión de la efervescencia social generada por más de diez años de constante guerrear. Para enfrentar estos grupos armados se implementan eficientes “campos volantes” en los llanos, que procuran establecer la paz y orden que interesaba al núcleo propietario. Esto, paz y orden, resultaba muy necesario tanto a los supervivientes de la antigua clase poseedora de bienes, como a los recién incorporados a la élite social gracias a sus logros guerreros con la bien conocida Ley de Haberes Militares de 1817.102 Es necesario comprender las divisiones políticos territoriales impuestas por el gobierno colombiano para el caso de los territorios de la antigua Capitanía General de Venezuela y sus formas de gobierno, para no cometer disparates analíticos. Para mediados de los años veinte del siglo XIX se producen dos muy importantes reordenaciones territoriales.

Así, como bien nos lo recuerda el destacado historiador don Augusto Mijares103, los anteriores tres departamentos son ampliados, creando cuatro departamentos por disposición del gobierno central con asiento en Bogotá: Orinoco, capital Cumaná; Apure, capital Barinas; Zulia, capital Maracaibo y Venezuela capital Caracas; cada una de éstos se sub-dividían en provincias. Las reformas político territoriales evidenciaban el carácter experimental, por darles un nombre, de las políticas del gobierno colombiano de ese entonces.

La recién referida partición político-territorial es alterada por tercera vez durante el período colombiano. Así, el departamento de Orinoco, comprendía las provincias de Guayana, Barinas y Apure; el departamento de Maturín, las provincias de Cumaná, Barcelona y Margarita; Zulia con las provincias de Coro, Trujillo, Mérida y Maracaibo y finalmente La Ley de repartición de bienes nacionales como recompensa de los oficiales y soldados. Editada el 10 de octubre de 1817, fue uno de los mecanismos empleados por los republicanos para garantizar la paga de los militares, luego se amplía también a los civiles, comprometidos con el proyecto político liberal. Básicamente se reducía a pagar en tierras o vales, según la jerarquía castrense de cada interesado su esfuerzo por el batallar a favor de la causa de la República.

103 Véase, la sección que escribe Mijares en: Venezuela Independiente. Caracas, Fundación Mendoza, 1961.

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el departamento de Venezuela, con un territorio que se correspondía, aproximadamente, con el de la antigua provincia de Caracas.

Cada departamento tenía una máxima autoridad civil, el intendente, nombrado quien ejerciera el cargo en cuestión por el gobierno central con asiento en Bogotá. También, otros importantes funcionarios civiles como el contador departamental, los gobernadores y contadores de provincia y los jefes políticos de las capitales. En cada departamento existía, también, un comandante general militar con responsabilidades de mando en lo meramente castrense y policial y en las provincias, comandantes de armas dependientes a su vez del calificado de comandante general militar. En teoría todos dependían del gobierno central Bogotano. Estas autoridades compartían funciones de gobierno con las tradicionales municipalidades y alcaldías.

Desde 1821, por medio de una comunicación del entonces vicepresidente de Colombia, general Santander, se informa al jefe civil y militar de Venezuela en funciones, general Soublette, con mando sobre los demás departamentos criollos, para ese entonces, como ya se señaló anteriormente, las atribuciones de los noveles comandantes de armas de provincia: “El Comandante de Armas de Provincia estará encargado de mandar y defender en caso necesario el distrito que ella comprende; arreglar, disponer y velar sobre la exactitud del servicio en ella; ejecutar y hacer cumplir las leyes y reglamentos militares y las órdenes que reciba del Comandante General del Departamento a que pertenece, y mantener el buen orden, la policía y tranquilidad de la provincia”.104 Un medio básico de control civil sobre el sector militar del período colombiano, hasta entrada ya la segunda mitad de la década de 1820, era lo referente a la administración del aparato castrense colombiano. Este, estaba en manos de los tesoreros departamentales y provinciales civiles, los cuales fungían como comisarios de guerra, así como administradores, pagadores y supervisores del número de efectivos. Situación que de seguro ocasionó fricciones entre estos funcionarios y los militares; los civiles tomaban para sí no solo el pago sino también la función de 104

Dct. No.464. Las Fuerzas…, Vol. 3, p. 338.

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inspectores del sector militar a un nivel de unidades operativas, en los distintos departamentos y provincias. Bien solicitaron los secretarios de guerra de Colombia, desde 1824 hasta 1826 que se creara una administración militar, tal como lo señalará Soublette en su Memoria ante el Congreso Colombiano en el último año señalado, ahora no como jefe civil y militar de Venezuela, sino en funciones de secretario de guerra en Bogotá.105 Las tensiones entre civiles y militares en los territorios venezolanos durante el período colombiano, presenta abundante documentación que puede consultarse en el Archivo General de la Nación (AGN), en Caracas, la sección “Gran Colombia: Papeles de Guerra”. Para no cansar al lector con una larga lista de estos choques, tensiones y divergencias militares versus civiles, reproducimos parte de los casos que mencionamos en un “añejo”, texto de 1995. El artículo en cuestión, de nuestra autoría, presenta algunos ejemplos que consideramos útiles para ilustrar la idea recién mencionada: “En el tomo XCIII, No. 106, con fecha 02-02-1825, se informa de agudas diferencias surgidas entre el juez político y Alcalde de Guarenas con el Capitán de la comandancia. En el tomo XCVI (noventa y seis) No.116, con fecha 24 de abril de 1825 el oficial de estado mayor Woodberry, informa del asesinato del alcalde ordinario del Tocuyo, Hipólito Lucena, y de la necesidad de imponer orden en dicho lugar recurriendo al Comandante de Armas [...] y milicianos armados. En el mismo tomo, en el No. 92 se da noticia sobre discrepancias entre la autoridad civil y los militares en San Carlos. En el mismo tomo, en el No. 100, tenemos información de igual tenor pero esta vez referido al Cantón de Carora [...] En el tomo C (cien) No. 18, informa el 2 de agosto de 1825, de la queja presentada por la municipalidad de La Victoria en relación al proceder insultante y agresivo del Comandante de Armas interino de ese Cantón, Capitán Antonio María Rodríguez, por lo que solicitan se tomen las medidas disciplinarias del caso [...] En el tomo CII, el No. 25, del 6 de octubre de 1825, un juez 1° Municipal envía una comunicación al Comandante General Páez donde se le informa del juicio criminal que 105

Dct. No. 640. v Las Fuerzas…, Vol. 5, pp. 41-65.

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se le sigue al Alférez Saturnino García, quien amenaza con represalias para con las autoridades competentes encargadas del caso judicial”.106 Las tensiones entre autoridades civiles y militares se ponen dramáticamente de manifiesto en dos sucesos de la historia del departamento de Venezuela en 1825 y 1826. Se insiste en resaltar que era el departamento grancolombiano con tal nombre y no todos los antiguos territorios en la ya bien fenecida Capitanía General. Son las tensiones que degeneran en un enfrentamiento entre la máxima autoridad civil, el intendente y la militar, el comandante general. El primero, como se verá, solo abona el terreno para que en el segundo el árbol de las discordias emerja fuerte y con frutos disolventes para la Colombia de Bolívar.

Una asonada en el pueblo de Petare (hoy día parte de Caracas pero no en aquellos tiempos, donde varias horas a píe o caballo tomaba trasladarse de una a otra población) es dominada con rapidez y facilidad.

Páez, comandante general del departamento otorga un indulto general y absoluto a los vencidos rebeldes, tal como afirma en su Autobiografía y con eso evita los engorrosos tramites judiciales y logra salvar vidas. Lo que calla el ilustre general, era que había tomado para sí atribuciones que no le correspondían. Esta situación es reportada al gobierno central colombiano por la máxima autoridad civil del departamento, el también general Juan de Escalona. Prudente e inteligentemente las autoridades en Bogotá dejan “pasar” el incidente; y así éste pareciera como una mera tensión entre personalidades diferentes ocupando cargos públicos de responsabilidad.

El segundo suceso, conocido en la historiografía venezolana como La Cosiata, por sus efectos prácticos, a mediano plazo, marcará el fin de la Unión Colombiana. Mucho se tiene escrito sobre esta particular coyuntura de la historia criolla en textos varios, algunos localizables en internet, por cierto, ante los cuales se debe tener un cuidado especial 106

Domingo Irwin G “Notas sobre la Evolución Histórica del Aparato Militar Venezolano, 1810-1830 (El Libertador y Las Relaciones Civiles-Militares”. Anuario De Estudios Bolivarianos. Año IV, No. 4, 1995, Caracas, Instituto De Investigaciones Históricas Bolivarium. Universidad Simón Bolívar (USB), pp.

78-79. Reproducido también en Domingo Irwin e Ingrid Micett. Caudillos, Militares y Poder. Una historia del pretorianismo en Venezuela. Caracas, Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)-Universidad Católica Andres Bello (UCAB), 2008, pp. 61-62.

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por las deformaciones interesadas que presentan de hechos y análisis.

Para desarrollar esta líneas hemos confiado en la muy seria bibliografía señalada en una nota ya referida en páginas anteriores y procuraremos obviar los detalles e ir a lo sustancial del asunto histórico en cuestión.

Como resultado evidente del cumplimiento de una orden impartida desde el gobierno central colombiano, una leva de hombres entre los 15 y 50 años, la cual debía ser ejecutada por el comandante general del departamento de Venezuela, general Páez, se desarrollaran los acontecimientos posteriores que culminarán en el ya destacado episodio con tan peculiar nombre. En la implementación de esta leva, se cometen algunos atropellos que permiten al intendente Escalona y las autoridades civiles de las municipalidades de Caracas y Valencia, elevar una protesta por tal proceder bajo la responsabilidad de la máxima autoridad militar del departamento, ante las autoridades de Bogotá. Examinando los hechos, el senado colombiano, decide suspender a Páez del cargo, convocarlo a la ciudad capital de Colombia y nombrar Escalona como su sustituto. Hasta allí, algo parecido, pero con sentencia contraria, al caso de Petare antes aludido.

Nuestra historiografía parece olvidar que el asunto no es meramente uno de conflictos personalistas entre Escalona y Páez o de resentimientos entre los que pueden ser parte de la burocracia centralista santafereña y los que deben conformarse con sus posiciones provinciales, cada vez más disminuidas, en los lares donde habitan. Parece dejar de lado las acciones de los militares criollos a favor de Páez, particularmente el batallón Anzoátegui; olvidan, también, las tensiones constantes entre autoridades civiles y militares durante estos años; procuran sí, centrar su interés en la oportunidad que aprovechan los hombres de pluma, tintero y cerebro para supuestamente utilizar a Páez y su condición de jefatura, que tildan gustosamente como carismática, para refundar una nueva versión del proyecto separatista venezolano de 1810-1812.

El movimiento iniciado en Valencia y Caracas llega a permear todos los departamentos de la antigua Capitanía General de Venezuela.

Algunas unidades militares elite como Granaderos en Puerto Cabello, mantienen una neutralidad ante los acontecimientos de La Cosiata 101

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que bien reporta su condición de profesionales de las armas. Otros, como el batallón Anzoátegui, en Valencia, actúan partisanamente, por darles un nombre a su pretoriano proceder; los más, siguen a sus jefes militares inmediatos naturales y se sabe de un caso en el cual se llega a desconocer a sus superiores jerárquicos y actúan a favor del movimiento separatista venezolano. Lo que aparentemente se inicia como una situación de enfrentamiento personal, evoluciona como un proceder separatista contra la Unión Colombiana propuesta y ejecutada por Bolívar.

Las acciones implementadas por El Libertador Presidente de Colombia para superar el movimiento separatista criollo, arriba referido, tendrán profunda huella en el transitar venezolano por la historia. La primera medida adoptada fue, al llegar del Sur a Bogotá, en noviembre de 1826: un decreto donde permitía la reunión del mando civil y militar en una persona de origen castrense.107 La segunda medida, en realidad fueron varias pero todas éstas con un mismo fin, preparar una fuerza militar que de ser necesario actuaría guerreramente para enfrentar a los secesionistas; al llegar a territorio venezolano se comunica con Páez por escrito solicitando básicamente que acatara su autoridad y se entrevistan en Naguanagua, hoy estado Carabobo.108 Páez acatará la autoridad de Bolívar. La Cosiata había llegado a su fin. Sus consecuencias mediatas o históricas no. El personalismo político asumido por Bolívar para acallar el movimiento secesionista, con su proceder ante Páez, crecerá como la mala yerba por más de unos 180 años, hasta ahora, en Venezuela.

Para dominar a los caudillos separatistas venezolanos a lo Páez, inviste El Libertador y Presidente de Colombia al general en jefe José Antonio Páez, como jefe superior en lo civil y militar del departamento de Venezuela, también con poderes superiores sobre los departamentos de Maturín y Orinoco. Inteligentemente, deja fuera de la potestad del aludido, el muy estratégico departamento del Zulia y su capital Maracaibo. Castiga ejemplarmente a la oficialidad del batallón Anzuátegui 107 108

Véase Dct. No. 660. Las Fuerzas... Vol. 5, pp. 145-146.

Véase Dct. No. 676. Ibid., p. 178.

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y premia a muchos los oficiales que permanecieron fieles a la causa de la Unión Colombiana.

Conociendo bien a los próceres militares venezolanos de alta figuración juega, en el mejor sentido del término, con sus personalidades; así, Marino es nombrado jefe civil y militar del departamento de Maturín, reafirmando su condición de libertador de oriente desde 1813, pero nombra también al general José Tadeo Monagas como segundo al mando de ese departamento y ambos subordinados ante la autoridad de Páez. Para solucionar el problema planteado por los prohombres civiles de pluma tintero y cerebro a favor de cambios constitucionales, propone la que sería luego conocida en la historia como la Convención de Ocaña de 1828.

La deliberación arriba aludida no llega a una solución del problema doctrinal planteado entre centralistas y federalistas. Unos partidarios del gobierno central con sede en Bogotá y otros favorecedores de una reforma constitucional. Unos, aparentemente partidarios del vicepresidente Santander y otros que se decían seguidores de Bolívar.

La disyuntiva cierta, en 1828, era dejar hacer y la Unión Colombiana se fraccionaba o bien, se tomaban medidas de excepción. Con apoyo castrense, burocrático y eclesiástico se impuso lo segundo. La idea básica bien la restriega Bolívar para la historia en sus agónicos momentos y, no sin razón, es calificada de la “Ultima Proclama”, en diciembre de 1830; síntesis de su proyecto político para salvar la Unión. Se pretendía fortalecer lo que de institucional tenía la Colombia de esos tiempos: gobierno central, ejército e Iglesia. El enemigo inmediato a vencer era la anarquía, la solución para triunfar: institucionalidad republicana que lograra superar el personalismo político protagónico.

El gobierno de excepción que se inicia en 1828 deja de lado la constitución de 1821 y pretende legalizar su mandato con un muy inteligente Decreto Orgánico del Estado.109 Pese a lo bien concebido de éste y de la convocatoria para un Congreso Admirable en Bogotá al año siguiente, con la intención de reunirse iniciándose 1830, la Unión Colombiana se 109

Véase Dct. No. 747. Ibid., pp. 314-321.

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fracciona. Las fuerzas disgregadoras que operan fundamentalmente en Venezuela, se imponen.

Los prohombres civiles y los caudillos de los departamentos de Zulia, Caracas, Maturín y Orinoco participan en el eficiente movimiento separatista desde finales de 1829. Las elites propietarias de los distintos departamentos ven más comprometido su poder y porvenir existiendo Colombia que volviendo a una versión mejorada y corregida del proyecto materializado, parcialmente, en 1811. Venezuela república renace como tal.

Las alternativas ciertas finalizando la década colombiana eran, agotadas ya las medidas de excepción, de nuevo, dejar hacer y Colombia se partía en dos o se recurría a la guerra civil. Una confrontación armada pondría en peligro particularmente los territorios venezolanos dada su extenso frente caribeño. Puerto Rico y Cuba hacían las veces de formidables “portaviones” de donde podrían rápidamente llegar a territorio criollo fuerzas fieles a la corona.

Los separatistas venezolanos dejan bien claro ante las autoridades colombianas, que de ser necesario estaban dispuestos a tomar el riesgo de una confrontación armada para hacer valer su irrenunciable decisión.

También, resaltan que cumplirán con su parte de las responsabilidades financieras asumidas durante el período colombiano. Las añejas tensiones entre militares en campaña y civiles que pretendían gobernar cívicamente, evidencian su punto de encuentro en los territorios venezolanos en su común esfuerzo de oponerse al proyecto grancolombiano.

Se resalta que no fueron fuerzas telúricas, o solo los personalismos encontrados entre distintas figura protagónicas, o el debate doctrinal entre centralistas y federalistas, o las improvisadas fórmulas burocráticas de ese entonces, las causas que explican el estado de cosas en esos territorios de la antigua Capitanía General de Venezuela en 1828-1830.

Esos propietarios criollos, de variada laya, retoman un destino que entendían como uno políticamente independiente y propio. Claro está que mucho de lo mencionado al inicio del párrafo es cierto, dejando de lado, por supuesto, el argumento “telúrico” que confunde relaciones 104

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patrón-clientela con sentimientos nacionalistas que solo existían para unos pocos y en una coyuntura política donde privaron más consideraciones pragmáticas que idealistas o fantasiosas.

Es importante indagar sobre las relaciones civiles y militares durante el período groseramente sintetizado en estas páginas. El celo civil y civilista frente al potencial político castrense, así como las fórmulas de solución ante el agudo problema de las tensiones entre civiles y militares con tintes fusionistas, son una herencia histórica que parece ser que nos cuesta mucho superar a los venezolanos, de ayer y de hoy día.

4. Recapitulando Una constante histórica venezolana es la recurrente influencia política del sector castrense en esta Tierra de Gracia. En Venezuela, la influencia política abusiva de un grupo militar se pone de manifiesto desde el mismo año de 1810, cuando los militares de la provincia de Caracas pretenden lograr cambios en la composición de la venezolana “Junta Conservadora de los Derechos de don Fernando Séptimo”. La reacción civil y civilista que bien se expresa no solo en la negativa a la propuesta castrense sino también en los mecanismos de Control Civil, así con mayúsculas, que impone la Constitución Federal de 1811. Los avatares del colapso de la calificada como “La Patria Boba” (1812) y la “Guerra a Muerte” (1813) subsiguiente reducen la arquitectura independentista, prácticamente a sólo la militar.

El brote pretoriano de 1819 con los generales Santiago Mariño y Juan Bautista Arismendi deponiendo ilegal e ilegítimamente al Presidente civil encargado, Francisco Antonio Zea y al general Bermúdez, es una situación que evidencia el potencial político castrense venezolano.

También, años después, tenemos el caso de los llamados Jefes CivilesMilitares de Venezuela desde 1821; respectivamente Soublette y Páez.

Fórmula que intenta solucionar, sin éxito, las tensiones entre los jefes militares y las legales y legítimas autoridades civiles.

La pretoriana acción de Angostura en 1819, era una especie de segunda edición mejorada y aumentada de la experiencia de 1810 descrita en las páginas iníciales de este anexo. Ésta situación bien explica los 105

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dispositivos de control civil propuestos por la Constitución de 1821 o de Cúcuta y la legislación colombiana de la década de la década de 1820. Las jefaturas civiles-militares, o para ser exactos en términos históricos, las jefaturas militares-civiles, eran un intento por encontrar solución al problema generado por la guerra misma relacionado con las tensiones de autoridad entre los jefes militares en campaña y las autoridades civiles. La solución institucional de fusionar en un hombre de uniforme castrense, las máximas responsabilidades militares y civiles, tendrá, hasta el día de hoy, profunda significación en la evolución histórica de la patria natal de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios.

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Un modelo sui géneris de concebir el combate: Tendencia teórico-militar venezolana (1870-1908)

José Raimundo Porras Pérez

Introducción A inicios del siglo XX, la Historia Militar era considerada -salvo por un pequeño grupo de expertos- como una disciplina secundaria en el conglomerado de las ciencias sociales. Su uso se limitó a los círculos de enseñanza castrenses. En las observaciones hechas sobre los ejes educacionales de las escuelas militares alemanas, el general Von Peucker señaló que “...cuanto más experiencia de la guerra falta a un ejército, más importa tener recursos en la Historia de la Guerra como instrucción...”110 Pero sobresale un detalle elocuente, aquel discurso se construyó como fomento del patriotismo, bajo enfoques ajenos al carácter científico de la Historia tales como: el mito, la novela, la hagiografía y la narrativa heroica entre otros. El pensamiento militar, la evolución de las concepciones teórico-militares y el progreso técnico en materia bélica fueron líneas de investigación de escaso abordaje.

Hans Delbrück se erigió como uno de los primeros historiadores militares modernos en acometer el estudio de la ciencia y teoría militar, así como su relativa dependencia de las condiciones económicas, sociales y políticas. El intelectual germano basó su método de investigación en el examen crítico de las fuentes y el apoyo en otras disciplinas auxiliares, de esta manera, se aproximó a un concienzudo análisis y comparación entre diferentes épocas para trazar la evolución de las instituciones militares.111 Más allá de lo antes expuesto, Delbrück atribuyó a la Historia Colonel d’Artillerie F.Foch: Des principes de la guerre: conférences faites a l’École Supérieure de Guerre, París, Berger-Levrault, 1906, pp. 6-7.

111 Hans Delbrück trató situar a la Historia Militar en el marco de la Historia General. Consideró la guerra como una manifestación cultural, sujeta a la evolución de la ciencia e influida por la economía y el sistema político. Una muestra fehaciente de su postura teórica puede verse en: Hans Delbrück: The Dawn of Modern Warfare, Westport, Translated by Walter J. Renfroe Jr., En: History of the Art of War, Vol, 4, Greenwood Press, pp. IX-XI. 110

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José Raimundo Porras Pérez

Militar la tarea de indagar cómo el intelecto humano adaptó las condiciones económico-sociales y técnicas al desarrollo de un determinado modo de guerrear. En definitiva, no sólo debían estudiarse los aspectos materiales, sino también el espíritu que a lo largo de los siglos animó la estrategia y la táctica.112 El pensamiento militar se nutre de la experiencia de los conflictos bélicos, de los que es su reflejo intelectual. Tomando como base esa realidad, la historia del pensamiento militar se convierte en depositaria de la experiencia de combate en un período determinado. A finales del siglo XIX, el Arte Militar Occidental era una amalgama del sistema francés y el prusiano-alemán. Los procedimientos y lenguaje comunes de los cuadros de mando en el campo de batalla se conocen como doctrina militar. La materia en cuestión se vio influenciada por el desarrollo tecnológico de la segunda revolución industrial, el uso de un conjunto de profesionales que pudiesen ofrecer una alta asesoría técnica (Estado Mayor), y por último, un proceso de obtención y diseminación de información para proveer una conciencia colectiva del campo de batalla.

Al hacer un balance historiográfico de los conflictos armados en Venezuela, se aprecian varios problemas esenciales en la construcción del discurso: una constante tonalidad épica, la magnificación de los conductores de tropas y la batalla mitificada. La narrativa de nuestros hechos bélicos, hasta bien entrado el siglo XX, fue un reflejo del romanticismo literario venezolano; manifestación que ha restado seriedad a nuestros estudios histórico-militares. Ahora bien, la noción de guerra concebida por la congregación de oficiales profesionales de la etapa finisecular del decimonónico, y la trascendencia que tuvo este período en el contexto internacional, puso en marcha el motor de la renovación y reorganización del aparato bélico del país. De allí surge la siguiente interrogante: ¿Cómo se nutrieron las tendencias teórico-militares y la doctrina castrense en Venezuela?

La intención de este trabajo consiste en analizar las tendencias teórico-militares seguidas por los estamentos castrenses venezolanos 112

Walter Emil Kaegi Jr.: The Crisis in Military Historiography, California, Armed Forces and Society, Vol. 7, N°2, winter 1981, pp. 308-310.

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Un modelo sui géneris de concebir el combate: Tendencia teórico-militar venezolana (1870-1908)

en la etapa comprendida entre 1870 y 1908, y apreciar el proceso de evolución e impacto de la ciencia y doctrina militar en el profesionalismo de las fuerzas terrestres venezolanas a finales del siglo XIX y comienzos del XX, de esta manera, se pueden contrastar las visiones que enmarcan a nuestros conflictos armados en el período, como una lucha homérica de semidioses o simples “montoneras” confusas y desorganizadas.

La influencia de las tendencias teóricas de España y Estados Unidos de Norteamérica En septiembre de 1830 el Congreso venezolano decretó la organización de la Fuerza Militar y la fijación de la Fuerza Permanente del Estado.113 Posteriormente, en octubre de ese mismo año se emitieron los instrumentos legales sobre Milicia Nacional114, tribunales militares y Escuela Militar de Matemáticas115; con aquel bagaje de normas se inició el apuntalamiento de las bases jurídico-organizativas del Ejército Venezolano, no obstante, desde el punto de vista doctrinario el marco referencial seguía sustentándose en las Ordenanzas de S.M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicios de sus exércitos116, dictadas por el Rey Carlos III de España en el año en el año de 1768.

El instrumento de normas militares adaptables a nuestro contexto se produjo en el transcurso de más de cien años. En este sentido, el 20 de febrero de 1873 se promulgó el primer Código Militar de Venezuela117, su redacción estuvo a cargo del general Felipe Esteves. Aquel compendio Véanse los decretos organizando la Fuerza Militar y fijando la Fuerza Armada Permanente del Estado en: Constitución y demás actos legislativos, sancionados por el Congreso Constituyente de Venezuela en 1830, Caracas, Tomo I, Imprenta de G.F. Devisme, 1832, pp.137-142, 155-160.

114 El Secretario de Guerra y Marina, José H. Cistiaga, calificó en su Memoria de 1831 a la Ley de Milicia como “absolutamente ilusoria” e impracticable. En: Pedro Grases y M. Pérez Vila (Comp.): Las Fuerzas Armadas de Venezuela en el siglo XIX, (Textos para su estudio), Caracas, Presidencia de la República, 1963, Vol. 6, Doc. 776, pp.111-113.

115 Para ampliar el tema véase a Domingo Irwin e Ingrid Micett: Caudillos, militares y poder: una historia del pretorianismo en Venezuela, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2008, p.73.

116 Las Ordenanzas Militares contenían todo el saber militar de la época en que fueron redactadas, tales como: normas de comportamiento, derechos, deberes, funciones, leyes penales, táctica, organización, régimen interior, equipamiento etc. Ver: Ordenanza de S.M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicios de sus exércitos. Dos Tomos, Madrid, Antonio Marín Impresor de la Secretaría del Despacho Universal de la Guerra, 1768.

117 Código militar sancionado por el ciudadano general Guzmán Blanco, presidente provisional de los Estados Unidos de Venezuela y general en jefe de sus ejércitos, en 1873, Caracas, Imprenta de la Opinión Nacional, 1873.

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reunió en un cuerpo de normas los aspectos relativos a: organización, jurisprudencia, formaciones de combate, responsabilidades y funciones de los cargos esenciales en las unidades del Ejército.118 Dicha recopilación seguía un esquema muy afín al Proyecto de Código Militar119 redactado por el brigadier español don Francisco Feliú de la Peña en el año de 1851, de allí que podemos inferir que nuestras tendencias teórico militares, no llegaron a desligarse de las corrientes del pensamiento militar imperantes en el Reino de España.

En su primer mandato, el general Guzmán Blanco emprendió una serie de medidas destinadas a suplir las necesidades de equipamiento, organización y regulaciones para el Ejército y Marina; providencias impuestas por los nóveles avances científico militares en Europa y los Estados Unidos de Norte América. Aquellas no fueron unas medidas endémicas, en toda la América Latina predominó la tendencia a la adquisición de los pertrechos militares, técnicamente más avanzados y los servicios de adiestramiento en el manejo de los mismos en la mezcla de bienes de consumo entre 1870 y 1914.120 El Jefe del Ejecutivo Nacional adquirió un voluminoso conjunto de armas provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica, el lote estaba constituido por: 14.000 Rifles Enfield, 590 Rifles Remington y 10 Rifles Sharp (todos con sus respectivas municiones, correajes y fornituras).121 Posteriormente se recibió un conjunto de “...150 piezas de artillería calibres 1 á 100, 36.000 rifles nuevos, entre ellos 2.300 Remington”.122 Exposición que dirige al Presidente de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina, Caracas, Imprenta de la Concordia, 1873. Se han efectuado estudios completos sobre la perpetuación de las Ordenanzas Militares de Carlos III en América hasta finales del siglo XIX, todo ello, a través de la apreciación de la legislación militar promulgada en las primeras décadas en los Ejércitos de Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú, Venezuela, etc. Para ello, véase Fernando de Salas López: Ordenanzas militares en España e Hispanoamérica, Madrid, Editorial MAPFRE, 1992, pp. 195-198.

119 Ver: Brigadier don Francisco Feliu de la Peña: Proyecto de Código Militar, Barcelona, Establecimiento Tipográfico de El Sol, 1851.

120 William Glade: “América Latina y la economía internacional, 1870-1914”, en: Leslie Bethell (Comp.): Historia de América Latina, Vol. 7, América Latina: Economía y Sociedad 1870-1930, Barcelona, Editorial Crítica, 1991, p. 20.

