CPCCS Transitorio: Informe de actividades, marzo 2018

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Comisión

Comisión de evaluación

Funciones

Definir los indicadores y estándares para la evaluación de las autoridades

INTRODUCCIÓN El Consejo de Participación Transitorio inició sus funciones el 1 de marzo de 2018, después de que mediante referendo se decidiera el cese en funciones de los siete consejeros habían sido posesionados en 2015. Durante el régimen de transición de esta institución, además de las funciones que le otorga la Constitución, se le otorgó la capacidad de evaluar y terminar anticipadamente las funciones de las autoridades nombradas por el Consejo cesado.

Para esto, el Consejo Transitorio se organizó en tres comisiones para tratar los asuntos más urgentes.

Comisión de normativa para concursos de designación de autoridades

Definir el marco legal y reglamentario para organizar los concursos que deban realizarse

Comisión de transparencia

Revisar y presentar políticas públicas para la promoción de la transparencia y la lucha contra la impunidad.

Facilitar el proceso de transición hacia el Consejo definitivo

Integrantes Pablo Dávila (Presidente)

Luis Hernández

Miryam Félix (Presidenta)

Xavier Zavala

Luis Macas (Presidente)

Eduardo Mendoza

En su primera sesión plenaria, realizada el pasado 7 de marzo, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, posesionó a Julio César Trujillo como presidente del Consejo, y, a su vez, se definió una agenda con el objetivo de establecer los temas más importantes a tratar.

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Sesión

SESIONES Y RESOLUCIONES Durante el primer mes de funciones, el Consejo Transitorio realizó tres sesiones ordinarias, en las que emitió nueve resoluciones.

Sesión

Contenido

Resolución No. 007

Instar el apoyo a la Policía y a las FFAA para resguardar 21/03/2018 la paz de la frontera norte.

Pedido para investigar y evaluar a la Senain.

Resolución No. 008

21/03/2018 de evaluación a las

Mandato para la evaluación de autoridades

Mandato para regular el proceso de investigación 28/03/2018 administrativa, evaluación, impugnación y resolución de las autoridades estatales.

Establece los parámetros

Contenido

Resolución No. 001

06/03/2018

Designación del Presidente del Consejo Transitorio.

Resolución No. 002

Designación del 06/03/2018 Vicepresidente del Consejo Transitorio.

Sesión Innumerada

Resolución No. 001

Destitución de Carlos Ochoa como 07/03/2018 superintendente de comunicación.

*La numeración presentada es la que consta en la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Sesión Ordinaria No. 001

Resolución No. 001

Asumir el mandato popular 13/03/2018 otorgado en la consulta popular y la Constitución.

Resolución No. 004

Exhorto a la Asamblea Nacional para agilitar el 21/03/2018 proceso de juicio político de Carlos Baca.

Por otro lado, el Consejo Transitorio realizó dos sesiones extraordinarias, en las que recibió a organizaciones sociales, asambleístas y ciudadanos.

Resolución No. 005

Exhorto a la Asamblea Nacional para agilizar el 21/03/2018 proceso de reforma de la Ley de Comunicación.

Resolución No. 006

Convocar a Patricio Rivera a audiencia y conceder 21/03/2018 un plazo de tres días para que ejerza su derecho a la defensa.

Sesión Ordinaria No. 002

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Fecha

Fecha

Sesión Innumerada

Resolución

Resolución

Sesión Ordinaria No. 003

Sesión Sesión Extraordinaria No.001

Sesión Extraordinaria No.002

Fecha

autoridades de control.

Tema

22/03/2018

• Recibir a la Comisión Nacional Anticorrupción.

• Recibir al Frente Unitario de Trabajadores.

• Recibir al asambleísta Esteban Bernal.

29/03/2018

• Recibir en audiencia pública a Patricio Rivera.

• Recibir a organizaciones sociales.

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REUNIONES

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el período monitoreado, el Consejo Transitorio celebró cuatro reuniones de trabajo. Estas son sesiones de carácter informal en las que no se requiere un quórum reglamentario ni se adoptan resoluciones.

Fecha

Tema

14/03/2018

No hay información

15/03/2018

No hay información

16/03/2018

Recibir a la Comisión Nacional Anticorrupción y al Frente Unitario de Trabajadores

20/03/2018

Recibir al movimiento político Unidad Popular.

1. Aprobación de parámetros de evaluación Entre las funciones del Consejo, está la de establecer los parámetros de evaluación a las autoridades control que posesionó el Consejo cesado. Para esto, los consejeros buscaron asistencia técnica de Naciones Unidas. Mediante Resolución No. 008 de 21 de marzo, se aprobaron los nombres de los cuatro parámetros de evaluación: legitimidad, legalidad, transparencia y participación ciudadana. El 28 de marzo, se aprobó el Mandato de Evaluación, en el que se especifican los indicadores y subindicadores de cada uno de estos parámetros.

