Mujeres víctimas y curules de paz

Una lectura con perspectiva de género al primer proceso electoral de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz

Introducción

Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) son una figura de participación política consignada en el punto 2 del Acuerdo de Paz (OACP, 2016), que permite que las personas residentes en las zonas más afectadas por el conflicto armado tengan la posibilidad de elegir a 16 líderes y lideresas víctimas de la violencia, para formar parte de la Cámara de Representantes. El espíritu de la medida responde a la certeza de que en la falta de representación de buena parte de los territorios y las poblaciones se explica, parcialmente, el origen y la perpetuación del conflicto armado y la violencia sociopolítica que han aquejado al país por décadas.

A pesar de su inclusión en el Acuerdo, las también llamadas “Curules de paz” fueron re chazadas durante cinco años por los sectores mayoritarios del Congreso de la República, escenario en el que debía haberse formulado el marco normativo para su materialización. Fue mediante el Acto Legislativo 02 de 2021, emitido por el Gobierno nacional en respues ta a un pronunciamiento de la Corte Consti tucional, que esta figura se puso en marcha para los dos periodos electorales siguientes, a saber, de 2022 a 2026 y de 2026 a 2030. Las Citrep abarcan 167 zonas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que se encuentran en los departamentos de Arau ca, Antioquia, Bolívar, Cauca, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Sucre, Valle del Cauca y Tolima.

El pasado 13 de marzo de 2022 se llevaron a cabo las elecciones a Congreso de la Repúbli ca en las que se eligió por primera vez a los y las 16 representantes a ocupar estas curules. No obstante, el balance del proceso electoral significó una gran desilusión para amplios sec tores sociales, especialmente de víctimas, que vieron frustradas sus expectativas de repre sentación política. La tardía aprobación de las curules desencadenó una serie de obstáculos administrativos y políticos que se convirtieron en barreras para la participación, justamente, de aquellos sectores cuya oportunidad se pre tendía fortalecer. Un ejemplo de ello es que de las 16 curules elegidas, solo tres fueron ocupadas por mujeres, aun cuando desde el Acuerdo se dispuso que las listas que se pre sentaran deberían ser paritarias.

Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) abarcan

zonas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). que se encuentran en los departamentos de Arauca, Antioquia, Bolívar, Cauca, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Sucre, Valle del Cauca y Tolima.

En el contexto de lo anterior, el Foro de Muje res y Desarrollo FOKUS se propuso elaborar el presente documento analítico con el objetivo de reflexionar sobre el camino que recorrieron las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz hasta su materialización; los procesos que se llevaron a cabo y las barreras que enfrentaron las mujeres que decidieron postularse como candidatas, así como las reflexiones que de este proceso emergen con respecto a la parti cipación de las mujeres, de las víctimas y de los sectores menos representados en el contexto de la implementación del Acuerdo de Paz.

El documento se divide en tres apartados: en el primer apartado, de antecedentes, describimos de qué manera se llegó a la inclusión de las Citrep como medida del punto 2 del Acuerdo de Paz, y hacemos seguimiento al trámite que

se surtió hasta el pronunciamiento de la Cor te Constitucional que las dejó en firme; en el segundo apartado hilamos reflexiones sobre las barreras que vivieron las organizaciones de víctimas, especialmente las mujeres can didatas, antes, durante y después del proce so electoral; en el tercer apartado retomamos las interpretaciones que han hecho entidades y organizaciones no gubernamentales sobre las lecciones aprendidas que dejó este primer ejercicio de elección de las curules de paz, y proponemos una serie de recomendaciones puntuales que dirigimos a la institucionalidad estatal, el gobierno, la sociedad civil, y las or ganizaciones de víctimas y de mujeres, con el objetivo de fortalecer las elecciones del segundo periodo de las Citrep y de rescatar el espíritu de profunda ampliación de la demo cracia que las sustentó desde el inicio.

Solo 3 curules fueron ocupadas por mujeres, lo que significó una gran desilusión para amplios sectores sociales, especialmente de víctimas, que vieron frustradas sus expectativas de representación política, aun cuando desde el Acuerdo se dispuso que las listas que se presentaran deberían ser paritarias.

FOTO: MUJERES KANKUAMAS

Antecedentes

Los diálogos de La Habana: una oportunidad para las víctimas Es difícil determinar una fecha exacta que ubique el origen del conflicto armado en Colombia. Las múltiples disputas que han tenido lugar en el país, desde la época de la independencia, o, incluso desde la colonización, como nos han hecho ver los pueblos negros e indígenas, dificultan tejer una narrativa única sobre los orígenes, desarrollos, causas, responsabilidades y verdades en esta historia. El conflicto armado colombiano tiene tantas dimensiones y actores que es tremendamente difícil trazar la linealidad de causas y efectos que nos trajeron a este punto.

Es más, la categoría más ampliamente empleada para describir las últimas seis décadas del país: el conflicto armado, se queda corta como herra mienta explicativa para dar cuenta de La Violencia –con mayúscula– que antecedió este periodo; de la violencia sociopolítica que ha tenido lugar por fuera de las dinámicas de enfrentamiento entre actores armados (y en la que la responsa bilidad estatal es una variable fundamental); y de las dinámicas de vulneración ocasionadas por el narcotráfico y las economías ilegales.

La Ley 1448 de 2011 (Congreso de la Repúbli ca, 2011) o Ley de Víctimas, considerando su función en la reparación integral individual y colectiva, estableció que son víctimas todas aquellas personas que se hayan visto afecta das por acciones relacionadas con el conflicto armado desde el 01 de enero de 1985 en ade lante. No obstante, son muchas las víctimas, pero, sobre todo, las verdades que quedan por fuera de este marco interpretativo.

Desde el anuncio por parte del entonces pre sidente Juan Manuel Santos de los diálogos exploratorios entre la insurgencia de las Fuer zas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado, las organizaciones de víctimas a nivel nacional manifestaron su interés por participar en este proceso como personas directamente afec tadas por la confrontación armada en Colom bia. Mientras avanzaban las conversaciones, se estableció un mecanismo de recepción de propuestas ciudadanas que se concretaron en una serie de foros nacionales (Centro de Pensamiento, 2012) en donde se discutieron las iniciativas que luego fueron enviadas a la

mesa de negociación. Sin embargo, cuando llegó el momento de discutir el punto 5 sobre reparación y justicia transicional, se hizo evi dente la necesidad de escuchar a las víctimas de una manera mucho más directa.

Desde La Habana se estableció un mecanis mo de selección con criterios (PNUD, 2014) que permitió la escucha de un amplio espectro del universo de víctimas del conflicto. Fueron 60 los voceros y las voceras que intervinieron en la mesa de negociación impulsando el camino hacia la construcción del punto 5. El 15 de agos to de 2014, las primeras 10 víctimas viajaron a La Habana para el encuentro con los y las nego ciadoras del Gobierno nacional y las FARC-EP (PNUD, 2014). El último grupo viajó el 22 de di ciembre del mismo año (Colombia Informa, 2014).

De esta serie de reuniones surgieron impor tantes insumos para la reparación integral de las víctimas, así como para la construcción del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Es más, la participación de las vícti mas en la mesa de negociación representó un punto de quiebre fundamental para la mesa de La Habana, que consolidó el proceso de paz, impulsó los avances y contribuyó a la transforma ción de la percepción social sobre las víctimas.

“El centro de este Acuerdo son las víctimas” fue una frase repetida infinitas veces por el entonces presidente Santos y por los y las voceras de la mesa. Y es que esta centralidad de las víctimas implicó que no fueran leídas solamente como sujetos con derecho a ser reparados, sino como voces válidas que inter pretan y explican sus vivencias y, a partir de

ello, contribuyen a la comprensión del conflicto y la historia de violencia. La participación de las víctimas en los diálogos de la Habana rati ficó la necesidad de fortalecer la participación de estas en todos los escenarios de toma de decisiones y visibilizó la deuda del país con su representación política.

En un contexto de falta de consensos totales sobre el origen y la perpetuación de la vio lencia y el conflicto en el país, como el que describimos previamente, sí había una afir mación clara y es que la falta de democra cia, la centralización del poder y la falta de representación de un amplísimo espectro del país, entre ellos, las víctimas, era un elemen to determinante por resolver si se pretendía avanzar por el sendero de la paz.

La conclusión era clara: las víctimas no habían tenido la posibilidad de incidir en la política co

lombiana para visibilizar sus necesidades, ni para exponer y posicionar los puntos de vista de sus comunidades. Incluso, muchas de las personas que hoy son víctimas del conflicto adquirieron esta condición porque sus padres, madres, familiares o ellas mismas participaron en proyectos políticos alternativos que busca ron fervientemente ampliar los rígidos márge nes de la participación política.

Estas conclusiones estuvieron en la base de los puntos 2 y 5 del Acuerdo de Paz. Tal y como lo recoge el Instituto Kroc en su sexto informe, “el Punto 2 del Acuerdo Final busca fortalecer la participación política en sus dimensiones ins titucionales y ciudadanas, tanto en lo nacional como en lo territorial, para así promover una democracia más incluyente, representativa, deliberativa y sólida” (Echavarría Álvarez et al., 2022, p. 112). Para ello, se definieron tres tipos

de medidas:

La participación de las víctimas en la mesa de negociación representó un punto de quiebre fundamental para la mesa de La Habana, que consolidó el proceso de paz, impulsó los avances y contribuyó a la transformación de la percepción social sobre las víctimas.

i) estrategias para garantizar la partici pación de la oposición, de líderes y li deresas; ii) mecanismos para fortalecer la participación ciudadana en diferentes temas, entre los que se encuentran las garantías para la participación de or ganizaciones y movimientos sociales, movilización y protesta, medios de comu nicación, control social, garantías para la reconciliación, y planeación participativa; y iii) medidas para una mayor participación electoral y política, con énfasis en la po blación vulnerable, incluyendo medidas para acceder al sistema político-electoral y mejorar su funcionamiento con énfasis en la participación de mujeres, pueblos étnicos y territorios más afectados por el conflicto armado. (Echavarría Álvarez et al., 2022, p. 112)

La creación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz

Una de las medidas fue la creación de las Cir cunscripciones Transitorias Especiales de Paz, consignada en el punto 2.3.6 del Acuerdo de Paz. Este fue construido por las partes para pro piciar una apertura democrática en Colombia que permitiera a movimientos y partidos políti cos no tradicionales participar de manera más equilibrada en la toma de decisiones del país.

