Una privatización del Agua al estilo Noreña

Al PSOE no le salen las cuentas

“No es un contrato de concesión al uso como los que se hacen en otros concejos. No será toda la concesión ni por un periodo muy largo, será por cinco años aproximadamente y no entran las inversiones, sólo el mantenimiento”, subrayó Pelayo Suárez en la rueda de prensa convocada para aclarar cuestiones sobre la privatización del servicio de agua y alcantarillado ante la aparición de distintas noticias en los medios de comunicación al respecto. “Los grupos políticos están mintiendo con la finalidad de crear un conflicto con los vecinos”, aseveró el edil. Actualmente el Ayuntamiento está recurriendo a empresas para varias cuestiones como la cloración, lectura de contadores, bombeos, análisis,…y la idea, explica Suárez, es aunarlo todo ello en un contrato y así se mejoraría. “No tenemos un servicio como tal y vamos a juntar esos contratos en un periodo corto de cinco años. Queremos hacer lo mismo pero organizado”. Esta unificación de contratos sería una primera razón con la que el equipo de gobierno justifica la decisión, “ahora tenemos más del 60% del servicio externali-

El grupo municipal de Izquierda

Unida presentó un recurso de reposición del acuerdo de la Junta de Gobierno aprobando el estudio de viabilidad de la privatización del servicio. Alega la formación política varias razones. En los contratos de concesión de servicios la tramitación del expediente, además de ir precedida de un estudio de viabilidad, en el caso de los que incluya la ejecución de obras irá también de la elaboración y aprobación administrativa del Anteproyecto de construcción y explotación de las mismas, con especificación de las prescripciones técnicas; así como del correspondiente proyecto de las obras. Este precepto legal no se ha cumplido indica Izquierda Unida subrayando que en Memoria del Estudio se recoge que la empresa zado”, indicó Suárez. También hizo mención Pelayo Suárez a la auditoria que en su momento realizó CADASA donde se señala un déficit tarifario de 80 mil euros. Una segunda justificación es que actualmente se está dando un mal servicio, siendo ésta sería la solución. “Ahora mismo el Ayuntamiento no está dando un servicio de calidad” reconoció el edil. Por último, también se justifica la decisión en la entrada en vigor de la nueva normativa que exige más controles de calidad “que no podemos hacer”.

En éste entraría el cobro de los recibos y la lectura de contadores, los análisis y la cloración así como estudios que se pudiesen necesitar. No entrarían aquí las inversiones, la empresa que resultase adjudicataria solamente asumiría algunas de mantenimiento y calidad del agua. El contrato todavía está sin hacer y Suárez que no pudo precisar si se podrá finalizar el proceso antes de las elecciones. Sobre posibles subidas del precio del recibo, Suárez señaló que en el estudio de viabilidad se recoge una subida del 85% del IPC del momento a partir del tercer año, “alrededor de 1,5 euros anuales en un recibo medio”. De todas formas señaló que el recibo subirá porque CADASA subió un 3,5% que todavía el Ayuntamiento no repercutió sobre la vecindad.

El Ayuntamiento ingresa actualmente unos 330 mil euros un montante que una vez se realice la concesión lo gestionará una empresa en el momento que finalice el proceso y ésta abonará un canon anual por la explotación según se establezca.

Obras

deberá realizar, al menos, tres obras de mejora: nuevo sondeo en la Felguera, concesión red Muñó y reparación conducción Hevia-Ecce Homo. Esta omisión representa una primera causa de nulidad de pleno derecho.

Una segunda sería que, en base a la Ley de Contratación del Sector Público y la Reguladora de las Bases del Régimen Local, consideran que el acuerdo debió ser tomado por el Pleno Municipal, como órgano de contratación, y no la Junta de Gobierno.

Por otro lado, en el recurso la formación abunda en que el documento aprobado, su memoria, datos, cálculos y conclusiones, “son incompletos y constituye un pie forzado para justificar una decisión adoptada previamente y de antemano”.

Por último en el recurso IU seña- la que el modelo de privatización del servicio de abastecimiento de aguas “se ha revelado como un fracaso en toda Europa y las grandes ciudades ya han comenzado los procesos de reversión de las concesiones otorgadas. Es un modelo costoso, desigual e ineficiente, que no mejora, ni garantiza, el servicio a los ciudadanos”.

En relación a las explicaciones públicas de Pelayo Suárez, Javier Ardura quiso subrayar, al respecto de aunar contratos que lo que actualmente está externalizado a empresas “no va más allá de unos cinco mil euros anuales”. Los análisis que realiza Asincar serían unos 1400 y la lectura de contadores que realiza Asturagua unos 4 mil “que por cierto no han mejorado e incumple la propia ordenanza munici- pal”, señala. Ardura advierte que cuando haya averías grandes lo tendrá que cubrir igual el Ayuntamiento. “La empresa se quedará con los ingresos pero seguiremos asumiendo la renovación y el mantenimiento general, es decir, las inversiones necesarias las seguirá haciendo el Ayuntamiento y sobre todo el Principado para que lo explote una empresa privada”, afirma. El concejal de Izquierda Unida se muestra convencido de que Noreña “con sus peculiaridades permite poder tener un servicio público, debe y puede ser público” y le recuerda al gobierno de Independientes Por Noreña (IPÑ) que a la situación actual, en relación a tener un mal servicio, han contribuido ellos principalemente con sus políticas durante los últimos años.

Muy críticos se muestran desde el PSOE con las declaraciones realizadas por Pelayo Suárez, en especial sobre el estudio realizado en su día por Cadasa y la afirmación de la existencia de un déficit tarifario de 80 mil euros anuales y sin personal adscrito al servicio de aguas. “Es falso”, afirma Igor Finca, apuntando que el estudio sí contabiliza ese personal y establece un coste actual aproximado de 63 mil euros anuales según una tabla de porcentajes de dedicación. “No entendemos cómo sin variar las tarifas y con dos operarios dedicados al 100%, un administrativo al 50% y un Jefe de Servicio al 20%, esto es unos 100 mil euros de gasto en personal, como se especifica en el estudio de viabilidad del Ayuntamiento va a ser viable la concesión si no lo es actualmente con menos gasto de personal” explica Finca subrayando que además deberá atender averías a cualquier hora del día, encargarse de repararlas y hacerse cargo de los mantenimientos que surjan. Es por ello que muestra desconfianza ante el contenido del futuro contrato, “podría ser que en él no se establezca una diferencia clara entre lo que es mantenimiento e inversión y al final el Ayuntamiento tenga que seguir cargando con todo”, advierte. Para el concejal Noreña cuenta con unas instalaciones sencillas, fáciles de mantener y de operar. “Sólo se necesita voluntad política para hacerlo con personal propio. Voluntad para gestionar correctamente un servicio básico de forma pública” , señala. Sobre la cuestión de falta de personal cualificado para dar un servicio de calidad, desde el grupo municipal socialista se acusa a IPÑ de “dejar poco a poco morir un servicio que disponía de operarios que conocían las instalaciones y decidió no aprovechar ese conocimiento para formar a nuevo personal”, así como de la inexistencia de un Encargado General. Sobre las analíticas, Finca advierte que en el estudio de viabilidad “solo se incluyen los análisis organolépticos, los de control del cloro y 12 determinaciones para análisis de vertidos”. El resto, por tanto, serán asumidas por el Ayuntamiento. Finalmente afeó los cálculos erróneos de la subida del recibo.