La digitalización de la administración pública tributaria como estrategia anticorrupción

LA DIGITALIZACIÓN EN EL MUNDO

Si bien en la actualidad, la mayoría de los países a nivel mundial se encuentran en diferentes etapas de implementación de un gobierno digital, con avances y retos particulares en cada contexto, los inicios de la digitalización de la administración pública comenzaron a tomar forma entre finales del siglo XX y principios del XXI, principalmente en los Estados Unidos de América (EUA), Reino Unido, Canadá, Estonia y países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, es decir, naciones desarrolladas o de primer mundo, por lo que el avance en su acceso, uso y apropiación no ha escapado a la centralización y exclusión que ha caracterizado, históricamente, a los procesos de tecnificación. Lo anterior ha reforzado la brecha digital existente que, en consonancia con el panorama vigente de desigualdad estructural, posiciona a estos países en la punta de dicha dinámica y, por el contrario, deja a varios países de África y Latinoamérica en situación de rezago.

Al respecto, cabe enfatizar el caso de Estonia, actualmente considerado el país más digitalizado, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, y con el mejor sistema impositivo del mundo, según el informe de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation. Así, Estonia, con 1.3 millones de habitantes, comenzó su transición en 1997 −tan solo seis años después de lograr su independencia de la reocupación soviética ocurrida en 1944−, en el ámbito de la educación con el programa “Salto del tigre”, proporcionando conectividad, computadoras y capacitación digital en los colegios (para el año 2000, todas las escuelas eran online). Al presente, las y los ciudadanos de este país pueden acceder a todos los servicios públicos las 24 horas del día, los siete días de la semana a través de Internet; una política que ha contribuido a disminuir de manera importante la corrupción, pues de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, pasó del lugar 26 en 1998 al lugar 14 en 2022.

Entre los principales factores que impulsaron la transición a la digitalización de los gobiernos, pueden mencionarse los siguientes:

• El avance en tecnologías como Internet, computadoras, dispositivos móviles y software desde los años 50 y 60 (las conocidas TIC), en el marco de la revolución tecnológica iniciada a finales del siglo XIX.

• El crecimiento poblacional experimentado en los últimos siglos (en el siglo XIX la población mundial se duplicó y en el siglo XX, se triplicó), debido a los avances médicos, científicos y económicos, ha generado una mayor y compleja demanda de recursos y esfuerzos por parte del Estado, poniendo en crisis los modelos tradicionales de gestión de servicios.

• Los cambios sucedidos en el ámbito sociopolítico han generado, por un lado, una ciudadanía más participativa en la toma de decisiones y demandante de mayor eficacia y eficiencia de sus gobiernos; por otro, un desgaste de las instituciones públicas, vistas como ineficientes, ineficaces y poco transparentes, sin confianza, representatividad ni legitimidad.

• De igual forma, sobre todo en los países en vías de desarrollo, se ha visto la necesidad de reducir costos y optimizar los pocos recursos públicos con los que se cuenta, debido a fenómenos como las crisis económicas, la baja recaudación tributaria, las altas deudas públicas y privadas, corrupción, inseguridad, entre otros.

• El cambio de gobierno a la gobernanza, con un enfoque más amplio que incluye la participación y la coordinación de diversos actores en los procesos de toma de decisiones y la gestión eficaz, eficiente y de calidad de los resultados, más allá de la estructura formal, requiere de nuevas habilidades y capacidades.

• El impulso de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que, siempre a la vanguardia, han promovido la adopción de este tipo de estrategias, financiando y prestando asistencia a los gobiernos.

• Acontecimientos, como la pandemia de coronavirus disease (Covid-19), han hecho apremiante adaptarse a un entorno más virtual que minimice las interacciones o las aglomeraciones en vías de proteger la salud de la población.

• La búsqueda de mayor seguridad y protección en la gestión pública. Todos y cada uno de estos factores permitieron la transformación o la transición de los países a lo que hoy se conoce como Gobierno Digital −antes gobierno electrónico o e-gobierno−.

