CPCCS: El secuestro de la participación ciudadana en Ecuador

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¿QUÉ ES EL CPCCS? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es una institución pública autónoma que pertenece a la Función de Transparencia y Control Social. Fue creada con la aprobación de la Constitución de la República 2008, en la que también se creó la Función de Transparencia y Control Social. Esta institución está integrada por siete Consejeros, entre los cuales se nombra a un presidente y un vicepresidente. Sus miembros son designados por medio de un concurso de méritos y oposición organizado por el Consejo Nacional Electoral.

El CPCCS es la institución encargada de promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designar a las autoridades de control. El Consejo tiene entre sus funciones investigar denuncias sobre actos que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción, coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción, establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.

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Por mandato constitucional se encarga de la designación de autoridades de control a través de tres tipos de procesos: TIPO DE PROCESO

Por ternas del Ejecutivo, con veeduría e impugnación ciudadana.

AUTORIDAD Procurador General del Estado Superintendente de Bancos y Seguros Superintendente de Comunicación Superintendente de Economía Popular y Solidaria Superintendente de Control de Poder de Mercado Superintendente de Compañías Superintendente de Ordenamiento Territorial

Por ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor Miembros del Consejo de la Judicatura Público, la Función Ejecutiva, y la Asamblea Nacional, con veeduría e impugnación ciudadana.

Defensor del Pueblo Defensor Público Fiscal General del Estado Por concurso público de méritos y oposición, con Contralor General del Estado veeduría e impugnación Miembros del Consejo ciudadana.

Nacional Electoral Miembros del Tribunal Contencioso Electoral

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Además, se encarga de nombrar, por mandato legal, a las siguientes autoridades a través de diferentes procesos: Concurso público Concurso Público

Sorteo Comisión calificadora integrada por la Defensoría del Pueblo, Presidencia de la República y la Asamblea Nacional Concurso público Concurso público

Representantes de los afiliados activos y jubilados al Directorio del Banco del IESS Representantes de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria Defensores y defensoras del cliente ante cada una de las entidades integrantes del Sistema Financiero Héroes y Heroínas Defensores de Audiencias y Lectores de los medios de comunicación social de alcance nacional Representantes de los Consejos Nacionales de Igualdad

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¿QUIÉN LO NOMBRA? Los siete consejeros son nombrados para un período de cinco años. Ellos son seleccionados a través de un concurso público de oposición y méritos, con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana, organizado por el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con el artículo 207 de la Constitución.

Este proceso determinado en la Constitución ya se ha realizado en dos ocasiones: en el 2010 y en el 2015. Una vez aprobada la Constitución, se nombró a un Consejo de Participación de carácter transitorio. Sus vocales fueron designados después de un concurso de méritos y oposición organizado por la Comisión Legislativa y de Fiscalización, conocida como “Congresillo”. Los miembros seleccionados fueron Julián Guamán Gualli, Mónica Banegas Cedillo, Carlos Vera Quintana, Betsy Salazar González, Pablo Cornejo Zambrano, Roxana Silva Chicaiza y Oswaldo Ruiz Falconí. Fueron posesionados en enero de 2009 y estuvieron en funciones nueve meses, hasta que se aprobó la Ley de Participación Ciudadana y Control Social. Sus dos únicas funciones fueron:

• Reglamentar las Comisiones Ciudadanas de Selección de autoridades, así como establecer las normativas correspondientes a cada concurso.

El primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue posesionado en marzo del 2010. Los vocales fueron seleccionados tras un concurso público de méritos y oposición organizado por el Consejo Nacional Electoral, dirigido en ese entonces por Omar Simon. Los consejeros designador fueron: Marcela Miranda, Fernando Cedeño, Luis Pachala, Tatiana Ordeñana, Mónica Banegas, Andrea Rivera y David Rosero.

El CPCCS fue renovado totalmente en 2015, a través de un nuevo concurso público organizado por el CNE, dirigido por Juan Pablo Pozo. Allí se nombró a los vocales que actualmente están en funciones, y que deberán ser renovados en 2020. Sin embargo, de aprobarse la pregunta 3 de la consulta popular, estos siete vocales serán cesados en sus funciones en 2018.

• Preparar el proyecto de Ley Orgánica para determinar la organización y funcionamiento del Consejo.

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¿CÓMO ESTÁ CONSTITUIDO? Los consejeros nombrados en 2015, después del concurso de méritos y oposición, fueron: • • • • • • •

Raquel González (Presidenta) Edwin Jarrín (Vicepresidente) Xavier Burbano Doris Gallardo Tito Astudillo Tania Pauker Juan Peña

El proceso de designación de los consejeros fue ampliamente cuestionado: se presentaron varias impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral. Así mismo, el Observatorio Electoral, a través de su Director, Fausto Camacho, presentó denuncias por supuestas falsedades en los documentos presentados por los consejeros .

El pasado 19 de enero, Xavier Burbano renunció a su cargo como consejero por estar en desacuerdo con la pregunta 3 de la consulta popular, en la que se plantea la terminación anticipada de los cargos de los consejeros actuales para dar paso a un Consejo transitorio.

Lo reemplazó en su cargo Sonia Vera.

