PLATAFORMAS PRESIDENCIALES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 1988 - 2018
Los programas de Gobierno federal suelen otorgar a éste atribuciones que originalmente incumben a los gobiernos de los estados o de los municipios, de tal modo que se ven sometidos a la intervención y control de las autoridades federales por vía de los convenios de coordinación fiscal y únicos de desarrollo. Así ocurre en materia de seguridad y obra pública, servicios sanitarios, política electoral y en otras áreas. En materia tributaria es notorio el desvalimiento en que la acción expoliadora del fisco federal ha sumido a los estados y a los municipios, que para subsistir no disponen de los recursos propios indispensables para el gasto público. Por ello que se ven constreñidos a depender de las participaciones federales que se les concedan práctica que atenta contra los principios del federalismo. Debido al acelerado proceso de centralización política y económica que el país vive, a pesar de las facultades que en materia tributaria tienen las entidades federativas, éstas son incapaces de financiar los servicios que les demandan sus pobladores. Hay signos claros de una profunda crisis fiscal, tanto estatal como municipal. La participación que se otorga a las entidades federativas y municipios no alcanza el 12 por ciento de los ingresos tributarios totales, en tanto que en otras partes del mundo la proporción fluctúa entre 40 y 60 por ciento. En entidades y municipios, el actual esquema de coordinación fiscal es injusto, inequitativo e insuficiente, pues limita el desarrollo efectivo de las entidades federativas y los municipios. Algunos de los impuestos locales son políticamente onerosos, improductivos y carentes de interés para los recaudadores. Democracia México no tiene un régimen electoral democrático. A pesar de múltiples reformas legales y la disposición de distintas fuerzas políticas a crear normas que permitan competir con igualdad, equidad y legalidad, estas condiciones no se han logrado. La transición democrática en México requiere, además de cambios constitucionales y en la Ley Electoral, una transformación radical en las conductas y prácticas del grupo en el poder, relacionados principalmente con la acendrada permanencia de una cultura política patrimonialista, abusiva y profundamente autoritaria, que ha pervertido las normas e instituciones democráticas logradas por consenso. Las elecciones de 1991 tuvieron como dato más relevante la penetración de los organismos electorales por la mafia de especialistas en el fraude electoral, la manipulación del padrón por agentes del partido oficial y el apoyo masivo del 69