121 Exposición al Congreso Nacional de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina en 1875, Caracas, Imprenta de la Opinión Nacional, 1875, p. XLII. 122 Exposición al Congreso Nacional de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina en 1878, Caracas, Imprenta de la Opinión Nacional, 1878, p. XIV. 118

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Todo aquel esfuerzo implicó que surgiesen los inconvenientes causados por la diversidad de calibres y modelos en los diferentes parques de la República; muestra de ello, es el caso del Estado Guzmán Blanco123 que poseía en sus inventarios “...6.671 fusiles de calibre grueso, 8.020 fusiles de calibre delgado, 435 carabinas de pistón, 753 Remington, 3 fusiles de aguja, 2.707 fusiles de pistón, 141 fusiles de piedra y 4.188 fusiles Enfield.124 En el año de 1881 existían en los parques de la nación 29.186 fusiles Enfield y 92 piezas de artillería compuesto por material Parrot125, Blakely126 y Armstrong127. Sin embargo, el Gobierno Nacional seguía pensando en “...la compra gradual del armamento perfeccionado últimamente; y al efecto en los últimos días de enero del corriente año, han sido introducidos y depositados en el Parque Nacional del Distrito 2.200 Remington con sus correspondientes accesorios; de manera que la existencia en parque de Remington monta hoi á la cifra de 5.010”.128 Para el año de 1870 la artillería ya disponía de un Manual de Artillería Montada ajustadas al relieve, material y tamaño de las fuerzas de la Milicia Nacional. Su fundamento teórico era netamente español, y su escogencia se debía a que en Venezuela las piezas de artillería destinadas a las operaciones terrestres normalmente eran de pequeño calibre conducidas por animales de carga. Dentro de las diversas modalidades del uso de la artillería129 la Montada estaba predominantemente destinada a la guerra “...en países montañosos; debe ser ligera El Estado Guzmán Blanco comprendía los actuales territorios de Aragua y Miranda.

El Enfield P-53 era un fusil de avancarga con llave de percusión. Tenía miras regladas y cañón estriado, estuvo en servicio desde 1853 hasta 1866 y su empleo fue masivo en la Guerra de Crimea y la de Secesión Estadounidense. El Enfield usaba cartuchos de papel, engrasados para impermeabilizarlos, y una bala de tipo Minie calibre 14,6 mm.

125 El cañón Parrott fue el primer cañón rayado fabricado en los Estados Unidos y utilizado en la guerra de Secesión. Fue la artillería rayada oficial del Ejército y la Marina norteamericana desde la década de 1860 hasta la de 1880.

126 El cañón Blakely fue diseñado por el capitán del Ejército Británico Theophilus Blakely, quien demostró en 1855 la ventaja de la construcción de cañones zunchados. Sus cañones fueron construidos en tres factorías británicas: Fawcet, Preston & Co, Low Moor Iron Co. y la Blakely Ordnance Co. of London.

127 El rayado que Armstrong ideó para los cañones de avancarga combinaba los sistemas de centrado y compresión,; este se caracterizaba por tener las estrías más anchas en la boca del cañón que en el interior del ánima, con dos canales en diferentes niveles: un canal delgado y de nivel superior y otro ancho y de nivel inferior. Esto permitía que el proyectil obtuviera un perfecto centrado en el momento de su salida.

128 Exposición que dirige al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina en 1881, Caracas, Imprenta de Vapor de la Opinión Nacional, 1881, Doc. 8.

129 Plaza, Sitio, Campaña, Costa y Montada.

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para facilitar su conducción en caballerías; el mulo, por su fortaleza y agilidad, atraviesa con grandes cargas los pasos más difíciles de las montañas”.130 El Manual de Artillería Montada Ajustada á las Maniobras Necesarias para la Milicia Nacional131 impreso por Melquíades Soriano en 1869, guardaba elementos muy afines al orden de batalla y servicio de las piezas expuestos en el tratado de Táctica de Artillería de Montaña a Lomo impreso en Madrid en 1843.132 El material de guerra adquirido por el Gobierno Nacional en la década de 1870 ya se encontraba en desuso en gran parte de los ejércitos europeos y el americano. Los rifles Enfield se accionaban con el mecanismo de llave de percusión133 y de avancarga (recién sustituidos por los mecanismos de percusión de aguja). Por las condiciones de inoperatividad de aquellos fusiles, el Estado Venezolano puso un gran esmero en la compra del sistema Remington, debido a sus ventajas técnicas y facilidad de adquisición. Los mandos juzgaron que se necesitaba una disposición común de ejecución de tareas en el campo de batalla, acorde con la adquisición de equipamiento de mayor tecnología.

Primeramente se adoptaron conocimientos castrenses que proporcionasen un vocabulario y simbología común para uso de los conductores de tropas a través de la cartografía. En el año 1879, por disposición del general Guzmán Blanco, el Manual de Método de Dibujo Topográfico134 redactado por Diego Casañas operó como texto oficial para la enseñanza de la representación de los diferentes cuerpos armados, la elaboración de croquis y planos de batallas, de manera que se nutrió la enseñanza y planificación de las operaciones por los Coronel Don Javier de Santiago y Hoppe: Nociones de Artillería para el uso de los sargentos y cabos del arma, Madrid, Imprenta de J.A. García, 1863. p. 33.

131 Manual de Artillería Montada ajustada á las maniobras necesarias para la Milicia Nacional Lo dedica a la Brigada de Madrid el oficial de la misma, Caracas, Reimpreso por Melquíades Soriano 1869. p. 11.

132 Ramón de Salas: Táctica de artillería de montaña a lomo: redactada en virtud de lo previsto en Real Orden de 3 de agosto de 1843, Madrid, Imprenta de don Ignacio Boix, 1844. pp. 49-50.

133 Las armas de llave de percusión estaban provistas de boquillas encima de las cuales se colocaban cápsulas con fulminato de mercurio y cloruro de potasio; al golpear el martillo a la cápsula, se encendía la pólvora y provocaba el disparo del arma.

134 Diego Casañas Burgillos: Método de Dibujo Topográfico, Caracas, Litografía Artística de Félix Rasco, 1879.

135 Un ejemplo de la importancia del dibujo topográfico en la ilustración de la táctica e Historia Militar lo encontramos en el plano de la Batalla de Santa Inés realizado por el ingeniero José Ignacio Chacquert.

136 Fabricado en la región de Llion en el Estado de New York.

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estados mayores y los oficiales de instrucción de los diversos cuerpos y Academia Militar.135 A raíz de la adquisición del fusil Rémington mod. 1866136 se precisó la uniformidad en todos los cuerpos bajo un mismo sistema de instrucción y uso. El Jefe de la Fortaleza “El Vijia”, ubicada en La Guaira, proponía como “...indispensable el cambio de la táctica hasta ahora observada en el país, tanto más cuanto que el armamento moderno importado en Venezuela no puede ser manejado según la instrucción antigua...”137 La alta oficialidad emprendió la traducción y análisis de A New System of Infantry Tactics, redactado por el mayor general Emory Upton.138 Todo ello, sucedió sin excluir la influencia española valiéndose de los tecnicismos tácticos del “...Marqués del Duero, habiendo sido necesario, así como en la edición americana, hacer uso de nuevos términos para nuevos movimientos”.139 Aquella corriente de renovación alcanzó un modesto logro en la obra del general Manuel Agüero: Manual del Manejo de Armas Arreglado Expresamente para el fusil Remington “...con que está hoi armada una gran parte de las fuerzas en servicio, con el fin de que el Ejecutivo Nacional lo adoptase como texto para la instrucción del Ejército.140 Llama la atención un aspecto que se puede considerar de mayor trascendencia, y es que cualquier texto de estudio y referencia debía ser evaluado por una “Comisión Revisora” conformada por tres oficiales especialistas. Así, los expertos evaluaban la idoneidad de aplicación teórico-práctica en nuestro ámbito castrense. Para ilustrar este esquema se puede citar el caso de la misión ordenada por el Ministro de Guerra y Marina en 1876, a los generales Felipe Esteves, Augusto Lutowsky y Alejandro Ibarra141, quienes tenían la misión de examinar los manuales General Manuel Agüero: Manual para el manejo de armas arreglado expresamente para el fusil Remington.

Ejercicios de fuego y marchas e instrucción sobre el uso de la espada por los oficiales en formación, Caracas, Imprenta de la Opinión Nacional, 1876, p. 3.

138 Col. Emory Upton: A New System of Infantry Tactics. Double and Single Rank. Adapted to American Topography and Improved Fire-Arms, New York, D. Appleton, 1867.

139 General Manuel Agüero: Manual para el manejo de armas... p. 5.

140 Exposición al Congreso Nacional de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina en 1877, Caracas, Imprenta de la Opinión Nacional, 1877, p. XV. 141 Véase el Resuelto de la Dirección de Guerra del Ministerio de Guerra y Marina del 7 de julio de 1876.

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publicados en la época. Al término del escrutinio del compendio del general Agüero, la comisión dictaminó que la obra no era más que un manual para el manejo de armas, la carga y los fuegos del fusil Remington, igualmente resolvió que ...no es una táctica completa como la que en 1864 publicó en Madrid el general Concha Marqués del Duero, para el mismo Fusil y el Berdán, que es uno de los mejores manuales que existen en Europa y que sirve hoi de texto para la instrucción de los cuerpos del Ejército español como consta del mismo ejemplar que los que suscriben han tenido a la vista. 142

El gobierno guzmancista, una vez decretado el uso del manual del general Agüero como obra de referencia, lanzó una edición de 300 ejemplares para las diferentes unidades del Ejército, lo que hacía más accesible la instrucción a los escalones bajos de la institución. Los soldados debían manejar un vocabulario técnico, en consecuencia, se hicieron esfuerzos para que las tropas aprendiesen a leer y escribir.

Ya se ha valorado que en la obra del general Agüero, no se plasmó en un cuerpo de normas las operaciones de guerra en la geografía venezolana, aquella situación abrió paso a un Tratado Militar Venezolano143 en el escenario castrense. En el prefacio se expresaba que; En la actualidad no hay más que una norma en el Ejército, el Código Militar...hai una carencia absoluta de un libro que abarque todas las materias del servicio, que toque todos los puntos culminantes de fórmulas y reglas militares, que sirva de instructor para el recluta como para el oficial, y lleve el modelo de la Táctica para el manejo de las armas, los movimientos y evoluciones conforme á las modernas prácticas. No hemos creído necesario exponer principios y reglas estratégicas, en atención á que ellos constituyen un estudio aparte y mui especial; así como también porque no Exposición al Congreso Nacional de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina en 1877... p. 11.

143 General Jorge Michelena: Tratado Militar Venezolano Arreglado para el Servicio del Ejército de Conformidad con el Código y las Tácticas Modernas Francesa y Española; Comprendiendo los Toques Militares y todo lo Concerniente al Servicio de Guerrilla y al Tiro, Caracas, Alfred Rothe, 1879.

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son aplicables a Venezuela las prácticas usuales de ningún otro país...el sistema venezolano, para hacer la guerra, es sui generis, por las condiciones peculiares de nuestras regiones y aún de nuestro carácter...hemos tomado de varios autores lo que juzgamos esencial...relacionándose con las nuevas armas de infantería.144

La concepción del Tratado Militar Venezolano de Michelena contaba con elementos teóricos plasmados en la concepción militar francesa de mediados de la decimonovena centuria, pero no se desvinculó de la antigua táctica napoleónica expresada en los manuales españoles de principios de siglo145, se aducía que “...el fuego por hileras es mas militar, siempre que se ejecute con serenidad y destreza. Es el que con más frecuencia se ha de emplear con inmediación al enemigo, sea en el ataque ó en la defensa, para descomponerle ó reprimir su audacia, y el más á propósito para la defensa de puestos retrincherados”.146 Aunque se venían arrastrando caducos argumentos doctrinarios, como el dictamen de la formación de los batallones en dos hileras como la forma de alineación en batalla147, paradójicamente se esgrimieron elementos de avanzada, por ejemplo la clara preponderancia del fuego (representado en la puntería del combatiente individual) tal como lo muestran las siguientes líneas: Para que el fusil de la infantería, sea rifle de precisión, común ó de cápsula, antiguo ó moderno, produzca los efectos que de él se esperan, es necesario: Que el soldado conozca las diferentes partes y los accesorios del arma; que lo sepa desmontar y remontar, y arreglarlo convenientemente en cuanto á su aseo. Que el soldado ejecute regularmente la carga. Que las reglas para el disparo sean conocidas por el soldado, es decir, que sepa de qué manera puede dirigir el arma, por la relación entre la puntería, la mira y el objeto hacia el cual se hace el fuego. Que esté ejercitado en estimar Ibídem. (Prefacio).

Para sustentar lo expresado a principios del párrafo, existen extractos exactamente iguales al Reglamento para el exercicio y maniobras de la infantería de España, Madrid, Ejército de Tierra, Cuerpo de Infantería, Imprenta Real, 1808, p.160.

146 General Jorge Michelena: Tratado Militar Venezolano... p.98.

147 Michelena: Op. Cit., pp. 90-93.

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las distancias. La instrucción del soldado no será completa si después de haberse ejercitado en disparar solo, no se ejercita en fuegos de pelotón. Los principios generales del tiro se deducen de las posiciones relativas ocupadas por tres líneas, que son: la línea del tiro, la trayectoria y la línea de mira.148

Aunque la norma europea y norteamericana dejó su huella en el Tratado Militar Venezolano se aprecia la introducción de otros puntos de cardinal importancia aplicables a nuestra situación bélica como: ...la organización de un cuerpo de infantería, ligero, armado de carabinas rayadas, de alcance, instruyéndolo como cazadores, y cuyo traje debería ser el traje nacional: camisa sin cuello, cogida por un cinturón, pantalón corto ajustado á la rodilla. Sandalia o sea la cotiza, sombrero de alas grandes, prendida una de la copa, y un pequeño morral, que sería la cobija, cogida por correas.149

Al término del primer gobierno del general Guzmán Blanco, los generales Lino J. Revenga, Julián Churión y Gualterio Chitty efectuaron el examen de una obra presentada al gobierno por el ciudadano A. Ruiz Miyares, titulada Elementos sobre Instrucción de Artillería con el fin de que se adoptase como texto de instrucción de dicha arma en el Ejército. Tal pretensión no tuvo efecto, por no haber sido favorable “...la opinión de los inteligentes comisionados para su estudio”.150 Los miembros de la comisión exigían de un tratado de artillería que, sin dejar de ser elemental, pudiese servir de instrucción en esa arma, “... llamada á ser la más preponderante de todas en el arte de la guerra, por su material y por su personal”.151 Además, al detectar las raíces de la obra en el Diccionario Militar del general español José Almirante, expusieron en que no se trataba a fondo la artillería moderna con la siguiente interrogante:

Ibídem., p. 170.

Ibídem, p.173.

150 Exposición al Congreso Nacional de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina en 1878, Caracas, Imprenta de la Opinión Nacional, 1878, p. XI. 151 Ibídem. p. 27.

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¿Cómo se comprende, pues, que en una obra que se destina á la instrucción de nuestra juventud, se prescinda casi en absoluto de las bocas de fuego modernísimas, sus monturas, maniobras y atalajes? En nuestro país tenemos los cañones Parrot, Armstrong y Blackley ¿Qué nos dice de ellos la obra del señor Miyares? Nada; así como de la ametralladora guarda un silencio mui lamentable.152

En el Quinquenio Guzmancista la táctica militar se difundió a través de los jefes de instrucción de los batallones. Los batallones que formaban el Ejército Activo, se encontraban armados de Remington, “...el cual manejan con suma perfección, arreglados á la táctica del Marqués del Duero que es la que provisionalmente, tiene adoptada la República”.153 El Ministerio de Guerra y Marina fue “...notificado de que ella había sido reformada en 1882 por una comisión de militares competentes pertenecientes al depósito de la Guerra en España154, se ocupó en obtener algunos ejemplares de la obra reformada”.155 Para el año de 1891, finalmente se dispuso que se adoptase como texto para la instrucción del Ejército la última edición de la táctica del Marqués del Duero.156 La Academia Militar de Matemáticas creada y reglamentada por los decretos del 14 de octubre de 1830 y 26 de octubre de 1831 subsistió hasta 1870.157 Su clausura fue un acto contraproducente al interés nacional, ya que “...durante cuarenta años fue la Academia de Matemáticas el único establecimiento científico de Venezuela que sostuvieron las rentas nacionales”.158 El general Alcántara, por decreto del 14 de diciembre de 1877, organizó nuevamente la Academia, como un instituto puramente Ídem.

Exposición que dirige al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina en 1883, Caracas, Imprenta de Vapor de la Opinión Nacional, 1883, p. XII. 154 Ello dio como resultado nuevas regulaciones. Ver: Depósito de la Guerra: Reglamento para el servicio de campaña, aprobado por ley de 5 enero de 1882, Madrid, Imprenta y Lithografia del Depósito de la Guerra, 1882.

155 Exposición que dirige al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina en 1886, Caracas, Imprenta Nacional, 1886, p.25.

156 Exposición que dirige al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina en 1891, Caracas, Imprenta de El Pueblo, 1891, pp. V-X. 157 Aún no se ha determinado el móvil político del porqué el Gobierno de aquella época la dejó en completo abandono y al cabo la extinguió.

158 Exposición al Congreso Nacional de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina en 1878, Caracas, Imprenta de la Opinión Nacional, 1878, p. XXII. 152 153

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militar.159 En el año de 1879, el general Guzmán Blanco la cerró y adscribió a la Universidad Central, eliminando así lo que calificó de “nido de godos”.160 Por resuelto del Ministerio de Guerra y Marina del 16 de abril de 1890, se abrió nuevamente una Academia Militar a cargo de un general, designado por el Supremo Magistrado. La Academia Militar era considerada “...como un cuerpo en actual servicio y en tal concepto formará parte del ejército permanente por lo que estará sometida en todo á las leyes y códigos militares vigentes. La instrucción será teórica y práctica, para la cual se adoptarán los textos que señale el Ministerio de Guerra”.161 En la última década del siglo XIX, La Academia Militar se erigió como un recinto para la enseñanza de oficiales y, en poco tiempo aquella casa de estudios se mostró como recinto de la instrucción práctica del combate, así se aprecia en la siguiente representación: En efecto, son ya palpables y evidentes los grandes adelantos que en la vasta instrucción militar antigua y moderna van adquiriendo los jóvenes alumnos matriculados, que en dicha Academia oyen, atentos y aplicados, las útiles y provechosas lecciones de su idóneo Director, General Saturnino Fornes. Al andar de corto tiempo instalada la Academia con pocos alumnos, quiso su Director presentar un lijero examen, con objeto de demostrar, si no notables adelantos, por no ser posibles entonces, sí á lo menos, la decidida aplicación de los educandos, al par que el recomendable fervor del maestro.162

Los alumnos formados en la Academia Militar sirvieron como foco de la divulgación teórica del arte militar. Podemos citar el caso de una obra de especial interés, como lo es el caso del Capitán José Antonio Espinoza con el folleto intitulado Cartera del Soldado, para su estudio Exposición al Congreso Nacional de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina en 1878... p. XXIII. 160 Desde su creación, la Academia Militar fue una institución sujeta a la inestabilidad política del momento.

Véase a: Mariano Picón-Salas: Venezuela independiente, 1810-1960, Caracas, Fundación Eugenio Mendoza, 1962, p. 546.

161 Exposición que dirige al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina en 1891, Caracas, Imprenta de El Pueblo, 1891, pp. 57-59.

162 Exposición que dirige al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina en 1891... p. XXI. 159

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y examen se creó una comisión conformada por los generales Leopoldo Sarría, Fernando Pacheco, José María González y el coronel José María Hurtado Ortega.163 Dicha delegación se manifestaba sorprendida por la precisión y claridad con que se hacía comprensible; ...hasta para las más obtusas inteligencias la nomenclatura y teoría del Remington, objeto del mencionado folleto, la perfecta descripción que hace hasta de los menores detalles de la referida arma, revelan en el autor un profundo conocimiento de élla; y con referencia á su manejo para el tiro, apreciación de distancias, manejo del alza... contiene además algunas otras explicaciones de suma utilidad que deben ser conocidas de nuestros soldados...164

El autor abría la mente del lector al expresar que aunque se había escrito acerca de la teoría y descripción del Remington, se tropezaba con el inconveniente de que los grandes tratados sobre la materia eran muy extensos e inadecuados “...á la natural inteligencia del soldado...”165 El folleto de Espinoza era el primer manual donde se detallaban cortes transversales del fusil para que el combatiente apreciase sus partes y la colocación de las distintas piezas166, lo que facilitaba el mantenimiento y funcionamiento del arma. Lo medular de la obra del Capitán Espinoza era el sentido didáctico con que podía llegar hasta los más bajos niveles de la organización167, por lo que fue adoptada por el Ejército Nacional como texto para la enseñanza teórica del arma que se usaba para la instrucción del tiro.

En concordancia con las nuevas tendencias teóricas europeas, la instrucción de las tropas empezó a dar preponderancia a la puntería del individuo sobre la caduca ráfaga de fusilería del colectivo. De tal importancia era aquel adiestramiento que se “...instruía al soldado en la apreciación de distancias colocando hombres y fracciones de los mismos Exposición que dirige al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina en 1892, Caracas, Tipografía de El Correo de Caracas, 1892, p.141.

164 Exposición que dirige al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina en 1892, p.143.

151 Ibídem. pp. 150-153.

166 Ibídem. p.167.

167 Esto se aprecia en el hecho de que las impresiones de las obras estaban por encima de los mil ejemplares.

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de cien en cien metros haciéndoles observar el aspecto que presentaban a distancias determinadas, estos ejercicios se hacían a distintas horas del día y con distintas condiciones atmosféricas”.168 Inicios de la prusianización del Ejército y la Marina de Guerra Por razones estratégicas, y dado el extenso litoral marítimo de la República, se hacía necesario reemplazar en las fortalezas y la Armada Nacional las baterías de antiguos modelos de artillería descontinuados en los países más avanzados en materia bélica. Por lo antes expuesto, se celebró el contrato del 31 de mayo de 1893, para la compra de cuarenta y cuatro (44) piezas de Artillería con su respectiva munición y accesorios, además de treinta y seis mil (36.000) fusiles Mauser y tres mil doscientas (3.200) carabinas fuego circular169 con sus municiones, correage, etc.170 Con la adquisición del material de guerra importado de las casas Krupp y Mauser en Alemania, y Winchester en los Estados Unidos de Norteamérica, se abrió un nuevo camino en las tendencias teóricas a seguir.

En el año de 1893, el Ministerio de Guerra y Marina propuso una nueva reforma de la Táctica Militar vigente, adaptándola al manejo del Infanterie Gewehr Modelo 71/84 o fusil Mauser, con que en ese momento estaba dotándose a las unidades del Ejército, ampliándola con la instrucción de batallón en orden abierto.171 En virtud de ello, el general Vicente Mestre señalaba, lo siguiente: Exposición que dirige al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina en 1892, Caracas, Tipografía de El Correo de Caracas, 1892, p.167.

169 Representada en la Carabina Winchester, Modelo 1873 (norteamericana) con un calibre de 11 mm. De percusión circular (después sería de percusión central). Tenía una cadencia de 10 disparos por minuto, y un almacén en el tubo a lo largo del cañón con capacidad de 8 cartuchos. El rifle Winchester llegó a ser sinónimo del “fusil de repetición” de la segunda mitad del siglo XIX; es decir, de aquellos primeros fusiles y carabinas que permitían disparar varias veces sin necesidad de efectuar una recarga, desalojando el casquillo o cartucho usado y reemplazándolo por uno nuevo mediante un movimiento de palanca. Al Winchester se le conoce en los Estados Unidos como: “El arma que conquistó el Oeste”, sobre todo por su recurrente aparición en las películas del género Western, como las protagonizadas por John Wayne en los años 1930s y 1940s. Esta fama no es del todo exacta, pues la primera conquista del Oeste se realizó con otros modelos de fusiles de tiro rápido, aunque la popularización del Winchester sí masificó la brecha tecnológica entre los conquistadores estadounidenses y los guerreros nativos que lucharon por su independencia durante la última fase de las Guerras Indias.

170 Exposición que dirige el Ministro de Guerra y Marina al Jefe del Poder Ejecutivo Nacional en 1893, Caracas, Imprenta y litografía Nacional, 1893, Documentos 10 y 11.

171 Exposición que dirige el Ministro de Guerra y Marina al Jefe del Poder Ejecutivo Nacional en 1893, Caracas, Imprenta y litografía Nacional, 1893, p. XXII. 168

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Hace pocos días que en conversación privada, publicada luego por uno de los periódicos de esta capital, digimos(sic) nosotros que habiendo el gobierno comprado un valiosísimo parque en el cual figura el Mauser como arma para la infantería, era de desearse que los militares hicieran un estudio de tan importante fusil, para que se formaran un concepto de él...172

El fusil máuser fue objeto de un examen detallado por militares expertos. Se concluyó que el arma no se emplearía sino en el tiro de repetición. Pero “...las condiciones del arma son tales, que no solamente permite completar la carga de su almacén, sino igualmente emplearla como arma de tiro simple, cargándola tiro á tiro, ó bien, conservando una reserva de cartuchos en el almacén, y completar sucesivamente su carga, introduciendo un cartucho cada vez en él”.173 Con aquel fusil se produjo una innovación en el entrenamiento del combatiente a través de los cartuchos de entrenamiento. El cartucho de ejercicio se componía de la vaina y de una bala simulada por una camisa de acero soldado a aquella y niquelado para distinguirlos de los cargados174, con aquellos artificios se lograba el adiestramiento de las unidades sin el riesgo de sufrir heridas por sus propios compañeros.

Ante la ausencia de un marco referencial del fusil Mauser para los batallones, se nombró una comisión compuesta por los ciudadanos generales Francisco Carabaño, Ramón García y Saturnino Fornes con el fin de examinar y presentar un informe sobre un tratado de Táctica de Infantería para Batallones, escrita por el coronel Siro Vásquez. Al término de un mes la comisión dictaminó a favor de dicho tratado. Se dispuso así, adoptar la obra como adición a la Táctica Militar incluida en el Decreto del 15 de junio de 1893 y se destinó la suma de 5.800 bolívares para la impresión de 1000 ejemplares.175

General Don Vicentre Mestre: El Fusil Mauser su Tratamiento y Conservación, Caracas, Imprenta Bolívar, 1894, p. 6.

173 Idem.

174 General Don Vicentre Mestre: El Fusil Mauser...p. 11.

175 Exposición que dirige el Ministro de Guerra y Marina al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela en 1896, Caracas, Imprenta Colón, 1896, pp. 164-167.

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El tratado del coronel Vázquez contenía una marcada similitud del texto de Táctica de Infantería: Instrucción de Sección y Compañía, redactado en España en el año de 1896, esto se aprecia en las siguientes líneas: Al Jefe de Batallón toca distribuir su fuerza conforme lo exigan (sic) las circunstancias del momento. Teniendo entendido que á cada compañía ha de dar una misión determinada...y que ha de conceder a los capitanes una iniciativa razonable para obrar dentro del objeto que les haya designado, exigiéndoles al mismo tiempo que, cuando éste termine, se reúnan al batallón sin orden especial para ello.176

Como adición a la táctica de 1893 surgió el Decreto Ejecutivo del 2 de octubre de 1896, por el cual se adoptaba la táctica que debía seguirse para la instrucción del Ejército Activo de la Nación. En el documento se aprecia que no aportaba nada nuevo con respecto a las maniobras ofensivas de infantería de épocas anteriores, por ejemplo: ...en el orden abierto ó disperso las diversas fracciones de una unidad táctica ó de combate están colocadas unas detrás de las otras, á distancias desiguales y bastante considerables, hallándose la tropa de las más avanzadas en guerrilla, esto es, en una sola fila con intervalos entre los soldado, y las demás constituyendo varias líneas o escalones y formadas en líneas ó en columnas.177

No obstante, aquel tratado contenía un importantísimo apéndice para la construcción de trincheras-abrigos de similar dimensión y apariencia a las erigidas actualmente por los combatientes individuales de infantería. Además daba una importancia al entrenamiento de los soldados en el fuego del fusil y el cañón moderno de artillería.

Ibídem. p. 168. Este texto fue extraído del tratado de táctica de infantería española. Ver: Depósito de la Guerra: Tactica de infantería: Instrucción de sección y compañía, Madrid, Tipografía Nacional, 1896, p.135.

177 Táctica de infantería instrucción de batallón decretada por el general Joaquín Crespo, Caracas, Tipografía El pregonero, 1897, p.4.

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Para el año de 1899 se lograron captar los avances en las maniobras de infantería en el asalto. Con el manual del teniente José Ignacio Fortoult la formación de un batallón era en una línea desplegada, consistente en que cada una de las compañías que la constituyen, estuviese formada en una única línea. “...El batallón así formado se divide en dos medios batallones: la primera y la segunda compañía constituyen el medio batallón de la derecha; y la tercera y la cuarta, el medio batallón de la izquierda...”178 La formación normal de un batallón en orden de combate consistía “...en tener dos compañías en orden normal de combate, la una al lado de la otra y las demás en línea de columnas de compañía, trescientos pasos a retaguardia de los sostenes”.179 La actividad intelectual militar venezolana, no solo se circunscribía al análisis de las obras ejecutadas por miembros de la institución armada de la nación; los escritos extranjeros también merecían su escrutinio. En 1894 una orden del Ministerio de Guerra y Marina sometió a examen “...una obra de la Academia Militar de Míchigan que ha recibido el Presidente de la República y que puede ofrecer alguna utilidad á nuestro Ejército, para que el Gran Consejo emita su opinión sobre la misma”.180 Aunque no se han obtenido referencias del tratado recibido por el general Joaquín Crespo, es muy probable que se tratase del texto: A National Reserve for the Exigency of War181 del coronel Joseph Sumner Rogers, quien se había desempeñado como superintendente y fundador de la Academia Militar de Míchigan.

Otros textos no oficiales deben mencionarse como aportes teóricos a la bibliografía militar venezolana. Tal es el caso del texto del general Antonio Paredes. En su condición de exiliado, Paredes viajó a París donde perfeccionó sus estudios militares. Allí dio forma a su libro Consejos e Instrucciones sobre el Arte de la Guerra, en el prefacio del mismo, el autor confirma la influencia de los escritos del Mariscal Bugeaud y en otras José Ignacio Fortoul: Reglamento de infantería ajustado a las prescripciones de la táctica moderna, Caracas, Tipografía de Herrera Irigoyen & CA, 1899, p.49.

179 José Ignacio Fortoul: Reglamento de infantería... p.90.

180 Exposición que dirige el Ministro de Guerra y Marina al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela en 1895, Caracas, Imprenta Colón, 1895, p. XXI. 181 Joseph Sumner Rogers: A National Reserve for the exigency of war, s.n., 1894.

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líneas se refiere al general Dragomirov.182 Una característica llamativa en la obra de Paredes se ve reflejada en la influencia del coronel Charles Ardant Du Picq cuando abordó los temas de los principios físicos y morales del combate de la infantería, de la moral en los combates, la caballería contra infantería, la caballería contra artillería y otras observaciones militares.

El general Paredes siguió un esquema muy similar a los Estudios sobre el Combate del pensador militar francés. Su texto era claramente destinado para uso de los soldados183, y “...expresamente hecho para ser llevado en el bolsillo”.184 Como tantos otros generales de su época, apuntó que no se debía caer en el error de copiar los usos europeos: ...si en los países del Nuevo Mundo, especialmente en los de Sur América, á pesar de la escasez de vías de comunicación, de la carencia de mapas detallados de los lugares, de nuestra poca población, de nuestros pequeños ejércitos, casi siempre improvisados; si á pesar de todas esas diferencias, esenciales, pretendiésemos hacer la guerra copiando servilmente los usos europeos, caeríamos en el ridículo, y lo que es peor aún nos inutilizaríamos para obtener grandes resultados militares.185

Antonio Paredes opinaba que el simple valor por sí sólo no podía dar el éxito en la guerra; los conocimientos sobre ella eran fundamentales, de allí la tarea de divulgación de los principios de ese arte entre la oficialidad y la tropa. Utilizó los escritos del general Dragomirov186 en lo relacionado a la educación militar187, y estimuló la iniciativa en los escaMikhail Dragomirov fue Director de la Academia de Estado Mayor del Tsar Nicholas I desde 1878 a 1889. En 1866 acompañó a Prusia en la campaña contra Austria. Dragomirov era un seguidor de las ideas de Alexandr Suvorov aquel cuya máxima era: “Las balas son inútiles, la bayoneta, una fiel compañera”. Para una visión del pensamiento ruso ver: David Schimmelpenninck van der Oye y Bruce Menning: Reforming the Tsar’s Army: military innovation in Imperial Russia from Peter the Great to the Revolution, Cambridge, Woodrow Wilson Center Prees and Cambridge University Press, 2004.

183 General Antonio Paredes: Consejos e instrucciones sobre el arte de la guerra traducidos del francés, y modificados para hacerlos especialmente aplicables en las naciones de la América del Sur, París, Imprenta Hispanoamericana, 1897, p.10.

184 General Antonio Paredes: Consejos e instrucciones sobre el arte de la guerra... p. XI. 185 Ibídem. p.VII. 186 Général Dragomirov: Commentaire de A. Souvorov: l’Art de Vaincre, París, Henri Charles- Lavauzelle, 1885. Citado por: Walter Pintner: Russian Military Thought: The Western Model and the Shadow of Suvorov, En: Peter Paret comp.: Makers of Modern Strategy from Machiavelli to Nuclear Age, Oxford, Oxford University Press, 1986.

187 El mismo apuntó que “...les hemos hecho pocas alteraciones, porque nuestras ideas sobre esos particulares están en un todo acordes con las suyas”.

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lones más bajos de la organización, con el resalto de la labor del capitán como “...responsable de la buena dirección impresa á los hombres de su compañía: partiendo de esta base tiene el deber de asegurarse de cómo conoce cada uno de ellos sus obligaciones...”188 Consideraba un error de un comandante de compañía “...el imaginarse que al enseñar á su gente el ejercicio a la bayoneta, el tiro, las evoluciones, el empleo del terreno, ha hecho todo lo necesario y que lo demás vendrá por sí solo”.189 En la Última Campaña del General José Manuel Hernández, Paredes planteó el hecho que dicha campaña adoleció desde el punto de vista científico de todos los principios, no siendo derrotados antes porque los jefes militares que se enviaron a combatirlo no supieron aprovechar sus errores y debilidades. El general Paredes explicó las razones por la que Hernández pudo vencer a Crespo en la Mata Carmelera: consideraba errada la decisión de fraccionar las fuerzas en cuerpos más pequeños, siempre y cuando los jefes que quedasen a la cabeza de estas pequeñas tropas fuesen de muy baja preparación. Paredes calificó al general Hernández como “...general de escasísimo intelecto y de poca energía, lo que hizo después revela que no tiene ni los conocimientos que deben presuponerse en un coronel, ni aún esa intuición de la guerra que ha hecho sobresalir algunos de nuestros militares”.190 En el ocaso del siglo XIX, surgió en el ambiente castrense venezolano la Cartilla Militar para la Instrucción Moral del Soldado Venezolano191 un tratado muy particular que aborda elementos de la ética y moral militar poniendo el acento en el “Espíritu de Cuerpo”, término de amplia utilización por la escuela de pensamiento militar francesa de fines de siglo, tal como se aprecia en el siguiente fragmento: Este compañerismo se hace sentir de algún modo más particular entre los individuos de un mismo batallón ó de una compañía... y esto es lo que se llama espíritu de cuerpo.

Y es este espíritu el que hace unidos a los soldados de una General Antonio Paredes: Consejos e instrucciones... p.4.

Ibídem. p.5.

190 Ver: Antonio Paredes: La Última Campaña del General José Manuel Hernández, escrita y comentada a vuelapluma, Caracas, s.n., 7 de junio de 1899.

191 General Vicente Mestre: Cartilla militar para la instrucción moral del soldado venezolano, Caracas, Tipografía moderna, 1898. p. 28.

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misma compañía; el que hace que ellos consideren el honor de su cuerpo como sagrado; es el espíritu de cuerpo el que vuelve á tal ó cual batallón que se ha cubierto de gloria, ó á tal compañía que fue la primera en asaltar la trinchera, los soldados de un batallón deben considerarse como si fueran los hijos de una gran familia de la que es padre el comandante.192

Ya para el año de 1903 el coronel León Vallés, en su Compendio de Guerrillas práctico había extractado algunas de las enseñanzas de la Guerra de los Bóers, Vallés consideró que los surafricanos “...no vencieron ni en la primera época de la lucha cuando eran superiores en número á los ingleses...porque sus jefes no eran militares”.193 Para Vallés la guerra era un arte práctico, ante todo en soluciones que no se alcanzaban con los nuevos armamentos sino sometiéndolos a los reglamentos de la ciencia; “...y en Venezuela no tenemos Escuela Militar sino para lo elemental, ni textos en los cuales el que se prepara á la guerra se imponga a los medios que conducen al éxito”.194 A principios del siglo XX se consolidó el proceso de estímulo de iniciativa a los escalones intermedios de la organización, para ello, se fraccionaban los efectivos y se lanzaban a la lucha “metódicamente”, es decir: con oficiales medianamente adiestrados en los movimientos al iniciarse el despliegue de la cadena de tiradores; los refuerzos se colocaban formados perpendicularmente al frente de batalla en pequeñas columnas destinadas a ser absorbidas paulatinamente por los tiradores, y finalmente se constituía con ellos una sola línea activa en el momento del asalto a la posición enemiga. No obstante, Vallés consideraba que el “...valor, empuje y demás cualidades naturales entre venezolanos, se encuentran en ambos campamentos; la balanza forzosamente se inclina á favor del que á los méritos naturales de sus tropas, agregue el peso de los conocimientos tácticos de sus jefes y oficiales”.195 Ídem. El subrayado es nuestro.

Coronel León Vallés: Compendio de Guerrillas Práctico. Extractado de los mejores autores para el Servicio de Plaza y Campaña, Séptima Edición Aumentada, Caracas, Tipografía Washington, 1906. p.6.

194 Ídem.

195 Ibídem., pp. 6,7.

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La creación de Revistas Militares como órganos de propagación del pensamiento militar repuntó a partir del año de 1890. Por disposición del presidente de la República, se creó en Caracas un periódico hebdomadario en forma de folleto con el título de Boletín Militar el cual tenía por objeto, “…publicar en sus columnas los Decretos y Resoluciones que tengan su origen en este Ministerio y además todo aquello que en el ramo de instrucción militar lleve a la mente y a las conciencias de los individuos del Ejército”.196 A partir de la fundación de la Academia Militar de Artillería en 1896, se iniciaron las gestiones para la elaboración de su material divulgativo representado en la Gaceta Militar bajo la redacción del coronel Rafael Vargas, del comandante Gustavo Padrón Wells y la colaboración del general alemán Alfred von Ehrenberg197, capitán Charles Collins (Agregado Militar en Venezuela), coroneles José María Pachano, Francisco Linares Alcántara, W.I. Carlowitz198 y Leopoldo Tailhardat. Aunque de corta vida, aquel folleto ayudó a la divulgación y promoción del nuevo material que había importado para el ejército el general Joaquín Crespo.

A principios del siglo XX el general Carabaño veía como una imperiosa necesidad la fundación de un periódico dedicado exclusivamente a los asuntos militares y como órgano de propaganda que “…lleve á los individuos del Ejército los adelantos de la ciencia, ó estimule siquiera en ellos el estudio del arte profesional, preparándolos así á recibir la instrucción metódica y fecunda que encontrarán en las academias y escuelas cuando se establezcan definitivamente”.199 Tal inquietud se basaba en el hecho de sentir un atraso en aquella tarea informativa, descrita en los siguientes términos: Exposición que dirige al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina en 1891, Caracas, Imprenta de El Pueblo, 1891, p. XXIII. 197 El general Ehrenberg se desempeñó como Oficial de Estado Mayor en la Guerra de 1870-1871, fue galardonado como caballero de la Cruz de Hierro (La más alta condecoración militar del Reino de Prusia y Alemania, concedida por actos de valentía). Contribuyó a la formación del pensamiento militar prusiano-alemán con un libro de bolsillo para su uso en el campo de batalla, en operaciones tácticas, juegos de guerra y maniobras. Véase Alfred von Ehrenberg: Praktischer Truppenführer: Ein Feldtaschenbuch zum Gebrauche bei Taktischen Arbeiten, Kriegsspiel- und Felddienstübungen, Manövern und im Kriege, Zürich, C. Schmidt, 1886.

198 W. von Carlowitz participó con el grado de coronel como oficial de artillería en la guerra Franco-Prusiana de 1870-71. Este dato puede encontrarse en: E. Hoffbauer: Campaign of 1870-1871: The German artillery in the battles near Metz, H.S. King, 1874, p.350.

199 Gral. Rafael M Carabaño: Estudios Militares, Porlamar, Tipografía de “El Sol”, 1905, p. V. 196

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...Sin contar las naciones europeas y los Estados Unidos, donde sabe ud. Se publican numerosas revistas de esta índole, sin meter en cuenta á Mejico, Chile, el Brasil y la Argentina, en los cuales la instrucción militar ha sido objeto de esmerada atención desde años atrás, tenemos que en Colombia se edita un Boletín del Ejército, en Ecuador ve la luz mensualmente la famosa revista La Ilustración Militar, que cuenta ya seis años de vida...200

La iniciativa provino del Comandante de la Artillería de Costa y Fortaleza de Puerto Cabello, coronel Gustavo Padrón Wells, el 13 de diciembre de 1905 quien solicitó el permiso correspondiente para publicar una revista quincenal que se titulará Revista Militar y Naval “...para propagar en nuestro Ejército y en nuestra Marina de Guerra, los conocimientos avanzados de esas ciencias bajo todas sus manifestaciones, y será a la vez gimnasio intelectual para la juventud que lucha ávida de luz y de expansión científica”.201 En varias décadas se presentó un vacío en la doctrina artillera con que se instruían a los comandantes y sirvientes de las piezas. Posterior al arribo del material de guerra alemán representado por los cañones Krupp de 60 y 80 cm, el cadete de la Escuela Militar de Artillería, Néstor Arcaya Minchín publicó en 1901 los Elementos de Artillería y su Táctica202 con la finalidad de establecer un marco normativo para la operación de las nóveles piezas, un elemento que resulta interesante es el uso del tiro indirecto que es “...es el nombre que se le dá al tiro dirigido contra un blanco que á causa obstáculo no puede verse desde el lugar que ocupa el tirador...”203 durante el apoyo de fuego a las tropas de infantería o caballería.

El Curso Elemental de Artillería escrito por el coronel José María Pachano, quien se desempeñó como subdirector de la Escuela Militar de Artillería era una obra de gran utilidad para los alumnos pertenecientes al curso elemental de la mencionada escuela.204 Lo más resaltante de la Ídem.

Gustavo Padrón Wells: Revista Militar Naval, Puerto Cabello, Venezuela, Casa Editora imprenta Cooper, Año I, Nº 1, Enero 1 de 1906.

202 Néstor Arcaya Minchin: Elementos de Artillería y su Táctica, Caracas, Imprenta El Pregonero, 1901.

203 Néstor Arcaya Minchin: Elementos de Artillería... p. 17.

204 Néstor Arcaya Minchin: Cartera de Caballería, Caracas, Tipografía de Rómulo A. García, 1906, p. 10.

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obra del coronel Pachano era la sencillez y claridad con que fue escrita, además de estar destinada a la instrucción de servicio de las piezas del material Krupp se estipulaban nociones generales sobre táctica de artillería.

Con la adquisición del material de artillería ligera para montaña, el teniente Arcaya Minchín presentó una obra con un programa de Instrucción para la Artillería con reglas generales según el barón Kaulbars205, el manejo de los cañones Krupp de montaña y de campaña tomado de las lecciones orales del Jefe Director de la Academia de Artillería, general Alfred von Ehrenberg206, además de nociones de un reglamento de caballería para el uso de la artillería, tomado de la última táctica de caballería española; igualmente dedicó un capítulo sobre el uso de los ferrocarriles, Reconocimientos y socorros en el campo de batalla. La comisión revisora de los generales Francisco Carabaño, Alfred von Ehrenberg y el coronel Siro Vázquez, valoraron en el trabajo expuesto por Arcaya Minchin “... una ilustración poco común de mucha laboriosidad y gran entusiasmo por la carrera de las armas...”207 La adopción de aquel instrumento de normas se basó en la necesidad de un Reglamento de Caballería, para la instrucción de la Artillería a Caballo y por la total carencia de un marco táctico para la instrucción del cañón Krupp, que adaptase a nuestras necesidades los principios de la táctica más moderna para la época. La obra Cartera de Artillería estuvo destinada a servir de texto a la Escuela Militar y unidades de la referida arma al Ejército. Las referencias de las que se sirvió Arcaya para formar su obra, fueron tomadas de las Memorias del Estado Mayor Alemán durante las campañas de 1866-71208, “...los reglamentos de táctica últimamente publicados por los gobiernos de Alemania, Francia, España, Bélgica.

El general Nicholas Kaulbars fue jefe de Estado Mayor de la Primera División de la Guardia Imperial en la Campaña Ruso Turca de 1877-1878, se destacó por sus estudios acerca del Ejército Alemán; traducidos al inglés, al francés y al italiano. Ver: La Ilustración Española y Americana, Madrid, Año XXX, Nº 38, 15 de octubre de 1886, p. 211.

206 El general Alfred von Ehrenberg propuso la reorganización de la Escuela Militar de Artillería en una Academia Militar para enseñar la táctica de las tres armas, la ingeniería militar, y formar oficiales de Estado Mayor. Ver: Arcaya Minchin: Cartera de Caballería... p. 11.

207 Arcaya Minchin: Cartera de Caballería... p. 9.

208 Helmuth Moltke (Graf von) y D. E. S. Kirchner: La Guerra Franco - Alemana de 1870-71 por el feld-mariscal conde de Moltke con un apéndice sobre el supuesto consejo de guerra en las campanas del emperador Guillermo I, Barcelona, Montaner y Simón Editores, 1891.

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Los Estados Unidos de Norte América, Chile, Argentina y Perú”.209 Así como también incluyó autores menos actualizados representados en las memorias de Jomini, Okounef210, Jaquinot des Presles211, Schmidt212 y von Wrangler.

En el primer quinquenio del siglo XX surgió un importante trabajo de corte histórico del general Francisco Carabaño; sus principales fuentes giraban en torno a figuras de tratadistas como: Perizonius, Jomini y Vulturio. El coronel Arcaya Minchin, integrante de la Junta de Instrucción Militar, recomendaba “...a la oficialidad del Ejército la lectura de este importante trabajo, el cual enseña el desarrollo de la artillería en sus distintas épocas. Creemos también que los estudios que nos ofrece el Gral. Carabaño sobre fortificaciones de campaña y armas portátiles serán de gran interés”.213 La tradición bélica venezolana Aunque existía una oficialidad instruida en el arte de la guerra, la gran mayoría de los conductores de tropa de finales de siglo aplicaban sus conocimientos por su valoración empírica y su valentía en la práctica. A principios del siglo XX, el general Francisco Carabaño lo ilustró de la siguiente manera: “La mayoría de los militares venezolanos se han acogido siempre al viejo y peligroso sofisma de que la guerra no se aprende sino por la guerra, y partiendo de este principio erróneo han abandonado por completo la teoría ateniéndose á una práctica rutinaria y poco eficaz en las guerras modernas...”214 El general Francisco Linares Alcántara expuso su participación como Jefe de la Artillería en la campaña de Tocuyito contra la Revolución Liberal Restauradora. Durante la ejecución de las operaciones Arcaya Minchin: Cartera de Caballería... p. 13.

N. Okounef: Examen razonado de las propiedades de las tres armas infantería, caballería y artillería.

Modo de emplearlas en las batallas y relaciones que tienen entre si, Madrid, Imprenta de don Juan de La Vega, 1840.

211 Jacquinot de Presle: Cours d’Art et d’Histoire Militaires, a l’usage de mm. les officiers de l’École Royale de Cavalerie Saumur, París, A. Degouy, 1829.

212 Carl von Schmidt: Instructions for the training, employment, and leading of cavalry, compiled by capt. von Vollard-Bockelberg, tr. by C.W.B. Bell, London, P L Vollard-Bockelberg, 1881.

213 Gustavo Padrón Wells: Revista Militar y Naval, Puerto Cabello, Venezuela, Casa Editora Imprenta Cooper, Año I Nº 3, Febrero 8 de 1906, p. 68.

214 Gral. Rafael M Carabaño: Estudios Militares... p. III. 209 210

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resaltó el hecho de que requirió órdenes del general Diego Bautista Ferrer, y la única confirmación fue la de: “Péguese que ya estamos pegados”. Linares Alcántara exteriorizó discrepancias con sus superiores en los siguientes términos: “…cuando trataba de imponer mis modernas tácticas de militar de escuela. Lo que hacían era reírse y llamarme el musiú. Ellos no actuaban sino como viejos militares de tratados, y por la antiquísima táctica del Marqués del Duero”.215 El general Francisco Linares Alcántara, por otro lado, destacó algunas cualidades de aquellos caducos conductores al apuntar que, “... aquellos militares empíricos eran valientes, abnegados, intuitivos: es justicia decirlo”.216 El coronel León Vallés, calificó a los ejércitos que se enfrentaron en nuestras contiendas civiles como “...montoneras, mandadas por guerreros que convierten el combate en torneo en donde hacen alarde de su valor y de que saben morir en un campo de batalla, pero también patentizan que ni saben, lo que hacen ni lo que se proponen, y que, entregado todo al acaso, á la confusión, el resultado final á menudo sorprende tanto al vencido como al vencedor”.217 Aunque esta opinión hacía patente el hecho de que un sector de la oficialidad venezolana adolecía de estudios formales en el arte y ciencia militar, existen otros elementos que han de tomarse en cuenta.

Contrapuesto al anterior argumento, una gran mayoría de oficiales no dejaban de estar informados en temas militares, de ser autodidactas y contar entre sus bienes con pequeñas bibliotecas castrenses. Llama la atención el consejo que procuró a su hijo el general Santiago Briceño a comienzos del siglo XX: La instrucción del ejército es otro punto importante que no debe descuidarse, procurando que haya un Jefe entendido en la materia; esto, a la vez que contribuye a la disciplina de las fuerzas, proporciona ocupación al soldado, que debe estar siempre en actividad. Tú mismo no debes descuidar Ana Mercedes Pérez: Entrevista al general Francisco Linares Alcántara (hijo), Caracas, Revista Élite, N°1579, 7 de enero de 1956, p. 4.

216 Ídem.

217 Coronel León Vallés: Compendio de Guerrillas Práctico... p.6.

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instruirte en la táctica militar, conocimientos que son indispensables.218

El caso del general Cipriano Castro es otro digno de mención. El general López Contreras apuntaba que sin haber tenido escuela profesional dónde adquirir preparación técnico-militar; Castro se guió siempre por el instinto o el sentido de la organización de grupo armado y de su empleo en el campo de la acción colectiva, que es lo que técnicamente se conoce como el empleo táctico de las tropas. Valiente y temerario en los primeros combates de adiestramiento, poco a poco, con la práctica, irá observando una actitud más prudente, a medida que entra a ejercer puestos de mayor responsabilidad, ya como subalterno, ya en los comandos superiores. A pesar de que se manejó con señalada destreza desde el momento en que entró a actuar en el campo de la guerra hasta realizar la campaña de 1892, durante los años de exilio en Colombia alcanzó una gran cultura y conocimientos militares con la lectura de las obras que tratan de nuestra guerra magna y cuanto se relacionaba con las guerras napoleónicas. Muchos de esos principios vino a aplicarlos posteriormente, de 1899 a 1902.219

El “...Cabito admiraba y trató de atraer siempre a los hombres de letras”.220 Al llegar al poder en 1899, gran parte de la oficialidad instruida de Caracas pasó a formar parte del Ejército Liberal Restaurador.

Según el general Carabaño, los gobiernos anteriores al de Cipriano Castro “...descuidaron lamentablemente la instrucción del Ejército y aún permanecemos ignorando los asombrosos adelantos alcanzados por el Arte de la Guerra en los últimos años...El General Castro ha comprendido la necesidad de corregir esa falta y desde el principio de su Administración se puso á la obra con laudable empeño”.221 Ese Carta del general Santiago Briceño a su hijo el general Santiago Briceño Ayesterán del 02 de noviembre de 1901. En: Santiago Ochoa Briceño: Epistolario del Doctor Santiago Briceño 1898-1903, Caracas, Ediciones del Congreso de la República, 1991. p. 346.

219 Eleazar López Contreras: El Presidente Cipriano Castro, Caracas, Imprenta Nacional, 1986, p.163.

220 Idem.

221 Gral. Rafael M Carabaño: Estudios Militares... p. III. 218

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ahínco se reflejó en la adquisición de un importante lote de armas en Europa, la promulgación del Código Militar de 1903, la refundación de la Academia Militar de Venezuela y los trabajos del Cuerpo de Ingenieros encargados del levantamiento del plano militar de Venezuela.222 En Venezuela se dio el caso de que parte de la oficialidad instruida y la mayoría de los caudillos en armas se encadenaron a la tradición de lucha de los lanceros de principios del siglo XIX. Un comentario muy vívido de este tipo de experiencia de combate lo dibujó el capitán británico Charles Brown con la siguiente anécdota: Este general Páez era antes un arriero de mulas, pero por su arrojo y su conducta valerosa fue elegido para el mando de cuatro o quinientos guerrilleros indios, fuerza que ha aumentado a tres mil. De ella depende por completo el éxito de la causa patriota. Están armados de lanzas toscas y deformes y montan pequeños caballos muy veloces... sorpresivamente atacan el campo enemigo durante la noche, cuando se les suponía a leguas de distancia. No obstante, rara vez se empeñan en un combate regular, que en este caso pueden sufrir una derrota con frecuencia.

Contra las tropas disciplinadas del Rey, su temeridad y coraje resultarían fatales, pues se lanzan a la pelea de modo irregular, esforzándose cada quien en sobrepasar a los demás.223

Medio siglo después de haberse sellado el capítulo de la Guerra de Independencia, los parques y depósitos de la República reflejaban en sus inventarios “lanzas para caballería”; tal es el caso del Parque de Artillería del Dtto. Federal que inventariaba en su depósito un total de 96 lanzas. A finales de siglo se mantenía la organización de unidades de lanceros a caballo. En telegrama del general Hernández Moyo al general Cipriano Castro del 28 de enero de 1902, daba cuenta 222

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Memoria que dirige al Congreso Nacional de los estados unidos de Venezuela el Ministro de Guerra y Marina, Vol. 2, Caracas, Imprenta Bolívar, 1907.

Charles Brown: Narrative of the expedition to South Améríca which sailed from England at the close of 1817, for the service of the Spanish Patriots..., London, Printed by E. Hourlett, 1819. En: Narraciones de dos expedicionarios británicos de la independencia, Caracas, Instituto Nacional de Hipódromos, 1966, pp. 158,159.

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de la organización militar de Santa María de Ipire en la siguiente representación: “Ante la venida de Mendoza a las órdenes del Jefe Civil del Municipio Coronel Manuel Toro Fernández organizamos en el primer momento...cincuenta hombres de caballería armados de lanzas”.224 En el preludio de la Batalla de La Victoria de 1902, durante la acción de Tinaco, el general Loreto Lima esperó al general Juan Vicente Gómez en pleno llano con su caballería, el general andino se guareció con su tropa dentro del poblado y apostó su infantería en las casas de tapias, Loreto Lima aseguró: “...esos chácharos tienen miedo”; y cometió el disparate de avanzar por el medio de la calle a ultimarlos y los rifles de repetición disparados desde ambos lados lo acaban. Lanza Libre caía gravemente herido, Gómez llegó hasta su adversario derrotado, lo abrazó y le dijo: “No se preocupe, general, usted se va a Valencia con sus propios oficiales para que lo curen allá”, sin embargo, el caudillo no resistió y murió en dicha ciudad.225 Es notable el hecho de que este tipo de acción no era exclusiva de las huestes precariamente instruidas en el arte de la guerra. En el plan de estudios de la Academia Militar en el año de 1904 se preveía la instrucción de la “esgrima del sable y lanza á pie y á caballo”226, como parte de los estudios del arma de caballería.

Paralelamente a los viejos usos, el teniente Arcaya Minchín expuso una aplicación más técnica del empleo de la caballería “…en la táctica moderna de la guerra, separándola del resto del ejército, encargándola de la exploración estratégica y se la combina con las otras armas y especialmente con la artillería a caballo para la persecución después de la victoria”.227 Estas nuevas tareas eran impuestas por “...el gran perfeccionamiento de las armas de fuego modernas, tanto las de la infantería como las de la artillería, ha hecho muy penoso el empleo de la caballería sobre el campo de batalla”.228 Boletín del Archivo Histórico de Miraflores Nro. 161-162, Caracas Enero Diciembre 2003 año XLIV-XLV, p.228.

225 El presente, es un testimonio del doctor José Giacopinni Zárraga, en: Roberto Vetencourt: Tiempo de caudillos, Talleres Italgráfica, Caracas, 1994, p. 286.

226 Código Militar de los Estados Unidos de Venezuela decretado por el General Cipriano Castro, Presidente Constitucional de la República en 1903, Caracas, Imprenta Bolívar, 1904, p.66.

227 Arcaya Minchin: Cartera de Caballería…p. 23.

228 Ibídem, p.24.

224

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Un modelo sui géneris de concebir el combate: Tendencia teórico-militar venezolana (1870-1908)

A manera de conclusión La instrucción militar se configuró como una amalgama de los sistemas franceses, alemanes, españoles y norteamericanos. El sistema educativo se fue reacomodando de acuerdo a las controversias generadas en torno al uso de las nuevas tecnologías. Su aplicación estuvo destinada al entrenamiento de los cuadros de asesoría militar conformados por oficiales de Estado Mayor, conductores de tropas y de un proceso de obtención y diseminación de la información a los cuadros más bajos de la organización para proveer una conciencia colectiva en el campo de batalla. Se hace necesario acotar que en nuestro escenario castrense se adoptaron posiciones teóricas bien diferenciadas.

En el período conocido por la historiografía venezolana como guzmancismo se adquirió un lote de armas provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica, a partir de allí, la metodología y la práctica involucrada en el entrenamiento de los soldados y cuadros de mando de las unidades adoptaron manuales de instrucción del sistema Remington para el tiro y la táctica de infantería del general Emory Upton, elementos surgidos como consecuencia de la confrontación de la Guerra de Secesión Estadounidense. Todo ello, sin dejar de lado la influencia del Marqués del Duero y de la tendencia teórico-militar española.