Los miembros del actual CPCCS han sido ampliamente cuestionados por su cercanía al Régimen de Rafael Correa. Según la plataforma web de la Contraloría General del Estado y las hojas de vida de los mismos consejeros, todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control social han ocupado cargos en el sector público, especialmente durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

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Número de cargos ocupados en el sector público*

Número de cargos en el sector público durante el gobierno de Rafael Correa (15 de enero de 2007 – 24 de mayo de 2017)

Yolanda Raquel González Lastre

4

4

Edwin Leonardo Jarrín Jarrín

7

7

Tito Fernando Astudillo Sarmiento

9

5

Doris Lucía Gallardo Cevallos

7

5

Tania Elizabeth Pauker Cueva

8

6

Juan Antonio Peña Aguirre

2

1

Sonia Gabriela Vera García

9

7

Nombre

*Se consideran los cargos antes de ocupar el cargo de Consejero. Fuentes: Contraloría General del Estado y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

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YOLANDA RAQUEL GONZÁLEZ LASTRE Presidenta CPCCS

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A continuación, presentamos un perfil completo de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social:

EDWIN LEONARDO JARRÍN JARRÍN Vicepresidente CPCCS

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TITO FERNANDO ASTUDILLO SARMIENTO Miembro CPCCS

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DORIS LUCร A GALLARDO CEVALLOS Miembro CPCCS

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TANIA ELIZABETH PAUKER CUEVA Miembro CPCCS

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JUAN ANTONIO PEÑA AGUIRRE Miembro CPCCS

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SONIA GABRIELA VERA GARCร A Miembro CPCCS

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RELACIONES DE PODER YOLANDA RAQUEL GONZÁLEZ LASTRE Fue militante en el partido oficialista Alianza País, organización en la que ocupó varios cargos: • Miembro de la Directiva Provincial del Guayas en el 2012 • Responsable del equipo de capacitación política del

EDWIN LEONARDO JARRÍN JARRÍN Por su hermano, el fallecido Arturo Jarrín, se lo ha relacionado al grupo subversivo Alfaro Vive Carajo, aliado del correismo.

Así mismo, su esposa, Soledad Buendía, es asambleísta por el movimiento Alianza PAIS, de acuerdo varias noticias publicadas por los medios La Historia, Diario Expreso y La República1.

En el 2014 fue incluido en la lista de los 40 funcionarios con los sueldos más altos del Palacio Presidencial. En ese año

Guayas en 2006 • Miembro del Equipo de Nacional de Capacitación Política PAÍS 2006 -2007 Conformación de las Escuelas de Formación Política en 22 provincias del País • Miembro del Equipo Nacional de Formación Política del Movimiento, 2007 2008.

Por el mismo partido fue candidata a Concejal de Guayaquil en 2014.

se desempeñaba como subsecretario general del Despacho Presidencial recibiendo la cantidad de $5566 como sueldo mensual.

A Edwin Jarrin se lo ve fuertemente vinculado con el Correismo, ya que en noviembre del 2017 se pone en contra de la consulta popular propuesta por el presidente Lenin Moreno, llamándolo “golpe de Estado”.

Durante su periodo como Secretario de Transparencia (20102012), la institución recibió una denuncia de Diego Vallejo Cevallos, quien afirmaba que Glas ordenó a la institución suspender las investigaciones de los viajes a China de Ricardo Rivera, relacionados al caso Odebrecht.

1. Fuente: La Historia, La República, Diario Expreso

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DORIS LUCÍA GALLARDO CEVALLOS En agosto de 2014, el Pleno del CPCCS ya la designó como miembro de la Comisión Ciudadana de Selección que realizó la primera renovación parcial de dos vocales del Consejo Nacional Electoral.

Según la Contraloría General del Estado, entre 2012 y 2014 Doris Gallardo fue Asesora del Programa de Reestructuración del Consejo de la Judicatura y en 2014 asumió la dirección de este organismo. En septiembre de 2014, la revista digital América Económica publicó un artículo en el cual se revela que durante este proceso de renovación, el Consejo de la Judicatura

TANIA ELIZABETH PAUKER CUEVA Es esposa del asambleísta de Alianza PAIS, Carlos Viteri, de acuerdo a notas publicadas por los medios La Historia y Diario Expreso2.

1. Fuente: La Historia, Diario Expreso.

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suscribió 441 contratos bajo el régimen de emergencia. De los 326 contratistas que participaron en la emergencia judicial en Ecuador, 16 obtuvieron el 46% del monto total contratado. Se adjudicaron US$208,7 millones de los US$448,4 millones. A pesar de que la mayor parte de estos contratos (436) se suscribieron mientras Mauricio Jaramillo era Director del Consejo de la Judicatura Transitorio, los cinco restantes se suscribieron cuando Doris Gallardo asumió el cargo.

Una nota publicada por diario Expreso el 30 de julio de 2015 señala que Doris Gallardo, así como los consejeros Tania Pauker y Edwin Jarrín, reconoció tener amigos y parientes cercanos al gobierno de Alianza País e incluso estar afiliada al movimiento pero declaró que estos no son impedimentos para actuar con independencia.

