PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN ETAPAS DE DIÁLOGO E IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS DE PAZ Aprendizajes del proceso Gobierno - FARC-EP a siete años de su firma
Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz Aprendizajes del proceso Gobierno - FARC-EP a siete años de su firma
EQUIPO DE FOKUS EN COLOMBIA Directora Oficina Regional en Latinoamérica Ana Milena González Valencia
Responsable Administrativa y Financiera Sandra Garzón Cortés
Oficial de Incidencia Angélica Beltrán Pineda
Asistente de Oficina Sandra Masso Gutiérrez
Oficial de comunicaciones Yenny Leguizamón Orjuela
Coordinación y redacción Angélica Beltrán, Oficial de Incidencia
Corrección de estilo María José Díaz Granados M.
Revisión y retroalimentación Ana Milena González, directora Oficina Regional en Latinoamérica
Diseño y diagramación Leidy Sánchez
Yenny Leguizamón, oficial de comunicaciones Construcción de información y apoyo en análisis de información Cristina Nicholls Transcripción de entrevistas y codificación Andrea Castro
Fecha de publicación: febrero de 2024
Fotografías Yenny Leguizamón, oficial de comunicaciones Foto página 36; Comunicaciones Juntanza de Mujeres Cita sugerida: FOKUS (2024). Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz Aprendizajes del proceso Gobierno - FARC-EP a siete años de su firma.
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Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
Resumen A partir de la experiencia adquirida en el proceso de paz con las FARC-EP en Colombia, se identifican recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en procesos de paz para el Estado colombiano, la cooperación internacional y la sociedad civil, enfatizando en la actual oportunidad de solución política con el ELN. Los aprendizajes y recomendaciones derivadas de esta investigación pueden ser retomados en otros contextos de forma crítica.
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Siglas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
AFP: Acuerdo Final de Paz CNP: Comité Nacional de Participación CSIVI: Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación CEV: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad CEDAW: Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social CGR: Contraloría General de la República CRS: Corriente de Renovación Socialista ELN: Ejército de Liberación Nacional EPL: Ejército Popular de Liberación FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FOKUS: Foro de Mujeres y Desarrollo LBT: Lesbianas, Bisexuales y Transgénero LGTBIQ+: Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales, Queer ONU: Organización de las Naciones Unidas PDET: Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PNIS: Plan de Sustitución de Cultivos de Coca PME: Planeación, monitoreo y evaluación PMI: Plan Marco de Implementación PNA: Plan Nacional de Acción R1325: Resolución 1325
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CONTENIDO PRESENTACIÓN....................................................................................................................6 INTRODUCCIÓN....................................................................................................................8 A SIETE AÑOS DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ DE LA HABANA: CONTEXTO, ESTADO ACTUAL Y RETOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO..................................................... 14 Contexto político de los acuerdos de paz de la Habana, 2016-2023....................... 15 Retos de la incorporación del enfoque de género en la etapa de diálogo entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP........................................ 16 Estado de implementación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz de La Habana.........................................................................................20 Retos en la implementación de las medidas con enfoque de género en el Acuerdo de Paz de La Habana............................................................24 Voluntad política.......................................................................................................................24 Capacidad y voluntad institucional para la implementación..................................25 Presupuesto y gestión de recursos....................................................................................26 El rol de la sociedad civil y la cooperación internacional..........................................26 Planeación, monitoreo y evaluación del Acuerdo de Paz..........................................27 Interseccionalidad de las medidas e instrumentos de PME.................................... 28 Seguimiento a la implementación del Acuerdo............................................................29 Modelo de reincorporación e incumplimiento a firmantes de paz......................30 Comunicación y pedagogía para la paz............................................................................ 31 Proceso de negociación con el ELN: antecedentes y situación actual................... 31 Proceso de diálogos de paz con el ELN en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez................................................................................35
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Recomendaciones para la implementación del enfoque de género en procesos de paz.............................................................................................. 37 No regresividad en derechos.............................................................................................. 38 Enfoque de acción sin daño................................................................................................. 38 Principio de no discriminación........................................................................................... 38 Enfoque interseccional.......................................................................................................... 38 Principio antirracista.............................................................................................................. 38 Principio de protección de la naturaleza.........................................................................39 Transversalización y especialización en el enfoque de género..............................39 Recomendaciones para el Estado colombiano en la incorporación del enfoque de género en procesos de paz................................................................. 40 Gestión del conocimiento..................................................................................................... 40 Integración de iniciativas de paz........................................................................................ 41 Conformación paritaria y eficiente de las delegaciones negociadoras............... 41 Participación social en el marco de la responsabilidad estatal............................... 41 Mecanismos de monitoreo y evaluación de la implementación de acuerdos...............................................................................................42 Comunicación y cultura de paz...........................................................................................43 Recomendaciones para la cooperación internacional en la incorporación del enfoque de género en procesos de paz.......................................44 Incidencia internacional........................................................................................................ 44 Fortalecimiento de capacidades del Estado colombiano.......................................... 44 Fortalecimiento de la sociedad civil para la construcción de paz......................... 45 Priorización en la asignación de recursos...................................................................... 45 Recomendaciones a la sociedad civil para la incorporación del enfoque de género en procesos de paz..................................................................46 Articulación de iniciativas de paz...................................................................................... 46 Preconfiguración de una política para la paz en el movimiento de mujeres........................................................................................................ 46 Integración de agendas de paz en las organizaciones de mujeres........................47 Incorporación del enfoque de género en organizaciones de la sociedad civil....................................................................................................................47 REFERENCIAS.................................................................................................................... 48 PERSONAS ENTREVISTADAS..........................................................................................51
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PRESENTACIÓN
Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
El Foro de Mujeres y Desarrollo (FOKUS), como centro de conocimiento y recursos de la sociedad civil noruega, inicia su trabajo en Colombia sobre Mujeres, Paz y Seguridad en el año 2011. En estos 14 años de trabajo ha impulsado estrategias orientadas a la implementación de la Resolución 1325 y sus disposiciones relacionadas en el país, a través de la comunicación e incidencia política como oficina, la cooperación con organizaciones de mujeres colombianas y la gestión del conocimiento en eventos y publicaciones1. Actualmente, FOKUS en Latinoamérica cuenta con 18 copartes, 6 en Guatemala y 12 en Colombia, de las cuales nueve implementan proyectos relacionados con la construcción de paz con enfoque de género. De esta manera, a través de sus copartes, apoya iniciativas de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, participación en el actual proceso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el marco de la Juntanza de Mujeres y Paz, así como la construcción e implementación del primer Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325, a través de organizaciones que integran la Alianza 1325, procurando el enfoque de género, étnico, diferencial y territorial. La presente publicación es un producto derivado de investigación que busca aportar recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en los procesos de paz en Colombia, y que podrían considerarse de manera crítica en otros contextos. Esperamos que esta publicación llegue a las mentes y los corazones de personas comprometidas con la construcción de paz con enfoque de género desde la sociedad civil, la cooperación internacional e instituciones del Estado. 1 Pueden consultarse otras publicaciones sobre la materia tales como: Revista FOKUS Mujeres (números 2023, 2022, 2021, 2020); Mujeres víctimas y curules de paz: una lectura con perspectiva de género al primer proceso electoral de las circunscripciones transitorias especiales para la paz (2022); Claves sobre la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP en lo que respecta a las mujeres, mensajes para la comunidad internacional (2017); Construyendo paz en Colombia (2017); Seminario Mujeres y paz. Desafíos y retos para la cooperación (2015); Aportes para el debate sobre la Paz (2013).
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INTRODUCCIÓN
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Colombia es un país que no ha conocido la paz. Desde el siglo XVIII, con el desarrollo de las guerras independentistas, las guerras civiles relacionadas con modelos de organización política federalistas y centralistas, la violencia partidista y, actualmente, con el denominado conflicto armado interno, la vida cotidiana de la población urbana y rural colombiana se ha desenvuelto en el contexto de la guerra. Según el informe publicado en el año 2022 por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), el actual conflicto armado, en desarrollo desde los años sesenta, encuentra sus raíces en problemáticas sociales, económicas, culturales y políticas, tales como la debilidad y el abandono estatal en zonas rurales y urbano-periféricas, la desigualdad en la distribución de la riqueza, los estereotipos de género, entre otros. En este documento nos centraremos especialmente en las afectaciones particulares que mujeres heterosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, mestizas, indígenas, negras, rrom, urbanas, rurales y campesinas, de diferentes edades2, han tenido en el marco del conflicto armado, dado que los actores armados ilegales en el país han utilizado la violencia basada en el género como estrategia militar y mecanismo de recompensas; así mismo, han impuesto sistemas morales y de administración de justicia en las comunidades (CEV, 2022), que ha reproducido el sistema de dominación patriarcal y capitalista. Así como el conflicto armado en Colombia es de larga data, lo son también los esfuerzos de resistencia y construcción de paz, impulsados principalmente por la sociedad civil, el Estado, sectores de la iglesia y la academia. Es en este suelo fértil de luchas y experiencias que FOKUS ha favorecido la gestión de conocimiento. En esta ocasión, se parte de las organizaciones de mujeres colombianas y mujeres feministas, de manera que permita generar recomendaciones para la adecuada incorporación de enfoque de género en los procesos de paz, especialmente en el actual proceso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su etapa de negociación e implementación del Acuerdo, partiendo de la experiencia adquirida en el proceso con las Fuerzas Armadas 2 En adelante, al hacer referencia a las mujeres se considera esta diversidad de experiencias.
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Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), la cual ha sido reconocida internacionalmente como pionera en la incorporación del enfoque de género, diferencial, territorial y étnico. Para este objetivo se consultaron fuentes secundarias como informes y documentos de análisis producidos por organizaciones sociales, academia y entidades cooperación internacional; a su vez, se desarrollaron entrevistas a 16 mujeres que participaron del proceso de paz con las FARC-EP en su etapa de diálogo, que hacen parte de escenarios de seguimiento y exigibilidad de su implementación, y que están vinculadas al actual proceso de negociación con el ELN a través de sus mecanismos de participación social, en el marco de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad. De esta manera, agradecemos especialmente a Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas; Amanda Hurtado, antropóloga y militante del movimiento negro; Ana Milena González, directora Oficina Regional en Latinoamérica; Angélica Arias Preciado, profesional psicosocial del Resguardo Indígena Kankuamo; Angélica Bernal, Profesora de la Escuela Superior de Administración Pública, Clara Ávila Peña, integrante de la dirección colegiada de la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política; Diana Granados, Coordinadora de la Comisión de Paz de la Universidad del Cauca; Elsy Rodríguez Vergara, directora de Cartografía Sur; July Samira Fajardo, investigadora del Instituto Krocc; Karina Santos Matiz, delegada al CNP de la Juntanza de Mujeres y Paz; Luz Mery López, lideresa integrante Consejo Nacional de los Comunes; Marcela Sánchez, directora ejecutiva de Colombia Diversa;
Melany Artunduaga, asesora de Género en CODACOP; Rocío Doncel, asesora de Monitoreo en CODACOP; Rosa Manuela Montero, coordinadora de Proyectos del Resguardo Indígena Kankuamo, así como a quien decidió permanecer anónima, por compartir sus experiencias, frustraciones e ideas. El documento se desarrollará en cuatro apartados principales: inicialmente, se aborda la política de Paz Total en relación con la agenda Mujeres, Paz y Seguridad; posteriormente, se realiza un balance de la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana a siete años de su firma, recordando su proceso, contexto actual y los retos de implementación del enfoque de género; en tercer lugar, se trabaja sobre el proceso de diálogo con el ELN incluyendo los antecedentes de negociaciones de paz, y sus características actuales, para finalmente establecer las recomendaciones que puede aportar la incorporación efectiva del enfoque de género en el diálogo con el ELN.