La reforma castrense impulsada por el general Joaquín Crespo en 1893, introdujo el pensamiento militar prusiano-alemán en las fuerzas armadas de Venezuela de la mano del general Alfred von Ehrenberg y otros asesores extranjeros, quienes entrenaron a los oficiales y tropas en el manejo y uso del fusil máuser modelo 71-84, y el sistema de artillería Krupp para baterías de costa, plataformas navales y unidades del ejército regular. Fue a partir de la última década del siglo XIX que ocurrió un repunte en la producción bibliográfica militar, apuntalada por los egresados de la escuela de formación para oficiales y un grupo de profesionales dedicados al estudio y divulgación del arte militar.

La doctrina militar venezolana se configuró como la expresión concisa de cómo las fuerzas militares se amoldaron a su ambiente operacional. En este sentido, las tendencias teóricas que se usaron 137

Domingo Irwin

en Venezuela se ajustaron al terreno, los medios y la disponibilidad de tropas medianamente instruidas. Aunque, los trabajos teóricomilitares elaborados en Europa y los Estados Unidos de Norteamérica tuvieron una clara influencia en la actividad de nuestros conductores de tropas y colectivo militar en la etapa finisecular del decimonónico, la tradición y modo de concebir la guerra de los profesionales militares y caudillos que dirigieron nuestras contiendas civiles siguió un patrón propio; sobreponiendo así, el valor de la carga de caballería y el choque de la bayoneta por encima de la técnica de combate necesaria para enfrentar la mortífera potencia de fuego de las armas de repetición.

138

Prolegómenos de una dictadura militar y su filosofía del poder (1948-1958)229

José Alberto Olivar 229

Una primera versión de este artículo fue publicado en Latinoamérica. Revista de estudios latinoamericanos, Nº 52, enero-junio de 2011, pp. 113-137.

Entre el pretorianismo árbitro y el pretorianismo gobernante La intervención de los militares en el ejercicio del poder político ha sido una variable a lo largo de la historia republicana venezolana.

Esto como secuela de las guerras nacionales de independencia, cuya máxima expresión política fue el surgimiento del fenómeno caudillista que se extendió durante buena parte del siglo xix. Ante la inexistencia de una estructura militar institucionalizada sujeta al fiel cumplimiento de cimeros principios constitucionales, la figura del caudillo enaltecida por su devota facción de peones armados, se erigió como la personificación de la autoridad, el orden, la justicia y la ley.

Esta práctica comenzó a revertirse a partir de la imposición de un esquema centralizado del poder que en primera instancia hizo de las tropas de la Revolución Liberal Restauradora de 1899, una suerte de ejército permanente capaz de constreñir la capacidad de maniobra del caudillaje histórico. Así quedó de manifiesto tras el fin de otra revolución, esta vez llamada Libertadora, que tuvo en su seno a lo más granado de una estirpe guerrera finalmente derrotada en las batallas de la Victoria y Ciudad Bolívar en 1902 y 1903, respectivamente. Mientras que por otro lado, la concentración de la toma de decisiones en manos del jefe del Ejecutivo Nacional fue dejando a un lado el viejo sistema de repartición de poder entre jefes regionales acomodados en torno a un primus ínter pares. En adelante, los acuerdos y alianzas pasarían por el tamiz insoslayable de reconocer una sola autoridad que no admite límites para el ejercicio de su poder hegemónico.230

230

Véase Inés Quintero, El ocaso de una estirpe, Caracas, Fondo Editorial Acta Científica Venezolana-Alfadil Ediciones, 1989, pp. 115-118.

141

José Alberto Olivar

De acuerdo con el esquema interpretativo propuesto por Domingo Irwin, las relaciones civiles-militares en Venezuela durante el siglo XX se han caracterizado por el influjo de una realidad pretoriana, cuyo pivote central ha sido la consolidación de un “efectivo ejército nacional” que ha venido actuando al amparo de su disuasivo poder de fuego, como un ente corporativo capaz de imponer su criterio en cuanto al manejo de la institucionalidad política. Irwin pone énfasis en analizar las características del ejército legado por Gómez, afirmando que el pretorianismo arraigado en sus filas tuvo dos formas de expresión progresivas: pretorianismo potencial y pretorianismo actuante.231 En efecto, tras veintisiete años con la jefatura del “hombre fuerte”, el ejército nacional aparece sólidamente estructurado en todo el territorio nacional. Atrás había quedado la época de las huestes caudillezcas y las guerras intestinas que asolaron al país durante buena parte del siglo xix, en adelante el monopolio de la violencia será asumido íntegramente por el Estado a través de su moderna y operativa maquinaria militar. Pero no sólo se trataba de sojuzgar las viejas formas de hacer política, sino de institucionalizar una fuerza con suficiente calificación profesional para sostener un régimen que le proporcionaba un notable margen de maniobra dentro de las instancias de toma de decisiones políticas del Estado.

De allí que el acceso del general Eleazar López Contreras al solio presidencial, en diciembre de 1935, no fue el producto de una maniobra de corte personalista sino del consenso de las élites gobernantes que legitimaron el poder del ejército nacional como garante del orden existente. Igual situación volvería a reeditarse con motivo de la elección del general Isaías Medina Angarita en 1941, puesto que esta candidatura, al margen de las libertades concedidas para un debate electoral más o menos abierto, era la expresión política más acabada de la institución castrense, que representaba al mismo tiempo los intereses de los factores dominantes de la sociedad.

231

Domingo Irwin e Ingrid Micett, Caudillos, militares y poder. Una historia del pretorianismo en Venezuela, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello/Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 2008, p. 11. Para esta categorización, los autores manifiestan regirse según el modelo teórico definido por Amos Perlmutter, Political Roles and Military Rulers, Londres, Frank Cass and Co., 1981.

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Prolegómenos de una dictadura militar y su filosofía del poder (1948-1958)

Este flagrante escenario que vivió el país entre 1936 y 1945 calza perfectamente dentro de los parámetros del llamado pretorianismo potencial o latente, donde el sector militar acogió una suerte de papel de árbitro de la política nacional.

Al lado del apego al cumplimiento de la Constitución y el conferimiento de ciertas garantías como la convocatoria a elecciones, organización de partidos políticos, libertad de expresión, entre otras, los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita no desestimaron el verdadero origen de sus mandatos, los cuales provenían del seno de la institución armada.

Sin embargo, la ruptura entre las dos principales figuras del posgomecismo, al enfrascarse en una disputa por el rol hegemónico dentro del bloque de poder dominante, dio al traste con un proceso de transición que, finalmente, fue barrido por una acción militar dirigida por la oficialidad subalterna del ejército en alianza con dirigentes del partido Acción Democrática, el 18 de octubre de 1945.

A partir de ese momento se produce un cambio en la correlación de fuerzas que en adelante detentaran el poder político. Las Fuerzas Armadas Nacionales, como serían denominadas a partir de 1946, asumen a través de sus principales representantes la potestad de actuar directamente en la conducción del Estado, aunque de forma compartida en sus inicios. Para luego revelarse como la única institución capaz de garantizar la estabilidad y progreso en representación de la voluntad nacional. En esto no habrá miramiento alguno para hacer valer la primacía de las bayonetas llegado el momento de desalojar a los civiles del ejercicio del gobierno, como en efecto ocurriría tres años después el 24 de noviembre de 1948.

Para Irwin, los golpes de Estado de octubre de 1945 y noviembre de 1948 “son parte de un mismo proceso dentro de la realidad militar venezolana”.232 En ambos hechos se pondría de manifiesto el pretorianismo actuante de un grupo de oficiales que se asumían como la expresión más elevada del profesionalismo militar. Eran egresados de la escuela militar 232

Ibid., p. 195.

143

José Alberto Olivar

creada a principios de siglo y cuya instrucción se vio robustecida por su pasantía en reconocidos institutos de formación castrense ubicados en el exterior.

Este salto cualitativo, en la condición militar de la oficialidad joven del ejército y la marina de guerra, contrastó notablemente con la estirpe de buena parte de los oficiales superiores, muchos de ellos salidos de las montoneras y huestes heredadas del siglo xix, cuya actuación en el aplacamiento de los conflictos armados sucedidos entre 1901 y 1903 los hicieron acreedores de su incorporación al naciente Ejército Nacional.

A medida que la brecha generacional se iba haciendo más marcada, los intereses de los oficiales de escuela se tornaron cada vez más evidentes:

• Frente a la incipiente dotación de material y equipos bélicos se plantea la modernización de las Fuerzas Armadas para equipararlas a la superioridad técnica de sus pares en el resto del continente.

• Ante el deterioro en las condiciones de vida del personal de tropa y oficialidad de mando, se propuso la reivindicación socioeconómica de los cuadros militares.

• Contra la injusticia practicada en los nombramientos y ascensos, que demeritaba a las nuevas generaciones de mayores, capitanes y tenientes, se imponía la aplicación de criterios profesionales para el acceso a cargos superiores dentro de la institución armada.233

Estas inquietudes fueron recogidas por los oficiales de mayor ascendencia entre los jóvenes militares, entre los cuales destacaban Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez, Luis Felipe Llovera Páez y Julio César Vargas. Los tres últimos, acababan de finalizar sus estudios en el exterior y pudieron percatarse del grado de compactación que traslucían los militares argentinos, peruanos y chilenos con los que compartieron cátedra en la escuela de artillería de Chorrillos, situada en Perú. Movidos por esa experiencia, se apresuraron a pro233

Luis Alberto Buttó. “Octubre de 1945: Las causales militares de la insurrección” en Revista Tiempo y Espacio, Nº 41, enero-junio 2004, pp. 167-169.

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Prolegómenos de una dictadura militar y su filosofía del poder (1948-1958)

mover la constitución de una logia militar secreta que reunió en poco tiempo un número significativo de oficiales y suboficiales, cuyos propósitos fundamentales eran “renovar las instituciones y métodos de gobierno”, “crear un ejército verdaderamente profesional”, “dotado del material y demás medios morales, técnicos y económicos necesarios a su desarrollo [...]”234 A nuestro modo de ver, fue la Unión Militar Patriótica el equivalente al liderazgo que venía ejerciendo una camada de jóvenes políticos salidos a la luz pública desde 1928. La diferencia estriba en que los primeros eran el fruto de un aparato castrense organizado para defender el sistema que los segundos impugnaban. Aun así, ambos grupos coincidían en la necesidad de imprimirle vigor a un proceso de transformación política y económica que se encontraba en ciernes. Y la vía más expedita para la consecución de estas premisas fue la del golpe de Estado.

No hacía poco, 1943, en Argentina y Bolivia se habían suscitado dos levantamientos militares que revolucionaron sus respectivas estructuras políticas, los militares en ambos países constituyeron gobiernos que impulsaron programas económicos nacionalistas mediante métodos autoritarios. No cabe duda que la preponderancia adquirida por el sector militar, durante la Segunda Guerra Mundial, y la difusión de doctrinas políticas, que exaltaban las bondades del nacionalismo y de un solapado fascismo de matices autoritarios y corporativistas, creó el marco de condiciones favorables para el ascenso de grupos castrenses con claras ansias de mando.

En opinión de Perlmutter los golpes militares son la manifestación más certera de la ambición política de los activistas que hacen vida dentro de un ejército. Y su capacidad para ejecutar sus designios viene dada por distintos factores, como por ejemplo el grado de madurez y cohesión política del grupo, la naturaleza de su liderazgo y la ineficacia del gobierno a reemplazar.235 234

235

“Acta constitutiva de la Unión Militar Patriótica”, en Carlos Capriles Ayala, Pérez Jiménez y su tiempo, Caracas, Consorcio de Ediciones Capriles C. A./Ediciones Bexeller, 1987, p. 267.

Amos Perlmutter & Valerie Plame Bennett [eds.], The political influence of the military. A comparative reader, New Heaven-Londres, Yale University Press, 1980, p. 17.

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El golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948 fue justificado ante la opinión pública como la respuesta institucional de las Fuerzas Armadas frente a la amenaza del sectarismo político y la agitación permanente de quienes habían desperdiciado la oportunidad de obrar en beneficio de toda la nación. Alegaban como prueba de su vocación progresista la oportunidad brindada a los dirigentes del único partido que consideraron comprometido con los ideales de cambio subyacente en la población. Sin embargo, la sobrevivencia de viejos vicios y el surgimiento de otros nuevos obligaron al comando militar de las Fuerzas Armadas a proceder a asumir el control del país, en virtud de su indeclinable deber de proteger a la patria.236 Pese a estos candorosos argumentos, los hechos ponían en evidencia un subterráneo malestar en las filas castrenses que comenzó a germinar poco después de constituida la Junta Revolucionaria de Gobierno que reemplazó a Medina Angarita en 1945. Por una parte, un grupo de militares insatisfechos por la correlación de fuerzas, impuestas en el nuevo gobierno, comenzó a nuclearse en torno a la figura de Marcos Pérez Jiménez, quien fue capitalizando este descontento a la espera de nuevas situaciones. Y por otra, estaban los conciliábulos conspirativos de sectores allegados al régimen depuesto, que sin mayor articulación protagonizaron “un total de 7 alzamientos” en contra de la Junta dominada por Acción Democrática.237 Como ingrediente adicional a este conflictivo escenario, que hacía más difícil la coexistencia entre civiles y militares, destaca el propósito furtivo de los dirigentes políticos del gobierno colegiado en ir domeñando la participación de los militares en asuntos de interés general, ello llevaba implícito el mensaje de hacerlos volver a sus cuarteles y atenerse a los dictámenes del poder civil. Para quienes se consideraban los verdaderos artífices del golpe del 18 de octubre, esta situación resultaba harto inaceptable y los conminaba a una seria rectificación.

“Exposición de las Fuerzas Armadas a la Nación sobre el 24 de noviembre de 1948”, en Capriles Ayala, op. cit., p. 275.

237 Véase Iván Darío Jiménez Sánchez, Los golpes de Estado desde Castro hasta Caldera, Caracas, Centralca, 1996, pp. 69-71.

236

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Prolegómenos de una dictadura militar y su filosofía del poder (1948-1958)

De tal manera que la decisión adoptada por la plana mayor de las Fuerzas Armadas de deponer al presidente Gallegos no era más que el reflejo de la postura de toda una oficialidad, que consideraba llegada la hora de apropiarse plenamente de los poderes del Estado sin la presencia de incómodos socios civiles. Y así, tal como se había hecho en 1945, todas las instituciones públicas fueron intervenidas y otras disueltas.

Las cámaras legislativas, la Corte Federal y de Casación, y los concejos municipales fueron suprimidos de un tajo para facilitar la concentración de poder y la adopción de medidas excepcionales.

Se trataba entonces de demostrar al país la capacidad de los militares de carrera de ejercer con acierto la conducción del gobierno e impulsar el desarrollo del país por la senda que consideraban más correcta. Tales premisas se ajustan a las características de un ejército pretoriano de tipo gobernante según Perlmutter, donde resaltan las siguientes: En primer lugar, la tendencia de los gobernantes militares de amoldar monolíticamente todas las instituciones existentes de acuerdo con sus propios preceptos de modernización, industrialización y participación política.

En segundo lugar, la taxativa desconfianza hacia las autoridades civiles por su manifiesta incapacidad de asegurar la estabilidad política y el cumplimento de sus planes de gobierno.

En tercer lugar, la plena convicción de que el régimen militar es la última alternativa válida al desorden generado por los políticos de oficio.

En cuarto lugar, la legitimización de sus acciones mediante la creación u apoyo a una ideología política que maximice el control militar sobre la sociedad.

Y en quinto lugar, el uso extensivo de los símbolos pertenecientes a la institución militar para suscitar el apoyo a sus programas y actividades.238 En relación con estos planteamientos, podemos afirmar que los movimientos militares desatados en Venezuela, hacia mediados de la

238

Perlmutter & Plame Bennett, op. cit., pp. 207 y 208.

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década de los cuarenta del siglo pasado, representan la evolución de una institución que se consideraba lo suficientemente madura para actuar como gerentes de un proyecto político propio.

De acuerdo con Brian Loveman, las misiones militares extranjeras contratadas por diferentes gobiernos de América Latina, entre los años finales del siglo xix y principios del siglo XX, cumplieron un papel determinante en los procesos de profesionalización y modernización de sus respectivos ejércitos. Como parte de sus actividades didácticas, estos asesores enunciaron la estrecha relación entre el desarrollo económico y la seguridad nacional. Puntualizaban como ejemplo, la magnitud del potencial industrial de Europa y Estados Unidos, que contrastaba con la incapacidad de las economías latinoamericanas para satisfacer sus propias necesidades en caso de un conflicto bélico.239 Estas ideas comenzaron a calar en la bisoña oficialidad sobre todo después de ver reflejadas las múltiples dificultades económicas ocasionadas durante la Primera Guerra Mundial. Como solución a esta condición de atraso empezaron a orquestarse varias iniciativas a favor de la industrialización y la planificación económica, que en algunas naciones de América Latina tuvo resultados alentadores, pero en otras los registros eran más bien insatisfactorios. Esto último potenció una suerte de convicción maniqueísta entre los oficiales militares que achacaban a los dirigentes políticos venidos del campo civil, la responsabilidad de no haber afianzado un programa de desarrollo económico coherente. Por tanto, la solución a esta controvertida situación recaía insoslayablemente en las Fuerzas Armadas.

Era la reedición anacrónica de una especie de derecho ipso facto reclamado un siglo atrás por algunos de los próceres de la guerra de independencia, que los hacía verse como los detentadores exclusivos de las más encumbradas posiciones republicanas, es decir, los haberes de sus lanzas. Si bien en esta ocasión no había heroicos hechos de armas que apoyasen la supremacía del estamento militar dentro de la sociedad, los miembros de las Fuerzas Armadas se asumían como los legítimos 239

Brian Loveman, For la Patria. Politics and the armed forces in Latin America, Wilmington, Delaware, A Scholarly Resources Inc. Imprint, 1999, pp. 64-69.

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herederos de un pasado lleno de glorias ligadas a la consecución de la libertad y a la independencia.

La profesionalización de los militares reforzó esta sobreestimación, haciendo una clara distinción entre la virtud, el valor y el honor subyacente dentro del estamento castrense y la debilidad moral de los civiles.

Los oficiales eran patriotas y de principios, en cambio los políticos eran oportunistas y pragmáticos.240 De ahí que las nuevas generaciones de militares estimaran alcanzar, en el corto y mediano plazo, una participación más activa en la modernización económica e incluso en la toma de decisiones estratégicas.

De esta manera a la misión “cuasi religiosa” inspirada en tradiciones y valores marciales tendentes a defender a la patria de enemigos internos y externos, se le agregó el deber de rescatar a la patria de la ilegitimidad e ineficacia de los gobiernos reformistas y de izquierda.241 En el fondo de estos postulados providencialistas está inserto un prosaico desprecio hacia el ámbito civil de la sociedad, donde no se ve más que la simple presteza de servir de funcionarios y técnicos al servicio de un régimen con sobrada vocación autoritaria.

Venezuela en el marco de la Guerra Fría En medio de los reacomodos internos, también se puso de manifiesto un contexto internacional posbélico que exigía definiciones concretas en cuanto a la ubicación ideológica de los gobiernos situados bajo la órbita de Estados Unidos. El 12 de marzo de 1947, Washington había enunciado su política de contención o Doctrina Truman como reacción ante el avance del comunismo soviético en Europa del Este, dando pie a la conformación de un bloque político en el mundo occidental que llamaba a defender la democracia y los valores del mundo libre.242 La Guerra Fría había comenzado.

Ibid., p. 70.

Ibid., p. 101.

242 Mundo libre: con esta denominación se hacía mención a los países que defendían las condiciones de desarrollo propios del sistema capitalista.

240 241

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La élite militar venezolana coincidía con el interés estratégico de la política exterior norteamericana de eliminar cualquier signo progresista que favoreciera la posible influencia de la Unión Soviética en América Latina. Para el momento en que ocurre la asonada militar de noviembre de 1948, llamada eufemísticamente “golpe frío”, el panorama político latinoamericano en realidad se estaba sobrecalentando.

El ascenso de fuerzas democráticas y reformistas experimentado en algunos países del hemisferio, gracias a la política del Buen Vecino aplicada por la administración de Franklin D. Roosevelt (1933-1945) sufrió un grave retroceso. Si bien la tendencia intervencionista del gobierno norteamericano se había flexibilizado desde 1933 en aras de forjar una alianza recíproca entre Estados Unidos y Latinoamérica, no es menos cierto que esta iniciativa respondió a un momento de debilidad del gran capital afectado por el crack de 1929, cuyos efectos se hicieron sentir sobre el comercio interamericano.243 Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó a replantear sus relaciones con América Latina. El nuevo presidente Harry S. Truman (1945-1953) hizo suya la estrategia de promover la defensa del orden hemisférico de cualquier amenaza exterior.

No obstante, esta vez la amenaza no provendría de las potencias del Eje nazi-fascista, sino de la otrora aliada Unión Soviética.

Para hacer frente a la expansión del comunismo internacional, Estados Unidos concitó la suscripción de varios acuerdos multilaterales. El primero fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (tiar) aprobado en Río de Janeiro (Brasil) en septiembre de 1947 y el segundo la Carta de la Organización de Estados Americanos (oea) refrendada en Bogotá (Colombia) en 1948. No menos importante fue la Resolución sobre la Conservación y Defensa de la Democracia en América, sancionada también en el marco de la IX Conferencia Internacional de Estados Americanos que dio origen a la (oea). En estas iniciativas quedó patente el interés del gobierno norteamericano por patrocinar declaraciones de condena internacional hacia el 243

Véase Stephen G. Rabe, Eisenhower and Latin America. The foreign policy of anticommunism, Chapel Hil, The University of North Carolina Press, 1988, pp. 7-10.

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comunismo y la implementación de mecanismos de defensa militar hemisférica.244 La estrategia de contención, como sería conocida la política de seguridad adoptada por Estados Unidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, atribuía a la Unión Soviética el potencial de una amenaza militar e ideológica contra sus intereses en el mundo. Ello obligaba a la necesidad de promover alianzas regionales para asegurar la preeminencia del capitalismo. Dentro de esta agenda global, América Latina ocupó un lugar subordinado sujeto a la radicalización de la política anticomunista y militarista de la Casa Blanca, como en efecto ocurriría en los años subsiguientes.

Muchas han sido las explicaciones en torno a la participación de Estados Unidos en el golpe de Estado contra Gallegos en 1948.245 No está dentro de los propósitos de esta investigación ahondar sobre el tema. Sin embargo, notorios fueron los factores internos y externos que vieron con buenos ojos la actuación de las Fuerzas Armadas de poner coto al ambiente de efervescencia e incertidumbre que reinaba en el país en ese momento.

En medio de las acusaciones de anarquismo y de connivencia con ideas comunistas que amenazaban el orden y la propiedad privada, la autoridad civil fue rápidamente desechada. Instalándose en su lugar una Junta Militar que gobernaría al país en nombre de las Fuerzas Armadas Nacionales.

Una situación análoga había ocurrido en Perú un mes atrás, al producirse la deposición del gobierno constitucional y el ascenso de los militares al poder. Ambos hechos representaron una prueba de fuego para la diplomacia interamericana, pero al mismo tiempo una gran oportunidad para Estados Unidos en su objetivo de alentar el advenimiento de regímenes de fuerza en Latinoamérica. Los impeJosé Gilberto Quintero Torres, Venezuela-USA. Estrategia y seguridad en lo regional y en lo bilateral 19521958, Caracas, Fondo Editorial Nacional, José Agustín Catalá, editor, 2000, p. 51.

245 Véase Margarita López Maya, EEUU en Venezuela: 1945-1948 (revelaciones de los archivos estadounidenses), Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1996, pp. 273-315; Simón Alberto Consalvi, Auge y caída de Rómulo Gallegos, Caracas, Monte Ávila Editores, 1991, pp. 39-49; Oscar Battaglini, El betancourismo 1945-1948: rentismo petrolero, populismo y golpe de Estado, Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 2008, pp. 300-311.

244

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rativos de la Guerra Fría se habían superpuesto frente a la retórica idealista del Buen Vecino.246 El reconocimiento internacional a los nuevos gobiernos no se hizo esperar al recibir, en contraparte, la garantía de servir de freno al avance de los movimientos progresistas, que indistintamente fueron tachados de peligrosos agentes de la subversión externa. Paralelamente, en cuanto a Venezuela se refiere, la Junta Militar ofreció a Estados Unidos por intermedio de su embajador Walter J. Donnelly, un cúmulo de seguridades que iban desde la ruptura de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, pasando por el incremento de la asesoría militar norteamericana, la protección de las cuantiosas inversiones en petróleo, hierro y otros rubros de la economía, hasta la reforma en las legislaciones en materia laboral, agraria y educativa.247 Evidentemente, los jefes militares venezolanos procuraron desmarcarse lo más posible de los “excesos” cometidos por sus antecesores, no dudando en estrechar los nexos políticos, económicos y culturales con Estados Unidos. Con ello esperaban recibir en contrapartida ventajas comparativas que posicionasen al país como un aliado de primer orden en la geopolítica internacional.

El Nuevo Ideal Nacional: una doctrina pragmática Ya consolidado el nuevo estado de cosas, el gobierno militar procedió en lo inmediato a llevar a cabo buena parte de los proyectos de modernización urbana e industrial delineados en la égida de los otrora socios políticos depuestos. Pronto surgiría la pretensión de rotular sus realizaciones valiéndose de alguna expresión ideológica que le diera un viso de legitimidad aparente. Así como López Contreras enarboló la bandera del bolivarianismo como su divisa, Medina Angarita hizo lo propio con los estandartes de la democracia y la libertad, al igual que los adecos hablaban de la Revolución democrática. Los militares pretorianos ahora en la cúspide del poder ondearon una premisa que pretendía ser unificadora: la doctrina del bien nacional.

246 247

Rabe, op. cit., p. 15.

“Conversación post-golpe de Estado entre Donnelly y Delgado Chalbaud, 3 de diciembre de 1948”, en Consalvi, op. cit., pp. 229-236.

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La enunciación de un Nuevo Ideal Nacional tuvo su aparición primigenia en los registros oficiales por boca de uno de los triunviros que capitalizaba mayor influencia dentro de la Junta Militar de Gobierno instaurada en noviembre de 1948. El entonces teniente-coronel Marcos Pérez Jiménez, ministro de la Defensa, al hacer uso de la palabra en el marco de una reunión de alto nivel, formuló un llamado a dejar la parcialización por ideologías extrañas, que en su opinión sólo estimulaban enconos divisorios, invitando a sumar energías a favor “de un ideal nacional, capaz de obligarnos a un acuerdo de voluntades para su plena realización”.248 Para quienes se identificaban con este punto de vista no admitían discusión en cuanto al rol superlativo que debían ejercer las Fuerzas Armadas Nacionales como representantes legítimos de la unidad nacional. De esta forma, se pretendía dar un marco justificatorio a la acción emprendida contra un gobierno emanado del libre ejercicio de la voluntad popular.

En opinión de los detentadores del régimen militar, la experiencia política de los años precedentes había resultado traumática para la absoluta conservación de “la paz y la seguridad social”. La reiterada convocatoria a elecciones, las pugnas interpartidistas y el ascenso de nuevos actores políticos salidos algunos de ellos de la ebulliciente masa de empleados, obreros y campesinos, ponían en peligro la estabilidad de los sectores tradicionalmente vinculados al poder político.

Dada esta circunstancia amenazante, atribuida a la supuesta incapacidad de la mayoría de la población para vivir en democracia, los militares optaron por hacer valer su propia manera de concebir la democracia y los medios para llegar a la concreción de aquel ideal abstracto.

De acuerdo con estos postulados, resultaba imprescindible modificar las condiciones naturales donde hacía vida el conglomerado humano, a fin de echar por tierra las barreras deterministas que dificultaban el perfeccionamiento de las costumbres sociales y políticas.

248

Marcos Pérez Jiménez, “Discurso en el acto de clausura de la Convención de Gobernadores de estados y territorios federales en el Palacio de Miraflores, Caracas 13 de marzo de 1949”, en Pensamiento político del Presidente de Venezuela, Caracas, Imprenta Nacional, 1954, p. 14.

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Quienes se erigieron en ideólogos del régimen sostenían que el establecimiento de un régimen democrático en las condiciones físicas e intelectuales reinantes en la Venezuela de entonces resultaba una vana ilusión. Por el contrario, más que vociferar demagógicamente las bondades de un determinado sistema político era preferible construir sus bases sobre una realidad tangible, con el objeto de cambiar los hábitos y costumbres de un pueblo no apto para practicar la democracia.249 A partir de esta invectiva certidumbre comienza a promoverse desde las altas esferas oficiales una ideología capaz de dar respuesta a las expectativas de progreso, que a su modo de ver debían ser prioritariamente atendidas.

El momento cumbre para la consecución de este propósito legitimador lo constituyó la designación del ya coronel Marcos Pérez Jiménez como presidente provisional de la República el 2 de diciembre de 1952, por parte de los representantes jerárquicos de las Fuerzas Armadas Nacionales. Hecho que confirma la visión corporativista prevaleciente en el estamento castrense de atribuirse la facultad absoluta de organizar el gobierno según sus dictámenes, tal como había ocurrido en 1950 luego del magnicidio cometido contra el presidente de la Junta Militar, teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud, quien fuera reemplazado por una figura civil de inocua significación, Germán Suárez Flamerich.250 En su alocución inaugural, el coronel Pérez Jiménez reivindica “los ideales” que llevaron a las Fuerzas Armadas Nacionales a insurreccionarse el 18 de octubre de 1945, enlazándolos maniqueamente con el “propósito rectificador” perpetrado el 24 de noviembre de 1948.