La exasambleísta María Paula Romo denunció que, cuando postuló al CPCCS, Pauker no declaró sus acciones en la empresa Pauker Dávila Construcciones, en liquidación desde 2013.

Tampoco declaró que fungió como gerente general de la empresa Evalpeople Corp entre 2008 y 2012, cuando la compañía fue disuelta.

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FUNCIONES CONTROL SOCIAL Para cumplir la misión de promover el control social, el CPCCS contempla diferentes mecanismos. Las veedurías, los observatorios, las defensorías comunitarias y los comités de usuarios son los mecanismos previstos en la ley para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al control social. Dado que se trata de la garantía de un derecho constitucionalmente reconocido, no es necesario ningún tipo de registro para participar de estos mecanismos, sin embargo el CPCCS realiza convocatorias oficiales para ciertos procesos, para lo cual existe un proceso regulado y mecanismos de registro para las organizaciones y ciudadanos interesados.

que cumplen una actividad independiente. Están integradas por personas naturales y/o representantes de organizaciones sociales.

La Ley de Participación Ciudadana establece que las veedurías deben ser reglamentadas por el Consejo. En ese Reglamento, se establece que para conformar una veeduría se debe seguir un trámite burocrático que incluye su inscripción en el Consejo, que verifica los requisitos y puede negar la inscripción de la organización.

VEEDURÍAS Es un mecanismo de control social por el cual los ciudadanos vigilan, fiscalizan y controlan la administración de la gestión, tanto del sector público como el sector privado que manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público. Es decir, las veedurías son un ejercicio de vigilancia ciudadana regidos por los principios contemplados de la Ley de Participación Ciudadana, 13

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Según el último informe de rendición de cuentas del CPCCS, en el 2016 se conformaron 214 veedurías: siete por iniciativa del Pleno del Consejo, 73 por iniciativa de autoridades, y 134 de iniciativa ciudadana. Según los informes de rendición de cuentas de años anteriores, en el año 2015 se realizaron 125 procesos de veedurías, en el año 2014 se dieron 108 procesos, en el año 2013, 92 procesos, durante el 2012 se dieron 46 veedurías y durante el 2010 se dieron 36 procesos.

Los datos del 2017 y de años anteriores fueron requeridos mediante una solicitud de acceso a la información que, hasta la fecha de cierre del presente informe, no ha recibido una respuesta.

Desde la reglamentación de las veedurías, han salido a la luz casos polémicos en los que se cuestionan los procesos de estos mecanismos de control social, como los siguientes:

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VEEDURÍA A LOS CONTRATOS DE FABRICIO CORREA, EL “GRAN HERMANO” En 2009, se conformó una veeduría ciudadana con el objetivo de analizar los contratos otorgados al hermano del entonces presidente Rafael Correa. En la veeduría, se llegó a la conclusión de que el hermano del presidente, Fabricio Correa, fue favorecido con contratos con el Estado que ascendían a USD 700 millones. El perjuicio para el país se calculaba en USD 143 millones. La veeduría además aseguró que Rafael Correa tenía pleno conocimiento de los contratos de su hermano antes de que el caso se hiciera público.

Por esta última aseveración, los miembros de la veeduría fueron demandados por el presidente Correa, acusados de falso testimonio y sentenciados a un año de prisión. En 2017, el presidente Lenín Moreno indultó a Gerardo Portillo, el único de los veedores que fue encarcelado.

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VEEDURÍA PARA LA SELECCIÓN DE AUTORIDADES FUE SILENCIADA Para la selección de autoridades de la primera Corte Constitucional en el año 2011, se estableció que los veedores debían guardar silencio durante todo el proceso, de acuerdo al Reglamento para la Conformación de la Comisión Calificadora.

Para algunos veedores, esto suponía una mordaza, pues es deber de cada veedor mantener a la ciudadanía informada y prevenir posibles irregularidades en el proceso. Los veedores dijeron que al mantener reservas en la información se estaría violentando mismo Reglamento y el principio de publicidad establecido en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

INCONSISTENCIAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE FISCAL GENERAL 2011 En 2011 coordinadora de la Veeduría para la selección del Fiscal General, Karina Guerrero, denunció varias inconsistencias en el proceso de selección. Según Guerrero, algunos de los veedores no contaban con la calidad y requerimientos. Además denunció inconsistencias en los documentos de algunos de los candidatos que tuvieron las puntuaciones más altas.

Para Guerrero, todo el proceso tuvo deficiencias que tienen las veedurías. Sugirió cambios para que las veedurías tengan mayor peso, como que las decisiones que se tomen sean vinculantes, pero estos no fueron acogidos.

En este proceso, fue designado como Fiscal General, Galo Chiriboga.

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DESTITUCIÓN DE VEEDOR LEONIDAS MORENO ORDÓÑEZ En 2012, la Dirección Nacional de Control Social del CPCCS destituyó al veedor Leonidas Moreno Ordóñez del “Plan de reestructuración del Consejo de la Judicatura transitorio”, tras recibir denuncias de supuestas anomalías durante su gestión de veedor. Las acusaciones señalaban que no cumplió los objetivos de la propuesta de ejecución de la veeduría, no cumplió el cronograma de trabajo, y usó de forma personal y dolosa de la credencial que le entregó el CPCCS.