En total se crearon 16 circunscripciones para los periodos de 2022 a 2026 y de 2026 a 2030, integradas por los mu nicipios del país que han sido los más afectados por la violencia, la presencia

de cultivos de uso ilícitos, la débil pre sencia institucional y la pobreza. Estas circunscripciones fueron creadas por dos razones principales. Primero, tienen el objetivo de garantizar la representa ción y la participación política de estas regiones, que han sido históricamente subrepresentadas en el Congreso; de este modo, se busca promover que las personas que viven en estos terri torios ejerzan sus derechos políticos y satisfagan sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se gundo, estas curules fueron creadas con un fin reparador: restituir a las víc timas los derechos políticos que fueron vulnerados durante el conflicto. (Varela et al ., 2022, p. 143)

Se determinó su selección con base en los siguientes criterios:

Los niveles de pobreza, en particular, de pobreza extrema y de necesidades bási cas insatisfechas, el grado de afectación derivado del conflicto, la debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión, la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras econo mías de uso ilícito, constituyen la tercera parte del territorio nacional (36%), donde residen más de 6 millones de colombia nos, y allí habita la cuarta parte (24%) de la población rural del país, en ellos ha bitan cerca de 3 millones de las víctimas de Colombia, adicionalmente coinciden con las zonas PDET. (Unidad para las Víctimas, 2021)

En total se crearon

circunscripciones para los periodos de 2022 a 2026 y de 2026 a 2030,

integradas por los municipios del país que han sido los más afectados por la violencia, la presencia de cultivos de uso ilícitos, la débil presencia institucional y la pobreza.

Estas circunscripciones fueron creadas por dos razones principales.

CIRCUNSCRIPCIÓN 1.

Municipios del departamento de Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Cajibío, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Morales, Miranda, Patía, Piendamó, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío. Municipios del departamento de Nariño: Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa. Y municipios del Valle del Cauca: Florida y Pradera.

CIRCUNSCRIPCIÓN 2.

Municipios del departamento de Arauca: Arauquita, Fortul, Saravena y Tame.

CIRCUNSCRIPCIÓN 3.

Municipios del departamento de Antioquia: Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia y Zaragoza.

CIRCUNSCRIPCIÓN 4.

Municipios del departamento de Norte de Santander: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

CIRCUNSCRIPCIÓN 5.

Municipios del departamento de Caquetá: Florencia, Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso. Municipio del departamento del Huila: Algeciras.

CIRCUNSCRIPCIÓN 6.

Municipios del departamento de Chocó: Bojayá, Medio Atrato, Istmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Nóvita, Sipí, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Condoto. Municipios del departamento de Antioquia: Vigía del Fuerte y Murindó.

CIRCUNSCRIPCIÓN 7.

Municipios del departamento del Meta: Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vista Hermosa. Municipios del departamento del Guaviare: San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores.

CIRCUNSCRIPCIÓN 8.

Municipios del departamento de Bolívar: Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano. Municipios del departamento de Sucre: Colosó, Chalán, Los Palmitos, Morra, Ovejas, Palmito, San Onofre y Toluviejo.

CIRCUNSCRIPCIÓN 9.

Municipios del departamento de Cauca: Guapi, López de Micay y Timbiquí. Municipios del departamento Valle del Cauca: Buenaventura.

CIRCUNSCRIPCIÓN 10.

Municipios del departamento de Nariño: Barbacoas, El Charco, La Tola, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarra, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco.

CIRCUNSCRIPCIÓN 11.

Municipios del departamento del Putumayo: Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón.

CIRCUNSCRIPCIÓN 12. Municipios del departamento del Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pueblo Bello y Valledupar. Municipios del departamento de La Guajira: Dibulla, Fonseca y San Juan del Cesar. Municipios del departamento de Magdalena: Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta.

CIRCUNSCRIPCIÓN 13.

Municipios del departamento de Bolívar: Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití. Municipios del departamento de Antioquia: Yondó.

CIRCUNSCRIPCIÓN 14.

Municipios del departamento de Córdoba: Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia, Tierralta y Montelíbano.

CIRCUNSCRIPCIÓN 15.

Municipios del departamento del Tolima: Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.

CIRCUNSCRIPCIÓN 16.

Municipios del departamento de Antioquia: Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Apartadó y Turbo.

Pasaron cinco años de la firma del Acuerdo para que las Citrep fueran aprobadas. Fue necesario que, en marzo de 2021, la Corte Constitucional definiera una tutela ratificando la urgencia de garantizar el derecho a la representación de las víctimas y que profiriera órdenes al Congreso, al presidente de la República y a las autoridades electorales para que las curules de paz se pusieran en práctica en las elecciones a Congreso de marzo de 2022 y 2026.

En 2017, mediante el mecanismo legislativo fast track , 1 fueron presentados y aprobados varios proyectos de ley que tenían como ob jetivo la implementación del Acuerdo Final de Paz. Desde el momento en el que el pro

1 El fast track (vía rápida) fue un mecanismo previsto para el impulso legislativo contemplado en el acto le gislativo número 1 de 2016, que reducía el número de debates que debían adelantarse en el Congreso de la República para la aprobación de las leyes y reformas constitucionales que surgieron del Acuerdo de Paz.

yecto de acto legislativo que contemplaba la creación de las circunscripciones especiales de paz fue radicado, contó con varios con gresistas detractores que alegaban todo tipo de argumentos en contra de la creación de estos escaños. El proyecto avanzó de manera favorable hasta su último debate en el pleno del Senado de la República donde se cayó por un voto de diferencia (50 votos por la aprobación - 51 votos por la no aprobación) (Semana, 2017). Estas circunscripciones en

traron entonces en una espiral de recursos jurídicos que buscaban revivirlas por distintas inconsistencias de forma y de fondo durante el trámite, así como por la conformación del quórum decisivo en el Congreso a la hora de la elección (Dejusticia, 2017).

Pasaron cinco años de la firma del Acuerdo para que las Citrep fueran aprobadas. Fue necesario que, en marzo de 2021, la Corte Constitucional definiera una tutela ratificando la urgencia de garantizar el derecho a la re presentación de las víctimas y que profiriera órdenes al Congreso, al presidente de la Repú blica y a las autoridades electorales para que las curules de paz se pusieran en práctica en las elecciones a Congreso de marzo de 2022 y 2026. La decisión llevó al Gobierno nacio nal a retomar el proyecto de acto legislativo que había sido discutido y archivado en 2017 por el Congreso de la República y, con base en este, a promulgar, en el mes de octubre, el Acto Legislativo 02 de 2021 que creó formal mente las Citrep.

Como consta en el informe del Instituto Kroc: A raíz de lo anterior, la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Gobierno nacional hasta el 30 de no viembre de 2021 expidieron 13 normas para reglamentar diferentes aspectos de las Citrep. Entre estos temas se destacan los ajustes del calendario electoral, el funcionamiento de la cer

tificación de víctimas y organizaciones sociales para postular sus listas de can didatos, las reglas de financiación de las campañas electorales incluyendo tope de gastos, anticipos y donacio nes, la constitución de Tribunales Elec torales Transitorios de Paz, la creación y reubicación de puestos de votación y campañas especiales de cedulación en los 167 municipios PDET en los que se elegirán las nuevas curules, entre otras medidas. (Echavarría Álvarez et al ., 2022, p. 118)

El 13 de noviembre de 2021 inició el periodo de inscripciones de las candidaturas estable ciendo un mes de plazo para su culminación.

Con la aprobación de las Citrep se avanzó por fin en el cumplimiento de una de las medidas más importantes del punto de participación política del Acuerdo de Paz, pues estas se concebían como una “estrategia reparadora para generar mayor representación política de los territorios más afectados por el con flicto armado y mayor participación de muje res y pueblos étnicos” (Echavarría Álvarez et al., 2022, p. 118), así como de organizaciones sociales, campesinas y de víctimas. Con su aprobación, se reavivó el anhelo de las or ganizaciones por lograr una representación en el Congreso que liderara una agenda legislativa que permitiera avanzar en la im plementación normativa del Acuerdo y en la estancada reparación integral y colectiva a las víctimas.

FOTO: CORPORACIÓN

JURÍDICA YIRA CASTRO

Elección de las CITREP

El proceso, las barreras y las lecciones aprendidas La tardanza en la aprobación y puesta en marcha de las curules de paz por parte de la bancada de gobierno en el Congreso, durante la presidencia de Iván Duque, es un ejemplo más de las varias acciones, denunciadas por las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, de víctimas y de la cooperación internacional, que demuestran la falta de compromiso de dicho gobierno con el avance en la implementación integral del Acuerdo de Paz (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2021).

Esta demora supuso que el proceso electoral de la Circunscripciones contara con muy poco tiempo de preparación tanto desde la institu cionalidad como por parte de las comunidades, organizaciones, y líderes y lideresas que toma ron la decisión de inscribir listas. Es necesario reconocer que, una vez aprobado el Acto legis lativo 02 de 2021, actores institucionales como la Registraduría Nacional,2 el Consejo Nacional Electoral, la Unidad para las Víctimas, la Conse jería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Unidad Nacional de Protección, la Defensoría del Pueblo, organizaciones de sociedad civil y organizaciones internacionales, entre otros, pusieron en marcha acciones para ajustar la institucionalidad y acompañar las candidaturas en el proceso de campaña.