A partir de esta fecha, los principios de realización del bien nacional se han aplicado en todos los órdenes de la vida venezolana, sin distinguir entre clases sociales, regiones geográficas o condición política de los ciudadanos, pues el R. H. “La democracia venezolana”, en Editoriales de El Heraldo, Caracas, Ediciones El Heraldo, s/f., pp.

61 y 62. Aun cuando Marcos Pérez Jiménez siempre sostuvo que él fue el único autor del Nuevo Ideal Nacional, hubo importantes personeros y allegados al régimen que procuraron darle forma y contenido al esquema ideológico adoptado por el pretorianismo gobernante, entre ellos destaca Laureano Vallenilla Planchart a quien se atribuye el seudónimo bajo el cual aparecían publicados los referidos editoriales.

250 Véase Luis Alfredo Angulo, Venezuela, gobierno y fuerzas armadas. (Crónica política de una época 19481958), Mérida, Universidad de los Andes, 2007, pp. 17-123. El autor realiza un pormenorizado análisis del proceso político ocurrido durante la primera parte de la dictadura militar.

249

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Prolegómenos de una dictadura militar y su filosofía del poder (1948-1958)

Gobierno, lejos de dedicarse a perseguir a quienes colaboraron directa o indirectamente en la labor destructiva que ejecutó Acción Democrática, tomó muy en cuenta que esos ciudadanos también forman parte de la Nación.251

Agrega las acciones que se habían emprendido durante la gestión de las juntas provisorias de gobierno entre 1948 y 1952, dejando por sentado cuáles eran, en su opinión, las líneas maestras que harían posible la consecución del bien nacional: Durante estos años se tuvo por norma inquebrantable no adelantarse a herir a quienes dentro del orden y paz garantizados fueron factores positivos para el desarrollo del país [...] Al mismo tiempo, se cumplió la más vasta, útil y fecunda obra administrativa de que pueda ufanarse un Gobierno en toda la historia del país; porque la política del bien nacional no consiste ni en el halago ni en la deformación de los sentimientos populares, sino en su elevación y en el noble aprovechamiento de los hombres y del medio venezolano.252

Esta forma de concebir el destino de la nación se aplicaría mediante una doctrina conocida desde entonces con la denominación de Nuevo Ideal Nacional. Si bien, no llegó a condensarse un acabado corpus de ideas que reflejase un análisis profundo y hasta dogmático de la realidad nacional, algunos rasgos esenciales fueron delineados por medio de discursos, documentos oficiales y periódicos afines.

Descuella por la insistencia reiterativa de planteamientos básicos, el interés del régimen por infundir a un colectivo desprovisto de libertad de expresión, una oferta positiva antepuesta a lo que se consideraba negativo para el país. Esta visión maniquea del escenario político pretendía legitimar toda acción hegemónica tendente a salvaguardar un estado de cosas propicio para los sectores dominantes de la sociedad.

En la práctica se trataba de imponer un esquema de pensamiento único “Alocución del coronel Marcos Pérez Jiménez, Presidente Provisional de la República y Ministro de la Defensa”, en Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, núm. 24003, Caracas, 3 de diciembre, 1952, p. 175610.

252 Loc. cit.

251

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que no admitía disidencias o vaivenes, a riesgo de ser considerado como elemento lesivo al bien de la patria.

El momento más apropiado y solemne escogido por el gobernante, para lanzar al vuelo sus furtivas elucubraciones, lo representó la celebración de la “Semana de la Patria”, suerte de pantomima de corte fascista implementado a partir de la consolidación de su poder en 1953, en el que se obligaba a los empleados públicos, obreros y estudiantes a desfilar marcialmente por calles y avenidas. Estos actos de “exaltación patriótica” se hacían coincidir con la conmemoración de la fecha alegórica del 5 de julio y culminaban en un fastuoso desfile de las principales unidades militares, frente a la plácida mirada del coronel presidente y su círculo de acólitos.

Aun cuando se alegaba que el gran propósito de organizar estas actividades consistía en rendir tributo a los valores de la nacionalidad, resultaba claro a la vista de todos que el verdadero fin era celebrar la “apoteosis” del régimen y hacer palpable una aparente manifestación de adhesión y fortaleza inquebrantable.253 En ocasión de clausurar la primera edición de estas festividades oficiales el 6 de julio de 1953, Marcos Pérez Jiménez expuso una idea, ya próxima su toma de posesión constitucional como presidente de la República semanas atrás, que a la postre habría de convertirse en los años sucesivos en el ritornello más emblemático de su gestión y de su pensamiento político: [...] conscientes de nuestra probada capacidad espiritual y de la conveniencia de aprovechar nuestros múltiples recursos, hemos fijado por objetivos del nuevo ideal nacional la transformación del medio físico y el mejoramiento moral, intelectual y material de los habitantes del país, como expresión ideológica de lo que debemos hacer.254

253

254

Vid. Ocarina Castillo D’ Imperio, Los años del Buldózer. Ideología y política 1948-1958, Caracas, Ediciones FACES Universidad Central de Venezuela - Fondo Editorial Tropykos, 2da. Edición, 2003, pp. 121-125.

“Discurso de clausura de la Semana de la Patria, Caracas 6 de julio de 1953”, en Venezuela, bajo el Nuevo Ideal Nacional. Realizaciones durante el segundo año de gobierno del General Marcos Pérez Jiménez, 2 de diciembre de 1953-19 de abril de 1955, Caracas, Imprenta Nacional, 1955, p. 12.

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La reiteración de este cardinal planteamiento puede dar cuenta de dos acepciones perfectamente válidas: o se tenía un firme convencimiento en torno a la fórmula más expedita para acelerar el ritmo de desarrollo del país, sustentado en bases teóricas que analizan las relaciones causaefecto de una realidad específica; o por el contrario, se trataba de un discurso vacuo lleno de eufemismos, carentes de profundidad sistemática.

Si nos atenemos a la primera acepción, podemos extraer algunos significados fundamentales.

En primer lugar, los exponentes del Nuevo Ideal Nacional se referían insistentemente a la transformación racional del medio físico como condición sine qua non para vencer las barreras naturales que durante siglos dificultaron la integración del territorio, el saneamiento ambiental y el progreso económico de las ciudades.

En segundo término, enfatizaban la importancia de promover el mejoramiento integral de los habitantes del territorio, cuya mira subyacente estaba orientada a regenerar los factores étnicos que constituían la población venezolana, a fin de echar a un lado los instintivos hábitos heredados del pasado sociohistórico que favorecían la apatía por el trabajo, el comportamiento belicoso y la tendencia mitificadora.

Un tercer aspecto trataba sobre la creación de una idea unitaria y orgánica de la nacionalidad dirigida con la tutela de una élite militar identificada plenamente con los valores de un bloque capitalista, que veía en la ideología comunista una seria amenaza de desintegración del orden dominante.

En cuarto lugar, destacaba la idea de gobernar con eficacia donde se hacía gala del empeño ejecutor de un régimen guiado por criterios científicos, en contraste con la lentitud administrativa y desordenada que demostró el ejercicio del poder por parte de los partidos políticos.

Un quinto aspecto tenía que ver con el mantenimiento de la paz pública, que no dudaba en sobrepasar los límites de la legalidad escrita para aplacar la agitación de facciones políticas empeñadas en subvertir el modelo económico en ejecución.

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La mayoría de los investigadores que han estudiado el periodo coinciden en señalar que el marco ideológico del régimen se nutría de elementos positivistas, liberales, pragmáticos y tecnocráticos a los que se unía un planteamiento desarrollista de corte autoritario.255 Uno de los trabajos más enjundiosos en torno a las influencias intelectuales y políticas de la dictadura militar ha sido elaborado por Ocarina Castillo. En su obra, la autora precisa cuatro fuentes ideológicas cuyos contenidos dieron forma a la filosofía política del régimen: el positivismo, el militarismo unido a la noción geopolítica de dominio del espacio, además de la influencia de movimientos contemporáneos como el peronismo y el nasserismo. En opinión de Castillo esta variedad de influencias representa el intento de crear una racionalidad eminentemente técnica que apuntaba hacia la consolidación capitalista de la estructura económico-social venezolana.256 Por su parte, Fernando Coronill afirma que la idea de transformación asumida dentro de la retórica oficial significaba transplantar los signos más visibles de la modernidad en el cuerpo natural de la nación, léase el medio físico, y convertirlos en la fuente de progreso de la sociedad.

Esta manera de concebir la modernización se acercaba más a las formas positivistas de interpretación de la realidad venezolana reinantes a principios del siglo xx que a la ideología del desarrollo formulada a partir de la segunda posguerra.257 Sumados a los planteamientos anteriormente expuestos, podemos agregar que el Nuevo Ideal Nacional guardaba intrínsecamente ciertos matices de contenido fascista en lo que respecta a la posición omnipotente del Estado frente a los intereses yuxtapuestos de los individuos, su inexorable postura anticomunista, la exaltación grandilocuente por Véanse José Ramón Avendaño Lugo, El militarismo en Venezuela. La dictadura de Pérez Jiménez, Caracas, Ediciones El Centauro, 1982, pp. 241-252; Fredy Rincón, El Nuevo Ideal Nacional y los planes económicos-militares de Pérez Jiménez 1952-1957, Caracas, Ediciones El Centauro, 1982, pp. 21-41; y Diego Bautista Urbaneja, Pueblo y petróleo en la política venezolana del siglo xx, Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1995, pp. 121-126.

256 Ocarina Castillo D’ Imperio, op. cit., pp. 169-171.

257 Fernando Coronil, El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Caracas Nueva Sociedad/Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela, 2002, pp. 194 y 195.

255

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los valores nacionales y el rechazo a una forma de democracia igualitarista. Empero, no pretendemos forzar conceptos, como bien advierte Aníbal Romero en su estudio introductorio sobre la “caracterización del fascismo y especificidad del nazismo”, pero sí consideramos viable calificar al pretorianismo gobernante de la década del cincuenta como una expresión menor de los “fascismos históricos” auscultados por el autor.258 En efecto, sería erróneo señalar que durante aquellos años hubo en Venezuela una reedición fidedigna de las prácticas políticas de Benito Mussolini y de su noción de Estado corporativista, puesto que el Estado dirigido por los militares venezolanos distaba de ser un aparato político manejado por un partido fascista, dividido por sectores representativos de la actividad productiva, aun cuando las relaciones con estos últimos fueron excelentes hasta el final del periodo.

Ahora bien, si consideramos el discurso historicista de los epígonos del régimen y la adopción de mecanismos para imponer la subordinación de la sociedad con los designios de una élite privilegiada, entonces puede calificarse genéricamente a los gobiernos pretorianos que se sucedieron entre 1948 y 1958 como neofascistas,259 dada su tendencia totalitaria y postura contraria a los principios de la democracia liberal.

Desde la óptica de los militares asidos al poder, la nación no era vista como una composición abstracta, sino como un ente orgánico y perfectible en virtud de sus elementos geográficos, demográficos, económicos y sociales, que en conjunto debían ser conducidos por una estructura organizativa enfocada a diagnosticar sus deficiencias físicas y aplicar los correctivos de rigor para su correcta evolución. De tal manera, el Estado regido por un gobierno fuerte sería el instrumento catalizador que haría posible cumplir los imperativos de un modelo de desarrollo capitalista.

258 259

Aníbal Romero, Fascismo, democracia y teoría política, Caracas, Panapo, 2004, pp. 9-23.

Humberto García Larralde, El fascismo del siglo xxi, Caracas, Random House Mondadori, S. A., 2009, p. 120. Para el autor el uso del término permite referirse a fenómenos contemporáneos que exhiben rasgos similares a la experiencia europea de las décadas veinte y treinta del siglo pasado.

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Este modo de concebir al Estado como agente por excelencia de la modernización, no implicaba en lo absoluto dar paso a efectivas reformas que llevasen a la instauración de un sistema político democrático.

Por el contrario, la democracia era más bien vista como una panacea tan extraña a nuestro ambiente, como inoperante en las manos de un pueblo aquejado por el atraso y la ignorancia. Así lo dejó en claro una y otra vez Laureano Vallenilla Lanz Planchart, quien pretendió emular a su padre homónimo al erigirse como el “sostén intelectual de la dictadura”. En ocasión de presentar la memoria del despacho a su cargo señaló sin ambages: Todos estamos convencidos de la necesidad de estudiar y de aprender como condición previa al ejercicio de cualquier destino. Nuestro tradicional igualitarismo, un tanto anárquico en otras épocas, exige ahora un orden y una jefatura fundados en la capacidad [...] La magnitud de la obra realizada por el régimen actual nos dice que ha sido necesaria la presencia en el poder supremo de un hombre culto para cumplirla, también se requiere la formación de hombres cultos para conservarlas y aumentarlas. De ahí el empeño por parte del Estado en llevar la cultura a los sitios más apartados de la República, por medio de carreteras que acerquen y civilicen y de campañas educativas y sanitarias que mejoren la calidad humana [...] El Gobierno Nacional pretende demostrar a las generaciones presentes y venideras, que una sincera aplicación de normas técnicas a la administración pública en vez de las convencionales mentiras sobre la democracia y la libertad, es la mejor política para una Nación [...]260

Lo anterior no es más que el reflejo del influjo positivista que predominó durante las primeras décadas del siglo xx, sirviendo de cariz indumentario para arropar las arbitrariedades de la dictadura gomecista (1908-1935), cuya existencia se explicó como la fórmula natural de aprovechar el innato culto a la personalidad, arraigado en la muchedumbre 260

Laureano Vallenilla Lanz, “Exposición de la Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Interiores correspondiente al año 1955”, en Archivo Histórico de Miraflores (en adelante ahm), sección inventarios, caja D-43, carpeta 23.

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a fin de encauzarla hacia el fiel cumplimiento de las leyes impuestas por la férrea voluntad de un jefe único.261 La evocación de un ser providencial que encarnase la “constitución efectiva” de la realidad social era en opinión de Vallenilla Lanz (padre) una “necesidad fatal” para imponer el orden, más por el uso de la fuerza que por el espíritu de la razón. El Gendarme Necesario, como lo denominó el célebre autor positivista, ocupaba la posición más encumbrada dentro del entramado de compromisos personales que representaban la base fundamental de su poder, y ese reconocimiento lo hacía verse como el supremo representante y defensor de la unidad nacional.262 Esta fórmula autoritaria pretendió ser reestablecida en la figura de Marcos Pérez Jiménez, el verdadero hombre fuerte a lo largo de la década militar. Sin embargo, este militar cuya hoja de servicio arrojaba datos nada desdeñables no llegó a personificar un liderazgo carismático, capaz de cautivar el imaginario colectivo y concitar un fervoroso respaldo popular, como sí lo habían hecho Mustafá Kemal en Turquía, Mussolini en Italia, Hitler en Alemania y Perón en Argentina. Con todo, Pérez Jiménez fue presentado por sus amanuenses como “[...] un tipo original de gobernante [...] [que] no tiene parecido con los caudillos tradicionales ni con los demagogos [...]”263 El propio gobernante no dudó en exhibirse a sí mismo como un “ciudadano de antecedentes positivos” dispuesto a corregir los entuertos que amenazaban la consecución del bien común. Para ello hacía hincapié en la necesidad de emplear “principios similares a los de la ciencia militar” con el propósito de asegurar la entronización de la paz pública y el fomento del trabajo regenerador, condiciones básicas que harían posible la liquidación de la miseria, el atraso y la ignorancia, los tres grandes males que en su opinión aquejaban verdaderamente a los venezolanos de la época.264 Pedro Manuel Arcaya, Estudios de sociología venezolana, Caracas, Cecilio Acosta, 1941, p. 165.

Laureano Vallenilla Lanz, Cesarismo democrático, Caracas, Monte Ávila Editores, 1994, pp. 165, 166,186 y 187.

263 R. H. “Nuevo estilo”, en op. cit., p. 66.

264 Marcos Pérez Jiménez, “Discurso del General Marcos Pérez Jiménez Presidente de la República en la clausura del primer curso de la escuela superior de las Fuerzas Armadas y de los cursos de las Fuerzas Terrestres y de las Fuerzas Navales, Caracas 22 de diciembre de 1955”, en ahm, sección inventarios, caja B-98, carpeta 1, documento 9.

261 262

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La aplicación de este criterio científico que concebía la sociedad como un organismo rígidamente subordinado y homogéneamente encauzado por los derroteros de la disciplina, la sumisión y el respeto a la autoridad, pretendía justificar toda la acción del gobierno dictatorial en función del cúmulo de realizaciones materiales que ponía a la disposición del público. De esta forma el régimen se auto exculpaba de sus desafueros al poseer una medida propia de lo que consideraba moralmente correcto.

En la medida que se iba magnificando la obra se presumía que mayor sería el grado de aceptación nacional a un gobierno centrado mucho más en los resultados que en las formalidades de la teoría democrática.

De igual modo, podemos observar que esta forma de proceder respondía mucho a una “visión pragmática y tecnocrática del desarrollo” estrechamente vinculada con unos claros objetivos de seguridad y defensa nacional. Al respecto cabe destacar la apreciación de Fredy Rincón en una interesante investigación sobre los fundamentos ideológicos de los proyectos económicos y militares del régimen: La orientación y el impulso que el régimen militar le confirió al desarrollo de industrias básicas, lo concebimos no sólo como una concepción estratégica para activar el aparato productivo del país, sino también como parte de un plan tendiente (sic) a satisfacer –en un futuro– las exigencias bélicas del sistema militar venezolano.265

De acuerdo con lo anterior, en el seno de las Fuerzas Armadas existía una corriente de opinión que se hacía eco de la posibilidad cierta de una “Guerra Total”, para lo cual había que preparar al país en todos los ámbitos a fin de sobrellevar con éxito las exigencias de esta hipotética conflagración bélica internacional. Así pues estamos en presencia de una versión temprana y criolla de lo que posteriormente se conocería como La Doctrina de la Seguridad Nacional.

La autoría intelectual ha sido endilgada a un grupo de militares que dirigieron la Escuela Superior de Guerra de Brasil entre 1949 y 1964, aun cuando, es en los Estados Unidos donde surgen por primera 265

Fredy Rincón N., Ob. Cit., p. 107.

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vez los planteamientos relativos a la Seguridad Nacional (1947). Esta plataforma ideológica ofrecía una visión más amplia de los tradicionales conceptos de seguridad y defensa nacional para trasmutarlos bajo un enfoque totalizador que toma en cuenta los distintos factores económicos, políticos y sociales. Según sus creadores “la acción del Estado se ejerce a través de ideas y procesos que buscan solucionar los problemas generales de gobierno” y su fin último es “precaver y superar los efectos de las conmociones internas, catástrofes naturales y guerra exterior”.266 En esta doctrina se funden los principios de la geopolítica, disciplina que estudia la influencia de los factores geográficos sobre la organización interna del Estado, permitiéndole prever y desarrollar todas aquellas actividades que sean necesarias para afrontar de forma satisfactoria cualquier potencial amenaza. En América Latina, los fundamentos geopolíticos tuvieron gran acogida entre los oficiales castrenses, sobre todo aquellos que recibieron la influencia de las lecciones aprendidas en cursos dictados en las principales escuelas e instituciones militares de la región.

A pesar de que las relaciones entre militares brasileños y venezolanos durante la década de los cincuenta fueron escasas, eso no representó una limitante para el envío de cursantes con fines de adiestramiento en tierras cariocas. De igual modo, esta práctica se aplicó con otros países del continente, entre los que destacan Argentina, Chile y Estados Unidos.

Si nos atenemos al levantamiento estadístico elaborado por Quintero Torres en cuanto al número de oficiales que cursaron estudios en el exterior, tenemos que entre 1947 y 1952 concurrieron a escuelas de formación militar ubicadas en Argentina y Brasil, 8 y 9 oficiales respectivamente, en tanto que 94 se matricularon en centros norteamericanos.267 Pese a las abismales diferencias numéricas y sus efectos en la conformación del pensamiento militar venezolano de los años subsiguientes, cabe detenernos en la influencia que llegó a ejercer la doctrina de Seguridad Nacional adecuada a la realidad sudamericana.

Roberto Calvo, La doctrina militar de la seguridad nacional. (Autoritarismo político y neoliberalismo en el cono sur), Caracas – San Cristóbal, Universidad Católica Andrés Bello, 1979, pp. 18 y 67.

267 José Gilberto Quintero Torres, Ob. Cit., pp. 168,169.

266

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Algunos de los exponentes de esta “incipiente” formulación teórica en Venezuela llegaron a escribir en torno a las generalidades que caracterizaban a la nueva concepción de la guerra moderna. Sobre el manejo de la economía y su incidencia en la concreción de los objetivos militares señalaban lo siguiente: La ciencia militar económica o economía militar pasa a ser dentro del concepto moderno la base de la economía nacional (...) No debemos olvidar que la capacidad estratégica del Estado moderno no solamente consiste en la preparación más eficaz de los cuadros de la Fuerzas Armadas, sino que es necesario preparar en la paz las condiciones inestimables de la guerra.268

En ese sentido, se hacía hincapié en las ventajas comparativas que resultarían del fomento de una serie de industrias básicas para la economía y la defensa nacional. No obstante, dada la importancia estratégica de este tipo de industrias, necesariamente tendrían que ser impulsadas y controladas por el Estado de forma indefinida. Así lo expuso, el entonces mayor Víctor Maldonado Michelena quien había cursado estudios en Argentina donde asimiló los conceptos de Defensa Nacional y Guerra Integral que además participó en los estudios preliminares para la instalación de una industria siderúrgica en Venezuela: ... debemos empeñarnos en crear una serie de fábricas controladas por los gobiernos respectivos, las cuales deben producir elementos básicos para las fuerzas armadas; asimismo, es indispensable la instalación de establecimientos industriales que, aunque fabricando artículos para la población civil, sean capaces de enfrentarse con buen éxito a la producción de guerra en el momento en que las circunstancias así lo imponga.269

Estas ideas de marcado contenido nacionalista que daban soporte a la estructuración de un Estado fuerte, capaz de garantizar la paz, el Perfecto Cabrices Beltrán, “La técnica militar en la moderna conducción de la guerra” en Revista de las Fuerzas Armadas N° 123, Caracas septiembre 1956, pp. 3-5.

269 Víctor Maldonado Michelena, Las naciones y su defensa integral, Caracas, Editorial DUSA, C.A., 1962, p. 200.

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Prolegómenos de una dictadura militar y su filosofía del poder (1948-1958)

progreso, la seguridad y defensa del país bajo la plena conducción de las Fuerzas Armadas, fueron suscritas en todo momento por los jerarcas pretorianos y entre ellos destaca una vez más Marcos Pérez Jiménez, al efecto veamos: Recordemos que en nuestra nación, por múltiples causas imputables exclusivamente a los venezolanos, la miseria, el atraso y la ignorancia llegaron a ser casi norma común de la vida nacional. Había que combatir y erradicar numerosos factores negativos. En consecuencia, se imponía establecer un gobierno capaz de actuar con sujeción a principios similares a los de la ciencia militar, a objeto de librar victoriosamente batallas contra esos factores (...) Así lo entendemos y lo practicamos los soldados de la Venezuela de hoy, entre los cuales existe un definido criterio de superación que, además de los efectos indiscutiblemente provechoso que de ello resulta en la Institución Armada, produce consecuencias positivas en otras actividades políticas.270

Es la reiteración de una vocación de poder inmerso en las Fuerzas Armadas Nacionales que no distinguía separación posible entre el desarrollo y la seguridad nacional, sino que por el contrario eran vistas como dos caras de una misma moneda. Se trataba entonces de un axioma ideológico concebido en términos bélicos.

270

Marcos Pérez Jiménez, “Discurso del General Marcos Pérez Jiménez en la clausura del Primer Curso de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y de los cursos de las Fuerzas Terrestres y de las Fuerzas Navales, Caracas 22 de diciembre de 1955” en AHM, sección inventarios, serie B, caja 98, carpeta 1, documento 9.

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Militares, política y poder en Venezuela contemporánea (1958-1992)

Luis Alberto Buttó

Una tontería haber pensado que en un país de sargentos un sabio pudiera ser presidente.

Simón Alberto Consalvi. El golpe de Estado (bueno).

1. Introito La madrugada del 23 de enero de 1958 fue derrocada la dictadura militar encabezada por el general (Ej.) Marcos Pérez Jiménez. Con esta acción, se puso fin a la larga noche militar iniciada con el zarpazo asestado el 24 de noviembre de 1948 a la administración socialdemócrata presidida por Rómulo Gallegos y se rescató (quizás con mayor propiedad debería decirse se instauró) en Venezuela el sistema de gobierno democrático liberal representativo. En sustitución del régimen depuesto, tomó la riendas del país una junta militar de gobierno presidida por el contralmirante Wolfgang Larrazábal (quien apenas el 11 de enero de aquel año había sido designado comandante de la marina de guerra por Pérez Jiménez y en la práctica resultó figura dirigente de la junta dada su condición de oficial con mayor antigüedad en la fuerza armada del momento) e integrada, además, por los coroneles (Ej.) Roberto Casanova y Pedro José Quevedo, el coronel (Av.) Abel Romero Villate y el coronel (GN) Carlos Luis Araque, según el acta constitutiva de dicha junta firmada aquel día.

La contradicción implícita en el abatimiento de un gobierno militar para ser remplazado por otro en cuyo seno la fuerza armada mantuvo el control absoluto del poder político nacional se evidenció a pocas horas del suceso, una vez desatadas un conjunto de protestas callejeras en este sentido, y en consecuencia se modificó la mencionada acta constitutiva para incluir en la junta a los civiles Blas Lamberti y Eugenio Mendoza, con base en los siguientes considerandos: Que superado el momento de instalación del Gobierno constituido conforme al Acta de esta misma fecha, se ha evidenciado la superior conveniencia de ampliar la inte169

Luis Alberto Buttó

gración de la Junta Militar de Gobierno y transformarla en una Junta de Gobierno con representación civil (...)

Que es deber de la oficialidad demostrar que la razón de su intervención en el control del Estado es la de orientar al país hacia una efectiva institucionalidad y nunca la de proceder al reparto de las Carteras Ministeriales entre los propios integrantes de la Junta.271

Sin embargo, como para no dejar dudas de cuál era el centro real del poder en la Venezuela de la época, otro considerando puntualizó …”Que el Gobierno Provisional debe estar en condiciones de ejercer en todo momento la totalidad del Poder, pudiendo actuar por sí mismo como representante y delegatorio de las Fuerzas Armadas”.272 La redacción pudo parecer inocua al instante, mas no lo fue en modo alguno: en los hechos concretos, tal aclaratoria constituyó un presagio de que el fantasma de la intervención militar en política estaba lejos de pasar a la historia en el país que comenzaba a edificarse. Así las cosas, el neonato sistema democrático venezolano vio la luz asediado por la recurrente constante histórica nacional de la participación castrense en política y desde ese instante conspiraron en su contra los elementos retrógrados enquistados en la institución armada.

En marzo de 1958, el entonces ministro de la Defensa, coronel (Av.) Jesús María Castro León (nombrado en tal posición mediante el decreto número 1 emitido el propio 23 de enero por la junta de gobierno y ascendido a general de brigada el 4 de julio de ese año mediante decreto de dicha junta número 309), realizó la presentación inicial del programa televisado Venezuela, conoce tus Fuerzas Armadas. En la charla introductoria dictada al efecto, presagiando los vientos de tempestad que a la postre terminarían por desatarse, el oficial de marras dejó entrever el ánimo opuesto reinante en importantes sectores de la fuerza armada venezolana con relación al papel desempeñado por los partidos políticos “El golpe militar del 23 de enero de 1958. Acta Constitutiva y Decretos” (1998). En: Golpes Militares en Venezuela. 1945-1992. Actas y Decretos de los Vencidos y de los Vencedores-Proyectos de Acta y Decretos para otros Golpes. Caracas: El Centauro ediciones. p. 81.

272 Ibíd.

271

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Militares, política y poder en Venezuela contemporánea (1958-1992)

actuantes para la época y a la libertad de prensa instaurada en el país con el retorno de la democracia, dando a entender que la acción mancomunada de operadores políticos y medios de comunicación perseguía como objetivo primordial el descrédito y la reducción de la influencia que la institución castrense jugaba en el entramado social venezolano.

De igual manera, veladamente explicitó la resistencia de la organización a su mando de someterse a cualesquiera tipos de controles provenientes del sector civil de la sociedad.