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DESIGNACIÓN DE COORDINADOR DE VEEDURÍA PARA RENOVACIÓN DEL CNE El 31 de julio de 2017, Patricio Camacho, jefe de supervisión del Mercado Mayorista, fue designado como coordinador de la veeduría ciudadana para la renovación parcial de consejeros del CNE. Su designación fue cuestionada por supuestamente ser afín a Alianza País.

Varios veedores seleccionados cuestionaron la transparencia del proceso porque, según dijeron, la notificación para la veeduría les llegó tarde o no fueron notificados. Esto habría causado que postulantes que viven fuera de Quito y en el exterior no pudieran formar parte de las votaciones.

Adicionalmente, hubo quejas de los postulantes que no fueron electos como veedores, pues el CPCCS habría rechazado algunas solicitudes por tener manchones y errores.

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OBSERVATORIOS Los observatorios son un mecanismo de control social que, a diferencia de las veedurías, tienen como objeto monitorear y vigilar el cumplimiento de la política pública por parte de las entidades públicas y el sector privado que tienen actividades de interés público o manejen recursos públicos.

Observatorio Seguridad y Salud de los Trabajadores del Ecuador y el Observatorio Ciudadano de la Familia, ambos en la ciudad de Quito. Esta cifra se compara con la de años anteriores: 8 en 2015, 12 en 2014, 8 en 2013 y 1 en 2012.

Los observatorios están conformados por personas naturales u organizaciones sociales de hecho o de derecho que no tengan conflictos con la política pública que va a ser sometida al proceso de diagnóstico, monitoreo y seguimiento propio de los observatorios.

Los miembros de los observatorios tienen que cumplir con los principios de independencia, transparencia, responsabilidad y corresponsabilidad, objetividad y oportunidad.

Los observatorios, sin embargo, no son regulados por el Consejo de Participación Ciudadana y su registro es opcional.

Según el informe de rendición de cuentas del CPCCS, en el año 2016 se conformaron dos observatorios ciudadanos: el 17

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DEFENSORÍAS COMUNITARIAS

COMITÉS DE USUARIOS

Las defensorías comunitarias son un mecanismo de control social que permite a las comunidades, parroquias, barrios y sectores rurales y urbanos organizarse de tal manera que permita la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de los ciudadanos.

Por lo que, las Defensorías Comunitarias tienen la responsabilidad de denunciar de forma clara y precisa casos de violación o amenaza inminente de vulneración de los derechos de los ciudadanos.

Son formas organizativas que permiten el control ciudadano y permanente, así como observar e incidir en la prestación de servicios públicos o privados que tienen actividades de interés público, por medio de la recepción de quejas y denuncias respecto a la calidad de servicio que reciben los usuarios.

Los comités de usuarios tienen que ser integrados por un mínimo de cinco personas naturales o jurídicas o a su vez representantes de organizaciones sociales que sean usuarios de algún servicio público.

Los integrantes de estas defensorías tienen que ser miembros activos de la comunidad o de alguna organización con la motivación de protección y vigilancia de la garantía de los derechos humanos.

Estas organizaciones no son reguladas por el Consejo de Participación Ciudadana y su registro es opcional.

En los informes de rendición de cuentas del Consejo no se incluye la cifra de defensorías comunitarias.

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El informe de rendición de cuentas del CPCCS señala que en 2016 se conformaron 7 comités de usuarios, la misma cifra que en el 2015, en 2014 se conformaron 83 comités de usuarios, en 2013, 1 comité, en 2012, 24 comités.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA La Ley Orgánica de Participación Ciudadana contempla varios mecanismos para garantizar este derecho constitucional.

Estos mecanismos no requieren la intervención del Consejo de Participación Ciudadana, ni de ningún otro organismo estatal pues son de libre uso para la ciudadanía. Sin embargo, entre los objetivos del Consejo está la promoción de la participación ciudadana. Por esta razón, la entidad organiza eventos para la promoción de este derecho. Según el último informe de rendición de cuentas disponible, en 2016 se realizaron 159 “procesos de fomento de la participación ciudadana”, 28 “procesos de formación ciudadana”, y 23 “procesos de fortalecimiento institucional”.

RENDICIÓN DE CUENTAS Una de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana es la recepción de las rendiciones de cuentas anuales de todas las instituciones del Estado. El CPCCS como institución debe establecer y coordinar los mecanismos, instrumentos y procedimientos para la rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos y de los medios de comunicación social.

Durante los primeros cuatro meses de 2017, el Consejo receptó solicitudes de asistencia técnica en temas de rendición de cuentas por parte de instituciones públicas y ciudadanía en general. Según la información disponible en su página web, se capacitó a 21.938 personas: 10.893 personas se capacitaron a través de asistencias técnicas presenciales, telefónicas, por correos y por oficios. Por otro lado, 11.045 personas de 2.283 instituciones públicas fueron capacitadas en cuanto a rendición de cuentas.

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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre sus atribuciones, también tiene la de recibir, tramitar y, de ser el caso, patrocinar causas relacionadas con corrupción. Con su creación, asumió las atribuciones de la ex Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SNA).