Política de Paz Total y agenda Mujeres, Paz y Seguridad en Colombia En el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez (20222026), se definió como una de sus prioridades la política de Paz Total (Ley 2272 de 2022). Entre sus iniciativas, esta política contempla la creación del servicio social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio, la construcción de Regiones
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La implementación de la política de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, presenta varios retos, entre estos, la falta de articulación institucional y de capacidad estatal para responder a diálogos paralelos de diferente naturaleza,
de Paz, una política de desmantelamiento de organizaciones criminales, política de drogas, procesos de diálogo con actores armados ilegales con motivaciones políticas y sometimiento a la justicia de bandas criminales, así como desmantelamiento de economías ilícitas. De esta manera, supera el abordaje militarista de la construcción de paz, al partir de un enfoque de seguridad humana, lo cual es una aproximación innovadora y necesaria para el país, que ha padecido el enfoque militarista por décadas, profundizando en la violación de los derechos humanos de las comunidades directamente afectadas por el conflicto. La política de paz es una política de Estado. Será prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y sometimiento a la justicia. Los instrumentos de la paz total tendrán como
finalidad prevalente el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. (Ley 2272 de 2020, art. 2, lit. B) CITA
La implementación de esta política presenta varios retos, entre estos, la falta de articulación institucional y de capacidad estatal para responder a diálogos paralelos de diferente naturaleza, el enfoque de participación ciudadana, falencias en la caracterización de los actores armados, y el importante reto de priorizar la prevención, protección, recuperación y acceso a la justicia de la mitad de la población del país: las mujeres (CINEP, 2023; FIP, 2023). Así mismo, esta política enfrenta el reto de contrarrestar narrativas impuestas por sectores políticos y medios de comunicación hegemónicos en contra de los esfuerzos de paz.
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En la política de Paz Total se establece la participación de las mujeres en los escenarios de diálogo y construcción de paz que esta contempla, lo cual es necesario, pero no suficiente, para suplir las necesidades de las mujeres en la materia, y cumplir con los estándares internacionales y las disposiciones a las que Colombia se ha adherido. En este sentido, la política de Paz Total no establece una relación clara con la agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Cabe anotar que la agenda Mujeres, Paz y Seguridad es resultado de la movilización social de las mujeres en el mundo, institucionalizada en la Organización de las Naciones Unidas, y que tiene como principal fundamento normativo la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, la Resolución 1325 del año 2000 (R1325), la cual es la primera disposición internacional emitida por la ONU en la que se reconocen las afectaciones par-
ticulares de las mujeres y niñas, así como su rol protagonista en la construcción de la paz, y la recomendación general número 30 sobre las mujeres en la prevención de conflictos, en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos (CEDAW, 2013). A esta la siguieron las Resoluciones 1889 de 2009, 2122 de 2013, 2242 de 2015 y 2493 de 2019, en las cuales se enfatiza en la necesidad de la participación efectiva de las mujeres en la construcción de la paz, tanto en escenarios de diálogos como de posacuerdos. También resaltan las Resoluciones 1820 de 2008, 1888 de 2009, 1960 de 2010, 2106 de 2013 y 2467 de 2019 en las cuales se ha enfatizado en la violencia sexual como crimen de lesa humanidad, crimen de guerra o acto constitutivo de genocidio, y se emiten recomendaciones para la prevención, documentación y protección de las mujeres y niñas ante este crimen. De esta manera, la R1325 y subsiguientes son una herramienta política de exigibilidad de las mujeres hacia los Estados miembros del Consejo de Seguridad, tales como Colombia. Pese a que antes de 2023 no existía un Plan Nacional de Acción para la implementación de la R1325, se ha avanzado en su implementación gracias a la incidencia de la sociedad civil y el apoyo de la cooperación internacional. La participación de las mujeres y la incorporación del enfoque de género en el proceso de paz de La Habana desarrollado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP del año 2012 al 2016 fue una experiencia de implementación de la Reso-
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lución y se consolidó con el mecanismo de la Subcomisión de Género instalado un año después del inicio de los diálogos, debido a la presión de organizaciones de mujeres y feministas del país que exigían la representatividad de las mujeres y la incorporación del enfoque de género. Esta subcomisión, integrada por delegadas del gobierno y las FARC-EP, contó con amplio respaldo de organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional, especialmente países garantes del diálogo y organismos multilaterales, alcanzando conquistas para los derechos de las mujeres en todos los puntos del Acuerdo, por lo que es considerada una experiencia pionera en el mundo, en lo que respecta a procesos de paz y fin de conflictos armados (Humanas y CIASE, 2017); a su vez, ayudó a posicionar la agenda Mujeres, Paz y Seguridad en el país. En el siguiente apartado se profundizará en esta experiencia y en los retos que presentó. Por otro lado, resalta la construcción del primer Plan Nacional de Acción 1325. Este proceso ha sido posible en el marco del actual gobierno (2022-2026) de manera participativa gracias a la incidencia política de la sociedad civil, resaltando el liderazgo de la Alianza 13253. El PNA se construyó en 3 Integrado por: Católicas por el Derecho a Decidir (CDC-Colombia), el Centro de Promoción y Cultura (CPC), el Colectivo de Pensamiento y Acción Mujeres Paz y Seguridad, Colombia Diversa, la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia (CONAMIC), la Corporación Casa de la Mujer, la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP), la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE), la Corporación Humanas, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal-Colombia), la Organización Artemisas, la Red Nacional de Mujeres (RNM) y la Ruta Pacífica de las Mujeres.
coordinación con el Comité de Impulso de la R1325, conformado por instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil, a partir del desarrollo 6 foros macroregionales, 7 foros territoriales, 7 foros poblacionales y un evento nacional de socialización y realimentación, en los cuales participaron más de 1.500 mujeres. El PNA conservó los cuatro pilares de la Resolución, a saber: Prevención, Protección, Recuperación y Participación. La construcción participativa de este generó importantes discusiones sobre los enfoques de trabajo, insistiendo en la relevancia del enfoque de género, diferencial, territorial, étnico y de derechos humanos que ya habían sido posicionados en el Acuerdo de Paz de La Habana, e impulsando discusiones para el posicionamiento de otros dos enfoques como fundamentales en la discusión de seguridad: el enfoque interseccional y enfoque o principio antirracista. Adicionalmente, cabe mencionar las discusiones respecto al concepto de seguridad, que implicaron retos para la construcción del plan al existir abordajes más comprehensivos de la seguridad frente a otros más acotados. También se generaron discusiones sobre el documento borrador, en el cual organizaciones de mujeres no veían reflejados suficientemente sus aportes, en especial, mujeres campesinas, negras y con discapacidades. Finalmente, como retos principales para la implementación del PNA 1325 se encuentra la asignación adecuada de presupuesto, establecer e implementar un sistema de monitoreo y evaluación, la articulación institucional para su implementación y, especialmente, con la política de Paz otal.
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A SIETE AÑOS DE LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ DE LA HABANA: CONTEXTO, ESTADO ACTUAL Y RETOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO
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Contexto político de los acuerdos de paz de la Habana, 2016-2023 El proceso de diálogo con la entonces guerrilla FARC-EP inició en el año 2012 en el gobierno de Juan Manuel Santos y concluyó en 2016 en el segundo mandato del mismo presidente. Este proceso implicó una gran movilización social y de opinión pública, ya que generó expectativas de una sociedad más justa e igualitaria (Instituto Kroc, 2023, p.19); así mismo, el proceso significaba la conclusión de más de cincuenta años de guerra con el actor armado ilegal más poderoso del país. En el proceso de paz con las FARC, con todo lo difícil que fue, había mucha esperanza; los sectores que históricamente han sido afectados por el conflicto armado y los que han trabajado por la paz en el país rodearon ese proceso de mucha esperanza, porque era increíble poder sentarse con las FARC tanto tiempo y con pasos tan concretos y decididos para firmar un acuerdo de paz. (Angélica Bernal, entrevista, 2023)
La firma definitiva del Acuerdo se da el 24 de noviembre de 20164, después de un plebiscito que pretendía validar el apoyo de la sociedad colombiana al acuerdo alcanzado, el resultado fue de 49,78% de los votos a favor del acuerdo y 50,21% en contra de este (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016), lo cual implicó una renegociación de algunos puntos del acuerdo con los sectores políticos que lideraron la campaña por el “NO”. Frente a lo anterior cabe señalar que la movilización en contra del acuerdo se sirvió de argumentos en contra de las medidas con enfoque de género y diferencial, especialmente para la población LGTBIQ+. Lo que pasó fue que desafortunadamente después del plebiscito, pues eso fue gravísimo, porque después la orden de Gobierno fue quitar muchas
4 Los puntos que estructuran el Acuerdo de Paz son los siguientes: 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral; 2. Participación Política: Apertura Democrática para Construir la paz; 3. Fin del Conflicto; 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas: 5. Acuerdo Sobre las Víctimas del Conflicto; 6. Implementación, Verificación y Refrendación.
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de las cosas que se habían incorporado, es un absurdo, y hoy es una reclamación histórica porque FARC asumió y acogió el tema, pero Gobierno exigió que se debía quitar todo donde decía LGTBI y población diversa, la hizo quitar del documento (…) eso es una deuda del Gobierno con la sociedad porque por un tema de estigmatización y de discriminación y, sobre todo, por una exigencia de un sector del poder muy
encabezó la campaña por el “NO” en el plebiscito de 2016, una de sus apuestas de campaña fue la no implementación del Acuerdo de Paz; a su vez, la pandemia por COVID-19 desplazó esta agenda política por la situación de crisis de salud pública, lo cual dificultó aún más el escenario de implementación desde las instituciones del Estado y los ejercicios de incidencia de la ciudadanía.
recalcitrante de este país pues que exigió que se quitara del documento literalmente la palabra. Eso fue un retroceso en el acuerdo, porque el acuerdo, dicen los conocedores, es uno de los mejores en el mundo por la incorporación no solo del enfoque de género, sino también el étnico, el de derechos y el territorial. (Luz Mery López, entrevista, 2023)
Una vez alcanzada una versión final del Acuerdo, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se construyó un Plan Marco de Implementación (PMI) que tenía como objetivo operacionalizar las medidas consignadas en los 15 años contemplados para su implementación 2017-2031, a su vez, este plan requería de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que le asignara presupuesto y diera lineamientos para la implementación articulada con políticas públicas preexistentes, lo cual da origen al Conpes 3932 de 2018, consolidando así los principales instrumentos de planeación relacionados con el Acuerdo de Paz de La Habana. Posteriormente, Iván Duque asumió como presidente en agosto de 2018 hasta el año 2022, este gobierno debía liderar la implementación del Acuerdo, no obstante, al ser un candidato proveniente del partido que
Así las cosas, el actual gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez (2022-2026) recibe un estado de implementación mínimo del Acuerdo de Paz, con un efecto importante de desconfianza institucional en la sociedad civil, y desesperanza y desinterés en su implementación desde las agendas mediáticas. Sin embargo, la llegada de este gobierno, que estableció desde su candidatura como prioridad la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, generó nuevamente expectativas sobre su avance.