Se desarrollaron procesos pedagógicos, se divulgaron comunicados, se presentaron in fografías con información clave para el pro ceso de inscripción, pero nada de esto pudo compensar la falta de tiempo para consolidar el andamiaje que hubiera sido necesario para garantizar un desarrollo exitoso de este primer proceso electoral.

De acuerdo con lo reportado por el Instituto Kroc, … en algunos territorios donde debían ele girse estas curules y entre muchas víctimas que deseaban participar, se desconocían las nuevas reglas de juego que definió el Acto Legislativo 02 para esta contienda po lítica, lo que demandó mayor pedagogía.

2 En cumplimiento del Acuerdo 02 de 2021 se habili taron 1.966 puestos de votación rural, incluyendo la creación de 177 nuevos puestos rurales.

Algunas organizaciones de sociedad civil consideraron que estas reglas son excesi vamente burocráticas e implican “cargas administrativas adicionales”. (Echavarría Álvarez et al., 2022, p. 119)

Ausencia de medidas concretas tendientes a fortalecer a las comunidades y organizaciones de los territorios PDET

Falta de claridad en ciertos aspectos del proceso como la documentación requerida para la inscripción de las candidaturas Los plazos para la entrega de anticipos económicos

Las exigencias desiguales entre candidaturas.

Las limitaciones en la infraestructura electoral de los territorios priorizados.

Estos son algunos de los principales obstáculos identificados

Enunciamos aquí algunos de los principales obstáculos identificados, tales como la ausencia de medidas concretas tendientes a fortalecer a las comunidades y organizaciones de los territorios PDET; la falta de claridad en ciertos aspectos del proceso como la documentación requerida para la inscripción de las candida turas; los plazos para la entrega de anticipos económicos; las exigencias desiguales entre candidaturas; las limitaciones en la infraestruc tura electoral de los territorios priorizados, etc.

Detrimento de las condiciones de seguridad

La percepción de la opinión pública frente a las Citrep se fue deformando poco a poco. La estigmatización contra eventuales candidatos se profundizó en este periodo, incluso desde escenarios de deliberación pública como el Congreso de la República, cuando congresis tas del partido de gobierno advirtieron sobre la supuesta utilización, por parte de actores cercanos a las disidencias de las FARC o al partido Comunes (que estaba impedido para postular candidaturas como todos los demás partidos políticos), de esos espacios de repre sentación. Adicionalmente estos eran, y siguen siendo, territorios con amplía influencia del narcotráfico, por lo que se sostuvo que esta presencia podría influir en la voluntad de los y las votantes. En parte por esto, las curules sufrieron ataques permanentes que desdibu jaron el espíritu de participación, apertura y reparación con el que fueron concebidas en el Acuerdo Final de Paz.

Adicionalmente, diferentes actores alertaron sobre el detrimento de las condiciones de

seguridad que se produjo en los 167 munici pios PDET debido a la violencia política que se ejerció contra los y las candidatas, espe cialmente por parte de actores armados aún presentes en los territorios. Esta se evidenció en las amenazas reportadas por los/as aspiran tes que significaron riesgos para la integridad física tanto de personas candidatas como del electorado (Valeria Rico et al., 2022, p. 155).

Esta situación crítica de seguridad no contó con una respuesta suficientemente integral y oportuna por parte de la Unidad Nacional de Protección, situación que llevó a eventos de revictimización y desincentivar la participación de los y las candidatas.

Falta de garantías para la transparencia electoral e injerencia de partidos políticos y poderes locales en las Citrep Numerosas denuncias a lo largo del territorio nacional advirtieron de situaciones de injeren cia por parte de actores armados con presen cia en las zonas rurales donde se votarían las curules. Esta injerencia pudo darse mediante la financiación de algunas campañas, así como la incitación o restricción a votar por determi nado candidato o candidata.

En la perspectiva de los mismos candidatos y candidatas no electas, estas circunscripcio nes se convirtieron, de alguna forma, en fortín político de los clanes y partidos tradicionales de algunos territorios. Denuncias de compra y venta de votos, constreñimiento al electora do, violación de las reglas electorales frente al límite de publicidad, etc., fueron la constante en la campaña por las Citrep.

A pesar de la apuesta de las Citrep por res tringir este espacio de representación para las organizaciones sociales y los liderazgos territoriales fue inevitable la injerencia de can didaturas impulsadas por poderes políticos locales y nacionales, incluso de miembros de clanes políticos familiares o de personas relacionadas con victimarios como fue el so nado caso del hoy electo representante Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40.

Jorge Tovar presentó su candidatura para la Ci trep 12 argumentando que tuvo que salir al exilio por distintas amenazas contra su integridad y que estando debidamente acreditado como víctima su aspiración electoral era válida. Su candida tura fue demandada ante el Consejo Nacional Electoral pero este organismo le dio vía libre (El Tiempo, 2022a). Finalmente, en medio de varias denuncias, Jorge Tovar fue elegido representante a la Cámara (Rutas del conflicto, 2022).

Falta de condiciones para el desarrollo de las campañas políticas

La campaña fue bastante atropellada por di versos factores, entre ellos el poco tiempo que tuvieron las víctimas y las organizaciones sociales para prepararse. La falta de asesora miento técnico e institucional a las organiza ciones sociales para llenar los requisitos de los trámites legales de inscripción, la falta de financiación para las campañas y las dilaciones estatales en el giro de los recursos y la variada normatividad emitida para la elección que no fue lo suficientemente clara para las víctimas y las organizaciones sociales (Registraduría Nacional del Estado Civil, s. f.a).

Sumado a lo anterior, el acceso a medios de comunicación por parte de los y las candidatas fue muy limitado “ya que varias regiones PDET no tienen medios de comunicación propios y los medios públicos y comunitarios ya existen tes tienen limitaciones normativas respecto al

Hubo muy poca claridad entre los y las pobladoras de los municipios de las Citrep, y cuando las y los candidatos llegaban a hacer campaña debían, no solo presentar sus propuestas, sino convencer a los electores de la existencia de esta figura electoral pues muchos y muchas la desconocían plenamente.

proselitismo político” (Echavarría Álvarez et al., 2022, p. 120). Este fue un factor determinante que se relaciona con la falta de avances en las medidas contempladas en el punto 2 del Acuerdo de Paz, en las que se comprende la importancia de garantizar la existencia de me dios de comunicación de carácter regional y nacional que favorezcan la divulgación de las ideas y propuestas de los movimientos socia les y candidaturas provenientes de organiza ciones en contextos electorales.

Ahora bien, en este contexto de falta de clari dades y garantías hubo una muy amplia inscrip ción de candidaturas para estas curules en los territorios seleccionados para las Citrep. En total se inscribieron 398 candidaturas (Registraduría Nacional del Estado Civil, s. f.b) de diversas or ganizaciones sociales (Registraduría Nacional del Estado Civil, s. f.c). Lo anterior es indicador de, por lo menos, dos situaciones: tanto de la vocación de poder y voluntad de representación de liderazgos regionales, como de la dispersión de los procesos colectivos en los escenarios territoriales delimitados por las Citrep.

Confusión en la reglamentación y desinformación para el electorado Como lo advirtió la Fundación Ideas para la Paz (FIP), uno de los obstáculos en la elección de estas curules fue la confusión sobre la regla mentación de las circunscripciones. “Según la FIP, a pesar de que se llevaron a cabo acciones de pedagogía en los territorios sobre la medi da, esta responsabilidad recayó, precisamente, en las organizaciones promotoras que tenían capacidades, recursos y tiempo limitado. Lo anterior generó confusiones sobre quiénes,

dónde y cómo se podía votar”. Por ejemplo, algunos líderes expresaron ante el Congreso de la República que,

… a pesar de que la normativa es clara frente a la posibilidad de votar tanto por las Citrep como por las curules ordinarias, una de las creencias más recurrentes en estas regiones fue que si un ciudadano votaba por las curules de paz no podría votar por el candidato a la Cámara de su departamento. (Valeria Rico et al ., 2022, p. 150)

En general, hubo muy poca claridad entre los y las pobladoras de los municipios de las Ci trep, y cuando las y los candidatos llegaban a hacer campaña debían, no solo presentar sus propuestas, sino convencer a los electores de la existencia de esta figura electoral pues mu chos y muchas la desconocían plenamente. Esta tarea de formación política fue imposible de realizar en tres meses, sobre todo, consi derando las características de muchos de los territorios, con una cultura política y condicio nes para el ejercicio electoral muy limitadas.

El déficit de cedulación en las circunscripciones fue otra de las condiciones que obstaculizó el proceso de elección especialmente en las zo nas rurales. “De acuerdo con la Misión de Ob servación Electoral (MOE), en el 24%38 de los municipios que integran las circunscripciones se encontró un déficit de cedulación” (Valeria Rico et al., 2022, p. 150). Esto, a pesar de los esfuerzos de la Registraduría por acelerar la emisión de documentos para dar cumplimiento al Acuerdo 02 de 2021.

Mapa de denuncias

Llama la atención la efectividad de una medida como la obligatoriedad de la conformación paritaria de las listas, se

decir que

medida por sí misma no genera un impacto en el aumento de la participación de las mujeres, por lo que se deben poner en marcha otra serie de iniciativas que refuercen la paridad y que estén encaminadas a fortalecer la incidencia femenina en los espacios de poder.

Resultados de las elecciones

En medio de las barreras previamente señaladas, las elecciones de las Citrep avanzaron y se pro dujo la elección de los y las 16 representantes.