El CPCCS debe investigar los casos en los que haya habido obstáculos para realizar trámites o pedidos ciudadanos que operen con servicios del Estado y sean de interés público que pudieran afectar a la sociedad y limitar el derecho ciudadano a la participación ciudadana y el control social.

En 2010, el Consejo heredó 2.852 causas de la ex CCCC y la SNA. La mayoría de ellas (2.497) no fueron admitidas para trámite.

SNA CCC TOTAL

20

Seguimiento 319 36 355

No Admitidos 2.242 255 2.497

Total 2.561 291 2.852

En el 2016, el CPCCS recibió 464 denuncias, de las cuales solo el 43,53% fueron admitidas. Y entre enero y septiembre del 2017, el Consejo receptó 281 denuncias, de las cuales el 36% fueron admitidas. Otro porcentaje de las denuncias se deriva a instituciones como la Contraloría o la Fiscalía para su investigación. El detalle de las denuncias fue solicitado al Consejo a través de una solicitud de acceso a la información, que no ha recibido respuesta. Los datos expuestos se obtuvieron de la prensa.

202

145

111

En trámite 6

101

98

82

-

Admitidas Archivadas Derivadas 2016 2017 (ene-sep)

Total 464 281

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NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha realizado 24 procesos de selección de autoridades desde 2010. 11 se han hecho a través de concursos de oposición y méritos, y 13 han sido selecciones a partir de ternas, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución.

IRREGULARIDADES EN CONTRATOS En junio de 2017 los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron convocados a comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. el asambleísta de CREO, Homero Castanier presentó pruebas que evidenciarían irregularidades en la gestión administrativa de la institución. Señaló, por ejemplo que entre el 2012 y 2017, el CPCCS pagó al menos USD 453 209 por diferentes rubros para la selección de autoridades. Adicionalmente, en ese año, se habría pagado $61 647 por el arrendamiento de una oficina, durante siete

meses, para el funcionamiento de las comisiones de selección de autoridades. Cabe recalcar que según el artículo 45 del Reglamento de las Comisiones Ciudadanas de Selección, los miembros de estas comisiones reciben una compensación económica por su trabajo que, de acuerdo a miembros de comisiones anteriores que comparecieron a la Asamblea Nacional, oscilaría entre $2000 y $3000 mensuales.

PROCESOS DE DESIGNACIÓN Los concursos de méritos y oposición han sido los procesos más cuestionados. Se han realizado 11 proceso de selección a través de este mecanismo. Casi todos los procesos han recibido impugnaciones ciudadanas en contra de los mejores puntuados, sin embargo, estas impugnaciones no han cambiado los resultados en cuanto a quienes encabezaban las listas de concursantes.

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Año

Concurso

2011 2011

Fiscal General Defensor del Pueblo

2011

Consejo Nacional Electoral

2012 2012

Defensor Público Contralor Tribunal Contencioso Electoral

2012 2012 2014 2016 2016 2016 2017 2017

Primera Corte Constitucional Consejo Nacional Electoral (parcial) Fiscal General Contralor Tribunal Contencioso Electoral (parcial) Defensor del Pueblo Contralor

Ganador(es) Galo Chiriboga Ramiro Rivadeneira Domingo Paredes, Juan Pablo Pozo*, Nubia Villacis**, Roxana Silva y Paúl Salazar** Ernesto Pazmiño*** Carlos Pólit Patricio Baca, Angelina Veloz, Miguel Pérez, Guillermo González, Arturo Cabrera, Ivonne Coloma Patricio Pazmiño, Wendy Molina, Ruth Seni, Antonio Gagliardo, Manuel Viteri, Alfredo Ruiz, Tatiana Ordeñana, María del Carmen Maldonado, Fabián Jaramillo****

2011-2017 2011-2016

Mauricio Tayupanta y Ana Marcela Paredes

2015-2021

Carlos Baca Mancheno Carlos Pólit

2017-2023 2017-2022

Vicente Cárdenas y Mónica Rodríguez

2016-2022

Ramiro Rivadeneira en proceso

2017-2022 2018-2023

* Su período terminó en noviembre de 2017 y se retiró del puesto. No se ha hecho el concurso para reemplazarlo ** Su período terminó en noviembre de 2017 y están prorrogados en funciones hasta que se realice el nuevo concurso. *** Su período terminó en mayo del 2017 y está prorrogado en funciones hasta que se realice el nuevo concurso. ****Las renovaciones de la Corte Constitucional están a cargo de una comisión de selección independiente del Consejo de Participación Ciudadana.

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Período

2011-2017 2012-2017 2012-2017 2012-2018 2012-2021

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Año 2010 El Consejo de Participación Ciudadana tiene pendientes dos concursos que se debían realizar en 2017, pero que no se han concretado: el proceso para escoger al nuevo Defensor Público y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Ernesto Pazmiño y tres vocales del CNE (Nubia Villacís, Paúl Salazar y Luz Haro, que reemplazó a Juan Pablo Pozo tras su renuncia) concluyeron sus períodos el año pasado, pero no han sido reemplazados.

Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana se concentra en el concurso para el nombramiento del nuevo Contralor General del Estado. Actualmente, la Contraloría está a cargo del subrogante, Pablo Celi, que asumió el mando de la institución después de que el recién seleccionado Carlos Pólit huyera del país por estar involucrado en el caso Odebrecht.

