12 | LE MONDE
diplomatique | junio 2021
Dossier Vivienda digna
Derecho a la vivienda
Quiénes son las personas que viven en situación de calle por Vianny Andrea Barrera Silva*
A
l hablar de pobreza extrema lo primero que se visualiza son personas que viven en situación de calle (PSC) (1), las cuales han sido consideradas como grupo de exclusión y vulneración social (Irarrazabal; 2005) plasmado de juicios de valor, conductas discriminatorias por parte de la sociedad, invisibilizando sus derechos en todas sus formas. A la fecha se han desarrollado dos catastros nacionales de personas en situación de calle, en el año 2005 y en 2012 respectivamente. En este segundo catastro se visualizó a 12.255 personas en situación de calle a nivel nacional. De este total, 84% son hombres, cuya mayor presencia son en las regiones del Maule, Los Lagos y Atacama. En promedio, las personas en situación de calle tienen 44 años de edad y llevan 5,8 años en dicho contexto. (Ministerio de Desarrollo Social, 2012). Considerando este escenario, es necesario plasmar desde el marco de determinantes sociales (2) las condiciones que se presentan en esta población en cuanto a su situación (Ministerio de Desarrollo Social, 2012), donde se pueden determinar, entre muchas (Maia, Sanchez y Vasconcellos; 2019): -Trayectorias laborales accidentadas. -Rupturas familiares. -Consumo problemático de drogas y alcohol. -Acceso deficiente a servicios de vivienda, salud y educación. -Alta concentración de trabajos precarios y escasa vinculación familiar. -Pobreza. -Desempleo estructural. -Migración nacional e internacional. En la misma línea, se constata que el 56.4% de las personas catastradas en 2012 presenta algún tipo de discapacidad y 49% señala requerir medicamentos especializados para alguna afección, datos que en su conjunto muestran la fragilidad de esta población en materia de salud. Las consecuencias de dichos DSS para esta población invisibilizada afecta no solo a éstas sino también a sus familias (cuando existe vinculación) y a la comunidad entera; transformándose en un proceso complejo de abordar a nivel psicosocial, lo que implica mucho más que la problemática de negar el acceso a servicios sociales y sanitarios; se trata de aspectos incomprendidos por la sociedad en relación a la dignidad, a los efectos sociales y culturales, al trauma psicoemocional asociado a la situación de calle, al diario vivir, a la discriminación, al trato digno; y por supuesto, la carencia de vivir en una vivienda digna, lo que implica el acceso a los servicios básicos como agua, calefacción y luz. Desde esto, resulta necesario mejorar y trabajar en una política pública para personas en situación de calle que traba-
je desde la problemática, más que en una garantía de servicio de protección social; siendo necesario, como rescata Fundación Gente de la calle en su declaración pública en 2017, la necesidad de un abordaje, de una transformación y una erradicación de la situación de calle, donde las bases de una política nacional se encuadren en un enfoque de Derechos Humanos, con objetivos a generar y propiciar entornos protectores donde se pueda atender a las diversas complejidades que constituyen la temática calle. Como necesidad de reconocimiento frente a una integración de enfoque de derechos a la problemática de calle, se crea el Anexo Calle del registro social de hogares y se le denomina Registro Social Calle (RSC), cuya estrategia apunta a identificar a grupos sociales o franjas sociales que -de acuerdo a su nivel de ingreso económico- son elegibles, ya sea para recibir beneficios sociales o para ser objeto de instrumentos de políticas públicas (FGC; 2020); en esto, tiende además a completar los catastros nacionales de personas en situación de calle con la finalidad de generar estrategias de prevención en la situación de calle desde la temprana infancia, contar con una oferta especializada para los distintos grupos que componen esta población e implementar intervenciones que reduzcan los tiempos de permanencia en calle (Arellano; 2012).
