Bases para una estrategia Territorial de Madrid-Region by Fundacion Ciudades

BASES PARA UNA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE MADRID-REGIÓN 20 DE ENERO DE 2011

INDICE

Página 0.- A Modo de introducción………………………………………………..

1.- POR UN SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS PARA UN TERRITORIO REGIONAL DE CALIDAD……………………………..

2.- LA CUESTIÓN ENERGÉTICA PARA MADRID: AFRONTAR LOS DESAFÍOS DEL MILENIO (mitigación del cambio climático)…

3.- UNA NUEVA CULTURA URBANISTICA: DEL URBANISMO EXPANSIVO A LA REGENERACIÓN URBANA…………………………

4.- UN NECESARIO CAMBIO EN LA POLÍTICA DE VIVIENDA: El alquiler social como solución y la optimización del parque residencial (más rehabilitación y menos expansión)…………………

5.- POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE…………………………………

6.- LA ACTIDIDAD ECONÓMICA Y EL SUELO PRODUCTIVO, VINCULADO A LA NUEVA ECONOMÍA Y LA INNOVACIÓN…………

7.- GOBERNANZA……………………………………………………………

A Modo de introducción por Antonio F. Gordillo UNA NUEVA MANERA DE PENSAR PARA UNA NUEVA MANERA DE VIVIR

Parece existir un consenso generalizado sobre la idea de que estamos inmersos no sólo en una profunda crisis económica, sino también en un cambio global, un auténtico cambio de época, que nos obliga a situarnos ya en otro paradigma desde el que diseñar la hoja de ruta de la acción humana sobre el planeta. Este nuevo paradigma de referencia podría formularse de manera sencilla, diciendo que se trata de vivir bien, sin exclusiones y sin desbordar los límites de la biosfera, lo que podría interpretarse como un enorme reto y, a la vez, como una esperanzadora oportunidad de alumbrar un futuro diferente y mejor. Y ello, plantea un desafío de innovación integral, ética, cultural, política, social, tecnológica, etc. en el que, en el seno de un pacto de contención y convergencia global, a las sociedades con mayor nivel de responsabilidad nos corresponde reducir significativamente la cuota de impacto ambiental y climático que inducimos.

EL OBJETIVO-DIANA Las ciudades son piezas clave en este cambio. Acogen ya a la mayor parte de la población mundial (el 50% del total y el 70% si nos centramos en los países desarrollados); constituyen los nodos centrales de las principales redes de producción, distribución y consumo y, como tales, tienen una incidencia determinante sobre la alteración de los principales ciclos biofísicos y químicos globales1. Las ciudades actuales, basadas en el consumo ilimitado de recursos no renovables, cada día son más ineficientes, operando como ecosistemas abiertos con costes inviables de energía, suelo y residuos; proyectan formas de vida y relaciones sociales de alto consumo e impacto ambiental y generan huellas ecológicas y energéticas que desbordan sus territorios, exportando los impactos correspondientes a otros espacios y tiempos. Finalmente, cuando el principal reto actual se cifra en torno a la capacidad de generar “inteligencia y capacidad de acción” para afrontar el cambio de época, las redes de ciudades y ciudadanos emergen como actores imprescindibles, como centros de información, innovación y difusión de valores y como detentadores de competencias, recursos de acción y “proximidad social”, con gran potencia para impulsar procesos de cambio replicables.

Las ciudades europeas absorben ya el 75% de la energía consumida en la región, en su mayoría procedente de los 1 llamados “sectores difusos” (tráfico, edificación, etc.) sobre los que las instituciones locales tienen fuerte capacidad de incidencia.

Sin duda, necesitamos abordar un nuevo paradigma urbano. Podríamos fijar el concepto de nueva ciudad como un conjunto vivo, que integra y armoniza sus contenidos sociales, ambientales y económicos; que no contiene sino que acoge, protege y arropa a sus habitantes, los cuales interaccionan con ella. Una ciudad “compacta” en su diseño y en su concepto y que puede interpretarse como un verdadero “salario social” para quienes en ella viven, que ofrece todo tipo de servicios, satisfacción y confort a las personas y que se va transformando según los deseos y necesidades de éstas. Una ciudad que reduce el impacto energético y ambiental del presente para preservar su supervivencia futura. Una ciudad, por fin, que no se vuelve autista respecto al mundo rural que la rodea, sino que lo conoce, lo pone en valor y lo promueve. Para lograr algo así, hay que repensar las ciudades, dar un salto mental cualitativo, recordar la reflexión Einsteniana de que los problemas no pueden resolverse a partir de las mismas lógicas que los crearon; reformular los conceptos convencionales del planeamiento, trabajar con un orden de prioridades que se han de extender a todos los ámbitos de la vida: reducir el despilfarro y el sobreconsumo, maximizar la utilización de medidas sin costes ambientales y compensar el resto con sistemas eficientes y renovables.

LOS INSTRUMENTOS DEL CAMBIO Es responsabilidad del planeamiento determinar las capacidades ambientales e impedir que se superen sus límites. La idea de planificación sostenible supone un cuestionamiento esencial del discurso económico según el cual la regulación del mercado de suelo operada desde el planeamiento urbanístico es innecesaria, cuando no perjudicial, para la iniciativa empresarial, la innovación y la adecuada asignación de los recursos. Significa, también, entender el planeamiento como instrumento para la concertación, tanto en el ámbito de los diversos niveles de gobierno del territorio, como entre aquellos y la sociedad civil. Y consiguientemente, requiere adoptar la transparencia y la participación ciudadana directa como principios alternativos a la opacidad burocrática, que favorece la arbitrariedad y la corrupción. Hay que fortalecer una ética asociada a la defensa de los bienes públicos, recuperar la consideración del Plan Urbanístico como instrumento de garantía de derechos ciudadanos y expresión de un compromiso recíproco entre administraciones y ciudadanos desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Ello supone potenciar el carácter de los Planes que ordenan el territorio, como instrumentos flexibles y abiertos a la innovación, capaces de abordar el orden estructural y la sensibilidad a lo local; incorporando al proyecto territorial las estrategias ambientales, de vivienda, transporte, infraestructuras, energía... Todo ello necesariamente sustentado, sobre el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las administraciones locales; permitiendo que los planes lleguen a ser, algo más que normas y dibujos: el pautado de los compromisos públicos y privados, para construir la ciudad.

Sin embargo, no hay que olvidar que es imprescindible un marco jurídico que dé garantías legales y administrativas a este proceso de cambio, a estos nuevos principios, que no pueden ser cuestionados, omitidos o directamente vulnerados en nombre de una mal entendida autonomía local. Por otra parte, también hay que trabajar contrareloj, pues apenas disponemos de unas décadas para transformar nuestras ciudades; debemos dotarnos de metodologías que nos permitan arrancar ya y visualizar, desde ahora mismo, cómo vamos a cambiar las tendencias reales en 2020 y cómo conseguiremos alcanzar objetivos realmente ambiciosos (por ejemplo reducciones en el consumo energético del 60%-70% y de emisiones de gases de efecto invernadero del 80%-100%) en torno al 2050, de acuerdo con las necesidades de cambio establecidas por diferentes comités científicos que permitan reconducir los actuales procesos globales de deterioro del planeta y en consonancia con los acuerdos del Consejo de UE2.

MADRID, EN EL PUNTO DE MIRA La forma en que se ha materializado el desarrollo urbano en Madrid y, como consecuencia, los modos de ocupación del territorio, tanto en extensión y tamaño, como en su localización, ha supuesto una clara agresión en los aspectos físicos y medioambientales y en los sociales y económicos. Corregir esta manera de “rellenar el territorio” volviendo a “hacer ciudad” debe centrar todo el esfuerzo para humanizar la herencia territorial y económica que vamos a recibir. Reorientando los planes y desarrollos en marcha y evitando los daños futuros, con un cambio drástico de modelo urbanístico con el que hacer ciudad en la ciudad, regenerando y reconstruyendo territorios ya ocupados pero obsoletos, como algo mucho más importante que fomentar nuevos crecimientos extensivos y dispersos que vengan a colmatar la Región. Una nueva cultura del territorio para un espacio metropolitano maduro como el madrileño, tendrá en el paisaje, concebido como un sistema de espacios abiertos 3, un sistema funcional que debe superar la mera clasificación urbanística del suelo, para convertirse en eje de un modelo territorial de calidad a escala regional, en el que el patrimonio natural se convierte en un activo de competitividad del territorio. Una Región que tiene un escaso potencial de recursos energéticos, a pesar de su fuerte demanda, pero que son un factor decisivo para mantener el desarrollo económico y las necesidades de la población, que deben compaginarse con los objetivos de sostenibilidad energética y lucha contra el cambio climático.

EL Plan de los Veintisiete para la lucha contra el Cambio Climático (conocido como 20-20-20 para 2020) prevé reducir las emisiones de la UE un 20%, que el 20% de la energía proceda de fuentes renovables y que el rendimiento energético aumente un 20% para el año 2020. 3 Convenio Europeo del Paisaje ( aprobado por el Consejo de la UE en 2000 y ratificado por España en noviembre de 2007)

Una Comunidad Autónoma, en la que el derecho constitucional a una vivienda, convertido hoy en una mercancía, se asegure con un cambio trascendental en las políticas de vivienda, en las que el alquiler social y la optimización del parque residencial existente (mediante políticas de rehabilitación y renovación urbana), sean los pilares sobre los que se asiente la nueva política de vivienda. Una Región en la que la movilidad sostenible sea el eje de un cambio de tendencia en el uso intermodal del transporte público recupere su protagonismo frente al uso del vehículo privado, mitigando su incidencia en la emisión de gases de efecto invernadero, haciéndolo compatible con los objetivos de lucha contra el cambio climático. Una metrópolis madrileña que reinvente sus espacios productivos, adecuados a los nuevos paradigmas tecnológicos y de globalización internacional, que favorezcan un desarrollo regional vinculado a la nueva economía del conocimiento y la innovación. Todo ello, bajo una forma distinta de gobernar, que trasciende del ejercicio de la democracia representativa y supone una búsqueda de formas de compartir las decisiones de los que ejercen el poder con los ciudadanos. A partir de las reflexiones que aparecen en este documento, en el que se ha intentado sintetizar el pensamiento de distintos expertos, grandes conocedores de los retos de nuestro tiempo, personas que analizan la realidad y pergeñan el camino por el que hay que transitar para cambiarla, podemos asegurar que en Madrid-Región el momento es AHORA y el modo es este nudo que enlaza las voluntades, los conocimientos y las expectativas puestas al servicio de un proyecto colectivo. Un proyecto, que pretende cambiar el territorio desde una perspectiva innovadora, no para la gente sino con la gente; sintiendo que se es parte de esa gente, pero siendo conscientes del privilegio que significa poder gobernar, tener los medios para la transformación y con la enorme responsabilidad de que lo que hoy hagamos perdurará en sus efectos y será un tramo más del camino ya despejado para los que nos seguirán.

Han iniciado esta andadura y han sido generosos con sus conocimientos y su tiempo: Ambrosio Aguado Ángel Aparicio Teresa Bonilla Antonio Miguel Carmona José María Ezquiaga Fernando Fernández Andrés Jaque Enrique Jiménez Larrea Isabel León Francisco López Barquero Eduardo Mangada Fernando de Marcos Javier de Marcos Rafael Mata Javier Méndez Gemma Peribáñez Fernando Prats Oswaldo Román Javier Ruiz Julio Vinuesa

GRACIAS.

1.- POR UN SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS PARA UN TERRITORIO REGIONAL DE CALIDAD 1.1. Un diagnóstico sintético: La edificación del territorio a pedazos y el deterioro ambiental de la Comunidad de Madrid El tratamiento de la cuestión ambiental en un espacio metropolitano maduro como el de la Comunidad de Madrid, que ha asistido en el último decenio y medio a un proceso de fuerte crecimiento económico, con manifiestas debilidades ambientales y territoriales, requiere un cambio de perspectiva y de rumbo, tanto en términos conceptuales y metodológicos, como de acción pública. Es preciso superar aproximaciones sectoriales e iniciativas clásicas de protección, que oponen lo que está protegido a lo no protegido, donde todo vale. Para eso, el objetivo consiste en definir y gestionar un sistema de espacios abiertos regional como componente estructurante de un modelo territorial de calidad en términos ambientales, sociales y de competitividad y eficiencia económica. La región madrileña, con una huella ecológica intensa y creciente dentro y fuera de su espacio político-administrativo, presenta en lo ambiental una situación paradójica y muy preocupante. Pese al esfuerzo innegable llevado acabo en los últimos decenios en materia de declaración de áreas protegidas, la evolución de los usos del suelo y los patrones dominantes de las nuevas formas de urbanización alertan sobre las debilidades del modelo de crecimiento. Las debilidades se refieren no sólo a aspectos estrictamente físico-ambientales (pérdida de hábitats y de biodiversidad, sellado de suelos de valor agrícola, deterioro general del paisaje y del patrimonio cultural, etc.), sino que afectan también a la calidad de vida de las personas, con un entorno crecientemente degradado, un aumento de la movilidad obligada, del consumo de energías fósiles cada vez más caras, y del coste de determinados servicios y equipamientos. La superficie protegida de la Comunidad de Madrid por la legislación sectorial (espacios protegidos, forestal, hidráulica, vías pecuarias, etc.) es ciertamente elevada, abarcando aproximadamente el 46 por 100 del territorio regional. Pero frente a esa superficie teóricamente protegida, y no siempre adecuadamente gestionada, la urbanización en sentido amplio, es decir, los terrenos propiamente urbanizados, más los ocupados por zonas industriales y grandes superficies comerciales, infraestructuras de transporte, así como por vertederos y áreas extractivas, ha crecido vertiginosamente en los últimos años de boom inmobiliario. Lo preocupante es que tal crecimiento, que ha respondido en parte a necesidades y demandas reales, se ha producido sin un criterio de política territorial regional, fruto de decisiones exclusivamente municipales y de los operadores económicos. Todo ello ha provocando una expansión de la mancha edificada extensa, intensa, fragmentada y, en muchos casos, dispersa y de densidades medias o bajas, con un consumo de suelo y de otros recursos muy elevado, fuertes presiones en el entorno de

los espacios protegidos, e incluso dentro de ellos, y pérdida un patrimonio paisajístico rural y natural de alto valor estratégico en un territorio metropolitano crecientemente congestionado Este proceso, en buena medida ya cuantificado y diagnosticado, ha situado a la Comunidad de Madrid a la cabeza de las comunidades autónomas en porcentaje de nuevos “suelos artificiales” generados entre 1990 y 2005, por encima incluso de territorios litorales del Mediterráneo, cosa llamativa si se considera que la región madrileña partía ya de niveles de urbanización muy elevados. Queda mucho por hacer y donde actuar. La gestión y puesta en valor del paisaje, un objetivo de calidad ambiental para la Comunidad de Madrid Pese al panorama descrito, la Comunidad de Madrid cuenta aún con una superficie importante de terrenos no urbanizados (no clasificados e, incluso, clasificados pero de dudoso destino en el nuevo ciclo económico) que es preciso ordenar y gestionar con sumo cuidado, de acuerdo con directrices de escala regional y cooperando en lo posible con comunidades limítrofes. En unos casos se trata de terrenos que albergan paisajes y ecosistemas notables, socialmente muy apreciados y que cuentan en general con figuras de protección de la naturaleza, sobre todo en el área de la Sierra de Guadarrama. Pero junto a esas áreas de valor sobresaliente, hay también miles de hectáreas de espacios libres en las campiñas, páramos y vegas, que expresan a través de interesantes paisajes culturales el carácter de un territorio diverso, cargado de naturaleza e historia, sin menoscabo de su productividad agraria. Esos terrenos, además de ser una preciosa reserva de suelo para atender con prudencia necesidades reales de vivienda y actividades productivas, convenientemente justificadas y no especulativas, deben constituir al mismo tiempo una pieza fundamental del sistema de espacios abiertos metropolitano, garantizando la conexión territorial y ecológica de la sierra, las campiñas y las vegas, y dotando de calidad ambiental y de competitividad al modelo territorial de la región. Una nueva cultura del territorio para un espacio metropolitano maduro como el madrileño tiene en el paisaje, a todas las escalas, desde el espacio público urbano al conjunto regional, un argumento, un objetivo y un aliado fundamental. Nos estamos refiriendo a la concepción renovada de paisaje de base territorial y comprometida con la acción pública, que preconiza el Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000), en vigor desde 2004 y que España ratificó en noviembre de 2007, obligando por tanto a todas las administraciones públicas, en especial a las autonómicas, competentes en la materia, a actuar sin dilación en el objetivo de conseguir espacios abiertos de calidad que configuren el patrimonio natural como un activo de competitividad del territorio. El paisaje, resultado de la integración de las tramas naturales y culturales del espacio geográfico, y de la percepción de la gente, se entiende como elemento fundamental de calidad de vida, como parte de la identidad de los lugares, y como patrimonio y recurso

de desarrollo territorial. Se trata, pues, de un concepto operativo y muy útil para el diseño y la gestión de un sistema de espacios abiertos regional, que permita, por una parte, garantizar la conexión territorial de las áreas de mayor valor, asegurando así las funciones específicas de conservación que tienen atribuidas; y, por otra, asignar valores y funciones de espacio libre a extensas superficies del territorio carentes en teoría de “valores naturales” sobresalientes. El paisaje se perfila así como uno de los fundamentos ambiental y cultural del sistema de espacios libres, un sistema funcional que debe superar la mera clasificación urbanística del suelo –siendo esto necesario- y convertirse en eje de un modelo territorial de calidad de escala metropolitana y regional. Para ello es necesario un instrumento estratégico de planificación que incorpore prudencia y calidad a la gestión del territorio. El paisaje puede ser argumento y cómplice de dicha iniciativa, porque permite proteger, pero también gestionar y re-cualificar el territorio a todas a las escalas y en todos los contextos ambientales; y porque, de acuerdo con el Convenio Europeo citado, no cabe política de paisaje sin percepción de la gente, sin participación ciudadana.