Las autoridades de 13 instituciones han sido seleccionadas por el Consejo de Participación Ciudadana a través de ternas enviadas por diferentes funciones del Estado. En este tipo de nombramientos, también se incluye una etapa de impugnación ciudadana, sin embargo, no se asignan calificaciones de acuerdo a exámenes o méritos, como se hace en los concursos. Bajo esta modalidad, se escoge a las autoridades de la Procuraduría General del Estado, el Consejo de la Judicatura y las Superintendencias.

2010 2011 2011

2012

2012 2012 2013 2014 2016 2016 2017 2017 *

Autoridad a designar Superintendente de Bancos Superintendente de Telecomunicaciones Procurador Superintendente de Compañías

Consejo de la Judicatura

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Superintendencia de Control de Poder de Mercado Superintendente de Comunicación Procurador Superintendente de Compañías Superintendente de Bancos Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Superintendencia de Ordenamiento Territorial

Autoridad(es) designadas Pedro Solines Fabián Jaramillo Diego García

Período 2011-2016 2011-2016 2011-2015

Suad Manssur

2011-2016

Gustavo Jalkh, Paulo Rodríguez, Tania Arias, Néstor Arbito, Ana Karina Peralta

2013-2019

Hugo Jácome

2012-2017

Pedro Páez*

2012-2017

Carlos Ochoa

2013-2018

Diego García

2015-2019

Suad Manssur

2016-2021

Christian Cruz

2016-2021

Patricio Rivera

2017-2022

Fernando Cordero

2017-2022

Su período terminó en septiembre de 2017 y se retiró del puesto. No se ha nombrado a una nueva autoridad.

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Está pendiente la renovación de la primera autoridad de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Pedro Páez, quien terminó su período en septiembre de 2017. El Consejo de Participación Ciudadana ha pedido al Ejecutivo que envíe la terna para su renovación, sin embargo no ha obtenido ninguna respuesta.

Por esta razón, Christian Ruiz, superintendente subrogante, se encuentra a cargo de esa institución.

Además, por mandato legal, el Consejo ha nombrado por mandato legal a las siguientes autoridades, a través de concurso de méritos y oposición, con veeduría ciudadana:

Concurso Representantes de los afiliados y los jubilados al BIESS

2

Representantes de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria

1

Defensores y defensoras del cliente ante cada una de las entidades integrantes del Sistema Financiero Héroes y Heroínas Defensores de Audiencias y Lectores de los medios de comunicación social de alcance nacional

Representantes de los Consejos Nacionales de Igualdad

24

Número de procesos realizados

Autoridad(es) nombrada 2009-2013: Omar Serrano (afiliados) y Bolívar Cruz (jubilados) 2014-2017: Valeria Robalino (afiliados) y Luis Cazar (jubilados) 2014-2018: Ruth Peñafiel, José Buñay, Jimmy Merchán, José Soriano, Diana Atamaint, Vicente Guadalupe, Verónica Conforme, Carlos Ruiz, Bélgica Bermeo

1

2013-2017: 42 defensores

1

2014: 145 héroes y heroínas

1

2014: Declarado como concurso suspendido

1

2017: a) Consejo Nacional para la igualdad de discapacidades: 5 principales. b) Consejo Nacional para la igualdad de género: 5 principales. c) Consejo Nacional para la igualdad Intergeneracional: 5 principales d) Consejo Nacional para la igualdad de Movilidad Humana: 5 principales e) Consejo Nacional para la igualdad de Pueblos y Nacionalidades: 5 principales

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GALO CHIRIBOGA

INVOLUCRAMIENTO EN SUPUESTOS CASOS DE CORRUPCIÓN Las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana han superado los procesos de designación. Sin embargo, algunas de ellas han sido involucradas en escándalos de corrupción, antes, durante o después de su designación. A continuación, se recogen las principales denuncias en contra de las autoridades que el CPCCS ha nombrado.

Galo Chiriboga estuvo involucrado en denuncias por corrupción desde antes de su posesión, en 2011. Fue vinculado en el caso Palo Azul, en el que se denuncia que varias empresas que han explotado ese bloque petrolero, supuestamente han realizado operaciones de cesión de acciones, algo que va contra la ley. Chiriboga fue Ministro de Hidrocarburos cuando hubo esas operaciones, y siendo Fiscal General pidió el archivo del caso.

Durante su gestión, fue criticado por su cercanía al Gobierno.

De hecho, Chiriboga es familiar del expresidente Rafael Correa.

Además se lo relaciona con Pedro Delgado, primo de Correa y expresidente del Banco Central, que huyó del país después de que se descubriera que falsificó su título de economista.

Desde el exilio, Delgado publicó conversaciones por chat en las que Chiriboga le deseaba buen viaje, minutos antes de que abandonara el país.

En sus últimos meses de gestión, en agosto de 2016, una pareja de alemanes presentaron una denuncia en su contra por el delito de peculado y otros delitos conexos. Los extranjeros acusaron a Chiriboga de adueñarse de una vivienda de su propiedad, ubicada en el sector de Tumbaco, usando engaños.