Retos de la incorporación del enfoque de género en la etapa de diálogo entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP Cabe resaltar algunos de los retos que enfrentaron las mujeres en la incorporación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz de La Habana, ya que se relacionan con las dificultades que presenta actualmente su implementación. Pese a la rele-
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vancia histórica del establecimiento de la subcomisión de Género como producto de la incidencia de las organizaciones de mujeres mencionada anteriormente, su participación efectiva en el proceso presentó múltiples barreras: El proceso de paz fue complejo y desafiante de principio a fin. Para las mujeres fue además un proceso con dificultades particulares para su participación, tal como sucede en otros escenarios y procesos políticos del país. Las mujeres resaltaron cuatro dificultades principales, derivadas de estar inmersas en espacios “altamente” masculinos, no solo desde la perspectiva de la conformación sino de la lógica con la que se trabajaba en ellos; de la asimilación implícita de algunos como temas “de hombres” al ser abordados los temas “duros” del proceso de paz; de la falta de reconocimiento del liderazgo ejercido por ellas en algunas actividades; y de la doble carga laboral, cuando –sin dejar sus responsabilidades laborales en Colombia– asumieron simultáneamente la participación en el proceso en La Habana. (Humanas y
actores Estado – FARC-EP, sino al interior de cada uno, de manera que después de las discusiones generadas en la subcomisión, las mujeres tenían que convencer primero a sus compañeros de delegación para posteriormente llevarlo a la negociación en la mesa. (Humanas y CIASE, 2017)
CIASE, 2017, p. 42)
Dado esto, si bien la Subcomisión de género puede considerarse como un mecanismo exitoso en la incorporación del enfoque de género en este proceso de paz, el mecanismo por sí solo no generó las garantías de participación y de reconocimiento necesarias para incorporar el enfoque de género en el Acuerdo, por lo que todo el proceso de diálogo requirió de esfuerzos y estrategias adicionales de las mujeres para garantizar su incorporación, no solo negociando entre
Debido a que la participación de la sociedad civil no era pilar de estas negociaciones, sino que se fue estableciendo gracias a la presión de organizaciones sociales, se presentaron grandes retos para garantizar la participación, en particular, de las mujeres indígenas y negras, así como de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. En este sentido, Angélica Arias, de la comunidad de mujeres Kankuamas, relata la experiencia de participación en el proceso de paz de los pueblos indígenas:
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… yo creo que hay que entenderlo en la historia
los escenarios de incidencia. Eso como un primer
de las negociaciones: el proceso de negociación
escenario que resulta importante decirlo y es que
y el Acuerdo con las FARC dio paso a superar una
las garantías no estaban dadas al inicio y que le
negociación bilateral y abrió la posibilidad de la
tocó a la sociedad civil exigirlas, cada vez más
inmersión, la incorporación, en este caso, de la
consciente de que los procesos de paz son con
sociedad civil. Ese fue un hito de avance, pero
la sociedad civil, son con el pueblo que también
tiene sus espinas en el camino, particularmente
resulta afectado por la guerra, que tiene que estar
para los pueblos indígenas y, por el ejercicio que
ahí, pero que luego en la representatividad tam-
estuvimos haciendo, en realidad las garantías de
bién tiene unas miradas diferenciadas. (Angélica
participación no están dadas en la profundidad que
Arias, entrevista, 2023)
se necesitan tener. Yo creo que ese es el primer aprendizaje porque los pueblos indígenas tuvieron que definir una estrategia casi de metérsele en el rancho a los negociadores y empezar a generar estrategias para poder llevar las vocerías que eran
Por su parte, Amanda Hurtado, antropóloga y activista del movimiento negro, comenta su perspectiva sobre la participación de las comunidades negras y con pertenencia étnica:
casi que tomadas en cuerpo ajeno; ellos decían: “No, estamos hablando aquí entre gobierno y las
El proceso de FARC tuvo un momento muy
FARC, y los representamos a ustedes”, y los pue-
importante que marcó las alertas del movimiento
blos indígenas dijeron: “es que no nos sentimos
durante este proceso de paz y esto hizo que
representados, tenemos que estar ahí”, y a la
pensáramos en una estrategia como movimiento
delegación de pueblos del movimiento indígena
negro en Colombia. Esto inicia cuando se abre
casi que le tocó en tiempo real, en muy poquito
la negociación donde a través de uno de los
tiempo armar una propuesta y llevarla; es decir,
comisionados, actualmente congresista Hum-
se fueron para la Habana y empezaron a crear
berto de la Calle, donde la primera observación
Algunos de los retos que enfrentaron las mujeres para la incorporación de sus agendas políticas en el Acuerdo de Paz: i) la vinculación tardía de las organizaciones sociales a la negociación; ii) la reproducción de roles patriarcales en los escenarios de diálogo; iii) las dificultades políticas y metodológicas para garantizar una participación interseccional.
Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
que hace es que no se va a discutir el modelo
No hubo posibilidad de articulación porque en el
económico del país, la segunda observación es
capítulo étnico quedaron unas salvaguardas de
que es un diálogo entre las FARC y el Estado
mujer género y familia, esa perspectiva muchas
colombiano y se invitará a víctimas. Entonces
veces entra en tensiones con el movimiento
cuando se dijo que se invitaría a las víctimas se
feminista porque se ve como una perspectiva
pusieron todas las alertas porque dijimos que
familista, como una perspectiva más de género
como sector importante del movimiento no
no tanto feminista. Pero también se ha recono-
solamente íbamos a participar en el punto cinco
cido que era lo que había, lo que teníamos para
de víctimas, sino que nos interesaba incidir en los
hacer en ese momento y había que lograr esa
otros puntos que estaba acordando la FARC y el
salvaguarda sustancial de manera que se garan-
Gobierno, sobre todo que no comprometiera los
tizara el enfoque de género dentro del mismo
derechos ya conquistados por el movimiento. ( )
enfoque étnico. Que no solo nos pensábamos
el asesinato del compañero Genaro García y las
como territorios étnicos sino como el rol de las
pretensiones del punto uno nos puso una alerta
mujeres en el conflicto, en la interpretación y
máxima de que teníamos que actuar el acuerdo
en la implementación debía ser fundamental y
de paz, no solamente como víctimas en el punto
central para todo el avance del Acuerdo de Paz
cinco, sino como un actor más en la negociación,
y su posterior de implementación, entonces
a partir de eso se elaboró una estrategia con el
ahí nos jugamos dos estrategias. (…) Lo otro
movimiento indígena y el movimiento rrom y
es que también estábamos pactando con el
creamos la Comisión Interétnica para La Paz y la
movimiento de mujeres indígenas, que también
Defensa de los Derechos Territoriales. ( ) Y es así
maneja más lo de mujer generación y familia,
como se crea una metodología que finalmente
el movimiento de mujeres negras somos más
derivó en el capítulo étnico en el acuerdo de paz.
feministas comunitarias, negras, pero en un
(Amanda Hurtado, entrevista, 2024)
ejercicio de negociación el consenso sobre lo común puede variar y cambiar mucho porque
Además de las barreras de participación que presentaron los pueblos indígenas, Angélica Arias (2023), en el marco de la entrevista, resalta la dificultad de realizar una participación social fragmentada por sectores, lo cual desconoce la colectividad y los sujetos históricos existentes, ya que no era clara la vinculación de los pueblos indígenas y menos la participación de las mujeres indígenas, las cuales tendrían un ejercicio doble de incidencia como comunidades y por su condición de género. Respecto a la articulación de agendas de incidencia que consideren el género y la pertenencia étnica, Amanda Hurtado comenta:
ya implica una visión compartida. (Amanda Hurtado, entrevista, 2024)
Si bien son múltiples los retos que enfrentaron las mujeres para la incorporación de sus agendas políticas en el Acuerdo de Paz, cabe resaltar: i) la vinculación tardía de las organizaciones sociales a la negociación como producto de su incidencia política y no del reconocimiento como un actor fundamental en la construcción de paz desde la mesa de negociación; ii) la reproducción de roles patriarcales en los escenarios de diálogo, donde las mujeres fueron sobrecargadas con labores de cuidado y sus agendas fueron
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Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
desplazadas por otros temas considerados más relevantes, lo cual requirió ejercicios de incidencia internos y externos a cada actor de la negociación; iii) las dificultades políticas y metodológicas para garantizar una participación interseccional, considerando especialmente la condición de género y pertenencia étnica.
Estado de implementación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz de La Habana
ONU genera también de manera trimestral un informe en la materia. Estas, entre otras iniciativas de la academia, la cooperación internacional, el Estado y la sociedad civil a escala nacional y regional, dan cuenta del compromiso de múltiples actores en la implementación del Acuerdo. Respecto al estado de la implementación de las disposiciones con enfoque de género del Acuerdo, según el Instituto Kroc: A noviembre de 2022 el 18% de las disposiciones no había iniciado su implementación, el 52% se encontraba en estado mínimo, el 18% en estado intermedio y el 12% había sido completado. Durante el periodo de estudio, los cambios en los niveles de implementación con respecto
Es importante resaltar la labor de gestión de información y del conocimiento que han realizado diversas entidades y plataformas para posibilitar el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz. El Instituto Kroc recibió el importante mandato de seguimiento de la implementación del Acuerdo, que ha ejecutado de manera rigurosa a partir de informes periódicos y especiales, haciendo seguimiento particular a la implementación del enfoque de género y étnico. A su vez, se cuenta con los informes de implementación que emite la Instancia Especial de Mujeres para contribuir a garantizar el Enfoque de Género en la Implementación del Acuerdo Final de Paz, y la plataforma Grupo de Género en la Paz (GPAZ), que realiza seguimiento a las medidas, identifica alertas y emite recomendaciones para la adecuada implementación del enfoque. La Misión de Verificación de la
al 2021 fueron limitados y se presentaron sólo en el Punto 1 (…) Cerca de cumplir la mitad del plazo de 15 años previsto para la
Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
implementación del Acuerdo Final, la alta
desde nuestra metodología significa que más
concentración de disposiciones sin iniciar
o menos el 70% del Acuerdo, entre lo que no
y en estado mínimo de implementación
ha iniciado y lo que está mínimamente iniciado,
indican un riesgo significativo de que no
no evidencia en este momento viabilidad para
se logren completar los compromisos del
ser cumplido ni en el tiempo ni de la forma
Acuerdo Final con enfoque de género para
comprometida. Entonces, cuando hablamos
la fecha pactada. (Instituto Kroc, 2023, p. 27)
del 70% de la implementación y que, si no hay medidas de choque, no se van a implementar,
El rezago en la implementación del enfoque de género despierta la alerta en la viabilidad de la implementación y la efectividad del Acuerdo en los resultados de transformación social que se esperaban y se requieren para avanzar hacia la paz en Colombia. Por su parte, frente a la pregunta de si las medidas con enfoque de género están igual de rezagadas que las demás, el Instituto Kroc identificó una brecha en la cual el 51% de las medidas generales están en estado de implementación viable de cara al plazo final de ejecución, frente a solo el 30% de las medidas con enfoque de género (Instituto Kroc, 2023, p. 29). July Samira Fajardo, del Instituto Kroc, presenta a FOKUS una actualización a septiembre de 2023 sobre el estado de ejecución de las medidas:
tal y como está pasando hasta ahora, pues es un mensaje alarmante. (July Samira Fajardo, entrevista, 2023)
Por su parte, GPAZ publicó en 2023 su IV Informe de observaciones sobre los avances en la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz “la paz avanza con las mujeres”, en el cual indican: Finalmente, el balance de este informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz en el periodo que va del 1 de enero 2021 al 30 de junio de 2022 nos plantea que en los puntos en los que se presentan mayores avances son los puntos 1 (11 medidas – 44%) 2, punto 2 (9 medidas – 35%) 3, punto 4 (6 medidas – 50%) 4 y punto 6 (2 medidas – 33%) 5 respectiva-
Lo que hemos encontrado es que todavía hay un
mente, y que se ha avanzado con una
porcentaje muy alto de medidas de género del
implementación del enfoque de género
Acuerdo que siguen sin iniciar; es decir, nos pre-
parcial. Además, preocupa el hecho de que
ocupa que estamos al séptimo año y, justamente,
la ausencia de información representa un
con corte de información a septiembre, tenemos
porcentaje amplio que sobrepasa incluso
que todavía el 17% de las medidas de género del
los avances en la implementación del
Acuerdo no han iniciado (es decir, no hay ningún
enfoque de género, especialmente para
tipo de movimiento de implementación que nos
los puntos 5 (14 medidas – 70%) 6, punto
diga cómo se van a implementar) y el 52% está
6 (4 medidas – 67%) y punto 3 (13 medi-
en estado mínimo. Es decir, en los últimos 7 años
das – 65%) 7 del Acuerdo Final de Paz. De
se empezó la implementación, pero se quedó
igual forma, en el punto 2, con 2 medidas,
en medidas iniciales que no han demostrado
sólo el 8% de las metas se han cumplido.