1.2. Principios/criterios para un sistema regional de espacios abiertos De acuerdo con el diagnóstico planteado y el enfoque adoptado, y teniendo en cuenta las características de la región de Madrid, el diseño y la gestión de un sistema de espacios abiertos regional debería fundarse en los siguientes principios y criterios:  Considerar el sistema de espacios abiertos como uno de los ejes estructurantes del modelo territorial de la Comunidad de Madrid, junto al sistema urbano y al de infraestructuras.  Atribuir al sistema de espacios abiertos funciones de conservación, científicoeducativas y de uso y disfrute públicos.  Adoptar e incorporar el acervo europeo en materia de diseño y gestión de redes de espacios naturales y sistemas de espacios abiertos, especialmente en ámbitos metropolitanos y de aglomeración urbana (Agencia Europea del Medio Ambiente, Institute for European Environmental Policy, Green Infraestructure for Europe, etc.).  Incorporar, junto a las políticas e instrumentos clásicos de conservación de la naturaleza y urbanísticos, la concepción y objetivos del Convenio Europeo del Paisaje (CE, 2004) en materia de protección, gestión, recualificación y puesta en valor del paisaje.  Superar los planteamientos convencionales “protegido vs. no protegido”, promoviendo una gradación desde la protección estricta de lo notable a la gestión y mejora de terrenos banales o deteriorados, pero con potencialidades dentro del sistema.

 Contener la dispersión edificatoria y promover discontinuidades verdes de calidad ambiental entre las piezas urbanas del sistema metropolitano.  Promover la coordinación y cooperación con las escalas europea, estatal e interautonómica de redes y sistemas de áreas protegidas.  Contar con la participación e implicación de expertos y de organizaciones sociales y ciudadanas en el proceso de formulación y diseño del sistema de espacios abiertos, y en su seguimiento.  Utilizar como base de la propuesta del sistema de espacios abiertos el amplio y rico volumen de estudios sectoriales de la Administración ambiental y territorial de la C.M., en materia de vegetación, riesgos naturales, paisajes, capacidad agrológica, conectividad ecológica, etc.

1.3. Objetivos y propuesta de configuración del sistema de espacios abiertos de la Comunidad de Madrid  Establecer dentro del modelo territorial de la región un sistema de espacios abiertos interconectados, que integre tanto los espacios naturales ya protegidos, como otros espacios naturales de valor, así como paisajes culturales de dominante agropecuaria y forestal de calidad. El sistema de espacios abiertos tiene por objeto garantizar: 

La protección y gestión efectiva de los espacios que cuentan ya con figura de protección.



La conexión ecológica y territorial de dichos espacios a través de conectores territoriales.



La preservación y mejora de los valores del paisaje.



La protección necesaria en cada caso de aquellos terrenos afectados por riesgos naturales.



La amortiguación de presiones ambientales sobre el entorno de los terrenos de mayor valor natural y paisajístico.



La existencia de un sistema verde entre las distintas piezas urbanas del sistema metropolitano.



El acceso público y el disfrute de la diversidad paisajística de la Comunidad de Madrid a escalas regional, comarcal y local.

 Sobre la base de los estudios y propuestas que obran ya en poder de la Administración regional, el sistema de espacios abiertos estará integrado, prioritariamente por los siguientes piezas:



Los espacios naturales protegidos y los terrenos incluidos en la Red Natura 2000.



Los espacios forestales de titularidad pública, sean o no de Utilidad Pública y estén o no incluidos en la citada Red europea, así como los Montes Protectores, de titularidad privada.



Otros terrenos ocupados por vegetación natural arbolada, en forma de manchas o de estructuras lineales que desempeñen la función de conectores ecológicos entre las áreas protegidas.



El sistema fluvial y los terrenos de dominio público hidráulico y policía, así como aquellos otros, asociados funcional y paisajísticamente, a los principales cursos fluviales que se consideren de interés estratégico para la configuración, continuidad y funcionamiento del sistema de espacios abiertos. También los asociados al sistema de embalses y otros espacios húmedos, protegidos por la legislación regional.



Las vías pecuarias que, con sus 4.200 kilómetros de extensión en la Región, suponen una estructura lineal territorial idónea para la interconexión de los espacios naturales protegidos, configurándose como verdaderos corredores ambientales.



Los paisajes de dominante cultural sobre terrenos agrícolas y ganaderos, de acuerdo con los trabajas de caracterización y valoración llevados a cabo por la CAM.



Los terrenos afectados por riesgo de inundación y los de fuertes pendientes, estén o no protegidos por normativa ambiental sectorial.

2.- LA CUESTIÓN ENERGÉTICA PARA MADRID: AFRONTAR LOS DESAFÍOS DEL MILENIO (mitigación del cambio climático) 2.1. Un diagnóstico de la situación de partida La Comunidad de Madrid con una población de 6,1 millones de habitantes (13,6% del total nacional), ocupa el 1,6% del territorio y se caracteriza por una alta densidad de población (760 hab./km2) muy superior a la media de España (89 hab./km2) y una destacada actividad económica, ya que su PIB representa el 18% del total, el segundo más alto de España. Sin embargo tiene un escaso potencial de recursos energéticos, a pesar de su fuerte demanda, que no ha parado de crecer en los últimos años. La energía es un factor decisivo para mantener el desarrollo económico y las necesidades de su alta población. El consumo energético final de la Comunidad de Madrid es del orden de 11.000 kilotep (ktp), - el nacional es de unos 98.000- , concentrado de forma muy importante en el sector del transporte (52%) y el sector de los edificios, en el que se incluye el equipamiento doméstico (34%). La industria representa el 12% del consumo. A efectos de referencia, cabe recordar, que los consumos finales de Cataluña y del País vasco son respectivamente 16.000 y 5.800 ktep. En cuanto a fuentes destacan los productos petrolíferos con el 63%, la electricidad con el 20% y el gas natural con el 15%. Comparadas las cifras anteriores con las nacionales, destacan los porcentajes de consumos del transporte y edificios mucho más altos que los nacionales (40% transporte y 26% edificios). Sin embargo, el sector industrial tiene una participación en el consumo total muy inferior (12% en la CAM, frente al 30% nacional). Congruentemente con lo anterior la participación en el consumo total de los derivados del petróleo es muy superior a la nacional (56%), manteniéndose los consumos de gas y de electricidad en los mismos porcentajes que los nacionales. En cuanto a las renovables, contribuyen con un 2% a los consumos finales de la CM, cuando en el conjunto del estado superan el 12%. El conjunto de las infraestructuras eléctricas de la Comunidad de Madrid, constituidas por un anillo de unos 800 Km. a 400kV, 7 grandes subestaciones y otras 35 menores, junto a una amplia red de distribución aceptablemente mallada, aunque susceptible de mejora, garantiza el suministro eléctrico en toda la Comunidad, sin problemas de evacuación de la poca electricidad que se produce. La Comunidad de Madrid esta abastecida por tres ejes (NO, Extremadura y Levante) junto a conexiones directas a las centrales de Trillo y de Aceca. A pesar de la calidad del suministro eléctrico, se han detectado problemas de saturación en algunas líneas de alta tensión y falta de mantenimiento en la red de distribución y necesidad de mejora del mallado actual. Como actuaciones planteadas actualmente, o ya en ejecución, destacan los proyectos de soterramiento de líneas, blindaje de subestaciones, mejora de la red de distribución y refuerzo de algunas líneas de suministro. Madrid demanda el 12% de la electricidad nacional y sólo produce el 5,6% de su demanda, lo que obliga a mantener operativas grandes infraestructuras que,

necesariamente, deberán modernizarse y ampliarse en un escenario de creciente rechazo social. En el régimen ordinario Madrid dispone de una potencia instalada de 59 MW (hidráulicos) frente a 62.000 MW totales en España. En cuanto al régimen especial la potencia instalada es de 417MW (142 renovables) frente a 32.000 MW nacionales. Por la Comunidad de Madrid pasa la red de oleoductos que conecta las principales refinerías de España, que junto a la redes de almacenamiento que existen garantiza la distribución efectiva a las casi 600 estaciones de servicio, lo que hace que el ratio de estaciones por habitantes sea más del doble de la media española. La Comunidad de Madrid está conectado por 508 Km. de gasoducto de alta presión a los abastecimientos del Magreb y, a través de Francia, a los suministros del norte de Europa. El servicio lo garantiza un anillo de más de 200 Km. que rodea la capital y que abastece al adecuado mallado de la región. El poco peso del carbón se utiliza para abastecer a unas 1.200 calderas de calefacción central en edificios, después de muchos años de esfuerzo para eliminar este abastecimiento. Las competencias en materia energética del Gobierno Regional corresponden en la actualidad a la Consejería de Economía y Hacienda y, dentro de ella, a la DG de Industria, Energía y Minas, quien se ocupa del desarrollo y aprobación de planes y programas destinados a la mejora del entorno industrial, energético y minero, así como de todos los asuntos relacionados con la seguridad industrial, la producción y suministro de energía y las explotaciones mineras. Por otro lado, promociona las energías renovables y el ahorro y la mejora de la eficiencia energética. En el año 2007 se creó la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, cuyo patronato lo forman 5 altos cargos de la CAM, 2 representantes de universidades, dos de la Cámara de Comercio y CEOE y 6 representando a empresas suministradoras de energía. Sus funciones son básicamente de promoción (estudios, eventos, campañas, publicaciones) y su dotación en medios es baja (unas 7 personas) sobre todo si se la compara con las Agencias de Energía de las principales Comunidades Autónomas. Actualmente, está vigente el Plan Energético de la Comunidad de Madrid 2004 - 2012 cuyos objetivos son reducir el consumo un 10% respecto al tendencial, pasar de 200 ktep/año a 400 ktep/año en renovables, reducir las emisiones de CO 2 en un 10% y mejorar las infraestructuras. La política energética llevada a cabo por los sucesivos Gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid carece de perfil, de visión estratégica y de Estado, a pesar de su peso relativo, dentro de España. La concepción de la política energética por el Gobierno Regional es meramente burocrática y administrativa, está aislada del resto de las políticas sectoriales, de competencia autonómica: ordenación territorial y urbanismo, transporte, vivienda, fiscalidad, consumo, gestión patrimonial, cooperación local.

Los objetivos de la política energética del PP en Madrid (ahorros, renovables y reducción de emisiones), son poco ambiciosos, carecen de instrumentos de planificación y gestión adecuados, y sus actuaciones, en esos ámbitos, se reducen a gestionar, desde la DG de Industria, Energía y Minas, con la colaboración de la Fundación de la Energía, del Canal de Isabel II y del Consorcio de Transportes, los fondos transferidos por el Gobierno de España a través del Ministerio de Industria, mediante “planes renove” (ventanas, ascensores, calderas, edificios…), y algunos planes de ahorro de los citados organismos regionales, y, ello, de forma muy deficiente, con porcentajes, de ejecución de dichos fondos, bajos.

2.2. Principios/criterios para abordar la cuestión energética La energía es esencial para el desarrollo social y económico y para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, su problemática deriva de que la mayor parte de las fuentes energéticas sean de origen fósil, y, por tanto, limitadas en un horizonte temporal incierto. Su oferta esta concentrada en unos pocos países y áreas del mundo, inestables políticamente. Además, nos encontramos enfrentados a una creciente y exponencial demanda de los países emergentes Y, por último, su uso, mediante combustión, produce Gases de Efecto Invernadero, principal causa de la amenaza de Cambio Climático. Por todo ello, casi nadie pone en cuestión, al menos a nivel teórico, que el actual modelo energético es insostenible y que hay que transitar hacia otro modelo energético. Esta encrucijada energética refleja, por un lado, la crisis del modelo global de relación de la actividad humana con los límites biofísicos del planeta que requiere con perentoriedad enfoques globales distintos respecto al “crecimiento” y al “desarrollo”, y, por otra la trascendencia geoestratégica e internacional de las crisis energéticas, habidas y pendientes de sobrevenir. Ambas dimensiones no pueden quedar ajenas, en ningún caso, a un enfoque regional de la cuestión energética para un partido político de izquierdas, que deberá reflexionar, debatir y posicionarse ante los escenarios previsibles en materia de energía y emisiones al 2020 y al 2050. En este contexto macro energético se orientan, estratégicamente, las Organizaciones Internacionales y la mayor parte de los Estados -es el caso de la Unión Europea, y de España, como Estado Miembro- que fijan como orientaciones básicas de las políticas energéticas: la progresiva reducción del consumo energético mediante la aplicación de diferentes medidas:  Reducción de la demanda de energía en los usos finales, (transporte, industria, edificios y usos domésticos…), mediante medidas estructurales.  Uso más eficiente de las fuentes energéticas, básicamente mediante mejoras tecnológicas y exigencias reglamentarias.  Fomento del ahorro, mediante medidas de mercado y de concienciación de los consumidores.