Caracterizaciones
Dentro de los análisis del registro, se puede apreciar como resultados de dichas encuestas (FGC; 2020), una caracterización por rango de edad, siendo la edad promedio de los encuestados de 44,9 años; con el segmento de mayor rango etario de 30 a 59 años, resaltando como relevante, que el mayor número de entrevistados, más del 14%, son PSC adultas mayores. Respecto de la nacionalidad, se aprecia que el 94,7% PSC son chilenas y el resto compuesto por otros países, donde el país de origen Perú tiene una mayor tasa (29,9%). Otro dato relevante es que más de un tercio de los encuestados señala que se encuentra en situación de calle hace más de 5 años, siendo la razón más frecuente “por proble-
mas con su familia y/o pareja”. Informan de igual modo que la primera vez que estuvieron en situación de calle fue a los 24 años de edad promedio. La tabla anterior, se enmarca en lo que se ha examinado en el principio de este apartado referente a DSS; donde las problemáticas familiares son las más acentuadas. Se puede deducir que el factor psicosocial sería un indicador relevante frente a la decisión de estar en calle; hipotetizando como algunos posibles hitos, la violencia intrafamiliar, baja escolaridad de alguno de los miembros de la familia nuclear y/o de origen; género, edad, entre otros; los que se asocian a la convivencia en una sociedad poco cohesionada, fomentando de este modo la generación de conflictos y fricciones dentro de las comunidades y conlleva a un refuerzo considerable de la inequidad y una disminución en la aceptación a la diversidad; situación que se mantiene en el tiempo, considerando que no existe una política pública para las PSC con enfoque de derechos. Siguiendo con la brecha que existe en los DSS de las PSC; se visualiza que más de un tercio de éstas informó presentar alguna enfermedad crónica, no obstante, 821 personas reportaron que ni médicos ni profesionales de la salud les habían informado que tenían la enfermedad. Esto puede ser reflejo de la ausencia de políticas nacionales de salud pública destinadas a PSC; siendo sólo iniciativas locales de recintos de atención quienes realizan acciones para abordar la problemática; lo que no garantiza necesariamente una transmisión adecuada hacia estos usuarios desde el sistema público de salud respecto de su condición médica; pudiendo incluso considerarse una falta a la actual ley de deberes y derechos de paciente (Ley 20.584), que plantea que toda persona que accede a la salud tiene derecho a un trato digno (párrafo 2, art. 5); derecho a la entrega de información de manera oportuna, veraz y comprensible respecto de su diagnóstico y tratamiento (párrafo 4, art.8), instancias de dicha ley, que tienden a ser precarias respecto de su ejecución por parte de funcionarios y funcionarias públicas en cuanto a PSC como usuarios/as del sistema público de salud.
Otro de los datos relevantes en este estudio, dio cuenta que, desde el apoyo institucional y el acceso a beneficios durante el último año (2020), el 43,7% de las PSC ha recibido alojamiento en albergues; un 18, 6% ha recibido atención y tratamiento en psiquiatría o psicología; un 13,0% se ha sometido a rehabilitación por consumo problemático de alcohol o drogas, un 4,7% ha recibido nivelación de estudios y un 14,5% posee carnet de identidad (FGC; 2020). Respecto de los datos de vinculación social, se desprende que el 41,2% de las personas consultadas señalan haber tenido contacto con familiares cercanos en los últimos tres meses y el 29,4% refiere que algún profesional municipal ha tenido contacto con el/la entrevistado/a.