Si bien es posible conceptualizar el Gobierno Digital simplemente como la utilización de las TIC por parte de los gobiernos para mejorar la eficiencia, transparencia y calidad de los servicios públicos, es fundamental pensarlo más allá de esta dimensión instrumental y eficientista. De allí que sea oportuno pensarlo como parte de otro concepto, muy relacionado, aunque más general, que es el Gobierno Abierto. Se trata de un nuevo paradigma o enfoque de la gestión pública, caracterizado por la transparencia, la participación ciudadana, la colaboración y la rendición de cuentas. Este anclaje permitirá pasar del gobierno electrónico al Gobierno Digital más allá de solo poner servicios en línea y lograr la eficiencia operativa, procurando una nueva concepción de las TIC como elemento básico de la transformación del sector público, que fortalezca la gobernanza pública, centrada en la calidad de la democracia, la buena administración y gestión públicas, y la participación consciente y creativa de la ciudadanía.

Así, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Gobierno Digital puede definirse como aquel que, mediante el uso intensivo y creativo del conocimiento distribuido entre los distintos actores del desarrollo (gobierno inteligente) y las TIC a la gestión pública, promueve y optimiza la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la colaboración de todos los actores públicos y privados para codiseñar, coinnovar o producir valor público, social y cívico (principios y componentes fundamentales del Gobierno Abierto) con el propósito de recrear y fortalecer la democracia, y alcanzar un desarrollo sustentable, equitativo e incluyente que potencie la sociedad del conocimiento y posibilite una mayor calidad de vida de la gente. Algunas de las características y beneficios del Gobierno Digital son:

• La digitalización de trámites y servicios a través del diseño e implementación de plataformas en línea para realizar trámites, pagos, solicitudes y declaraciones, de manera digital, que permitirá simplificar procesos, reduciendo tiempos y costos operativos.

• La gestión digital de la información, utilizando sistemas digitales para el almacenamiento, procesamiento y análisis de datos gubernamentales, que facilitará la toma de decisiones informadas y la detección oportuna de ineficiencias.

• La reducción de gastos en papel y logística, disminuyendo la necesidad de imprimir documentos, archivar físicamente y/o enviar correspondencia, que representa a su vez ahorros significativos.

• La mejora de la recaudación fiscal, a través de herramientas digitales que facilitan el cumplimiento de obligaciones por parte de los contribuyentes, que incrementa los ingresos del Estado y reduce la evasión y elusión fiscal.

• Los registros digitales, que permiten cruzar información, detectar, prevenir e investigar riesgos y delitos penales, fiscales y financieros de manera eficiente.

• La digitalización, que mejora la calidad y accesibilidad de servicios públicos, optimizando el impacto de la inversión pública en áreas prioritarias para el desarrollo.

Hoy en día, son pocos los países que no han echado mano de la digitalización para mejorar sus administraciones. La ONU realizó esfuerzos desde 2001 para crear el Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico (EGDI, por sus siglas en inglés), mismo que evalúa y califica los patrones de desarrollo tecnológicos de cada uno de los 193 países miembro para reflejar cómo estos utilizan las TIC para promover el acceso y la inclusión de su población. Como tal, el EGDI es una métrica compuesta de tres dimensiones, a saber: (i) provisión de servicios en línea, (ii) conectividad de telecomunicaciones y (iii) capacidad humana, así como cinco subíndices: (i) marco institucional, (ii) provisión de servicios, (iii) provisión de contenido, (iv) tecnología y (v) participación electrónica.

De acuerdo con su última versión de 2022, los 10 países que lideran el índice son, en orden descendente: Dinamarca, Finlandia, la República de Corea, Nueva Zelanda, Islandia, Suecia, Australia, Estonia, Holanda y los EUA. Los últimos lugares, por su parte, de forma ascendente son: Sudán, Somalia, la República Centroafricana, Eritrea, la República del Chad, Nigeria, Haití, Guinea, Sierra Leona y Afganistán. Respecto a las posiciones de los países de América Latina y el Caribe, los mejor posicionados son: Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú y México, en los sitios 35, 36, 42, 50, 57, 60 y 63, respectivamente. En tanto, los peores son: Honduras en el 156, Cuba en el 137, Belice en el 133, Nicaragua en el 130, Venezuela en el 129, Guatemala en el 126 y El Salvador en el lugar 118. (Véase imagen 1).