A continuación, un extracto de lo dicho en esa oportunidad por el coronel Castro León: La Institución de las Fuerzas Armadas seguirá siendo de hoy en adelante celosa guardiana de la libertad: de esa libertad generosa que se prodiga a todos los hombres de buena voluntad y que no sabe de predominios ni de grupos, ni de clases, de la que se traduce en respeto a la dignidad humana, de la libertad que no conozca del foetazo artero de la prensa pasquinesca (sic) y procaz, de la que garantiza la libre expresión del pensamiento honrado, sin cortapisas ni amenazas sectarias (...) Guardiana de una libertad que no autoriza el gesto airado del líder innoble que a cada instante y por razones ventajistas amenaza con lanzar al pueblo a la calle, de la libertad del comercio y de la industria para que no esté sometida a vivir bajo amenazas de huelgas (...) La Institución se basta a sí sola para salvar sus posibles escollos, sin directrices ni intromisiones ajenas (...) Demos un mentís de una vez y para siempre a la amenaza golpista la cual solo (sic) existe en la mente enfermiza de líderes veteranos en tales menesteres y quienes se han convertido en trágica avanzada de sus manejos turbios.273

Más adelante, en declaraciones a la prensa nacional que sólo reprodujo el diario El Universal, el ministro de la Defensa reincidió en aseveraciones de igual tenor: El concepto de Libertad no se circunscribe a la de grupos o a la manera de quienes la entienden o les convenga entender, 273

El pueblo y las Fuerzas Armadas de Venezuela en 1958. Edición Facsímil de Testimonio de la Revolución en Venezuela. 1 de enero-23 de julio 1958 (1980). Caracas: Ediciones Centauro. p. 287.

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Luis Alberto Buttó

sino a la libertad de todos los venezolanos, sin distingos de clases, credos o condiciones (...) No es un secreto para nadie que dentro de las directrices de alguna fracción política predomina, como fundamental, el tratar de destruir las organizaciones castrenses; nosotros así lo consideramos, pero el quid del asunto está en que logren su finalidad.274

En julio de ese año, quedó al descubierto quién realmente estaba atrincherado en el bando de la subversión. El día 20, sectores golpistas de la fuerza armada capitaneados por Castro León intentaron desconocer al gobierno transitorio, ocupado entonces en preparar lo referente a la convocatoria de elecciones universales, secretas y directas para seleccionar al personaje que tomaría las riendas del poder ejecutivo y a los integrantes del Congreso Nacional. El movimiento contó con importante respaldo en los componentes ejército, aviación y guardia nacional, pero no así en la armada, cuya oficialidad se mantuvo leal al compañero de armas gobernante. La jefatura del alzamiento se atrincheró en la sede del ministerio de la Defensa, sito para aquel entonces en el sector La Planicie, cercano al palacio presidencial.

Los golpistas le presentaron un ultimátum al gobierno establecido, el cual intitularon Acuerdo, que por intermedio del ciudadano Ministro de la Defensa, presentan las Fuerzas Armadas Nacionales a la Honorable Junta de Gobierno de la República de Venezuela, a sabiendas de la imposibilidad de que sus requerimientos fueran tomados en cuenta, con lo cual se pasaría a la fase posterior de deposición del cuadro gobernante.

Allí dejaron en claro su convicción pretoriana de elevar a la institución castrense a la condición de actor político y árbitro principal de la sociedad venezolana. Las consideraciones planteadas así lo revelaron. De éstas, cabe destacar las siguientes: Que es público y notorio que los partidos “Acción Democrática” y “Comunista” influyen de manera terminante en la mayoría de las decisiones gubernamentales, obteniendo así posiciones oficiales claves, tanto superiores como subalternas, produciéndose un ventajismo a favor suyo y en mengua de los derechos de los otros Partidos políticos, 274

Ibíd.

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Militares, política y poder en Venezuela contemporánea (1958-1992)

lo cual ha dado lugar a una ruptura del equilibrio social, pernicioso a los fines del próximo proceso electoral (...)

Que la prensa, radio y televisión están controladas casi en su totalidad por “Acción Democrática” y el “Partido Comunista”, quienes en forma pasquinesca (sic) desorientan a la opinión pública con resultados nefastos para la colectividad, a tal punto que, por su forma exclusivista de operar ha logrado estrangular la libertad del pensamiento, en su concepto legal, ocurriendo (sic) al chantaje en todas sus formas coercitivas, y destacándose que todo aquello que pueda perjudicar a dichos Partidos o a sus miembros se le ampare con un cómplice silencio, sea cual fuese el aspecto delictuoso que represente (...)

Que las Fuerzas Armadas son cotidianamente injuriadas, tanto como Institución como en la persona y familiares de sus miembros, en particular incitándose por la prensa, radio y televisión a desconocer su autoridad, todo ello con inexplicable anuencia de los máximos personeros del Gobierno.275

A partir de allí, y partiendo del supuesto de que “...las Fuerzas Armadas Nacionales como generadoras que son de la autoridad de la Junta de Gobierno conforme a su acta constitutiva de fecha 23 de enero del corriente año...”,276 los sublevados se atrevieron a formular “...de manera inaplazable, firme y categórica...” (Ibíd)277 las demandas expuestas a continuación: PRIMERO. – Hacer un reajuste en los cuadros gubernamentales, a fin de que no hayan ventajismos en las próximas elecciones y puedan así ir todos los Partidos en igualdad de condiciones a la lucha electoral.

SEGUNDO. – Expedición de un Decreto Ejecutivo ordenando a la prensa, radio y televisión de toda la República, Ibíd.: 286.

Ibíd.

277 Ibíd.

275 276

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la exclusión de todos los artículos, noticias o comentarios que en su forma o fondo pueda ser interpretado como lesivo a la Institución Armada en general o a sus miembros en particular.

TERCERO. – Aplicación inmediata y sin distingos de medidas de Alta Policía para aquellos líderes o incitadores que provoquen o dirijan actos tendientes al desacato del Decreto a que se hace referencia [Mayúsculas del autor].278

Luego del correspondiente y angustioso forcejeo de fuerzas, la intentona resultó infructuosa. Castro León renunció al puesto ocupado en el consejo de ministros y junto a otros líderes de la asonada, entre los cuales se encontraban el teniente coronel (Ej.) Juan de Dios Moncada Vidal y el ex piloto personal de Pérez Jiménez, mayor (Av.) Martín Parada, partió al exilio. Varios complotados más le acompañaron en el periplo, pues como bien se informó a los medios de comunicación a través de un comunicado del ministerio de la Defensa emitido el 24 de julio “... han salido al exterior los oficiales: General Jesús María Castro León; Tte.Cnel. José Ely Mendoza Méndez; Mayor Oswaldo Graziani Fariñas; Mayor Edgar Duhamel Espinoza; Mayor Manuel Azuaje Ortega; Mayor Edgar Trujillo Echeverría; Mayor José Isabel Gutiérrez...”279 El 7 de septiembre de 1958, se produjo otro alzamiento militar de significativa magnitud, impulsado éste por las maniobras adelantadas al respecto por Moncada Vidal y Ely Mendoza, ambos teóricamente fuera del país, aunque en realidad clandestinos en el interior. La principal dependencia involucrada resultó ser esta vez el cuartel de policía militar ubicado en Caracas, contiguo al Palacio Blanco y frontal al Palacio de Miraflores, sede del poder ejecutivo. Entre las cabezas visibles de esta nueva asonada estuvieron los mayores Luis Vivas Ramírez, Clemente Sánchez, Juan Merchán López, Alcibíades Pérez Morales, Chalbaud Godoy, Rafeal Marcelo Pacheco y Oswaldo Gracciani; el capitán Rafael 278 279

Ibíd.

Ramón J. Velásquez (1976). “Aspectos de la Evolución Política de Venezuela en el último medio Siglo”.

En Ramón J. Velásquez, Arístides Calvani, Carlos Rafael Silva y Juan Liscano. Venezuela Moderna.

Medio Siglo de Historia. 1926-1976. Caracas: Fundación Eugenio Mendoza. p. 173.

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González Windevoxchel y los tenientes Carlos Quintero, Manuel Silva Guillén y Víctor Gabaldón, todos ellos pertenecientes al componente ejército.

En esa oportunidad, los alzados lograron tomar el ministerio de la Defensa, rodearon el palacio presidencial y ocuparon dos importantes estaciones de radio con alcance nacional, concretamente Radio Rumbos y Radio Tropical. Según los informes de Inteligencia de la época, el golpe no alcanzó los objetivos de control político a escala nacional propuestos dado el arrepentimiento de última hora de otros oficiales del mismo componente previamente comprometidos (destacados estos en diversas unidades radicadas en las ciudades de Barquisimeto, Coro, Cumaná, Ciudad Bolívar, Maracaibo, Maracay, Maturín, Puerto La Cruz, San Cristóbal, San Juan de los Morros y Valencia) y de ciertos integrantes de la aviación, también ganados a la causa. Irónicamente, Moncada Vidal, Vivas Ramírez, Pacheco y Silva Guillén fueron enviados a una especie de exilio dorado para ocupar posiciones relevantes en embajadas nacionales en el extranjero.

Por su parte, Castro León no se arredró de los afanes conspirativos y desde el ostracismo continuó maquinando contra el gobierno instituido. Firmada en Londres, donde se encontraba como representante de la Junta Interamericana de Defensa, remitió al presidente de la república, a la sazón Rómulo Betancourt, político victorioso en las elecciones de diciembre de 1958, una epístola en cuyas líneas acusó al gobierno de …”despilfarro económico, de carencia de autoridad para reprimir desórdenes sociales y de connivencia con el comunismo.

El Ministerio de la Defensa consideró el documento como una clara incitación a la rebeldía y recomendó al Presidente el pase a retiro del General Castro León”.280 Por disposición del primer mandatario, esta medida se concretó el 24 de noviembre de 1959. En irreverente respuesta, el 20 de abril de 1960, Castro León, acompañado de un grupo de adeptos, entre los cuales vale la pena mencionar a Moncada Vidal, los mayores Luis Alberto Vivas Ramírez, Manuel Asuaje, Barreto Martínez y los capitanes Cipriano Sánchez Mogollón, Alfonso 280

Ibíd. p. 204.

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Sánchez Castro y Manuel Silva Guillén (todos miembros del ejército), comandó un grupo invasor que penetró al país por el estado Táchira desde la vecina Colombia.

Al rompe, la acción obtuvo relativo éxito pues logró la conquista de la guarnición de la ciudad de San Cristóbal. El reportero del diario El Nacional encargado de cubrir los acontecimientos, narró así el desarrollo de estos en las jornadas iniciales de la intentona: En su alocución a los tachirenses, el insurrecto manifestó que el era el Jefe del “Movimiento Revolucionario Milicivilista”, y que por lo tanto exigía a todos sus coterráneos el apoyo necesario para triunfar. Castro León, en complicidad con el Coronel Francisco Lizarazu Véliz, Jefe del Agrupamiento Militar Número 1 y del Teniente Coronel Alcides González Escobar, Comandante del Batallón Simón Bolívar de San Cristóbal, logró rápidamente controlar la situación en el centro de la ciudad.

En poder de los facciosos cayeron la Gobernación del Estado, Comandancia de Policía Municipal, cuyo Comandante Carlos Montilla Olmos se unió al grupo de rebeldes; la Digepol, Servicio Criminológico Estatal, PTJ, Inspectoría del Tránsito, así como todas las demás dependencias públicas nacionales y estatales.

El ex-General leyó su proclama al pueblo. Decretó la Ley Marcial; suspendió las actividades docentes y colocó en los puntos más estratégicos de San Cristóbal a grupos de soldados quienes se dieron a la tarea de hacer registros en los automóviles, cacheos personales y a la odiosa escena de apuntar con sus fusiles a la ciudadanía, que curiosa salía a la calle para enterarse de lo que estaba pasando.

Así, de manera sorpresiva, Castro León intentaba hacer regresar a la actualidad, las montoneras que hace cincuenta años atrás, pusiera de moda Castro. Pero se equivocó el ex-General. El pueblo del Táchira no respondió a sus desesperados llamados, y muy pronto, de manera ordenada, comenzó la resistencia pasiva.281

281

“Castro León nunca controló totalmente a San Cristóbal” (1960, abril 22). El Nacional. Caracas, p.s/n.

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El mismo día, un vocero de Castro León, cuya identidad no fue revelada por la prensa, entregó a la agencia de noticias UPI en Nueva York, una declaración del golpista, donde éste justificó el alzamiento al alegar “...He insurgido en armas contra la pseudodemocracia (sic) que actualmente soporta nuestro país, con hombres honestos y de limpia trayectoria. No están a mi lado ni prófugos de la justicia ni delincuentes. Conmigo han invadido el país oficiales honestos y de prestigio institucional...”282 El vocero anónimo también facilitó a la redacción de la mencionada agencia copia de la proclama insurgente leída en San Cristóbal a través de los micrófonos de la estación “Ecos del Torbe” y de la cual es perentorio reproducir los párrafos siguientes, en aras de develar las verdaderas motivaciones e intenciones de los sublevados: Esta es la revolución del pueblo y del ejército, y para el pueblo y el ejército serán sus beneficios; y serán ellos los únicos que ejercen su propio gobierno y responderán de su propia soberanía. Quienes hayan aspirado a algo diferente, están equivocados (...)

Venimos a crear un estado político adecuado, capaz de democratizar al país; porque nuestro movimiento es la esencia misma de su pueblo y de su tierra (...)

Venimos a salvar a las Fuerzas Armadas de su destrucción definitiva por donde ya la encaminan los intereses partidistas del gobierno actual.

Venimos en definitiva a crear un estado social que eleve al máximo el nivel moral de la nación y suplante la democracia por el hecho real de la felicidad del pueblo.283

A las pocas horas, la militarada devino un fiasco garrafal al no recibir el respaldo de las restantes unidades militares acantonadas a lo largo y ancho del país. Los cabecillas del movimiento huyeron despavoridos a UPI (1960, abril 22). “La proclama de Castro León al comenzar la insurgencia ambiciosa hacia el poder”.

El Nacional, Caracas, p.s/n.

283 Ibíd.

282

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Colombia. A la postre, Castro León fue capturado y sus restantes días de vida transcurrieron entre los calabozos a los que fue confinado en la base naval establecida en la isla de La Orchila, el Castillo Libertador y el Cuartel San Carlos, donde finalmente falleció víctima de un infarto el 12 de julio de 1965.

Otro de los relevantes intentos de derrocamiento del gobierno constitucionalmente constituido en la época fue el protagonizado el 20 de febrero de 1961 por el grupo encabezado por el coronel (Ej.) Edito Ramírez, dado de baja con el grado de mayor en tiempos de Pérez Jiménez y posteriormente reincorporado a filas y ascendido con el advenimiento de la democracia. El epicentro del alzamiento se radicó en la Academia Militar (centro de formación de oficiales del ejército), ya para el momento establecida en las instalaciones del Fuerte Tiuna en Caracas. Dicha institución estuvo por varias horas bajo el control de los complotados, quienes contaron con apoyo de buena parte de los cadetes para ese momento allí acantonados. Involucrados en los sucesos, en apoyo a la institucionalidad reinante, se vieron dos alumnos que con el correr de los años tendrían destacada actuación en la historia político-militar venezolana por venir: Ramón Santeliz Ruiz y Fernado Ochoa Antich.

Amén de las anteriormente mencionadas, el gobierno liderado por Rómulo Betancourt hubo de hacer frente a cuatro notorias insurrecciones militares. El 26 de junio de 1961, bajo las órdenes del mayor (Ej.) Luis Alberto Vivas y de los capitanes (Ej.) Tesalio Murrillo y Masso Perdomo, se sublevaron las tropas acantonadas en el cuartel del ejército Pedro María Freites, sito en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, motivo por el cual la militarada fue bautizada en la historiografía nacional con el mote de Barcelonazo. Los insurrectos se posesionaron de la gobernación del estado y capturaron al gobernador Rafael Solórzano y al secretario de gobierno Carlos Canache Mata, quien con el correr del tiempo desarrolló destacada actuación como congresista y dirigente del partido Acción Democrática.

En las primeras de cambio, la situación pareció mostrarse favorable a los alzados, pero con el correr de las horas buena parte de los oficiales subalternos partícipes (subtenientes, tenientes y capitanes) se perca178

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taron que otras dependencias militares complotadas decidieron no pronunciarse y en consecuencia cambiaron de bando y apresaron a los jefes de la intentona. En la reconquista del cuartel murieron más de 20 civiles y otros 50, con diferente intensidad, resultaron heridos. Desde el lado insurrecto, se corrió el runrún del presunto fusilamiento de algunos de los rendidos por disposición del referido secretario de gobierno.

Sucesos similares ocurrieron en los albores del año entrante, concretamente en enero, cuando en La Guaira (por consiguiente, Guairazo) se rebeló el batallón Bolívar de infantería de marina bajo el comando del capitán de corbeta Víctor Hugo Morales. Los datos de Inteligencia constataron que oficiales con puesto de mando en las bases navales de Carúpano y Puerto Cabello, en el regimiento motoblindado de Caracas y en la guarnición militar de Apure (en este caso, fundamentalmente unidades del ejército) estuvieron comprometidos con el movimiento.

También se involucraron algunos oficiales de la aviación; verbigracia, el mayor Francisco León de Allesandro, a quien se le asignó la misión de bombardear las instalaciones de Fuerte Tiuna al mando de un grupo de aviones B-25 Mitchell. El plan de operaciones golpista previó el reparto de armas entre civiles (básicamente militantes del Partido Comunista, buena parte de los cuales fueron apresados en pleno desarrollo de los acontecimientos) para conjuntamente con los marinos involucrados marchar hacia la capital de la república, donde recibirían el decisivo respaldo del regimiento motoblindado. Nada de ello ocurrió. En algún momento luego del desencadenamiento de los hechos, Morales se creyó abandonado a la peor de las suertes por sus compañeros y optó por esconderse en vez de presentar batalla, con lo cual condenó la intentona al fracaso.

El 4 de mayo de 1962, en la oriental ciudad de Carúpano (por ende Carupanazo), se insurreccionaron el batallón de infantería de marina Mariscal Sucre, bajo la guía del capitán de corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas, y el Destacamento número 33 de la guardia nacional, a las órdenes de los oficiales de ese componente mayor Pedro Vegas Castejón y teniente Héctor Fleming Mendoza. Rápidamente, los alzados en armas controlaron la ciudad y su aeropuerto y a través de la radio local 179

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leyeron una proclama firmada por lo que dieron en llamar “Movimiento de Recuperación Nacional”. En síntesis, el documento de los sublevados recogió sus aspiraciones de, entre otras cosas, “...restablecer las libertades cívicas; constituir en Carúpano un Gobierno Provisional que gobernara en nombre del Congreso Nacional; hacer que las Fuerzas Armadas no siguieran siendo utilizadas como instrumentos de represión y condenar el falso exilio impuesto a personalidades militares...”284 En contraposición a la acción de los alzados, unidades leales al gobierno como los batallones del ejército Mariño y Sucre, provenientes de la cercana ciudad de Cumaná, y los batallones de infantería de marina Bolívar y Rafael Urdaneta, movilizados desde La Guaira y Puerto Cabello, respectivamente, con el apoyo de los transportes LSM-T13 y T14 y respaldo aéreo brindado por aviones Canberra, combatieron a los sublevados hasta rendirlos. La prensa de la época cronometró la duración del enfrentamiento en cinco horas y destacó que en total se dispararon entre los dos bandos más de 90.000 disparos, incluyendo 10 cargas de cañones de 106 y 150 milímetros.285 Apenas transcurridos 29 días después del Carupanazo, el 2 de junio se produjo el Porteñazo, así denominado por ocurrir los sucesos relacionados en la ciudad de Puerto Cabello, estado Carabobo. De nuevo entró en escena Víctor Hugo Morales, quien lideró al contingente insurgente que logró posesionarse del batallón de infantería de marina Rafael Urdaneta, mientras las tropas encabezadas por el capitán de fragata Pedro Medina Silva hicieron lo propio con el comando de la base naval y de la escuadra. Pese a lo esperado por los alzados, la tripulación de los buques allí fondeados no se plegó al golpe y zarpó mar adentro, desatendiendo el llamado a sumarse al movimiento insurreccional. A través de las ondas emitidas por Radio Puerto Cabello, los conjurados leyeron un manifiesto también firmado por el “Movimiento de Recuperación Nacional”. Cruentos combates se desarrollaron en las calles de la ciudad e imágenes de estos sucesos recorrieron el globo, en especial fotografías 284 285

Velásquez, op.cit., p. 227.

Ezequiel Díaz Silva; Absalón Bracho; Augusto Hernández y Benny Ramos (1962, mayo 7). “Con ataques de artillería pesada fue conquistada Carupano”. El Nacional, Caracas, p.s/n.

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tomadas en la zona popularmente conocida como La Alcantarilla, donde se captó al capellán militar de la base naval, sacerdote apellidado Padilla, auxiliando al moribundo cabo segundo Andrés de Jesús Quero, plaza del batallón Piar enfrentado a los rebeldes.

Las unidades complotadas fueron confrontadas, además, por miembros del batallón de paracaidistas de Maracay, del batallón de infantería Carabobo y del batallón de artillería Salóm, que contaron con el apoyo de los destructores de la armada Morán y Clemente. La fuerza de tarea conjunta en defensa del gobierno estuvo al mando del coronel (Ej.) Alfredo Monch. El final de los enfrentamientos se produjo con la captura de los jefes rebeldes atrincherados en el comando de la escuadra. La derrota de la asonada dejó tras de sí la sangrienta estela de algo más de 400 cadáveres, entre civiles y militares, regados aquí y allá. Para bien de la democracia liberal representativa recientemente estrenada en Venezuela, con el sometimiento de los complotados en El Porteñazo se rompió la cadena de los cruentos golpes militares escenificados en la década de los sesenta.

2. Segundo lustro de los sesenta: el golpismo agazapado La derrota en el teatro de operaciones propinada a las insurrecciones pretendidas por sectores golpistas operantes en el seno de la fuerza armada venezolana en la década de los sesenta, no significó, ni por asomo, el cese del accionar conspirador al interior de la institución depositaria de las armas de la república y monopolizadora de la fuerza legal del Estado.

El período de aparente calma experimentado en los cuarteles y demás instituciones militares durante los años setenta y ochenta no fue más que el velo engañoso con que el irreductible golpismo nacional cubrió sus pasos para actuar a la sombra en aras de estructurar la organización necesaria y calibrar el momento adecuado (las condiciones objetivas y subjetivas, que diría un analista imbuido de la fraseología marxista) para reintentar el asalto al poder. Convencido de que afirmaciones como la anterior tienen indiscutible basamento histórico y con el conocimiento de causa de quien, parafraseando a José Martí, conoció al monstruo porque vivió en sus entrañas, el general de división (Ej.) Fernando Ochoa Antich, ministro de la Defensa durante la segunda presidencia de Carlos 181

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Andrés Pérez (1989-1993), sentenció en entrevista concedida a Domingo Irwin: “...En Venezuela los militares nunca han dejado de conspirar...”286 El pronunciamiento del oficial de marras sintetizó de trágica manera lo que, estudio sereno del devenir venezolano del siglo XX mediante, luce indubitada constante histórica que requiere ser contextuada en justa dimensión. La información disponible a partir de la pesquisa desarrollada por el investigador interesado parece ser concluyente al respecto: el carácter sostenido en el tiempo de las conspiraciones militares en Venezuela contemporánea ha estado fundamentalmente motivado en términos ideológicos, doctrinales y programáticos, por la aspiración de determinados grupos de la fuerza armada de erigirse en actores políticos de máxima relevancia, dados su condición y espíritu pretorianos. El planteo anterior, que debería asumirse preocupación colectiva, puede sonar verdad un tanto molesta y/o exagerada a los oídos de políticos desprevenidos y científicos sociales desconocedores del tema relaciones civiles y militares en Venezuela, que se empeñan en equiparar su particular percepción de los sucesos históricos con la intrínseca realidad de estos. Por considerarla indicador de lo poco arraigada que se encuentra la modernidad política en Venezuela, se copia a continuación la siguiente reflexión salida de la pluma de Rafael Poleo: ...en la mayoría de nuestros países los militares siguen siendo el factor que más influye en el curso de los acontecimientos (...) La historia del poder en Venezuela es una historia militar desde su comienzo. De una u otra manera, la decisión ha estado en la Fuerza Armada (...) en Venezuela y por un largo rato, la política es cosa de militares.287

Ciertamente, la comprobación de relevantes datos históricos, permitió detectar desde mediados de la década de los sesenta, la continua organización de núcleos conspiradores ramificados a lo largo de los cuatro componentes integrantes de la fuerza armada nacional de la Domingo Irwin (2003). “Pretorianismos y Control Civil en la evolución histórica del Siglo XX venezolano: un comentario bibliográfico y educativo”. En Domingo Irwin y Frédérique Langue (coordinadores).

Militares y Sociedad en Venezuela. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. p. 203.

287 Rafael Poleo (2001). “El nuevo rol de la institución armada”. En Hernán Castillo, Manuel Donís y Domingo Irwin (compiladores). Militares y Civiles. Balance y perspectivas de las relaciones civiles-militares venezolanas en la segunda mitad del siglo XX. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. pp. 185-194.

286

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época. Aún humeantes los fuegos del conjunto de intentonas traídas a colación en el introito de estas páginas, el afán de los desestabilizadores pertenecientes a la institución armada por derrocar el naciente sistema democrático liberal representativo volvió por sus fueros. En 1964, vio la luz el libelo intitulado De militares para militares,288 calzado con las firmas del mayor (Ej.) Manuel Asuaje Ortega (cuyos afanes insurreccionales quedaron reflejados en párrafos anteriores), del capitán (Ej.) Américo Serritiello y de los tenientes de fragata Antonio Piccardo y Pausides González. Por razones obvias, la edición fue limitada, tanto como restringida su circulación, en función del cuidado personal a ser mantenido por sus autores, lectores y/o divulgadores al interior de la institución castrense.

En ese texto, los uniformados en cuestión abordaron, entre otros, temas como los siguientes, presentados de acuerdo con la división por capítulos del libro: el origen clasista del militar venezolano; el militar y las ideas; la nueva concepción de las fuerzas armadas nacionales; las fuerzas armadas y la lucha nacional; el golpismo; la revolución venezolana y las fuerzas armadas; el derecho de rebelión; el nacionalismo como arma suprema del pueblo y de las fuerzas armadas; el militar político y la razón de la fuerza. En líneas generales, los autores pretendieron justificar, con base en razones ideológicas esgrimidas según su leal saber y entender, la necesidad histórica de que un movimiento insurreccional gestado y ejecutado por los integrantes de la fuerza armada del momento, diera al traste con el gobierno legal y legítimamente constituido e impusiera un régimen capitaneado por quienes entonces se consideraron, motu proprio, los personeros idóneos para dirigir el destino nacional; vale decir, los militares que accedieran al poder político en caso de resultar exitoso el levantamiento por ellos impulsado. De las condiciones en que se preparó y difundió el escrito se pronunciaron sus firmantes: Por último, rogamos a todos nuestros lectores, civiles y militares, que nos perdonen por las enormes fallas que puedan encontrar en la construcción de esta pequeña obra.

288

Manuel Asuaje; Américo Serritiello; Antonio PICCARDO y Pausides González (2006). De militares para militares. Caracas: Ministerio de la Cultura, Fundación Editorial El Perro y La Rana.

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Dada las condiciones de premura e incomodidad en que hemos tenido que trabajar, ni siquiera el estilo y redacción hemos podido pulir. Y no se diga las limitaciones que ha tenido la impresión debido a la terrible represión que hoy desata el Gobierno contra todo lo que sean ideas.

Sin embargo, estamos seguros de que nuestro pequeño trabajo va a cumplir su cometido llenando el inmenso vacío que sobre este particular ha existido hasta hoy en nuestras FAN.289

La extensión del movimiento encarnado en estos oficiales puede colegirse de la aclaratoria contenida en la introducción del libro acerca de la participación de sus compañeros de armas en la redacción del texto, mantenida in péctore un tanto para no arriesgar la permanencia en la organización de los involucrados y otro tanto para garantizar que los no reconocidos como conspiradores pudieran realizar, con los menores contratiempos posibles, la labor de zapa inherente a la acción subversiva demandante de sus empeños. Véase lo expuesto en este sentido por los responsables visibles del documento en cuestión: Por otra parte, queremos hacer resaltar que este libro no es la obra de un grupo reducido de las FAN. En él han cooperado una amplia representación de todas las Fuerzas de nuestra Institución. Aviadores, Marinos, Terrestres y Guardias Nacionales han unido sus esfuerzos para levantar su propia doctrina. Oficiales y Suboficiales activos han entregado lo mejor de su voluntad y su esfuerzo creador para culminar esta obra. Todos los movimientos patrióticos revolucionarios tienen aquí su representación. En una palabra, es una obra de ese gran frente Cívico-Militar nacionalista y democrático que hoy hace marchar la Revolución Venezolana hacia delante. Ese gran frente que está forjando los conductores del mañana inmediato, así los pesimistas se empeñen en añorar a jefes del pasado. Por todo esto, De militares para militares, llenará su cometido: representar el pensamiento y la acción de los profesionales revolucionarios de las Fuerzas Armadas [Itálicas de los autores].290 289 290

Ibíd. p. 17.

Ibíd. p. 16.