Un primer elemento que saltó a la vista es que, a pesar de que la conformación de las listas debía ser paritaria, solo resultaron elegidas tres mujeres. Esto llama la atención sobre la efectivi dad de una medida como la obligatoriedad de la conformación paritaria de las listas, se pue de decir que la medida por sí misma no genera un impacto en el aumento de la participación

de las mujeres, por lo que se deben poner en marcha otra serie de iniciativas que refuercen la paridad y que estén encaminadas a fortalecer la incidencia femenina en los espacios de poder.

Así mismo, la participación de personas LGBTI o representantes de organizaciones a favor de los derechos de poblaciones diversas fue muy baja y difícil de rastrear. De acuerdo con el informe presentado por la organización Caribe Afirmativo, entre las personas elegidas como representantes ninguna se identifica como lesbiana, gay, bisexual, trans, intersexual o

puede

la

no binarie. Lo anterior refleja la falta de pro moción de la participación política de estos sectores y contrasta con las demandas de memoria, verdad y representación que han defendido desde hace más de dos décadas mediante la visibilización de las afectaciones particulares que ha traído el conflicto arma do a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Para Caribe Afirmativo es fundamental que las 16 candidaturas electas se comprometan

… sostenidamente con agendas legisla tivas que le apunten al reconocimiento de la pluralidad de actores sociales en los territorios en pro de la generación de garantías plenas para el ejercicio de los derechos políticos, económicos, so ciales y culturales de las personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas, quienes sufrieron diferenciadamente la violencia por parte de actores armados estatales, contraestatales y paraestatales que bus caron eliminar y controlar sus cuerpos del territorio en razón de sus proyectos morales y de nación basados en concep ciones patriarcales y heteronormadas. (Caribe Afirmativo, s. f.)

Un segundo elemento por analizar es que la participación en los territorios de las cir cunscripciones fue relativamente baja. A nivel nacional, en estas circunscripciones espe ciales la Registraduría reportó un 57,2% de abstención: votaron 533.664 personas de las 1.246.634 habilitadas.

La elección atropellada y con una ausencia de garantías se evidencia en los resultados de quienes fueron finalmente escogidos, pues varios representantes electos han sido señala dos de hacer parte de partidos tradicionales o de clanes políticos; incluso de tener vínculos con organizaciones al margen de la ley.

Para el senador Ariel Ávila: … de las 16 curules de las circunscripcio nes de paz, uno podría decir que 10 son de organizaciones de víctimas locales, y seis tienen muy graves cuestionamien tos por apoyos; por gastos de dinero y por pertenecer a clanes políticos. Por ejemplo, el ingeniero John Fredy Núñez, representante de la zona del Caquetá, fue apoyado descaradamente por el pa rapolítico Pacheco desde la cárcel y por el gobernador actual Gasca, incluso, hay fotos de camionetas y todo. Otro ejem plo es Diógenes Quintero apoyado por el exgobernador Villamizar en el caso de Norte de Santander. Ese era un riesgo que había muy alto y desafortunadamente la autoridad electoral hizo muy poco para poder prevenir. […] el hijo de Jorge 40, que, además, tuvo un escándalo por tema de manejo de re cursos y para las víctimas es una ofensa que sea representante a la Cámara. En el caso de Norte de Santander, Diógenes Quintero por apoyo económico y políti co del clan Villamizar. Leonor Palencia, quien es prima del gobernador de Cór doba. El ingeniero Núñez apoyado por

gobernador del Caquetá. James Mos quera apoyado por el clan ‘Montes de Oca’ y Jhon Valencia por el gobernador del Putumayo, que, además, acaba de salir de la cárcel. […]

Estos son los que tienen cuestionamien tos de clanes políticos, esto significa que, difícilmente van a representar a las or ganizaciones de víctimas, y que se van a sumar a las pretensiones de estas es tructuras políticas. El objetivo de estas circunscripciones era que Colombia aca bara con el ‘apartheid’ geográfico y que eso ayudara a tener una mejor equidad social. (Caracol, 2022)

Estos resultados han significado una gran des ilusión para los sectores sociales, entre ellos las organizaciones nacionales de víctimas.

Para Pilar Navarrete, integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), en su intervención en el evento ¿Qué pasó con las curules transitorias especiales de paz?, organizado por la Universidad Javeriana, las curules de paz fueron un anhelo de las orga nizaciones que impulsaron desde el periodo de negociación en La Habana.

Nos hemos jugado el todo por el todo en la defensa de las curules justo cuando en el Congreso, en más de 10 ocasiones, trataron de hundirlas […] Estamos tan de acuerdo [con la existencia de las Citrep] que, de hecho, como Movice, tuvimos candidatos en cinco de esas circunscrip ciones para la paz. Fueron en Montes

Dionissio, afirma que “a pesar de que lo necesitamos, no estuvimos preparadas las víctimas para asumir ese gran reto, esa gran oportunidad. Hacer valer nuestra condición. Eso permitió que las maquinarias políticas permearan algo que era nuestro […] Pero también es responsabilidad del gobierno por no blindar las curules”.

de María, en el Sur de Bolívar, en Nari ño, Cauca y Popayán. (Navarrete, 2022)

Hoy sienten que el esfuerzo se vio truncado y saben que es necesario tomar medidas para fortalecer el proceso electoral del segundo periodo previsto por el Acuerdo para que “las curules sean para quien son” (Navarrete, 2022).

Alfonso Castillo, otro integrante del Movice, está de acuerdo con esta apreciación y señala:

¡Esta vez no fue! porque a pesar de que algunas de esas curules están en cabe za de líderes y lideresas de los territo rios, la mayoría […] fueron asaltadas por

la mafia, por el paramilitarismo y cuando menos, por las redes de la politiquería y de la corrupción. Pero esas curules son parte de una necesidad con la cual el movimiento de víctimas, y en general, los sectores democráticos de este país, tenemos que seguir trabajando para lo grar […] el objetivo de compensar un poco a las comunidades, a los territorios y a las víctimas, con unas curules que efec tivamente puedan tener unos voceros y voceras que se la jueguen por la repa ración. (Castillo, 2022)

Dionissio, por su parte, valora de las curules de paz como “un logro de las víctimas [que] nos daba la oportunidad que no nos dio la Ley

El profesor Miguel Barreto afirma: … construir paz en Colombia es construir democracia. [Con las curules] se abrió una ventana de participación, pero la ventana se Chocó contra la pared. Esa pared es la limitación de la democracia desde las prácticas históricas, desde nuestra cultura política.

1448”. Reconoce que las barreras y los obstá culos del periodo electoral también tuvieron que ver con que las organizaciones daban por perdidas las curules y bajaron la guardia. Afir ma que “a pesar de que lo necesitamos, no estuvimos preparadas las víctimas para asumir ese gran reto, esa gran oportunidad. Hacer valer nuestra condición. Eso permitió que las maquinarias políticas permearan algo que era nuestro […] Pero también es responsabilidad del gobierno por no blindar las curules”.

En la misma línea, María Cardona, víctima de la Unión Patriótica, aseguró que las organiza ciones de víctimas soñaban:

Festejamos la firma de los Acuerdos, pero no entendimos a tiempo dos cosas, una, que eso no era un Acuerdo de Paz, era un acuerdo del fin del conflicto con una de las insurgencias, pero las causas estructurales del conflicto están intactas. Y dos, que para hacer ese sueño de unidad teníamos que forjar muchos más caminos de unidad en tre las organizaciones y las víctimas. Nos pasó lo mismo que con el plebiscito. Con el plebiscito nos agarró la plebitusa. Y yo digo que con las curules de paz estamos en otra tusa. Cuando la pensamos ya era tarde. Nos faltó mucha unidad y mucha pedagogía. (Cardona Mejía, 2022)

La frustración es un sentimiento común entre quienes asumieron e impulsaron candidaturas a las Citrep. Para Dionissio Alarcón, fue frus trante “ser una víctima queriendo representar a personas que sufrieron tanto como yo” y sen tir “que los derechos de uno los utilizan otros para sacar beneficio”. Para Pilar, no se toma ron las medidas necesarias para compensar las barreras históricas a la participación de los sectores poco representados en el ejercicio de las campañas, y mucho menos las barreras adicionales ya identificadas para las mujeres y las personas en situación de vulnerabilidad, lo que dio lugar a infinidad de situaciones de violencia política (Alarcón, 2022).

Para Miyerlandy Cabanzo, investigadora del Instituto Kroc a cargo del seguimiento del pun to 2 del Acuerdo Final, este proceso electoral fue un reto para toda la institucionalidad por lo innovadoras que eran las medidas. Fue ne cesario crear y responder sobre la marcha. Un ejemplo de ello fue la necesidad que tuvo la Registraduría de expedir más de 20 normas en menos de tres meses para poner en mar cha el proceso electoral. Estas, por supuesto, no contaron con un tiempo suficiente de divul gación, lo que implicó un desconocimiento de las condiciones de la contienda electoral para candidatos/as y electores (Cabanzo, 2022).

Ahora bien, a su juicio, la tarea no es solo tomar medidas correctivas con respecto a las Citrep que, como su nombre lo dice, son curules tran sitorias, sino lograr avances significativos en la implementación de todo el punto 2 del Acuer do Final, para sentar las bases estructurales de la ampliación democrática. Dice que las Citrep

… son útiles en la medida en la que se piense para qué fueron creadas estas circunscripciones. El para qué respon de a una medida de reconocimiento y de reparación política a unos territorios que fueron más afectados por el conflicto armado y que debían ser incluidos den tro de los espacios de decisión como la Cámara de Representantes, para que las decisiones que se toman en el centro de poder que es Bogotá, fueran realmente discutidos con esos territorios que han estado por fuera de los procesos de toma de decisiones. […] En clave del punto dos hay otros compromisos que no han sido implementados como la reforma político electoral que creó una misión electoral especial con unas recomendaciones para generar una mayor apertura democrática que es lo que finalmente busca el punto dos. Una de esas recomendaciones es reconfigurar como se compone el Con greso de la República. (Cabanzo, 2022)

El profesor Miguel Barreto comparte esta pers pectiva y afirma:

… construir paz en Colombia es construir democracia. [Con las curules] se abrió una ventana de participación, pero la ventana se Chocó contra la pared. Esa pared es la limitación de la democracia desde las prácticas históricas, desde nuestra cultura política. Algunos de nunciaban el riesgo de que las curules fueran cooptadas por las FARC pero el riesgo fue otro: la cooptación por parte de las familias políticas tradicionales

[…] La que sería parte de la cura para la enfermedad, fue contagiada por la enfermedad de una práctica política nociva. (Barreto Henriques, 2022)

Perspectivas y medidas contempladas en materia de género

Ahora bien, como hemos anunciado desde el inicio documento, es del interés de FOKUS destacar en este contexto de barreras para la participación aquellas específicas que enfren taron las mujeres candidatas.

