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AÑO NO. 33 • EDICIÓN 10429
DM recibe las ejecuciones en instituciones para rendición cuentas (P/4)
MARTES 11
DE FEBRERO DE 2014 / SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
Gobierno reiniciará la II Línea del Metro
(P/6)
RECORDANDO A LOS CAÍDOS.- Con motivo de cumplirse un aniversario más del ametrallamiento a un grupo de estudiantes en las inmediaciones del Palacio Nacional, ocurrido el 9 de febrero del 1966, la vil agresión fue recordada ayer en el mismo lugar, en un acto auspiciado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través del Liceo Experimental Amelia Ricard Calventi, nombre de una de los caídos, y el Comité Conmemorativo a la repudiada masacre. (Foto: Daniel Duvergé). PÁGINA 6.
NACIONALES
(P/4)
Cancelan 26 oficiales PN implicados en actos delictivos
ECONOMICAS (P/8)
En el 2013, AFP Popular administró RD$69,407 MM fondos pensiones
TOGA
(P/10)
Nuncio buscará protección para víctimas abusadas por curas en RD
INTERNACIONALES
(P/20)
Desequilibrio en políticas de sanidad impide salvar vidas
editorial Seguridad es un compromiso Se observa en los procesos de reformas en el orden judicial de la República Dominicana una excesiva inclinación garantista para los que andan fuera de la ley que ha complicado la seguridad del país. Nuestros jueces han sido forjados en la idea de que lo que importa es el posible violador de las normas que tienen por delante que el resto de la sociedad. Pero la seguridad tiene que encerrar un compromiso, aunque obviamente ajustada a la aplicación adecuada de las leyes que nos sirven de garantías para que quienes se dedican a los actos ilícitos encuentren el castigo que corresponda por el daño que han causado, o al menos que alivie las ofensas con las familias y toda la sociedad. Desgraciadamente no ha estado ocurriendo de esa manera. Las víctimas se han sentido desamparadas por nuestro sistema judicial, mientras los delincuentes parecen estar acomodados en procesos en el que resulta fácil encontrar la impunidad, en ocasiones groseras por sus hechos vergonzosos. Y lo cierto es que así no puede operar ninguna sociedad que se precie de democrática y que aspire a vivir en un ambiente seguro. Los jueces no se han caracterizado por corresponder con el propósito de tener un sistema judicial capaz de juzgar adecuadamente a los que violentan las normas de convivencia, única fuente de crear un ambiente de respeto y de seguridad. La reincidencia de los que delinquen es más que frecuente, sin que podamos poner coto a esa situación. Las decisiones judiciales no parecen encontrar evaluadores en el desempeño de los responsables en aplicar la justicia lógica y razonable. Los malos ejemplos sobran, sin que se observe una acción que nos haga pensar que nos salvará del deterioro. Seguridad es un compromiso.