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CPCCS: El secuestro de la participación ciudadana en Ecuador

DOMINGO PAREDES Cuando Domingo Paredes estaba a la cabeza del Consejo Nacional Electoral, cientos de ciudadanos denunciaron aparecer como afiliados en partidos y movimientos políticos sin su permiso. El CNE dirigido por Paredes hizo una revisión de las firmas; el contrato para esa revisión fue objetado por Contraloría, que determinó fallas pues las bases de datos que usaron para comparar las firmas de las organizaciones políticas con las existentes “no presentaron la consistencia y confiabilidad para garantizar los resultados de los procesos de verificación”. Como proceso de esta verificación se eliminaron del registro electoral al movimiento Ruptura, el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian), y el Movimiento Popular Democrático (MPD), todos movimientos opositores al Régimen. Además, se desechó la propuesta de consulta popular planteada por el colectivo Yasunidos. Al salir del CNE, Paredes se afilió a Alianza País y trabajó como asesor en el Ministerio del Trabajo y en la Secretaría Nacional del Agua.

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JUAN PABLO POZO El también expresidente del Consejo Nacional Electoral estuvo a cargo de las elecciones presidenciales de 2017. En esa contienda, el candidato presidencial Guillermo Lasso acusó al organismo y a Pozo de fraguar un fraude en su contra y a favor del oficialismo.

Estas denuncias obligaron al CNE a hacer un reconteo de las actas de la segunda vuelta electoral. La distancia entre los dos candidatos fue de apenas dos puntos.

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CARLOS PÓLIT El ex contralor Carlos Pólit es la autoridad nombrada por el CPCCS más cuestionada.

En junio de 2017 los miembros del CPCCS fueron llamados a comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En esta ocasión fueron interrogados, entre otras cosas, sobre el nombramiento de Carlos Pólit. La Presidenta del CPCCS presentó un documento sobre el proceso; una nota de Diario El Comercio cita: “En los documentos consta la aprobación de las modificaciones al reglamento para elegir al Contralor. Con el documento se dio ventaja a los funcionarios públicos. Se establecieron menos puntos para los profesionales en libre ejercicio y se los sumaron a quienes trabajaban como servidores”.

Pólit huyó del país antes de que estallara el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht. José Conceicao Santos Filho, delator de la empresa brasileña, hizo públicas grabaciones de conversaciones con Pólit sobre las coimas que éste recibía de Odebrecht. Fue destituido de su cargo y se emitió sentencia en su contra, pero ya se encontraba en el extranjero.

CARLOS BACA MANCHENO El actual Fiscal General del Estado está siendo investigado por la Fiscal subrogante, Thania Moreno, quien abrió una indagación previa por presunto delito de peculado, tras una denuncia del ex asambleísta Andrés Páez y el activista Fernando Villavicencio.

Lo acusan de supuestos cobros irregulares relacionados a la Comisión del 30-S, que Baca presidió. Esa comisión fue creada por el expresidente Rafael Correa, para investigar los hechos de la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010.

Baca también fue criticado por su cercanía con Correa, pues además de trabajar en esa comisión en la Presidencia, fue consejero presidencial entre 2014 y 2017, y trabajó también como asesor del Ministerio del Interior entre 2013 y 2014.

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FABIÁN JARAMILLO

PATRICIO PAZMIÑO El actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue cuestionado por su actuación en el caso Cervecería Nacional. El ex asambleísta Galo Lara acusó a los magistrados de la Corte Constitucional de haber recibido dinero a través del hermano del secretario de la sala para fallar a favor de la empresa. Los extrabajadores de Cervecería Nacional interpusieron una demanda para el pago de sus utilidades entre 1990 y 2005. Sin embargo, la Fiscalía determinó que no había responsabilidad por parte de Pazmiño.

Junto con otros cinco jueces de la Corte Constitucional, Pazmiño también fue acusado de prevaricato. Se los señaló por supuestamente malinterpretar la Constitución para beneficiar con la amnistía a Floresmilo Villalta, un activista ambiental acusado de violación a una menor de edad. El caso fue archivado.

El exsuperintendente de Telecomunicaciones fue llamado a juicio político en la Asamblea Nacional por haber ordenado el cierre del canal Teleamazonas en 2009 y de la radio Arutam. No llegó a ser censurado.

DIEGO GARCÍA CARRIÓN García se mantiene como Procurador General del Estado desde 2008. La principal crítica en su contra son los costos que los litigios internacionales le han representado al Estado. Fernando Villavicencio ha cuestionado a los burós contratados para juicios como el caso Chevron-Texaco, el caso Isaías, Burlington, etc. Además, la prensa ha denunciado el pago a una empresa de relaciones públicas en Estados Unidos. Sin embargo, estos casos no han sido judicializados.

La defensa del excontralor Carlos Pólit también lo quiso vincular al caso de Odebrecht, aduciendo que fue él quien pactó con la empresa brasileña y dio autorizaciones para los pagos ilegales.

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PAULO RODRÍGUEZ GUSTAVO JALKH La principal crítica a la gestión de Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, ha sido el uso de la figura de error inexcusable como mecanismo de injerencia en la justicia. Los asambleísta Esteban Bernal (Creo) y Raúl Tello presentaron un pedido de juicio político, aduciendo que poseen más de 40 expedientes de jueces que fueron destituidos por el error inexcusable.