Como bien se ha reiterado en múltiples es cenarios, una de las causas que perpetuaron el conflicto armado colombiano ha sido la ex clusión política. La imposibilidad de participar en igualdad de condiciones ha motivado la organización de diversas formas de agrupa ción al margen de la ley, que alimentan de esta forma las espirales de violencia que se ciernen desde hace décadas en Colombia. En los acuerdos de La Habana se reconoció por las partes la necesidad de generar mecanis mos que le permitieran a los partidos y movi mientos alternativos participar de manera más equitativa (González Medina, 2017).

En materia de género, en el punto 2 del Acuer do Final de Paz se contemplan una serie de medidas encaminadas a profundizar y ampliar la democracia, sobre todo concibiendo aquellas que permitieran a los partidos y movimientos sociales alternativos hacer uso de herramien tas para participar con garantías en todos los espacios de la política nacional.

1. Incorporación de medidas especiales para que las mu jeres participen en lo público.

2. Garantías de seguridad para lideresas de organizacio nes y movimientos sociales y defensoras de derechos humanos.

3. Participación del movimiento social de mujeres en el Con sejo Nacional para la Recon ciliación y la Convivencia y en los consejos territoriales.

4. Participación efectiva de las mujeres en los mecanismos de control y veeduría ciudadana.

5. Promoción de la participación de las mujeres en los Conse jos Territoriales - Departamen to Nacional de Planeación. 6. Fortalecimiento y promoción de la construcción de presu

puestos locales participati vos sensibles al género y a los derechos de las mujeres.

7. Inscripción, por parte de or ganizaciones de mujeres, de candidatos/as para la confor mación de 16 Circunscripcio nes Transitorias Especiales de Paz de zonas especial mente afectadas por el con flicto, el abandono y la débil presencia institucional.

8. Promoción de la participa ción política y ciudadana de la mujer.

9. Medidas que incluyen la perspectiva de género para promover una mayor partici pación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la po blación más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

El Estado de la implementación del punto 2 del Acuerdo Final de Paz, no obstante, es uno de los que más retraso presentan, y la falta de garantías para la participación política por par te de las mujeres sigue siendo una constante en el escenario nacional. Uno de los aspectos más preocupantes tiene que ver con la falta de medidas de seguridad para los líderes y las lideresas sociales que siguen siendo objeto de amenazas, intimidaciones y asesinato. En lo que va corrido del año han sido asesinados y asesinadas 79 líderes y lideresas; así mismo, 21 firmantes del Acuerdo Final de Paz (Obser vatorio de Derechos Humanos, Conflictivida des y Paz, 2022).

Según el más reciente informe del Grupo de Género en la Paz (GPAZ) (2021), existen 10 medidas que no han sido implementadas, 10 que han sido implementadas de forma parcial

y tan solo 5 que han sido implementadas de forma exitosa. A la fecha, dicho informe no ha incluido los avances en el cumplimiento que se derivan de la aprobación y elección de las Citrep, no obstante, el balance sigue siendo de deuda y lentitud en la implementación del punto 2 y de las medidas con enfoque de gé nero de todo el Acuerdo Final.

Entre las medidas que no han sido implemen tadas hay algunas muy importantes para las mujeres que fueron candidatas a las Circuns cripciones Especiales de Paz, entre ellas la implementación del programa de protección individual y colectiva de líderes y lideresas sociales. Como hemos venido resaltando, la seguridad, junto con la ausencia de financia ción estatal, fue uno de los problemas más recurrentes en las campañas de las candi datas y los candidatos.

Según el Instituto Kroc, hubo una baja inscripción de organizaciones de mujeres y étnicas en las listas aspirantes a las curules; se observaron limitaciones en la reglamentación de estos espacios y desconocimiento por parte de las organizaciones sobre las reglas de participación (Iniciativa Barómetro Colombia, 2022).

También se encuentran en rojo las medidas para el fortalecimiento de las organizaciones sociales mediante asistencia técnica, institu cional y legal, la promoción de la no estig matización y el señalamiento de grupos en condición de vulnerabilidad e históricamente excluidos como las diversidades sexuales, las mujeres en política, las víctimas, etc., así como la promoción de campañas de infor mación y pedagógicas que fomentaran en las comunidades históricamente excluidas facultades democráticas para la incidencia y la participación.

Adicionalmente, en lo que tiene que ver con las Citrep, se presentaron varios pun tos rojos que merecieron la atención de las organizaciones que le hacen seguimiento a la implementación del Acuerdo Final. En este sentido, Según el Instituto Kroc, hubo una baja inscripción de organizaciones de mujeres y étnicas en las listas aspirantes a las curules; se observaron limitaciones en la reglamentación de estos espacios y desco nocimiento por parte de las organizaciones sobre las reglas de participación (Iniciativa Barómetro Colombia, 2022).

Vivencias de candidatas en campaña. Entrevistas

En el proceso de recopilación de información para este documento se entrevistó a tres mujeres que fueron candidatas por la Citrep número 12. Las entrevistas se llevaron a cabo de manera presencial entre el 17 y el 20 de mayo del año 2022 con la plena autorización de las lideresas.

Melba Rocío Mieles3 se postuló como can didata de la Corporación Constructores de Paz y Desarrollo Sostenible. La madre y el padre de Melba fueron asesinados hace 25 años debido a sus actividades políticas y sindicales como líderes de la región. Desde entonces, la búsqueda de verdad en el caso de sus padres y de los múltiples crímenes semejantes que ocurrieron en la región han sido una constan te en su vida. Tenía altas expectativas frente a las curules de paz pues ha hecho parte de organizaciones de víctimas que, desde que se iniciaron las negociaciones de La Habana, estuvieron activas en el proceso de construc ción de propuestas para la reparación integral.

Melba describe su campaña como una expe riencia de autogestión motivada por la nece sidad de transmitir y posicionar las voces y reclamaciones de las víctimas. En su relato también habla de ser consciente de los riesgos que asumía frente a las graves dificultades de seguridad que afrontaban los y las líderes que decidieron postularse como candidatos y can didatas en esa región del Caribe. No obstante, decidió asumir el riesgo esperando alcanzar una transformación profunda desde el rol de representación que se abría como posibilidad con las Citrep. Su candidatura tenía como ob jetivo llevar las voces de las víctimas al Con greso de la República, así mismo, planteaba la necesidad de la defensa del Acuerdo Final de Paz, la protección de la Ley 1448 y la defensa de la vida de los líderes y las lideresas sociales.

3 Entrevista a Melba Rocío Mieles, por Cristina Nicholls, 18 de mayo de 2022, Santa Marta, Magdalena (trans cripción propia).

Melba afirma que no se tomaron medidas para prevenir las prácticas nocivas de instrumentalización de las mujeres en la política. Señala que la violencia de género la observó en otras campañas en donde las mujeres fueron utilizadas para llenar la cuota de género paritaria, y en donde sus liderazgos fueron eclipsados por sus compañeros de fórmula.

En su relato da cuenta de cómo durante las elecciones los grupos armados determinaron fronteras territoriales claras en los municipios en los que hacen presencia y a los que no permitieron el ingreso de candidatas como ella para realizar campaña política. Específica mente, se vio impedida a ingresar al municipio de Dibulla por las restricciones impuestas por actores armados.

A raíz de algunas amenazas que se me dieron, en particular toqué la puerta de la UNP que es la Unidad Nacional de Protección. Las amenazas fueron directa mente por la candidatura mía y por decir y aclarar que soy doblemente víctima de conflicto porque mi victimario fue Jorge

40 y su hijo estaba de candidato por la Citrep 12 […] El tema de la seguridad fue gravísimo, al 101%. El tema de seguridad que se manejaba y se sigue manejando es gravísimo.4

El día 06 de febrero de 2022, a Melba le fue otorgado un esquema de seguridad conven cional (un carro y dos hombres) para proteger la. Aun así, muchos de sus actos de campaña debieron hacerse de manera virtual para sal vaguardar su vida. Tanto la situación de segu ridad como la falta de recursos económicos dificultaron que Melba pudiera hacer campaña por fuera de su municipio de residencia.

Además de este riesgo para su seguridad, Melba señaló que enfrentó varios obstáculos durante el proceso de inscripción de su candidatura por falta de asesoría institucional. Manifestó desco nocimiento en los trámites y papeleos por lo que fue difícil llevar a buen término su inscrip ción. También señaló que su campaña inició en 2021 sin recursos, y los que debían girarse por parte del Estado estuvieron atascados por innumerables trabas burocráticas.