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Los así conjurados dejaron en claro los objetivos perseguidos con su intrigante accionar y, precisamente, el planteamiento de estas aspiraciones, a la luz de la interpretación histórica, permitió avizorar la ya temprana gestación de cierto corpus teórico e ideológico a la larga presente en conspiraciones y/o insurrecciones militares organizadas y escenificadas con posterioridad a la aparición del libro comentado. En palabras de sus responsables, el fin último de la gesta emprendida no era otro sino “...Hacer la Revolución Venezolana, al lado de nuestro pueblo, en la misma forma y manera que el ejército de Ezequiel Zamora hizo la revolución de la nivelación social”.291 Todo ello en un contexto donde “...Sólo así podrán nuestros militares ponerse a tono con su tiempo y dejar de ser los verdugos de su propia clase social”.292 En consecuencia, “...Algún día las páginas de la Historia Universal tendrán que recoger el caso único de unas Fuerzas Armadas regulares haciendo la revolución de los pueblos y no la contrarrevolución para lo que originalmente fueron creadas”.293 Anexo al texto central, los editores incluyeron dos documentos denominados el uno Cartilla del trabajo clandestino (Pautas para la acción conspirativa) y el otro Cartilla de la acción armada cívico militar, adjudicados, vías las firmas impresas, a los oficiales y suboficiales identificados a continuación:

• Del ejército: teniente coronel Juan de Dios Moncada, capitán Julio Bonet Salas, teniente Rafael Martorelli y sargento técnico de tercera Luis Noriega.

• De la aviación: tenientes Oscar Pérez Arévalo e Hipólito Otamendi y un sargento técnico de primera allí presentado con el alias “Alejandro”.

• De la guardia nacional: mayor Pedro Vegas Castejón, teniente Héctor Fleming Mendoza, teniente Exio Saldivia, teniente Octavio Acosta Bello y un sargento técnico de primera identificado con el seudónimo “Matías”.

Ibíd. p. 26.

Ibíd.

293 Ibíd. p. 15.

291 292

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• Por la marina: capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez (uno de los descollados oficiales involucrados en el Porteñazo), los tenientes de fragata Carlos Fermín Castillo y Wallis Medina Rojas, el maestre de primera Francisco Uzcátegui Raven y el maestre de segunda Luis Jiménez Adrián.

Como era de suponerse, las citadas cartillas hicieron las veces de manuales de instrucción para que a las sombras (léase, al interior de los cuarteles y demás instalaciones militares) los oficiales y suboficiales adheridos a las conspiraciones puestas en marcha llevaran a cabo las tareas acordadas, evitando ser detectados por los servicios de Inteligencia de cada fuerza o del ministerio de la Defensa. En estos términos presentaron el mayor Asuaje y sus compañeros las mencionadas cartillas: Los anexos nos brindan a nosotros los militares un cúmulo de experiencias de un valor inestimable para nuestra lucha activa, para llevar a cabo nuestras aspiraciones. Son dos cartillas que nos indican enseñanzas tanto para preparar la acción, como para la ejecución de la misma acción.

Esto para militares revolucionarios es algo esencial, casi en la misma medida que lo es la instrucción netamente profesional.294

Vale decir, en la concepción de los organizadores del grupo conspirador, a la par de su formación en los asuntos atinentes al complejo arte de la guerra moderna, el militar venezolano debía igualmente centrar su ocupación y preocupación en adiestrarse en el cómo proceder en la lid de la subversión contra el orden político establecido. Este razonamiento reflejó sin ambages las aspiraciones de participación política de los uniformados encargados de dar a conocer el libelo entre sus compañeros de armas. Los redactores de las cartillas introdujeron la primera de ellas alegando razones como las expuestas a continuación: Fundamentándonos en los muchos errores cometidos en la lucha conspirativa, como también en las experiencias producidas en este campo, y en el afán de cubrir todas las fallas que se vayan presentando en el desarrollo de 294

Ibíd. p. 16.

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nuestras actividades, nosotros hemos confeccionado esta cartilla, para que sirva de elemento básico de orientación en la delicada y peligrosa tarea de preparación conspirativa antes de la acción (...)

La conspiración, tenemos que entenderlo así, es una ciencia y hay que determinar en líneas generales, para sujetarse a ella, una guía que nos recuerde siempre qué debemos hacer. Esta ciencia no ha estado, ni está, ni estará jamás desacreditada. Sólo los gobiernos la temen, y en el mundo agitado de hoy su incremento es notabilísimo. Tanto más cuanto con urgencia reciente la están necesitando los pueblos para sacudir sus yugos. Hoy las fuerzas revolucionarias progresistas están necesitando encarecidamente de esta ciencia. Y nosotros, la hacemos nuestra, como un arma indispensable para utilizarla en las conquistas de las aspiraciones del pueblo venezolano.295

El contenido de esta cartilla abordó temas relacionados con los procedimientos a seguir y las actitudes a asumir por parte de los participantes en una conspiración militar en cuanto a elementos claves como:

• La seguridad del secreto. En este punto proporcionaron 24 recomendaciones para evitar que la conspiración sea develada a los ojos del gobierno contra el cual se organiza.

• Reuniones. Aquí se detallaron 19 instrucciones para abordar el trabajo previo a la realización de los encuentros entre conspiradores, cómo manejar el desarrollo de estas pequeñas concentraciones y las tareas a ejecutar una vez culminadas para borrar todo indicio de haberse producido el cónclave de los complotados.

• Correos. Se establecieron dos pautas generales para utilizar de la manera más segura, eficaz y eficiente posible los recursos humanos asignados a tales fines.

• Prisiones. Este aparte estuvo destinado a establecer las siete normas básicas de comportamiento a las que deben sujetarse

295

Ibíd. pp. 237-238.

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los implicados en determinada conspiración en caso de ser descubiertos por los organismos de seguridad del Estado y en consecuencia encerrados tras las rejas para cumplir el castigo correspondiente.

• Escondites o “conchas”. Se describieron tres grandes recomendaciones sobre las características que el lugar destinado a tales menesteres debe poseer, quién o quiénes pueden proporcionar refugio y los cuidados a mantener una vez ubicado el personal escondido en el sitio escogido.

• Conducta individual. Allí se listaron diez reglas de conducta personal encaminadas a lograr el objetivo de que los conjurados pasen desapercibidos en la institución que los agrupa. Entre estas disposiciones, resaltó la sanción que debe propinarse al ...”ser más terrible con el que uno se puede enfrentar...”,296 el delator, en caso de ser individualizado: “...El daño que hacen estos elementos es comparable a una catástrofe; echa por tierra a toda una organización que se ha levantado a fuerza de sacrificios. El castigo para los delatores debe ser ejemplar, llegándose inclusive a la pena capital”.297

• Organización. Se hicieron siete sugerencias macro sobre las características y principios más comunes a los cuales atenerse al momento de organizar las respectivas células de conspiradores.

Entre las directrices dadas en esta parte del texto es meritorio destacar dos: la número 4, específica en lo atinente a la conformación del aparato de seguridad que debe rodear a los cabecillas de la conspiración en marcha, y la número 7, recordatorio de que a algunos de los implicados en una conspiración militar debe asignársele tan sólo el cumplimiento de tareas sencillas y en apariencia alejadas de la propia acción operativa (seguimiento de personas, por ejemplo) para dificultar que los órganos de investigación puedan establecer la vinculación entre estos y el núcleo subversivo actuante. Es el caso, verbigracia, de fichas colocadas

296 297

Ibíd. p. 244.

Ibíd.

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en los comandos superiores y/o en las unidades de Inteligencia, de las cuales se dijo: “Los elementos infiltrados en puestos claves donde puedan darnos informaciones importantes, hay que protegerlos. Son cifras valiosas las cuales hay que conservar”.298 Tal directriz aportó importante elemento de referencia a tener en cuenta al momento de evaluar en términos cuantitativos y cualitativos (no todo puede verse o contarse) la magnitud que determinado complot puede llegar a tener dentro de la fuerza armada, lo cual resulta de alto valor analítico dada la sempiterna dificultad para pretender cualesquiera mediciones al respecto.

• Misceláneas. Aquí los autores listaron seis ítems referidos a actividades y procedimientos puntuales, entre otros la discreción al instante de comprar papel, gasolina y demás materiales susceptibles de ser rastreados; usar multígrafos; visitar a prisioneros recién liberados; escoger sitios alternos para realizar encuentros fugaces e inactividad de los elementos “marcados” por la seguridad estatal.

El objetivo general de la segunda cartilla apuntó a “...darle una guía segura al cívico-militar cuando tenga que empeñarse en el combate por la causa...”299 Causa que, a su vez, fue diametralmente aclarada por los autores: “...derrocar por la fuerza a un gobierno espúreo (sic), dictatorial o seudo-demócrata, a pedido manifiesto y masivo del pueblo y de los representantes de los sagrados intereses de la nación...”300 Esto último, obviamente, los propios golpistas. El documento se subdividió en tantas partes como el contenido de los temas tratados permitió: 19 recomendaciones de conjunto; 14 recomendaciones individuales dirigidas básicamente a los comandos del grupo insurreccional; y aspectos conceptuales y prácticos sobre la insurrección popular, la guerra regular, la guerra de guerrillas y el golpe de Estado.

El verdadero talante de los implicados y su real preferencia por los mecanismos a utilizar en aras de enfrentar los principales problemas Ibíd. p. 245.

Ibíd. p. 246.

300 Ibíd.

298 299

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políticos, sociales y económicos del país quedaron retratados sin ambages en la recomendación de conjunto número 17 y en la opinión vertida sobre el desarrollo de un golpe de Estado. A la letra, la recomendación reseñada rezó: “Desterrar para siempre la teoría de la ‘no efusión de sangre’ que nos lleva al desprestigio o a una guerra por correspondencia.

Reemplazándola por el criterio zamorana (sic) siguiente: ‘Evitaremos a toda costa víctimas inocentes, pero forzados a pelear, no escatimaremos muertes’ ”.301 Lo referente al golpe de Estado, “...acción clásica de las FF.AA. de una nación...”302, quedó plasmado de esta forma: Ejecutado el golpe, siguen las medidas de emergencia y represión, planeadas con anticipación, que van desde el toque de queda hasta la Ley Marcial, según las circunstancias.

Se justifica el golpe ante la nación a nombre del orden, a sabiendas de que el pueblo está cansado del desorden.

Las libertades ciudadanas quedan conculcadas.

El principio clásico de autoridad pasa al absoluto control militar. Al triunfo sigue la creación de un gobierno militar o de marcada influencia militar.303

A contrapelo de la frase innumerables veces citada de Bolívar proferida acerca del legado de su ideario y accionar, pretorianos irreductibles como Asuaje, Serritiello, Piccardo y González, para desgracia de la democracia venezolana, no araron en el mar. La historia subsiguiente demostró con amplitud que en cuadras, garitas, canchas y demás recovecos militares, se leyeron con avidez sus detalladas recomendaciones para llevar adelante conspiraciones con aspiraciones de ser exitosas. Los años por venir dieron cuenta de ello.

3. El R-83 y la ARMA Determinar con exactitud hasta dónde calaron en el pensamiento y ánimo de la oficialidad venezolana los intentos de organización de grupos conspiradores actuantes garitas adentro de los cuarteles nacioIbíd. p. 248.

Ibíd. p. 252.

303 Ibíd.

301 302

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nales en las postrimerías de los años sesenta, es tarea aún por dilucidar por la investigación histórica. Pero, mucho puede inferirse en cuanto al legado dejado, pues quedó asaz documentado que al despuntar la década siguiente el denuedo de oficiales golpistas por soliviantar a los hombres de uniforme se mantuvo impertérrito. Uno de los ejemplos más significativos (dado el papel desempeñado por algunos de sus protagonistas en la historia reciente venezolana comprendida entre los últimos 10 años del siglo pasado y el primer lustro del siglo actual) de los subterráneos esfuerzos por tramar en esa época futuros pronunciamientos militares fue el gestado bajo la conducción del hoy teniente coronel (r) (Av.) William Izarra.

Izarra, quien se mantuvo en su componente como oficial activo entre 1967 y 1986, fue, sin lugar a dudas, personaje clave en el desarrollo de los acontecimientos conducentes a la preparación y materialización de los fallidos, militarmente hablando, golpes de Estado ocurridos el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Con posterioridad a estas sublevaciones, Izarra participó activamente en el movimiento político ungido con el éxito al triunfar el también teniente coronel (Ej.) Hugo Rafael Chávez Frías en los comicios electorales llevados a cabo en diciembre de 1998. A tal punto llegó a involucrarse en este sentido, que en la práctica se erigió conspicuo ideólogo del modelo de acumulación y desarrollo y del sistema político adelantado por el gobierno juramentado en primera ocasión el 2 de febrero de 1999. Así las cosas, a lo largo de la permanencia en el poder del movimiento encabezado por el presidente Chávez, en múltiples oportunidades, Izarra ha tenido bajo su responsabilidad el cumplimiento de actividades relacionadas con, por ejemplo, la organización y dictado de los talleres de formación ideológica nacionales e internaciones recibidos por militantes y simpatizantes del proyecto político de marras.

En la versión testimonial de su tránsito por las filas de la fuerza aérea venezolana, Izarra narró cómo por años se dedicó a la paciente y constante estructuración de grupos de oficiales conjurados para, en el momento considerado tácticamente adecuado, irrumpir contra el sistema democrático liberal representativo instalado en el país en las 191

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postrimerías de los años cincuenta (entiéndase el término liberal sólo en su acepción política, para evitar confusiones derivadas de la fuerte presencia del peculiar capitalismo de Estado operante en Venezuela a lo largo del siglo XX). Entre 1973 y 1974, el entonces teniente Izarra inició contactos con oficiales de su fuerza de igual o mayor antigüedad, básicamente capitanes, a fin de debatir ideas acerca de las transformaciones sociales, económicas y políticas que, a su juicio, demandaba la nación venezolana. Según su apreciación, en dichas transformaciones la fuerza armada debía jugar papel fundamental, tanto en términos de impulso como de concretización. A su decir: “...En esos intercambios de ideas percibí que se me escuchaba, que no había rechazo a los planteamientos de transformación estructural de Venezuela...”304 En 1979, ya con el grado de mayor, estuvo entre los fundadores del Movimiento Revolucionario-83 (R-83), bautizado con este apelativo pues el objetivo general inspirador de su conformación era asaltar el poder político venezolano en 1983, año de conmemoración del ducentésimo aniversario del nacimiento de Simón Bolívar. Los conspiradores reunidos en el R-83 provenían en su mayoría del ejército y la fuerza aérea y en orden descendente portaban grados de coronel a mayor.

Esta logia conspiradora se desintegró en 1985, cuando algunos de los integrantes de la célula madre obtuvieron el grado de general de brigada en sus respectivos componentes y al parecer los compromisos de diversa laya adquiridos con dicha promoción arrimaron a segundo plano la motivación insurreccional. Y digo al parecer, pues el protagonismo desplegado a posteriori por varios de ellos en las asonadas militares de 1992 y en los sucesos políticos escenificados en Venezuela de 1999 en adelante, con las respectivas secuelas dejadas en el derrotero histórico nacional, ilustran mucho acerca de cómo las ideas pretorianas de participación militar en política tempranamente abrazadas nunca desaparecieron del todo. Lo anterior puede constatarse al revisar los nombres de algunos de los afiliados al R-83; verbigracia, los para entonces teniente coronel (Ej.) Ramón Guillermo Santeliz Ruiz y el piloto de 304

Alberto Garrido (1999). Guerrilla y conspiración militar en Venezuela [entrevistas a Douglas Bravo, William Izarra y Francisco Prada]. Caracas: Fondo Editorial Nacional. p. 50.

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combate Francisco Visconti Osorio, a la sazón estudiante de ingeniería en los Estados Unidos de América.

Santeliz Ruiz ocupó el cargo de director de planificación del ministerio de la Defensa durante la gestión de Fernando Ochoa Antich al frente de dicha cartera (segundo mandato de Carlos Andrés Pérez). En esa posición se encontraba cuando el 4 de febrero de 1992 fue artífice destacado en los todavía insuficientemente aclarados acontecimientos desarrollados entre la mañana y principios de la tarde de aquel día, que condujeron a la salida del teniente coronel Chávez desde el puesto de comando de la insurrección montado en el Museo Histórico Militar (oeste de Caracas) y culminaron con el traslado de éste a las instalaciones del despacho ministerial en Fuerte Tiuna y su consecuente rendición final, transmitida desde allí en vivo y directo a través de la señal de los canales de radio y televisión, momento arraigado como heroico en el imaginario colectivo proclive a la acción armada desplegada.

A la vuelta de los años, Santeliz Ruiz resultó ser una de las fichas de confianza más preciadas del grupo político dirigido por el presidente Chávez, al actuar en el Consejo Nacional Electoral desde los días en que el órgano rector de las elecciones en Venezuela se denominaba Consejo Supremo Electoral. Actuación ésta que bien puede describirse como a la sombra; entiéndase, ocupando posiciones de suma importancia sin por ello ostentar mayor visibilidad ante el escrutinio de la opinión pública.

Por su parte, Visconti Osorio, siendo general de brigada, estuvo en conocimiento de los preparativos de la asonada del 4 de febrero de 1992 a través del teniente coronel (Av.) Luis Reyes Reyes. Para el momento, este último tenía ya varios años complotado con los oficiales del ejército dirigentes del mencionado alzamiento y en el plan de operaciones correspondiente se le asignó la misión de comandar el grupo insurreccional encargado de tomar bajo su control la base de la fuerza aérea denominada Libertador radicada en la ciudad de Maracay, para, en consecuencia, apoyar desde allí el desarrollo del golpe utilizando los efectivos y el material de guerra disponibles. Sin embargo, a pocos días de desencadenarse las acciones, Reyes hubo de confesarle a Chávez la imposibilidad de llevar adelante la tarea asignada, pues en su opinión 193

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ésta no podría concretarse con éxito alguno si la dirección del movimiento por parte del componente aéreo no era asumida por algún oficial de mayor grado, concretamente alguien perteneciente al generalato.

Para solventar esta supuesta deficiencia, Reyes le propuso al teniente coronel Chávez conquistar para la causa de la asonada a Visconti Osorio y a tales fines organizó subrepticio encuentro de éste, su persona y el primero de los mencionados. Visconti narró las condiciones en que se produjo la reunión y los acuerdos a los que arribó con el cabecilla del inminente golpe: Entré al restaurante. Reyes estaba acompañado de una persona. Me la presentó. Era Hugo Chávez Frías. Sin ningún tipo de preámbulo me explicó el plan de operaciones que se iba a realizar el 4 de febrero de 1992. En verdad quedé sorprendido al darme cuenta que no contaban con la Aviación. Al preguntarle por los contactos en dicha Fuerza me respondió que ese era justamente el motivo de la conversación conmigo. Le pedí noventa días para poder preparar cualquier acción. Le expliqué que los grupos conspirativos anteriores habían prácticamente desaparecido. Me respondió que no era posible, ya que la DIM estaba detrás de la pista del movimiento. Si se posponía la fecha de la insurrección, los oficiales podían ser cambiados de unidades o detenidos. Ante esta situación le expliqué que con tan corto tiempo era imposible lograr el apoyo de la Aviación...También le pregunté por las vinculaciones civiles. Me respondió que no estaban previstas. Antes de despedirnos le ratifiqué que no era posible alzarnos en la Aviación, pero le ofrecí hacer lo posible para neutralizar las operaciones aéreas ese día.305

Como puede desprenderse del relato hecho por Visconti, en las primeras de cambio éste no se sumó a la acción subversiva que se avecinaba, pero tampoco cumplió con lo que en última instancia debió ser su deber como oficial general: no otro sino alertar a las autoridades legalmente constituidas a fin de que se tomasen las medidas correspondientes para desmontar la madeja conspirativa andante. Tan 305

Fernando Ochoa Antich (2007). Así se rindió Chávez. Caracas: Los Libros de El Nacional. p. 111.

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inexcusable omisión se correspondió plenamente con su viejo papel de golpista agazapado por años, pretoriano de alma y corazón. Al opósito de lo institucionalmente esperado, Visconti prometió a los que en las horas subsiguientes estarían alzados en armas contra el gobierno constitucional, un apoyo asaz significativo, que en cierto modo pudo haber decidido el curso de los acontecimientos, como efectivamente fue la neutralidad de los medios de guerra acantonados en la base aérea Libertador, neutralidad que en ese caso concreto no fue tal, sino simple y llana complicidad.

Cómo el general aviador contactado cumplió a cabalidad con esta parte del acuerdo pactado con Chávez y Reyes aquella tarde, lo contó el general Ochoa Antich a partir de la versión de los sucesos de aquel día ofrecida por Visconti a su persona: El general Efraín Visconti Osorio, tuvo conocimiento a las 11:30 p.m. de la detención del general Juan Antonio Paredes Niño, comandante de la Base Libertador, por tropas de la Brigada Blindada. Inmediatamente se trasladó al comando de la base. Tomó el mando como oficial más antiguo. Convocó a los comandantes de unidades para informarles lo que ocurría. Los exhortó a evitar un enfrentamiento entre la Aviación y el Ejército. Visitó las distintas unidades con el fin de conversar con los oficiales. Todos reconocieron su autoridad. Cerca de las 12:30 p.m. le informaron que las instalaciones estaban rodeadas por una unidad blindada.

Envió al teniente coronel Luis Reyes Reyes a conversar con el comandante de dichas tropas. Era el mayor Carlos Torres Numberg. Él le informó al teniente coronel Reyes que tenía instrucciones de tomar la base. Este oficial le insistió en que se retirara, pero el mayor Torres no aceptó. El teniente coronel Reyes le pidió tiempo para encontrar alguna alternativa. Regresó a conversar con el general Visconti.

El general Visconti, ante esta delicada situación, decidió trasladarse a hablar personalmente con el mayor Torres.

No logró que cambiara de posición, y ante su negativa, le hizo ver que en el caso de que intentara tomar la base los aviones atacarían. El coronel Arturo García, Jefe del Grupo 16, hizo volar dos aviones F-16 para disuadir a las tropas blindadas. El vuelo de esos aviones ayudó al general Vis195

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conti a convencer al mayor Torres que no atacara la base.

Le ofreció que los F-16 no volarían en apoyo de las fuerzas leales al gobierno constitucional.306

A 10 meses de la derrota de la intentona del 4 de febrero de 1992, Visconti saltó a la palestra pública en la condición de uno de los tres más visibles jefes del alzamiento ocurrido el 27 de noviembre de ese año, raudamente derrotado en el teatro de operaciones al igual que el inicialmente mencionado. Casualmente, si algún hecho sirvió para graficar el contundente fracaso de la militarada intentada en esa oportunidad, fue la aparatosa huida a Perú, en ese entonces gobernado por Alberto Fujimori, protagonizada por Visconti y varios de sus seguidores a bordo de un avión de la fuerza aérea capturado a tales efectos.

Con el correr de los años, en 1999, Visconti fue incluido en las planchas del MVR para optar al cargo de diputado en la Asamblea Nacional Constituyente conformada el último año de la década de los noventa con la misión de redactar la nueva Constitución venezolana, que entró en vigencia una vez promulgada en Gaceta Oficial en marzo de 2000. La actuación de Visconti como constituyente se centró fundamentalmente en la comisión de Defensa de dicho cuerpo legislativo, responsable de la elaboración del Título VII de la Constitución, destinado a abordar el tema denominado “Seguridad de la Nación”, y al final dividido en cuatro capítulos intitulados “Disposiciones Generales”; “De los Principios de Seguridad de la Nación”; “De la Fuerza Armada Nacional” y “De los Órganos de Seguridad Ciudadana”.

Volviendo al derrotero seguido por el R-83, vale la pena destacar que el movimiento estableció vínculos estrechos con los gobiernos de Cuba, Libia e Irak, países a los que Izarra viajó clandestinamente a lo largo de su carrera como oficial. Según propia confesión de Izarra, estos contactos fueron por demás significativos y llegaron a lo que bien puede considerarse intercambios operativos, lo cual quedó ilustrado con el hecho de que, por ejemplo, oficiales sumados al R-83 destacados en El Salvador transmitieron a la cúpula dirigente del Frente Farabundo Martí 306

Ibíd. p. 131.

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para la Liberación Nacional (para ese entonces enfrentado al gobierno salvadoreño) importante información de Inteligencia procesada por el Estado venezolano en relación con el conflicto a través de órganos militares cubanos.307 Es imprescindible aclarar que dichos oficiales venezolanos se encontraban en tierras salvadoreñas en ejecución del programa de apoyo y asesoría militar brindado a la administración socialcristiana encabezada por el presidente Napoleón Duarte (R.I.P.) por el gobierno de Venezuela, dirigido por el también demócrata cristiano Luis Herrera Campíns (R.I.P.) Dato anecdótico: seguramente los oficiales responsables de las acciones narradas ut supra portaban en algún bolsillo de su uniforme un tipo especial de moneda que los jefes de la organización le entregaron al momento de juramentarlos, lo cual generalmente ocurría en el Panteón Nacional, pues, como toda logia militar que se respete, el R-83 recurrió al uso exacerbado de la simbología, tan cara al accionar de los hombres y mujeres de armas. En la práctica, la dicha moneda hizo las veces de carné de identificación de los integrantes del R-83.

En 1983, poco antes de la disolución de aquella primera facción conspiradora organizada a partir del esfuerzo emprendedor de Izarra, se constituyó la así bautizada Alianza Revolucionaria de Militares Activos (ARMA), al igual que el R-83 con aquél entre sus promotores principales. También en esta oportunidad se adscribieron a la labor de zapa oficiales de los componentes ejército y aviación. Entre los últimos es perentorio destacar al para entonces mayor Luis Reyes Reyes quien, al decir de Izarra, “...estaba en comunicación con nosotros desde hacía mucho tiempo...”308 y fungió de enlace entre ARMA y otros núcleos conspiradores actuantes de manera simultánea e independiente en el ejército; verbigracia, aquel al cual pertenecía Hugo Chávez.

A la postre, siendo teniente coronel, Reyes tuvo destacada participación en la insurrección de noviembre de 1992 y en el devenir de los años siguientes se erigió pieza fundamental del proyecto político instaurado en Venezuela a partir de 1999, ocupando cargos de gran relevancia, tales 307 308

Alberto Garrido. op.cit.

Ibíd. p. 61.

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como diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, gobernador del estado Lara (donde funciona una de las grandes bases de la fuerza aérea en la cual estuvo destacado varias veces) y ministro en los sucesivos gobiernos encabezados por Chávez Frías.

Los reclutadores de ARMA contactaron a diversos oficiales cuya trascendencia histórico-política se evidenció con el correr del tiempo; verbigracia, Italo del Valle Alliegro, Jacobo Yépez Daza y José Luis Prieto,309 todos ellos del ejército. En aquellos años, el primero de los referidos era coronel y fue abordado por el propio Izarra, quien contó que Alliegro no se adhirió a la conspiración andante pero guardó silencio cómplice en torno a lo revelado.310 Al ascender a general de división, Alliegro fue designado ministro de la Defensa en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez.

Por su parte, Yépez y Prieto, coroneles para la época, en varias oportunidades han sido reconocidos por Chávez Frías como dos de los maestros que más le inspiraron en la conformación de sus ideales insurreccionales: el primero desde las aulas de la Academia Militar de Venezuela y el segundo al ejercer de instructor en el curso de Estado Mayor seguido por el oficial de marras en la Escuela Superior del Ejército.

Durante algunos de los repetidos gobiernos de Chávez, Prieto ejerció los cargos de presidente del Instituto Nacional de Cooperación Educativa y ministro de la Defensa.

Igualmente, entraron en esta lista el general (Av.) Maximiliano Hernández Vásquez,311 quien posteriormente a su afiliación a ARMA ocupó la comandancia general del componente, y el contralmirante Haroldo Rodríguez, para el tiempo de su simpatía con ARMA director de la Escuela de Guerra de la armada. Al ascender a vicealmirante, Rodríguez fue nombrado comandante general de la marina de guerra. No casualmente, Hernández y Rodríguez fueron reconocidos en revelación hecha por uno de los líderes de la asonada de febrero de 1992, el teniente coronel (Ej.) Francisco Arias Cárdenas, como dos de los altos oficiales retirados Fernando Ochoa Antich. op.cit.

Alberto Garrido. op.cit.

311 Fernando Ochoa Antich. op.cit.

309 310

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que los alzados esa fecha tenían en mente juramentar como integrantes de la junta de gobierno a instalarse como órgano ejecutivo colegiado a cargo de los destinos nacionales en caso de resultar victoriosa su aventura golpista.312 Los dos restantes, hasta el momento no identificados, habrían de pertenecer a los componentes ejército y guardia nacional; vale decir, un gobierno de la fuerza armada en pleno.

A la larga, ARMA corrió similar suerte a la experimentada por el R-83.

En algún recodo del camino, los compromisos personales e institucionales adquiridos por varios de los afiliados motivaron su distanciamiento de la logia conspiradora. Al fenecimiento de ARMA coadyuvó también el debate ideológico y programático avivado entre sus integrantes en torno a la visión del modelo de acumulación y desarrollo y del sistema político a implantarse en el país en caso de culminar con éxito la insurrección militar que propugnaban. Dichos encontronazos los explicitó Izarra: “...El grupo tenía gente que quería un cambio revolucionario, pero que no tuviera nada que ver con el marxismo ni el socialismo. Yo me consideraba un hombre de izquierda y defendía el socialismo. Entonces el grupo se dividió”.313 Pasado el tiempo, las actividades subversivas adelantadas por Izarra se evidenciaron a los ojos de sus superiores mediante los informes aportados al respecto por la Dirección de Inteligencia Militar que por años le hizo seguimiento a sus andanzas. Por tal motivo, se le abrió consejo de investigación, razón de peso suficiente para frustrar su anhelado ascenso al grado de coronel. Ante la certeza de saberse descubierto e imposibilitado de lograr sucesivas promociones, Izarra optó por solicitar su baja y retirarse del servicio activo.