ser sostenibles en el tiempo y, sobre todo, que
(GPAZ, 2023, p.17)
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Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
El rezago en la implementación de medidas orientadas a las personas LGTBIQ+ es evidente, con el agravante de la dificultad en la consecución de información desagregada que permita dimensionar el real estado de implementación y las personas beneficiadas. Además de la baja implementación que las medidas con enfoque de género presentan, se identifica un mayor rezago de implementación en las medidas con intersección género –pertenencia étnica y género–, orientación sexual e identidad de género diversa. Si bien esta problemática presenta una gran ausencia de información y retos metodológicos para la identificación del estado de implementación con enfoque interseccional, se tiene que, a noviembre de 2021, de las disposiciones con enfoque étnico, el 15% no habían iniciado, 60% estaban en estado mínimo, 13% en estado intermedio y 13% han sido completadas (Instituto Kroc, 2022, p. 9). La brecha de implementación de las disposiciones generales es mayor frente al enfoque étnico que incluso la brecha frente a las medidas con enfoque de género, por lo cual las medidas enfocadas en mujeres con pertenencia étnica son en el momento las más rezagadas del Acuerdo de Paz de La Habana.
Diversa identificó 42 disposiciones y ha realizado ejercicios de seguimiento a su implementación, sobre esto afirman que, para 2020: El 30,8% de las medidas diferenciadas para personas LGBT no registran ningún avance. Aproximadamente el 70% de las medidas diferenciadas (27) para personas LGBT se están implementando. Sin embargo, de estas 27 medidas, 37,0% registran avances satisfactorios mientras que el 63,0% registran avances insuficientes. (Colombia Diversa, 2020, p. 2)
Cabe resaltar que estos hallazgos han sido posibles por la identificación de medidas en el Acuerdo; sin embargo, según la directora de Colombia Diversa: Si midiéramos la implementación de las medidas de género por el Plan Marco de Implementación, realmente lo LGBTI casi no existe (hay como tres o cuatro cosas), fue más el ruido que se hizo
Respecto a las medidas con enfoque diferencial dirigidas a personas LGTBIQ+, Colombia
frente a este tema. Tampoco había tantas medidas en los otros acuerdos (el de tierras, drogas o
Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
dejación de armas), sino que se centró –y lo digo particularmente por Colombia Diversa– en el Punto 5 sobre las víctimas. (Marcela Sánchez, entrevista, 2023)
El rezago en la implementación de medidas orientadas a las personas LGTBIQ+ es evidente, con el agravante de la dificultad en la consecución de información desagregada que permita dimensionar el real estado de implementación y las personas beneficiadas. De acuerdo con la información construida por el Instituto Kroc, la implementación de estas medidas va así: Tenemos preocupaciones también con todo lo que tiene que ver con las personas LGBT. Hay puntos completos del Acuerdo que aún hoy, después de 7 años, no les nombran, no exis-
amplio rezago en la implementación del Acuerdo en general y, especialmente, de las medidas con enfoque de género, étnico y diferencial, las organizaciones sociales y comunidades reconocen un cambio de enfoque respecto al acuerdo, donde se ha argumentado que el primer año de gobierno (202-2023) implicó restructuración, diagnóstico y planeación, por lo cual se espera que en adelante pueda verificarse un mayor avance en la implementación (La instancia de mujeres, 2023, p. 13). Pese a esta expectativa, las perspectivas de avance son limitadas, puesto que, según Adriana Benjumea, “hay una deuda que en vez de cerrarse se sigue abriendo y se profundiza con la implementación de las medidas de género para las mujeres” (entrevista, 2023).
ten mecanismos que les incluyen de manera directa; todo lo que tiene que ver con el Punto 1 sigue siendo pensado y priorizado sin que siquiera se les pregunte a las personas por su orientación sexual y su identidad de género, por tanto, mucho menos hacen parte de la planeación. Se ha cumplido hasta ahora, en nuestra metodología, solo el 12% de las medidas, que además responde mucho a medidas que tienen que ver con el Sistema Integral y son aquellas del Acuerdo que comprometían la creación de
Además de las capacidades y la voluntad política del gobierno actual para la aceleración de la implementación del Acuerdo, los impactos que ha dejado el rezago en la implementación aumentan la complejidad del contexto sociopolítico, de esta manera, de acuerdo con el informe presentado por más de 500 organizaciones de la sociedad civil colombiana para el Examen Periódico Universal 2018-2023:
espacios, metodologías e informes, cosas que se han ido evacuando, pero lo que tiene que
Colombia ha incumplido las recomen-
ver con los procesos y las transformaciones es
daciones de los pasados ciclos. La falta
en dónde vemos mayores retos. (July Samira
de implementación del AFP, entre otros
Fajardo, entrevista, 2023)
factores, generó una agudización de la violencia en el marco del conflicto armado.
Respecto a las perspectivas de implementación del Acuerdo en el contexto político actual, podría decirse que hay una proyección agridulce. Si bien existe un
Además, las restricciones derivadas de la pandemia del Covid-19 y la respuesta desproporcionada del Estado frente a la protesta agudizaron las violaciones a los
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Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
derechos humanos. El incremento de ataques a personas defensoras de DDHH, líderes/as sociales y firmantes de paz; la violación de los derechos de los NNA y los desequilibrios institucionales que deterioraron el Estado de Derecho, son otros de los temas más relevantes de este
Voluntad política Los retos que hoy plantea la implementación están relacionados con la voluntad real de cumplimiento de los acuerdos por parte de los gobiernos de turno y de las demás instituciones del Estado, lo cual Angélica Bernal identifica como un asunto estructural en Colombia:
periodo. (Informe Sociedad Civil para el Examen Periódico Universal, 2023, p. 7)
Evidentemente, la historia de los procesos de paz en el país han sido desengaños porque el Estado nunca ha cumplido y ha hecho trampa;
Retos en la implementación de las medidas con enfoque de género en el Acuerdo de Paz de La Habana
hay muchos ejemplos históricos de esto, pero este es el más reciente en el que tendieron trampas, boicotearon la implementación del Acuerdo, hicieron todo lo que estuvo a su alcance desde dentro del Estado para que esto no fuera a un buen término y eso crea un contexto difícil para una nueva negociación. Entonces, es difícil porque el contexto político es distinto. Es difícil porque hay desconfianzas. (entrevista, 2023)
El Acuerdo de Paz de La Habana recoge demandas y transformaciones en el país en los ámbitos económico, político, militar, institucional y cultural, en este sentido, su implementación es compleja y sus retos multicausales. Las fuentes primarias y secundarias consultadas resaltan como los principales retos para la implementación los relacionados con: i) voluntad política de los gobiernos de turno; ii) capacidad y voluntad institucional para la implementación; iii) presupuesto y gestión de recursos; iv) rol de la sociedad civil y la cooperación internacional; v) planeación, monitoreo y evaluación (PME) del Acuerdo de Paz; vi) interseccionalidad de las medidas e instrumentos de PME; vii) seguimiento a la implementación del Acuerdo; viii) modelo de reincorporación e incumplimiento a firmantes de paz; ix) comunicación y pedagogía para la paz.
Además del constante incumplimiento en los acuerdos de diversos procesos de paz realizados, el acuerdo con las FARC-EP se identificó inicialmente como una negociación del gobierno Santos, más que del Estado colombiano; esta narrativa fue reforzada por los medios de comunicación hegemónicos con expresiones como “la paz de Santos” o los “diálogos de paz Santos - FARC-EP”. Esta comprensión de las políticas públicas como propiedad de los mandatarios es recurrente en el país y requiere ser transformada para favorecer la sostenibilidad de estas. Por su parte, si bien la construcción de la paz es un estándar internacional de desarrollo sostenible, la apuesta de la paz en Colombia ha sido identificada por medios de comunicación, sectores económicos y políticos hegemónicos como un discurso progresista o de izquierda,
Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
por lo que ha sido ajena a las agendas políticas de derecha, lo cual tiene impactos en los gobiernos nacionales y locales. De esta manera, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, como el de otros acuerdos y políticas públicas, ha quedado a merced de la voluntad de cada gobierno y su tendencia política.
Capacidad y voluntad institucional para la implementación Otro reto que se identifica, entonces, en la implementación actual del Acuerdo de Paz y sus medidas con enfoque de género es la poca capacidad y voluntad de las instituciones regionales y locales para la implementación; por ello, Karina Santos advierte que “la institucionalidad para la paz que se creó terminó siendo casi que una burocratización de la paz en los territorios, entonces son instancias burocráticas que toman decisiones. Eso es una desazón de ese Acuerdo” (Karina Santos, 2023), en este sentido, la arquitectura institucional generada en el marco de los acuerdos de paz de La Habana no ha favorecido las capacidades institucionales. Por su parte, otro de los factores que resaltan en la debilidad institucional es la inestabilidad de las instancias y la falta de claridad en sus competencias, lo cual tiene impactos en la eficacia del trabajo institucional y en la incidencia de la sociedad civil, frente a lo cual Diana Granados observa que “la institucionalidad para la paz cambia también, salíamos de esta Alta Consejería, luego ya no es Alta Consejería, ahora tenemos otra cosa, estaba dependiendo de la Oficina del Alto Comisionado, ahora hay un giro, entonces
comprender esa arquitectura institucional es un poco complejo” (entrevista, 2023). Respecto a las dificultades de las instituciones para la implementación del enfoque de género en particular, el Instituto Kroc (2022) observa que estas radican en que los esfuerzos institucionales en cuanto al enfoque de género se centran en la implementación de asuntos formales, normativos y procedimentales, que permiten dar cuenta de avances en indicadores, pero no impactan a las poblaciones beneficiaras; a su vez, identifican que no hay una real aplicación del enfoque de género en la caracterización y priorización de personas beneficiarias en las políticas públicas que se impulsan a nivel territorial, esto debido a que prima la practicidad y necesidad de reportar resultados a corto plazo. Lo anterior da cuenta de las
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Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
falencias en la comprensión del enfoque de género e interseccional en las entidades implementadoras, sin lo cual no será posible avanzar en una adecuada ejecución.
Presupuesto y gestión de recursos Adicionalmente, se presenta la alerta por la adecuada asignación presupuestal, la cual debe contemplar el principio de progresividad y no regresividad: En el sexto informe sobre la implementación de los recursos del Acuerdo Final, la CGR señaló la persistencia de “asignaciones presupuestales marginales que no corresponden con el impulso necesario para el cierre de las brechas sociales y económicas entre hombres y mujeres, y población LGBTIQ+”. En el 2021 hubo un crecimiento en los recursos ejecutados para el enfoque de género en el Presupuesto General de la Nación con respecto al 2020. Sin embargo, éstos representan tan sólo el 3% del total de recursos de este presupuesto que fue destinado para la implementación del Acuerdo Final, porcentaje que fue igual en 2020. La destinación suficiente de recursos para la
por medio de investigación periodística que de 2019 a 2021 cerca de 500.000 millones de pesos del erario dirigidos a proyectos de paz, producto de regalías, fueron destinados a sobornos a funcionarios públicos como condición para la asignación de los proyectos (Santos y Nhora, 2022).