Según Melba, el Estado no hizo lo suficiente para brindar las garantías para el efectivo ejercicio político de quienes asumieron las candidaturas:

Yo siento que sí tuvimos oportunidades, pero que fue el Estado el que nos arrebató a nosotras, como mujeres, esa oportunidad […] Siento tristeza, porque nuevamente nos arrebataron el momento de poder, como verdaderas víctimas del conflicto, levantar la mano y levantar la voz. Puedo decir en estos momentos que la Citrep 12 no se siente representada. Hubo un proselitis mo inadecuado, hubo compra de votos, hubo un mal manejo de la política porque hubo un constreñimiento electoral. Ade más de eso hubo mucho temor. La gente votó desde el miedo, la gente votó desde la presión. La gente votó desde la compra de votos. No nos sentimos representados porque es imposible que el hijo del máximo victimario de la Costa Caribe colombiana y específicamente de la CITREP 12, hoy sea la persona que quiera representarnos a nosotras como víctimas.5

En materia de enfoque de género, Melba afir ma que no se tomaron medidas para prevenir las prácticas nocivas de instrumentalización de las mujeres en la política. En su caso, el liderazgo que lleva consolidando a lo largo de los años como docente y lideresa le significó el respeto por parte de hombres y mujeres. Sin embargo, señala que la violencia de gé nero la observó en otras campañas en don de las mujeres fueron utilizadas para llenar la cuota de género paritaria, y en donde sus liderazgos fueron eclipsados por sus compa ñeros de fórmula.

Claudia Vásquez González6 se postuló como candidata de la Organización Hijos e Hijas por la Memoria y contra la impunidad. Claudia es ama de casa y fue víctima del des plazamiento forzado de su núcleo familiar siendo apenas una niña.

Para Claudia fue muy importante la concreción de las curules especiales de paz puesto que desde su organización se venía trabajando ha cía años por la participación de las víctimas, el rescate de la memoria histórica y la construc ción de paz. Claudia se acercó al movimiento social desde que ingresó a la universidad. Le llamaba la atención la falta de participación de las víctimas en los procesos de negociación fallidos del pasado, por lo que se involucró en el reclamo que Hijos e Hijas realizaba sobre la necesaria la participación de las víctimas en el marco del Acuerdo de Paz para alcanzar una paz completa. Según lo dicho por Claudia, las

6 Entrevista a Claudia Vásquez González, por Cristina Nicholls, 18 de mayo de 2022, Santa Marta, Magdale na (transcripción propia).

víctimas tienen derecho a la participación polí tica de forma prioritaria pues han sido puestas en condiciones de vulnerabilidad y exclusión de manera sistemática. Las curules se avizoraban como un conjunto de garantías a poblaciones históricamente excluidas.

Hijos e Hijas participó del proceso de nego ciación de La Habana posicionando específi camente el tema de la participación política. Justamente porque en su mayoría se trata de hijos e hijas de líderes o políticos.

Por lo anterior, Claudia asumió la apuesta colectiva de ser candidata a la Citrep con el propósito de posicionar y defender la Ley 1448; fortalecer los planes de desarrollo con enfoque territorial; defender el Acuerdo de Paz con un foco importante en los territo rios PDET, impulsar avances en materia de reconciliación y posicionar los problemas medioambientales que hay en el Magdale na frente al acaparamiento de los recursos hídricos y la minería a gran escala.

Su campaña también fue autogestionada y sostenida por su organización. Al igual que Melba, por falta de recursos Claudia no pudo movilizarse a muchos lugares para socializar sus propuestas. De hecho, coincide en que hubo una suerte veto en algunos territorios en donde las candidatas de ciertas organi zaciones no podían ingresar. En el desarrollo de esta enfrentaron múltiples barreras bu rocráticas como la dificultad para conseguir el certificado que debía expedir la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV),

específicamente para aspirar a las elecciones. Cuenta que la mayoría de las organizaciones no sabían que debían tener un certificado adicional al de reconocimiento como vícti mas que ya tenían con anterioridad y debió iniciar el trámite sobre el tiempo.

También se vieron fuertemente limitados por la falta de recursos. El relato de Claudia ilustra ampliamente las dificultades que enfrentaron las candidaturas en esta materia:

Como estaba contemplado en los tér minos de referencia, se suponía que nosotros, el último día de la inscripción, debíamos solicitar también los anticipos. O sea, a más tardar el 13 de diciembre, todas las personas debíamos presentar la solicitud del anticipo. Con eso iba a entrar a evaluarse; el Consejo Nacional Electoral iba a generar esa evaluación para aprobar los anticipos. Dentro de los términos se establecía que debían ser entregados a más tardar un mes pa sada la solicitud. Se supone que a más tardar el 13 de enero ya todos los que hubiesen presentado la solicitud de los anticipos debían contar con los recursos porque eso era lo que iba a garantizar que se pudiera dar el desarrollo de las actividades propuestas para el activismo electoral en el departamento.

[…] Presentamos la solicitud el 13, pero resulta que debíamos llenar demasia dos formatos, estábamos muy poco familiarizados con ellos, no teníamos personas que nos pudieran ayudar, y

nos dimos cuenta de que no íbamos a alcanzar ese día porque nos habíamos acabado de inscribir, luego nos entre gan la documentación y una de las di ficultades era precisamente que para solicitar la documentación para solicitar el anticipo, uno debía presentar ya la inscripción como candidato […] Era “te tienes que inscribir. Cuando te inscribas, solicitas la documentación, la diligencias y la radicas, para que puedas solicitar el anticipo”. Claramente nosotros nos estábamos inscribiendo el último día. Además, había muchas personas en la Registraduría porque no solo estábamos los de la Circunscripción especial, si no, que estaban todas las candidaturas del Magdalena. Terminamos como a las 6 de la tarde y la Registraduría dijo que

iban a cerrar a las 6:00 de la tarde la radicación de documentos. Que ellos iban a estar abiertos el tiempo que fue ra necesario para la inscripción, pero no para la recepción de eso radicados.

No fue la única Circunscripción que pre sentó esta dificultad, entonces empezó a generarse la polémica en diferentes lugares. Que iban a hacer demandas, que iban a hacer derechos de petición, tutelas, porque cómo no iban a recibir los documentos y no iban a brindar el tiempo suficiente para acceder a esta documentación. Entonces no fue oficial, pero sí hubo una directriz nacional de la Registraduría para ampliar el plazo. Nosotros finalmente radicamos la soli citud al día siguiente y quedamos a la

Según lo dicho por Claudia, las víctimas tienen derecho a la participación política de forma prioritaria pues han sido puestas en condiciones de vulnerabilidad y exclusión de manera sistemática. Las curules se avizoraban como un conjunto de garantías a poblaciones históricamente excluidas.

espera de que nos notificaran al correo electrónico. [Durante todo diciembre se dedicaron a preparar la campaña, prio rizar territorios, participar en procesos de formación como el del Extituto, re cibieron algunas amenazas, etc.]

Llegó el 13 de enero y nada, entonces nos dijeron que era que necesitábamos conseguir una aseguradora para que nos vendiera una póliza. Y allí estaba contemplado que debía ser previsora seguros. Pero previsora de seguros, lo que respondió, después de muchísi mo tiempo, y de un montón de proce sos de diferentes lugares. No solo del Magdalena, si no, de las 16 circunscrip ciones, era que, básicamente, lo que nosotros les estábamos pidiendo no estaba entre los riesgos que cubrían. O sea que los superaba; para ellos se constituía prácticamente en un riesgo aceptar darnos una póliza de ese ca rácter, porque era una elección nueva, era una elección sin antecedentes y la forma en que se iba a desarrollar no era muy clara. El tema de la financiación, el tema del umbral, no existía el umbral […] Para la aseguradora no era negocio y más porque fueron 60 candidaturas en la Citrep 12. Para ellos no estábamos dentro del grupo de interés y por eso nunca respondieron favorablemente esa solicitud.

Después de muchas peleas y procesos y demás, el viernes antes de la elección, es decir el viernes 11 de marzo, a algunos

compañeros sí les respondieron que les iban a entregar un anticipo que estaba más o menos como en 12’000.000 de pesos. […] Una cosa es que uno diga que va a hacer una campaña mesurada y otra cosa es hacer una campaña sin dinero. Sin dinero no se puede hacer campaña. Esto fue comprobadísimo.

A partir de ese 13 de enero pensamos, esto está más complicado de lo que pensamos. Si nosotros pensamos que la institucionalidad era un desastre lo estábamos confirmando. Decíamos, esto es producto de un Acuerdo de Paz que trataron de hacer trizas, y lo vienen ha ciendo, pero pensábamos que por ser un espacio de participación política iban a dar, aunque fuera lo mínimo. “denles recursos, aunque sea para que se pue dan mover”. Pero fue en verdad desca rado. Fue desbordada la manera como se favoreció a ciertas candidaturas en la circunscripción. Fue impactante el nivel que se logró de descaro en la contienda electoral. No solo Jorge 40. Una per sona muy cercana a los Geneco, de la gobernación del sector. El tío del actual alcalde de Valledupar: los Castro Araújo [Norberto Castro Araújo].7

Esta narración ilustra claramente cómo los “errores técnicos”, la excesiva burocracia y la falta de financiación, no solo entorpecie ron algunas candidaturas, sino que favore cieron a aquellas que sí contaban con apoyo

Para Claudia, el resultado de las elecciones fue muy desilusionante y manifiesta no tener grandes expectativas frente a las personas elegidas puesto que en su proceso identificó la cooptación de las curules por parte de la clase política tradicional, los clanes políticos y personas cuestionadas por estar vinculadas con grupos paramilitares.

de familias con recursos y trayectoria en la política electoral.

Para Claudia, el resultado de las elecciones fue muy desilusionante y manifiesta no tener grandes expectativas frente a las personas elegidas pues to que en su proceso identificó la cooptación de las curules por parte de la clase política tradicio nal, los clanes políticos y personas cuestionadas por estar vinculadas con grupos paramilitares. Para ella y su organización, estas elecciones representan una gran decepción puesto que sintieron que una vez más sus exigencias histó ricas fueron atropelladas en complicidad con el Estado. Nos cuenta Claudia:

Yo hice una serie de denuncias en con tra de él (Jorge Tovar) a lo largo de la campaña. De hecho, el día de las elec ciones a nosotros nos tocó ver cómo estaban comprando votos, nos tocó ver cómo, de algunos corregimientos de las partes altas, bajaban camiones llenos con personas custodiadas por hombres armados que tenían a orden de votar por el hijo de Jorge 40. Yo no estoy diciendo que él necesariamente hubiese sido quien infringió el medio, pero sí que él estaba gozando de unos privilegios por, digamos, la estructura que dejó montada su padre.