 Mayor autonomía del suministro y de reducción de las emisiones, mediante la diversificación de las fuentes con un incremento exponencial de las fuentes de origen autóctono y renovable, (las procedente del sol, del viento, de las aguas continentales y marinas, de los residuos, etc.).  Control de los costes y de los precios, intentando introducir una mayor competencia y transparencia en los llamados operadores energéticos, (con claro perfil oligopolístico, en nuestro país). El margen de maniobra para la puesta en práctica de estas orientaciones estratégicas, en el ámbito del Gobierno nacional, dependen de diversos factores: el marco institucional de la Unión Europea, (marcos regulatorios y objetivos vinculantes en algunas materias); los condicionantes históricos, (decisiones relevantes, en materia energética, ya adoptados con anterioridad en etapas y por gobiernos anteriores), socioeconómicos, (niveles, ritmos y enfoque del desarrollo económico y territorial de España, ya acontecido, estructura dada del consumo final, hábitos de los consumidores, impacto de los costes energéticos en las distintas economías. etc.), y energéticos, en sentido estricto, (los recursos energéticos nacionales existentes, la estructura y evolución de los sistemas de generación, y distribución, incluido el grado de conexión con otros sistemas energéticos foráneos, la tipología de implantación de los principales operadores energéticos, la conformación de los precios energéticos, etc.). La ambición de los objetivos estratégicos fijados a largo plazo, en términos de sostenibilidad y racionalidad del modelo energético escogido, el ritmo, intensidad y eficacia de las medidas adoptadas para su consecución, la coherencia con otras políticas públicas, la autonomía de las decisiones regulatorias respecto a los distintos intereses económicos en juego, y la mayor o menor satisfacción percibido por las mayorías sociales, desde la perspectiva del interés general, son alguno de los elementos relevantes para enjuiciar las políticas energéticas públicas. El margen de maniobra y el marco de intervención y actuación de una Comunidad Autónoma como la de Madrid en términos de política energética, se debe enmarcar en las señaladas orientaciones estratégicas impulsadas por Unión Europea y en la aplicación práctica que vayan acometiendo los sucesivos Gobiernos de España. Con un enfoque básico desde la política regional de leal cooperación y coordinación activa con dichas orientaciones, y con visión de Estado. Toda vez, además que Madrid tiene una fuerte demanda – es un gran sumidero de consumo- y un escaso potencial de recursos energéticos autóctonos, dependiendo del sistema nacional de aprovisionamiento de fuentes fósiles, de gas y petróleo, y del sistema nacional de generación y transporte de gas y electricidad, y de sus respectivos mercados, así como del carácter no regional de los principales operadores y agentes energéticos. No obstante, el papel de la Comunidad de Madrid puede ser ambicioso y muy relevante en los que se refiere a energía distribuida, reducción de la demanda, ahorro energético, renovables y reducción de emisiones.

2.3. Objetivos y propuestas para configurar una política energética  Plan Energético Regional Incorporar las cuestiones energéticas, (infraestructuras de transporte y distribución, objetivos de ahorro en todos los sectores de consumo final, nueva generación y renovables, limitación y gestión de la demanda, etc.) en todos los instrumentos planificación, (Estrategia Territorial, Transporte, Vivienda, etc.) y elaboración de un Plan Energético Regional con unos objetivos energéticos que superen los de la UE para el 2020, en renovables, ahorro de energía y emisiones, (que, como sabemos, son los de alcanzar el 20% de participación de fuentes de energía renovable en el consumo de energía final, o 20% de ahorro de energía, respecto a un escenario base y una reducción del 20% de las emisiones de GEI respecto al año base). Dando plena coherencia así, a los objetivos de sostenibilidad energética y lucha contra el cambio climático, (reducción de las emisiones de CO2).  Agencia regional de energía La Comunidad de Madrid necesita una Agencia regional de energía potente, similar a la de otras Comunidades Autónomas, y de control público, que permita diseñar y elaborar las estrategias energéticas y ejecutar las políticas de ahorro y eficiencia en todos los sectores de consumo final. Así como las políticas de generación distribuida, redes, gestión de demanda, mejora de infraestructuras de transporte y distribución y promoción de generación de origen renovable. Todo ello, en coordinación con todo el conjunto de la Administración regional, los Planes del Gobierno de España y las iniciativas de los Ayuntamientos de la Comunidad, bajo la dirección del Gobierno Regional y de la Consejería competente, al margen de las labores normativas, regulatorias, y de inspección.  Incremento del autoabastecimiento eléctrico de la Región En cuanto a autoabastecimiento y a pesar de las dificultades, aún existe potencial para incrementar la producción hidroeléctrica tanto en las cuencas de la Comunidad como de las limítrofes, sobre todo las que abastecen de agua a Madrid. En este sentido también es importante explotar las posibilidades geotérmicas, además de las ya muy conocidas para abastecimiento de calor en el entorno de Cantoblanco, las de explotaciones más profundas para producción de electricidad. Otras posibilidades son la cogeneración industrial en los servicios y la valorización de residuos, conocidas las fuertes limitaciones para otras renovables de amplio desarrollo nacional como son la eólica y la fotovoltaica. El incremento del autoabastecimiento eléctrico de la Comunidad de Madrid, tanto por seguridad de suministro como por reducción de las pérdidas importantes en las líneas de transporte y distribución, debe ser una prioridad ante un previsible escenario de aumento de los consumos de electricidad, fundamentalmente por el aumento de las renovables en todo España, y con unas dificultades crecientes, por coste y por rechazo social, de incremento de las infraestructuras de transporte.  Transporte e infraestructuras sostenibles La Comunidad de Madrid tiene un sistema de transporte público y una gran dotación de infraestructuras de carreteras, superior a otras urbes similares, en muchos casos no optimizada. Esta situación coexiste con una excesiva utilización del vehículo privado

y una política territorial y urbanística promotora de la ineficiencia energética, tanto por la localización de las viviendas como de los centros de actividad, comerciales e industriales. Está situación es la causa de que la contribución del transporte al consumo de la región sea muy superior al nacional y a la de otras áreas similares, como puede ser Barcelona, donde la participación del transporte alcanza el 26% del consumo total. El transporte público tiene capacidad de aumentar su participación en la movilidad, mejorando su oferta, creando infraestructuras de movilidad especificas para vehículos de alta ocupación, (pasillos), fomentando otros modos de transporte como son la bicicleta, prácticamente inexistente, y la implantación de Planes de Movilidad conducentes a reducir los consumos de municipios y empresas, restringiendo el uso del vehículo privado. La Comunidad de Madrid debería estar a la vanguardia en la implantación del uso del vehículo eléctrico en todas sus versiones, híbrida y la híbrida enchufable, lo que contribuiría a potenciar la imagen de área tecnológicamente avanzada. En todo caso las medidas fundamentales a medio plazo son el planteamiento de un nuevo desarrollo territorial y urbanístico de proximidad, accesible al transporte público y con criterio claros de reducción de consumos. En esta línea también es importante la mejor organización de la distribución de mercancías, con centros logísticos integrados con el ferrocarril y con el transporte aéreo. Otras medidas a considerar son la formación de conductores, y el fomento del teletrabajo.  La mejora de la eficiencia energética en la edificación El sector de la edificación es el otro sector decisivo para la Comunidad de Madrid, desde el punto de vista energético, donde por la antigüedad del parque de viviendas existentes, la actuación fundamental será la rehabilitación de edificios con criterios energéticos. Especialmente en una época en la que nos es previsible un aumento de la construcción, mejorando los aislamientos y cerramientos y las instalaciones de calefacción y agua caliente ineficientes, (las perspectivas de poco incremento en la nueva edificación limitan el incremento de la producción con renovables, especialmente la solar, por la dificultad de instalarlas en edificios existentes). Se debe plantear la nueva edificación con criterios más exigentes en materia de balance energético y de emisiones, (favoreciendo la introducción de tecnologías renovables para uso térmico), (“0” emisión es en el horizonte de 2 legislaturas para todos los nuevos edificios).  Programas de uso de cogeneración y de Gestión de la Demanda en todo el Sector Terciario En el Sector Servicios, especialmente hoteles y hospitales, se debe incrementar la cogeneración, que sólo esta presente a nivel testimonial, alcanzando sólo el 3% de toda la potencia nacional. Se debe impulsar un Programa de uso de cogeneración en edificios públicos y grandes edificios del sector terciario privado. Se trata de desarrollar Programas de Gestión de la Demanda en todo el Sector Terciario para optimizar los costes de las empresas.

 La mejora de las instalaciones de producción de calor Deberían fomentarse promocionando las calderas de alta eficiencia, en particular las centralizadas frente a las individuales, el aumento del “district heating”. También debería aprovecharse el previsible desmantelamiento total de las instalaciones de carbón aún operativas para implantar la biomasa y explotar decisivamente el potencial geotérmico de baja entalpía, ya evaluado especialmente en el área de Cantoblanco.  Programa de promoción de empresas de servicios energéticos El hecho de contar la Comunidad de Madrid con gran número de edificios públicos, debe convertirse en una oportunidad para una actuación decisiva en este sector, aprovechando las sinergias con los planes nacionales, promocionando las empresas de servicios energéticos, que cuentan en la Comunidad de Madrid como un área muy apropiada para sus actividades. Elaborando un Programa para el periodo 2011-2015.  Planes RENOVE y Certificación Energética en Edificios Promover programas individuales de planes RENOVE fácilmente entendibles por el ciudadano a nivel individual, e implantar la Certificación Energética en Edificios.  Impulsar un Programa específico de ahorro para pequeño terciario Existe un elevado número de pequeños establecimientos a los que se les ha prestado muy poca atención y tienen un gran potencial. Desarrollar un Programa de apoyo a Pymes para promover inversiones en ahorro, eficiencia energética y penetración de calor de origen renovable.  Impulsar la difusión de equipos etiquetados e incentivar la compra de equipos de alta calificación energética.  Concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad del ahorro energético Realizar campañas informativas dirigidas a los ciudadanos a través de organizaciones de consumidores y de Ayuntamientos, teniendo sobre todo en cuenta en esta tarea al sector educativo.

3.- UNA NUEVA CULTURA URBANISTICA: DEL URBANISMO EXPANSIVO A LA REGENERACIÓN URBANA 3.1. Un diagnóstico: Madrid, paradigma de la construcción y expolio del territorio La forma en que se está materializando el desarrollo urbano en Madrid y, como consecuencia, los modos de ocupación del territorio, tanto en extensión y tamaño como en su localización, puede calificarse de perversa, inculta y agresiva, tanto en los aspectos físicos, medioambientales, como los sociales y económicos. Perversión tanto en los desarrollos ya consolidados como en la amenaza inmediata que suponen las mil y una actuaciones ya anunciadas, amparadas por unos planes de ordenación, de distinta escala y carácter, encubridores formales de la miseria urbanística, cuando no directamente impulsores, conniventes y legitimadores de un proceso en el que “hacer ciudad” se ha sustituido por “rellenar el territorio de edificaciones”, que es el gran negocio para propietarios y promotores de suelo. Planes (y actuaciones extra plan) amparadas a su vez por una Ley del Suelo que ha consagrado toda la geografía regional, salvo algunos reductos protegidos por ahora, como un gran solar en el que a los propietarios de suelo, incluso con preferencia al promotor, se les reconoce el derecho a decidir qué, cuánto, dónde y cómo se pueden construir viviendas, centros comerciales o campos de golf. Frente a ello, unos poderes públicos, sobre todo regionales, que han renunciado a su obligada e inalienable responsabilidad de dirigir la forma, los modos y los protagonistas de la construcción de la ciudad y el territorio. Poderes públicos que, carentes de una reflexión técnica, cultural y política basada en la racionalidad física y económica en defensa del bien común, han asumido, han internalizado como propias, la lógica, los fines y los modos del negocio privado como único valor eficaz y único camino para garantizar un sedicente desarrollo regional. Si tomamos los desarrollos residenciales de los últimos años como ejemplos más visibles, esta valoración puede hacerse más evidente y contrastable. Basta para corroborar lo antes dicho, un paseo por la Comunidad Autónoma, y contemplar el desarrollo en manta de Boadilla; la insensata expansión de Arroyomolinos (acompañada por el “Parque Xanadú”);…. Y a estos desarrollos “espontáneos” podríamos añadir los impulsados directamente por los poderes públicos, en el caso de Madrid, con los denominados PAU‟s, como puedan ser Sanchinarro y, sobre todo, el Ensanche de Vallecas, verdaderas adherencias adiposas al corazón metropolitano. Y aún no se acaba, pues ya se anuncian desde las nuevas promociones privadas o de los propios planes municipales nuevos, extensos y grandes desarrollos residenciales, con miles de nuevas viviendas, que afortunadamente la actual crisis económica ha paralizado. ¿Hacen falta tantas viviendas dispersas en el territorio de forma extensiva e indiscriminada?. La sola cantidad no es garantía de calidad ni de equidad. Una política

de vivienda cuantitativa y agregada induce al despilfarro y no garantiza una justa satisfacción social ni, menos aún, una racionalidad económica y territorial. Hoy, y en esta Región, en ausencia de unos modelos económicos y territoriales en los que prime el bien común, la gran cantidad de recursos técnicos, económicos y humanos que están vinculados a la construcción residencial, no está dando como resultado unos nuevos ejemplos de ciudad, una nueva estructura metropolitana, sino que se manifiestan como una invasión indiscriminada de nuestro territorio, destruyendo recursos naturales y paisaje y sin dar respuesta eficaz a las necesidades de vivienda de capas muy amplias de la población, especialmente los jóvenes (por no citar el problema de los inmigrantes más o menos integrados). No siempre ha sido así. En el Madrid de los 80, los Barrios en Remodelación fueron respuesta a demandas sociales y a una clara política de “hacer ciudad en la ciudad”. Los Leganés Norte y Madrid Sur, de ayer, o el Ensanche Sur de Alcorcón, de hoy, venían a completar y complementar la ciudad existente y respondían a necesidades sociales bien definidas y acotadas. Respuestas de una escala contenida, integradas en el tejido urbano regional y con un control público en su desarrollo. El despilfarro es consustancial con el modo de producción capitalista, hoy exacerbado por el neoliberalismo, y que en su aplicación, ha confundido la explotación racional de los recursos naturales y humanos, con la simple y brutal expoliación de los mismos. Así está ocurriendo, en Madrid, con los nuevos desarrollos urbanísticos, en los que los promotores se han apropiado de los grandes beneficios inmediatos y dejan como herencia auténticos “espacios basura” y un territorio desarticulado que deberá ser “recualificado” con un gran costo a cargo de los poderes públicos. La lógica capitalista se repite: apropiación privada de los beneficios y socialización de las pérdidas. Pero hoy sería un grave error enfrentarnos a los modos de producción de la ciudad y a los procesos de ocupación del territorio, rescatando del armario gloriosos pero viejos mecanismos intelectuales e instrumentos de intervención, que casaban bien con unas ciudades, en las que casi todo estaba por hacer. La respuesta actual es más compleja de materializar. ¿Cabe oponerse y corregir estos procesos? ¿Es conveniente en los momentos actuales de la economía? ¿Se dispone de los instrumentos adecuados? ¿Lo demanda la sociedad?. No solo es posible, sino necesario, por que los daños ya inflingidos a nuestras ciudades y los desastres territoriales que se anuncian, como herencia inevitable de los procesos en curso, así lo exigen por respeto a una racionalidad económica y medioambiental. Afortunadamente, la actual crisis económica; el cambio climático y la falta de agua; el agotamiento de las fuentes de energía no renovable, una larvada insatisfacción de ciertas capas ciudadanas; parece que apuntan hacia esa exigencia. Dado el grado de consolidación física o legal con que se manifiesta en Madrid la huella territorial marcada por los desarrollos urbanos actuales y emergentes, si no podemos corregirlos y borrar algunos, el esfuerzo habrá que centrarlo en recomponer, en civilizar

lo ya hecho, reorientar lo anunciado y evitar daños futuros con un cambio drástico de modelo con el que hacer ciudad en la ciudad, regenerar y reconstruir territorios ya ocupados pero obsoletos, como algo más importante que fomentar nuevos crecimientos extensivos y dispersos que vengan a colmatar nuestro territorio regional.