Los parámetros aprobados son sumamente amplios, lo que contraría al principio de legalidad contemplado en la Constitución, art. 76, numeral 3, así como en el artículo 9 del Pacto de San José. Según este principio, nadie podrá ser sancionado ni administrativa ni penalmente por una infracción que no se encuentre claramente establecida en la ley. Además, muchos de los indicadores establecidos en el mandato ya son evaluados por otras instituciones.

Usted puede leer el análisis completo de este mandato aquí.

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2. Destitución de Carlos Ochoa Durante este periodo, se resolvió el cese de Carlos Ochoa de su cargo como titular de la Superintendencia de Comunicación.

La resolución se tomó después de que la Contraloría dispusiera su destitución, tras realizar un examen especial que determinó su responsabilidad durante su gestión como director nacional de noticias del canal incautado GamaTV. Al conocer tal resolución, que se emitió antes del juicio político en su contra en la Asamblea Nacional, Carlos Ochoa declaró que las acciones del Consejo son inconstitucionales y que aceptaba su cese de su cargo bajo protesta.

El informe de Contraloría determinó la responsabilidad de Ochoa por sus acciones como director nacional de noticias de GamaTV. El argumento del Consejo para cesarlo es que dicha responsabilidad y la sanción de destitución que emitió la Contraloría implica una inhabilidad de Ochoa para ejercer el cargos públicos de acuerdo a la normativa vigente.

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Surgen dudas al respecto de esta competencia del Consejo, pues no se enmarca en las facultades extraordinarias que el mandato popular otorgó al Consejo Transitorio por dos razones. En primer lugar, porque el anexo 3 de la consulta popular aprobada el pasado 4 de febrero faculta al Consejo Transitorio a evaluar a las autoridades designadas por el Consejo cesado, esto es, el que estuvo en funciones desde 2015. Carlos Ochoa fue designado como superintendente en 2013. En segundo lugar, porque a la fecha de aprobación del cese el Consejo Transitorio no había definido los parámetros de evaluación de autoridades, y el mandato de la consulta popular establece que la terminación anticipada debe estar precedida por mecanismos de evaluación en los que se garantice “el debido proceso, con audiencia a las autoridades evaluadas e incluyendo los mecanismos de impugnación y participación ciudadana necesarios”.

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3. Exhorto a la Asamblea Nacional El Consejo de Participación Transitorio emitió un exhorto a la Asamblea Nacional para pedir que agilice el proceso de juicio político al fiscal Carlos Baca, y a la fiscal subrogante Thania Moreno. Ante esto, la asambleísta Silvia Salgado (Alianza PAIS-PSE) aseguró que tal exhorto es inoportuno.

De igual manera, se exhortó al Legislativo para aprobar con brevedad las reformas a la Ley de Comunicación. Roberto Gómez (Creo) aseguró que no se han tramitado reformas a la Ley de Comunicación porque las comisiones no han funcionado, pero que la Comisión de Derechos Colectivos avocó conocimiento del proyecto presentado por su compañera de bancada, Lourdes Cuesta.

Es necesario considerar que la realización de exhortos a otras funciones del Estado no se encuentra dentro de las facultades del Consejo Transitorio. Este tipo de acciones vulneran la independencia de las funciones del Estado, consagrada en la Constitución y sobrepasan las atribuciones del Consejo Transitorio.

4. Denuncias ciudadanas El Consejo de Participación Transitorio ha recibido múltiples denuncias por parte de asambleístas y organizaciones sociales respecto de varias autoridades de control.

La primera de estas denuncias fue en contra del Consejo de la Judicatura. En la reunión del 16 de marzo, la Comisión Anticorrupción (CNA) denunció a esa institución por supuesto tráfico de influencias en el caso Estrella Dorada, y por presuntas irregularidades en los nombramientos de jueces. A esta reunión también acudió el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que solicitó que se evalúe tanto al Consejo de la Judicatura como a los responsables del manejo económico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante los últimos 10 años.

Asimismo, el pasado 20 de marzo en una reunión, el movimiento político Unidad Popular (UP) presentó una denuncia en contra del Consejo de la Judicatura y del expresidente Rafael Correa por supuesto tráfico de influencias. La agrupación también hizo un pedido de evaluación al fiscal general Carlos Baca.

El pasado 28 de marzo, Consejo Transitorio recibió a la asambleísta Mae Montaño (Creo), quien solicitó al Consejo la destitución de Carlos Baca y del Presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Además pidió que se cese en funciones al Consejo Nacional Electoral. Montaño además exhortó a que no se nombre a la primera autoridad de la Superintendencia de Comunicación hasta que la Asamblea inicie el debate las reformas a la Ley de Comunicación.

El miércoles 4 de abril, el asambleísta Esteban Bernal (Creo) presentó una denuncia respaldada en un informe de la Contraloría, en el cual se detallan supuestas irregularidades en los concursos públicos efectuados por el Consejo de la Judicatura.

Finalmente, el Consejo de Participación Transitorio recibió a un grupo de jubilados, que manifestaron su preocupación por el mal manejo económico del IESS durante el Gobierno de Rafael Correa.

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5. Cese a Patricio Rivera

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Tras analizar un informe interno sobre la situación jurídica del Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera, el Consejo de Participación Transitorio inició el proceso para cesar en su cargo al funcionario.

El argumento es que Rivera tomó posesión del cargo una vez superado el límite legal que establece la Ley Orgánica de Servicio Público.

Al conocer la disposición del Consejo Transitorio, Rivera aclaró que seguirá en el cargo hasta que llegue la notificación pertinente de su destitución.

El superintendente no se presentó a la audiencia de descargo, que se realizó el jueves 29 de marzo, por lo que el Consejo Transitorio siguió con el procedimiento y fue cesado.

El informe jurídico señala una supuesta caducidad del nombramiento de Rivera, debido a que la Asamblea Nacional tardó meses en posesionarlo, cuando el plazo es de 15 días. El informe también menciona que en el periodo transcurrido entre su designación y su posesión, el presidente Lenin Moreno designó a Rivera como consejero de Gobierno y delegado ante el Comité de Deuda y Financiamiento.

Es cuestionable que el Consejo Transitorio decida evaluar a Rivera cuando es evidente que el incumplimiento en el plazo de posesión provino de la Asamblea Nacional que, según la Constitución, es la encargada de posesionar a este funcionario.

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AGENDA FUTURA Y DECLARACIONES DE OTRAS AUTORIDADES El presidente del Consejo, Julio César Trujillo, anticipó que las primeras instituciones a ser evaluadas serán los miembros del Consejo Nacional Electoral, debido a la proximidad de las elecciones de 2019; los jueces de la Corte Constitucional, y las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Sobre las autoridades de la Fiscalía, se evaluaría al Fiscal General Carlos Baca y la Fiscal Subrogante Thania Moreno, por las acusaciones de presuntos actos de corrupción.

La Secretaría Técnica de Transparencia será la encargada de la evaluación de estos procesos, que iniciarán en abril de 2018. Esta entidad se encuentra liderada por María de Lourdes Arboleda, quien fue designada por el Consejo Transitorio en Sesión No. 001 del 13 de marzo de entre una terna enviada por el presidente Lenin Moreno. Arboleda también fue parte de las ternas propuestas por moreno para la designación del Consejo transitorio.

Por otro lado, el Consejo transitorio también ha planteado reformas a la manera en que se designan autoridades. Trujillo afirmó que “este organismo es completamente nuevo, creado con la consulta popular y, por consiguiente, tendremos que revisar reglamentos y otros detalles”.

El ente propone que los consejos ciudadanos encargados de organizar los los concursos públicos provengan de un banco de elegibles.

Además, dentro del organismo se plantea la reestructuración de su presupuesto. Para la consejera Myriam Félix es necesario optimizar recursos. “En el tema de las veedurías ciudadanas hay por ejemplo muchas entidades y personas que han manifestado su intención de colaborar sin paga”, señaló.

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CONCLUSIONES Las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio durante su primer mes de actividades demuestran, desde ya, alta discrecionalidad y desapego a los principios jurídicos fundamentales y a la normativa legal vigente. La decisión de cesar a Carlos Ochoa, exsuperintendente de comunicación, sin un proceso de evaluación como lo estableció el mandato popular, evidencia una vulneración al debido proceso. Tampoco se consideró este particular en el cese de funciones de Patricio Rivera como superintendente de economía popular y solidaria, pues el retraso de meses en su posesión sería, en todo caso, responsabilidad de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el tema que genera más controversias es el del “Mandato de Evaluación de las Autoridades Designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, pues este

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documento y su Anexo 1 determinan criterios extremadamente subjetivos para la evaluación de las autoridades, que no garantizan que este proceso se realice de manera objetiva y en el marco del respeto al Estado de Derecho.

Por medio de este instrumento, el Consejo de Participación Transitorio llega a arrogarse funciones que no le corresponden y que contradicen disposiciones establecidas en la Constitución y la ley. Esto siembra dudas, favorece la discrecionalidad y poco ayuda a la construcción de institucionalidad en Ecuador.

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