Vínculos con el entorno
Se torna necesario remarcar que el trabajo desde un enfoque integral-multidimensional es fundamental para que PSC generen acompañamiento tanto en el acceso y atención de salud, como en el ámbito social-familiar en su entorno cercano, entendiendo, por un lado que al ser parte de un grupo vulnerable, por sí mismos e incluso con ayuda del Estado y organizaciones asociadas, es complejo que mejoren su calidad de vida o nivel de salud; ya que en este caso, la situación de vulnerabilidad cobra un sentido multidimensional dinámico y parte de la existencia diaria de las PSC (Cabieses; 2016); por otro lado, es relevante que las PSC puedan mantener relaciones vinculares social y familiar dentro de su entorno cercano o con sus redes primarias, desde un posicionarse como sujetos de derechos, lo que podría contribuir, desde el marco de DSS a disminuir en la desigualdad que existe en relación al bienestar y vulnerabilidad en este grupo de personas. Si bien, esta encuesta posee dentro de su aplicación y resultados ciertas apreciaciones metodológicas expuestas por la misma Fundación Gente de la Calle (2020), brinda aproximaciones preliminares necesarias respecto del mapa general que poseen las PSC, lo que invita a generar distintas reflexiones discursivas en distintos escenarios políticos y sociales, siendo la necesidad de incorporar un enfoque de derechos en una futura política nacional en PSC la urgencia inmediata para brindar a esta población una protección social necesaria que les permita ejercer el derecho a vivir socialmente protegidos (CEPAL; 2006). Con lo anteriormente expuesto, se puede apreciar que como marco de DSS para las PSC, contemplaría las dos categorías existentes (Cabieses; 2016); por un lado, una arista estructural, es decir, el nivel macro/estructural <político y cultural> y la posición socioeconómica de las PSC, que están mediadas por clase social, género, etnia, ocupación (en caso que exista), nivel educacional e ingresos, 3
Dossier Vivienda digna y es la que permite que, al ser visualizadas, se pueda mejorar en una construcción de políticas nacionales para este grupo de personas; y los DSS intermedios, estando definidos hacia la interacción entre salud y factores psicosociales y biológicos y de condiciones materiales de vida; relevantes en la decisión -según registros anteriormente mencionadosen la decisión de estas personas a estar en la calle. Contemplando lo expuesto anteriormente respecto de la situación de vulnerabilidad a la que se exponen las PSC; y si se considera la situación pandémica Covid-19 que ha afectado desde el año 2020 en Chile, ha sido un foco relevante en el incremento de las inequidades en la comunidad, afectando directamente a las PSC, quienes se complejizan con la creciente pandemia de Covid-19, asociado a la crisis social y económica que se genera por la misma situación mundial, lo que solo visualiza de manera exacerbada los DSS a los que se enfrentan dichas personas, entendiendo en esto, que Chile no posee un conocimiento ajustado de la realidad de las condiciones de vida y las dificultades que implica el vivir y morir en la calle (FGC; 2020). Entonces, desde esta premisa es necesario considerar que, como fenómeno social y cultural, las PSC tenderían a vivir vulnerabilidad individual, o microvulnerabilidad, incluyendo a las familias nucleares o de origen; y de igual forma, estarían expuestas a una macro- vulne-
rabilidad; ya que la problemática de situación de calle se comparte por grandes grupos de personas a nivel país en Chile, donde, si bien, existen distintas propuestas coherentes y tangibles por parte de organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, no hay aún una política nacional que las sustente. En este sentido, es necesario resaltar, para este grupo de personas, el enfoque social de vulnerabilidad, entendiendo que se refiere a un grupo postergado, minoritario y vulnerado en la sociedad chilena; conduciendo de este modo, un riesgo mayor para la salud, ya que en este sentido, el riesgo de daño se focaliza en la no capacidad de las PSC para poder hacer frente a los peligros del Covid-19, quedando como grupo minoritario altamente expuesto al contagio y a la no atención oportuna en los sistemas de salud.