3.2. Principios para una nueva cultura urbanística En momentos en los que la regulación urbanística aparece con frecuencia enmarañada en la complejidad normativa y el urbanismo secuestrado por la rutina y los escándalos, es necesario como nunca antes acudir a la inspiración de los principios angulares de la legitimidad de la intervención colectiva sobre la construcción de la ciudad. La cuestión clave consiste en establecer si el planeamiento urbanístico será capaz de ofrecer una respuesta eficiente a los nuevos problemas derivados de la nueva organización del territorio post metropolitano y la cuestión de los límites ambientales tal y como en el pasado fue útil para responder a los graves problemas de organización de la ciudad industrial. Para conseguir este objetivo es necesario refundar su validez y legitimidad social desde nuevos principios. Aparecen dos tareas esenciales: un trabajo teórico de reformulación de los conceptos convencionales del planeamiento y un trabajo político de fortalecimiento de la ética asociada a la defensa de los bienes públicos. El planeamiento urbanístico moderno emergió en la Europa de la revolución industrial de la necesidad práctica de garantizar el funcionamiento, la calidad de vida en las ciudades y la estabilidad de los mercados de suelo, en un momento en el que el crecimiento urbano deterioraba seriamente las condiciones de vida de la ciudad tradicional y amenazaba la propia eficiencia del sistema económico. Las normativas que limitan el aprovechamiento urbanístico, la densidad residencial o los usos del suelo no se justificaban desde la obsesión reglamentista, sino desde la utilidad para garantizar el aire y el sol a las viviendas, la movilidad sostenible, el acceso de los ciudadanos a los equipamientos y servicios, o el equilibrio entre la disposición de una oferta de suelo urbanizado suficiente para satisfacer las necesidades de vivienda y la preservación medioambiental. El planeamiento y la gestión urbanística han constituido instrumentos útiles para alcanzar estándares elevados de calidad urbana, homologables e incluso destacables en el contexto europeo, pero no han logrado evitar las graves distorsiones que en la última década han afectado a las ciudades españolas: dilapidación de recursos naturales o culturales; declive de los centros tradicionales, agravamiento de los costes ambientales e infraestructurales generados por las nuevas formas de ocupación dispersa del territorio; incremento del precio de los productos inmobiliarios, particularmente de la vivienda; fragmentación social; o dificultades de adaptación a una contexto de creciente volatilidad económica; y finalmente la opacidad en la toma de decisiones y la carencia de principios sólidos que la inspiren que ha propiciado la multiplicación de situaciones de corrupción o simple arbitrariedad. La visión de un planeamiento basado en el infraestructuralismo (suplantación de la realidad geográfica del territorio por la organización de las infraestructuras) y el

juridicalismo (suplantación del proyecto de ciudad por la instrumentación jurídica de un pretendido equilibrio funcional) no es válida para entender la nueva realidad territorial ya que la complejidad social, geográfica, histórica y morfológica de su territorio difícilmente se resigna al encasillamiento simplista en las categorías legales de la clasificación y la calificación del suelo. Supone, además un serio obstáculo para afrontar eficientemente el problema esencial: la insostenibilidad de un modelo de ocupación del territorio basado en el consumo masivo de los tres elementos básicos del medio-ambiente: suelo, agua y energía. El actual debate sobre la reforma de la legislación urbanística parece reducirse a la disyuntiva entre liberación del suelo o intervención administrativa, respondiendo más a posiciones ideológicas que a la reflexión sobre qué instrumentos legales y financieros precisan hoy nuestras ciudades. Parece más oportuno superar las deficiencias del sistema urbanístico abandonando la consideración del Plan como mero requisito burocrático y recuperar la consideración del plan urbanístico como instrumento de garantía de derechos ciudadanos y expresión de un compromiso recíproco entre administraciones y ciudadanos desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Ello supone potenciar el carácter de los Planes como instrumentos flexibles y abiertos a la innovación, capaces de abordar el orden estructural y la sensibilidad a lo local; incorporando al proyecto territorial las estrategias ambientales, de vivienda, transporte, infraestructuras. Todo ello necesariamente sustentado sobre el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las administraciones locales; permitiendo que los planes lleguen a ser, algo más que normas y dibujos: el pautado de los compromisos públicos y privados, para construir la ciudad.

Vincular urbanismo y sociedad Para conseguir este objetivo es necesario refundar su validez y legitimidad social del planeamiento desde nuevos principios:  Desde la consciencia de la necesidad de armonizar las técnicas urbanísticas con la complejidad e indeterminación de la realidad urbana y territorial.  Como expresión de la responsabilidad intergeneracional sintetizada en el concepto de desarrollo sostenible. Esta concepción del desarrollo tiene consecuencias esenciales sobre el enfoque convencional del urbanismo y la administración de los recursos al demandar una previsión de las consecuencias de los procesos de transformación espacial a largo plazo, así como la adopción de políticas que reflejen los costes reales del consumo del territorio y su impacto sobre los recursos no renovables.  Como marco de armonización o concertación de los intereses plurales presentes en la ciudad, entendiendo por tales no sólo los referidos a los actores tradicionales (Administración, colectivos vecinales, propietarios de suelo, constructores y promotores…) sino a voces hasta ahora excluidas del discurso urbanístico, especialmente la de la mujer y los segmentos de población más frágiles (niños, ancianos, minorías culturales…).

 Como derecho y garantía de los ciudadanos en relación con el futuro de su medioambiente y los riesgos inherentes a sus transformaciones. En síntesis, el nuevo urbanismo debe asumir como punto de partida de las demandas plurales de los ciudadanos; abandonando la idea de que el planeamiento es solo una mesa de negociación entre propietarios, administradores públicos y profesionales, con el objetivo básico de repartir eficientemente los valores del suelo. Es responsabilidad del planeamiento determinar las capacidades ambientales e impedir que se superen sus límites. La idea de planificación sostenible supone un cuestionamiento esencial del discurso económico simplista conforme al cual la regulación del mercado de suelo operada desde el planeamiento urbanístico es innecesaria, cuando no perjudicial, para la iniciativa empresarial, la innovación y la adecuada asignación de los recursos. Significa, también, entender el planeamiento como instrumento para la concertación, tanto en el ámbito de los diversos niveles de gobierno del territorio, como entre aquellos y la sociedad civil. Adoptando como principios alternativos a la opacidad burocrática: la transparencia y la participación ciudadana directa.

3.3. Objetivos y propuestas para una nueva cultura urbanística. El modelo de desarrollo urbanístico-inmobiliario es un modelo sentenciado por la actual crisis económica, que no puede prolongarse agónicamente, sin el riesgo de que Madrid quede al margen de las metrópolis europeas, que están trabajando activamente para reinventarse y conciliar: calidad de vida, responsabilidad ambiental, y competitividad económica. Es necesario un cambio en la cultura urbanística, que vuelva la vista sobre la ciudad real, donde la gente vive. Hacer un urbanismo para la gente, concebido desde su participación directa y no como negocio inmobiliario. Un urbanismo que se perciba en la vida diaria, en la mejora de la calidad de vida de la gente común: con una vivienda más asequible, con transporte cómodo y eficiente, con equipamientos y servicios de calidad, repensando los espacios y reequilibrando las distintas zonas del territorio. Una nueva cultura del territorio, sensible al medioambiente y sustentado sobre la solidaridad intergeneracional que obliga a plantearnos como ejes prioritarios la sostenibilidad y el cambio climático. UN NUEVO MARCO NORMATIVO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Para ello, se hace necesario no solo reparar las graves disfunciones de la Ley del Suelo de Madrid sino especialmente actualizarla con nuevos contenidos propios. En primer lugar, adaptando la legislación madrileña a la legislación básica del Estado, aprobada a partir de 2.007, obligando así a todos los planes generales a utilizar el suelo conforme el interés general según los principios de desarrollo sostenible, movilidad, accesibilidad, eficiencia energética, prevención de la contaminación, garantía

del suministro de agua, sostenibilidad económica de los ayuntamientos y a incluir las reglas de la evaluación ambiental estratégica en la elaboración del planeamiento. En segundo lugar, devolviendo a la legislación urbanística madrileña instrumentos básicos del urbanismo contemporáneo, suprimidos en los últimos años a través de modificaciones parciales y espurias de la legislación urbanística, a fin de:  Instrumentalizar un marco legal adecuado para la planificación regional y la ordenación del territorio, ante los acuciantes retos espaciales, sociales, ecológicos y de recursos regionales.  Garantizar en los desarrollos urbanísticos cesiones de suelo suficientes para nuevos equipamientos, infraestructuras, servicios y espacios públicos, imprescindibles para garantizar la configuración y organización espacial de la vida social en condiciones adecuadas a una sociedad desarrollada.  Facultar la intervención de las Administraciones Públicas, directa o indirectamente, ante el incumplimiento de la función social de la propiedad tanto en los deberes de edificación, como en los de conservación.  Facilitar la obtención de suelo para la creación de patrimonios públicos de suelo, destinados fundamentalmente a la promoción de vivienda social y a las actuaciones de revitalización de barrios y espacios degradados.  Potenciar la promoción de vivienda protegida, tanto en suelo urbano como urbanizable, priorizando la promoción de parques públicos en arrendamiento. Por último, incorporando tanto a nivel de principios generales inspiradores de la actividad urbanística, como en cuanto contenidos básicos de las determinaciones sustantivas del planeamiento, nuevos temas correspondientes a las prioridades de las políticas espaciales contemporáneas, entres ellas: 

El desarrollo Sostenible, integrando las estrategias de gestión prudente de los recursos naturales y desarrollo urbano sobre la base del principio de evaluación de la “capacidad de acogida” del territorio.



El derecho de los ciudadanos a la ciudad y la salvaguarda de la ciudad construida; abordando tanto los problemas de cohesión social y adecuación en barrios como de revitalización y rehabilitación de Centros Históricos.

 El reconocimiento de la calidad de las arquitecturas y espacios públicos como elementos sustantivos en el cuadro general de calidad de vida.  La transparencia y participación ciudadana como garantía de salvaguarda de los derechos esenciales reconocidos en la ley:   

Al medio ambiente adecuado. A la calidad de vida urbana. A la iniciativa empresarial en la transformación urbanística.

 La valoración positiva y compleja del ámbito rural formulada en la Carta Europea del Paisaje, en línea con la vocación que debiera inspirar al conjunto de la Ley de no constituir una mera Ley de la urbanización.  La integración de la planificación espacial con las Políticas de Vivienda, tanto de creación de nuevo suelo como de rehabilitación, especialmente orientadas a asegurar la satisfacción de los sectores más frágiles de la demanda.  La posibilidad de condicionar el desarrollo de nuevos suelos urbanizables a la creación de barrios que complementen las ciudades existentes, reduciendo los impactos urbanos y medioambientales, ante la escasez de suelo en el futuro.  La previsión de instrumentos de concertación y cooperación administrativa: coordinación vertical de las instancias con responsabilidad en la ordenación del territorio y urbanismo; así como de integración de políticas sectoriales: coordinación horizontal, en el planeamiento.  La instrumentación de la Concertación público-privada más allá de la mera regulación de los Convenios Urbanísticos.  El reconocimiento e instrumentación de los requerimientos específicos de gestión de los Grandes Proyectos Urbanos. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA Sostenibilidad y Coherencia territorial El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sostenible implica la mejora de la calidad de vida dentro de los límites de los ecosistemas con el objeto de preservar el capital natural. La ordenación urbanística asumirá como criterios orientadores los principios de desarrollo urbano sostenible enunciados en la Carta Aalborg:  Sostenibilidad ambiental, al objeto de que el consumo de los recursos materiales hídricos y energéticos renovables no supere la capacidad de los ecosistemas para reponerlos y el ritmo de consumo de los recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos renovables duraderos; evitando, igualmente, que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, del agua y del suelo para absorberlos y procesarlos.  Ocupación del suelo sostenible, que contemple la rehabilitación y reutilización del suelo como opción preferente sobre el nuevo crecimiento, evitando la segregación y dispersión urbana, y contemplando la integración y asociación de usos y funciones con el fin de reducir la movilidad.  Movilidad urbana sostenible orientada a reducir la movilidad forzada y el uso innecesario de vehículos motorizados; priorizando los medios de transporte respetuosos con el medio ambiente mediante la planificación de su uso combinado.

Objetivos de la Ordenación Urbanística La ordenación urbanística es una función pública del gobierno del territorio, indelegable, para la organización racional y equilibrada de su utilización conforme a criterios de desarrollo sostenible, cohesión e integración social. Tiene como objetivos principales:  El equilibrio armónico entre la rehabilitación, conservación y desarrollo urbano y la protección de los recursos ambientales valiosos, espacios afectados a actividades agrícolas y forestales, espacios naturales y paisajes.  La gestión de los recursos naturales, la energía y los residuos, basada en la planificación integrada de los usos del suelo, las actividades y los flujos de energía, al objeto de asegurar el mantenimiento de los ciclos ecológicos esenciales y disminuir las presiones sobre el medio ambiente.  La promoción de la integración y cohesión social previendo capacidades de rehabilitación y nueva edificación suficientes para satisfacer, sin discriminación, las necesidades presentes y futuras de vivienda asequible, actividades económicas de interés general, equipamientos públicos e infraestructuras, teniendo en cuenta especialmente el equilibrio espacial entre empleo y vivienda, movilidad sostenible y la gestión del agua, los recursos y la energía.  La utilización prudente y equilibrada de los espacios naturales, rurales y urbanos, el control de la demanda de movilidad y tráfico automovilístico, la preservación de la calidad del aire, agua, suelo y subsuelo, ecosistemas de interés, paisajes naturales y urbanos, la salvaguarda de los conjuntos urbanos de interés y del patrimonio edificado, la prevención de riesgos naturales previsibles, riesgos de tecnológicos y de la contaminación y elementos nocivos de cualquier tipo.  La calidad arquitectónica de las edificaciones y su inserción armoniosa en el medio ambiente. Derecho a la Ciudad: la cohesión social  La ciudad es un espacio colectivo patrimonio de todos sus habitantes que tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización personal, política, social y económica, asumiendo deberes de solidaridad.  Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a un desarrollo urbanístico ordenado que asegure una relación armoniosa entre el hábitat, los servicios públicos, los equipamientos, los espacios verdes y las estructuras destinadas a los usos colectivos.  Las administraciones responsables de la ordenación urbanística promoverán, con la participación de los ciudadanos y ciudadanas, una planificación y una gestión urbanas, orientando a la consecución del equilibrio entre el urbanismo y el medio ambiente.  Los instrumentos de ordenación urbanística deberán promover la salvaguarda del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico de las ciudades y

así como la rehabilitación y la reutilización del patrimonio construido, al objeto de reducir las necesidades de nueva edificación y su impacto sobre el territorio.  La calidad de vida urbana comportará la integración armónica de los siguientes elementos:          

La diversidad y cohesión de la población, en términos sociales y demográficos. La diversidad de la oferta residencial, adaptada a las condiciones socioeconómicas de los habitantes. La proximidad del equipamiento comercial. Una adecuada oferta de dotaciones y servicios públicos educativos, sanitarios y asistenciales. La existencia de una oferta cultural de ocio y deporte adaptada al conjunto de la población. Espacios públicos atractivos, y seguros. Amplia variedad de medios de transporte colectivo. Posibilidades de empleo y formación. Transparencia y participación ciudadana en las decisiones urbanísticas. Políticas de prevención de la contaminación, incluyendo la contaminación acústica, de ahorro de energía, gestión, reciclaje, reutilización y recuperación de los residuos.

4.- UN NECESARIO CAMBIO EN LA POLÍTICA DE VIVIENDA: El alquiler social como solución y la optimización del parque residencial (más rehabilitación y menos expansión) 4.1. Diagnóstico sobre el problema y las políticas de vivienda Hay más viviendas de las necesarias pero no mejoran las condiciones de acceso. El incremento de la producción inmobiliaria desde 1996, que alcanza sus máximas cotas entre los años 2004 y 2007, con una media anual cercana a las 70.000 viviendas terminadas, de las que un 21,2% fueron viviendas protegidas, no ha supuesto una reducción en el esfuerzo económico a realizar por los hogares para acceder a una vivienda digna y adecuada. Tenemos un modelo de desarrollo inmobiliario basado en la obtención de plusvalías especulativas y en el despilfarro de territorio. En el desarrollo inmobiliario de la Comunidad de Madrid se hacen especialmente patentes las consecuencias de un modelo de organización del espacio en el que priman las estrategias económicas especulativas y de competitividad intermunicipal. El boom inmobiliario se ha centrado en nuevos desarrollos que en general suponen un consumo abusivo e innecesario del territorio, un aumento progresivo de las necesidades de desplazamiento, segregación espacial, déficit de equipamiento y pérdida de cohesión social. Es insuficiente el esfuerzo en la rehabilitación de viviendas y en la regeneración de los espacios urbanos existentes. En la ciudad existente se incrementa el número de viviendas vacías (más del 15% del parque) (uso ineficiente del espacio urbano y prácticas contrarias a la función social de la propiedad) y, en general, no se hace el esfuerzo necesario para la puesta en valor de un parque inmobiliario infrautilizado, con problemas derivados del progresivo deterioro físico o inadecuación funcional de las viviendas. Están desaprovechadas las rentas de localización que proporcionan los espacios urbanos consolidados, que ofrecen proximidad y yuxtaposición de usos y ventajas desde el punto de vista de la cohesión social y la sostenibilidad. Durante estos años han fracasado las políticas de rehabilitación basadas únicamente en la iniciativa privada, como motor de las mismas, donde la Administración Regional ha jugado un papel marginal, y burocrático. Desigual deterioro del parque residencial existente. Existe, además, un buen número de barrios menos favorecidos dentro de los conjuntos urbanos, caracterizados por un marcado deterioro del parque residencial. Dicho deterioro es síntoma y está vinculado normalmente a situaciones de polarización social, de manera que cualquier intervención sobre el conjunto necesite ser abordada de manera integrada. Sin embargo, la política del Gobierno Regional en el último periodo ha abandonado una política integral de rehabilitación de viviendas, limitándose a subvencionar el acondicionamiento de fachadas, cubiertas, y la instalación de ascensores.

