Edición Digital 161112

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Sucesos • Nacional

EL MUNDO I Viernes 16/11/2012

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PRUEBAS En el proceso hay documentos y testimonios

Piden detención para jueces de La Unión JUAN CARLOS VÁSQUEZ DIARIO EL MUNDO

Ambos jueces modificaron penas, así como los delitos.

La Fiscalía General de la República en la acusación presentada ayer contra dos jueces de sentencia de La Unión, suspendidos por la Corte Suprema de Justicia, solicitó que en audiencia preliminar se les decrete detención provisional. Andrés Amaya, jefe de la unidad especializada anticorrupción, dijo que con esa pe-

tición buscan que Carlos Mauricio Herrera Rodríguez y Jesús Aquiles Alvarado Hernández comparezcan a una eventual vista pública por el delito de prevaricato (fallar contrario a derecho) bajo la modalidad de ignorancia inexcusable. El escrito de la acusación fue presentado en el Juzgado 2o. de Instrucción de La Unión, para que señale el día de la audiencia preliminar.

VENGANZAS Son el origen de los crímenes entre familias y pandilleros

Buscan solución a la “guerra” entre pandillas Munguía Payés plantea incrementar operativos en Panchimalco y contar con el apoyo de mediadores. ENRIQUE GARCÍA DIARIO EL MUNDO

Los mediadores de la tregua entre pandillas, Monseñor Fabio Colindres y Raúl Mijango, buscan una solución pacífica a la violencia que se ha desatado en el municipio de Panchimalco, tras un resurgimiento de la guerra entre pandillas. El titular de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés aclaró que simultáneamente la PNC, continúa realizando su trabajo territorial en

esa zona sur de San Salvador. Según el funcionario, la situación de violencia en ese municipio, es complicada, ya que de por medio están las rivalidades entre familias, que se mezclan con las pandillas. “Al seno de estas familias, hay estructuras de pandillas que dejan como resultado una combinación de confrontación entre familias y las pandillas”, explicó. A su juicio, las masacres contra jóvenes y los homicidios de

Panchimalco registró 88 homicidios en 2011, ocupando el puesto 12 entre los 20 municipios con más homicidios. /DEM

A los funcionarios judiciales les atribuyen dos fallos. En el primero, la Fiscalía manifiesta que modificaron la pena de 10 años de prisión impuesta a Tránsito Orlando Campos Guardado, por el delito de homicidio simple en perjuicio de Elmer Remberto Mendoza Alvarenga, y se la sustituyeron por la pena de tres años de cárcel, condenándolo además al pago de

transportistas, tienen que ver con esas rivalidades, señaló. Munguía Payés dijo que por un determinado tiempo, la violencia fue erradicada tras un refuerzo policial de 100 elementos, que fueron desplegados en las zonas más conflictivas. Sin embargo, las estructuras de pandillas aún continúan en la zona, cometiendo diferentes delitos, aceptó. Como respuesta, dijo que la PNC desarrollará operativos para detener “la cadena de venganzas” que se ha reflejado en homicidios. La segunda alternativa, dijo, es la intervención de los mediadores Monseñor Colindres y Raúl Mijango para que a través de su presencia en esa zona, traten de buscar un entendimiento o acuerdo mutuo entre las familias y las pandillas que han iniciado un conflicto en ese municipio. Un vecino explicó que la situación para las personas que no tienen que ver con las pandillas es crítica, ya que no pueden platicar con alguna persona vinculada a las pandillas, porque de los contrario los toman como enemigos, y se convierte en una represalia.

RETRASO La entrega de la compensación se eliminaría con esta medida

Bono adherido al presupuesto policial de 2013 ENRIQUE GARCÍA DIARIO EL MUNDO

Los agentes policiales son quienes más resienten los retrasos.

El bono alimenticio o régimen de disponibilidad que reciben los policías, ha sido adherido al presupuesto de gastos de la institución policial correspondiente al 2013, dijo ayer el director de la corporación policial, Francisco Salinas. Actualmente el referido incentivo, correspondiente a los meses de octubre y noviembre, no ha sido entregado a los policías, lo cual les genera descontento. Por el momento se desconoce

cuándo lo recibirán. Salinas dijo que con esa nueva opción no habría retrasos el próximo año. El bono y el salario lo reciben en fechas distintas, dependiendo de los desembolsos que ejecuta el Ministerio de Hacienda. Una de las alternativas para evitar los retrasos sería que el bono se agregara al salario, sin embargo, solamente es una alternativa que aún no ha sido discutida, ni aprobada, dijo el jefe policial. Cada mes, Hacienda de-

sembolsa $2.3 millones para pagar el régimen de disponibilidad por orden del presidente Mauricio Funes. Salinas también confirmó que el bono alimenticio correspondiente a diciembre sería recibido por el personal, desmintiendo así un rumor que ha circulado en las redes sociales sobre la posibilidad que éste no fuera entregado. El bono alimenticio se otorga en diferentes cantidades, depende del rango de cada policía. También lo recibe el personal administrativo.

$ 2 mil en concepto de responsabilidad civil. El segundo proceso se refiere a la causa penal que se le siguió a Salmerón Granados, capturado por cuatro policías por el delito de fabricación, portación, tenencia o comercio ilegal de armas de fuego o explosivos caseros o artesanales, pero los jueces dijeron que era arma de fuego y lo terminaron favoreciendo.

Habrían desviado fondos del Estado. /DEM

CASO CORREOS

Solicitan revocar medidas a exdirectores JUAN CARLOS VÁSQUEZ DIARIO EL MUNDO

La Fiscalía aseguró ayer que los elementos de prueba en contra de los exdirectores de Correos de El Salvador, son suficientes y que la única forma que sean absueltos es que les hagan un favor, así lo expresó el fiscal Andrés Amaya. El funcionario dijo que con todo lo que se tiene debe enviarse a juicio a los exdirectores José Dolores Zelaya Mendoza, Hugo Mario Córdova Benítez y René Orlando Santamaría, así como al exsubdirector, Dagoberto Pérez Aguirre y al empleado Manuel Antonio Lazo Campos. Para todos están pidiendo que se les revoquen las medidas alternas a la detención y que se les capture con el fin de garantizar la realización de la vista pública por los delitos de peculado, malversación de fondos, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.


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