Impacto de la desigualdad
En este sentido, la real pandemia que afecta a las PSC es la desigualdad que hay en el sistema social y en el sistema de acceso y atención de salud, ya que al no calificar dicha población dentro de un estatus socioeconómico, educacional, de empleabilidad, de vivienda y/o de fuente de ingresos económicos, los posiciona inmediatamente en un grupo con altas diferencias y precariedades sociales, determinantes que son cruciales para gatillar distintos problemas de salud, siendo uno de los grupos más desfavorecidos frente a la situación pandémica,
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generando limitaciones para cumplir los distintos protocolos que son presentados por el Ministerio de Salud como medida de no contagio. En esto, los efectos en salud de dichas desigualdades sociales se aprecian en los contagios y en la no capacidad por parte de la PSC para poder realizar una cuarenta oportuna, pudiendo generar un aumento de contagios, solamente debido a las desigualdades sociales existentes. Una explicación acertada respecto de esta condición de inequidad y de la dimensión social de la salud en este grupo de personas es la que tiene relación entre las condiciones sociales y de salud de esta población, considerando para esto los factores individuales, factores relacionados con la clase social, y factores vinculados a valores sociales, políticas y creencias culturales compartidas respecto de la significación de las PSC.; dimensión que pasa a ser urgente y necesaria de abordar no solamente desde un área de salud, sino que por parte de la sociedad en general. g 1. Personas en situación de calle (PSC) son aquellas que “carecen de residencia fija y que pernoctan en lugares, públicos o privados, que no tienen las características básicas de una vivienda, aunque cumplan esa función (no incluye campamentos). Asimismo, aquellas personas que de conformidad con una reconocida trayectoria de situación de calle reciben alojamiento temporal o por períodos significativos, provisto por instituciones que les brindan apoyo biopsicosocial” (Ministerio de Desarrollo Social, 2014, Pág. 47)
diplomatique | junio 2021 | 13 2. (DSS) “las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana” (OMS). 3. Tabla 12. Frecuencia (N y%) principal razón de situación de calle (FGC; 2020). *Vicepresidenta del Directorio en Fundación Gente de la Calle. www.gentedelacalle.cl
-Arellano, S. (2012). Segundo Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle. Santiago: Ministerio de Desarrollo Social. -Cabieses, B; Bernales, M; Obach, A & otros (2016). Vulnerabilidad social y su efecto en la salud en Chile Desde la comprensión del fenómeno hacia la implementación de soluciones. Universidad del Desarrollo. -CEPAL (2006). La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad. Montevideo: Naciones Unidas. -Maia, LFS, Sánchez AM, Vasconcellos C. (2019). Pessoa em situação de rua e desigualdade social: umaquestão de políticas públicas. São Paulo: Revista Recien, 9(28):146-154. -Ministerio de Desarrollo Social (2018). Registro Social de Hogares. Santiago. Recuperado de: http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/ RSH_paper_2.pdf -FGC (2020). Evaluación Anexo Calle. Extraído de https://www.gentedelacalle. cl/wp-content/uploads/2021/01/Documentos-de-trabajo_RSC_FGC.pdf
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Las mujeres conductoras de cambios por Doris González Lemunao*
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as mujeres hemos sido parte importante de los procesos de construcción de las organizaciones territoriales y el movimiento de pobladores, un pilar fundamental. Participando activamente en las tomas de terrenos, en espacios organizativos, de sobrevivencia alimentaria como el caso de las ollas comunes, claves en la denuncia y movilización contra la dictadura militar en Chile. También como constructoras del tejido social, gestoras de diversas iniciativas que han dado respuesta a las necesidades de viviendas en nuestro país en diversos momentos y contextos sociales y políticos incluso de su propio cambio al interior de una organización. La mujer ha jugado un rol fundamental en la lucha territorial por la vivienda siendo actriz importante, participando de la autoconstrucción de las poblaciones y la conquista de un lugar digno para vivir, también como defensoras de la democracia. A pesar de todo lo anteriormente descrito, hemos sido relegadas a segundo plano, ya que los cargos de dirección en las organizaciones siempre terminaban siendo hombres y así se continuaba masculinizando el rol de liderazgo, evocando fortaleza y seguridad, rasgos que las mujeres tienen como parte de sus capacidades, pero la sociedad patriarcal que tenemos genera ese tipo de reflexión, errada. Poniendo lo masculino como un referente más “capaz” que sus pares al momento de asumir la conducción de una organización, donde es mayoritariamente la presencia femenina que existe, es en mayor número. Existen postulados de la literatura sobre feminismo y territorio que postulan
la facilidad que tenemos las mujeres para asumir las luchas por la vivienda, debido al rol que nos ha asignado la sociedad en el espacio privado de esta y nuestra relación con el barrio. Puede que esto fortalezca o facilite nuestra participación y protagonismo en las luchas por el hábitat y la vivienda, no debemos concebirla necesariamente como natural (1).