Ni el mercado ni la política de Vivienda se han adaptado a los cambios sociodemográficos. La Comunidad de Madrid se caracteriza por tener una sociedad avanzada y dinámica, valor que se manifiesta en la creciente diversidad de los hogares. En los últimos años, como consecuencia de la inercia demográfica y de las tendencias sociales, está cambiando radicalmente el tamaño, la composición y la naturaleza de las unidades de convivencia demandantes de vivienda. Ni la oferta de vivienda libre ni la política de vivienda protegida han sido sensibles a estos cambios, que exigen nuevos diseños, nuevos tamaños y mayor flexibilidad para los cambios de vivienda. La oferta de vivienda protegida se ha dirigido sectores económicamente solventes, en los últimos años. En los últimos años, y especialmente en el último periodo, la oferta de vivienda protegida ha sido especialmente errática, primándose las Viviendas de Precio Limitado que se dirige a hogares con rentas hasta 7,5 veces el IPREM, que han llegado a alcanzar el 49% del total regional, mientras apenas llegaban al 10% las dirigidas a hogares con rentas hasta 3,5 veces el IPREM. Inexistencia de vivienda social en alquiler. La práctica inexistencia de parques de vivienda social en alquiler, en la mayor parte de los municipios de la Comunidad, es consecuencia de la ausencia de políticas activas públicas por parte del Gobierno Regional a pesar de poseer suelo demanial para tal fin en los desarrollos urbanísticos, y del escaso papel jugado por los poderes municipales y por agentes privados en su promoción y gestión. Es éste uno de los hechos que marca una mayor diferencia con respecto a los principales países europeos. Es escaso el esfuerzo político para incrementar la oferta de vivienda en alquiler. A pesar de las permanentes declaraciones de intenciones para fomentar el alquiler, sigue existiendo un predominio casi absoluto de oferta en propiedad. La política de vivienda desde mediados del siglo pasado ha estado siempre dirigida a favorecer la vivienda en propiedad y ello conduce a que los recursos destinados a la promoción de Vivienda Protegida vean reducida su eficacia por los efectos del mercado inmobiliario, tanto sobre la “escasez” de suelo como en relación con el hecho de que la transferencia de plusvalías hacia particulares debilita su carácter social. Son Insuficientes los patrimonios municipales de suelo. Aún cuando los patrimonios municipales de suelo son una herramienta imprescindible para apoyar actuaciones de vivienda social, en la mayor parte de los municipios de la Comunidad se hace evidente una tradicional falta de voluntad política para constituir, gestionar y desarrollar patrimonios municipales de suelo. Déficit de suelo de precio limitado El porcentaje de suelo calificado por los Planes Generales ha sido insuficiente para la demanda de promoción de nuevas viviendas protegidas, por lo que existe un déficit estructural de suelo urbanizado de precio limitado. Política universal de apoyo a la piedra y residual de apoyo a las personas A lo largo del tiempo, la mayor parte de los recursos públicos empleados en España para favorecer el acceso a la vivienda (y dinamizar el sector de la construcción)

corresponden a las deducciones fiscales por la compra de cualquier vivienda. Las ayudas a la vivienda social, menos cuantiosas, tiene carácter subsidiario y generalista al no estar exclusivamente destinadas a los grupos con limitaciones extremas de renta, cosa que sí ocurre con las actuaciones en alquiler, lo que permite considerarlas como residuales. Localizaciones periféricas para la vivienda social La vivienda protegida presenta tradicionalmente localizaciones periféricas, cuando no marginales; su posición en la ciudad, y en ello influyen las escasez de suelo ya aludida, sigue adoleciendo de la mayor parte de los defectos de la tendencia segregadora del desarrollo urbano. Falta información y transparencia en el sector para fundamentar medidas. La falta de información fiable conduce a una tradición de iniciativas políticas sobre vivienda carentes de un conocimiento riguroso de la realidad y, por tanto, poco consistentes, poco eficaces y con escasas posibilidades de consolidarse o perdurar en el tiempo. La falta de conocimiento sobre la realidad del parque de vivienda y del mercado se ha convertido en uno de los principales obstáculos para combatir eficazmente el problema de la vivienda. Todo ello ha consolidado, además, la falta de transparencia sobre el sector inmobiliario, tradicionalmente opaco.

4.2. Principios básicos para una nueva política de vivienda social  Basada en el conocimiento de la realidad La nueva política de vivienda debe fundamentarse en un mayor y más riguroso cocimiento de la oferta (patrimonios municipales de suelo, parque residencial de vivienda libre y, especialmente, protegida) y de las necesidades presentes y futuras de alojamiento, siempre referido a los ámbitos locales y sin olvidar el carácter de bien social y elemento territorial de la vivienda, por encima de su condición de activo económico.  Cambio de modelo. Para conseguir eficacia en las actuaciones dirigidas a garantizar el derecho de todos los ciudadanos a disponer de una vivienda digna y adecuada, hay que modificar el modelo en el que la vivienda-inversión es el principal determinante del desarrollo urbano, que a su vez es la principal fuente de financiación para las Administraciones Locales.  Carácter transversal Las actuaciones en materia de vivienda habrán de plantearse y gestionarse teniendo en cuenta el carácter transversal del problema y en relación con las políticas de educación, empleo, formación, sanidad, servicios sociales,…  Vivienda y ciudad No puede hablarse de vivienda adecuada si no tiene un entorno urbano con calidad ambiental, bien dotado de equipamientos y servicios, bien comunicado y con garantías de accesibilidad universal.

 Rehabilitar es más sostenible que edificar A lo largo de cientos de años, el esfuerzo de la sociedad ha hecho de las ciudades, y de manera específica de su parque residencial, el principal foco de acumulación del ahorro del conjunto de los ciudadanos. La rehabilitación urbana, regenerando de manera integrada barrios o partes concretas de la ciudad, es un ejercicio de responsabilidad tanto con la memoria de las generaciones precedentes como con el bienestar de las futuras, ya que la regeneración urbana es necesariamente más sostenible que el crecimiento indiscriminado.  Factor de reequilibrio territorial Las actuaciones de vivienda social habrán de favorecer el equilibrio territorial y buscar la cohesión social. Debe rechazarse tajantemente que favorezcan la segregación social en el espacio.

 Carácter subsidiario y generalista Las ayudas en materia de vivienda social, inspiradas en el principio de subsidiariedad, tienen como objetivo el reconocimiento del derecho subjetivo a una vivienda digna y adecuada, y pueden estar específicamente dirigidas a atender las necesidades de alojamiento de los grupos con mayores dificultades.  El alquiler como eje de la política de la vivienda social La oferta de vivienda en alquiler, ampliada y diversificada para dar respuesta a la dinámica de cambio de los hogares y a la tendencia social de creciente movilidad, debe convertirse en el eje central de la intervención pública en vivienda.  Mayor implicación municipal y de entidades privadas Para una mayor eficacia de las políticas de vivienda, es necesaria una mayor intervención de los ayuntamientos y hay que incentivar la participación de entidades privadas sin ánimo de lucro.

4.3. Objetivos y propuestas para una nueva política de vivienda  Mejorar el conocimiento sobre las necesidades de vivienda y sobre el parque existente. Creación de un Observatorio Regional de Vivienda que produzca información y conocimiento para sustentar una política de vivienda bien fundamentada, eficaz y perdurable. Algunas de las tareas a acometer de manera inmediata:        

Creación de un registro regional de viviendas. Creación de un registro regional de Licencias de Primera Ocupación. Obtención de flujos de hogares de los Padrones Municipales. Integrar la información del Catastro y del Padrón. Extender la obligatoriedad del uso de la referencia catastral. Obligar por ley a las entidades que gestionen vivienda protegida para que proporcionen información sobre el estado y el uso de su parque. Crear un registro regional de vivienda protegida. Promover un Plan Regional de Investigación sobre Vivienda.

 Optimizar el parque residencial: Rehabilitación y Renovación urbana Se trata de poner en valor el patrimonio existente y de actuar con una actitud proactiva ante los procesos de envejecimiento y las crecientes necesidades de renovación de numerosos espacios residenciales en la Región. Es necesario actuar con dos modelos diferentes e intentando lograr la participación del sector privado.  En centros históricos y ámbitos representativos Se deben conservar los edificios con valor histórico, arquitectónico o representativo de la ciudad a partir de dos criterios fundamentales: Máximo respeto a lo existente y Mantenimiento de la población existente, cuando se trata de acciones de escala urbana o sobre los barrios. Dada la dificultad de gestión y el elevado coste económico de estas actuaciones, hay que proveer ayudas de las diferentes administraciones públicas que las hagan viables económicamente e incentivar la participación de agentes privados y propiciar la implicación de la población y de las actividades residentes.  Ámbitos antiguos degradados sin valores destacables El modelo de desarrollo urbano de Madrid, con crecimientos de aluvión entre los años 50 y 80, tiene, medio siglo después, consecuencias muy intensas en los procesos de envejecimiento demográfico y necesidades de rehabilitación de los desarrollos residenciales de entonces, caracterizados por las bajas calidades y escaso valor arquitectónico. Las futuras políticas de rehabilitación deben de tener como objetivo la recuperación integrada de barrios degradados en los niveles urbanísticos, sociales, arquitectónicos y económicos. La pretensión no es un “simple lavado de cara o de fachadas”, sino una apuesta integral, hasta alcanzar, para las viviendas y sus entornos, los estándares exigibles en la actualidad en términos de sostenibilidad, ahorro energético, accesibilidad, equipamientos y confort. Para ello habrá que contemplar, incluso, la necesidad de realizar realojos temporales. Un Plan de Intervención Integral sobre las zonas definidas como prioritarias en las operaciones de renovación y/o reestructuración urbanas, debe de actuar además como resorte del desarrollo económico y social por cada zona, de manera que se dinamicen el tejido social y económico existente en cada ámbito de intervención, implicando en estos procesos de desarrollo comunitario y multidisciplinar al conjunto de Instituciones y Entidades que actúen en cada zona, acabando con la actual situación de exclusión social. Hay que hacer además viable la intervención de los agentes privados (agente renovador), para acometer actuaciones de renovación con intervenciones intensas, con vigilancia y control público. Hay que acometer la modificación de las normas urbanísticas para generar o visualizar contenidos económicos reales, que hagan atractivas estas actuaciones para los promotores privados, sin que tengan costes no asumibles para los actuales

ocupantes de las viviendas. Se trata de aplicar un modelo similar al de las actuaciones de renovación urbana que se realizaron en los siete barrios de Madrid. Son intervenciones complejas que exigen una gran atención a su componente social. Es fundamental el proceso previo para implicar a la población residente, predominantemente de edad avanzada y limitados recursos económicos, mediante el convencimiento de las bondades de la actuación y la posibilidad de asumir sus costes. Se impulsarían figuras intermedias entre la administración y los vecinos, como oficinas de gestión de recursos y coordinación en aquellos barrios que sean objeto de programas de regeneración integrada. 

Para facilitar estas actuaciones son necesarios cambios legislativos y normativos: Ley de Arrendamientos Urbanos; Normativa urbanística sobre edificación y sobre aprovechamientos; reformas fiscales, para no cargar con impuestos actuaciones poco rentables; Ley de Propiedad Horizontal, para poder desbloquear actuaciones sin tener que expulsar a los vecinos, especialmente de edad avanzada y escasos recursos, con dificultades para afrontar los gastos derivados de este tipo de actuaciones.

De la misma manera, se pondrán en marcha cuantas iniciativas sean necesarias para adaptar las viviendas en la línea de que contribuyan al ahorro energético y minimización de efectos sobre el cambio climático.  Patrimonio público de suelo. Hay que constituir, mantener y desarrollar un patrimonio público de suelo regional a través de las cesiones y de la revisión de la actual Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. El patrimonio público de suelo estará fundamentalmente destinado a la construcción de viviendas sociales, preferentemente en alquiler, o en cesión del derecho de superficie. Se trata de un patrimonio complementario al que deben constituir los Ayuntamientos, con proyección a corto, medio y largo plazo, y con voluntad de superar la escasez de suelo adecuado, como principal dificultad para la promoción de nuevas viviendas sociales, y de corregir la propensión a emplazamientos segregadores y de deficiente calidad residencial.  Generación de nuevo suelo Desde la planificación territorial y urbanística hay que establecer exigencias de racionalidad territorial en los nuevos desarrollos residenciales y, a la vez, hay que garantizar, a los agentes, públicos o privados, la disponibilidad de suelo apto para actuaciones de viviendas con precios limitados. Hay que intervenir desde los tres niveles administrativos y con un urbanismo concertado para garantizar la oferta de suelo suficiente, con criterios de sostenibilidad, estándares de aprovechamiento razonables y tipologías edificatorias y disposición de parcelas que cumplan con criterios de máximo aprovechamiento energético.

 Cambiar la política de acceso a la vivienda Atender prioritariamente el mandato constitucional y fijar como objetivo reconocimiento del derecho subjetivo a disponer de una vivienda digna y adecuada.

Tenemos que plantearnos un diseño pensado para facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada, como mandata la constitución, y no desarrollar políticas dirigidas, prácticamente en exclusiva, a hacer propietarios incluso a quienes no pueden; por ello habrá que destinar las ayudas hacia aquellos colectivos más desfavorecidos, pero no dirigiendo estas ayudas a la patrimonialización de las familias receptoras de las mismas, sino haciendo posible su acceso a una vivienda. Hay además que intentar que las administraciones actuantes no se despatrimonialicen, por lo que habrá que diseñar las líneas de actuación que permitan tener ingresos suficientes para que se vuelvan a invertir y seguir ejecutando este tipo de políticas. Diseñaremos, por tanto, políticas de alquiler sin dejar de lado el impulso para las actuaciones destinadas a la adquisición de viviendas a precios asequibles. Tendremos que establecer que las ayudas se destinen en exclusiva al alquiler y que los ciudadanos que puedan acceder a estas viviendas sean los que tengan una menor renta, dedicando las viviendas en venta al resto de ciudadanos con límites de renta y precios de las mismas prefijados, lo cual es una ayuda incuestionable. Como medidas concretas, se propone: 

Potenciar la promoción de viviendas asequibles mediante la puesta a disposición de suelos destinados a este fin.



Destinar los recursos económicos públicos disponibles a posibilitar la promoción de viviendas protegidas en alquiler.



Desarrollar una entidad semipública para financiar, avalar y cubrir la líneas de capital riesgo de actuaciones en alquiler sobre suelos de redes



Diseñar actuaciones específicas de viviendas en alquiler sobre suelos de redes para colectivos específicos, especialmente destinados a posibilitar la emancipación de jóvenes (con ocupaciones de las viviendas vinculadas a la renta y a la edad de los ocupantes) y a personas mayores o con movilidad reducida, con viviendas adaptadas a las necesidades de este colectivo con servicios específicos (teleasistencia, asistencia domiciliaria,…).



Modificar los requisitos de acceso a viviendas protegidas para posibilitar que personas con movilidad reducida y mayores con vivienda inadecuada en propiedad, en determinadas circunstancias, puedan hacer uso de viviendas adaptadas en alquiler.