El rol de la sociedad civil y la cooperación internacional El incumplimiento del Estado y el compromiso diferenciado de los gobiernos nacionales y locales ha derivado en una gran responsabilidad para la sociedad civil y apoyo de la cooperación internacional para favorecer la implementación de lo acordado. La perspectiva de que los avances alcanzados en la implementación se deben principalmente al trabajo e incidencia de la sociedad civil, así como al apoyo de la cooperación internacional es recurrente en las fuentes consultadas, de esta manera, Luz Mery López, firmante de paz, afirma que “Aquí lo más triste es que el país dejó solo a la cooperación en muchas cosas, o no se comprometió como debía ser” (entrevista, 2023), sin desconocer los esfuerzos institucionales y de funcionarias/ os comprometidos con esta implementación,
implementación del enfoque de género es condición necesaria para el logro de los obje-
Básicamente lo que se ha hecho es lo que han
tivos que el Acuerdo Final contempla para las
hecho las organizaciones de mujeres y la coope-
niñas, las mujeres y las personas LGBTIQ+
ración internacional, pero eso era compromiso
en el país. (Instituto Kroc, 2022, p. 115)
del Estado colombiano (…) el Estado tiene que asumir que esa no es una tarea que era de Santos
Respecto a los retos institucionales en materia de recursos económicos no pueden ignorarse los hechos de corrupción que se presentaron en el gobierno de Iván Duque sobre los recursos asignados a la paz, donde se dio a conocer
y ahí murió, sino que realmente esto trasciende y tiene que estar inserto en el quehacer institucional, más allá de quién tenga a su cargo el gobierno nacional. Eso es lo que falta. (Angélica Bernal, entrevista, 2023)
Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
Lo anterior implica una sobrecarga de trabajo para las organizaciones sociales, y especialmente las de mujeres, que inciden en múltiples procesos a la vez (FARC, ELN, PNA1325) para garantizar que estos integren las necesidades y los intereses de las mujeres, para lo cual deben tener una capacidad de respuesta casi inmediata y una calidad política y técnica excepcional. Esta ausencia de responsabilidad del Estado conlleva el debilitamiento de las organizaciones e impactos en la salud mental de las mujeres defensoras de derechos humanos.
Planeación, monitoreo y evaluación del Acuerdo de Paz Por otro lado, un reto ampliamente identificado por las personas y organizaciones vinculadas a la implementación del Acuerdo ha sido la debilidad en los instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación del Acuerdo de Paz, lo cual tiene implicaciones políticas. Estas falencias se deben, por un lado, a que no se realizó un ejercicio consensuado por las partes negociadoras en el momento de formulación de instrumentos: Concretamente en lo que es el Acuerdo o la fase posterior al Acuerdo, hay varias cosas que son complicadas y es que mientras en el
dan los dos actores de la negociación en la misma condición para ver cómo es que se va a implementar, sino que con el Plan Marco de Implementación no estaba el sector de CSIVI y FARC satisfecho con lo que estaba saliendo (…) eso es un tema que es muy importante tenerlo en cuenta, que en los procesos de negociación deben quedar claros esos mecanismos posteriores y cómo se va a tomar la decisión final de lo que significa implementar ese acuerdo. (Milena González, entrevista, 2023)
Además de la falta de voluntad política para vincular de manera adecuada a las partes en negociación, cabe recordar que el PMI y el Conpes correspondiente fueron emitidos en el último mes de mandato del presidente Santos y después de la firma de los acuerdos, por lo cual existía un afán de generar dichos instrumentos para favorecer su implementación en el siguiente gobierno; no obstante, esto tuvo como resultado un PMI deficiente, como instrumento rector de la implementación, así como un incumplimiento de los acuerdos con las FARC relacionados con la construcción de estos instrumentos, lo cual es fundamental para la comprensión de los retos que hoy presenta la implementación general del Acuerdo, así como las medidas con enfoque de género.
Acuerdo se establecen una serie de mecanismos o instancias que deben existir para la implementación, hay cosas que quedan un poco sueltas sobre cómo se van a afinar. Por ejemplo, en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo, que es un plan que se construye colectivamente entre FARC y Gobierno, al final lo que queda es lo que el Gobierno decide. Entonces es un mecanismo en donde no que-
Además de la arbitrariedad en el método de construcción del PMI y el Conpes, persiste la crítica a los indicadores, especialmente los relacionados con medidas de género, pues se considera que estos no son en realidad indicadores, sino metas o acciones que pasaron por una negociación política que no correspondía a un instrumento técnico.
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Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
Como puede identificarse, este es un reto crucial en la implementación del Acuerdo, pues se invirtieron cuatro años en el proceso de negociación, se dieron modificaciones tras el plebiscito y luego se diluyó la intencionalidad política de muchas de las disposiciones contempladas en el acuerdo en los instrumentos que lo operacionalizan, especialmente las que tenían enfoque de género y étnico. No es lo mismo decir que el acuerdo tiene perspectiva de género si no tiene medidas específicas que lo concreten, lo operativicen y permitan hacerle seguimiento y evaluación. Entonces, ya en el Plan Marco de Implementación empieza a disminuir mucho esa inclusión y a nivel territorial se pierde aún más, lo que tiene que ver tanto con el cambio de gobierno, como con la debilidad institucional territorial (quienes tienen
que implementar son las entidades territoriales y estas son muy débiles en términos de incorporación de este tipo de perspectivas). Esa es una lección aprendida del proceso de paz. (Marcela Sánchez, entrevista, 2023)
Interseccionalidad de las medidas e instrumentos de PME La elaboración del PMI y sus indicadores también puso de presente una dificultad en la interseccionalidad de las medidas, dado que los indicadores deberían favorecer la medición de impactos desde diferentes enfoques y considerando la diversidad de las mujeres, lo cual no se encuentra en el plan (Melany Artunduaga, entrevista, 2023). Esta falencia se identifica especialmente en lo que respecta a la intersección género-etnia. ¿Qué hemos visto? Que sigue habiendo preocupaciones y una brecha con respecto a la implementación general y la implementación del enfoque de género. Tenemos preocupaciones con respecto, además, a una mirada mucho más interseccional, si se quiere, porque nosotros hacemos también monitoreo al enfoque étnico y, cuando cruzamos estos enfoques, lo que encontramos es que son las mujeres de los grupos étnicos las que siguen viéndose menos beneficiadas de la implementación por la forma en la que se sigue pensando y es: “Por acá va el enfoque de género, por el otro lado, el enfoque étnico”, y quienes están en el medio no saben muy bien a cuál de los lados ir; y esa no debería ser la preocupación, la preocupación debería ser cómo, realmente, las estamos involucrando. (July Samira Fajardo, entrevista, 2023)
Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
Cabe resaltar que el reto que actualmente presenta el encuentro entre el enfoque de género y el
desgaste y excede las capacidades de participación de las organizaciones.
étnico tiene sus raíces en la etapa de negociación y fue profundizado en el diseño de los instrumentos técnicos ya mencionados. Según las mujeres del resguardo indígena Kankuamo, los mecanismos de participación social en Colombia no han comprendido los marcos de interpretación indígenas y sus formas de relación con el mundo, uno de los impactos es que si bien desde algunos feminismos se habla de las mujeres como sujetas, para las mujeres indígenas la discusión siempre será alrededor de mujer, familia y generación, en un enfoque comunitario y comprehensivo (Angélica Arias, entrevista, 2023).
Seguimiento a la implementación del Acuerdo
En este punto se considera fundamental insistir en la protección y el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil que han asumido procesos de seguimiento e incidencia en los escenarios de salida negociada al conflicto armado, a fin de garantizar que lo acordado realmente se verifique en lo formal y lo real, ya que la falta de capacidad de las organizaciones para hacer el seguimiento requerido es un factor de potencial fracaso de los acuerdos que se generen en el contexto colombiano. En efecto, tiene que haber un ejercicio de acompañamiento permanente porque, si no, vuelve y nos pasa que la gente participa en las asambleas,
Además de las falencias en los instrumentos de planeación que dificultan la implementación, el seguimiento y monitoreo del enfoque de género con perspectiva interseccional de las entidades estatales competentes, esto representa una mayor dificultad para la veeduría realizada por organizaciones sociales, las cuales cuentan con una capacidad limitada para este ejercicio.
dice qué necesita, pero no se logra concretar en
Como parte de las condiciones adversas para el seguimiento a la implementación del acuerdo por parte de la sociedad civil, se identifica, en primer lugar, la multiplicidad de instituciones, instancias y mecanismos de implementación existentes, en los cuales, por un lado, los roles y las competencias de las entidades en materia de paz no son suficientemente claros para las organizaciones e incluso para los/as mismos/as funcionarios/ as; por otro lado, esta multiplicidad genera
En este sentido, la directora regional de FOKUS para América Latina, Ana Milena González (entrevista, 2023), considera que se requiere que el Estado colombiano asuma de manera efectiva su responsabilidad de seguimiento a los acuerdos, desde instituciones como el Departamento Nacional de Planeación (DNP); a su vez, la cooperación internacional debe fortalecer los ejercicios de seguimiento liderados por la sociedad civil a los acuerdos de paz, desde un prin-
las medidas que tengan los planes y no se operativizan medidas concretas, entonces vuelve y se pierde. Es un poco lo que nos pasó con el Plan Marco de Implementación, le pasó a la gente LGBTI y mujeres con los PDET y los PNIS, y los otros planes territoriales: no tuvimos la capacidad de estar haciéndoles seguimiento, control y veeduría. (Marcela Sánchez, entrevista, 2023)
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cipio de integración de los procesos relacionados con la paz que están en desarrollo tales como el PNA 1325 y los diálogos con el ELN, procurando el fortalecimiento de las capacidades de construcción de informes cuantitativos y cualitativos oportunos, como base de la incidencia política. Además de la necesidad de realizar un seguimiento articulado a diferentes esfuerzos de construcción de paz como los mencionados, resalta el reto de establecer puntos de encuentro entre las iniciativas de seguimiento a los acuerdos de paz lideradas por la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional. En cuanto al Acuerdo de Paz de La Habana, Ana Milena González llama la atención sobre la Instancia Especial de Mujeres para contribuir a garantizar el Enfoque de Género en la Implementación del Acuerdo Final, a cerca la cual señala que “lo que hacía que la Instancia fuera fuerte, era la capacidad de producir documentos técnicos que pudieran dar cuenta de cómo iba la implementación del enfoque de género y eso ha sido difícil para la Instancia” (Ana Milena González, entrevista, 2023), por lo cual, si bien hay otras iniciativas sociales que han buscado realizar sus propios ejercicios de seguimiento, se requiere insistir en el respaldo al trabajo de esta instancia a través de la articulación de iniciativas de seguimiento a la implementación.