Y que, claramente hay allí un lugar de ne gociación y es que si el hijo de Jorge 40 llegaba allá es también una forma de nego ciar el silencio de él. Jorge 40 conoce muy bien toda esta zona, Sierra Nevada y Peri já. Estos tres departamentos fueron zona de incidencia de él y tuvo mucha cercanía con diferentes políticos que todavía tienen el poder en esta zona. Entonces, por eso también él tuvo ese apoyo desbordado de la élite vallenata. Eso fue impresionante. Po líticos tradicionales como Api Cuello, que iba también para la cámara de represen tantes por el partido Conservador, dicen que él puso en función, toda su campaña, para el hijo de Jorge 40.8

Además de esto, para Claudia el proceso electoral fue también una oportunidad perdi da para fortalecer la participación política de las mujeres.

Una de las cosas que me llamaba parti cularmente la atención era que se había planteado la conformación de esas listas de una manera paritaria. Pero resulta que eso no fue tan beneficioso por varias cosas. La primera de ellas es que, pues definitivamente las mujeres no hemos tenido las condiciones para participar activamente en política. De hecho, por que una de las limitantes está relaciona da con que [para] la mayoría de mujeres, sobre todo cuando son rurales y habitan partes altas, por ejemplo, en este caso de la Sierra Nevada o de la Serranía del

Perijá, o cuando son jefas de hogar se incrementan las dificultades. Cuando tie nen a cargo hijos, cuando tienen a cargo familia, cultivos, eso allí va dificultando.

Pero a mí lo que me llamaba la atención es que, aunque las listas estaban con formadas, un hombre y una mujer, no se pensó en la relevancia de que las mujeres no estuvieran de segundas. Las cuatro candidaturas que tenían más votos eran masculinas. Me parece que todavía está la idea de que cuando se conforman listas paritarias la mujer está para acompañar “Voy a acompañar para que él pueda llegar a ese espacio de representación”. Y creo que uno de los casos concretos se dio en esta circunscripción. Con el hijo de Jorge 40, ocurrió con la ficha del clan Geneco. Los que ocuparon los cuatro primeros lugares de la votación. La participación de las mujeres, aunque sí fue importante en número, realmente, condiciones que uno pudiera decir “sí hay unos avances significativos porque las mujeres que participaron llevaron la vanguardia...” No.9

Indagando por sus expectativas frente a las próximas elecciones, Claudia explica que es necesario hacer un trabajo muy profundo para transformar las subjetividades políticas de la región si se quiere lograr transparencia e igual dad de condiciones en las contiendas elec torales. Y no solo en las correspondientes al segundo periodo de Citrep.

Eso es complejo, porque Magdalena, Cesar y Guajira justo fueron de los de partamentos donde hubo un triunfo del paramilitarismo. Y hubo un triunfo del paramilitarismo no solamente en el tér mino de las armas, si no en términos culturales. Entonces cuando hay un triunfo cultural de esta dimensión es muy difícil tu empezar a desescalarlo o transformarlo. Esa es una de las pri meras dificultades. Lo segundo es que como hubo efectivamente un triunfo cultural y, a raíz de toda esta violencia sociopolítica, que se dio en este caso en el Magdalena, todos los procesos organizativos se vieron desarticulados. Entonces, cuando tu desarticulas proce sos organizativos, luego retomar esos lazos de confianza, se vuelve muy difícil.

La dificultad que hubo acá, principal mente, y eso se ve en el número de candidaturas que hubo, es que, hay una desconfianza, hay una necesidad de participación, pero no hay una ar ticulación. Si esas organizaciones al ternativas se hubiesen presentado de manera articulada con unos acuerdos programáticos establecidos, probable mente hubiésemos podido tener una candidatura muy fortalecida. Pero creo que eso da cuenta también de los daños que generó la guerra en los procesos organizativos. Todos están desarticu lados, todos están tirando por su lado. Luego sí se necesita un cambio de go bierno, porque realmente la apuesta de gobierno que plantea no poner los

Acuerdos de Paz en el centro ha sido una de las dificultades más grandes y es lo que ha permitido que se empiece a generar esa repetición del ciclo de violencia que cada tantos años vemos que llega a los diferentes territorios.

Hay una necesidad de generar una in tervención con urgencia en los secto res rurales más apartados para evitar el constreñimiento electoral. Mientras no haya medidas reales para garantizar la seguridad desde el Estado no va a fun cionar, porque estas comunidades tienen que convivir todo el tiempo con grupos armados organizados que se están dis putando las rutas del narcotráfico, que quieren control territorial, y que, además, favorecen a unas élites políticas y eco nómicas en la zona.10

Para Claudia, uno de los elementos deter minantes a trabajar de cara a los próximos procesos electorales es el fortalecimiento organizativo, la reconstrucción de confianzas y alianzas entre organizaciones y la aten ción prioritaria a los territorios expuestos a mayor vulnerabilidad por el constreñimiento de actores armados. De no generarse estas medidas desde ya,

… lo que va a ocurrir entonces es que no van a ser candidaturas independientes que vengan solamente de un proceso organizativo, que tenga el aval de una organización social o de víctimas, sino

que va a tener que tener el respaldo de algún partido político que si conozca el tema electoral. Pero ya perdería el sen tido y el espíritu que se contemplaba allí. Desafortunadamente eso es lo que creo que podría ocurrir.11

Jennifer Esther Domínguez12 fue candidata a la Citrep por la Asociación Aspirante al Retorno al Predio Renacer. Es víctima de desplazamiento forzado y trabaja como independiente.

Jennifer cuenta que su campaña inició con la esperanza de poder posicionar la voz de las víctimas en los espacios de representa ción contemplados en los Acuerdos. Quería promover la articulación nacional de las orga nizaciones de víctimas para potenciar la exigi bilidad de derechos; promover el empleo de las mujeres en la región e impulsar proyectos encaminados a mejorar las condiciones de los jóvenes, los niños y las niñas, y para las madres cabeza de familia.

Asumió la candidatura como un reto per sonal puesto que había muchas personas que le decían “que ella qué hacía metida en política” y que si estaba segura de poder ocupar un lugar de poder dentro del Poder Legislativo. Quiso demostrar su capacidad de liderazgo, pero, al igual que Melba y Clau dia, vio truncada la ilusión por las múltiples barreras que se interpusieron en el camino. En su caso, el cuestionamiento a su talante

11 Idem

12 Entrevista a Jennifer Esther Domínguez, por Cristina Nicholls, 18 de mayo de 2022, Santa Marta, Magdale na (transcripción propia).

como líder por el hecho de ser mujer fue mucho más explícito:

Yo decía “¿Por qué me vas a demeritar si yo tengo conocimiento y sí puedo lograrlo?” Decían “Ay, porque las mujeres no sirven para eso, no sirven para política, a ustedes las engañan, viene un hombre de allá arriba y las engañan”. No, después de que uno tenga el conocimiento y sepa de política y sepa de los derechos que uno va a de fender allá uno no se va a dejar engañar, y menos por lo que tú estás luchando que es por las víctimas, porque tú eres víctima y sabes de dónde vienes tú. Yo no me puedo dejar engañar de cualquiera.13

Además de estos cuestionamientos a los que hizo frente con voluntad y trabajo, para Jennifer la tarea fue muy difícil por la imposibilidad de llegar a los territorios en los que quería hacer campaña. La falta de financiación y las dificul tades en la inscripción que enfrentó fueron muy similares a las ya descritas por Claudia.

Siempre estuvimos pidiendo derechos de igualdad porque hubo otros compañeros que no siendo víctimas hicieron parte de esa candidatura. Entonces nosotros siempre estuvimos peleando eso. Muchas veces nos manifestamos, una de esas fue en Valledupar, uy aquí en Santa Marta nos encadenamos frente a la Registraduría. Duramos 5 días allí pero lastimosamente no se nos dieron las cosas.14

Jennifer cuenta que su campaña inició con la esperanza de poder posicionar la voz de las víctimas en los espacios de representación contemplados en los Acuerdos. Quería promover la articulación nacional de las organizaciones de víctimas para potenciar la exigibilidad de derechos y promover el empleo de las mujeres en la región.

En materia de seguridad, el caso de Jennifer es perfectamente ilustrativo de la insuficiencia de la respuesta por parte de la UNP a las soli citudes de protección de los y las candidatas:

Nos dieron un esquema de seguridad. Me dieron un hombre, pero ese hombre, al lado mío, a pie, caminando. Me dieron un chaleco, me dieron un botón. Pero digo yo, si yo me tenía que mover al territorio, si yo tenía que salir de Santa Marta para Valledupar, Cesar, La Gua jira, ¿cómo iba a hacer? Muchas veces no tuve para mí (transporte) cómo iba a tener para ese hombre a lado mío. Fue demasiado difícil. Decía yo “¿a mí de qué me sirve?” Y menos con quie nes éramos nosotros, que no éramos

cualquiera, nosotros somos represen tantes de víctimas.15

Desde el momento en que pasaron las eleccio nes, muchas de las mujeres excandidatas, incluso aquellas que quedaron como dupla de hombres electos, han venido promoviendo iniciativas para visibilizar las situaciones aquí ejemplificadas, promover y realizar ejercicios de veeduría a los y las representantes electos por las Citrep, pro mover recomendaciones tendientes a eliminar las barreras identificadas en las siguientes elec ciones, viabilizar las propuestas de su campaña por otros rumbos, y fortalecer los procesos orga nizativos de las mujeres y de las víctimas en pro de la efectiva ampliación de su representación y participación en política.