Establecer procesos de revisión del derecho a usar una vivienda protegida en alquiler en función del mantenimiento de los requisitos de acceso con unos márgenes para la mejora coyuntural de los inquilinos.



Revisión y gestión más eficaz de las medidas de fomento del alquiler:   



Renta básica de emancipación. Deducción fiscal a inquilinos. Ayudas a arrendadores (rehabilitación, seguro, deducción fiscal).

Insistir en las mejoras de las garantías jurídicas para propietarios e inquilinos (Ley de Arrendamientos y agilización de trámites judiciales).

 Elaborar una Ley de Vivienda de la Comunidad de Madrid En la línea de los ejemplos y las experiencias desarrolladas en Euskadi, Cataluña y Andalucía,…

5.- POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 5.1. Elementos para el diagnóstico La actual incidencia del transporte en el consumo de energía (el 52% del total de consumo en el ámbito regional) y en la emisión de gases invernadero tienen una repercusión manifiesta en la huella ecológica, tan significativa e incidente, que es claramente incompatible con la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático para una sociedad de consumo globalizado. El transporte es el primer sector en incidencia en el cambio climático en nuestra Región, y es también el único sector que crece en mayor medida en emisiones de efecto invernadero desde el año 2.003. Las actuaciones en marcha en el campo del transporte, propiciando incluso con inversiones públicas el auge del automóvil, asociadas al modelo urbanístico de ocupación del territorio de manera difusa, son manifiestamente insuficientes para revertir una dinámica de consumo de energía, emisión de gases de efecto invernadero, generación de costes externos y colaboración al bienestar de los ciudadanos, que sea acorde con los compromisos internacionales asumidos para el horizonte del 2.020. Las mejoras asociadas a la eficiencia energética y ambiental en el campo del transporte son claramente insuficientes, porque no sólo no son compensadas sino que son fuertemente superadas por el alto incremento en los recorridos de personas y mercancías. El consumo energético por el transporte aumenta en la Comunidad de Madrid: un indicador es el incremento de los viajes motorizados (en transporte público y privado) y de su longitud, reflejado en la última encuesta de movilidad (2004). En la misma encuesta, se refleja también un incremento del reparto modal a favor del vehículo privado frente al transporte público, debido principalmente al incremento de viajes dentro de la corona metropolitana. Estas tendencias en la movilidad son negativas desde una perspectiva de "energía y cambio climático". Pero, con independencia de su valoración desde una perspectiva de sostenibilidad, puede ser interesante el plantearse si mejoran o no la calidad de vida de los ciudadanos. Algunas consideraciones en este sentido: 

Más viajes motorizados y a mayor distancia puede indicar el acceso a más oportunidades (empleo, ocio, formación…), a servicios de mayor calidad, a establecer unas redes sociales de relaciones más amplias…



Puede reflejar la preeminencia de una lógica "de oferta" sobre una lógica "de demanda" en la configuración metropolitana: una oferta de servicios de todo tipo controlada por unos operadores económicos que reproducen los mismos modelos en todas las grandes ciudades: unos modelos con un atractivo de precio, de calidad, incluso de "seguridad", que se impone sobre la lógica tradicional que privilegiaba la

"proximidad" física y de "contacto personal". Este fenómeno no es, desde luego, algo exclusivo de Madrid. 

Estas pautas de movilidad resultan más costosas para los ciudadanos (dedicación de un presupuesto mayor para el transporte en valores absolutos, aunque en términos porcentuales respecto a los ingresos del grupo familiar no sea siempre así). Posiblemente no suponen más tiempo dedicado a los desplazamientos (hay bastante consenso en que en términos medios la parte del tiempo dedicada al transporte permanece constante, mientras aumentan las distancias al utilizar modos más rápidos y sistemas más sofisticados), pero sí más tensión (pues la fiabilidad en el tiempo de desplazamiento es menor al aumentar la distancia y al usar modos motorizados: congestión, incidencias…); el desplazamiento pierde parte de su componente "lúdica" tradicional. Puesto que aumentan las distancias recorridas en coche, también puede considerarse que hay un incremento del riesgo a sufrir un accidente.



Posiblemente, existe una planificación personal cada vez mayor de los desplazamientos, con sus consecuencias positivas (mayor organización…) y negativas (pérdida de espontaneidad, flexibilidad…).



Puede estarse generando unos factores de exclusión social en torno a la movilidad: quienes no disponen de vehículo propio, quienes (por razones de edad, de idioma, culturales, de seguridad…) tienen dificultades para utilizar un transporte metropolitano cada vez más complejo y sofisticado…

Esta reflexión puede concluir en reconocer que seguramente los ciudadanos perciben más las ventajas que los inconvenientes del modelo de territorio y movilidad que se ha impuesto en Madrid, pero junto a ello se podría señalar que algunos de las desventajas que están apareciendo se podrían mitigar o anular precisamente con estrategias que tienen el beneficio añadido de producir un modelo con menor consumo energético y con menores emisiones de gases de efecto invernadero, lo que incide de manera decisiva en la contaminación atmosférica. Por cuya causa, los madrileños perderemos entre tres meses y dos años de esperanza de vida, según calculan estudios de la Organización Mundial de la Salud. Los puntos débiles en la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante estos años, que cabría destacar son: 

El coste medio por viajero-km en el conjunto del sistema de transporte público. Este indicador pone en evidencia el incremento en los recursos por viajero (en parte repercutidos en la tarifa, en parte con el incremento de la subvención aportada por el Consorcio de Transportes a los operadores, en parte internalizada por los operadores (si son públicos, claro).



La velocidad media en los servicios de autobuses urbanos e interurbanos en hora punta de la mañana, que pone de manifiesto la falta de atractivo del autobús frente al vehículo privado.



Confort. Número de viajeros por vehículo (o por m2) en hora punta. Pone de manifiesto las malas condiciones de comodidad- y sus repercusiones sobre la seguridad, en el caso del autobús.



Accidentes: evolución del número de atropellos (fallecidos y heridos) en la Comunidad de Madrid, y comparación con otras ciudades: pone de manifiesto la escasa atención que reciben los peatones en la política de la Comunidad de Madrid.



Número de colegios, grandes empresas y polígonos industriales con planes de movilidad (prácticamente ninguno) en la Comunidad de Madrid.



Estaciones de cercanías servidas con líneas de autobús (la falta de cooperación entre los operadores de líneas interurbanas y Cercanías es una barrera considerable para el mayor uso del ferrocarril en parte del área metropolitana).



Coste para la Comunidad de Madrid por viajero transportado en algunas inversiones "estrella": Cercanías a Warner, líneas 1, 2 y 3 de metro ligero…



Desplazamientos en coche de corta distancia.



Porcentaje del desplazamiento en coche en los viajes radiales y dentro de la almendra central (teóricamente, los más favorables al uso del transporte público).



Emisiones de CO2 por el transporte en la Comunidad de Madrid.



Tráfico medio diario en las autopistas radiales de peaje.

5.2. Estrategias para una movilidad sostenible  Remodelar los espacios periurbanos del automóvil. Hay que actuar sobre la ciudad dispersa que se ha producido en los últimos 20 años. Se trata de establecer programas desde la Comunidad de Madrid que permitan mitigar las consecuencias de un diseño urbano desafortunado en la corona metropolitana (zonas residenciales unifamiliares, polígonos industriales…) y que refuerzan el uso del vehículo privado incluso en desplazamientos cortos. Este programa se articularía en acuerdos Comunidad-Ayuntamiento-Vecinos para por ejemplo, crear redes peatonales y para bicicletas, favorecer la implantación de servicios a los que se puede acudir sin necesidad de usar el coche, racionalizar y compartir los servicios privados existentes (zonas deportivas, piscinas…), incrementar la densidad, ofrecer servicios de movilidad alternativos (coche compartido, car-sharing, taxi colectivo, servicios a la demanda…).  Mayor cooperación y protagonismo de los Ayuntamientos. La movilidad se ha convertido progresivamente en una competencia casi exclusiva de la Comunidad (Consorcio de Transportes) en detrimento de los Ayuntamientos. Esto ha tenido ventajas (creación de un sistema integrado sin duda eficiente, aunque costoso) pero también inconvenientes, entre ellos, la escasa atención que se presta a los desplazamientos de corta distancia, al aparcamiento, a las redes no motorizadas… Es preciso darle toda su importancia a estas cuestiones, típicamente municipales. Pero hay

que crear un marco que permita a los Ayuntamientos actuar (un marco de apoyo presupuestario y técnico, a partir de recursos de la Comunidad de Madrid, que dejarían de aplicarse a la extensión del sistema en grandes proyectos de metro y metro ligero para dedicarse a estos programas).  Gestionar mejor el resultado de las malas decisiones del pasado. Se han realizado grandes inversiones con resultados decepcionantes en términos de su utilización por los ciudadanos (Autopistas radiales, L-9 a Arganda, Metrosur, Metronorte, líneas de Metro ligero en Aravaca y Pozuelo…) Pero una vez en operación, son irreversibles y habría que plantearse con seriedad qué tipo de explotación puede hacer estas inversiones más útiles al ciudadano y menos costosas para los presupuestos de la Comunidad de Madrid.  Adaptar la red de carreteras a una movilidad más sostenible. Se trataría de dar prioridad a autobuses, quizá a vehículos con alta ocupación, quizá a vehículos menos contaminantes… en tramos congestionados de la red. Hay varias oportunidades claras, pero que necesitan una inversión elevada: los carriles bus que anunció ya en 2004 el Ministerio de Fomento (pero que tal y como se han diseñado resultan costosísimos y además, con la excusa de crear un carril bus establecen nuevas vías de servicio- en definitiva, nuevos carriles- para el resto del tráfico, con una ocupación considerable del suelo: habría que rediseñarlos); otra oportunidad es la M40, donde podría establecerse un carril BUS o BUS/VAO en los tramos con mayor congestión y donde en estos momentos no hay un buen servicio de transporte público, creando líneas de autobuses transversales que permitieran moverse por la corona metropolitana sin pasar por el centro de Madrid (Por ejemplo, entre la A-6 y A-1, facilitando la relación entre el corredor Noroeste, Tres Cantos y Alcobendas/San Sebastián de los Reyes); también podría establecerse un sistema diferente de peaje en las Radiales- infrautilizadas- reduciendo el peaje para VAO o vehículos con determinado nivel de emisiones. Finalmente, se trataría de estudiar los nudos de la red con mayor congestión para implantar ramales que evitaran retrasos a los vehículos de transporte público, VAO...  Un mayor apoyo a la movilidad cotidiana de los ciudadanos. La ciudad dispersa está creando situaciones injustas: adultos que deben acompañar a niños o ancianos como "chóferes" para múltiples desplazamientos cotidianos; personas que ven su calidad de vida reducida, bien porque desaparecen los servicios de proximidad, bien porque la edad, o las limitaciones físicas u otras razones, les impiden emplear habitualmente modos motorizados… Es preciso analizar y estructurar mejor los sistemas de movilidad que se ofrece a estos y otros colectivos (transporte escolar, transporte a la tercera edad, sanitario…) y establecer alternativas públicas más eficientes y- seguramente- menos costosas para el usuario final. Es preciso resaltar los problemas cotidianos de los ciudadanos en su movilidad y dar soluciones que muestran una preocupación por lo concreto, y no una preocupación por grandes inversiones.

5.3. Objetivos y propuestas para una movilidad sostenible Compromisos a proponer en la gestión del transporte e infraestructuras  Mejorar la gestión de las actuales infraestructuras, primando la eficiencia, analizando cuántos recursos públicos se están consumiendo en plazas-km con escasa utilización.  Mejorar la calidad del servicio que se presta a los usuarios del transporte público: puntualidad, confort (viajeros de pie, densidad…).  Incrementar el peso en la movilidad de los modos de transporte alternativos (bicicleta, car sharing, coche compartido…).  Conseguir un grado de integración del sistema de transporte (estaciones de Cercanías atendidas por servicios de autobús).  Implantar planes de movilidad en colegios y en grandes centros de trabajo.  Primar el uso más eficiente de las grandes infraestructuras de la época PP ("elefantes blancos" hoy con escasa demanda en relación con su elevado coste de inversión).  Aumentar la competitividad del transporte público en las relaciones radiales, teóricamente las más favorables para estos modos: tiempo de viaje de los autobuses interurbanos en situación de congestión.  Mejorar la movilidad no excluyente: número de usuarios con necesidades especiales atendidos (ancianos, PMR, niños, habitantes de áreas rurales). Medidas a desarrollar  Mejora de las condiciones de circulación de los autobuses interurbanos. Establecimiento inmediato de carriles bus provisionales en los arcenes de las autovías radiales durante las horas punta (hasta la ejecución, de los tan anunciados carriles bus). Revisión de líneas para simplificar itinerarios, eliminando el "callejeo" excesivo que perjudica a los usuarios de las paradas de cabecera. Se establecerían líneas diferenciadas para atender las distintas áreas ahora servidas por una misma línea y líneas con acceso a las estaciones de cercanías.  Impulso al anunciado nuevo túnel Este-Oeste de Cercanías. Sin duda, prioritario sobre las propuestas de extensión de la red de cercanías a nuevos municipios, anunciada por el Ministerio de Fomento.  Peaje reducido a los vehículos con alta ocupación (3 ó más ocupantes) en las radiales de peaje.  Fondo de financiación a la movilidad sostenible en los municipios. Este fondo podría alimentarse con aportaciones por parte de los grandes centros generadores de movilidad en coche (grandes superficies y centros comerciales, por ejemplo). Puede financiar la mejora de las redes peatonal y ciclista, la gestión del

aparcamiento, la creación de áreas restringidas a "vehículos limpios", sistema de atención personalizada para la movilidad...  Impulso de la intermodalidad en los municipios metropolitanos. Creación de sistemas de pequeñas zonas de aparcamiento para bicicletas y coches asociadas a algunas paradas de los autobuses interurbanos. Pueden utilizarse también como punto de encuentro para el vehículo compartido, o para el car sharing con apoyo institucional (Consorcio o Ayuntamiento).  Elaboración y aplicación de planes de movilidad obligatorios en centros educativos y grandes centros de empleo.  Programa de interconexión de las incipientes redes de vías ciclistas municipales.

6.- LA ACTIDIDAD ECONÓMICA Y EL SUELO PRODUCTIVO, VINCULADO A LA NUEVA ECONOMÍA Y LA INNOVACIÓN.

6.1. Un diagnóstico sobre el suelo productivo en Madrid La actividad económica sobre el territorio de Madrid ha sufrido la escasa planificación territorial que ha impedido en Madrid una mejora de la competitividad, la adecuación a los nuevos paradigmas tecnológicos y a la globalización internacional, dando lugar a que el territorio madrileño se haya convertido en agresivo para el desenvolvimiento económico. Suelo, localización axial y actividad económica La Comunidad de Madrid muestra que la estructura de localización de las actividades productivas sigue una dinámica axial. La industria, por ejemplo, tiende a localizarse cerca de los ocho ejes que conforman las carreteras nacionales cuyo centro es Madrid, especialmente dibujando una pauta de localización intensa en el Corredor del Henares (A-2), el Sur (A-4 y A-401), así como en el Sureste (A-3) y en Suroeste. La distancia al centro de esta localización dibuja una curva densiométrica descendente de tal forma que la distancia media de la localización industrial -medida desde el Registro de Establecimientos Industriales a través de los criterios de nuevo establecimiento, inversión productiva o empleo generado-, ha mostrado un paulatino alejamiento de la distancia media al centro del nuevo establecimiento, inversión o empleo industrial, motivado por el incremento del precio del suelo, sobre todo en la etapa del boom inmobiliario. En Madrid, además de que el encarecimiento del suelo provoca una expulsión centrífuga de las nuevas localizaciones, incluso superando la frontera con Castilla-La Mancha, es la calidad del suelo, por ejemplo industrial, sin apenas actuaciones públicas, lo que ha generado la paradoja de la existencia de polígonos con oferta inadecuada y demanda insatisfecha. Los nuevos requerimientos de la industria, con una mayor grado de externalización de las actividades productivas, globalización de la competencia y nuevos paradigmas tecnológicos, en ausencia como se ha dicho además de actuaciones públicas, ha provocado que el suelo madrileño sea el más inadecuado para el asentamiento y localización de actividades productivas, especialmente industriales. El suelo de Madrid, desde el punto de vista de la actividad, entonces, sin una planificación pública adecuada, salvo en el período socialista 1983-1995, ha tendido a formar una especialización inadecuada. La industria se ha ido conformando caóticamente a lo largo de las axiales siendo en parte expulsada centrífugamente aún con la existencia de suelo adecuado, especializándose desde el punto de vista de la localización en el sur, sureste, suroeste y noreste, incluso en función de las diferentes ramas productivas.