Ya en la calle, el trajinar político de Izarra discurrió sin cortapisa alguna. Rápidamente se relacionó con dirigentes tradicionales de la izquierda marxista venezolana de la talla de Luis Miquelena y Manuel Quijada. Los tres estuvieron entre los fundadores del llamado Frente Patriótico, conjunción de diversos partidos y organizaciones políticas Alberto Garrido (2000). La Revolución Bolivariana. De la guerrilla al militarismo. Revelaciones del comandante Arias Cárdenas. Mérida (Venezuela): edición del autor.

313 Alberto Garrido. op.cit. (1999). p. 61.

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que sirvió de plataforma eficaz para el ascenso de Chávez Frías al poder por vía electoral, al cual no extrañó se sumaron también el general Maximiliano Hernández y el vicealmirante Haroldo Rodríguez.

Va de cuento: Miquelena, de quien es vox pópuli decir resultó ser uno de los grandes artífices del triunfo electoral de Chávez en 1998, presidió la Asamblea Nacional Constituyente instalada en 1999 y se desempeñó al frente de la cartera de Relaciones Interiores en los primeros años de los varios gobiernos del presidente Chávez, hasta su ruptura definitiva con éste al calor de los sucesos de abril de 2002, en los cuales Chávez fue momentáneamente depuesto por un golpe de Estado encabezado entre otros por el comandante general del ejército para la fecha. Quijada, por su parte, primero fue encargado por Chávez para dirigir la llamada Comisión de Reestructuración del Poder Judicial y posteriormente pasó al servicio diplomático. En resumidas cuentas, Izarra formó parte del Movimiento Bolivariano 200 y del MVR. En las filas de éste, resultó electo senador al extinto Congreso Nacional en 1998 y diputado a la Asamblea Nacional Constituyente instalada el año siguiente.

4. Sin antídoto efectivo para el virus de la conspiración La disolución del R-83 y de la ARMA en modo alguno significó el cese de los esfuerzos organizadores tendentes a impulsar la constitución y posterior acción de núcleos conspiradores al interior de la institución armada venezolana. Los datos históricos disponibles son por demás concluyentes al respecto. La siguiente es, entre tantas otras, una manifestación asaz significativa del subrepticio actuar del pretorianismo irredento en la Venezuela que desde el imaginario colectivo se mitificaba y voceaba de paradigma antimilitarista en el subcontinente latinoamericano, por reinar supuestamente en el país la inequívoca aceptación del principio del Control Civil Democrático por parte de la totalidad de los uniformados nacionales. Nada más alejado de la realidad.

En abril de 1988, circuló con bastante profusión un documento intitulado Manifiesto a los Venezolanos, redactado por un grupo autodenominado Comité Progobierno Democrático de Emergencia Nacional.

El manifiesto en cuestión vio la luz con la firma del abogado Italo Brett 200

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Smith, para ese entonces asesor jurídico del Instituto de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas Nacionales. Obviamente, Brett Smith no fue el único involucrado en la preparación del documento de marras, pero, al ofrecer su nombre para personalizarlo, apareció ante la historia como su gran responsable. En el fondo, tal compromiso respondió a la evidente intención de mantener tras las sombras a los restantes partícipes del movimiento en gestión, que, como se puede desprender del análisis del contenido del manifiesto, con gran probabilidad pertenecían a las filas castrenses y se encontraban activos para el momento.

Brett Smith es mayor (GN) en situación de retiro. Su baja de servicio se produjo como consecuencia de haber participado en varios de los alzamientos militares ocurridos en el primer lustro de la década de los sesenta. A posteriori, dada su estrecha relación personal con algunos de los capitostes de la militarada fallida llevada a cabo en febrero de 1992, este oficial cumplió papel destacado en la preparación de dicho levantamiento, circunstancia que igualmente da pie para elucubrar acerca de quiénes le acompañaron tras bambalinas en la escritura del manifiesto.

El contenido de las propuestas explayadas en el documento referido permite inferir vinculación cierta entre los integrantes del tal Comité Progobierno Democrático de Emergencia Nacional y miembros de la fuerza armada nacional, lo cual, a su vez, permite conllevar la existencia en la institución castrense del momento de otro movimiento insurreccional en ciernes. Cualesquiera razonables aprensiones al respecto, fácilmente pueden ser descartadas al escudriñar analíticamente el texto en el cual sus redactores plantearon la opinión tenida por ellos en torno a temas como la división político-administrativa del país, la descentralización de la maquinaria gubernamental, el modelo de país expuesto en la Constitución Nacional vigente para la época, la necesidad de convocar la instalación de una Asamblea Constituyente y la forma cómo habría de ejercerse la jefatura del Estado y el comando supremo de la fuerza armada. Ideas todas que, a la postre, se evidenció guardaron estrecha relación con los postulados programáticos esgrimidos por los alzados en armas en 1992.

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Con respecto a la división político-administrativa del territorio nacional los redactores del manifiesto de marras se pronunciaron de esta forma: “...Deben ser creadas ocho grandes unidades político administrativas bajo la denominación de Provincias con base a criterios Geopolíticos, Económicos, Culturales, Sociales y de la complementación de la integración territorial Nacional aún no lograda plenamente”.314 Visto el asunto, el lector acucioso no puede menos que interrogarse acerca de cuáles serían los criterios reales, para nada asomados en el extracto citado, utilizados en última instancia como base direccional para delimitar los ocho grandes bloques espaciales anunciados; número que, casualmente, coincidió al calco con la agrupación por divisiones del componente ejército reinante para el momento.

La evaluación que hicieron de la Constitución Nacional fue altamente crítica, como correspondía a su manifiesta intención de promocionar la conveniencia de convocar la instalación de una Asamblea Constituyente misionada para formular una nueva Constitución. He aquí parte de lo dicho en este sentido: La que tenemos simplemente no funciona, es continuamente pisoteada por las tres ramas del poder nacional, por los partidos del sistema y sus cómplices (...) de allí que el primer paso sea restituirla en su plena vigencia, para luego reformarla a fondo, a fin de que se pueda precisar de manera inequívoca lo que somos y lo que podemos ser y definir de manera absoluta: Nuestras metas nacionales, la magnitud y alcance de nuestros deberes, las garantías sociales, económicas, culturales, políticas, jurídicas y humanas de los venezolanos.315

Los cambios constitucionales voceados necesarios e inaplazables habrían de resultar del accionar de la Asamblea Constituyente convocada a tales fines, la cual debía ser conformada según la distribución siguiente: “...25% de parlamentarios en representación de los partidos políticos nacionales electos directamente por sus militancias y en proporción a Iván Darío Jiménez Sánchez (1996). Los golpes de Estado desde Castro hasta Caldera. Caracas: Centralca. p. 141.

315 Ibíd. pp. 141-142.

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los últimos comicios y el otro setenta y cinco por ciento (75%) a nombre del país nacional y sus instituciones fundamentales”.316 De nuevo, surgen razonables recelos sobre la explicitada metodología (cómo y quién escogería) a usarse en la selección de ese 75%, que al constituir mayoría calificada dominaría de manera aplastante los debates e impondría los acuerdos a que hubiere lugar con base en su leal saber y entender. Otra pregunta capciosa: a sabiendas del discurso históricamente extendido a lo largo del período republicano venezolano, ¿una de las llamadas “instituciones fundamentales” no sería precisamente la fuerza armada? Vale decir, desmedido poder de deliberación en consecuencia así atribuido a los hombres y mujeres de uniforme.

A estas alturas del discurso se impone una digresión pertinente. Sin mediar mayor esfuerzo intelectual al respecto, luce sintomático de la probable vinculación de la directiva del Comité Progobierno Democrático de Emergencia Nacional con oficiales activos en la fuerza armada involucrados en acciones conspiradoras en marcha para el momento en que se hizo público el documento referido, el hecho históricamente demostrado de que la propuesta de concretar la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente resultó ser una de las principales banderas electorales (la de mayor trascendencia en su momento) desplegadas por el teniente coronel candidato Hugo Chávez durante la campaña presidencial de 1998, escenificada apenas una década después de la presentación del denominado Manifiesto a los Venezolanos.

A la postre, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente tan fervorosamente anhelada por los otrora golpistas de 1992, fue una de las más elocuentes realizaciones del movimiento político dirigido por Chávez Frías una vez conquistado el poder nacional por la vía electoral, pues de su seno surgió la Constitución vigente en Venezuela desde 2000, cuyo articulado posibilitó el apalancamiento del sostenido proceso de transformación del andamiaje institucional existente hasta ese momento, calificado en el discurso de los líderes de la pomposamente llamada Revolución Bolivariana, impedimento gigantesco en la tarea de adelan316

Ibíd. p. 142.

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tar los cambios sociales, económicos y políticos que dicha parcialidad política siempre consideró necesarios de implantarse en aras de superar el atraso nacional. En consecuencia, no resulta tremendismo alguno reconocer que luce una constante en el pensamiento de importantes facciones pretorianas de la fuerza armada nacional contemporánea, la desmedida admiración sentida por la supuesta capacidad de instituciones de este tipo (Asamblea Constituyente) para desencadenar modificaciones estructurales de toda laya.

Volviendo al análisis del denominado Manifiesto a los Venezolanos, en su contenido los ideólogos del Comité Progobierno Democrático de Emergencia Nacional plantearon encargar de la conducción del destino nacional a un Consejo de Estado conformado “...por 12 miembros de profesiones y actividades exclusivas para venezolanos por nacimiento...”317, al mismo tiempo que propusieron crear “...nuevas capitales provinciales y de la República”.318 En ambas disposiciones, se transparentó impúdicamente la non sancta intención de los posibles militares comprometidos en el movimiento, de conquistar crecientes cuotas de participación política para los integrantes de su institución.

No podía ser de otra manera. Con relación al primer punto téngase en cuenta que una de las profesiones para la cual se requería en ese entonces (y aún se requiere) la nacionalidad obtenida según el ius soli era (es) precisamente la de oficial de la fuerza armada. En el segundo aspecto, cabe suponer que algún tipo de relación directa habría de tener el establecimiento de las emergentes capitales decretadas mediante la perseguida refundación de la república con la división político-administrativa señalada párrafos atrás, cuya conexión con la distribución de las divisiones del ejército ya fue sugerida. A decir verdad, si los redactores del documento hubiesen sido más específicos en el planteo del tema, habrían redundado burda e innecesariamente sin remedio.

Al desarrollar las propuestas contenidas en el manifiesto, sus redactores intentaron justificar ideológicamente el desempeño de la 317 318

Ibíd.

Ibíd.

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acción política por parte de los integrantes de la institución armada al explicitar la animadversión por ellos sentida en contra de importantes elementos propiciatorios en la práctica del Control Civil Democrático, mecanismo que precisamente hace las veces de muro de contención de todas aquellas aspiraciones pretorianas dirigidas a otorgar protagonismo político a los hombres y mujeres de uniforme.

Dicha postura quedó en evidencia en el aparte del documento destinado a abordar lo referente a cómo debía estructurarse y en consecuencia operar el máximo comando de la fuerza armada una vez constituido el llamado gobierno de emergencia nacional. En tal sentido, plantearon establecer un órgano de comando colegiado para la organización castrense, el cual estaría conformado por los distintos comandantes de los cuatro componentes militares existentes para el momento, más el inspector general de las fuerzas armadas nacionales (así llamadas en plural en aquel tiempo), el jefe del Estado Mayor Conjunto y el primer ministro designado para encargarse de los asuntos atinentes al manejo de las maquinarias gubernamental y estatal en su condición de presidente del referido Consejo de Estado.

En primer lugar, es necesario observar que en este comando colegiado, dominado mayoritariamente por militares, recaía entonces el máximo control de la fuerza armada, dejando sin efecto, de iure y de facto, la vieja figura del presidente de la república ejerciendo de comandante en jefe, lo cual, al ser éste un civil, implica, en algún grado, por lo menos teóricamente, la supremacía del ámbito civil sobre el ámbito militar. Y en segundo lugar, es dable pensar que la autonomía de acción conquistada por la fuerza armada con este proceder sería absoluta, si se analiza además el procedimiento a implantarse para la escogencia del mencionado primer ministro, que en todo caso sería uno de los miembros del llamado Consejo de Estado, seleccionado a tal fin por los pares que le acompañarían en dicha gestión. En modo alguno resulta ocioso suponer que dada la presencia activa y mayoritaria de militares en este Consejo de Estado, habría de recaer sobre un personero castrense la responsabilidad de primer ministro. O sea, militares controlados y dirigidos única y exclusivamente por militares. En el refranero popular 205

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podría decirse que los conspiradores retratados en el documento aspiraban a “pagarse y darse el vuelto”.

De forma inmediata y tangible, la proyección del tal Comité Progobierno Democrático de Emergencia Nacional no fue más allá de la aldabada que debió significar para los órganos de Inteligencia civiles y militares venezolanos el hecho de que el grupo actuante en comandita para redactar el pomposamente denominado Manifiesto a los Venezolanos se atreviera a publicitar de manera desafiante su contenido. Sin embargo, la racional sospecha de que miembros activos de la fuerza armada hayan hecho presencia en el comité propulsor de este movimiento obviamente dejó importantes secuelas, medidas en la significativa realidad de que la brasa en la cual se cocinaron durante la década de los setenta y ochenta diversos, en magnitud y alcances, esfuerzos conspiradores, se mantuvo flamante al interior de la institución armada.

Concretamente: si bien hasta el momento, dada la escasez y/o desconocimiento de mayores fuentes al respecto, no ha podido conocerse con exactitud el nombre de los restantes personeros que acompañaron a Brett Smith en esta embrionaria aventura golpista, es por demás significativo que a la vuelta de los años dicho oficial apareciese involucrado en el desarrollo de las acciones subrepticias cuyas aguas trajeron el lodo del golpe de Estado acontecido el 4 de febrero de 1992. Vale decir, todos los caminos condujeron a Roma.

5. El MBR-200 El proceso conducente a la materialización del golpe de Estado escenificado el 4 de febrero de 1992 puede rastrearse por lo menos tres lustros antes, cuando sus líderes más destacados, para utilizar terminología propia del mundo militar, los para ese entonces tenientes del ejército Hugo Rafael Chávez Frías y Francisco Arias Cárdenas, operaban como oficiales de planta en la Academia Militar de Venezuela, y, según confesión del segundo de los mencionados,319 iniciaron el trabajo de captación entre los alumnos de la época, varios de los cuales respondieron satisfactoriamente al llamado insurreccional; pues, en febrero 206

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de 1992, ya con los grados de capitán o teniente, se contaron en el grupo de los alzados.

319 En esos años de gestación, se sumaron al movimiento conspirador alfereces como Antonio Rojas Suárez, Ronald Blanco La Cruz, Luis Valderrama Rosales, Gerardo Márquez, Frank Rafael Morales, Emiro Brito Valerio, Edgar Hernández Behrens, Carlos Guyón Celis, Darío Arteaga Páez, Pedro Jiménez Justi, Francisco Ameliach Orta (entre otros que se alzaron con el grado de capitán) y Ramón Antonio Valera Querales, Florencio Porras Echezuría, Luis Eduardo Chacón Roa, Humberto Ramírez Socorro, Eduardo Adarmes Salas, Diosdado Cabello Rondón y Jesse Chacón Escamillo, sublevados con el grado de teniente.

Para el momento en que los tenientes Chávez y Arias ejercían como oficiales de planta en la Academia Militar, la conspiración no contaba con un núcleo sólidamente constituido. En estricto apego a los hechos históricos, éste se formó dos o tres años después que dichos oficiales salieron de la institución educativa castrense a prestar servicio en otras unidades militares, concretamente entre 1981 y 1982, cuando, bajo los auspicios del teniente antiguo Chávez y del recientemente ascendido a capitán y plaza de la Escuela de Artillería, Arias, se organizó el Ejército Bolivariano Revolucionario (EBR), al cual pertenecieron sólo oficiales del ejército.

En 1983, el EBR se transformó en Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), con ramificaciones extendidas más allá de la fuerza madre, pues de ese año data aproximadamente el intercambio sostenido y profundizado en el tiempo con miembros de otros componentes; verbigracia, los aviadores Luis Reyes Reyes y Willmar Castro Soteldo, el primero piloto de la flotilla de aviones de combate F-16 de origen estadounidense y el segundo piloto de los aviones caza de fabricación francesa Mirage, adquiridos con anterioridad a los F-16. En realidad, la relación con los implicados en ARMA (tipo Reyes Reyes) se originó algunos años atrás cuando Arias Cárdenas, con el grado de 319

Alberto Garrido. op.cit. (2000).

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teniente, estuvo destacado en el grupo de Artillería Vázquez número 11 y fue abordado en este sentido por Santeliz Ruiz, uno de los fundadores de aquel grupo.

El primer Congreso del MBR-200 (así denominado por sus convocadores y organizadores) se celebró en 1984 en San Cristóbal, capital del estado Táchira, en condiciones que llaman poderosamente la atención por lo que dejaron traslucir en cuanto al grado de preparación ya existente de la insurrección en marcha y del presunto conocimiento acumulado en torno a ella por instancias superiores de la fuerza armada, al punto que podría pensarse en la intención de dejarla correr e incluso auparla, quién sabe con cuáles intenciones, a menos que la ineptitud de los servicios de Inteligencia fuera tan descomunal o la capacidad de maniobra de los conjurados se expresase en un accionar tan perfecto, capaz de anular todo intento por develar los pasos dados por los involucrados.

Elucubraciones de este tipo son ineludibles, si se contextúan adecuadamente dos revelaciones hechas por Arias Cárdenas320 sobre la historia menuda que rodeó el montaje del acto reseñado. La primera, referida a la cantidad de armas (fusiles y granadas de mano, básicamente) y alimentos que los asistentes al Congreso de marras colocaron en el apartamento donde éste se realizó (residencia personal del profesor universitario Samuel López Rivas, adscrito al núcleo Táchira de la Universidad de los Andes y hermano de uno de los oficiales involucrados en la conspiración de nombre David López Rivas), condición logística que, a su entender, les daba fortaleza suficiente para resistir el asedio de una semana, cuando mínimo. La segunda, donde dio cuenta que para arribar Chávez a la andina ciudad de San Cristóbal, desde el escuadrón de caballería donde cumplía funciones (sito en la población de Elorza, estado Apure, región de los llanos centrales), hubo de movilizarse con varios tanques de guerra, sin explicación aparente que justificara tal desplazamiento de este sistema de armas considerado estratégico, lo cual, inexplicablemente, pasó desapercibido o se quiso hacer ver no fue oportunamente detectado.

320

Ibíd.

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La presentación en sociedad de los conspiradores agrupados en el MBR-200 ocurrió, como bien se sabe, el 4 de febrero de 1992.

Empero, previamente, el 26 de octubre de 1988, durante la administración encabezada por Jaime Lusinchi (1984-1989), un extraño suceso popularizado en la historiografía nacional como la noche de las tanquetas ocurrió mientras el mencionado presidente se encontraba de gira oficial fuera del país y su ministro de Relaciones Interiores, Simón Alberto Consalvi, ejercía como primer mandatario encargado.

En aquella oportunidad, en la mitad de la noche, un grupo de vehículos blindados tipo Dragón, pertenecientes al Grupo de Caballería Juan Pablo Ayala radicado en Fuerte Tiuna, abandonaron su base y en dos columnas de ataque se dirigieron respectivamente a la sede del ministerio del Interior (esta columna estuvo comandada por el capitán (Ej.) José Manuel Echeverría Márquez) y a la residencia presidencial conocida como La Viñeta (esta columna al mando del mayor (Ej.) José Domingo Soler Zambrano, segundo comandante del batallón Ayala). El presidente encargado despachaba desde sus oficinas como ministro del Interior y a éstas penetraron los efectivos militares aduciendo que venían a defender las instalaciones de un presunto ataque terrorista. Soler, por su parte, dijo a los presentes en La Viñeta que su presencia allí respondía a órdenes emitidas desde la comandancia general del ejército, concretamente por parte del para el momento de los hechos jefe del estado mayor del ejército, general Bastardo Velásquez.

Lo realmente ocurrido en la noche de las tanquetas nunca fue satisfactoriamente dilucidado, pues, a decir verdad, no se establecieron con propiedad las responsabilidades del caso ni se intentó concatenar tan inexplicable movilización de un sistema de armas estratégico en el contexto del factible desarrollo de una insurrección de relativa importancia, cuyos reales protagonistas no serían propiamente los individualizados al calor de los hechos. Por ejemplo, el día de los sucesos, el mayor Chávez Frías visitó a Soler Zambrano en las instalaciones del batallón Ayala y cabe preguntarse con qué fin. ¿Coordinaciones personales de última hora, acaso? Meses atrás, 209

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casualmente, el nombre del primero de los mencionados surgió en medio de las pesquisas relacionadas con una supuesta conspiración en marcha y por este motivo estuvo detenido algunos días sin que pudiera comprobársele nada al respecto.

Por otro lado, las averiguaciones emprendidas no lograron determinaron a cabalidad si las órdenes referidas por Soler fueron auténticas o falsas, pues aspectos propiamente técnicos del caso aún permanecen sin esclarecerse. ¿Era factible aparentar la voz del jefe del estado mayor del ejército? En caso de estar frente a una añagaza, ¿no pudo efectivamente Soler percatarse de la urdidura? Otras interrogantes tienden manto de sospecha sobre los verdaderos alcances de lo sucedido y las posibles complicidades que obraron a su favor. Verbigracia, ¿por qué la supuesta directriz fue girada directamente al segundo comandante del batallón y no, como correspondía en la cadena de mando, a su primer comandante, un oficial con la antigüedad de teniente coronel? ¿Se cubrió o no la formalidad de cumplir con lo dispuesto en los planes de operación, en especial los códigos y medidas de seguridad a respetarse a fin de detectar la veracidad de una orden de este tipo, de suyo con gran importancia?

La cercanía en el tiempo de la noche de los tanquetas y el 4 de febrero de 1992 obliga a pensar si ciertamente no se estuvo ante un descontrolado apresuramiento de un posible “Día D” o ante un ejercicio táctico destinado a calibrar, ya fuese la capacidad de maniobra de los comprometidos, ya fuese la magnitud de la respuesta a producirse cuando las acciones se desenvolvieran según los planes de operación previamente trazados por los conjurados. Fácilmente, puede especularse que lo ocurrido aquella noche fue un preclaro anuncio de lo desatado a la vuelta de tres años y dos meses. Comprobar de manera fáctica tal presunción queda como tarea para futuras indagaciones históricas a realizarse cuando la documentación relativa al caso quede al alcance de acuciosos investigadores del tema.

6. Conclusiones A pocas horas de derrotado el golpe de Estado escenificado el 4 de febrero de 1992, un grupo de intelectuales venezolanos acudió 210

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a las oficinas de Ramón J. Velásquez, ubicadas en el para entonces denominado Congreso Nacional, a fin de solicitar la opinión de éste para que los ayudara en la tarea de evaluar en justa perspectiva los sucesos que acababan de producirse y el impacto de ellos desprendido sobre la estabilidad del sistema político nacional. En dicho encuentro, Velásquez hizo a los presentes la siguiente observación: “...Alguien acaba de levantar la tapa de las alcantarillas en donde en luego de casi 150 años de lucha habíamos logrado encerrar a los demonios del militarismo. Ahora los demonios andan sueltos otra vez por las calles. ¿Cuánto tiempo les llevará a ustedes volverlos a encerrar?”321 A mi juicio, el apotegma de Velásquez, aunque tuvo mucho de cierto, tuvo también mucho de incierto. Al revisar los datos históricos disponibles y analizar el comportamiento de significativos sectores de la fuerza armada nacional empeñados en intervenir en política a lo largo del tiempo en el siglo XX venezolano, incluyendo el período correspondiente a la vigencia del sistema democrático liberal representativo implantado a partir de 1958, sólo con inexactitud puede sentenciarse que los demonios del militarismo (que yo prefiero llamar pretorianismo, en respeto a la mejor apreciación conceptual del proceso estudiado) estuvieron confinados. Por el contrario, la evidencia documental muestra sin ambages que actuaron de manera sostenida, sin descanso alguno, en sus pretensiones de colocar a numerarios de la fuerza armada nacional en control de las maquinarias gubernamental y estatal, ya directamente, ya por mampuesto a través de personeros interpuestos que serían manipulados desde el real centro de poder.

El conjunto de intentonas militares a las que hubieron de hacer frente los gobiernos encabezados por Wolfgang Larrazábal y Rómulo Betancourt, es una preclara muestra de que el simple parto de la democracia no redujo el golpismo irredento que tradicionalmente ha incubado al interior de la fuerza armada nacional. Que la aprendida habilidad y férrea voluntad del liderazgo del momento para enfrentar los alzamientos, la inequívoca respuesta institucional propinada en 321

Tulio Hernández (2009, julio 5). “Golpista eres y golpista serás”. El Nacional. Caracas, p. 7 (cuerpo siete días).

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contra de estos por la porción mayoritaria de la institución armada y el clima de entendimiento nacional en torno a la necesidad de preservar el proyecto democrático por encima de cualesquiera otras consideraciones (de tipo partidista, por ejemplo), confluyeran para edificar un sólido muro de contención a las aspiraciones de los persistentemente sublevados, no significó en modo alguno la derrota de los esfuerzos y ánimos conspirativos.

Este accionar se extendió en el tiempo, sólo que, luego de la derrota de las militaradas del primer lustro de los años sesenta, los irreductibles conspiradores no contaron con fuerzas suficientes para adelantar nuevos alzamientos. Conscientes de su minusvalía circunstancial, continuaron la paciente labor de zapa que corresponde en estos casos y decidieron andar agazapados y actuar a las sombras, como siempre lo supieron hacer magistralmente, en espera del momento táctico considerado idóneo para asestar el zarpazo planeado y anhelado contra el orden constitucional instituido. En este sentido, es por demás cierto que se desplazaron siempre por debajo de las alcantarillas, pero en verdad no dejaron de complotar ni por un instante. Los demonios anunciados por Velásquez siempre estuvieron sueltos.

Así pues, no es aventurado ni exagerado trazar un hilo de continuidad en el accionar conspirativo de facciones de la fuerza armada nacional a lo largo del período cronológico que va desde el derrocamiento de la dictadura encabezada por Marcos Pérez Jiménez hasta el estallido de los golpes de Estado del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Incluso, si bien los protagonistas principales de los sucesos cambiaron como era de esperar dados los relevos generacionales ocurridos en el seno de la institución castrense, algunos nombres son asiduos en la traza documental y más allá de las diferencias ideológicas y/o programáticas que puedan establecerse entre cada movimiento identificado, está presente la similitud en cuanto a la razón de ser de todos: la suprema convicción acunada en la mente y espíritu de sus propulsores, organizadores y ejecutores de que los

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militares como individuos, y la fuerza armada como organización, tienen pleno derecho a intervenir en política y erigirse el árbitro máximo del destino nacional. Así las cosas, de 1958 a 1992 se acumularon 34 años de golpismo militante. No otra conclusión puede extraerse de la lectura e interpretación de la historia venezolana conocida.

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Autores

Ebert Cardoza Sáez

Licenciado en Historia (ULA). Magíster en Ciencias Políticas (ULA). Candidato a Doctor en Historia (UCV). Profesor Agregado de la escuela de historia de la Universidad de los Andes. Investigador adscrito al Grupo de Investigaciones Históricas de Regiones Americanas (GIHRA).

E-mail: ebert.cardoza@gmail.com

Domingo Irwin

Historiador. Doctor en Historia, Summa Cum Laude (UCAB).

Magíster en Seguridad y Defensa (IADEN). Profesor Titular jubilado del Instituto Pedagógico de Caracas. Tiene en su haber una extensa lista de libros y artículos publicados en revistas científicas e indizadas sobre el tema de la Relaciones Civiles y Militares en Venezuela.

E-mail: dirwin@cantv.net

José Raimundo Porras Pérez

Licenciado en Ciencias y Artes Militares (A.M.V.-Caracas, Dtto.

Capital, Venezuela: 1990), Diplomado en Estado Mayor (Escuela 215

Superior de Guerra del Ejército. Caracas: 2008) Magister en Historia de Venezuela (Universidad Católica Andrés Bello. Caracas: 2011).

E-mail: josihs33@gmail.com

Raúl Meléndez M.

Profesor Asociado Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Carabobo. Historiador. Abogado.

Candidato a Doctor en la UCAB. E-mail: raulmlndez@hotmail.com

Luis Alberto Buttó

Doctor en Historia, Summa Cum Laude (UCAB). Magíster Scientiarum en Planificación del Desarrollo. Profesor-Investigador adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y al Postgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar. Ha participado en calidad de coautor en varias publicaciones referidas al tema de las Relaciones Civiles y Militares en Venezuela.

E-mail: lmontes@usb.ve

José Alberto Olivar

Doctor en Historia, Summa Cum Laude (UCAB). Profesor adscrito al departamento de Geografía e Historia del Instituto Pedagógico de Caracas. Profesor invitado a dictar cursos en la Maestría en Historia de Venezuela UCAB. Miembro del Centro de Investigaciones Históricas “Mario Briceño Iragorry”.

E-mail: josealbertoolivar@gmail.com

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De la Hueste Indiana al Pretorianismo del Siglo XX: Relaciones Civiles y Militares en la Historia de Venezuela, Raúl Meléndez, Luis Alberto Buttó, José Alberto Olivar (coordinadores), se imprimió en el mes de junio de 2012 en los talleres de Corporación ASM, C.A. Valencia - Edo. Carabobo.