FOTO: CORPORACIÓN HUMANAS COLOMBIA

Lectura retrospectiva

Como hemos visto a partir de los testimonios aquí citados, el balance del primer proceso electoral de las Citrep deja muchas inquietudes y retos. Una afirmación importante en la que han insistido GPAZ, el Instituto Kroc y muchas otras organizaciones no gubernamentales, es que las correcciones al proceso de las Citrep deben enmarcarse necesariamente en la amplia implementación del punto 2, y este, a su vez, en la implementación integral del Acuerdo.

En el informe “No enreden la paz. Balance multipartidista de la implementación del Acuer do de Paz a julio de 2022” se recogen las observaciones de los y las congresistas de la bancada de oposición al gobierno Duque, con respecto a lo realizado a la fecha y a las tareas de urgente cumplimiento que marcan el horizonte por venir.

Con respecto al punto de la apertura democrá tica se señala que su implementación es, sobre todo, normativa y aún está pendiente el 50% de la normatividad requerida para dar cumplimiento a aquellas medidas tendientes a garantizar la ampliación de la representación política,

… incluyendo la reforma política con base en las recomendaciones de la Misión Electoral Especial (MEE), ley de parti cipación ciudadana y regulación de la protesta pacífica, y la reforma al código electoral. Además, solo el 24% de los municipios en los que se han otorgado licencias para emisoras comunitarias son municipios PDET. Según los indicadores reportados en el Sistema Integrado de Información para el Postconflicto (SIIPO), el Punto 2 es el que menos avances pre senta de los puntos del Acuerdo Final: 38% de cumplimiento. (Valeria Rico et al., 2022, p. 120)

La FIP llama la atención sobre los retos que en general enfrenta el país para sanear sus prácticas democráticas. Una tarea integral, que va más allá del Legislativo y de la implementación del Acuerdo Final (aunque este sea un pilar del cambio) e involucra a la institucionalidad, a las organizaciones, a la cooperación internacional y a la sociedad en su conjunto.

En relación con las Citrep, el informe recoge varios de los obstáculos previamente ilustrados en este documento. Así mismo, hace énfasis en la persistencia de brechas de género en la elección de estas, ya que

… la persistencia de los estereotipos de género y la sobrecarga de labores de cui dado de las lideresas que se postularon, hicieron que las brechas de género para la participación política y para el acceso a recursos de las campañas se mantuvie ran. Como resultado de estas barreras, de 16 representantes electos, solo 3 son mujeres. (Valeria Rico et al., 2022)

Por su parte, la FIP llama la atención sobre los retos que en general enfrenta el país para sanear sus prácticas democráticas. Una tarea integral, que va más allá del Legislativo y de la implementación del Acuerdo Final (aunque este sea un pilar del cambio) e involucra a la institucionalidad, a las organizaciones, a la cooperación internacional y a la sociedad en su conjunto.

Para la FIP, citada en el informe, uno de los peores indicadores del proceso fue la cooptación por parte de grupos políticos tradicionales de las Citrep, “a pesar de que su reglamentación prohíbe explícitamente que los partidos o movimientos que cuenten

con representación en el Congreso o con personería jurídica inscriban candidatos a estas circunscripciones o establezcan alian zas con las organizaciones promotoras de candidatos a las Circunscripciones (Valeria Rico et al ., 2022).

La MOE, a su vez, destaca como prioritaria la adopción de medidas tendientes a garantizar la seguridad de los candidatos y de la próxima jornada electoral para elección de las Citrep. En su informe, la MOE señala que

… desde 2016, el 43% de las afectacio nes registradas por hechos de violencia política, social y comunal se presentaron en los municipios que integran las Citrep. Al respecto, la Misión informó que en 132 (79%) de los municipios de las Citrep reportaron al menos un hecho violento entre 2016 y 2021, y en 119 municipios se presentaron hechos letales. (Valeria Rico et al., 2022)

Esta mirada territorial da cuenta de que las soluciones a la seguridad no se traducen en medidas de protección individual, aunque estas sean urgentes y deban garantizarse. Se nece sitan abordajes territoriales, presencia integral del Estado y la implementación de estrategias estructurales para la solución de la confronta ción con las organizaciones armadas ilegales.

Recomendaciones Generales:

Con el ánimo de contribuir al fortalecimiento de este proceso para las próximas elecciones, y, a su vez, de rescatar el espíritu de ampliación de la democracia en el que se enmarcan esta y otras medidas del Acuerdo Final de Paz, proponemos a continuación las siguientes recomendaciones que deberán ser asumidas principalmente por el Estado en su conjunto y la institucionalidad a cargo de la implementación del Acuerdo de Paz, pero a las que debemos coadyuvar las organizaciones sociales, los organizamos de cooperación internacional, la academia y la sociedad civil:

Ò Es urgente tomar medidas tendien tes a garantizar la seguridad de los y las lideresas en el país, especialmente en aquellos territorios con presencia de actores armados e ilegales, en los que se presentan crisis humanitarias por el recrudecimiento del conflicto y en los que imperan las economías ilegales. Dichas medidas se deben fortalecer de manera enfá tica durante los procesos electorales sin que la protección individual se convierta en un obstáculo para el desarrollo de la campaña. Esto ad quiere especial relevancia en el con texto de las elecciones de Citrep por el carácter de los y las candidatas.

Ò El Estado debe avanzar en la im plementación integral del Acuerdo de Paz y, simultáneamente, en el desarrollo de estrategias para el desmantelamiento de grupos armados y economías ilegales en el país. La ruta avizorada por el gobierno

actual del presidente Gustavo Petro para conseguir la paz total despierta expectativas para la resolución estruc tural de esa presencia armada, pues esta se convierte en un obstáculo real para garantizar la apertura democrá tica y la participación política libre e informada de la ciudadanía, especial mente en los territorios mayormente afectados por el conflicto.

Ò Se debe incentivar el fortalecimiento de las organizaciones sociales pues después de estas elecciones, el tejido organizacional de las víc timas quedó sumamente afectado, es necesario dirigir medidas a su fortalecimiento y a la promoción de escenarios de coordinación territo rial y nacional.

Ò Las elecciones de las CITREP deberían darse de forma atípica, aisladas de las elecciones regulares al Congreso de la República, ya que

la mezcla de escenarios y contextos genera condiciones desiguales de participación y propicia la inciden cia de poderes políticos regionales tradicionales en los resultados de los comicios.

Ò Se debe sancionar y combatir la cooptación institucional a favor de los clanes y los partidos políticos tradicionales.

Ò Se deben brindar garantías para el ejercicio de las Citrep electas y, a su vez, promover ejercicios de trans parencia y veeduría con respecto al rol de cada representante para rendir cuentas.

Ò Hay un capital humano muy grande de personas en los territorios que tienen vocación de liderazgo. Este potencial se debe seguir cultivando con pedagogía.

Ò Se debe garantizar que todas las personas que quieran presentarse a las próximas elecciones de curules y a otros procesos electorales cuenten con las condiciones para acceder a financiación y medios de comuni cación en igualdad de condiciones.

Ò Se debe insistir, no solo desde la ins titucionalidad, sino de otros actores sociales como la academia, las orga nizaciones no gubernamentales y las organizaciones de cooperación inter nacional, en el rol activo que deben desempeñar para el fortalecimiento del ejercicio de las Citrep y el desarrollo de las siguientes elecciones: rol de veeduría, visibilización de las necesidades e ideas de las víctimas y poblaciones menos representadas, investigación social para la construc ción de paz y ejercicio de tejer puen tes entre los representantes elegidos y su electorado o las personas de los territorios que representan.

Recomendaciones para la participación política de las mujeres víctimas y personas LGBTI:

Ò Se deben implementar a cabalidad todas las medidas de género contempladas en el Acuerdo, especial mente las del punto 2 de participación política y apertura democrática.

Ò Es necesario tomar medidas inmediatas en pro de preparar de manera más eficaz a la institucionalidad de modo que se garantice desde ya un acompañamiento técnico, político y psicosocial efectivo de las organizaciones cuya participa ción política se promueve con las Citrep. Lo anterior, manteniendo una especial atención a los enfoques diferenciales que eliminen de manera intencionada las barreras adicionales que enfrentan las mujeres, los sectores LGBTI, las víctimas del conflicto y las poblaciones indígenas y afrodescen dientes en el escenario electoral.

Ò Se deben adoptar instrumentos a lo largo del proceso de inscripción de candidaturas que permitan vi sibilizar las candidaturas de personas LGBTI.

Ò Se deben desarrollar procesos de fortalecimiento organizativo y de liderazgos sociales con vocación de poder dirigidos de manera es pecífica a las mujeres, las organi zaciones de mujeres, los sectores LGBTI y los procesos organizativos de indígenas y afrodescendientes de cara a los próximos procesos electorales y especialmente a las elecciones de Citrep para el se gundo periodo.

Ò Se deben eliminar las barreras de participación para las organizaciones de mujeres y no se les debe pedir ningún requisito adicional para la ins cripción de candidaturas a las Citrep.

Ò Se debe garantizar un ejercicio electoral que promueva la paridad “cómo mínimo” pero no “cómo máximo”. Es fundamental, de cara a la eliminación de barreras para la participación política de las mujeres, que se autorice la inscripción de du plas conformadas solo por mujeres.

Ò Se deben promover y acompañar ejercicios de veeduría que permitan hacer seguimiento al rol desempeñado por los y las representantes electos por las CITREP para este primer periodo, especialmente, en cuanto a la tarea legislativa y de control político que realicen en pro de la garantía de los derechos de las mujeres víctimas.

Referencias

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Elaborado por: Foro de Mujeres y Desarrollo FOKUS

Autoras: Cristina Nicholls (Consultora) Y Lorena María Aristizábal Farah (Oficial de incidencia)