Las actividades logísticas han encontrado un serio problema de establecimiento asentándose en parte en los municipios más cercanos a través de la axial del noreste. Las actividades terciarias han visto una dinámica proporcional en relación a la intensidad del terciario avanzado con el acercamiento o establecimiento en el centro, diseñando también una estructura macrocefálica de la región. Y la localización residencial ha aprovechado de forma caótica, salvo el período mencionado, su localización en la conurbación urbana y en el centro. No dejamos de lado la localización agraria, cuya dinámica se ha visto expulsada bajo el principio del “todo urbanizable”, y por la tendencia centrífuga de las curvas densiométricas descritas, el incremento del precio del suelo, la concurrencia de localización con otras actividades de mayor productividad y por lo tanto su desaparición dando lugar a un descenso en la diversidad productiva madrileña y un claro atentado al medio ambiente regional. Suelo industrial y productivo Se observa una pérdida de peso del valor añadido industrial en Madrid que, si bien es fruto de un proceso de externalización –como puede observarse en los datos también nacionales-, y la terciarización del sector industrial, también se observa en la Comunidad de Madrid fruto de la inadecuación del suelo y la deslocalización. En los últimos años han ido surgiendo nuevas amenazas para la industria madrileña: las presiones derivadas de la deslocalización hacia el extranjero o del efecto frontera hacia Toledo o Guadalajara; las presiones especulativas de cambio de uso del suelo en los espacios más consolidados, reconvirtiéndolos hacia el terciario o el residencial; y la aparición de un tipo de producción “tercermundista”, que complementa la logística del Gran Bazar asiático, y que ya empieza a ocupar de modo difuso algunos territorios industriales tradicionales. La Administración Regional diseñó a finales de los 80 un ambicioso diseño a escala regional de nuevas piezas de suelo industrial (parques científicos, tecnológicos,…), que se distribuyeron por la Región como talismanes capaces de reinventar el espacio productivo, mucho más exigente en sus requerimientos espaciales para sectores punteros de la industria, basados en las nuevas tecnologías, la I+D+i, la electrónica, las telecomunicaciones, o la biotecnología. Sin embargo muchas de aquellas propuestas quedaron en papel mojado tras el ascenso de la derecha al Gobierno Regional, y los instrumentos para su promoción (ARPEGIO, IMADE, etc.), sobre todo en la última década, han quedado desnaturalizados. Todo ello ha hecho perder competitividad al territorio regional y repercutido notablemente en la evolución negativa del peso relativo de la industria en relación al PIB regional, que ha descendido en la última década un 28%, 6 puntos más que el descenso en la economía nacional. Congestión de la centralidad, descentralización espontánea y obsolescencias La congestión de la centralidad madrileña ha provocado toda una serie de deseconomías que han dado lugar a que se acelere el proceso de difusión de centralidad y la creación de un nuevo territorio regional. Un proceso de congestión de la

ciudad central, hasta alcanzar unos niveles de creciente ineficiencia por saturación, y que, como fruto de esta situación, se han iniciado procesos espontáneos de descentralización de las actividades económicas. A partir de la crisis de los setenta se fue configurando en Madrid una desintegración vertical que ha ahondado en mayor medida el minifundismo empresarial de la industria madrileña. Empresas que en gran parte han ido localizándose sobre una oferta reciente de suelo sin apenas ordenación, en lo que se ha venido en denominar el espacio industrial de la crisis. Se producen, así, en Madrid tres tipos de obsolescencias en relación con la localización de la empresa:  La obsolescencia física. Producida por los cambios físicos que demandan las nuevas técnicas de producción.  La obsolescencia económica. Producida cuando se producen imperfecciones en el funcionamiento de la actividad económica derivadas de haberse quedado fuera del circuito económico.  La obsolescencia ambiental. Producida cuando las sinergias entre la actividad y el entorno no generan economías, tanto cuando el entorno no permite modernizar la actividad, como cuando la actividad agrede al entorno. El terciario y el auge de la actividad logística en la Región Durante la última mitad de los años noventa se ha experimentado un dinamismo extraordinario en el mercado de oficinas. Espacialmente, lo más característico ha sido el intenso proceso de descentralización de las sedes empresariales, ligado a la plena funcionalidad de la red viaria de alta capacidad y al atractivo de determinadas zonas (norte y oeste, M-40, entorno del aeropuerto, etc.) para la implantación de oficinas como consecuencia de su accesibilidad en vehículo privado, de la disponibilidad de suelo y de la posibilidad de materializar en ellas la metáfora empresarial del „paraíso insular corporativo‟. Quizá el ejemplo más significativo del proceso de reorganización de las oficinas en la región sea la emigración de las grandes empresas hacia el territorio red metropolitano, siendo paradigmáticas ilustraciones de la metáfora del paraíso insular corporativo los nuevos campus empresariales de las dos mayores empresas españolas: la Ciudad Financiera del BSCH en Boadilla (173,8 ha, 315.000 de edificabilidad) y la Ciudad de las Telecomunicaciones de Telefónica junto al Polígono 18 de Alcobendas (17 ha, 200.000 edificables). El declive de la actividad productiva madrileña en paralelo al aumento del consumo de bienes producidos en otras regiones (característico de una sociedad más consumista y de una economía más internacionalizada) explican el auge de la actividad logística, de manera que la distribución y gestión de mercancías han venido a sustituir en gran medida a la producción directa. Además de la importancia de Madrid como mercado, el desarrollo extraordinario de la logística en la Comunidad de Madrid es consecuencia del posicionamiento de la región como el gran centro nodal de la circulación y distribución de mercancías en el mercado español, de modo que ésta distribuye actualmente el 60% de los flujos internacionales y el 33% de los nacionales.

Como reflejo de ello, los flujos de mercancías con origen o destino en la región (en los que todavía predomina la carretera como principal vector de transporte, copando un 95%) se han multiplicado por tres. La superficie logística actual puede estimarse en 7 millones de m2 en espacios de uso logístico exclusivo (aproximadamente el 45% del total nacional), complementada con otros 2 millones de m2 en espacios de uso mixto y otros 2 millones en la provincia de Guadalajara, gravitando sobre el triple corredor formado por la R2, la N2 y el ferrocarril. También la Comunidad de Madrid concentra una fracción muy relevante de la superficie que las plataformas logísticas de la gran distribución tienen en España, aproximadamente 630.000 m2 (un 30% del total nacional).

6.2. La función del territorio como agente de desarrollo económico Tres han de ser las funciones del territorio para que la próxima política económica territorial pueda tener el encaje y la eficiencia necesaria.  La función VERTEBRADORA del territorio. Vertebrar el territorio" implica la necesidad de superar los estrangulamientos o disfunciones, que supongan limitaciones a las potencialidades de crecimiento de la Región; así como favorecer formas innovadoras de ocupación del espacio por la actividad económica, y específicamente crear una red articulada de infraestructuras, dotaciones y equipamientos productivos".  La función INTEGRADORA del territorio. Las políticas sectoriales son capaces de integrarse sobre la base del territorio. De este modo, el propio territorio juega un papel de integración de las actividades, económicamente tendrá su plasmación en las relaciones insumo-producto, y espacialmente tendrá su vertebración en el territorio.  La función REEQUILIBRADORA del territorio. "Reequilibrar el territorio" significa que los esfuerzos orientados hacia una mejora de posiciones en el contexto de las regiones urbanas europeas no pueden sustentarse en el agravamiento de las serias desigualdades existentes, ya que éstas supondrían la hipoteca de un desarrollo sostenido ulterior.

6.3. Objetivos/propuestas de la actividad económica en el territorio  En Suelo Agrario El sector agrario tiene escasa importancia en la economía madrileña y su contribución al crecimiento es reducido dado que representa el 0,2% del VAB regional y un 0,4% del empleo agregado, proporciones sustancialmente más reducidas que las que se aprecian para la economía española – 2,6% y 4,2%- respectivamente.

No obstante, y de acuerdo con las directrices del Tratado de Lisboa de la UE, el desarrollo rural debe enmarcarse en el objetivo más amplio de la cohesión territorial. Por ello, los objetivos de este sector en relación con el territorio deben ir encaminados no sólo al mantenimiento del empleo y el valor añadido – en declive histórico en nuestra Región-, sino, sobre todo, a impulsar la modernización y la viabilidad de las explotaciones agrarias, que garanticen la diversidad productiva y el equilibrio medioambiental de la Comunidad de Madrid.  En Suelo Terciario y Terciario avanzado Las Infraestructuras Estratégicas son esenciales y prioritarias para la región de Madrid en estos momentos de cambio de paradigma en el modelo productivo. La realización exitosa de estas infraestructuras tecnológicas y logísticas es vital para el desarrollo regional. Es necesario dotar a la región de un sistema estructurado de infraestructuras y equipamientos para el fomento de la actividad económica.  Establecimiento de una red de “autovías ferroviarias de mercancías”. Medidas dirigidas a racionalizar el funcionamiento del transporte de mercancías, invirtiendo la actual situación en el reparto modal del transporte de mercancías, con una participación mínima del ferrocarril, y desproporcionada del transporte por carretera. Priorizando las inversiones para mejorar la red ferroviaria de mercancías, que presenta demandas potenciales significativas, en función de la capacidad logística de la Región que alberga el 45% de la superficie logística del país.  Revitalización del Territorio y adecuación de suelos originarios Los programas de impulso, apoyo económico y fomento de la innovación y la inversión en I+D deben estar basados en parámetros flexibles, que ayuden a la expansión de la innovación como instrumento de mejora de la productividad y la competitividad, optimizando la gestión de ayudas y programas europeos en el nuevo escenario presupuestario de Fondos Europeos, en la revitalización del territorio, ligado a la rehabilitación de polígonos industriales. Se trata de reinventar el espacio productivo, mucho más exigente en sus requerimientos espaciales para sectores punteros de la industria, basados en las nuevas tecnologías, la I+D+i, la electrónica, las telecomunicaciones, o la biotecnología, intensivas en tecnología y alto valor añadido.  Creación exnovo de áreas de actividad económica Se trata, entonces, de la creación exnovo de centros y clusters como factor revulsivo de la actividad económica, que ayude en la competitividad a las empresas. Entre estos centros exnovos destacamos : 

La creación de la Ciudad Financiera de la Comunidad de Madrid. Un macroproyecto similar al de La Defense en París o al que a lo largo de los decenios han conformado la City de Londres. Aprovechando la Operación Chamartín, en su seno, se aflorarán las potencialidades para poder convertir a Madrid en la principal plaza de flujos financieros y bursátiles entre Europa e Iberoamérica.



La creación de un cluster de Obra Civil, donde la mayoría de las compañías de obra civil de España, líderes mundiales, establecerán localización y sinergias suficientes en el área del Corredor del Henares, investigación y economías de escala a nivel mundial.



La creación de un eje logístico avanzado conformando dos puntos básicos y centrales en el Corredor del Henares y la A-3.



Establecimiento de un cluster de empresas aeroespaciales en el área de Getafe y el sur de Madrid, con presencia productiva y actividad investigadora y formativa.



Creación de un cluster de empresas de agroalimentación en el área de la A-3 con el fin de aprovechar las sinergias productivas de la zona.

 El IMADE como instrumento de convergencia entre la política económica y la política territorial. Se trata de reconvertir el IMADE en:  Una sociedad participativa de la industria regional.  Centro de referencia para la atracción de inversiones industriales.  Garante del desarrollo industrial y la viabilidad financiera.  Gestor del suelo industrial y consorciado con los Ayuntamientos y los privados de cada zona.  Promotor de la rehabilitación de polígonos industriales.  Promotor en el uso de tecnologías que mejoren la competitividad de la industria de la Comunidad.  Potenciación de las cátedras mixtas empresa-universidad.

7.- GOBERNANZA Se parte del término tan en boga de “gobernanza”, como nuevo paradigma de una forma distinta de gobernar, que trasciende del ejercicio de la democracia representativa y que supone la búsqueda de formas de compartir las decisiones de los que ejercen el poder con los ciudadanos afectados por esas decisiones. Cabría descomponer esta forma de ejercicio de administración del poder en tres aspectos fundamentales: I. Gobernanza: como un nuevo estilo de gobernar. II. Concertación: cooperación y acuerdo con otras instancias administrativas, institucionales y sociales. III. Participación: políticas y técnicas que abren los procesos de decisión a los ciudadanos, incorporando sus opiniones al resultado final.

7.1. Gobernanza El término de “gobernanza” extiende la democracia participativa a una nueva forma de entender el gobierno local, basada en un concepto de autoridad más difusa y compartida, que propone la inclusión de los actores sociales y de los ciudadanos en las redes de elaboración e implantación de políticas públicas. De una forma teórica, se avanza pues a favor de la pérdida de unilateralidad en la toma de decisiones políticas, sustituyéndola por un proceso de mutua influencia o de ósmosis entre lo público y lo privado, como respuesta a la complejidad que supone la existencia de densas capas de agentes que componen el tejido social y económico de nuestras ciudades. Todo está por hacer en este aspecto tras lo padecido durante los últimos años en la Comunidad de Madrid. Un gobierno opaco, autoritario, incumplidor de las promesas electorales, manipulador de los datos, con los medios de comunicación públicos a su servicio en niveles desconocidos, insensible a la opinión pública y con lastres como la corrupción e incluso el espionaje entre cargos del propio partido de gobierno. Un gobierno que ha trabajado exclusivamente para la propaganda, el autobombo, la autocomplacencia con el consiguiente despilfarro y con un desprecio absoluto a las necesidades reales de los ciudadanos. Frente a esto, es necesario contraponer un modo distinto de gobernar que además de buscar las decisiones adecuadas en cada momento, con políticas de progreso para el conjunto de la ciudadanía, esté basado en la transparencia del proceso de toma de decisiones, en el diálogo permanente con la sociedad y en la participación de los afectados. Es precisa una nueva forma de hacer política, en primer lugar como fórmula para conseguir una mayor legitimidad de la misma, y en segundo lugar como método para

recuperar el crédito de la propia actividad política y hacer frente al creciente desafecto ciudadano por sus políticos y sus instituciones.

7.2. Concertación Deben incluirse aquí, los procesos de aproximación, negociación, concordancia y finalmente acuerdo entre la administración responsable de la planificación y los otros niveles de la administración: el Estado, las CCAA colindantes y especialmente con el conjunto de los municipios de la región. También debe concertarse con los distintos interlocutores cualificados y representativos de sectores sociales, económicos e institucionales de la región. Este es otro aspecto en el que resulta relativamente fácil contraponer una política radicalmente distinta a la desarrollada por los gobiernos de la derecha en la Comunidad Autónoma de Madrid; que se ha caracterizado en los últimos años por:  La confrontación permanente con el Gobierno de la Nación y el sistemático boicoteo y sabotaje de sus políticas sociales.  La ignorancia y la falta de cooperación con las CCAA limítrofes, cuando no el conflicto.  La relación partidista y clientelar con los municipios de la Región, carente totalmente de una visión metropolitana y de políticas de entendimiento y cooperación y gestión con criterios de rentabilidad social y económica. Frente a todo ello, cabe contraponer la cooperación y el acuerdo interadministrativo:  Con el Estado, mediante el entendimiento para el diseño de políticas conjuntas y complementarias y la gestión consensuada de los aspectos más próximos a los ciudadanos de estas políticas de progreso.  Con las otras CCAA, estableciendo fórmulas de concertación en el diseño y gestión de infraestructuras, política de agua y planificación territorial que supere los desajustes producidos por la gestión “fragmentada” del territorio limítrofe.  Y sobre todo con los 179 municipios de la Región, con los que se deberá propiciar marcos de encuentro en un clima de mutua lealtad institucional para diseñar políticas comunes y compartidas, en especial en: 

La Coordinación del Planeamiento Urbanístico y Territorial.



