La digitalización de la administración pública tributaria como estrategia anticorrupción

LA DIGITALIZACIÓN EN MÉXICO

Los esfuerzos de México por implementar un Gobierno Digital comenzaron en 2013, al publicarse el “Decreto de Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica”, según el cual, entre otras cosas, el Estado tiene la obligación de garantizar a los mexicanos el derecho de acceso a las TIC.

Derivado de lo anterior, se publicó la Estrategia Digital Nacional 2013-2018, la cual buscó una mayor inclusión digital, contar con ciudadanos mejor informados y más participativos, con Micro, Pequeñas y Medianas Empresas más eficientes y productivas, así como un gobierno más cercano, abierto y eficaz. Dicha estrategia tuvo cinco objetivos, a saber:

1. Transformación gubernamental.

2. Economía digital.

3. Transformación del modelo educativo.

4. Salud universal y efectiva.

5. Innovación cívica y participación ciudadana.

Además, incluía cinco habilitadores: (i) conectividad, (ii) inclusión y habilidades digitales, (iii) interoperabilidad e identidad digital, (iv) marco jurídico y (v) datos abiertos.

Desafortunadamente, en el diseño de la política pública se encontraron deficiencias metodológicas: los resultados se vieron afectados al no poder monitorear un objetivo que estaba mal planteado, con metas difusas, un indicador al que se le dejó de dar seguimiento, y sin indicadores específicos para cada uno de los objetivos y habilitadores planteados.

Tras la entrada de un nuevo gobierno, en 2021 se relanzó la Estrategia Nacional Digital 2021-2024 bajo cinco principios de política digital y social de la Administración Pública Federal (APF):

1. Austeridad, relativo a lograr el máximo aprovechamiento de recursos y disminución de gasto.

2. Combate a la corrupción, entendidas como prácticas injustas y desleales que benefician intereses particulares y perjudican al Estado.

3. Eficiencia en los procesos digitales, que busca la simplificación operativa en los procedimientos gubernamentales.

4. Seguridad de la información, que brinda estabilidad y certidumbre a la operación de plataformas o sistemas digitales.

5. Soberanía tecnológica, para tomar decisiones sin interferencias externas.

A diferencia de la estrategia anterior, esta nueva contó con dos ejes de acción, cada uno con sus propios objetivos específicos y líneas de acción:

1. Política digital. Transformar la APF mediante el uso y aprovechamiento de las TIC para mejorar y transparentar los servicios gubernamentales que se otorgan a la ciudadanía:

a) Mejorar y armonizar el marco normativo de la política digital de la APF.

b) Estandarizar las compras de TIC a través de acciones transparentes, austeras y efectivas.

c) Promover la autonomía e independencia tecnológicas para establecer la rectoría del Estado.

d) Obtener el máximo aprovechamiento de aplicativos de cómputo e infraestructura.

e) Promover una cultura de seguridad de la información que genere certeza y confianza a las personas usuarias de los servicios.

2. Política social digital. Incrementar la cobertura de Internet a todo el país para combatir la marginación y comunicar las zonas más pobres y alejadas, facilitando con ello su integración a las actividades productivas:

a) Impulsar la integración e iluminación de la fibra óptica en posesión de las instancias públicas para el transporte de señales.

b) Reducción de la brecha digital en el país.

c) Lograr la cobertura universal de Internet a la población.

d) Mejorar la calidad de los programas sociales mediante soluciones tecnológicas.

Con esto, México pone en firme su compromiso con la innovación y la capacidad de adaptación a las demandas de la era digital, avanzando en la digitalización de productos, servicios y canales como la principal palanca competitiva, transformando sectores enteros de la economía.

LA DIGITALIZACIÓN EN EL SISTEMA TRIBUTARIO

Ahora bien, uno de los sectores más receptivos a esta digitalización, tanto a nivel internacional como nacional, ha sido el sistema tributario. Así se ha entendido, tanto desde el Gobierno Digital −siendo una de sus características, precisamente, la mejora de la recaudación fiscal− como desde la autoridad fiscal, para quien la digitalización de la administración tributaria es un elemento fundamental de sus estrategias. En efecto, durante la última década, las administraciones tributarias de todas las latitudes han comprendido y han comenzado a capitalizar el gran potencial que poseen las innovaciones tecnológicas más avanzadas (como la analítica de datos o la inteligencia artificial, entre otras) para fortalecer sus capacidades operativas.

De allí que diferentes países hayan implementado procesos de digitalización en sus administraciones tributarias con resultados alentadores, entre los cuales pueden destacarse México y la implementación de su Buzón Tributario y el Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura Electrónica (CFDI), mismos que han permitido mejorar el control y la fiscalización de las operaciones, reduciendo los márgenes de discrecionalidad y la evasión fiscal.

A esto se suma Brasil y la adopción del sistema público de escrituración digital), que ha facilitado el cruce de información, la detección de irregularidades y el intercambio de datos entre las autoridades; o bien Estonia, que ha desarrollado una plataforma tributaria digital integral que ofrece servicios en línea, declaraciones automáticas y pagos electrónicos, logrando altos niveles de cumplimiento y satisfacción ciudadana.

En el entendido de que el sistema tributario recauda impuestos, contribuciones y demás ingresos públicos, y también gestiona estos para financiar el gasto público y redistribuir la riqueza, la digitalización en este sector puede contribuir a combatir o desincentivar las prácticas corruptas tanto relacionadas con la evasión fiscal (por ejemplo, compra y venta de funcionarios para conseguir un menor pago de impuestos) como con el uso ilícito de recursos públicos (malversación de fondos, entre otras prácticas), pues:

• Genera mayor transparencia, trazabilidad de las operaciones y reducción de la discrecionalidad de los funcionarios;

• Mejora la eficiencia, calidad de los servicios y rendición de cuentas, lo cual desincentiva prácticas corruptas; y

• Facilita el cruce de información, la detección de inconsistencias y riesgos de manera más eficiente.

CONCLUSIONES

Los países con mayores avances en la digitalización tienden a ocupar posiciones más altas en índices de transparencia y control de la corrupción. En México, por ejemplo, la digitalización es una de las prioridades en varios de los ejes de la Política Nacional Anticorrupción de 2020.

Por último, algunos de los desafíos que enfrenta la digitalización del sistema tributario como estrategia para combatir la corrupción son:

• Resistencia al cambio, pues la implementación de nuevos sistemas y procesos digitales puede generar rechazo o falta de apropiación por parte de funcionarios acostumbrados a los métodos tradicionales, por lo que se requiere un esfuerzo de capacitación y cambio cultural y mental para que el personal adopte las herramientas digitales.

• Seguridad y protección de datos, ya que la digitalización implica manejar grandes volúmenes de información sensible. Esto plantea retos en cuanto a ciberseguridad, privacidad y resguardo de los datos, por lo que se deben implementar sólidos sistemas de control de acceso, encriptación y respaldo de la información.

• Interoperabilidad de sistemas, dado que exige la integración de sistemas digitales tributarios con otras plataformas gubernamentales, lo que puede ser complejo y requerir importantes inversiones.

• Brecha digital y acceso desigual, pues algunos contribuyentes pueden tener dificultades para acceder y utilizar las herramientas digitales. Lo anterior podría generar nuevas oportunidades de corrupción si no se abordan adecuadamente dichas brechas.

• Actualizaciones en el marco normativo, que deben acompañar la digitalización a efecto de respaldar y legitimar los nuevos procesos. De lo contrario, se puede debilitar la implementación y generar incertidumbre.

• Inversiones en infraestructura tecnológica, ya que contribuyen al desarrollo de sistemas y facilitan la capacitación de personal.