Modelo de reincorporación e incumplimiento a firmantes de paz Se presentaron retos en el modelo de reincorporación establecido y en la implementa-
ción de lo acordado. Según Luz Mery López, las personas firmantes de paz se enfrentan a un contexto de estigmatización, discriminación y afectación del tejido social que aún se sostiene, y les impide una real integración en la sociedad. A su vez, se presentan casos de violencias basadas en el género contra mujeres excombatientes, que no encuentran acompañamiento, no se presentan ofertas de profesionalización y existe una situación crítica de salud mental y física que no cuenta con acompañamiento adecuado, Algo que habíamos ganado en el conflicto que era el cuidado colectivo, pues lo estamos perdiendo hoy porque la sociedad permea y es más poderosa, nos individualiza. Eso fue una batalla de cinco años, cinco años peleando con la ARN para que entendiera que la individualización era un fracaso, incluso para la construcción de paz, que era garantizar la reincorporación colectiva y comunitaria para pervivir en el tiempo. (Luz Mery López, entrevista, 2023)
Finalmente, como parte de los principales retos para la actual implementación de los acuerdos está la seguridad y protección de firmantes de paz y de personas defensoras de derechos humanos en el territorio, que también han liderado la incidencia por la implementación. Según el más reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, a la fecha han sido asesinadas/os 406 firmantes de paz, 11 de estas mujeres (Misión de Verificación, 2024). Esta es una situación crítica y prioritaria en tanto la base del Acuerdo de Paz es la protección de las personas firmantes, garantía sin la cual no es posi-
Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
ble avanzar en la implementación y en la generación de confianzas para la política de Paz Total.
Proceso de negociación con el ELN: antecedentes y situación actual
Comunicación y pedagogía para la paz
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es una organización de carácter político-militar e ideología socialista, fundada el 4 de julio de 1964 (ELN, 2021), con influencia especialmente en Antioquia, Arauca, Catatumbo, Chocó, Cauca, Nariño y Sur de Bolívar (Fundación Paz y Reconciliación, 2018). La búsqueda de la salida negociada al conflicto con el ELN ha sido un proceso de casi treinta años, respecto a este trasegar histórico la guerrilla indica:
Otro reto altamente relevante en la implementación del acuerdo son las falencias en comunicación pública y pedagogía aún existentes sobre el Acuerdo de Paz de La Habana. De acuerdo con Luz Mery López (entrevista, 2023), las acciones de pedagogía de este Acuerdo de Paz fueron realizadas por firmantes de paz, sociedad civil y cooperación internacional, sin un compromiso real del Estado, lo cual implicó un alcance muy limitado de las estrategias de comunicación y pedagogía implementadas para tal fin, lo que tuvo como efectos la proliferación de noticias falsas sobre el Acuerdo, la polarización y el desconocimiento de lo acordado y su relevancia.
Desde 1989 agregamos a nuestros lineamientos el propósito de trabajar por una solución política al conflicto interno (…) En 2006 en el Cuarto Congreso Nacional del ELN hicimos este resumen de lecciones aprendidas: “hay que manifestar una voluntad sincera de tomar el camino de la solución
En ese sentido, las mujeres Kankuamas plantean que, al año 2023, las indígenas de su comunidad no estaban realmente familiarizadas con el Acuerdo de Paz, por lo cual uno de los proyectos en ejecución con apoyo de FOKUS se centraba en este ejercicio de pedagogía, como condición para la incidencia (Rosa Manuela Montero, entrevista, 2023), podría decirse que esta es una situación común en la ciudadanía colombiana. Finalmente, cabe mencionar que los medios de comunicación hegemónicos en Colombia son un actor político y han contribuido a la difusión de ideas erradas sobre el proceso de paz, opacando los esfuerzos de medios de comunicación alternativos y comunitarios.
política, opción que significa disposición para dejar la vía de la fuerza violenta, teniendo claro que la oligarquía al no poseer la misma voluntad, bloquea el desarrollo de la solución política, por lo que de entrada no se puede pactar la desmovilización”. (ELN, 2021)
Con base en el reportaje multimedia realizado por El Espectador (2022), “La esquiva Paz con el ELN”, y el informe de la Comisión de la Verdad (2022) capítulo No matarás, se realiza la siguiente infografía sobre los diversos procesos adelantados con esta insurgencia en el marco de siete gobiernos colombianos, en la cual se describe el gobierno en el cual se desarrolló, el tiempo de negociación y algunas características de cada proceso.
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Procesos de paz con el ELN Gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) Gobierno de César Gaviria (1990-1994)
En 1991 se desarrolla un diálogo con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, conformada por las FARC, el ELN y el EPL. Estas negociaciones sufren una ruptura tras la muerte del exministro Argelino Durán, quien estaría en cautiverio por el EPL. No obstante, durante el mandato del mismo expresidente, en 1994, se alcanza un acuerdo de paz con la Corriente de Renovación Socialista (CRS), una escisión política del ELN, en la cual se desmovilizan cerca de 800 combatientes (cabe mencionar que durante y después de las negociaciones se presentan hostigamiento, amenazas y asesinatos de líderes de la negociación y personas desmovilizadas de la CRS.
En el último año de gobierno se desarrolló un proceso de diálogo que contó con una gran participación de la sociedad civil, el cual ayudó a dinamizar la negociación a partir de una comisión de conciliación. Se alcanzaron dos acuerdos y se avanzó en la preparación de una convención nacional como parte de la metodología de diálogo. El proceso se vio afectado por la muerte del entonces comandante del ELN Manuel Pérez, por la filtración de información a medios de comunicación y por el desarrollo de acciones militares de esta guerrilla.
Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002)
Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010)
Este gobierno avanzó en un proceso de diálogo desde 1998 hasta 2021. Reconoció al ELN como actor político y avanzó en los preparativos de la convención nacional (acordada entre la sociedad civil y dirigentes del ELN). El gobierno suspendió negociaciones por dos actos de secuestro masivo realizados por el ELN, que posteriormente se reanudan por presión de la sociedad civil; a estos se vincula la comunidad internacional y se avanza en los primeros acuerdos sobre una zona de encuentro en el Sur de Bolívar. Finalmente, los diálogos se suspenden por presuntos incumplimientos del gobierno, desde la perspectiva del ELN, frente a su lucha contra el paramilitarismo y la ocupación de las FARC de la zona de encuentro.
De 2004 a 2008 desarrolló un proceso de diálogo de paz con sede en La Habana y acompañamiento de la comunidad internacional. En 2006 se declaró el primer cese unilateral de acciones ofensivas por parte del ELN, se logró un acuerdo base de ambiente para la paz y participación de la sociedad civil. La quinta ronda de negociaciones contó con la participación de Gabriel García Márquez para favorecer la mediación e impulso de las negociaciones. Se presentaron dificultades para el avance de los diálogos relacionadas con la resistencia a la concentración e identificación de combatientes del ELN en zonas preestablecidas, así como crisis diplomáticas entre Colombia y Venezuela que dificultaron el proceso, finalmente el ELN se retira del diálogo.
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Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
Gobierno de Iván Duque (2018-2022) Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018)
En el marco de este gobierno, entre 2014 y 2018 se desarrolló una fase exploratoria de diálogos de paz, con sede en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, y sesiones adicionales en Venezuela, Chile, Brasil y Cuba, con la participación de Noruega como garante. En el marco de este proceso se llevó a cabo un alto al fuego bilateral de 102 días, finalmente los diálogos no avanzaron por la continuidad de acciones militares del ELN después del alto al fuego, por lo cual Santos cuestionó su voluntad de paz.
En 2018 continuó con el proceso de negociación iniciado por Santos, con la condición de que el ELN liberara a todos los secuestrados y cesara su actividad militar. Debido a que el ELN no accede a estas peticiones y continúa ejecutando acciones militares de alto impacto, el entonces presidente se retira de las negociaciones y solicita a Cuba la extradición de la delegación del ELN presente en la isla. Debido a los protocolos acordados, Cuba no puede acceder a tal petición, lo cual genera tensión con los países garantes del acuerdo.
Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
En los múltiples intentos de alcanzar la salida negociada al conflicto armado con el ELN es claro el rol de la sociedad civil como actor fundamental que facilita y posiciona agendas en el proceso de diálogo, lo cual es un factor común con los diálogos en curso. A su vez, siendo la búsqueda del fin del conflicto armado parte de los lineamientos políticos del ELN, se ha implementado por su parte una estrategia de ofensiva militar durante los procesos de negociación como forma de aumentar la correlación de fuerzas y alejarse de una idea de rendición; no obstante, las acciones militares, con grandes impactos ambientales y humanos, realizadas por esta guerrilla en el marco de los diálogos permiten cuestionar su voluntad de paz, y ser argumento de ruptura de diversos intentos de salida negociada al conflicto, en los cuales la discusión por el delito de secuestro ha sido constante.
Proceso de diálogos de paz con el ELN en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez Este nuevo esfuerzo de diálogos de paz con la insurgencia del ELN inicia en agosto de 2022 bajo el liderazgo institucional del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda (2022-2023) y, posteriormente, el Comisionado José Otty Patiño (2023 - actualidad). El proceso de diálogo se desarrolló inicialmente en cabeza de Otty Patiño y, una vez este asume la dirección del Alto Comisionado, la delegación del gobierno para el proceso con el ELN queda bajo el liderazgo de Vera Grabe Loewenherz, con participación de José Otty Patiño Hormaza, Iván Cepeda Castro, Rodrigo Botero García, Olga Lilia Silva López, Horacio Guerrero García, María José Pizarro, Carlos Rosero, Álvaro Matallana Eslava, Rosemary Quintero, Dayana Paola Urzola Domicó, Orlando Romero, José Félix Lafaurie, Nigeria Rentería y Adelaida Jiménez. Por su parte, la delegación del ELN está conformada por Pablo Beltrán –como jefe de la delegación–, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, Silvana Guerrero, Gustavo Martínez, Isabel Torres, Tomás García Laviana y María Consuelo Tapias. Este proceso de negociación cuenta con seis países garantes: Noruega, Cuba, Chile, México, Brasil y Venezuela, y con dos entidades como acompañantes permanentes: delegada del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal de Colombia.
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Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
Para enero de 2023 se han desarrollado cinco ciclos de conversación5, en los cuales se ha acordado la agenda de negociación, que contempla los siguientes puntos: 1) Participación de la sociedad en la construcción de la paz, 2) Democracia para la Paz, 3) Transformaciones para la paz, 4) Víctimas, 5) Fin del conflicto armado, 6) Plan general de ejecución de los acuerdos. A su vez, se realizaron diferentes acuerdos de alivio humanitario, así como caravanas 5 Hasta el momento se han presentado obstáculos para el desarrollo del diálogo relacionados con declaraciones del presidente Gustavo Petro que no han coincidido con los acuerdos de la mesa, lo cual ha generado reacciones adversas del ELN; así mismo, se han posicionado en la agenda pública cuestionamientos por prácticas de reclutamiento forzado y de secuestro, que han creado importantes tensiones en la mesa de diálogo.
territoriales para identificar las afectaciones provocadas por el conflicto en Cauca y Chocó. Se estableció igualmente el primer cese bilateral al fuego desde agosto de 2023 a enero de 2024, el cual contó con nueve protocolos que contemplaban la veeduría y garantías de seguridad para su desarrollo. En el quinto ciclo de negociaciones se manifiesta la expectativa de prórroga del cese al fuego, así mismo, se pacta el cese del secuestro como actividad de financiación del ELN para ser implementada en la etapa de prórroga. Como aspectos diferenciales de este proceso frente al realizado con las FARC-EP resalta que la metodología de negociación con el ELN establece que a medida que se realicen acuerdos estos deben ser implementados, a su vez, la participación de la sociedad civil es un pilar fundamental de los diálogos desde el momento inicial. Adicionalmente, la mesa avanza en la definición del mecanismo de participación denominado Comité Nacional de Participación, en el cual toman parte 82 representantes de 30 movimientos o sectores sociales. Allí se identifica el movimiento de mujeres con cinco organizaciones delegadas: la Red Nacional de Mujeres, la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, Juntanza de Mujeres por la Paz, Colempresarias, Cumbre Nacional de Mujeres y Paz (Gobierno de Colombia y ELN, 2023a). El Comité Nacional de Participación tiene como objetivo facilitar de manera mancomunada el diseño y la implementación de los mecanismos de participación social en
Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
Las organizaciones de mujeres han participado de manera activa en este proceso de paz a partir del Comité Nacional de Participación (CNP) y de ejercicios de incidencia particulares, para garantizar la incorporación de las necesidades y los intereses de las mujeres en este proceso.
el proceso de paz. Es decir, se conformó una comisión representativa de la sociedad para diseñar un mecanismo que permita la participación de la sociedad colombiana en su conjunto. Para esto se estableció un plan de trabajo en cuatro etapas: i) Diseño de la participación (julio 2023 - febrero 2024); ii) Diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz (febrero 2024 - julio 2024); iii) Construcción de agenda sobre democracia y transformaciones (julio 2024 - enero 2025); iv) Sistematización de los resultados (enero 2025 - mayo 2025) (Gobierno de Colombia y ELN, 2023b). Las organizaciones de mujeres han participado de manera activa en este proceso de paz a partir del Comité Nacional de Participación (CNP) y de ejercicios de incidencia particulares, para garantizar la incorporación de las necesidades y los intereses de las mujeres en este proceso, para lo cual se han valido, entre otros elementos, de su experiencia acumulada en el proceso de paz con las FARC-EP.