En 2017, una serie de correos electrónicos entre Jalkh y Rafael Correa fueron filtrados en redes sociales y publicados por una periodista venezolana. En una rueda de prensa Jalkh manifestó que recuerda “vagamente” un mensaje entre él y el ex mandatario, pero que los correos podrían haber sido editados y la filtración necesita ser investigada.

Antes de ser nombrado vocal del Consejo de la Judicatura, Rodríguez lideró la Judicatura de transición. Durante ese tiempo, se adjudicaron cientos de contratos, principalmente de obra civil para la construcción de unidades judiciales en todo el país, como parte de la emergencia judicial. El Universo reveló que 16 contratistas concentraron el 46% de los procesos. Los contratos suman USD 448 millones. Una de las denuncias más fuertes envolvió a la Unidad Judicial de Guayaquil, que costó el doble de lo que había sido estipulado. Adicionalmente, la Contraloría emitió glosas por USD 23 millones por problemas en la contratación del sistema de “Justicia 2.0”.

Por otro lado, durante su período al frente de la Judicatura de transición, también se denunciaron irregularidades en el proceso de designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia.

Rodríguez renunció en agosto del 2013, cuando llevaba menos de un año en la Judicatura definitiva, aduciendo motivos personales.

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SUAD MANSSUR TANIA ARIAS Al igual que Rodríguez, Arias fue parte de la Judicatura de transición y renunció antes de que su período terminara.

Entre 2011 y 2012, fue presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, período en el cual se denunció un supuesto fraude electoral en la consulta popular de 2011. Varias organizaciones que participaron en el proceso denunciaron irregularidades, que fueron confirmadas meses más tarde por la OEA. El organismo internacional denunció un 63,61% de actas tenían inconsistencias. Algunas organizaciones políticas, como Madera de Guerrero y Red, iniciaron denuncias en la junta provincial del Consejo Nacional Electoral, y llegaron hasta el Tribunal Contencioso Electoral, que desestimó tales denuncias.

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La actual Superintendente de Compañías, Suad Manssur, recibió una impugnación en diciembre del 2010, durante su selección, por parte del veedor Ángel Gabriel Salvador. Él denunció que ella usó su influencia sobre la Junta Bancaria cuando era delegada del Presidente en ese organismo, en 2009. Según la acusación, su influencia a favor de su hermano, Nasif Manssur, hizo que se le condone una deuda de USD 180 mil.

La superintendente también fue llamada a comparecer ante la Asamblea Nacional en octubre del 2017, para esclarecer supuestos actos de corrupción. La denuncia fue hecha por el asambleísta Daniel Mendoza, quien solicita se haga seguimiento a algunos actos irregulares, como el excesivo número de empresas intervenidas sin justificación y la contratación de profesionales externos a la institución que reciben altos sueldos.

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PATRICIO RIVERA CARLOS OCHOA Antes de ser designado Superintendente de Comunicación, Ochoa se desempeñaba como director de noticias de Gamavisión, uno de los canales incautados por el Estado a los hermanos Isaías Dassum, ex propietarios del Filanbanco. En 2011, se denunció que por ese cargo, recibía un salario de USD 8.000 mensuales, un monto superior al que recibía el Presidente de la República (USD 6.000). Esta denuncia fue corroborada en 2017, cuando La Contraloría General del Estado reveló en un informe que Ochoa recibía pagos extra de USD 3.400 mensuales, por lo que el organismo de control le impuso una glosa. Además se ordenó su destitución, lo que aún no se ha ejecutado.

Ochoa también fue denunciado por el Colegio de Abogados y Fundamedios por supuesto uso doloso de documento falso.

La Superintendencia mandó a imprimir versiones de bolsillo de la Ley de Comunicación con alteraciones en la redacción de la transitoria sexta, y sancionar a medios de comunicación con ese texto modificado.

Rivera estuvo al frente del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Coordinación de la Política Económica durante el gobierno de Rafael Correa; además, fue asesor de Lenin Moreno en los primeros meses de su Gobierno. El actual Superintendente de Economía Popular y Solidaria ha sido vinculado a varios casos de corrupción por su intervención en el manejo económico del país. Por ejemplo, en octubre del 2017, fue señalado por la Contraloría después de un examen que evaluó el cumplimiento de normas vigentes en los procesos de endeudamiento público. Como consecuencia, se emitieron glosas en su contra, por la autorización del pago de la contribución del Estado para el seguro de pensiones al IESS con bonos del Estado, algo que está prohibido por ley.

Rivera también fue cuestionado por autorizar, en noviembre de 2014 y en marzo de 2015, dos créditos con Bank of China; el primero de USD 311 millones y el segundo de USD 85 millones.

Estos serían utilizados para la construcción de 13 carreteras, pero a pesar de estar aprobados, no fueron ejecutados ya que Ecuador no pudo cumplir con las condiciones fijadas en los contratos, pues no se logró expedir la garantía. Expertos criticaron este movimiento, que le habría costado al país USD 2,6 millones de.

Por esta razón, Rivera recibió otra glosa de Contraloría.

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