ANÁLISIS DE SITUACIÓN

así como de los directores de oficinas con elevados flujos de cash. Esto se traduce, por ejemplo, en que si las “utilidades líquidas” de transacciones ilícitas de entidades grandes son en promedio Q 1.5 millardos anuales, a los altos funcionarios nominales les corresponde el equivalente al 3%-5% (Q 45 millones - Q 75 millones).

En el viejo argot de los Acuerdos de Paz, este no sería un CIACS convencional, sino un CIACC: Cuerpo Ilegal y Aparato Clandestino de gran Corrupción.

La segunda estructura está ubicada en el sistema penal y opera bajo doble lógica: obediencia a la agenda prioritaria de persecución política y, por otro lado, transacción de impunidad. La aplicación del derecho penal del enemigo se instruye bajo cadena de mando, e intervienen además agentes privados interesados en ajustes de cuentas. Una combinación de voluntad de persecución política del más alto nivel del Estado (Giammattei) e intereses de vendetta por parte de poderes fácticos son los casos de Jose Rubén Zamora y Juan Francisco Sandoval.

La transacción de impunidad, en cambio, es un mercado abierto. Cada operador del sistema la puede negociar individualmente con los sindicados o sus representantes (legales, familiares o amistades), sin que necesariamente rindan cuentas a sus superiores, siempre y cuando sigan dispuestos a cumplir el requisito de la persecución política fabricando casos y dictando órdenes judiciales sin asidero legal.

En la jerarquía, las gerentes de Giammattei en este campo han sido Porras (MP), Valdez (CSJ) y Lemus/Ochoa (CC). El secretario Pineda (MP) funge como operador político y es enlace con diputados y agentes privados. Operan, además, de manera abierta, aparatos parajudiciales con funciones extras de guerra psicológica y recubrimiento ideológico de la persecución política. También sirven como cajas de resonancia de los propios organismos judiciales, de seguridad e inteligencia. Son Cuerpos Ilegales y Aparatos para-Judiciales de Propaganda (CIAJ).

El esquema se complementa con los cuerpos de seguridad, sobre todo de inteligencia. Obviando jerarquías burocráticas, Giammattei ejerce control directo en el núcleo del sistema, la Digici, empleada como policía política para vigilar disidentes, interceptar sus comunicaciones y lleva a cabo otras operaciones clandestinas, además de apoyar las constantes campañas de intimidación y desinformación. Operativamente auxilia las acciones de persecución judicial, aunque están fuera de su mandato.

En la manipulación, opacidad y porosidad del sistema judicial anida el principal costo que está pagando la democracia. Arremeten con garantías constitucionales esenciales sin mayores consecuencias locales e internacionales, y sacrifican las reservas morales del Estado mediante la purga y el pisoteo del principio de legalidad.

El riesgo mayor de las próximas semanas es la adulteración de un proceso electoral que ha perdido brillo de legitimidad. Ahora bien, la deriva autoritaria no se explica sin las herencias del régimen de Jimmy Morales y la complacencia de una parte de la oligarquía, perseguida por sus propios fantasmas.

1 Tres personas que ejercen función pública decisiva de manera informal no podrán citados con nombres propios.