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Viernes, 30 de abril de 2010
• Empresa y Finanzas
FINANZAS
La reforma de las cajas, a debate LIMITAR EL PESO INSTITUCIONAL Y FLEXIBILIZAR LAS FUSIONES Y EMISIONES SON LOS RETOS M.C.F. - marta@empresayfinanzas.com
LAS CIFRAS
Las cajas de ahorros españolas deben afrontar una reforma legal que limite el peso de las instituciones políticas en sus órganos de gobierno, disminuyendo progresivamente su presencia en los consejos de administración hasta limitarse a un máximo del 25%. Esta es la principal conclusión del informe ‘La reestructuración de las Cajas de Ahorros y la reforma de su regulación’, elaborado por el Centro PwC/IE del Sector Financiero, una institución de carácter académico puesta en marchapor PricewaterhouseCoopers y el IE Business School. Así, el objetivo de dicha reforma sería reforzar las exigencias de idoneidad para el puesto de administrador y alto directivo, eliminar –favoreciendo la transparencia y el acceso al mercado de capitales- las trabas regulatorias a la emisión de cuotas participativas y sustituir los aspectos más sustantivos de la regulación de las comunidades autónomas sobre las cajas por una normativa estatal básica. Para ello, el Banco de España debe liderar el proceso de reestructuración, elaborando un procedimiento de actuación tasado y transparente, que cuente con el mayor consenso político. Además, el informe recomienda una disminución progresiva de los cargos en losconsejos de administración en representación de las administraciones públicas y en la Comisión de Control de las cajas, pasando del 50% a un máximo del 25%.
Exceso de capacidad del 30% El crecimiento de la morosidad, el estrechamiento de los márgenes, la caída de la actividad y el acceso a la financiación suponen un reto para la rentabilidad, liquidez y solvencia del sector bancario español. El informe del Centro PwC/IE apunta a que hay un exceso de capacidad significativo en el sector bancario próximo al 30%, por lo que el sector necesita una recapitalización, con apoyo público, que podría oscilar, en primera instancia, entre los 30.000 y los 50.000 millones de euros. El marco regulatorio creado en 2009 para ello, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tiene un presupuesto máximo de 99.000 millones de euros, pero Europa no lo aprobó hasta 2010 y le ha puesto fecha tope en junio. A esto se añade que el proceso está siendo lento a pesar de la sensación de urgencia, fundamentalmente por motivos políticos y también económicos, ya que los resultados de 2009 han sido inferiores a 2008 aunque positivos -con resultado negativo antes de impuestos en el último trimestre, y las tasas de morosi-
25% Consejo de Administración Los expertos recomiendan rebajar la representación política en los consejos del 50% actual al 25%
99.000 Millones de euros Es el presupuesto máximo del Fondo de Reestructuración Bancaria, que expira en el mes de junio
Hay un exceso de capacidad en el sector bancario que se cifra en el 30%, por lo que urge su recapitalización Motivaciones políticas obstaculizan los procesos de fusión, principal mecanismo para su saneamiento dad tampoco son muy elevadas (ver gráfico). Y es que los condicionantes políticos, según este informe, están dificultando las integraciones interegionales, el mecanismo más adecuado para el saneamiento del sistema bancario, lo que afecta a la recuperación de la economía y acentúa la vulnerabilidad al riesgo país. Como ejemplo, los flirteos de Caja Madrid con algunas cajas regionales, entre ellas las valencianas Bancaja y CAM, que no
han llegado a puerto. De hecho, las cinco fusiones aprobadas o en marcha -Caixa Nova y Caixa Galicia; Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona; Caixa Manlleu, Sabadell y Terrasa; Caja Duero y Caja España; Caja Castilla La Mancha y Cajastur; y Unicaja y Cajasur- han sido intrautonomicas a través de Sistemas Institucionales de Protección (SIP), que requieren el mantenimiento de órganos de gobierno, sedes y competencias en las comunidades autónomas.
zativas y de funcionamiento de órganos de gobierno de las cajas y contar con un procedimiento de reestructuración transparente que cuente con consenso político. En relación a las cuotas participativas: obligar por ley a la emisión de cuotas participativas, y que éstas confieran
derechos políticos plenos a sus adquirentes, fijándose un límite máximo de participación para evitar su privatización; y flexibilizar su emisión, acercándolas al capital de las sociedades mercantiles. En el marco de sus órganos de gobierno, reforzar las normas de buen gobierno , dis-
La crisis finaciera mundial ha dado lugar a un debate regulatorio con propuestas como la exigencia de mayores niveles de recursos propios y mayor calidda de estos. Esto supone un desafío para las cajas pues, su modalidad de capitalización, las cuotas participativas, sólo ha sido emitida por una entidad y los instrumentos híbridos, que sí han sido empleados, no computarán en el ‘tier I’ de dichas entidades. El informe plantea alternativas de reforma legal de los factores que están impidiendo la reestructración del sector y que pueden dificultar la adptación de las cajas al nuevo entorno de regulación de la solvencia de las entidades de crédito, dado que el citado FROB se está viendo ralentizado por la redacción actualde la legislación vigente, la LORCA, que data de 1985 pese a haber sido modificada posteriormente por varias leyes. Así, el Centro PwC/IE se centra en las propuestas de reforma de Basilea II, consecuencia del cual surge la necesidad de reforma de las cuotas particpativas, vía de refuerzo de los recursos popios de las cajas. Así, las cuotas son valores negociables, cuya emisión es autorizada por la Asamblea General o por el Consejo de Administración de la Caja, que representan aportaciones dinerarias de duración indefenida, que pueden ser aplicadas en igual proporción y a los mismos destinos que los fondos fuacionales y las reservas. Pero, estos instrumentos están desprovistos de derechos políticos y forman parte de los recursos propios básicos -’tier I’- . Es por esto que el informe recomienda que su emisión sea obligatoria por ley y confiera derechos políticos a sus adquirientes, fijándose un límite máximo de participación de los cuotapartícipes en los órganos de gobierno para evitar la pérdida de control de la caja y su privatización.
Consejo de Administración
Principales recomendaciones en los ámbitos de supervisión, capitalización y gobierno El informe propone mantener sin ambigüedades la responsabilidad única del Banco de España sobre la regulación y supervisión prudenciales de las cajas, eliminar cualquier restricción legal a las integraciones interregionales, realizar una regulación básica del Estado de cuestiones organi-
Cuotas participativas
minuir progresivamente los cargos en representación de las administraciones públicas, hasta alcanzar un máximo del 25% o revisar las competencias de la Comisión de Control, buscando su integración con la Comisión de Auditoría y garantizando su independencia.
En el ámbito del gobierno corporativo de la caja, uno de los retos del proceso de reestructuración sería ocupar los puestos vacantes en consejos de administración tras la limitación de la representación de las administraciones por tenedores de cuotas particpativas, eliminar a los cargos públicos electos en los órganos de gobierno y aplicar con rigor las normas de idoneidad para los vocales ejecutivos de los consejos de administración y los altos directivos, así como ampliarlas a los vocales no ejecutivos. El objetivo es estar en coherencia con la cada vez mayor importancia concedida al papel del Consejo de Administración en la gestión de riesgos.