Mujeres en la dirección
El movimiento de pobladores Ukamau es una organización que nace en el año 2011 a través de la reivindicación principal de la lucha por del derecho a la vivienda y la ciudad. En su composición este movimiento es mayoritariamente femenino, y es por esto que ponemos en cuestión la forma tradicional de constituir los espacios de conducción del movimiento (histórico) pobladores, donde son los varones quienes tienen la dirección, en Ukamau la composición mayoritaria es de mujeres y seremos las mujeres quienes conduciremos el movimiento. En ese sentido declaramos e hicimos carne que; “Debido a la deuda histórica que existe con las mujeres”, seremos nosotras quienes tendremos el protagonismo en esta organización en este movimiento y es por eso por lo que la dirección de la organización está dirigida por mujeres, sus voceras son mujeres, quiénes llevan adelante este proceso de organización de cientos de familias para lograr un lugar digno para vivir. Posibilitando además la participación femenina, también entregando condiciones para que esto se puede llevar a cabo. El proyecto que lideramos tiene características que hace más de 40 años no tenían
las organizaciones de pobladores en la construcción de vivienda. A través de la autogestión, con niveles de participación inéditos, capacidad de gestión y formas de lucha radicales, que hemos logrado por parte de esta comunidad que se ha transformado en la gestora y promotora de su hábitat, decidir donde se emplace, el diseño, la gestión técnica, social y política, participación para ejecutarlo y construirlo, posibilidad que permite que estas se queden en su comuna de origen, Estación Central.
Precariedad laboral
A contrapelo de la desconfianza instalada en nuestro país por el un modelo precarizador de la vida y que ha convertido a la vivienda y la ciudad en un anhelo inalcanzable para las mayorías de la población. Hemos conquistado un proyecto que se enmarca en la política de vivienda en Chile a través de postulación del decreto de vivienda, que es el instrumento regidor de la postulación para las familias más vulneradas en Chile. Siendo esta la única forma de resolver su situación, por los altos costos que esta tiene, esto agravado por la precariedad laboral, que hace imposible sin la colaboración estatal. Dentro de los desafíos del momento, está en ampliar la discusión sobre, vivienda, ciudad y hábitat con perspectiva de genero y clase, no es lo mismo habitar un lugar u otro, para nosotras las mujeres populares. Esta el proceso constituyente, que es un momento de suma importancia para lo que hemos venido avanzando desde las luchas que hemos llevado adelante que permitieron poner en
la discusión política e incluso en la constituyente sobre vivienda y ciudad, ir mas allá de la paridad que se instaló como discusión, como parte de los sucesos electorales, hay que ponerse las gafas lilas (2). Desde Ukamau, nuestro aporte desde la lucha por la vivienda y la ciudad, por hábitat con la concepción lefrevriana de estas mujeres populares, además siendo parte de las grandes movilizaciones del país, para avanzar en transformaciones. Un triunfo que conquista un lugar en la ciudad para cientos de familias, que abre paso a una nueva forma de hacer política, en el mismo sentido de los recientes triunfos electores que, con esperanza queremos se conviertan en victorias populares, como aporte o un granito de arena está el Barrio Maestranza Ukamau que aporta en democratizar, para las mayorías trabajadoras, para las mujeres populares que hemos vuelto a la política para garantizar transformaciones. Es necesario mirar ese nuevo Chile, la construcción de ciudades con perspectiva de genero que construya y permita desarrollar las diferentes esferas de la vida en igualdad de oportunidades y no solo seguir con la visión de universalidad de “sujeto” necesitamos matices y mirar la realidad, con las diferencias de genero, clase, raza y edad. Vamos A Democratizar la Ciudad . 1. Ana María Vásquez, Feminismos y extractivismo urbano; 2016 2. Gemma Lineas; el diario violeta de la Carlota; 2013 *Ukamau