Recomendaciones para la implementación del enfoque de género en procesos de paz En este apartado se recogen las recomendaciones para la incorporación del enfoque de género y feminista en procesos de paz basadas en la experiencia de negociación con las FARC-EP y el ELN en Colombia. Estas recomendaciones emergen de fuentes secundarias, de las entrevistas realizadas a dieciséis mujeres activistas, integrantes y directoras de organizaciones de la sociedad civil, asesoras o firmantes de paz vinculadas activamente a los procesos de diálogo e implementación, así como de la experiencia de cooperación para la paz de FOKUS. Estas recomendaciones no pretenden ser una lista exhaustiva de las condiciones para incorporar el enfoque de género en un proceso de paz, sino dar cuenta de los elementos que más resaltan en el contexto de construcción de
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Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
paz colombiano. A continuación, se presentan unas recomendaciones generales para posteriormente establecer unas particulares para la cooperación internacional, Estado y la sociedad civil. En el contexto colombiano se recomienda sostener unos principios para la acción del Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional, que rijan su intervención en el desarrollo de las negociaciones y la implementación de los acuerdos, los cuales son conexos al enfoque de género, a saber: i) la No regresividad en derechos; ii) enfoque de acción sin daño; iii) principio de no discriminación; iv) enfoque interseccional y principio antirracista; v) protección de la naturaleza.
interétnicos y sociales, o ir en detrimento de sus capacidades organizativas, para lo cual podrían plantearse evaluaciones de riesgo apoyadas por la cooperación internacional al momento de realizar propuestas y metodologías que vinculen a la sociedad civil.
Principio de no discriminación Se recomienda retomar el principio de no discriminación empleado en el proceso de La Habana como forma de prevención del avance de ideas fundamentalistas en la construcción de la paz, que afecte la garantía de derechos humanos y la democracia desde un escenario de construcción de paz, así como la vida de personas negociadoras y líderes territoriales de construcción de paz.
No regresividad en derechos
Enfoque interseccional
Es importante garantizar que lo acordado en el marco de procesos de paz no genere regresividad en los derechos y mecanismos ya alcanzados en el país en el marco de diferentes políticas públicas y ejercicios de movilización social, esto incluye los enfoques de intervención social ya incorporados en el proceso de paz con las FARC-EP, a saber: los enfoques de género, diferencial, étnico y territorial.
Se sugiere que el proceso de paz, en la etapa de negociación e implementación, parta de un paradigma interseccional que permita reconocer la diversidad de afectaciones del conflicto armado en la vida de las personas con condiciones de opresión derivadas de su configuración de género, racialización, etnia, orientación sexual e identidad de género, pertenencia rural o urbana y edad, para, a partir de ello, identificar medidas de participación, prevención, protección, recuperación y acceso a la justicia.
Enfoque de acción sin daño Pese a la urgencia del proceso de negociación, se requiere procurar un enfoque de acción sin daño. Esto implica que los mecanismos de participación de la sociedad civil en el proceso, así como las medidas derivadas del acuerdo no deben profundizar conflictos territoriales,
Principio antirracista Se sugiere incorporar el antirracismo como perspectiva de análisis estructural, que permita reconocer la relación de la opresión racista con el conflicto armado en Colombia,
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tomando acciones de prevención, protección, recuperación y acceso a la justicia tendientes a la superación del racismo en el país como condición de construcción de paz. Si bien este principio hace parte de un paradigma interseccional, ha sido necesario posicionarlo de manera particular ya que la interseccionalidad aún presenta retos en su comprensión y aplicación.
Principio de protección de la naturaleza Se recomienda procurar la integración de este principio de diálogo en los procesos de paz, a fin de posibilitar la identificación de las afectaciones a la naturaleza causadas por el conflicto armado, así como los actuales y potenciales impactos de la crisis climática en la construcción de paz. Lo anterior ha sido un llamado histórico de las organizaciones indígenas, y, a su vez, hace parte de los estándares internacionales actuales en el manejo de los conflictos armados, tales como el Plan Nacional de Acción 1325 de Noruega (2023).
Transversalización y especialización en el enfoque de género Como principio práctico para la incorporación del enfoque de género en procesos de paz se sugiere garantizar mecanismos especializados en la incorporación de este enfoque, acompañado de la implementación de estrategias de transversalización. En el caso del proceso de paz con el ELN, si bien no ha sido aprobada la propuesta de
configurar una subcomisión de género para el proceso, se recomienda garantizar la participación de mínimo una experta en perspectiva de género en cada uno de los puntos de negociación. Estas asesoras pueden ser las mismas para ambas delegaciones, procurando que las propuestas de cada parte contengan el enfoque, respetando las apuestas políticas de las partes. La transversalización efectiva implica transformar la narrativa de la existencia de “temas de las mujeres” para reconocer que las agendas políticas de estas existen en todos los sectores de la sociedad, ya que las mujeres son también campesinas, indígenas, estudiantes, jóvenes, etc. Por lo anterior, en la negociación con el ELN se sugiere establecer mecanismos para garantizar que los sectores que actualmente integran el CNP presenten propuestas con enfoque de género.
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Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
Recomendaciones para el Estado colombiano en la incorporación del enfoque de género en procesos de paz Colombia es conocida internacionalmente por sus marcos normativos y jurídicos progresistas, así como por su disposición a la adherencia de estándares internacionales orientados al desarrollo sostenible y la defensa de los derechos humanos; sin embargo, este logro se desvanece en el momento de implementación de lo acordado, de esta manera, se recomienda que las medidas establecidas en los procesos de paz consideren la gestión del conocimiento, la integración de iniciativas de paz, la conformación paritaria y eficiente de las delegaciones negociadoras, la participación social en el marco de responsabilidad estatal, los mecanismos de monitoreo y evaluación de implementación de los acuerdos, así como la comunicación y la cultura de paz.
Gestión del conocimiento Colombia cuenta experiencia en la negociación e implementación de procesos de paz en los cuales se han generado múltiples mecanismos, medidas e instituciones. No obstante, los cambios de gobierno, natural a su sistema político, así como de funcionarias/os públicos, impide la acumulación de conocimiento y generación de capacidades instaladas. Frente a esta realidad, se recomienda priorizar la gestión del conocimiento generado en estas experiencias, de manera que favorezca partir en cada momento los saberes y las capacidades ya adquiridas. En la experiencia de negociación con las FARC-EP se identifica la necesidad de evaluación de la institucionalidad para la paz como estrategia de implementación, a fin de identificar aciertos y falencias de este modelo de trabajo y de las instituciones que lo conforman, que deriven en posibilidades de cambio y continuidad de cara al nuevo acuerdo con el ELN.
Colombia es conocida internacionalmente por sus marcos normativos y jurídicos progresistas, así como por su disposición a la adherencia de estándares internacionales orientados al desarrollo sostenible y la defensa de los derechos humanos.
Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
Integración de iniciativas de paz Dado que las capacidades institucionales son limitadas, se recomienda sostener un principio de integración de iniciativas de paz que favorezca la economía y efectividad en los procesos, lo cual se traduce en identificar oportunidades de y establecer mecanismos para la articulación en la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, el PNA1325, el proceso de paz con el ELN y, en general, una política de Paz Total. Para estos efectos, un punto de partida sería la socialización del PNA1325 con las delegaciones negociadoras y el CNP del ELN, así como el establecimiento de una estrategia de aceleración de la implementación del Acuerdo de La Habana6. Por su parte, se recomienda vincular a los procesos de paz y sus escenarios de participación social los acuerdos incumplidos con la sociedad civil, políticas públicas, leyes y acuerdos internacionales pendientes de implementación, para evitar la duplicidad en las propuestas y medidas.
Conformación paritaria y eficiente de las delegaciones negociadoras Actualmente hay 23 personas delegadas al proceso de paz, de estas, 10 son mujeres. La delegación del gobierno está conformada por 15 personas (7 mujeres), y la del ELN por 8 personas (3 mujeres). Además de lo cuantitativo, resalta el reto en la paridad de la conformación de estas 6 Se resalta como una buena práctica el reciente Pacto por la Implementación del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz de La Habana establecido entre organizaciones sociales y el Estado colombiano.
delegaciones en términos de la experticia en el enfoque de género, así como en perspectivas feministas, interseccionales y antirracistas. Recordando que la paridad se refiere a cantidad y calidad, se sugiere revisar la conformación de la delegación del gobierno e instar al ELN al mismo ejercicio, de manera que las delegaciones permitan dar cuenta de la complejidad de perspectivas de análisis e intervención que requiere la construcción de paz en el país. A su vez, se ha identificado la necesidad de hacer claridad pública de los roles que cada persona delegada de del gobierno y el ELN tiene para el proceso de diálogo, en aras de favorecer procesos de incidencia y de tener información que permita tomar decisiones adecuadas sobre la conformación de las delegaciones.
Participación social en el marco de la responsabilidad estatal Considerar a la sociedad civil como un actor central en la salida negociada al conflicto armado contribuye a la garantía de derechos humanos y a la consolidación de la democracia, y favorece el reconocimiento de la sociedad civil como protagonista histórica de la búsqueda de la paz, especialmente las organizaciones de mujeres; sin embargo, es fundamental recordar que el deber constitucional de garantizar la paz en Colombia y la seguridad de sus habitantes es del Estado, que cuenta con los recursos para cumplir con dicho mandato. En este sentido, resalta la necesidad de que la sociedad civil, en sus ejercicios de participación, pueda contar con garantías para una participación efectiva.
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Como parte de estas garantías se identifica: i) el soporte técnico, el cual es necesario para concretar problemáticas e ideas de resolución en propuestas de política pública. Lo anterior implica diferenciar el rol de asesoría técnica al proceso de paz –que debe ser garantizado por el Estado en aras de cumplir con su marco normativo nacional e internacional–, del rol de veeduría y exigibilidad que realiza la sociedad civil como actor político. ii) Por otro lado, reconociendo que existen diferentes repertorios y lenguajes de expresión política, se recomienda seguir combinando mecanismos de participación escritos, orales y audiovisuales en los procesos de paz, lo cual se identificó como un acierto
en el Acuerdo de La Habana por parte de integrantes de la delegación de Gobierno, ya que esto favorece la participación ciudadana, siempre que pueda garantizarse una adecuada sistematización de los aportes. iii) Las organizaciones defensoras de derechos humanos y la sociedad civil participantes en los procesos de paz, así como las personas delegadas a la negociación, deben tener garantías de seguridad física, espiritual y psicosocial como condición para su involucramiento en mecanismos comunitarios de monitoreo de cese al fuego y de hostilidades. iv) Como garantía de participación social se identifica también el reconocimiento y la aplicación de metodologías e idiomas de los pueblos con pertenencia étnica, así como el desarrollo de condiciones diferenciales para la participación de las mujeres en las que se superen las barreras que estas enfrentan debido a los roles y estereotipos tradicionales de género. V) Finalmente, se sugiere procurar una participación activa, informada y vinculante, más que una participación masiva, a riesgo de generar un mayor desgaste en la ciudadanía y desconfianza hacia las instituciones.
Mecanismos de monitoreo y evaluación de la implementación de acuerdos Para favorecer la planeación, el monitoreo y evaluación de medidas con enfoque de género, se recomienda que los enfoques se traduzcan en medidas concretas en cada punto del acuerdo de paz, tales como mecanismos, programas, proyectos, entidades, estrategias, etc. En este
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sentido, como aprendizaje del Acuerdo de La Habana, la enunciación del enfoque de género como transversal al acuerdo es completamente insuficiente. Por su parte, para contribuir a la implementación de lo acordado se sugiere integrar un enfoque de gestión basada en resultados, lo cual implica la construcción de resultados, indicadores y metas por parte de personal especializado que se centren en la medición del impacto, que sean viables y pertinentes.
Comunicación y cultura de paz Como aprendizaje del proceso de La Habana, se reconoce la importancia de la construcción de la cultura de paz desde estrategias de comunicación y pedagogía con grupos de interés internos y externos a los procesos de negociación. Para ello es necesario insistir en la vinculación de los
medios de comunicación públicos y privados a los procesos de paz en su etapa de negociación e implementación, así como en el fortalecimiento y la vinculación de medios de comunicación alternativos y comunitarios. En el proceso de paz con el ELN se recomienda que la estrategia de comunicación favorezca la actualización constante entre las delegaciones y el CNP, el flujo de información oportuno y veraz entre la mesa de diálogo y la sociedad colombiana en general, así como con la cooperación internacional como grupo de interés. Lo anterior busca prevenir la emergencia de noticias falsas y discursos movilizadores en contra de las apuestas de paz y, a su vez, una comunicación oportuna favorece la comprensión de las ventanas de oportunidad para la incidencia, así como la identificación de las necesidades de apoyo del proceso de paz.
Se recomienda seguir combinando mecanismos de participación escritos, orales y audiovisuales en los procesos de paz, lo cual se identificó como un acierto en el Acuerdo de La Habana por parte de integrantes de la delegación de Gobierno, ya que esto favorece la participación ciudadana, siempre que pueda garantizarse una adecuada sistematización de los aportes.
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Recomendaciones para la cooperación internacional en la incorporación del enfoque de género en procesos de paz Las diversas fuentes consultadas para esta investigación han sido enfáticas en la importancia de la cooperación internacional para alcanzar los niveles de avance que hoy tiene la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, de esta manera, la cooperación sigue siendo un actor central en la búsqueda de paz en Colombia. A continuación, se presentan algunas recomendaciones para que el ejercicio de cooperación contribuya a la incorporación e implementación del enfoque de género en los procesos de paz.
Incidencia internacional En el marco de las capacidades de incidencia internacional se sugiere: i) contribuir a conservar la atención internacional en la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana como condición para la implementación de futuros acuerdos de paz; ii) realizar seguimiento y llamados internacionales para la protección de la vida de las y los firmantes de paz, como base de la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana y de construcción de capacidad y confianza para el establecimiento de otros acuerdos de solución política al conflicto armado; iii) desarrollar los esfuerzos de cooperación para la paz desde un principio de coordinación entre entidades internacionales que favorezca soluciones estructurales sobre proyectos asistencialistas.
Fortalecimiento de capacidades del Estado colombiano Para el fortalecimiento institucional, de cara a la negociación e implementación de acuerdos de paz se recomienda: i) instar a que los acuerdos de paz y las políticas públicas derivadas, expliciten a la Resolución 1325 y subsiguientes como parte de su marco normativo, lo cual contribuye al posicionamiento político de estas disposiciones internacionales en los contextos nacionales; ii) continuar desarrollando estrategias de fortalecimiento de instituciones a escala nacional, regional y local, que favorezcan la comprensión del enfoque de género, diferencial, interseccional y antirracista, de manera que este pueda traducirse en medidas concretas;
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Se recomienda para el fortalecimiento de la sociedad civil desde los esfuerzos de la cooperación internacional: fortalecer las capacidades de la sociedad civil para la incidencia y el seguimiento de procesos de paz a través de recursos económicos y técnicos.
iii) establecer mecanismos que garanticen que la financiación de medidas derivadas de acuerdos de paz serán financiadas por el Estado colombiano con apoyo de la cooperación internacional, tales como contrapartidas y planes de sostenibilidad; iv) apoyar esfuerzos de revisión y cualificación de mecanismos de planeación, monitoreo y evaluación del Acuerdo de Paz de La Habana, así como de gestión de conocimiento que favorezcan la evaluación y aplicación de lecciones aprendidas para la construcción de paz en Colombia.
Fortalecimiento de la sociedad civil para la construcción de paz Como recomendaciones emergentes para el fortalecimiento de la sociedad civil desde los esfuerzos de la cooperación internacional se identifica: i) fortalecer las capacidades de la sociedad civil para la incidencia y el seguimiento de procesos de paz a través de recursos económicos y técnicos, en el
marco del reconocimiento de la responsabilidad del Estado colombiano como líder de la implementación de acuerdos; ii) aportar herramientas técnicas a escenarios de negociación e incidencia de la sociedad civil que permitan centrar los enfoques en medidas concretas; iii) realizar convocatorias especializadas para firmantes de paz y sus figuras asociativas, que no impliquen la disputa de recursos entre organizaciones firmantes y no firmantes, dado que esto profundiza disputas territoriales.
Priorización en la asignación de recursos De acuerdo con los principales retos y necesidades identificadas en el desarrollo de la investigación se sugiere priorizar la asignación de recursos de cooperación internacional a las iniciativas y los actores que: i) favorezcan la implementación de estándares internacionales y los principios anteriormente mencionados, a saber, la no regresividad en derechos, enfoque de acción
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sin daño, principio de no discriminación, enfoque interseccional, principio antirracista y protección de la naturaleza; ii) favorezcan la articulación de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad con la política de Paz Total, lo cual implica, entre otras cosas, procurar la implementación del PNA1325 en articulación con los procesos de paz en etapa de diálogo e implementación; iii) fortalezcan iniciativas de cultura de paz y socialización de los Acuerdos de Paz y marcos de negociación, como posibilidad de una paz estable y duradera en Colombia, a través de estrategias de comunicación y pedagogía.
Recomendaciones a la sociedad civil para la incorporación del enfoque de género en procesos de paz La sociedad civil, y en especial las mujeres, han sido el motor de la construcción de paz en Colombia, por lo cual han acumulado una valiosa experiencia técnica y política que ha sido reconocida internacionalmente y ha derivado en importantes resultados. A continuación se exponen algunas de las recomendaciones que emergen para seguir potenciando este rol.
Articulación de iniciativas de paz Para cuidar la capacidad de las organizaciones sociales y las personas que las integran,
así como aumentar la efectividad de las acciones se sugiere: i) promover mecanismos de articulación entre la implementación del PNA1325, Acuerdo de Paz de La Habana y proceso de diálogo con el ELN; ii) fortalecer la articulación de mecanismos de seguimiento de la implementación de los acuerdos desde la sociedad civil, la academia, la cooperación y el Estado.
Preconfiguración de una política para la paz en el movimiento de mujeres La dinámica política nacional se rige por la polarización y el sectarismo, por ello se insiste en que el movimiento de mujeres en Colombia pueda seguir incorporado prácticas que preconfiguren una política para la paz, por lo cual se recomienda: i) propiciar escenarios de encuentro en el
Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
La dinámica política nacional se rige por la polarización y el sectarismo, por ello se insiste en que el movimiento de mujeres en Colombia pueda seguir incorporado prácticas que preconfiguren una política para la paz.
marco del movimiento de mujeres, que permitan llevar a cabo estrategias de construcción de paz y agendas políticas desde la diferencia entre mujeres de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, racializadas, campesinas, urbanas, con pertenencia étnica, edades diversas y con discapacidad; ii) favorecer los procesos de reincorporación de firmantes de paz a partir de la reconstrucción del tejido social en las comunidades, y de prácticas en los movimientos sociales que eviten la reproducción de actitudes discriminatorias y estigmatizantes.
Integración de agendas de paz en las organizaciones de mujeres Si bien hay gobiernos que retoman la bandera de la paz como propia, esto nunca desplazará el rol de las organizaciones de la sociedad civil y, en especial, de las orga-
nizaciones de mujeres por la búsqueda de la paz. En ese sentido, se recomienda seguir incorporando la agenda de construcción de paz e implementación de la Resolución 1325 y subsiguientes en las agendas políticas de las organizaciones, especialmente de las mujeres jóvenes.
Incorporación del enfoque de género en organizaciones de la sociedad civil Se hace un llamado a las organizaciones mixtas de la sociedad civil y comunidades étnicas a la incorporación del enfoque de género desde sus propios marcos de interpretación del mundo y la política, que deriven en el fortalecimiento de liderazgos paritarios y en el reconocimiento de las necesidades e intereses de las mujeres desde su sector y comunidad, lo cual favorece el posicionamiento y escenarios de negociación política ante procesos de paz.
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Referencias Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) (2023). La Paz Total: avances, retos e interrogantes. Revista 100 días. https://www.revistaciendiascinep. com/home/la-paz-total-avances-retos-e-interrogantes/ Colombia Diversa (2020). Seguimiento a la implementación del enfoque diferencial para personas LGBT. https://colombiadiversa.org/ colombiadiversa2016/wp-content/ uploads/2020/04/cartilla-3.pdf Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (2022). Capítulo No matarás. Hallazgos y recomendaciones. CEV. https:// www.comisiondelaverdad.co/ Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (2022). Hallazgos y recomendaciones. CEV. https://www.comisiondelaverdad.co/ Congreso de Colombia. Ley 2272 de 2022. “Por medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, se define la política de paz de Estado, se crea el Servicio Social para la Paz, y se dictan otras disposiciones”. Congreso de Colombia. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/ norma.php?i=197883 Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2017). Plan Marco de Implementación. Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción
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Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
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Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en etapas de diálogo e implementación de acuerdos de paz
Personas entrevistadas 1. Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas. 2. Amanda Hurtado, antropóloga y militante del movimiento negro. 3. Ana Milena González, directora Oficina Regional en Latinoamérica. 4. Angélica Arias Preciado, profesional psicosocial del Resguardo Indígena Kankuamo. 5. Angélica Bernal, Profesora de la Escuela Superior de Administración Pública 6. Clara Ávila Peña, integrante de la dirección colegiada de la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política. 7. Diana Granados, Coordinadora de la Comisión de Paz de la Universidad del Cauca.
8. Elsy Rodríguez Vergara, directora de Cartografía Sur. 9. July Samira Fajardo, investigadora del Instituto Kroc. 10. Karina Santos Matiz, delegada al CNP de la Juntanza de Mujeres y Paz. 11. Luz Mery López, lideresa integrante Consejo Nacional de los Comunes. 12. Marcela Sánchez, directora ejecutiva de Colombia Diversa. 13. Melany Artunduaga, asesora de Género en CODACOP. 14. Rocío Doncel, asesora de Monitoreo en CODACOP. 15. Rosa Manuela Montero, coordinadora de Proyectos del Resguardo Indígena Kankuamo.
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