La racionalización de las inversiones para la construcción y uso de las dotaciones e infraestructuras.



La superación de la discriminación político-ideológica existente a la hora de las relaciones con los municipios y en la asignación de recurso económicos en la cooperación local.



El fomento y recuperación de las mancomunidades plurifuncionales de servicios como fórmula más adecuada de rentabilizar las dotaciones existentes y la productividad y máxima eficacia de las nuevas inversiones y en la prestación de los servicios. La recuperación de un tratamiento diferenciado y singular para los municipios de montaña compensándoles por estar condicionados en su desarrollo, por la necesidad de mantener sus elevados valores medioambientales para el conjunto de la sociedad.



Potenciación de los consorcios con otros organismos de gestión presentes en la Región para la gestión conjunta de intereses comunes y complementarios en beneficio del conjunto de la ciudadanía.



Establecimiento de cauces de concertación y entendimiento con las instituciones sociales y económicas de la Región.



Superación del eterno conflicto con el municipio de Madrid articulando un mecanismo de cooperación permanente que sustituya al permanente “espectáculo” ofrecido durante los últimos años por los responsables políticos de ambas instituciones y configurando un marco auténtico y leal de entendimiento, colaboración permanente, y gestión eficaz de los intereses comunes en beneficio de la ciudadanía.



Por último, la potenciación de órganos ya existentes como la Comisión Regional de Urbanismo, dando mayor representatividad a los municipios y a las organizaciones ciudadanas, así como una relación sincera fluida y efectiva con la Federación Madrileña de Municipios.

7.3. Participación La participación ciudadana en la toma de decisiones políticas aparece en los años 60 del pasado siglo, como un mecanismo para mejorar, para paliar, las imperfecciones de la democracia representativa. Y precisamente aparece ligada a la gestión de las ciudades y muy concretamente al urbanismo y a la planificación urbana. El urbanismo es una disciplina que por su propia naturaleza se ocupa de gran parte de aspectos que tienen una incidencia inmediata y cotidiana sobre la vida de la colectividad y su relación con el espacio que habitan. Además, al ser su ámbito eminentemente local, se ha convertido en uno de los campos sobre los que se han concentrado las mayores demandas de participación. A estas alturas de nuestra experiencia de democrática, parece haberse avanzado bastante, y de forma definitiva, en la idea de profundizar en la democracia participativa, no como alternativa pero si como forma “enriquecida” de la democracia representativa; y aunque puedan quedar algunos detractores, ya nadie cuestiona “doctrinalmente” la bondad de la participación. Mucho más complejo es articular esta participación, hacerla realidad y encontrar mecanismos adecuados y eficaces para cada comunidad y para

cada planeamiento específico. Son múltiples los organismos colectivos, privados y asociaciones que convergen en la ciudad; por lo que resulta difícil y complejo articular fórmulas de canalizar también y de ponderar sus propuestas y aportaciones. Si tradicionalmente la necesidad de la planificación ha estado justificada teóricamente por valores clásicos (metodología, racionalidad, equidistribución); en la actualidad han aparecido otros principios emergentes como; sotenibilidad, respeto por el Medio Ambiente, conservación del Patrimonio que constituyen los nuevos refuerzos ideológicos de legitimación del Planeamiento Urbano. En esta línea, la participación debe ser uno de los valores que contribuya a la legitimidad social del planeamiento urbanístico frente a las pujantes tesis pro-desreguladoras. Hay que partir del convencimiento sincero por parte de los responsables políticos de la necesidad de la participación y no confundirla o suplantarla por la información (también necesaria) o la propaganda como ocurre con demasiada frecuencia. Es necesario diseñar, articular y ofrecer a la ciudadanía mecanismos auténticos de participación en el proceso de toma de decisiones. En la situación actual, en la que finalmente se ha producido la anunciada crisis de un modelo de crecimiento de todas luces insostenible; lo que además de la ruina de multitud de pequeñas empresas surgidas al calor de la actividad inmobiliaria, ha generado un brusco incremento de la tasa de paro en el sector, ha provocado el descrédito social del urbanismo; palabra y actividad que han adquirido una connotación peyorativa. La aparición de notorios caso de corrupción ligados mayoritariamente a la actividad urbanística, completan el panorama “nada edificante” que respecto del urbanismo existe en la actualidad en España. Todo ello ha contribuido a provocar una desafección, especialmente entre los más jóvenes, hacia la actividad política y la clase que la representa, lo que se traduce, sobre todo en ciudades de gran tamaño (con escasísimas excepciones) en una creciente desmovilización social y el consiguiente alejamiento de la ciudadanía de preocupaciones que supongan implicación en tareas propositivas y participativas en la planificación y gestión de su ciudad y en mayor medida aún del territorio. En cuanto al movimiento asociativo organizado, el panorama no es mucho más alentador; parecía que en principio, la “institucionalización” de las AAVV habría debido potenciarlas, hacerlas más visibles y eficaces, y sobre todo permitirlas pasar del enfrentamiento a la colaboración, superando el antagonismo como patrón de conducta. No ha sido así; el papel de las AAVV, en términos generales, ha declinado; y en la actualidad, su relevancia y presencia en el conjunto de las instituciones de la ciudad, es mínimo, casi marginal. La “integración“ de las AAVV en el entramado administrativo no ha servido de impulso de los procesos de participación ciudadana, sino que por el contrario ha contribuido a neutralizarlos, menguando su “frescura”, actividad, presencia y capacidad movilizadora, por lo que, en los últimos años se ha puesto de manifiesto la creciente desconexión de muchas de ellas respecto a los problemas y preocupaciones de los vecinos.

Es necesario invertir la situación actual, en la que el movimiento ciudadano ha quedado reducido a escasas plataformas “reactivas” “contra algo”; recuperando su carácter propositito y la ilusión por participar, intervenir e influir realmente en los procesos de construcción y gestión de la ciudad y asentando nuevas bases para la construcción de la confianza mutua entre el poder y la ciudadanía. Obviamente, la participación real es más factible en ámbitos más reducidos que el de la gestión propia del Gobierno Regional. Lo local, lo municipal es más propicio y adecuado para dar entrada a la participación efectiva de los ciudadanos. No obstante, existen diversas razones que justifican la necesidad y oportunidad de que los ciudadanos participen en la elaboración del planeamiento a cualquier nivel. La más importante radica en el derecho, que los ciudadanos comparten en los sistemas de gobierno democráticos, a expresar una voz propia en todos los asuntos de la política pública y entre ellos sin duda, en el planeamiento urbanístico. Existen además, beneficios que afectan directamente a la viabilidad y calidad del planeamiento, entre ellos debemos citar:  Los ciudadanos son una fuente insustituible de información fruto de la experiencia directa que las Administraciones responsables del planeamiento no pueden ignorar. La incorporación de las ideas de la ciudadanía supone un enriquecimiento del planeamiento y con frecuencia una mejora de su calidad técnica.  La participación a lo largo de todo el proceso de elaboración del planeamiento, reduce de manera constatada la probabilidad de conflictos ulteriores a la aprobación de los planes, contribuyendo así a su duración y estabilidad. En tal sentido, el esfuerzo en dedicación, tiempo y coste económico dedicado a la participación resulta provechoso en el medio y largo plazo.  La Participación fortalece la confianza pública en las Administraciones responsables del planeamiento. Supone también, un proceso educativo en un doble sentido: la participación educa a los ciudadanos sobre los problemas de su comunidad y la aptitud del planeamiento para resolverlos de manera solvente, y promueve además un cambio de estilo de gobierno haciéndolo más abierto, responsable y efectivo.  La Participación Pública fortalece así mismo el sentimiento de comunidad y de pertenencia respecto del plan. La experiencia de partenariado que supone la participación activa fomenta la cooperación entre los ciudadanos, y entre estos y las Administraciones, aumentando el grado de satisfacción respecto del Plan y su ejecución.  La Participación pública es también importante para fortalecer la legalidad urbanística, ya que los ciudadanos informados y comprometidos respecto del plan constituyen la mejor garantía de que tanto la legislación como las determinaciones del planeamiento son aplicadas adecuadamente.

Criterios básicos para promover la participación ciudadana en la elaboración del planeamiento territorial y urbano. En base a las consideraciones anteriores, se sugieren los siguientes criterios para favorecer los procesos de participación ciudadana efectiva en la elaboración del planeamiento en sus diversas escalas:  Promover un avance cualitativo en el nivel de exigencia del proceso de Participación Ciudadana en la elaboración del planeamiento: garantizando no sólo el derecho a la información, sino también a la consulta, a la negociación y a la participación en la adopción de decisiones.  Diferenciar claramente la posición en el proceso de elaboración urbanística, de los propietarios e interesados y la de los ciudadanos en general, discriminando, de esta forma, los derechos subjetivos del derecho a la iniciativa privada y del de la participación ciudadana en sentido estricto.  Publicar desde la Comunidad de Madrid y Ayuntamientos “Instrucciones o Guías de Buenas Prácticas” de carácter no vinculante, para mejorar la cultura ciudadana y administrativa en relación con las técnicas y procedimientos de participación y la normalización documental del planeamiento urbanístico.  Reconocer y facilitar el derecho a la información, diferenciando las necesidades específicas de propietarios e interesados y de la población general. Estos últimos demandan unas condiciones de coherencia interna, legibilidad y facilidad de comprensión de los documentos de planeamiento que raramente es satisfecha de manera adecuada.  Proponer “foros” de concertación social durante el proceso de elaboración del planeamiento, representativos de la riqueza de visiones e intereses de la sociedad civil.  Incorporar al proceso de planeamiento técnicas de consulta y fomento de la respuesta activa por parte de los ciudadanos, al objeto de superar la mera “audiencia indiscriminada” por un programa estructurado de consulta retroalimentada a lo largo de todo el proceso de elaboración del planeamiento. Objetivos:  En cuanto al derecho esencial a la información y a la participación: 

Reconocimiento al derecho a la Participación Ciudadana y formulación de los medios a través de los cuales las Administraciones públicas responsables deben garantizar su ejercicio.



Las Administraciones responsables del planeamiento tienen el deber de asegurar no sólo el conocimiento público de las propuestas de los planes, sino también el deber de promover los conocimientos del derecho de los ciudadanos a participar activamente en las distintas etapas del proceso de elaboración y aprobación de

los mismos; garantizando que todos los ciudadanos afectados tengan una oportunidad razonable para aportar sugerencias, alternativas y alegaciones, y que sus propuestas son tomadas en consideración por la administración y reciben contestación individual y motivada acerca de su aceptación o desestimación. 

Derecho al acceso universal a la información urbanística, con garantía de intimidad extensiva no sólo a los instrumentos de planeamiento y gestión, sino a los documentos de información y bases de datos de apoyo al planeamiento.



Ampliación del derecho a la acción pública que se hace extensivo no sólo al cumplimiento de la legislación urbanística y de los instrumentos de planeamiento, sino también, a la acción de exigir la coherencia entre las determinaciones de los planes y los principios y criterios aplicables formulados en la legislación y en los propios documentos de planeamiento.

 Instrumentos de concertación: 

Incorporación a la legislación de la práctica de negociación administrativa que precede a la aprobación de los planes, en especial entre las Administraciones locales y las Administraciones territoriales superiores, bajo el principio de cooperación y concertación que debe informar las relaciones entre las Administraciones Públicas, que comparten competencias con incidencia territorial.

 Acreditación de la consistencia y coherencia de las determinaciones de planeamiento: 

La potenciación de la Memoria justificativa del plan como instrumento garante de la coherencia interna entre los principios y las determinaciones urbanísticas concretas, adoptadas por el Plan operando en relación con el derecho a la acción pública en exigencia de la coherencia entre las determinaciones del planeamiento y los principios y objetivos formulados en la memoria. Se persigue con ello, incrementar el rigor de los planes de tal forma que se potencie su integración operativa en el conjunto de las determinaciones del plan y facilitar un instrumento de control ciudadano y jurisdiccional de las desviaciones de las determinaciones concretas de planeamiento respecto de los principios generales formulados en la legislación o en las propias memorias de los planes.



Incorporación al Plan de un sistema de indicadores de evaluación y monitorización de las determinaciones del planeamiento. Se pretende con ello, aportar un instrumento que facilite la comprensión de los documentos de planeamiento al público no especialista, mostrando de manera visible e intuitiva los aspectos críticos de la evolución urbanística, ambiental, económica y social del municipio; permitiendo monitorizar a medio y largo plazo el progreso o deterioro en la consecución de los objetivos básicos de planeamiento.

 Información y consulta pública del planeamiento: 

Facilitar el acceso de los ciudadanos a los documentos de planeamiento en locales y equipamiento de acceso público, tales como bibliotecas, centros culturales, etc.



Incorporación de los medios audiovisuales e Internet al proceso de participación pública del Plan.



Incorporación de la consulta pública en las fases iniciales de preparación del plan, mediante las técnicas más adecuadas del análisis sociológico que permitan reflejar las opiniones y percepciones de los ciudadanos. Este proceso de consulta se complementa con la audiencia expresa a las asociaciones vecinales, y ONG‟S relacionadas con las políticas territoriales.



En los Planes Especiales de Reforma Interior deberá procederse además a informar individualizadamente a todos los vecinos censados en el área afectada de su derecho a formular sugerencias, alternativas y alegaciones al planeamiento en las diversas fases de tramitación.



Ampliación de la obligación de efectuar el trámite de información pública con reglas análogas a las aplicables en los avances de planeamiento a las obras públicas y proyectos de urbanización que afecten a espacios públicos de relevante significación cultural, histórica o social por la comunidad.



Carácter público de las alegaciones presentadas al Plan y posibilidad de que terceros puedan aportar informes, comentarios o recomendaciones en relación a las mismas.



Creación de la figura de un inspector independiente responsable de informar, con carácter no vinculante, las alegaciones presentadas en los periodos de información pública.



Derecho a exponer ante la Administración en audiencia pública las alegaciones formuladas por las asociaciones de vecinos y ONG‟S que lo soliciten, y habilitación a los Ayuntamientos para hacer extensivo este derecho al conjunto de los vecinos afectados por el planeamiento.

 Publicidad de los Convenios: 

Reconocimiento del papel de los convenios urbanísticos como formalización de los procesos de negociación y concertación público-privada e interadministrativa, estableciendo reglas de publicidad y participación pública en su proceso de formalización análogas a las formuladas para los planes.

 Institucionalización de la participación ciudadana: Por último, como medida concreta en el ámbito de la institucionalización de la participación ciudadana en los aspectos territoriales cabe proponer la puesta en marcha de forma inmediata de un órgano, con carácter informativo y deliberante, como el que se creó por la Ley 9/95, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo denominado “Consejo de Política Territorial”, y que tras 16 años de gobierno de la derecha nunca llegó a constituirse, suprimiéndose con la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de racionalización del sector público. Este órgano estará destinado a asegurar la consideración y adecuada valoración por las políticas públicas correspondientes de las necesidades y aspiraciones de los sectores de la vida económico-social más relacionados con la Ordenación del Territorio y el Urbanismo. El consejo de Política Territorial estará compuesto, bajo la presidencia del Consejero competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo por representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma; Los Municipios; las organizaciones empresariales y sindicales; Las Universidades; las Corporaciones de Derecho público representativas de intereses profesionales y económicos.; las asociaciones de vecinos y consumidores; las asociaciones para la defensa de valores bienes relacionados con la protección de la naturaleza, el medio ambiente natural y urbano y el patrimonio histórico; y las organizaciones no gubernamentales cuya actividad se relacione con la política territorial; así como por personas del mundo académico, cultural y profesional de relevante prestigio en la materia.