I n f o r m e : D e t e n c i o n e s a r b i t r a r i a s . E l T r i b u n o P o p u l a r | 54
Federal para restringir el derecho a la manifestación pública y en particular a la protesta, ya que se repitieron y perfeccionaron conductas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para negar y obstaculizar el ejercicio de los derechos en comento, además de no garantizar al mismo tiempo el ejercicio al derecho a la movilidad de los habitantes de la ciudad de México. Esta profundización de la política restrictiva de derechos humanos por parte de las autoridades capitalinas, es evidente al hacer caso omiso o en el peor de los casos dictar medidas regresivas en cuanto a las tareas planteadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la recomendación 7/2013. Durante el 2 de octubre de 2013 se apreció un alarmante incremento en la cantidad y gravedad de agresiones por parte de la policía, no sólo hacia los manifestantes, sino contra los trabajadores de los medios de comunicación y directamente a 3 observadores de derechos humanos del Centro “Miguel Agustín Pro Juárez” y de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. El equipo de monitoreo de El Tribuno Popular observó y documentó el uso excesivo, desproporcional e irracional de la fuerza pública contra las personas que decidieron protestar e incluso contra transeúntes. La débil fundamentación y argumentación de las imputaciones, además de estar basadas casi exclusivamente en las denuncias de los elementos de seguridad pública, sugiere un empleo político de la procuración e impartición de la justicia para reducir física y moralmente a quien decide disentir e inconformarse públicamente, expresiones que van en aumento en un contexto de la crisis económica y social que padece nuestro país y en especial la ciudad de México. Llama poderosamente la atención que, aprovechando la intensa campaña mediática de criminalización, justificada en los hechos de violencia protagonizados por la acción policial y su contraparte encabezada presuntamente por agentes se seguridad pública encubiertos y algunos manifestantes, se hayan impulsado o aprobado reformas a la legislación para restringir el derecho a la protesta social en el ámbito local y en el federal. En la Cámara de Diputados, por una parte Jorge Francisco Sotomayor Chávez, militante del Partido Acción Nacional, el 30 de octubre de 2013 presentó una propuesta para crear una ley que regulara las manifestaciones públicas, y por otra la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el 19 de noviembre de 2013 aumentar la punibilidad para quienes cometan los delitos de homicidio, robo, lesiones y daño a la propiedad ajena durante una movilización. Otros incidentes Aunque discursivamente las autoridades de la ciudad de México niegan ejecutar a través de sus corporaciones policiales prácticas discriminatorias, de criminalización y estigmatización hacia los jóvenes, como en el 1 de diciembre de 2012 se repitieron las detenciones con criterios discrecionales motivados por la edad y apariencia de los presuntos responsables. Víctor Efrén Espino Calixto, detenido sobre la avenida Reforma, cerca del monumento llamado “El Caballito”, relató sobre la forma de su aprehensión: