Dossier: Por la autonomía social en Venezuela

Por la autonomía social en Venezuela Selección de artículos publicados en El Libertario 2002-2011 Comenzando el Siglo XXI, las reivindicaciones y luchas colectivas en el país han sido fuertemente sometidas al control político y a los intereses de quienes ejercen o aspiran ejercer el poder estatal.

Ante tal panorama, El Libertario ha promovido sin descanso la autonomía de los movimientos sociales venezolanos, esforzándonos porque recobren su agenda propia de acción y reflexión.

Cuando este dossier se prepara, vemos signos alentadores en la recuperación de ese camino independiente, pero aún hay mucho que andar al respecto y para ello esperamos hacer un aporte al difundir este material.

La lista de los documentos que se compilan es la que sigue, indicando título, autor, número de El Libertario en que apareció, año y página de este “dossier” donde ubicarlo:

Pag. - Foro Social Nacional: otras mentalidades también son posibles. Redacción. # 28, 2002 ………………. 2 - Nueve apuntes sobre la autonomía. Redacción. # 29, 2002 ……………………………………….. 3 - ¿Los consejos son un buen consejo? L. Díaz. # 36, 2004 …………………………………………… 4 - La organización social es lo fundamental. H. Decarli. # 36, 2004 ………………………………….. 7 - El eclipse de los movimientos sociales. Redacción. # 40, 2004 ……………………………………… 8 - Convocatoria al FSA / Preguntas sobre el FSA. Foro Social Alternativo. # 45, 2005 ……………... 11 - Foro Social Mundial Caracas: mortaja para los movimientos sociales … R. Uzcátegui. ALTERFORO, 2006 13 - FSA: Una respuesta, un debate desde la izquierda antiautoritaria. Redacción. # 46, 2006 …………… 17 - Editorial. # 46, 2006 ………………………………………………………………………….. 19 - Consejos Comunales, autonomía y movimientos sociales. R. Uzcátegui. # 47, 2006 …………………. 21 - Despolarización y autonomía: retos de los movimientos sociales tras el 3D. Redacción. # 49, 2007 ……... 25 - Ley Habilitante: ¿participación restringida y predefinida? Rantanplan. # 50, 2007 …………………… 26 - El autogobierno comunal. R. Rattia. # 50, 2007 ………………………………………………….. 28 - Reforma constitucional: globalización, disciplina y estatización. R. Uzcátegui. # 51, 2007 ……………... 29 - Editorial. # 52, 2008 ………………………………………………………………………….. 32 - Recuperar la autonomía: propuesta libertaria para el momento actual. Redacción. # 52, 2008 …………. 33 - Consejos Comunales: ¿espacios para la soberanía popular o para el …? M.P. García-Guadilla. # 53, 2008 … 35 - La autonomía de los movimientos sociales en su laberinto. R. Uzcátegui. # 55, 2009 ………………….. 39 - Un lector participa. A. Cotty. # 56, 2009 ……………………………………………………….. 41 - Editorial. # 59, 2010 ………………………………………………………………………….. 42 - Solidaridad como forma de lucha. M. Rosso. # 60, 2010 ………………………………………….. 43 - Ley de Comunas: refundando el Estado, maquillando la dominación. R. Uzcátegui. # 60, 2010 ……….. 44 - Movimientos sociales en Venezuela: el arduo camino de la autonomía. Redacción. # 61, 2010/2011 ....... 47 1

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Nueve apuntes sobre la autonomía REDACCIÓN - [# 29, septiembre-octubre 2002] Autonomía es una de esas palabras (similar ocurre con anarquismo, autogestión, libertario...) que actualmente sufren un vaciado de su real sentido político, pasando a ser utilizadas para conformar un discurso beligerante pretendidamente novedoso y atractivo, pero que en su acción reproduce las prácticas de siempre. Esta es una de las causas por las que tras una oratoria encendidamente progresista, la llamada "revolución bolivariana" sufre los embates de las relaciones clientelares y autoritarias de los gobiernos que la precedieron. La conformación de una práctica y una cultura política realmente nueva y antagónica es una labor ardua de reflexión, construcción y acción en la realidad. Y entre otras cosas, de la clarificación de conceptos que sustenten la praxis del día a día. Lo que sigue son anotaciones hechas en base al documento "¿Qué es la Autonomía?", del colectivo madrileño Lucha Autónoma.

1) La Autonomía constituye una práctica histórica. La Comuna de París, los Soviets de los primeros tiempos de la revolución rusa de 1917, los comités de la España de 1936, fueron algunos de los momentos en que la clase obrera tendía a autoorganizarse en torno a criterios de democracia de base y consejista, intentando ir más allá de la mera reivindicación económica o política. Hoy se encuentra una corriente política que reivindica abiertamente la autonomía; es más ella misma se denomina así: Autonomía Obrera, la cual consiguió un momento histórico de emergencia en las luchas surgidas alrededor de 1968 en varios países.

2) La Autonomía no fue más que la reactualización de un viejo proyecto revolucionario propio de la modernidad en un contexto transformado profundamente. Hasta el momento, todos los proyectos revolucionarios habían partido de la premisa de que el conflicto entre Capital y Trabajo (es decir entre los patronos y l@s obrer@s) era el más importante de todos. La lucha revolucionara se centraba en torno a la fábrica y el método de lucha por excelencia era la huelga. El sujeto protagonista de las luchas era el Proletariado, un sujeto portador de lo Universal. La Autonomía Obrera supuso una puesta en primer plano de las luchas sociales de todo tipo, consideradas hasta entonces como secundarias o dependientes del conflicto laboral, y una toma en consideración de toda una serie de actores sociales que emergían de los márgenes del sistema capitalista: jóvenes, estudiantes precarios surgidos de la masificación de la universidad, inmigrantes, desemplead@s, delincuentes comunes, pres@s...

3) Todos estos "nuevos" actores se caracterizaban por un rechazo directo del trabajo, de la mediación en las luchas por parte de sindicatos y partidos gestores de la beneficencia del Estado, de la idea del sacrificio por el "mañana", de la miseria en la vida cotidiana, etc. El conflicto se trasladaba del espacio de producción al territorio social.

4) Estos nuevos sujetos no son interpretables en términos de trabajo productivo/improductivo. Esta nueva subjetividad interpreta la riqueza social como "valor de uso". La producción ya no se considera como un a priori humano, sino como producto de riqueza "humanamente disfrutable": producción de valor de uso. Este impulso hacia el valor de uso de las cosas, su orientación hacia la satisfacción de las necesidades sociales, ha marcado la práctica de la autonomía. Algunas de sus prácticas han sido la ocupación de viviendas, el robo en supermercados, el no pagar los medios de transporte, defendidas como forma de recuperar parte de la plusvalía extraída en el trabajo.

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5) Otro elemento característico de la Autonomía es su visión de la revolución. En ella se propone iniciar la revolución (en minúscula, múltiple, pequeñita, en miles de sitios) desde ya. Parte del hecho de que no hay un sujeto único y universal que sea revolucionario por naturaleza. Postula la existencia de multiplicidad de actores, que por sus condiciones se encuentran situados en los márgenes del sistema y que pueden desarrollar una subjetividad revolucionaria, antagonista. La Autonomía ha sido definida como la clase que emancipada de su objetualidad, desarrolla su subjetividad.

6) La Autonomía propone tomar al comunismo como programa directo, como acto que está en la fuerza de las cosas. El comunismo y la revolución son una práctica, un proceso indeterminado, abierto. La revolución como momento histórico definido y concreto, deja paso a la revuelta, discontinua, plural, dispersa.

7) El objetivo de la Autonomía es eliminar todo lo que frene y reprima las prácticas comunistas que aparecen en el seno del capitalismo. Así, por ejemplo, rechaza la mediación de partidos políticos y sindicatos, en tanto mecanismos de integración y recuperación, reproductores de la estructura jerárquica de la sociedad. La Autonomía busca dotarse de formas organizativas, pero unas formas de organización que no aspiran a sustituir a los protagonistas de las luchas ni erigirse en vanguardia.

8) La Autonomía postula la autoorganización de l@s propi@s afectad@s, de los propios sujetos de las luchas. No se trata de que cada quien se las arregle como pueda, sino que sean los propios interesados quienes definan las luchas, las soluciones, los medios, los fines.

9) Coherentemente con lo dicho, la Autonomía opta por la toma de decisiones de forma asamblearia, por la democracia directa como forma posibilitadora (aún con sus limitaciones) de garantizar el respeto a la diversidad, frenar la jerarquización, el autoritarismo, la pérdida de independencia y autonomía de las luchas... Lo que busca en definitiva la Autonomía es que los seres humanos sean capaces de definir sus proyectos de vida, que sean ellos quienes gestionen y decidan, de la forma más democrática posible, cada uno de los aspectos que atraviesan nuestra cotidianidad: desde el trabajo a la sexualidad, desde el ocio a la alimentación, etc.

¿Los consejos son un buen consejo?

Luis Díaz - [# 36, febrero-marzo 2004] Después de una rica discusión en el espacio “A-Debate” de este periódico sobre los Consejos Locales de Participación Pública (CLPP) y su aplicación como método anarquista, donde se mostraron tanto los argumentos de sus apologistas como los de sus detractores, es oportuno hacer unas cuantas explicaciones sobre algunos puntos específicos que quedaron apartados por la efervescencia de los discursos y que son necesarios para comprender la real naturaleza del CLPP. ¿CLPP? ¿Con qué se come eso?

El CLPP está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 182, un apéndice municipal “presidido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los Presidentes o Presidentas de la Juntas Parroquiales y representantes de

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organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada...” El proyecto, también, está fundamentado sobre la base de otras expresiones constitucionales que lo complementan, como por ejemplo que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (art. 5); que el gobierno es democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables (art. 6); el derecho a la participación (art. 62); el deber de la política nacional de profundizar la descentralización (art. 158); y la promoción de mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y Municipios se descentralicen (art. 184).

En junio de 2002 se aprobó la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública, donde se señalaba, además de lo previsto por la Constitución, la tipología, competencia, finalidad y alcance de dichos organismos. Entre otras cosas, se puede resaltar que las funciones inherentes al CLPP son ad honorem, que su dimensión va en concordancia con la jurisdicción del municipio y que sus miembros pueden ser revocados a través de referendos revocatorios.

Luego de haber mencionado sus bases jurídicas, veamos si los CLPP podrían insinuarse como aparatos que efectivamente sirvan a los fines libertarios o si, por el contrario, son otro recurso del Estado para reconocerse como único factor organizativo del ámbito socio-político, es decir, una negación de nuestros postulados como anarquistas.

El CLPP bajo la lupa libertaria Si bien será la discusión y la misma dinámica del movimiento antiautoritario venezolano la que determine la viabilidad de los CLPP en relación con el pensamiento revolucionario anarquista, a grandes rasgos podemos tocar cuatro puntos cruciales para alimentar el debate: 1) La consustancialidad entre lo político y lo económico. Una de las críticas libertarias al modelo impuesto por el Estado y el Capital –crítica especialmente anarcosindicalista- es que, después de haberse declarado la libertad política, el pueblo siguió sojuzgado a la misma economía explotadora amo-esclavo, aunque con la figura del asalariado. Quizás este punto parezca fuera de contexto si se tiene en cuenta que hablamos de un dispositivo de participación como el CLPP, sin embargo, es indudable la desigualdad discrecional que existe en él. Los alcaldes, concejales y presidentes de la Junta Parroquial reciben un salario del Estado, a diferencia de los representantes directos de la comunidad. No es que aboguemos porque el CLPP cuente con un subsidio estadal, sino que es inconcebible que la autoridad local, aparte de contar con la mayoría, posea prerrogativas económicas, máxime cuando esas prerrogativas dependen de la autonomía administrativa del municipio, es decir, de ellos mismos. Un ejemplo que viene al caso, es el “presupuesto participativo” de Sao Paulo, una especie de Consejo Local brasilero donde la gente participa y participa pero sigue sumida en la miseria, alcanzando esporádicamente alguna reforma favorable. En otras palabras, mientras el CLPP esté constituido por una mayoría beneficiada económicamente por el poder, ese espacio asambleario municipal no responderá a las verdaderas necesidades de la población, sino a sí mismo, al poder (1).

2) ¿Autogestión o cogestión? Actualmente, los políticos venezolanos utilizan en su vocabulario estas dos palabras como si cada una quisiera decir lo mismo. En una presentación de los CLPP en la Asamblea Nacional, el diputado Félix Leonett Canales dijo que el objetivo de éstos es “la creación de un municipio autogestionario”, mientras Víctor Barraez, secretario de la subcomisión que elaboró la ley, me aseguró que “son aparatos de cogestión”. No puede igualarse autogestión a cogestión: la primera sería una respuesta revolucionaria a lo planteado en el punto 1), es decir, la conjugación entre lo político y lo económico (2); y la segunda, la cogestión, es apenas un mecanismo de 5

participación. Nelson Méndez y Alfredo Vallota definen la autogestión como “la toma por parte de los trabajadores, directamente, de sus propios asuntos, tanto económicos como políticos, sociales, de defensa, sin la ingerencia de otras instancias como lo serían los representantes del Capital, los partidos políticos, el Estado o las Fuerzas Armadas”, diferenciándola de la cogestión, que es donde “el patrón cede inteligentemente una parte de su poder dictatorial para conciliar o superar fricciones entre empleados o propietarios. Pero de ninguna manera se pone en duda quién manda, quién tiene la última palabra, quién es el dueño: el Capital, sea privado o estatal, nunca los trabajadores.” (3) 3) Municipalismo libertario. Ésta es una propuesta del anarquismo actual, desarrollada por el teórico contemporáneo Murray Bookchin. “Tan sólo cuando las asambleas populares –dice Boockhin-, tanto en los barrios de las ciudades como en los pueblos pequeños, mantengan la mayor y más estricta vigilancia sobre cualquier tipo de organismo de coordinación confederal, se podrá elaborar una auténtica democracia libertaria.” (4) Pero en los CLPP, ¿es la lucha social controlando al Estado o el Estado controlando a la lucha social? Si nos guiamos por el razonamiento de Bookchin, tendríamos que preguntarnos cómo concibe él las “asambleas populares.” “Sería bastante ingenuo pensar – continúa él- que formas tales como el barrio, el pueblo, y las asambleas comunales populares podrían alcanzar el nivel de vida pública libertaria, o llegar a crear un cuerpo político libertario, sin un movimiento político que fuera altamente conciente, que estuviera bien organizado y fuera programáticamente coherente.” ¿Nosotros contamos con ese movimiento político y esa conciencia?

De cualquier manera, lo ideal sería preguntarle directamente al señor Bookchin qué opina de los CLPP venezolanos.

4) ¿Soberanía sin poder de decisión? A pesar de ser el último punto, quizás sea el más importante.

Quien lea la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública, podrá constatar en su artículo 5 que las funciones de un Consejo no son más que un conjunto inservible de verbos en infinitivo, es decir, un CLPP se encarga de recopilar, procesar, impulsar, coadyuvar, orientar, presentar, instar, facilitar, atender, proponer, coordinar, colaborar, controlar, vigilar, formular, planificar, evaluar y emitir, pero en ninguna parte se menciona el verbo más importarte de todos: decidir. Los CLPP no deciden y, en el supuesto de que llegaran a hacerlo, su resolución no sería vinculante. Esto lo saben muy bien quienes elaboraron la ley.

Los CLPP en la actualidad Pese a todas las limitaciones de los Consejos Locales como vía para alcanzar el bienestar colectivo, algunos personeros del oficialismo y la oposición han intentado ahogar los poderes que les fueron conferidos, ya sea dilatando su instalación o adaptándolos a los requerimientos de los políticos de turno como una especie de microcúpula partidaria. Al presente, sin embargo, ya hay muchos que están funcionando y algunos han alcanzado logros pequeños aunque significativos. Lo que habría que preguntarse es si efectivamente esos logros fueron obtenidos por obra y gracia de la ley o por el trabajo arduo de las luchas sociales, y en caso de que la segunda sea la respuesta, ¿por qué no prescindir de los CLPP y crear formas de poder local de manera independiente y más horizontales? ¿No ganaríamos más organizándonos, no de acuerdo con, sino a pesar de lo establecido?

Notas (1) Más arriba explicaba que la ley señala que las funciones inherentes al CLPP son ad honoren. No obstante, para poner un ejemplo más gráfico, lo que está planteado aquí es que un líder vecinal que pertenezca a un Consejo Local participe muchísimo y colabore en planes municipales junto con el 6

alcalde, el concejal y el presidente de la Junta Parroquial, y mientras que éstos comen bien y disfrutan de su estancia burocrática, aquél vive en un barrio periférico y está desempleado.

(2) Los soviets (consejos) de Ucrania fueron un ejemplo de ello. Véase el libro La revolución desconocida, de Volin.

(3) Bitácora de la utopía: anarquismo para el siglo XXI, EBUC, Caracas, 2001. La explicación de Méndez y Vallota se ajusta perfectamente a lo que hemos venido desarrollando, sólo hay que extrapolar la relación patrón-trabajador a la relación representante-ciudadano.

(4) “Tesis sobre municipalismo libertario”, 1984. Disponible en la sala de lectura de www.cgt.es

La organización social es lo fundamental HUMBERTO DECARLI - [# 36, febrero-marzo 2004] Todos observamos las dificultades planteadas para realizar un referéndum revocatorio en el país.

Desde establecer los más rígidos requisitos hasta una lentitud palmaria caracterizan la tramitación de la consulta popular no obstante de estar consagrado en el pináculo del ordenamiento jurídico. Aparte de que la Carta Democrática de la O.E.A. no determina la ilegitimidad de ejercicio o desempeño de un régimen.

A contrapelo, apreciamos lo ocurrido en Bolivia a finales del año pasado. Allí no hay carta magna con inclusión de ese mecanismo de veto a los representantes; tampoco existen pomposas O.N.G. bien financiadas desde el exterior y además, Washington propuso aplicar la mencionada carta por haber legitimidad de origen del gobierno de Sánchez de Losada y en consecuencia, no podía efectuarse su remoción. Desde el punto de vista legal y constitucional no había forma de terminar el mandato de Gonzalo Sánchez de Losada. Para rematar, los centros financieros y económicos del exterior también lo apuntalaban.

Sin embargo, en el Altiplano sucedió lo imprevisible en estos momentos de globalización. El pueblo minero y aborigen se organizó, realizó una insurrección indetenible y obligó dimitir al presidente. Las redes de la sociedad civil sí funcionaron y de nada valió la presión de los americanos y su andamiaje institucional para el hemisferio puesto a favor del empresario primer magistrado. Abdicó y acto seguido se fue al refugio dorado de fracasados mayameros esperando juicio por sus múltiples tropelías.

Una coyuntura creada por la exportación gasífera y el empleo del territorio chileno para ese fin, devino en el desnudo de la pérdida de vigencia de un Jefe de Estado ganador de elecciones. No hubo mecanismos formales ni institucionales, precarios en todo caso, capaces de resolver la situación. Una praxis bien llevada pudo encauzar una situación anómala, independientemente de que el sucesor designado, Carlos Mesa, alcance éxito en su gestión porque no es precisamente el desiderátum para la nación fundada por el Mariscal Sucre.

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El paralelismo entre Bolivia y Venezuela es ostensible. La realidad latinoamericana nos enseña que ante la ausencia de dispositivos democráticos o institucionales, lo único válido es la organización del pueblo en todas sus instancias. Sólo de esa manera, luchando sin cuartel, se logra obtener resultados donde la voz soberana sea la expresión de la toma de decisiones.

En nuestro país vivimos una manifestación surrealista y grotesca de los senderos democráticos al permanecer una formación pétrea de poder desde la creación del Estado contemporáneo venezolano a manos del autócrata de La Mulera. Así, una estructura basada en el autoritarismo más ramplón gobierna a Venezuela aunque esté en su ejercicio un Chávez, un Lula o un Lucio Gutiérrez, por mencionar los nombres más emblemáticos de los personeros capaces de aplicar en el contexto de la demagogia más pura, las políticas económico-sociales diseñadas por la mundialización de las finanzas y las especulaciones.

La apología de una constitución como proyecto de nación no es otra cosa que una farsa bien montada. No es un texto normativo abstracto el que va a determinar la regulación de un país. Frente a tal fetichismo esgrimido por los chavistas y otrora por los adecos y los copeyanos, emerge la elaboración de redes sociales aptas para expresar de manera autónoma la capacidad de decidir. Es allí donde radica el germen de una nueva clase de democracia en el cual debemos colocar el mayor énfasis para transformar nuestra sociedad.

Estimular la formación de entidades independientes idóneas es el esfuerzo a realizar para la construcción de la sociedad que anhelamos, paralelamente y en contra del poder precario establecido por los agentes de presión nacionales e internacionales. Sería el rescate de la soberanía popular preterida históricamente en toda Latinoamérica donde se ha experimentado hasta la saciedad el gobierno de las poliarquías.

El eclipse de los movimientos sociales REDACCIÓN - [# 40, noviembre-diciembre 2004] Es inexacto afirmar que los resultados de las pasadas elecciones regionales responden a un crecimiento del chavismo en tanto fuerza política. Si bien se corresponde con su viejo deseo de ocupar tanto espacio en la estructura de poder como sea posible, el actual monopolio de la conserjería del Estado tiene que ver más con la erosión de las expresiones partidistas tradicionales que con una estrategia cuantitativa de transformación social, que sólo en la retórica el Bolivarianismo representa. Hagamos un somero repaso al devenir histórico contemporáneo del país para explicar nuestra afirmación. El Caracazo de 1989 inaugura ferozmente la crisis de gobernabilidad del modelo puntofijista. Es a partir de ese febrero que una sociedad civil, ajena a los partidos políticos del status y a la relación clientelar con el Estado, comienza a configurarse. Por nombrar alguna de sus formas, encontramos que las primeras organizaciones de Derechos Humanos, la red ecologista que impulsó la Ley Penal del Ambiente y las redes sociales que impulsaron las movilizaciones contra el “paquete” de Carlos Andrés Pérez sólo fueron posibles en ese contexto, cuando con claridad las expresiones institucionales de la democracia venezolana mostraban evidentes signos de agotamiento.

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Chávez y su movimiento golpista de 1992 se superponen a esa dinámica de movilización y toma de conciencia, logrando darle un rostro –gracias a la amplificación mediática- al descontento.

Repetimos: una organicidad que cualitativa y cuantitativamente es contemporánea a su movimiento originario y de la cual el MBR-200 sólo era parte. El paracaidista de Sabaneta realiza una astuta y pragmática lectura de la realidad, pasando de su abstencionismo militante –en cuya etapa pudo granjearse la simpatía de innumerables movimientos de base- a la candidatura presidencial, no lo olvidemos, con el apoyo de grandes medios masivos de difusión y el financiamiento de sectores del capitalismo internacional. Chávez y su dominación carismática logran convencer a diversos sectores que él representa la “vanguardia” de la lucha contra el binomio adeco-copeyano y un proyecto de transformación de carácter “revolucionario”. La miopía de los partidos tradicionales y su propia momificación aceleraron su implosión, una crisis disimulada por el protagonismo mediático de los sucesos del 2002, pero que mas pronto que tarde –como efectivamente sucedió- terminaría por desmantelar los cascarones vacíos de tales agrupaciones.

Institucionalizando la rebeldía Decíamos que Chávez logra cabalgar sobre una ola de descontento popular que comenzó en 1989 la costura de un tejido social compuesto por infinitos embriones de organización, con diferentes y crecientes niveles de articulación entre sí. Una de las virtudes del chavismo es recoger diversas reivindicaciones para incorporarlas en su difusa ideología dando la sensación de que el bolivarianismo era la expresión “legítima” del acervo social y de izquierda del país. El siguiente paso era establecer una dirección incontestable, paradójicamente difundiendo una propuesta democrática “participativa y protagónica” e imponer a sus bases de apoyo una agenda decidida desde arriba, básicamente limitada a la relegitimación en las urnas. De esta manera los movimientos sociales desgastados debido a su progresiva incorporación a la lógica acumulativa político-electoral hipotecan su propia autonomía, y, lo más importante para la imposición de un modelo autoritario de dominación, inmovilizados para levantar reivindicaciones propias. En la imposición de modelos organizativos dirigidos a pulso por una persona y en la desarticulación de las dinámicas ciudadanas que le precedieron se encuentran claves básicas de la venezolana actual.

Citemos algunos ejemplos. Cuando el actual presidente era candidato una de sus promesas, ganándose el beneplácito del movimiento ambientalista e indígena, era detener el tendido eléctrico hacia el Brasil. Ubicado en Miraflores abona el terreno para efectivamente continuar con la obra dividiendo ambos movimientos –ordenanzas rimbombantes, cargos y dinero- y criminalizando a los sectores reacios a la institucionalización. Todos recordamos como la solitaria acción directa del pueblo pemón de la Gran Sabana contra las torres eléctricas se acompañó de la nula respuesta de un fragmentado y agarrotado movimiento verde e indigenista, lo que allanó la fácil criminalización del derribamiento de las torres eléctricas. Otro caso del mismo tenor. Durante el segundo período de Rafael Caldera un potente movimiento ecológico logra detener la pretensión de reglamentar la explotación minera y maderera de la Reserva de Imataca. Tras la imposición del chantaje, sin duda a cuatro manos, y la agenda centrada en lo electoral, el mismo decreto es implementado por un gobierno “progresista” sin ningún tipo de contestación.

Descentremos nuestro enfoque en los ecologistas y observemos otros movimientos. El 12 de octubre pasado un grupo de organizaciones populares deciden realizar su propio acto contra el llamado “Día de la Raza”, fuera de la agenda oficial. Como respuesta obtuvieron a tres de sus integrantes detenidos y la criminalización como “vandálicos” y “anárquicos” desde las altas esferas.

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Hugo Chávez, evidenciando una vez más como el rey está desnudo, los acusaba de no “aceptar liderazgo” –el suyo por supuesto- y de que los implicados eran manipulados por quienes poseían “proyectos personales”. Cuando los afectados realizaron una manifestación en solidaridad con sus presos lograron la exigua convocatoria de 50 personas. Incluso, los websites que cubrían la suerte de los detenidos posteriormente centraron su atención en las elecciones regionales silenciando la suerte de sus propios presos políticos.

Otro caso entristecedor son las organizaciones de mujeres. Ante el aterrorizante caso de las torturas inflingidas a Linda Loayza presuntamente por su pareja, la respuesta de los grupos de género es bastante pobre. En la manifestación de un centenar de sus activistas frente al TSJ el pasado 26 de octubre, una de las miembros del Consejo Nacional de la Mujer se quejaba amargamente de la escasa concurrencia: un centenar de personas en su mayoría mujeres. “Tenemos que aprender que Chávez no es el único que convoca, ¿dónde están las mujeres de este país”. Lo anterior es sumamente ilustrativo. Diversas organizaciones de base le han cedido a la V República un cheque en blanco con la esperanza, muchas veces ingenua, de tener en lo sucesivo un espacio propicio para el cumplimiento de sus propias demandas. El resultado ha sido un Frankestein autócrata, una nueva burocracia enquistada progresivamente en el poder repitiendo los vicios y exclusiones de sus predecesores, en donde los cuestionamientos desde sus propias filas se han silenciado bajo el chantaje de no dar “armas al enemigo”. Cantando la copla electoral de “Florentino”, los activistas de a pie alineados con el chavismo tienen frente a sí el chantaje de mantenerse en la vigilia de los subsiguientes comicios, una lucha contra molinos de viento hasta por lo menos el 2006, mientras la política económica del gobierno continúa realizando las peores concesiones conocidas al capitalismo globalizado desde Juan Vicente Gómez.

Tejiendo la colcha de lo social Mientras algunos voceros de la oposición culpan de la debacle a la abstención en las regionales, situados desde nuestra perspectiva afirmamos que el desplome de los partidos tradicionales experimentado es parte del movimiento telúrico iniciado en el país en el 1989, un desastre parcialmente disimulado por el protagonismo mediático y circunstancial de sus dirigentes. Estas organizaciones ya no pueden ocultar su verdadero rostro: cascarones vacíos de propuestas, con muchas agallas y con la misma dirigencia y vicios heredados del puntofijismo. Si la V República ha logrado capitalizar el chantaje de “conmigo o con el pasado”, la definitiva eclosión de estos y el control de la mayor parte del país por los bolivarianos desnudará a su vez su demagogia, su falta de proyecto y el carácter aluvional de su pretendida legitimidad. Si Chávez y sus áulicos son expresión de la crisis inaugurada en 1989 es ahora que comenzarán, desde abajo y antagónicamente, nuevas maneras de relaciones sociales.

Ningún gobierno y ningún Estado promueven verdaderos y profundos cambios. Los movimientos sociales, de diverso signo y actuando en diferentes niveles, son la única garantía de transformación. Si la Coordinadora Democrática y sus diferentes partes se hunden, hagamos peso para su definitiva desaparición. La gente debe buscar soluciones para la propia gente, estableciendo dinámicas de organización basadas en lo territorial y con una agenda política propia insobornable e impostergable.

Tímidamente algunos embriones actúan en diversos espacios, pero ante la muerte del espantajo puntofijista, empieza la hora del verdadero protagonismo. Esto se hace sin prisa pero sin pausas, el camino de la libertad y de la justicia social no reconoce atajos. Por eso la labor imprescindible en el momento actual es la reconstrucción de un tejido social, una colcha de organizaciones e iniciativas plurales y heterogéneas que contrapesen el caudillismo militar-estatista representado por el actual 10

presidente venezolano. Desechando la política de las representaciones y el facilismo mediático, nuevos valores como la horizontalidad, la democracia directa, el antimilitarismo, la construcción de redes no jerárquicas, la autonomía y la autogestión serán las palancas en las cuales los nuevos movimientos pueden afincarse. Y aquí, confundidos entre los ciudadanos de a pie estaremos los anarquistas. El proceso de legitimación del mentado “Bolivarianismo” ha llegado a su clímax, de aquí en adelante su destino ineludible es la lenta y progresiva degradación.

Convocatoria al FSA / Preguntas sobre el FSA FORO SOCIAL ALTERNATIVO - [# 45, noviembre-diciembre 2005] Entre los días 24 y 29 de enero del 2006 se estará realizando en Caracas el VI Foro Social Mundial, esta vez, realizado simultáneamente en varias partes del mundo, por lo que la capital venezolana será sede, a su vez, del II Foro Social de las Américas. Nosotro/as, un conjunto de activistas sociales, artistas, profesionales, trabajadores, intelectuales de izquierda y personas convencidas en la necesidad de un cambio y promotores de la libertad y la justicia social, creemos en la pertinencia de abrir y mantener espacios para un profundo debate y construcción de dinámicas transformadoras; pero consideramos que dadas las experiencias de los Foros Sociales Nacionales, los diversos Festivales de Solidaridad con Venezuela, el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes y la propia conformación del Comité promotor del FSM-Caracas, no existen condiciones para que la convocatoria de enero próximo sea un encuentro plural, independiente, abierto, autogestionado y no deliberativo como establece la declaración de intenciones del propio Foro Social Mundial.

En este sentido estamos convocando a la realización de un Foro Social Alternativo, durante los mismos días, en el que puedan participar todas las expresiones que coincidan en la importancia de abrir un espacio para el encuentro, la discusión de nivel y la reconstrucción de las redes sociales. Para el debate de las propias agendas de los movimientos y no de las agendas impuestas por las cúpulas de cualquier signo. Crítico a su vez del puntofijismo y de las contradicciones que existan en el gobierno bolivariano. Para debatir el significado de la revolución y de las categorías políticas tradicionales en tiempos de globalización. Un espacio que privilegia la diversidad, identidad y autonomía de quienes participen en él, y que en el mejor de los casos, trascienda de ser un foro de una semana para convertirse en una red abierta y permanente para el diálogo entre diversos actores, a contracorriente de los chantajes, manipulaciones y polarizaciones falsas que han primado en la situación reciente del país.

El Foro Social Alternativo pretende ser una red con tantos núcleos como sea posible, realizando actividades en diversos puntos de la geografía nacional, teniendo un temario definido colectivamente y una coordinación descentralizada. Un espacio sin intención homogeneizante ni racionalidad electoralista; que signifique en su práctica y sus discusiones una respuesta al autoritarismo, imperialismo, capitalismo, globalización economicista, clientelismo burocrático, militarismo, machismo, depredación al medio ambiente, exclusión y discriminación que nos oprimen en nuestras vidas cotidianas.

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Preguntas sobre el foro alternativo - ¿Qué es y cómo funciona el FSA? R: El Foro Social Alternativo es la promoción de una iniciativa para desarrollar un profundo debate sobre lo que significa hoy el cambio social. El mismo pretende ser una red amplia y diversa de grupos que realicen actividades en diversos puntos de la geografía nacional, teniendo un temario definido colectivamente y una coordinación operativa descentralizada. Cualquier persona o iniciativa puede proponer un tema de discusión o realizar una convocatoria para un foro, videoforo, taller o conversatorio de cualquier asunto de su interés; sumarse a discusiones de otras partes o generar una nueva. El FSA asegurará que todas las convocatorias sean difundidas por igual y que todas las partes puedan comunicarse entre ellas sin intermediación. En caso de que se requiera, el FSA puede sondear grupalmente locales físicos, apoyo logístico y sugerir ponentes para enriquecer discusiones.

El FSA es un momento dinámico para la discusión y la construcción, una red plural de foros para polemizar y enfrentar ideas, respetando la condición humana de quienes las defienden.

- ¿Quién financia el FSA? R: Este foro es un esfuerzo autogestionario y no aceptará donaciones o aportes de organismos del Estado o de la empresa privada. Sus recursos provendrán de aportes de sus integrantes realizados a título personal, de las iniciativas y colectivos sociales y culturales participantes o de aportes realizados por fundaciones o instituciones académicas siempre y cuando estas no lesionen su autonomía.

- ¿Cómo puedo participar en el FSA? R: Cualquier persona interesada y que sintonice con los principios generales del FSA puede participar. No existe una acreditación ni membresía estática y la incorporación a la dinámica se hace efectiva en tanto se propongan eventos o se participe en las actividades realizadas por cualquiera de las partes. Los grados de compromiso son variables y van desde prestar un local hasta ayudar en el mantenimiento de la red y la comunicación entre los diversos enlaces.

- ¿Pueden participar partidos políticos dentro del FSA? R: Para el FSA todo está en discusión y no existe ninguna cuestión zanjada previamente: las formas de organización, el sufragio electoral o instancias de poder municipal, local o nacional serán temas a debatir. Pero, entendiendo que los partidos políticos ya cuentan con sus propias plataformas comunicacionales y sus espacios de proselitismo, el FSA evitará su partidización y electoralización al no aceptar la incorporación como tales de los partidos u organizaciones inscritas y activas en el Consejo Nacional Electoral. Cualquier militante de estas agrupaciones puede involucrarse a título personal y pueden participar colectivos sociales, culturales, deportivos o intelectuales.

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Foro Social Mundial Caracas: mortaja para los movimientos sociales venezolanos

RAFAEL UZCÁTEGUI - [ALTERFORO, enero 2006; publicación gemela de El Libertario que apareció con motivo de la realización en Caracas del Foro Social Alternativo] Durante la semana del 24 al 29 de enero del 2006 se estará realizando en Caracas el VI Foro Social Mundial, en su versión policéntrica, y el II Foro Social de las Américas. La cita ha generado gran expectativa, pues esta ciudad es el epicentro de lo que desde 1999 se conoce como “Revolución Bolivariana”, con gran ascendencia en el resto de Latinoamérica y anchos márgenes de popularidad entre diversos movimientos sociales e izquierdistas del mundo. En este sentido, el que Venezuela sea la segunda sede en el continente del Foro Social Mundial es un respaldo “tácito” a la gestión gubernamental del presidente Hugo Chávez, como en su momento lo fue con el gobierno local del Partido de los Trabajadores en Porto Alegre, en su lento pero franco ascenso a la silla presidencial. ¿Este apuntalamiento a su tren ejecutivo posee un correlato en los movimientos sociales venezolanos?, o para expresarlo de manera diferente ¿Qué aportes realizará el Foro Social Mundial capítulo Caracas en el proceso de consolidación, expansión y articulación de los movimientos sociales que hacen vida en el país? Para responder a esta pregunta debemos hacer un somero repaso a su devenir histórico contemporáneo, en relación con la propia trayectoria del país.

Punto Fijo y Caracazo Tras décadas de dictaduras caudillistas y militares, en 1958 se inaugura el periodo democrático en Venezuela. El llamado “Pacto de Punto Fijo”, realizado entre los principales factores de dominación, que acuerdan la alternabilidad en el poder de los principales partidos políticos de la época, Acción Democrática y COPEI. Pocos años después comienza un período de lucha armada de la izquierda insurreccional, capítulo que dura menos de una década con la progresiva incorporación de estos actores a la política “legal” y parlamentaria, motivada, entre otras cosas, por el piso social construido por la socialdemocracia gracias a los cuantiosos ingresos de la renta petrolera. Las regalías del “oro negro” permitían una estabilidad democrática desconocida en otras latitudes del continente, costeando una amplia seguridad social, la masificación de la educación a todos los niveles y subsidiando sindicatos y asociaciones gremiales a lo largo y ancho del territorio. Los tanqueros petroleros que cada día llenaban sus vientres en los puertos venezolanos, financiaron la amplia clase media que se desarrolló durante las décadas de los 60's y 70's, alcanzando su clímax con la llamada “nacionalización” del petróleo ocurrida en 1976, en la cual las industrias trasnacionales como la Shell dejaron de operar en el país. Desde ese año hasta finales de 1981 se vivió el período conocido como de “vacas gordas” debido a la gran cantidad de dinero que ingresó al fisco nacional. A comienzos de 1983 se anuncia la devaluación de la moneda, el bolívar, y se abre un período de crisis económica que comienza a fracturar el modelo de gobernabilidad iniciado en 1958. A mediados de la década de los 80's empiezan a gestarse amplias movilizaciones populares que no se traducen en votos para los partidos políticos de izquierda, quienes mantenían un porcentaje “histórico” que oscilaba alrededor del 5%.

La expresión palpable de la agonía del pacto de Punto Fijo ocurre en febrero de 1989, durante el llamado “Caracazo”, cuando centenares de comercios fueron saqueados en diversas ciudades del país en una semana de violentas explosiones populares, calmadas a sangre y fuego por el ejército y dejando un saldo de muertos y desaparecidos todavía desconocidos, pero que algunos afirman que superan el millar. Es a partir de ese febrero que una sociedad civil, ajena a los partidos políticos del status y a la relación clientelar con el Estado, comienza a configurarse. Por nombrar alguna de sus 13

formas, encontramos que las primeras organizaciones de Derechos Humanos, las asociaciones y redes ecologistas que impulsaron la Ley Penal del Ambiente y las iniciativas sociales que impulsaron las movilizaciones contra el “paquete” neoliberal de Carlos Andrés Pérez -el presidente de Venezuela durante ese período- sólo fueron posibles en ese contexto, cuando con claridad las expresiones institucionales de la democracia venezolana mostraban evidentes signos de agotamiento.

1989 representó un momento importante en la historia de la organización social autónoma de las demandas populares. La efervescencia que se vive antes y después de la revuelta popular evidencia la costura de un tejido social compuesto por infinitas iniciativas sociopolíticas, con diferentes y crecientes niveles de articulación entre sí. Las mismas se enfocan contra el presidente Pérez y su política de “gran viraje”: el intento de aplicar la receta neoliberal dictada por el Fondo Monetario Internacional, la cual contrastaba con las políticas populistas impuestas anteriores. Es este escenario, de una creciente movilización ciudadana es que ocurre un hecho inédito: la introducción por parte del Fiscal General de la República de una demanda de juicio contra el presidente por corrupción y malversación de las llamadas “partidas secretas”. En mayo de 1993 Pérez era suspendido de sus funciones.

Chávez y su movimiento Un año antes de la defenestración del presidente por cargos de corrupción, un recurso político que parecía parte del pasado del país retorna para ocupar otra vez los titulares de prensa: el golpe de estado. Durante los años que van de 1899 a 1958, 5 conspiraciones liderizadas por militares forzaron el cambio del primer magistrado nacional, incluso -paradójicamente- una que en 1945 se reclamaba en nombre de la democracia y del sistema de partidos. La tesis de la insubordinación castrense para la toma del poder no fue patrimonio exclusivo de los sectores identificados con la derecha. Diversas insurrecciones armadas estimuladas por la izquierda marxista-leninista eran voceras de la “alianza cívico-militar”, en la cual vanguardias políticas se aliaban con “sectores progresistas de las fuerzas armadas” para provocar un cambio. Esta apelación a un pretendido progresismo del ejército venezolano interpretaba su policlasismo bajo el materialismo dialéctico, intentando “agrandar las contradicciones de clase” entre soldados y oficiales para “ganarlos a la causa socialista”. Es cierto que la heterogeneidad popular del ejército venezolano es diferente de la conformación de élites de otros en el continente, pero el reduccionismo marxista olvidaba que su sistema jerárquico y de valores los educaba para que se percibieran a sí mismos como una clase diferenciada de los “civiles”. Por otra parte, el ejército venezolano también era formado en el anticomunismo y en la lucha contra la subversión según los dictados del Comando Sur de los Estados Unidos, como parte de la lógica de la Guerra Fría.

Tras 34 años sin conspiraciones militares -una de las premisas del Pacto de Punto Fijo-, en 1992 un grupo de oficiales medios del ejército intenta realizar un golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez.

En televisión, un personaje uniformado desconocido para el país anunciaba la derrota del alzamiento “por ahora”. Ese oficial era Hugo Chávez, quien pasó algunos años arrestado por sublevación militar y fue liberado, vía indulto, por el siguiente presidente electo: Rafael Caldera, al igual que Pérez asumía el cargo ejecutivo por segunda vez.

La liberación de Chávez, ocurrida a mediados de los 90's, se realiza en medio de una amplia movilización de masas y de toma de conciencia. Por primera vez un candidato presidencial proveniente de sectores no tradicionales, Andrés Velásquez, lograba superar ampliamente el 5% histórico electoral de la izquierda, ubicándose porcentualmente detrás del candidato electo. Este era 14

un síntoma de la voluntad de cambio que como una epidemia, se expandía entre los venezolanos ante la crisis económica y el agotamiento del sistema democrático. Chávez y su movimiento se superponen a esa dinámica, logrando darle un rostro -gracias a la amplificación mediática y su aura insurreccional- al descontento. Repetimos: una organicidad que cualitativa y cuantitativamente es contemporánea a su movimiento y de la cual el MBR-200 (el nombre de la primera agrupación política de Chávez) sólo era parte. El paracaidista de Sabaneta realiza una astuta y pragmática lectura de la realidad, pasando de su abstencionismo militante -en cuya etapa pudo granjearse la simpatía de innumerables movimientos de base- a la candidatura presidencial, no lo olvidemos, con el apoyo de grandes medios masivos de comunicación y el financiamiento de sectores del capitalismo internacional. Chávez y su dominación carismática logran convencer a diversos sectores que él representa la “vanguardia” de la lucha contra el binomio adeco-copeyano y un proyecto de transformación de carácter “revolucionario”. La miopía de los partidos tradicionales y su propia momificación aceleraron su implosión, una crisis disimulada por el protagonismo mediático de los sucesos del 2002, pero que mas pronto que tarde -como efectivamente sucedió- terminaría por desmantelar los cascarones vacíos de tales agrupaciones.

Institucionalizando la rebeldía Decíamos que Chávez logra cabalgar sobre una ola de descontento popular que comenzó en 1989 la costura de un tejido social compuesto por infinitos embriones de organización, con diferentes y crecientes niveles de articulación entre sí. Una de las virtudes del chavismo es recoger diversas reivindicaciones para incorporarlas en su difusa ideología dando la sensación de que el bolivarianismo era la expresión “legítima” del acervo social y de izquierda del país. El siguiente paso era establecer una dirección incontestable, paradójicamente difundiendo una propuesta democrática “participativa y protagónica” e imponer a sus bases de apoyo una agenda decidida desde arriba, básicamente limitada a la relegitimación en las urnas. De esta manera los movimientos sociales desgastados debido a su progresiva incorporación a la lógica acumulativa político-electoral hipotecan su propia autonomía, y, lo más importante, para la imposición de un modelo autoritario de dominación, inmovilizados para levantar reivindicaciones propias. En la imposición de modelos organizativos dirigidos a pulso por una persona y en la desarticulación de las dinámicas ciudadanas que le precedieron se encuentran claves básicas para entender la fragmentación actual de los movimientos sociales venezolanos.

Quien desde afuera haya visto la avalancha de propaganda “revolucionaria” financiada desde el Estado venezolano se puede sorprender de esta afirmación. Pero, de los innumerables ejemplos que la sustentan, nombraremos uno clave. Durante la década de los 90's la gerencia de la compañía estatal de hidrocarburos, Pdvsa, intentó realizar un lobby alrededor de una política de “apertura petrolera”, para involucrar a compañías trasnacionales en la exploración y explotación de nuevos yacimientos, revirtiendo la nacionalización ocurrida en 1976. La propuesta, acorde con la ideología de libre mercado, generaba una amplia y rabiosa resistencia en múltiples sectores, lo que la hacía políticamente inaplicable. Detrás de la retórica “revolucionaria” y “antiimperialista” -centrada exclusivamente en la figura de George Bush jr-, el presidente Chávez ha firmado las mayores concesiones energéticas a las trasnacionales desde la década de los 40's, sin ningún tipo de resistencia interna. Por ejemplo, la mayor reserva gasífera del país, la Plataforma Deltana, ha sido entregada en concesión a Chevron, ConocoPhillips y Statoil por períodos mayores de 30 años. A partir del 1 de enero del 2006 entran en vigencia la figura de las “empresas mixtas” entre las trasnacionales y la estatal petrolera, en donde ambas partes son socias de la exploración y comercialización de los yacimientos. Hasta cuando se escribe este artículo, 18 de noviembre de 2006, no se había realizado 15

ninguna movilización, de ningún sector, contra esta medida. Pablo Hernández Parra, experto en materia petrolera y colaborador del website www.soberania.org, afirma en uno de sus artículos de prensa: “La esencia de todo lo que ocurre, en este nuevo Macondo, que se llama Venezuela, no es otra cosa que el capital nacional e internacional liderado por las compañías petroleras, se ha colocado la boina y franela roja; y avanzado a pasos de vencedores impone su programa de privatización bajo el disfraz del socialismo del siglo XXI (...). Todo lo que ocurre hoy en el país, desde la política petrolera hasta el show mediático con las "expropiaciones de tierra", no son otra cosa que el más vulgar circo entre las marionetas del capital: gobierno y oposición, para consolidar todo el proceso de privatización de los recursos del país: petróleo, gas, minas, tierras, en beneficio exclusivo del gran capital”.

El Foro Social Mundial En los últimos cuatro años, Venezuela ha vivido una polarización inducida por las cúpulas en pugna por el poder: la vieja burocracia “puntofijista” (Fedecámaras, CTV, partidos políticos) contra la nueva burocracia chavista, que ha sustituido a la anterior. El antagonismo, falso en tanto ejercicio real y no “discursivo” del poder, amplificado y sustentado mediáticamente, ha beneficiado a quienes se han legitimado como voceros de la mitad que pretender “representar”. Parte de la desmovilización de los movimientos sociales responde a esta lógica: haber tomado partido y haber asumido, a ciegas, la agenda política impuesta desde arriba, postergando sus propias reivindicaciones. Otro capítulo corresponde a las expectativas creadas por parte de los activistas sociales frente a un gobierno “progresista y de izquierda”, portavoz de un discurso que ha asumido el lenguaje de los propios movimientos, pero cuya política concreta va en otra dirección.

El antiguo embajador de Estados Unidos en Venezuela, John Maisto, declaró a los medios en su oportunidad: “A Chávez hay que evaluarlo por lo que hace y no por lo que dice”. Esto explica porque a pesar de los impasses diplomáticos, Venezuela realiza los mejores negocios con los sectores económicos más dinámicos del capitalismo globalizado, incluyendo al Gran Hermano del Norte, el cual consume más del 60% de las exportaciones energéticas que salen de puertos bolivarianos. En este punto tenemos que entender que la geopolítica internacional es radicalmente diferente a los tiempos de la Guerra Fría. Mientras los países mantengan el papel que les asigna la globalización economicista, pueden tener la política local que más les provoque. Este, precisamente, es el caso venezolano no sólo en materia petrolera y energética -contando con un barril a más de 60 dólares, los precios más altos de su historia-, sino en los sectores más dinámicos hoy de la economía mundial: banca, finanzas y telecomunicaciones. Además, recordamos que Caracas continua siendo un pagador puntual de su deuda externa y de los compromisos contraídos con el FMI. Es este el contexto en el cual se realizará el Foro Social Mundial en el borde del Mar Caribe: con movimientos sociales locales desmovilizados y sin ninguna autonomía de acción. Con un gobierno que financiará su realización y que incluso fanfarronea de ello en avisos publicitarios y ruedas de prensa. Al comienzo de un año en donde el presidente es candidato para la reelección y la tribuna del FSM es el arranque ideal para su campaña electoral. En donde a falta de redes sociales operativas e infraestructuras propias de las iniciativas ciudadanas, la logística del evento -hospedaje, alimentación y transporte- será aportado por el Ejército venezolano para las delegaciones menos significativas y por la red hotelera Hilton para las de mayor interés estratégico para el ejecutivo nacional, como ha sido la tradición en los anteriores cónclaves “revolucionarios” realizados en la ciudad natal de Simón Bolívar. En dónde el chavismo como movimiento -tendencia a la cual pertenecen los principales voceros del comité promotor del FSM capítulo Caracas- en 7 años sólo ha reconocido como actores 16

de cambio a quienes se aglutinan bajo el liderazgo de Hugo Chávez, por lo que sus declaraciones en torno a la realización de un foro plural suenan a discurso demagógico de cara a la galería. En este sentido, la realización de este evento profundizará la dispersión existente de los movimientos sociales y no revertirá, en nuestra opinión, esta tendencia.

Es por esto que a pesar de lo contracorriente, la ausencia total de recursos e infraestructuras y la asimetría, un grupo de personas creemos necesario realizar un evento paralelo al FSM para asegurar que las discusiones sobre política energética, concentración de poder, militarismo, autonomía y nuevos movimientos sociales, modelo de desarrollo minero y medio ambiente, comunicación alternativa y contrapoder se lleven a cabo, abriendo la posibilidad de difundir otras versiones de lo que pasa en Venezuela. Esto se suma a la propia degradación experimentada por el FSM: su control por parte de ONG's y grupos sociales más moderados (como ATTAC y Greenpeace), la manipulación por parte de los partidos políticos de izquierda como plataformas propagandísticas.

Además, la propia situación de Latinoamérica abre nuevas agendas de discusión, las cuales consideramos que no serán suficientemente abordadas en el FSM: el hecho de que varios gobiernos suramericanos sean “de izquierda” y como sus políticas sociales han sido incapaces de reducir la pobreza, inducir cambios estructurales, preservar el medio ambiente y asegurar los derechos de las minorías en una gestión capitalista de rostro benevolente. Creemos que nuestro evento, el Foro Social Alternativo (FSA), puede ser uno de muchos espacios necesarios para el reencuentro y el diálogo de diferentes movimientos de base, para recuperar nuestras propias reivindicaciones y elaborar nuestro propio calendario de eventos y movilizaciones, sin la injerencia de nadie ajeno a su propia dinámica. Invitamos, por tanto, a todos los activistas para que visiten a Venezuela esa última semana de enero, participen en indistintamente en el FSM o el FSA, y, lo más importante, vean la realidad del país por sus propios ojos, contrasten versiones y datos y no hagan más interpretaciones atendiendo exclusivamente a la propaganda manufacturada por el Estado venezolano o por los partidos políticos de oposición.

Editorial [# 46, febrero-marzo 2006] La realización de un exitoso evento paralelo y enfrentado al Foro Social Mundial de Caracas, por apenas un puñado de organizaciones de base, es uno de tantos ejemplos posibles de la capacidad autónoma y autogestionada de los movimientos sociales. A pesar de toda la asimetría, los recursos y la voluminosa propaganda de parte del foro oficialista, vitrina legitimadora del gobierno venezolano, esa última semana de enero desde la disidencia anticapitalista y antiautoritaria abrimos una grieta en el chantaje impuesto por las cúpulas de poder en el país.

En El Libertario estamos absolutamente convencidos de que cualquier transformación, profunda y perdurable en el tiempo, es realizada por los movimientos sociales y no por los gobiernos. Pero debemos precisar esta afirmación. No por cualquier iniciativa, o por dinámicas susceptibles de institucionalización; sino por aquellos movimientos populares que mantengan su autonomía como valor irrenunciable e insobornable. ¿De qué autonomía estamos hablando? De la capacidad por parte de las organizaciones no partidistas de tener su propia agenda de reivindicaciones y movilizaciones, de darse la estructura que mejor entiendan así como los valores y referencias políticas que decidan, 17

sin someterse a ningún individuo o ente ajeno a ellas mismas. Estas características, sus señas de identidad, constituyen la esencia del colectivo y no serán disipados, solapados o recuperados por nadie. Esto no significa que estos movimientos no puedan coincidir con otros o formar parte de redes o plataformas más amplias: su caminar con los demás debe reforzar, en vez de diluir, su identidad y beligerancia.

En Venezuela vivimos un particular proceso generado por un gobierno que se vende a si mismo como gestor de los reclamos de l@s desposeid@s. Su belicosa retórica izquierdizante disimula su naturaleza nacional-populista, su respaldo en la Fuerza Armada y en la militarización social, su incapacidad para acometer cambios estructurales y, en especial, su compromiso de gobernabilidad y apertura con sectores pujantes de la economía globalizada mundial, tan imperialistas como ese Mr. Bush repetidamente denigrado. Pero ese discurso “bolivariano” aturde y confunde a quienes se conforman con apariencias sin contrastarlas con la realidad.

La verbena de expectativas ha desarmado a la mayoría de las dinámicas sociales, esas que hicieron de los 90´s una década de combate y articulación para l@s venezolan@s, una maraña creciente y compleja de pasiones emancipatorias, cuya peligrosa posibilidad –expresada efervescentemente el 27/F/89- debía frustrarse de alguna manera. No se construye una sociedad de relaciones igualitarias por medio de la conquista del poder, pues cuando se adopta –aún temporalmente- la lógica de la opresión, la lucha contra la desigualdad ya está perdida. Por eso señalamos una y otra vez lo quimérico de apuntalar ciegamente un gobierno, por “menos malo” que sea, para avalar ilusorias conquistas parciales. Tras siete años en el poder la demagogia se ve sobradamente corroborada en los hechos. ¿Alguien se acuerda de los fundos zamoranos, de los “niños de la patria”, de los círculos bolivarianos, del proyecto nacional de escuelas bolivarianas, de cultivos hidropónicos, la ruta de la empanada o los gallineros verticales? Por lo tanto, los pomposos anuncios de proyectos –nuevas misiones, consejos comunales, etc.-, en medio de la desmovilización inducida por el régimen, son excusas vaciadas de contenido, pastura para el rebaño electoral. Por su parte, las promesas de los partidos de oposición socialdemócrata y de derecha se cocinan solas en su patetismo.

L@s anarquistas, tanto individualmente como desde nuestros colectivos y grupos de afinidad, participaremos y animaremos en todas las iniciativas autónomas y autogestionadas que desde las comunidades organizadas y grupos sociales enfrenten las miserias de la vida cotidiana. Sin prisa, sin pausas, rechazando cualquier capitalización electoral y avivando las llamas del descontento. Y en especial, sorteando los cantos de sirena que intentarán siempre postergar nuestras necesidades y deseos para hipotecarlos en votos.

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FSA: Una respuesta, un debate desde la izquierda antiautoritaria REDACCIÓN - [# 46, febrero-marzo 2006] Del 23 al 29/01/2006, 10 organizaciones sociales y políticas locales decidimos configurar una respuesta por partida doble. Grande o pequeño, lo realizado durante esa semana representó nuestra real capacidad de organización, independiente y autogestionada, acumulada tras años de actuación en un contexto tan particular como el venezolano.

El Foro Social Alternativo, en primer lugar, confrontaba la progresiva institucionalización asumida por el Foro Social Mundial tras media década de andadura, contrariando aquella génesis que hablaba de la convergencia y protagonismo, diverso y contradictorio, de un multicéfalo "movimiento de movimientos". El FSM ha servido de catapulta y legitimación de una serie de líderes, gobiernos, instituciones, ONG´s y partidos políticos de izquierda de mayor capacidad cuantitativa y económica, y por ende con mayor posibilidad de realizar lobbys a su favor, marginando en el trayecto posturas incómodas, radicales y/o "minoritarias". En segundo término, y con mayor peso dentro del FSA, articular una réplica al panorama político local generando un espacio autónomo para la relación de diferentes movimientos sociales criollos, cuyas diversas subjetividades y reivindicaciones ofrecieran diferentes visiones ajenas al maniqueísmo que ha primado en los últimos años en Venezuela.

El FSA se realizó en tres espacios de la ciudad: la Universidad Central de Venezuela, el Colegio de Ingenieros y la Organización Nelson Garrido; desarrollando a su vez tres tipos de actividades: foros y conferencias, talleres teórico-prácticos y una muestra de documentales independientes y videoactivismo. Dentro de los primeros, la oferta fue diversa y caleidoscópica. Los invitados internacionales compartieron sus experiencias y horizontes, resaltando la intervención del irlandés John Holloway sobre "Cambiar el mundo sin tomar el poder", ante un auditorio atento y rebosante cuyo debate alcanzó las cuatro horas. Daniel Barret (Uruguay) habló sobre "Horizontes de cambio en América latina", Ezequiel Adamovsky (Argentina) sobre "Nuevos movimientos sociales y anticapitalismo para el siglo XXI", Frank Fernández (Cuba) "Anarquismo en Cuba", Cristian Guerrero (USA) "Ecologismo radical en los EEUU", Javier Garate (Chile) y Andreas Speck (UK) "Relación entre armamentismo y trasnacionales", Crítica Radical (Brasil) "políticas de izquierda en América latina", Ricardo García (México) "Autonomía y magonismo en México", Rob Block (USA) "Movimiento contra las cárceles en EEUU" y Cristina Dunaeva (Rusia) "Guerra en Chechenia y el movimiento antimilitarista en Rusia".

La contrapartida local no fue menos interesante, abriendo la semana Domingo Alberto Rangel con la conferencia "Fundamentalismo islámico y globalización". Otras intervenciones fueron las de Humberto Decarli "Militarismo y cambio social en Venezuela", Maria Pilar García y Amigransa "Luchas ecológicas actuales en Venezuela", Francisco Prada "Invasión extranjera y respuesta integral", Ricardo Benaím "xenofobia y antisemitismo", Lenin Ovalles "Cultura urbana" y Alfredo Vallota "Bases del socialismo del siglo XXI". La asistencia lamentó la ausencia de Douglas Bravo, cuya conversación sobre "Propuestas para hoy y el futuro" tuvo que ser suspendida por la repentina muerte de su progenitora.

Prácticas para activistas Los talleres del FSA ofrecieron una serie de herramientas para activistas de movimientos sociales, siendo realizados por el aporte voluntario de diferentes organizaciones. "Introducción al 19

videoactivismo" fue facilitado en dos días por Sonya Angélica Diehn, co-fundadora de Indymedia Arizona y productora de Pan Left producciones (USA), compartiendo nociones básicas para realizar un proyecto audiovisual independiente. "Derechos Humanos en tiempos de crisis" fue realizado por Carlos Nieto, de la ONG local "Una ventana para la libertad" y coordinado por la Cruz Negra Anarquista Venezuela, difundiendo estrategias jurídicas para la defensa de los DDHH. El "Taller básico de sonido" estuvo a cargo de Fabián Unlogistic, de la banda francesa Unlogistic, enseñando técnicas de grabación y amplificación artesanal para músicos. Los dos últimos talleres fueron gestionados por la Internacional de Resistentes a la Guerra, uno de los grupos antimilitaristas más antiguos del mundo. El primero versó sobre "Acción directa no-violenta", enseñando sobre desobediencia civil y los pasos para realizar una campaña; y el segundo "Objeción de conciencia y antimilitarismo", para promover la organización y acción sobre el tema.

Durante toda la semana se realizó la "Primera muestra de documentales independientes y videoactivismo", con una sesión en la UCV y todos los días desde las 7 de la noche en la Organización Nelson Garrido (ONG). Proyectando audiovisuales de 8 países diferentes en dos funciones simultáneas, el documental más comentado y celebrado fue "Nuestro petróleo y otros cuentos", el video censurado por el gobierno venezolano y emitido en tres sesiones diferentes con una sala al tope de su capacidad.

Tejiendo nodos, construyendo autonomía La sede de la ONG se convirtió en el epicentro de disidencias y contraculturas durante esos días. La planificación previa contemplaba servicio de desayuno y almuerzo diario para 60 personas, pero en la práctica –y con agua adicional en la sopa- se sirvieron más de 100 platos para satisfacer incluso a los múltiples damnificados del FSM que trataban de alejarse algunas horas de la militarización y discriminación del evento oficial. La nutrición atendió a los detalles: menú paralelamente vegetariano y con carne, café adquirido a cooperativas campesinas de Portuguesa y galletas compradas a empresas pequeñas y familiares. Asimismo, diversos grupos realizaron reuniones en su seno durante la semana, como es el caso de la asamblea realizada por Acción Global de los Pueblos (AGP) y el Encuentro Internacional Anarquista (13 países, más de 50 activistas) que acordó la llamada "Declaración Libertaria de Caracas".

Durante siete días, la ONG también fue sede de la "Feria de material independiente", una serie de puestos de venta de libros, publicaciones, franelas y música que arrojó como saldo dos millones de bolívares en ventas (unos 2.000 dólares) para contribuir con el financiamiento verdaderamente autogestionado del evento. La vocación autónoma e independiente del FSA se nutrió de infinidad de aportes, como por ejemplo la donación de publicaciones para la venta por parte de la Fundación Era Ecológica, Federación Libertaria Argentina (FLA), Colectivo Autónomo Magonista (México) y la cesión de docenas de franelas y un videoproyector por parte de Brennan Wauters (Canadá). Earth First! (USA) cedió buena parte de sus porcentajes de venta de materiales y otros colectivos e individualidades como la Federación Anarquista Ibérica (FAI), banda anarcopunk "Los Dólares", Feria del Libro Libertario de Montreal, entre otros, realizaron actividades en sus países para enviar dinero para el evento. Esto, sumado a cuatro meses previos de organización de actividades benéficas por parte de los organizadores locales, sumó los siete millones de bolívares de gastos del FSA (poco más de 3.000 dólares). Casi un tercio de ellos fueron destinados a la impresión del periódico "Alterforo", cuyos 10.000 ejemplares tuvieron una difusión e impacto que superó las expectativas más optimistas.

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También se apoyo la movilización convocada por organizaciones indígenas y ambientales del Zulia contra la explotación del Carbón el viernes 27, en donde a pesar de los intentos de agresión física por parte de los grupos chavistas, se hizo patente la demanda de autonomía acusando al Estado venezolano (y no solamente a Carbozulia) de la política de desarrollo minera en consonancia con el IIRSA (versión trasmutada y discreta del ALCA). Este no fue la única intimidación del gobierno contra el Foro Social Alternativo, pues durante la semana automóviles de la DISIP (policía política) estuvieron rondando la ONG. El objetivo de construir un espacio, durante una semana, disidente tanto del gobierno venezolano, de la izquierda estadocéntrica criolla y de los partidos políticos tradicionales, difundiendo en consecuencia una multiplicidad de visiones y propuestas, sin logística ni espacios cedidos por el Ejército venezolano, fue sobrepasado con holgura. El segundo objetivo, reconstruir el tejido social de base, potenciar redes y movimientos transformadores autónomos y beligerantes, así como nuevas formas de hacer política es una tarea que trasciende el espacio temporal de una semana, y para lo cual cada una de las organizaciones convocantes del FSA ha venido motorizando, en diferentes niveles y dimensiones, variadas dinámicas en sus trayectorias. La recuperación de las diferentes agendas políticas de los movimientos (ecologistas, estudiantiles, vecinales, feministas, indígenas, juveniles, urbanas, campesinas y ciudadanas), es el reto emancipador a futuro en una realidad política signada por los calendarios electorales y la imposición de agendas desde las diferentes cúpulas de poder autoritario.

Consejos Comunales, autonomía y movimientos sociales RAFAEL UZCÁTEGUI - [# 47, mayo-junio 2006] Para cualquier anarquista escuchar sobre autoorganización social es música para sus oídos. Cualquier dinámica que mínimamente disuelva el poder de las instituciones para dejarlo en manos de los ciudadanos de a pie, le llamará poderosamente la atención.

Es habitual toparse con libertarios en experiencias organizativas de base, inyectando ganas, sudor y horizontalidad. El movimiento ácrata no deja de experimentar espacios y prácticas donde se sustituya, mucho o de a poco, al Estado y el Capital. Pero como antiautoritarios –teniendo bajo el brazo las experiencias históricas- detestamos que se haga demagogia con las palabras y conformarnos con gato donde se prometió liebre. Ante la promoción atropellada de la conformación de Consejos Comunales (CC) en el país, y la promulgación de su ley en un abrir y cerrar de ojos, en un contexto polarizado y con la mira puesta en la cita electoral de diciembre próximo, no podemos sino tener suspicacias, plantear preguntas y otear posibilidades. Lo que sigue es una lectura de dicho instrumento legal desde una postura que prioriza la autonomía de los movimientos sociales.

Algunos antecedentes La figura de los CC puede cartografiarse en los artículos 70 y 182 de la Constitución, en dónde se establece la participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía. Tres años más tarde de su promulgación, se nombran los CC como parte del Sistema Nacional de Planificación

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Participativa. En el año 2005 la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece en su artículo 112 que dicha figura sería el “centro principal para la participación y protagonismo del pueblo” ante el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP). Si queremos irnos más atrás la gestión municipal de Aristóbulo Istúriz, durante los días de la IV República, promovió experiencias de gobierno parroquial en Caracas. Pero es desde enero de este año que los CC comienzan a popularizarse tras los anuncios presidenciales sobre la urgencia de su conformación. No porque fueran una reivindicación levantada y defendida desde las bases, con experiencias exitosas en alguna parte del país, sino porque como proyectos similares, se decretaba la participación desde arriba.

La retórica acerca de los CC es, en el papel, tan sugerente como en su tiempo lo fue la promoción de los Círculos Bolivarianos (CB), Fundos Zamoranos y los propios CLPP. Cada uno de estos proyectos han sido insustentables en el tiempo; los dos primeros por su control gubernamental –los CB fueron obligados a transformarse en Unidades de Batalla Electoral (UBE)-, el último por la negativa de alcaldes y concejales –tanto chavistas como opositores- de tener que compartir su parcela de poder. El fracaso de estas instancias de “empoderamiento” popular no ha merecido la reflexión que determine sus flancos débiles o problemas de ejecución. La respuesta, en cambio, ha sido adelantar un programa más ambicioso cuyas luces deslumbren la memoria. Sin ningún programa piloto, realizado en condiciones y territorios controlables, con todo el despliegue publicitario posible, se anuncia la meta de crear 50.000 CC en el país.

Los Consejos de Uribe Álvaro Uribe es un entusiasta promotor de los Consejos Comunales (CC). Su realización comenzó en sus tiempos de gobernador del departamento de Antioquia, extendiéndose a nivel nacional cuando llegó a la presidencia de Colombia. Su administración los describe de la siguiente manera: “En los Consejos hay un permanente y sincero diálogo entre funcionarios y comunidad para conocer necesidades comunitarias, limitaciones presupuestales y para buscar alternativas de solución a los diferentes problemas. Los consejos no son para hacer promesas, son para tratar de plantear soluciones entre todos. Para definir acciones y remover obstáculos con creatividad. Son para liderar, acompañar, apoyar y cooperar en la gestión regional”. Para enero del 2006, según cifras oficiales, había realizado 124 Consejos Comunales en donde se concertaron 2.346 tareas para las comunidades.

Los críticos de su gestión afirman que los CC son parte de la campaña por su re-elección: “Los CC son una especie de “reality” cuidadosamente estudiados para ser transmitidos por televisión (…) El Presidente, en Boyacá, se pone una ruana boyacense; en Córdoba un sombrero vueltiao; en Antioquia la ya tradicional ruana paisa y en Cali una pintosa camisa de cuadros y el maquillaje facial en su punto.”

Los CC son una oportunidad para la participación, sí. Que transfieran algunas responsabilidades estatales a los ciudadanos, también. Pero que sea “la última Coca-cola del desierto revolucionario”, como brama la publicidad chavista, eso está por verse. Porque una de dos: o son una herramienta para relegitimar las instituciones o Álvaro Uribe ya tiene un lugar en el panteón del “socialismo del siglo XXI”.

Terreno viciado Los CC se promueven en un contexto polarizado y partidizado, en donde a contracorriente de la consigna “Venezuela ahora es de todos” difundida desde Miraflores, se han realizado de manera 22

sistemática, a diferentes niveles y en variadas instancias, procesos de exclusión a quienes no simpaticen abiertamente con el ejecutivo. Las llamadas listas, de las cuales la de Tascón es sólo la más conocida, ha decidido beneficiarios de pasaportes, cédulas de identidad, trabajos y destinatarios de programas sociales. Tales prácticas han sesgado, viciado y degradado cualquier terreno para la participación ciudadana, y especialmente, ha castrado desde su nacimiento la capacidad autónoma de sus expresiones. Si los modos de Luis Tascón determinan quien eligió qué en las urnas, para actuar en consecuencia, la coerción se completa en la Ley de los CC, las cuales establece en los artículos 13 y 14 que para optar a sus cargos de responsabilidad hay que estar inscrito en el Registro Electoral Permanente. Los defensores de la “mejor Constitución del mundo” deberán explicar como se compatibiliza esto con la propia Carta Magna: esta no establece la obligatoriedad del voto.

Resulta paradójico que un proyecto que anuncia como objetivo “permitir al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas” (art. 2), deban ser legitimados con personalidad jurídica tras ser registrados ante una Comisión Presidencial del Poder Popular (art. 20) cuyas instancias nacionales, regionales y locales (arts. 30, 31 y 32) son conformadas por la aprobación directa del primer mandatario. Legalmente, los CC refuerzan entonces una suerte de “descentralización presidencialista”, con independencia de patas cortas. Las inconsecuencias no terminan aquí. La conformación de los CC están bajo responsabilidad de la cartera de Participación Popular y Desarrollo Social, cuyo ministro es Jorge Luis García Carneiro, general retirado del Ejército venezolano. Bienvenidos a la Dimensión Desconocida.

Participación con precio Venezuela, nación de larga tradición estatista, vive en la actualidad uno de sus cíclicos períodos de bonanza petrolera. El subsidio estatal ha construido, antes y ahora, redes clientelares que proveen un piso político a la gestión de turno. Los activistas de la autogestión nadamos contra la corriente de petrodólares, terminando testarudamente sol@s en un entorno de iniciativas sociales –algunas muy loables- mantenidas por la chequera estatal. Estimulados por la promesa del financiamiento, la racionalidad subsidiada genera su propia lógica, conductas, asuntos de los cuales preocuparse –el papeleo burocrático y los lobbys-, identidad y sentidos de pertenencia. Si hay una manera de impedir la autogestión de cualquier iniciativa social, y su autonomía consecuente, es financiarla en su totalidad, especialmente desde antes de su gestación. Y esta afirmación ni es excéntrica ni producto de los calores de mayo. El ministerio de García Carneiro tiene aprobado un presupuesto de 2 billones de bolívares para el proyecto, tras lo cual han anunciado que otorgarán hasta 30 millones por proyecto a cada CC. No importa la naturaleza o la envergadura de las necesidades de cada comunidad o los estudios de factibilidad financiera, la zanahoria al final de la cuerda es de 30 palos.

Pido luego existo.

La ley establece 6 maneras de transferencia directa de recursos (art. 25), creando además un Fondo Nacional de los Consejos Comunales para financiamiento (arts. 28 y 29). Su junta directiva es nombrada, bastaba más, por el Presidente de la República.

Contradicciones legales No son pocas las indefiniciones o ambigüedades de la Ley de los CC producto de su intempestiva redacción y aprobación. Algunas de sus lagunas remiten a un Reglamento que, tras 11.000 CC creados según declaraciones del ministro, ni se ha discutido, ni se ha aprobado y mucho menos difundido. Sus vaguedades en torno a su acoplamiento con el sistema de planificación general del 23

país han alimentado la discusión de los últimos días, especialmente en lo referente a su desdibujada relación con los CLPP, y las teorías de quienes sostienen que son la punta de lanza de la campaña presidencial por la re-elección. Otro motivo de polémica es la afirmación de que el área geográfica y la base poblacional de las comunidades es decidida discrecionalmente por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas “de acuerdo a las particularidades de cada comunidad” (art. 4), o que una de las funciones de la Comisión Promotora (art. 17) sea la realización de un censo comunitario (In Tascón we trust). Pero si algún párrafo es merecedor del Nóbel a la redacción jurídica es la disposición única al Capítulo IX “Queda derogado el artículo 8 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública y todas las disposiciones que contradigan lo previsto en esta ley”.

Estatismo o autonomía La Ley de los CC han reactivado en Caracas las convocatorias de Asambleas de Ciudadanos para estudiar los alcances de la reglamentación. En algunas de ellas se repite la propuesta de asumir tres líneas posibles de actuación: 1) Participar activamente en los CC para evitar su manipulación y partidización, 2) Proponer reformas a la Asamblea Nacional que compatibilicen la ley con la constitución, 3) Recurrir ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad de aspectos potencialmente inconstitucionales de la misma.

Los CC son una oportunidad para la organización desde la base tanto como lo puede ser la conformación de una Asociación Civil, una cooperativa, una ONG, una comuna, un grupo de afinidad o cualquier agrupamiento ciudadano conocido o por inventar. Las posibilidades y limitaciones de cada una de estas figuras, e incluso su utilidad o no, dependen de la fortaleza y madurez del tejido social en el que se inscriben y en el que se deben desarrollar y articular con otr@s expresiones. Es este entramado el que utilizará el instrumento para sus fines y no al revés; ningún articulado, por bienintencionado que sea, funda por si sólo movimientos y/o relaciones sociales. Y si nos atenemos a la realidad de los sectores ambientalistas, feministas, estudiantiles, obreros e indígenas, cuya fragmentación y cooptación es evidente, nos encontramos en un momento de escasa autonomía de la beligerancia social, supeditada a las agendas electorales… como la de este año. La instrumentalización de la base chavista durante el 2006 se resume en una frase de William Izarra: “Toda actividad política debe estar enmarcada en la reelección del presidente Chávez con el objetivo de los 10 millones de votos” (La Voz del Poder Popular, febrero 2006, pag. 11). Desde las candidaturas de oposición el chantaje es simétrico.

Son los movimientos ciudadanos y populares –por medio de su tejido diverso, multiforme y extendido- los que realizan los profundos cambios y no los gobiernos. Cualquiera que sea la modalidad que prefieran, su protagonismo depende del mantener su propia agenda de reivindicaciones y su independencia enfrentada a los partidos políticos y de las instituciones de poder, especialmente las estatales. La lógica del poder -por más “socialista” que se pretenda- es su propia perpetuidad, por lo que permanentemente debe promocionar mecanismos para asimilar la capacidad no institucional de la gente. Con o sin CC, el dilema continuará siendo estatismo o autonomía.

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Despolarización y autonomía: retos de los movimientos sociales tras el 3D REDACCIÓN - [# 49, febrero-marzo 2007] Visualizar lo que sucederá con los movimientos sociales en Venezuela tras la cita electoral del 3 de diciembre –en donde todo apunta a la re-elección del presidente Chávez-, no puede realizarse sin entender, aunque sea a grandes rasgos, su propio devenir histórico.

En la segunda mitad de los 80´s, y catalizado por la crisis económica posterior al "viernes negro", nuevas formas de organización y reivindicación comenzaron a desarrollarse en el país caribeño: el movimiento estudiantil y de vecinos, de mujeres, contraculturas, ecologistas y de derechos humanos.

Subjetividades que si bien tenían a la izquierda como referencia, no respondían mecánicamente a los esquemas organizativos guevaristas-leninistas que reivindicaban la herencia de la insurrección armada de los 60´s. El "Caracazo" (febrero de 1989), como expresión del creciente malestar, configura entonces el inicio de una sociedad civil tanto ajena a los partidos políticos tradicionales, redes clientelares del Estado como a los programas de los partidos políticos de izquierda. La efervescencia posterior redifica un tejido social compuesto por infinitas iniciativas sociopolíticas, con diferentes y crecientes niveles de articulación entre sí, la cual protagonizó las movilizaciones contra el gran objetivo de la época: la salida de Carlos Andrés Pérez del poder.

El movimiento originario de Chávez logra superponerse a esta dinámica y darle un rostro al descontento, legitimándose en las urnas en 1999 al capitalizar la extendida voluntad de cambio que cruzaba el país, pero también revitalizando la matriz populista, caudillesca y estatista que forma parte del acervo histórico venezolano. La imposición de un modelo personalista de dominación tenía como precondición la desarticulación de las dinámicas ciudadanas que permitieron su llegada al poder. Esto fue facilitado, entre múltiples razones, por la polarización impuesta por las élites en pugna: aquellas proscritas del poder, que representaban los sectores productivos tradicionales, y la nueva burocracia "de izquierda", legitimando los intereses de los sectores álgidos de la globalización económica en el país.

De esta manera tenemos que el tejido social tras 1999 es fragmentado (movimiento vecinal, estudiantil y ecologista), neutralizado (derechos humanos) y cooptado (indígenas, mujeres, contraculturas) por las expectativas creadas por un gobierno retóricamente de izquierda. Este ha promovido, en su lugar, expresiones de organización popular sin autonomía dentro de una renovada red clientelar, en medio de una de las mayores bonanzas económicas vividas por los altos precios petroleros.

Estas iniciativas populares, tuteladas desde arriba, poseen varios elementos que las caracterizan de otros movimientos sociales: 1) La solidaridad vertical suplanta a la solidaridad intra-clase: Las movilizaciones responden a una agenda política impuesta por la cúpula, siendo casi inexistentes sus propias convocatorias o actos de solidaridad cuando otras partes del movimiento son reprimidas por las instituciones.

2) Una identidad permeada por el culto a la personalidad y la ausencia de una historicidad y argumentación diferente de la originada por la figura de poder, lo cual impide cualquier hipotética "profundización de la revolución".

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3) El objetivo de su práctica es legitimar los proyectos gubernamentales, sin ningún proceso de construcción paralelo o diferente.

4) Un desgaste progresivo por su incorporación a la lógica acumulativa político-electoral.

El incumplimiento de las expectativas generadas por el chavismo ha aumentado exponencialmente las protestas populares durante el 2006, lo cual continuará incrementándose el año que viene. Pero es precisamente el chantaje de la polarización –"darle armas a la derecha", "manipuladas por el imperialismo"- la cual contiene el creciente descontento frente a un Estado que ni se transformó en el momento en que pudo hacerlo, ni cuya nueva burocracia realiza políticas diferentes al asistencialismo populista latinoamericano.

Los retos para los movimientos sociales, tras la hipotética re-elección presidencial, no son sólo de orden práctico, como puede ser su configuración autónoma o la experimentación de prácticas y espacios diversos de aprendizaje y contra-hegemonía. También son de orden teórico. La superación del maniqueísmo imperialista, centrado exclusivamente en la figura de George Bush, supondría la comprensión de las dinámicas múltiples del flujo de dinero y poder de la mundialización del dinero.

Y han sido precisamente los movimientos sociales, de ambos polos, quienes han internalizado la disciplina de ser un país exportador de energía barata, a despecho de cualquier consideración ambientalista, profundizando el papel asignado a Venezuela por la globalización económica. Pero si nos atenemos a los eventos de los últimos meses –acciones contra el carbón en el Zulia, protestas de los vendedores informales en Caracas y de los pescadores artesanales de Güiria- y cómo han sido enfrentados y criminalizados por las propias bases chavistas, el horizonte parece avizorar un largo período de conflictividad entre oprimidos: unos tratando de protestar por algunas mejoras estructurales, y otros enfrentándolos para escalar posiciones dentro de la jerarquía de afectos del personalismo de Estado.

Ley Habilitante: ¿participación restringida y predefinida?

RANTANPLÁN - [# 50, septiembre-octubre 2007] Cómo podemos pensar la participación en Venezuela? ¿Cuáles son los retos actuales para los movimientos sociales para lograr una participación más amplia en los procesos políticos? En este artículo tratamos de analizar y criticar el discurso político actual y sus tendencias de centralización del poder desde una perspectiva que reclama una mayor participación y una profundización de los procesos de democratización.

Siguiendo el discurso predominante dentro del chavismo, parece que en Venezuela existen solamente dos figuras confiables: Chávez y el pueblo. Mientras que el primero aparenta ser inteligente, honesto, capaz de tomar las decisiones necesarias y ejecutarlas con mano dura, el pueblo está concebido como sumamente bueno, siempre y cuando aparece como masa y no como individuos, se coloca del lado correcto más bien por intuición que por razonamiento, tiene necesidades pero carece de intereses.

De los demás actores sociales no se piensa nada bueno, sobre todo si laboran en la burocracia y en las instituciones gubernamentales.

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A pesar de la real ineficiencia y corrupción, hay que reconocer este discurso como un mecanismo que legitima la concentración creciente de poderes en una sola persona: Con la lentitud de la Asamblea Nacional se justifica la Ley Habilitante, con la ineficiencia de los ministros se justifica su constante revocación. Y al final queda Chávez, no sólo como única figura honesta, sino también como único personaje con perfil político en todo el aparato estatal. Su liderazgo se vuelve –de hecho ya se volvió– incuestionable.

Ese discurso legitimador, por un lado, funciona a través de la concepción de la eficiencia como rasgo más importante del quehacer político. ¿Es así? ¿No es más importante la participación e inclusión de diferentes opiniones e intereses? ¿Qué pasa con la representación de minorías y de mujeres en el poder que en algún momento se celebró, si sus representantes, como toda la asamblea nacional, ya no deciden sobre las leyes? Por otro lado, ese discurso trabaja sobre la noción de que existen necesidades históricas inalterables del pueblo, pensado como masa, de las cuales se desprenden de manera mecánica tanto los objetivos como los próximos pasos a seguir (véase p. ej.: "discurso de la unidad"). Es comúnmente aceptado que es Chávez quien los conoce y los puede prever. Así a pesar de las aseveraciones constantes, una discusión profunda acerca del camino que debe de tomar la sociedad no aparenta ser concebida como realmente necesaria. Y no es deseada tampoco como puede observarse en las hostilidades contra el PPT, Podemos y PCV quienes no se subordinaron a la agenda estricta de la conformación del PSUV como la planteó Chávez.

Esta configuración se refleja en la dinámica de los debates públicos acerca de lo político. Es Chávez quien plantea los temas, da el pulso del debate y quien, a la final, toma las decisiones. Funciona como centro de los debates situándose a la vez en una posición superior a los demás participantes. Es por eso que toda iniciativa social o política que quiere ser escuchada tiene que apelar al discurso de Chávez afirmando así su autoridad. No puede plantear sus asuntos de manera autónoma. Para que un tema se vuelva asunto público es necesario que sea mencionado por él en uno de sus discursos como pasó al comienzo del año en el caso de los buhoneros en Caracas, el Psuv o el Socialismo del siglo XXI. Esa tendencia de la esfera pública venezolana, la centralidad cada vez mayor de la figura de Chávez, va de mano en mano con las políticas actuales. Aunque el fin pronunciado de éstas sea la reorganización del Estado a favor de una mejor y mayor participación social, las medidas tomadas siguen la vía de una centralización de poder: El caso de la Ley Habilitante es obvio, y también los demás "motores de la revolución" dependen del presidente, no del poder popular. La reforma constitucional está a cargo de una comisión presidencial y no de una asamblea constituyente. Y también en el caso de la educación, de la "nueva geometría del poder" y de "la explosión del poder popular", es Chávez quien decide a través de comisiones presidenciales. Si bien se hacen consultas populares, éstas no son vinculantes.

La finalidad expresada y el camino tomado se contradicen tan obviamente que hay que preguntar si el objetivo no queda liquidado a mitad de camino. ¿Por qué no se empieza ya con la participación?, ¿a qué intereses responde eso?, ¿por qué no se anunció nada de eso antes de las elecciones para que el electorado supiese para qué tipo de política iría a votar?, ¿no es que el mismo poder popular está excluido de la elaboración de las leyes que lo afectan como es el caso de la nueva Ley de los Consejos Comunales?

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Independientemente de la intención, se apunta finalmente a una repartición desigual del poder: Mientras que Chávez decide sobre el rumbo que toma el país, el "pueblo organizado" se puede autoadministrar y autocontrolar según lineamientos predefinidos. En este sentido el caso de los consejos comunales es paradigmático: Igual que las demás organizaciones de base tienen que subordinarse a los lineamientos generales, en cuyo diseño apenas pueden influir. La "participación protagónica" difícilmente llega más allá de la administración de la propia pobreza, y hasta en ésta dependen en cuanto a la financiación de sus proyectos del aval de comisiones presidenciales. Lo que se ha anunciado como cambios previstos en la Ley se reduce a una ampliación de su radio de acción (financiar proyectos a nivel municipal) y no implica poderes mas allá de lo social y lo administrativo.

Y todo eso se vende en paquete. Si quieres participar un poco más tienes que aceptar dicha concentración del poder.

El problema central, como lo vemos, es por un lado la falta de derechos de participación real que se puedan reclamar judicialmente y que no dependan de la benevolencia de Chávez o buenas relaciones "semi" personales hacia las esferas más altas del poder. Por otro lado –y más importante todavía– está la marginalidad de movimientos sociales autónomos que puedan reivindicar o tomarse esos derechos. Una política emancipatoria debe fortalecer estos movimientos y romper con la noción del pueblo como masa, ya que la participación no necesita de ella, sino requiere individuos responsables y capaces de negociar sus intereses.

El autogobierno comunal RAFAEL RATTIA - [# 50, septiembre-octubre 2007] Desde las embrionarias experiencias de gobierno autónomo que llevaron a cabo los comuneros protagonistas de la histórica "Comuna de París" pasando por las libertarias revueltas insurreccionales del Espartaquismo alemán y las ricas e hipercomplejas experiencias del Consejismo italiano de los años 19 y 20 del pasado siglo; la idea del autogobierno democrático-revolucionario ha estado asociada al denostado concepto de autogestión ciudadana El lector debe saberlo de una buena vez: toda práctica de intervención social y política que comporte algún grado de "representacionismo" tiende a reproducir los abominables antivalores de expropiación ideológica y política de la voluntad del sujeto de cambio social. En consecuencia, postular una presunta democracia socialmente participativa y políticamente protagónica para disfrazar las relaciones de interacción entre "los nuevos dirigentes" y los eternos dirigidos no logra otra cosa que darle continuidad por otros medios a la antigua relación de alienación enajenante del individuo abstracto como fetiche jurídico de la historia. Una de las grandes zonas de divergencias antagónicas e irreconciliables entre los anarquistas libertarios y los marxistas autoritarios en el seno de la Primera Internacional estuvo centrada precisamente en la autodeterminación empírica y subjetiva del sujeto transformador. Desde su más temprana génesis histórica el marxismo nació bajo los influjos despóticos y autoritarios de la heteronomía.

El marxismo, aunque se autoproclame bolivariano, es reaccionario. Nada hay en el mundo tan fascista como un neomarxista ataviado de floripondiosos adjetivos postmodernos.

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El primer rasgo distintivo de la Democracia Directa es justamente eso que espanta a los bolivarianos de nuevo cuño: la rendición periódica de cuentas y la revocabilidad del mandato por los electores. La realidad venezolana nos muestra la evidencia de modo incontestable: cuando la actual nueva clase tecnoburocrática era tan sólo una fatamorgana política no mostraba reparos en izar las gloriosas banderas de la autoemmacipación revolucionaria de la clase obrera y demás monsergas propagandísticas; hoy, en este aciago y desconcertante presente histórico que vivimos, la vanguardia iluminada autoproclamada "socialista" esconde sus viejas banderas de lucha porque ya sabemos qué le sucede al que "escupe para arriba".

Hoy el concepto de autogestión del sujeto emancipatorio no sólo es peligroso sino que desapareció del léxico de la novísima burguesía bolivariana férreamente enquistada en el otrora mefistofélico poder capitalista. El lector que lee estas intempestivas líneas lo sabe asaz bien: el principio más preciado de la auténtica democracia sin apellidos es la alternabilidad y la rotabilidad de los cargos, la transitoriedad del funcionario público en cargos de elección popular, la elección directa y secreta, la rendición periódica de cuentas ante los electores y la eventual revocabilidad del mandato por parte de los mismos electores a cualquier funcionario público de cualesquiera condición o rango institucional.

La diferencia fundamental entre un paradigma de gestión pública o social bolivariano y uno de índole ácrata o anarquista estriba en que el primero reproduce, con sus prácticas aberrantes adecas y copeyanas (cuartarrepublicanas) las mismas relaciones de enajenación política que envilecen al ciudadano dejándolo en un bochornoso estado de postración política e indefensión ideológica ante el resto de la sociedad. Para el anarquismo libertario la democracia sólo es posible como acracia. Por ello la nueva clerecía redentora se afana tanto en tildar las emergentes prácticas autogestionarias libertarias de nefastas prácticas anarquistas; porque el anarquismo revolucionario le ronca los motores a los farsantes papanatas de la tiranía de nuevo cuño que se ha entronizado en la patria de los bolsones de resistencia cimarronera.

Reforma constitucional: globalización, disciplina y estatización RAFAEL UZCÁTEGUI - [# 51, noviembre-diciembre 2007] Intentar realizar un cambio por medios constitucionales es consecuencia de pensar al Estado como instrumento, mediante el cual se pueden alcanzar ciertos objetivos. Esta perspectiva constitucional aísla al Estado de su propio contexto. Lo que el Estado hace y lo que el Estado es, en realidad, está condicionado por el hecho de ser un punto en una red de relaciones sociales. Esa trama, del cual el Estado es uno de los nodos medulares, se estructura de la manera en la cual su modelo productivo se organiza. Para Venezuela es la exportación barata de energía, sintetizada bajo el nombre de "socialismo petrolero", según la reciente categorización efectuada por el primer mandatario.

Recapitulemos. Tras el final de la Guerra Fría comenzó un período caracterizado por la interdependencia multilateral creciente entre los diversos Estados nacionales, proceso conocido como globalización económica: un planeta, un mercado. Los Estados-nación tejen una abigarrada red de intereses y negociaciones, articuladas en geometrías diferentes según cada tema. La noción de imperialismo se sustituye por la de imperio, en la que una nueva lógica de dominio, el flujo planetario

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de capital, une a la serie de organismos nacionales y supranacionales que forman la actual soberanía global, caracterizada por la pluralidad de fuentes de autoridad.

No fue casualidad que a comienzos de los 90´s, cuando apenas comenzaba a vislumbrarse esta condición multipolar, la izquierda latinoamericana, perpleja por la caída del Muro de Berlín, configure su discurso casi exclusivamente en contra del neoliberalismo y en defensa de los Estados nacionales. Como huída hacia delante y retorno a sus pretensiones estadocéntricas, reinventa su estrategia de privilegiar la toma del poder estatal para producir el cambio oxigenándose dentro del discurso altermundista. Pero este entendimiento simplista acerca de la globalización, la mera sustitución de los Estados por multinacionales manipuladas desde un centro, no comprendía las propias mutaciones y reacomodos de los propios Estados. De antiguos sujetos soberanos pasaron a convertirse en actores estratégicos, fomentando la productividad y competitividad de sus propias economías en sintonía con los flujos económicos globales.

El Estado nunca se ha visto amenazado de desaparecer como práctica histórica. Cedieron, sí, parte de su soberanía para establecer mecanismos de gobernabilidad supranacionales y subregionales, pero continúan siendo esenciales para asegurar la productividad de las unidades económicas localizadas en su territorio. Los Estados-nación regulan, facilitan o bloquean los movimientos de capital, trabajo e información, disciplinando a sus poblaciones para cumplir con los compromisos surgidos de su rol en la economía planetaria.

Pdvsa es de todos (casi) El 27 de febrero de 1989 constituyó una línea de fuga para la reestructuración mundial del poder. La erupción de pasiones e irracionalidad enfrentada a la naciente arquitectura de la libre circulación del capital. La necesidad de la relegitimación sistémica tenía como precondición, claramente expresada en el llamado Consenso de Washington, la gobernabilidad. Una nueva forma de subordinación disciplinada debía difundirse por el entramado social e internalizarse por los ciudadanos: el devenido socialismo petrolero, el populismo chavista realmente existente. Mistificada por un discurso izquierdista, la Constitución de 1999 acopla el territorio venezolano con las exigencias del momento, otorgándole a la inversión extranjera las mismas condiciones que el capital nacional en su artículo 301. Esta normativa revertía definitivamente el proceso de nacionalización petrolera de 1974. El resto de los 349 artículos, incluyendo los magnificados acerca de los beneficios sociales, eran maquillaje de utilería.

En la reforma propuesta se profundiza el modelo, otorgándole rango constitucional a las empresas mixtas, la figura jurídica por la cual las empresas extranjeras han devenido en socias del gobierno venezolano en la explotación energética. Al proveer de manera segura y confiable de recursos energéticos al mercado mundial, el Estado venezolano gotea los beneficios creados por su iniciativa empresarial. Este orden es a la vez una forma de producción, una forma de gobierno, un discurso y un estilo que recrea una determinada subjetividad.

Ficción constituyente A estas alturas afirmar que la propuesta de reforma constitucional estatiza los canales de participación ciudadana es un lugar común. Diversos juicios de organizaciones de izquierda revolucionaria, al margen del bolivarianismo, y algunas expresiones del chavismo radical coinciden en ello. Al distinguir entre poder constituyente y poder constituido, difieren en la génesis del fenómeno

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de recuperación. Una tendencia considera que la autodenominada "revolución bolivariana" ha sido una serie de hechos constituyentes que han constituido un poder "popular" cuya figura visible es el Presidente Chávez. Según tal teorización, la reforma constitucional sería una estrategia de diversos factores de la naciente institucionalización para secuestrar el proceso iniciado en 1999. Ante esa situación, argumentan, sólo cabría una rebelión para convocar, de nuevo, una asamblea constituyente que "recuerde" al primer mandatario por donde deberían ir las cosas. Esta "revolución dentro la revolución" –para usar sus propios términos- es tan fantasiosa como imposible. En principio porque esta dicotomía mítica y nítida entre el "poder popular" y el poder político no existe. Y segundo, porque su razonamiento parte de una exaltación acrítica de las propias organizaciones sociales chavistas, sucedáneo de las certezas sobre la vieja dictadura del proletariado que subyacen en el imaginario bolivariano.

La cooptación del movimiento popular no comienza con la aprobación de la reforma constitucional.

El desmantelamiento del tejido insurgente de base, en cambio, se inicia cuando un candidato presidencial logró capitalizar a su favor el descontento catalizado tras el Caracazo. Al ganar las elecciones en 1998, se inicia un proceso dialéctico de simbiosis entre el nuevo gobierno y las organizaciones sociales. Por una parte la nueva burocracia transformó activistas en funcionarios, decapitando liderazgos locales ante la ausencia de relevos generacionales. En otra dimensión, parte de los propios movimientos abogó activamente por ser reconocido e integrado en la política de subsidios estatales, negociando leyes para reglamentar su legitimidad y acceso a los recursos. La integración fue tanto económica como discursiva. Al utilizar su retórica, vacía de significado, el gobierno pudo ganar a su favor buena parte de las organizaciones sociales que lo precedieron, imponiéndoles su propia agenda política y electoralizando su calendario de movilizaciones. La polarización política hizo el resto. La implosión y fragmentación de las organizaciones barriales, sindicales, ambientalistas, estudiantiles, de mujeres y contraculturales era una condición para imponer una nueva gobernabilidad y la paz social.

La autonomía beligerante de las bases chavistas fue reiteradamente erosionada por la imposición sucesiva de modelos de organización decretados desde arriba, no resultantes de las luchas y experiencias concretas de la gente. Tal efervescencia obnubiló a entusiastas del "empoderamiento popular", quienes pasaron a difundir una percepción sesgada de su dinámica empírica. Círculos bolivarianos, fundos zamoranos, consejos comunales, cooperativas, comités de tierra urbana, medios comunitarios, cultivos hidropónicos y gallineros verticales se fundaron, en gran parte, como extensión de la oferta política, institucional y simbólica del Estado. Volviendo sobre los términos: siendo creaciones del poder constituido. Como ha sido desarrollado por otros, y los hechos reiteran, la amplia base de apoyo al primer mandatario no construye su identidad en torno al socialismo, sino en torno a la figura del Presidente. No son revolucionarios, son chavistas. Las consecuencias son diversas, entre ellas la ausencia de lazos de solidaridad horizontales y la presencia de todas las perversiones jerárquicas, individualistas y competitivas de la cultura imperante.

La hipotética reforma de la Carta Magna representa, en efecto, un momento de inflexión del modelo chavista de dominación. Pero a su vez, no significa una ruptura con la evolución de las políticas delineadas en los últimos años. Constitucionaliza y legitima una serie de prácticas conocidas, entre ellas, el encasillamiento y subordinación del movimiento popular. Para ello, no debemos olvidarlo, usando los recursos económicos producidos por una de las mayores bonanzas petroleras de los últimos 30 años. Cualquiera que se tome la molestia podría descubrir, hurgando en la historia venezolana, la coincidencia de los ciclos de estabilidad y revuelta social con los de abundancia y crisis económica. Pero este ya es tema para otro artículo.

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Editorial [# 52, febrero-marzo 2008] Comienza el año y ya es clara la agenda electoralista con la cual otra vez se intentará domesticar a las luchas sociales en Venezuela, un libreto que se aplica sin originalidad pero con éxito desde hace 10 años. Estando previstos para el 16 de noviembre los comicios para gobernadores, diputados legislativos estadales y alcaldes, los politiqueros oficialistas y de oposición entraron en campaña prácticamente desde que se pasó la página del Referéndum Constitucional del 2-D, proponiendo de nuevo la tramposa oferta de postergar las demandas colectivas para después que resulten electos a los cargos en disputa. De uno u otro bando se vuelve a vender el cuento según el cual, en vistas a la importancia de esas elecciones para la “reconquista de la libertad” o para “el avance revolucionario”, no habrá nada políticamente más importante por hacer en 2008 que abrirles el camino a la victoria en las urnas, tras la que esos preclaros representantes del pueblo atenderán sin descanso y con pericia los reclamos de sus electores.

No gastaremos palabras en explicar lo mentirosa de tal oferta, pues de ello dará testimonio cualquiera que haya vivido en este país y tenga noticias o experiencias sobre lo que ha ocurrido con los favorecidos por el voto, entre quienes sólo se podría diferenciar a los terriblemente ineptos de los medianamente inútiles, a los corruptos desvergonzados de los traficantes de influencias cautelosos, o a los tecnócratas simuladores de eficiencia de los demagogos vociferantes. Eso si, en lo que han sido iguales es en el empeño por aplacar (por las buenas o por las malas) todo lo que sea o se parezca a lucha autónoma de los de abajo. Tampoco hay que olvidar dos puntos evidentes el 2-D ante los que unos y otros callan: de un lado, los militares terminan estableciendo el resultado que debe aceptarse, pasándose por el forro de los Kalashnikovs aquello de la “soberanía popular que libremente decide en los comicios”; y del otro, la dudosa pulcritud de los actos electorales criollos, ejemplificada en ese 15 % de actas y 1.800.000 votos que aún no cuenta el CNE en este referéndum oficiosamente definido por un margen de 125.000 sufragios.

Dado que la pantomima es repetida y los espectadores podríamos hacer menos caso, los farsantes de turno juran y perjuran que ahora si, que esta vez tendrán excelsos postulantes comprometidos a muerte con la “revolución” o la “democracia” –según la verborrea de la pandilla respectiva- quienes, además, combinarán heroica honestidad (según los gustos ideológicos, cual el Che Guevara o la Madre Teresa) con eficiencia gerencial sin tacha (ídem, como ejecutivo senior de transnacional o como comisario de finanzas de las FARC). Estos carrasposos cantos de sirena ya empezaron y téngase plena seguridad que arreciarán en los meses siguientes, pero su desmentido se hará patente a quien quiera verlo con la selección definitiva de candidatos en medio del habitual proceso de imposición desde arriba, zancadillas partidistas y picardías varias, para acabar favoreciendo a los inevitables personajes que de tiempo atrás nos vienen haciendo el truco de la bolita ganadora, junto con ciertas caras nuevas listas para repetir el viejo timo.

Con ese panorama, no tenemos ninguna duda sobre la vía que proponemos e impulsaremos para estos tiempos, la misma sobre la cual hemos insistido hace años, recogida en las páginas de esta edición en algunas de sus expresiones concretas y propuestas para la acción: la reconstrucción de la autonomía de las luchas sociales, única ruta que permitirá a oprimid@s y explotad@s avanzar en la solución a sus problemas actuales. Nueve años han sido más que suficiente para saber que no hay nada que esperar del caudillismo mesiánico encarnado en Hugo Chávez, y las anteriores cuatro décadas nos dijeron algo similar de las burocracias partidistas hoy opositoras, de modo que el 32

auténtico dilema es sí seguiremos abordando un funesto autobús electoral que solo lleva a esos destinos fracasados, o construiremos una alternativa entre tod@s, armonizando lo individual con lo colectivo, con participación consciente que no delegue sino confíe en nuestras capacidades, con organización horizontal, sin imposiciones autoritarias de ningún tipo, articulando las demandas con las capacidades para satisfacerlas que hay en las colectividades. Es esta la senda por la cual entendemos va la posibilidad de transformar profunda y positivamente a Venezuela.

Recuperar la autonomía: propuesta libertaria para el momento actual REDACCIÓN - [# 52, febrero-marzo 2008] Los cambios en la sociedad son producidos por la acción de los movimientos populares y no por los gobiernos. Como ha sido sobradamente demostrado en el caso venezolano, y ha ocurrido en varias oportunidades en América latina, los sentimientos de cambio de las mayorías han sido canalizados y recuperados por una nueva burocracia que intenta, por todos los medios, eternizarse en el poder.

Desde 1999 la supervivencia estructural del nuevo gobierno ha sido el principal fin de la estructura misma. Y en la centralización, militarización y personalización promovidas bajo el eufemismo de "proceso de cambios", una de sus tareas primordiales ha sido la pacificación y cooptación de la infinidad de fuerzas y actores que, durante la década de los 90´s, peleó por terminar con el dominio del binomio Acción Democrática (AD) y COPEI, los dos partidos políticos que gobernaron sucesivamente al país desde 1958.

Al creerse representados por el tren ejecutivo electo a finales de 1998, las decenas de movimientos sociales que habían rechazado el neoliberalismo, la privatización de los servicios públicos, las diversas masacres realizadas por el Ejército (Yumare, El Amparo, etc) y las diversas políticas hambreadoras y excluyentes del puntofijismo, decidieron darle al presidente Chávez toda su confianza, otorgándole literalmente un cheque en blanco. Los oprimidos y oprimidas de diverso signo dejaron de lado sus propias reivindicaciones para asumir, como suyas, las políticas emanadas desde Miraflores. De esta manera, las organizaciones comunitarias y de base abandonaron sus propias reflexiones y manera de hacer las cosas, su autonomía de pensamiento y acción, para internalizar y repetir los discursos y lógicas de otros y otras, quienes decían actuar a nombre del pueblo. Tras gobernar por ocho años, contando con la mayor riqueza económica de los últimos 30 años y todos los poderes públicos a su favor, empezamos a descubrir y corroborar que todo ha cambiado para ser igual a lo que había antes.

Que hemos cambiado el nombre de nuestros amos para continuar estando tan oprimidos y oprimidas como siempre. Que aquellos que han ensuciado la palabra "revolución", y otras tan bonitas como esa, han gestionado nuestras miserias para hacerse su lugar en la élite de ricos y privilegiados. En contraposición, otros compañeros y compañeras, desenamorados del proyecto "bolivariano" y cegados por la rabia, han pasado de seguir a los opresores de hoy a secundar los dominadores de ayer, en la equivocada estrategia de optar por el "mal menor". Y como sus pares chavistas, han hipotecado su libertad para dejarse conducir por otra cúpula que dice, desde sus alturas, las tareas a realizar. Con unos y otros razonamos: Es hora de recuperar nuestra autonomía como primer paso para construir un verdadero cambio.

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Lo que es la autonomía Autonomía es la capacidad de darnos nuestras propias reglas de funcionamiento y cuestionar lo que hemos heredado de la historia. La palabra proviene del griego "autosnomos" y significa "que se da a si mismo su ley". La autonomía, en política, es la posibilidad que los seres humanos sean capaces de definir, de manera libre, sus propios proyectos de vida, que sean ellos y ellas mismas quienes gestionen y decidan, de la forma más democrática posible, cada uno de los aspectos que atraviesan su cotidianidad: desde el trabajo a la sexualidad, del uso de su tiempo libre a la alimentación, etc.

Lo contrario de la autonomía es la heteronomía, vivir bajo reglas que no decidimos. Los diferentes poderes nos educan para la servidumbre, siendo siempre otros y otras quienes toman las decisiones.

Y estas medidas, así como las instituciones que las ponen en práctica, se dicen sagradas e indiscutibles. Un individuo comienza a ser autónomo cuando comienza a preguntarse si eso debería ser siempre así, o si por el contrario las cosas pudieran funcionar mejor de una manera diferente. Por ello se dice que la autonomía es una interrogación sin fin, que no se detiene ante nada y que, incluso, revisa constantemente sus conclusiones preliminares. ¿Si el Estado, el gobierno, el ejército y las cárceles son injustos y opresores, no pueden ser cambiados por algo mejor? Un individuo autónomo nunca olvida, por tanto, que son los seres humanos quienes han creado las leyes de funcionamiento de la sociedad. Y por ello pueden ser sustituidas en cualquier momento, por los individuos, cuando atentan contra el bien común. La autonomía individual se produce a partir de la libre reflexión y la deliberación, concretada en un pensamiento propio, siendo soberano de sí mismo/a y de sus actos.

Un viejo revolucionario ruso, llamado Miguel Bakunin, afirmó que la libertad de los demás elevaba la libertad personal hasta el infinito. Un individuo autónomo entiende que no puede ser independiente si vive en una sociedad opresiva y desigual. Por ello se organiza con sus iguales para enfrentar a quienes limitan el goce de sus derechos y su libertad. La autonomía propone la autoorganización rechazando las injerencias exteriores, creando sus propias formas de organización, las cuales trabajarán por los objetivos trazado por los propios involucrado/as. De esta manera, los movimientos sociales autónomos son organismos populares que responden a necesidades sentidas por sus integrantes y no a los decretos de ningún poder. Al desarrollarse al margen y en contra de las instituciones que los dominan, realizan prácticas de autogestión y acción directa. Un movimiento social autónomo levanta sus propias banderas de lucha, las cuales no posterga, negocia, subordina ni abandona por ninguna razón exterior. Esto no significa que puedan coincidir con otros movimientos para la búsqueda de objetivos comunes, pero estas relaciones deben ser en condiciones de igualdad, preservando la identidad de las partes y reforzando, sin diluir, sus metas originales. Por otra parte, los movimientos sociales autónomos generan sus propios recursos, de manera autogestionaria, rechazando el mecanismo de subordinación de los subsidios del gobierno, partidos políticos y de los empresarios.

Todos los gobiernos necesitan controlar las fuerzas beligerantes, por eso saben que necesitan cercenar la autonomía de los grupos con potencialidad de generar cambios verdaderos. Al crear por decreto el llamado "poder popular", el ejecutivo se asegura de canalizar los esfuerzos de los de abajo en oxigenar, legitimar y perpetuar la situación de dominación, maquillándola con nombres bonitos.

Los organismos resultantes, debido a su ficticia independencia y no haber sido gestados dentro de la lucha de la gente, reproducen los vicios del Estado y del resto de las instituciones opresoras. El poder, de todos los apellidos (estatal, municipal, militar… o popular) posee un instinto de preservación a toda costa, y más temprano que tarde crean una nueva burocracia, tan perversa como la que han desplazado de la conserjería gubernamental.

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Autonomía de las luchas, ahora La creación y experimentación de diversas expresiones organizativas busca generar, aquí y ahora, una cultura –entendida como la manera de hacer las cosas- diferente. Por ello, la autonomía opta por la toma de decisiones de forma asamblearia, por la democracia directa, por garantizar el respeto a la diversidad, frenar la jerarquización, el autoritarismo y la pérdida de independencia y soberanía en las luchas. Al tener prácticas alternativas a las del poder, los oprimidos combatimos su hegemonía al construir, ladrillo a ladrillo, una cultura propia y diferenciada, una identidad y un imaginario compartido. En este aprendizaje, los medios deben siempre ser coherentes con los fines.

La propuesta para el momento actual es la creación de una constelación de diversos grupos y movimientos autónomos, autogobernados por sus integrantes, para pelear por la conquista de los derechos secuestrados por el poder: vivienda, empleo digno, salud, educación, seguridad personal, espacio público y calidad de vida, entre otros. Algunas experiencias recientes, como el movimiento indígena y ambiental contra el carbón en el Zulia y el Comité de Víctimas contra la Impunidad en Lara, ya caminan en esta dirección. Luego, la creación de múltiples espacios para la supervivencia y la resistencia, autónomos y totalmente ajenos al Estado y a la empresa privada, relacionados entre sí de manera horizontal y por cooperación sin mando. La existencia de muchos movimientos autónomos romperá la falsa polarización: ni chavistas ni opositores, serán personas luchando por sus propios derechos y no por los privilegios de las cúpulas.

Las instituciones del poder intentarán acorralar, sin duda, la beligerancia libre de los de abajo. Pero al crear sucesivas situaciones insurreccionales difusas por parte de los movimientos autónomos, su conexión, cohesión, amplificación y radicalización –debido a la imposibilidad del gobierno en satisfacer sus demandas-, transformará los movimientos efímeros de revuelta en momentos de revolución y autogestión generalizada. De esta manera los movimientos autónomos tienen potencial de transformarse, por la vía insurreccional, en un verdadero movimiento revolucionario. Y para esto no hay atajos: ni políticos con máscara popular, ni caudillos con pies de barro. Esta es la gran lección que debemos aprender del llamado "gobierno bolivariano".

Consejos Comunales: ¿espacios para la soberanía popular o para el clientelismo?

MARÍA PILAR GARCÍA-GUADILLA - [# 53, mayo-junio 2008] [Los Consejos Comunales (CC) son un nuevo actor comunitario. Su actividad principal ha sido la formulación de proyectos que beneficien a su ámbito territorial, con el fin de recibir recursos del gobierno. Este manejo de dinero ha sido puesto en tela de juicio, pues pudiera estimular el clientelismo y la corrupción, además de no existir independencia de la contraloría social, la cual es realizada por los propios miembros de los CC. La investigadora y activista Maria Pilar GarcíaGuadilla ha realizado una investigación sobre el terreno, cuyo resumen publica El Libertario.]

Anteriormente al presente proceso las organizaciones comunitarias desarrollaron dos tendencias. En los sectores populares se conformaron, a partir de 1958, los Comités o Juntas Pro-Mejoras o ProDesarrollo, los cuales fueron estimulados por los partidos políticos, sirviendo para transferir recursos

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del gobierno de turno con el propósito de mejorar a las comunidades. Sus fines fueron obtener apoyo político y/o electoral, cercenando su autonomía, sin lograr constituirse en un movimiento social.

En las urbanizaciones de clase media, por su parte, se dio un intenso movimiento ciudadano en la década de 1979-1989, liderizado por la Federación de Asociaciones y Comunidades Urbanas (FACUR) y bajo el lema de la “participación para la profundización de la democracia”. Se logró articular, además de a las Asociaciones de Vecinos, a las organizaciones populares de base, al movimiento cooperativo y a los movimientos ecológico y de mujeres entre otros. Sin embargo, ante la pérdida de legitimidad y de adeptos que sufrieron los partidos políticos, éstos intentaron, en algunos casos con relativo éxito, cooptar a las asociaciones de vecinos.

Con la llegada del Presidente Chávez al poder en 1999, el discurso de la democracia participativa y las figuras que lo encarnan se han ido modificando. Entre las primeras figuras se encuentran los Círculos Bolivarianos (CB), creados por decreto presidencial. En la oportunidad del Referéndum Revocatorio Presidencial y de las elecciones, los CB fueron penetrados por los partidos políticos, en particular por el Movimiento Quinta República (MVR). Como consecuencia, los CB tendieron a abandonar sus funciones primarias y se transformaron en organizaciones para-políticas, incorporándose a las Unidades de Batalla Electoral para la búsqueda de adeptos al Presidente Chávez, con motivo del Referéndum de 2005 y de las elecciones políticas de 2005 y 2006.

Otra de las instancias de participación fueron los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP).

En éstos se plasmó una visión descentralizadora del poder local, se combinaron los principios de representación y participación y se legitimó la participación de la pluralidad de organizaciones sociales existentes en el ámbito municipal. Sin embargo, algunos alcaldes, tanto de la oposición como oficialistas, se han sentido amenazados en sus funciones y han puesto trabas para su conformación o han nombrado a dedo a los miembros de los CLPP. Esto ha traído como consecuencia, la penetración de los CC por el partido o gobierno local de turno.

Algunas de las asociaciones de vecinos continuaron activas aún después que Hugo Chávez asumió la Presidencia. La fuerte oposición llevó a las Asociaciones de Vecinos a buscar una figura constitucional para expresar sus desacuerdos. Desde fines de 2001, en las urbanizaciones de clase media se promovieron las Asambleas de Ciudadanos (AC). A pesar de conformarse a partir de asociaciones existentes en las urbanizaciones, las AC transcendieron el objetivo y el ámbito espacial, asociándose a los partidos políticos de la oposición a lo largo del conflicto de 2002 al 2005.

La AC como forma organizativa quedó relegada por los CTU y los CC en el discurso presidencial.

Asimismo, la normativa sobre estas últimas ve a las AC como el “mecanismo o medio” para constituir y tomar decisiones en las otras instancias organizativas. Por ello, después de perder el Referéndum Revocatorio en agosto de 2005 y ante la ausencia de una Ley de Participación Ciudadana que normara a las AC, las mismas tendieron a desactivarse, distanciándose de los partidos políticos y regresando a defender sus espacios vecinales.

Los Comités de Tierra Urbana (CTU), se constituyeron por Decreto Presidencial con el objetivo de participar en la resolución de los problemas del hábitat. El ámbito geográfico de los CTU es local y aunque tienen funciones específicas, algunas de sus funciones son semejantes a las de las antiguas asociaciones de vecinos y a las de los CB. Para el año 2006, el número de CTU se contabilizó en más de seis mil pero al igual que con los CLPP, los CTU han tendido a ser desplazados como figura 36

organizativa para la democracia participativa, con la entrada en vigencia en el año 2006 de la Ley de los Consejos Comunales (LCC) y el auge de éstos. Algunos CTU han cuestionado la existencia de los CC, aduciendo que el otorgamiento de recursos que el Estado les transfiere les hace vulnerables a la cooptación y pudiera llevarles a perder autonomía. Las cifras oficiales estiman que para mediados del año 2007 existían unos dieciocho mil (18.000) Consejos Comunales; no obstante, la cifra dada el 2 de agosto de 2007 por el Presidente Chávez en el Tercer Gabinete Móvil sobre “La Explosión del Poder Popular”, celebrado en Caracas con motivo de la IV Cumbre Social por la Integración de Latinoamérica y del Caribe, fue de veintiséis mil (26.000) Consejos Comunales.

El “deber ser” de los CC: discurso presidencial y marco legal La Ley de los Consejos Comunales (2006) los define de la manera siguiente: “Los consejos comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e interpretación entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas publicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y de justicia social”.( Art. 2).

Además de haber surgido de arriba hacia abajo, los CC fueron adscritos a la Comisión Presidencial del Poder Popular que se creó con este fin. Dada la relevancia que tienen en el proyecto sociopolítico del Presidente Chávez, su activación ha traído como consecuencia que la participación popular para la gestión comunitaria haya tendido a desplazarse de organizaciones anteriormente creadas tales como los CB, los CLPP, los CTU, las Mesas Técnicas del Agua, las Mesas Técnicas de Energía, los Comités de Salud y las cooperativas de servicios entre otras, hacia la nueva figura de los CC. También se amplió el número de funciones que se le asignaron a estos consejos las cuales incluyen, además de la definición y jerarquización de las necesidades básicas de la comunidad, la ejecución directa de los recursos económicos que le transfiera el Estado central.

Algunas conclusiones Los objetivos y el discurso de la mayor parte de los actores gubernamentales, políticos y sociales alrededor de los CC no coinciden con las praxis. Mientras que los objetivos y el discurso presidencial hablan de empoderamiento, transformación y democratización, las praxis observadas apuntan hacia el clientelismo, la cooptación, la centralización y la exclusión por razones de polarización política.

Entregar recursos a las comunidades sin que exista la experticia ni los mecanismos para garantizar la transparencia, hace a los CC más vulnerables a demandas reivindicativas, a prácticas de clientelismo, dependencia y cooptación alejándolos de la posibilidad de construir el poder comunal.

Desde el año 2000, la mayoría de las organizaciones socio-políticas creadas por el Presidente Chávez o por la oposición política para concretar la democracia participativa, expresadas en la Constitución de 1999, se han visto penetradas por los partidos políticos en el periodo 2002-2007. Esta cooptación ha sido unas veces temporal (caso de los CTU y de las AC) y otras, permanente (caso de los CB).

El modelo de democracia directa propuesto para la constitución de los CC, prescinde de la representación a favor de la participación directa tipo asamblearia, cuyas decisiones son vinculantes.

Este tipo de participación entra en ocasiones en conflicto con la “representación” que señala la Constitución actual, encarnada a nivel local en los gobiernos municipales y parroquiales.

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El ámbito territorial micro-local de los CC, el cual no se corresponde ni con el ámbito políticoterritorial de la parroquia ni del municipio, lleva a que la democracia directa local que propugnan tenga graves dificultades para articularse hacia arriba y así, ascender en la escala de decisiones.

En el corto plazo y dada la competencia por los recursos económicos del Estado que existe entre los CC, también se dificulta el desarrollo de una red organizativa alrededor de la participación, que trascienda este tipo de reivindicaciones micro-locales y sea capaz de definir intereses colectivos a escala mas amplia.

Casi ninguno de los CC, ya sean de los sectores populares o los de la clase media, piensa esta figura como el espacio más idóneo para debatir un proyecto alternativo, democrático y descentralizado de sociedad. En consecuencia, aun cuando los CC son percibidos como espacios de empoderamiento, no lo son desde el punto de vista político.

Al interior de los CC, se libra una lucha entre constituirse en una instancia para-estatal clientelar o ser un movimiento social; es decir, entre la posibilidad de ser cooptado por el gobierno que otorga los recursos y presiona para someterlos al PSUV y la autonomía y permanencia como movimiento social a costa de entrar en conflicto con el ejecutivo. En la mayoría de los casos estudiados, se ha observado que las personas siguen llevando a ese espacio “las listas de problemas individuales”, pero no existe un empoderamiento ni una verdadera participación, debido a que no se ha roto la estructura de relaciones tradicionales clientelares.

La existencia de recursos económicos inmediatos dirigidos a los CC, crea un conflicto entre el corto plazo que exige resultados inmediatos y el tiempo social que requiere el desarrollo de una verdadera cultura cívica y política democrática, generando valores tales como el pluralismo, la aceptación del otro, la transparencia y la solidaridad, que suponen por tanto un mediano y largo plazo.

La mayoría de los CC analizados, no son espacios donde se construyan nuevas subjetividades, ni donde se promuevan ciudadanías y proyectos de sociedad divergentes; es decir, no son un movimiento social. No parecen tener la capacidad de movilizarse a favor de nuevas formas de ciudadanía o por derechos. Las movilizaciones que realizan tienen un carácter reivindicativo y tienden a responder a las presiones del gobierno.

Hasta el día de hoy, la mayoría de los CC carecen de la capacidad para ir mas allá de hacer pequeños cambios y mejoras en el entorno que ocupan. Carecen, también, de la capacidad para enriquecer las identidades sociales y culturales y, de este modo, contribuir al pluralismo de los modos de vida urbanos. No han generado un proyecto de sociedad autónomo, alternativo y divergente del Estado que permita la construcción de hegemonía para la transformación social.

Para que las organizaciones sociales puedan construir un proyecto social alternativo propio, uno de los requisitos es su autonomía del Estado, la cual se ve severamente dificultada por el hecho que el proyecto sociopolítico que dio origen a los CC es el Proyecto Bolivariano por la relación clientelar en que éstos se inscriben.

Dada la novedad, dinamicidad y la heterogeneidad ideológica, social, geográfica e incluso, étnica de los CC, resulta arriesgado analizarlos como un ente homogéneo, pues en su interior conviven tanto las oportunidades para hacer real la democracia participativa como las limitaciones para cercenarla.

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La autonomía de los movimientos sociales en su laberinto RAFAEL UZCÁTEGUI - [# 55, enero-febrero 2009] Al hacer un balance del año 2008 desde la perspectiva de los movimientos sociales venezolanos su saldo reivindicativo y autónomo es negativo. La electoralización de sus dinámicas, de cara a las elecciones regionales del pasado 23 de noviembre, supeditó su agenda social a la política, diluyendo sus exigencias dentro del chantaje polarizante. En este sentido, son múltiples los retos a futuro para el desarrollo de movimientos sociales tan autónomos como beligerantes.

Cooptados e inmovilizados Las movilizaciones estudiantiles, a favor y en contra de la revocación de la concesión de Radio Caracas Televisión, en mayo del 2007, crearon la expectativa de reactivación de un actor social que había generado importantes dinámicas sociopolíticas en la década de los 80´s. Sin embargo, sus vocerías más conocidas, tanto del grupo oficialista como del opositor, se mimetizaron con las demandas de los partidos políticos. Tanto unos como otros pasaron a ser aspirantes u ocupantes de importantes cargos en la administración pública, sin que hubiera signos de la renovación de la dirigencia dentro de las filas estudiantiles. La mayor muestra de la ausencia de una visión e identidad propia, fue la ausencia de expresiones organizadas de repudio a las muertes de los estudiantes Douglas Rojas (Mérida) y Mervin Cepeda (Ciudad Bolívar) por parte de funcionarios policiales cuando participaban en manifestaciones.

Otros movimientos sociales que anteriormente habían generado sus propias dinámicas, igualmente, asumieron la campaña electoral como prioritaria. Este fue el caso del movimiento campesino, quienes habían presionado al Ejecutivo para la clarificación de los asesinatos de campesinos por parte de terratenientes. A pesar que entre los meses de junio 2007 y mayo 2008 se registró la muerte de cinco dirigentes y la muerte por sicariato de 7 campesinos; su acción más conocida fue la toma del Palacio Arzobispal de Caracas para protestar por declaraciones de la iglesia y medios de comunicación contra el gobierno. Por su parte, los sindicatos han perdido su capacidad de incidir en las políticas laborales gubernamentales. La ausencia de discusiones de contratos colectivos, y la apatía de la dirigencia obrera frente al sicariato contra los trabajadores del sector construcción y petrolero es consecuencia de su uso instrumental por parte de la clase política.

2008 fue un año de desmovilización de los movimientos sociales y de su cooptación por parte de los actores políticos confrontados por el control del Estado. No obstante, según el monitoreo realizado por Provea, cada día se llevaron a cabo un promedio de 4,83 manifestaciones, la mayor cifra desde el año 1998. Los vecinos y trabajadores fueron los sectores que protagonizaron mayores acciones de protesta, sin embargo, esta capacidad de respuesta no posee correlato orgánico.

Odios mellizales Los resultados electores del 23N refuerzan la estrategia polarizante y el autoritarismo de cada bando.

Del lado oficialista, los resultados fortalecen el liderazgo unidireccional del presidente Chávez, y como consecuencia, del PSUV. Los escasos votos alcanzados por las llamadas “disidencias” chavistas debilitan la discusión y la heterogeneidad a lo interno del movimiento bolivariano, contrariando la tesis que afirmaba la posibilidad de potenciar dinámicas revolucionarias paralelas e independientes 39

como parte de un ciclo, que si bien era liderizado por el oriundo de Sabaneta, permitía un margen para los llamados “poderes creadores del pueblo”. El “proceso” revolucionario, como era denominado por muchos de sus partidarios, falleció de muerte súbita en la pasada cita electoral. Del lado de la oposición massmediática, el panorama no es sustancialmente diferente. A pesar de la ausencia de un verdadero tejido social, así como de una propuesta que merezca ese nombre, las victorias y derrotas electorales fueron adjudicadas a la falta o consecución de la “unidad”, un eufemismo que maquilla la imposición de candidatos por parte de la cúpula antichavista, así como el deseo de reconstruir el bipartidismo y la alternabilidad del pasado. Por tanto, una fuerte posibilidad la constituye la reedición de un centro político similar a la desaparecida “Coordinadora Democrática”, en dónde las tensiones procederán de los sectores qua representan la socialdemocracia y la democracia cristiana. En cualquiera de los bandos, la estrategia a seguir es la permanente movilización electoral bajo el esquema de la polarización y la correlación de fuerzas.

Cara al futuro Para la mayoría de los movimientos que se miran a si mismos en una alianza táctica con el Ejecutivo Nacional, el dilema del 2009 continuará siendo la cooptación o el mantenimiento de espacios de autonomía. El mantenimiento de lazos clientelares con el Estado, para muchos de ellos, ha significado la posibilidad de contar durante varios años con recursos para arrancar y funcionar. Los posibles recortes presupuestarios estatales, en un escenario de crisis económica, separará el grano de la paja, asfixiando aquellas experiencias artificiales, subsidiadas con el dinero público, de las que hayan podido construirse un nicho dentro de la sociedad. Una posibilidad es que se repita la burbuja cooperativa, cuya promoción activa -y desde fuera- por parte del gobierno afirmó haber conformado 250.000 asociaciones en 7 años, número que en la actualidad se estima realmente en menos de 40.000. De estas, según proyecciones de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, sólo el 33% estaría en proceso de producción.

Los retos para los movimientos sociales no son exclusivamente económicos. Las organizaciones de base adolecen de una visión propia del mundo, un bagaje teórico, práctico e histórico que les permita trascender los niveles mediocres del discurso político promedio, así como la infantilización del pensamiento promovida por los gestores de la polarización. Por otra parte, deben trascender las presiones por sumarse a las agendas electorales e, independientemente de sus filiaciones y pronunciamientos en coyunturas concretas, mantener erguidas las banderas que las identifican y cohesionan como iniciativa colectiva deseosa de transformar una realidad, así como la posibilidad de autoconvocatoria y mantener en el tiempo su propia agenda de funcionamiento.

Los malos hábitos del 2008 conspiran en contra. Cualquiera que sea el resultado de la propuesta de enmienda constitucional, el escenario favorable para el nuevo bipartidismo es promover una serie de escaramuzas intermedias teniendo a las elecciones del 2012 como gran objetivo. Esto significa 4 años de hipoteca de las demandas de los de abajo por el mantenimiento de los privilegios de los de arriba.

Si se coincide en que los verdaderos agentes transformadores son los movimientos sociales de base beligerantes y autónomos, y no el gobierno del color que sea, el trabajo a impulsar es revertir esta tendencia, rompiendo los falsos consensos, promoviendo los conflictos con el desarrollo de prácticas contra-hegemónicas, peleando contra las miserias de la vida cotidiana con una visión de largo aliento.

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Un lector participa ARNALDO COTTY - [# 56, mayo-junio 2009] Desde el Estado Lara les remito esta reflexión para discusión y debate: Si analizamos con precisión y revisamos con sumo cuidado lo que ha sido el proceso de conformación de los Consejos Comunales y sus posteriores actuaciones, nos encontramos con los siguientes elementos políticos: 1. Los Consejos Comunales no nacieron al calor de las luchas sociales, al calor de las circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales, financieras y hasta militares.

2. El Estado venezolano liderizado por el presidente Hugo Chávez Frías y sus instituciones burguesas, le dio forma a estas estructuras comunales, o sea, que nacieron del poder constituido y no de un proceso constituyente. Esto significa que hoy en día están capturados por el gobierno, que los convierte en simples maquinarias electorales, cuyas consecuencias no son otras que la desmovilización de los movimientos populares.

Si se revisan minuciosamente las actividades de los Consejos Comunales, y me atrevo a decir que a nivel nacional, no han protagonizado movilizaciones populares en respuesta al alto costo de la vida, a la impunidad, a la corrupción, en contra de la entrega de la soberanía con la figura de las empresas mixtas (en la faja petrolífera del Orinoco). Considero que eso se traduce en su malformación congénita; son espacios institucionalizados, que no pueden dar repuestas por su condición de dependiente; fíjense ustedes, si algún Consejo Comunal se atreve a desobedecer al Estado, si se rebela contra las injusticias, seguro pasará a conformar la lista de excluidos en el devenir económico de la nación y con etiqueta de escuálidos, agentes de la CIA, de ultraderecha, de oposición.

El llamado es a reivindicar el carácter movilizador y de transformación de los movimientos populares; su papel histórico es dar respuesta a las injusticias, no convertirse en cómplices silenciosos de la corrupción, de la entrega de la soberanía, y de un Estado que habla de revolución, de socialismo, en tremenda contradicción con lo que vivimos diariamente, en una sociedad donde los factores reales de poder no han sido sustituidos (una clase dominante que domina a una mayoría, que controla el poder judicial, económico, financiero, legislativo y con una constitución que los favorece), no ha sido sustituido el modo de producción (se mantiene la relación capitalista-patrón y obrero, con la consiguiente explotación), ni hay la intención de hacerlo.

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Editorial [# 59, junio-julio 2010] La polarización, promovida y mantenida por la pugna entre las dos burguesías que se disputan el poder del Estado y el robo de la riqueza petrolera, ha comenzado a perder eficacia como estrategia de sometimiento y gobernabilidad. Ya no puede ser ocultado el hecho de que las comunidades populares, y algunos movimientos sociales, han vuelto a la calle a exigir su derecho a una vida digna.

Las diferentes medidas económicas impuestas por el gobierno nacional, que colocan el peso de la crisis económica en los que menos tenemos, han catalizado el descontento frente a la demagogia y la ineficacia del gobierno. El aumento permanente de los precios; el desabastecimiento de alimentos; la culpabilidad policial en la situación de inseguridad; la falta de agua, electricidad y en general de servicios públicos de calidad, el enriquecimiento súbito y escandaloso de los funcionarios públicos, así como de la burguesía amparada por el bolivarianismo, ya no puede maquillarse y esconderse por la propaganda.

Paulatinamente, l@s oprimid@s de diverso signo nos estamos encontrando y reconociendo en la calle. Por otra parte, la degradación permanente de la vida cotidiana está abriendo los ojos de amplios sectores acerca de la verdadera faceta capitalista y autoritaria del gobierno, recordando amargamente que tras varios años de bonanza económica, la riqueza fue a parar al bolsillo de unos pocos civiles y militares, mientras al pueblo sólo le llegaron migajas.

La rabia y la desazón, sin embargo, no deben cegarnos para continuar la lucha sin repetir los errores recientes. Por ello, el reto del presente es construir apoyo mutuo y solidaridad entre los de abajo, evitando a toda costa que el descontento sea canalizado ni por ese liderazgo, hasta ayer chavista, que tras ser marginado por el PSUV ahora "descubre" las contradicciones del proceso bolivariano, y mucho menos por las recomposiciones de los partidos políticos herederos del pasado, los cuales intentan retomar parcelas de poder para volver a sus viejas mañas.

El reto es, sencillamente, construir una opción diferente, y enfrentada, a estos dos sectores: tanto a la burocracia y boliburguesía roja rojita como a las momias y aristócratas de los partidos socialdemócratas y conservadores de oposición. Y nuestra alternativa debe erigir una cultura política, diferente del militarismo populista neoadeco ahora con etiqueta bolivariana, que tenga como principios insobornables la justicia social y la libertad. Esta crisis debe ser asumida, entonces, como una oportunidad para que lo viejo termine de morir y lo nuevo vuele sobre sus cenizas.

El enfrentamiento a los diferentes poderes debe comenzar en nuestro propio entorno, estableciendo puentes solidarios y horizontales con otros sectores en conflicto. En este camino, que no es más que el de la insurrección contra la resignación y la autoridad, no hay recetas mágicas ni atajos. Ese océano de posibilidades está sembrado de cantos de sirena, en donde tendremos que mezclar la innovación con las enseñanzas de las derrotas de la historia. La primera que se avizora en el horizonte es la tentación electoral, la seducción que la comodidad de las urnas de votación pueden sustituir el vértigo y lo impredecible de la organización y la lucha callejera.

Debemos tener siempre presente que una de las contribuciones del chavismo a la restructuración capitalista global ha sido la pacificación de los fuegos del 27 de Febrero, restableciendo la gobernabilidad con formas democráticas puestas en cuestión por las movilizaciones de la década de 42

los noventas. Esta domesticación, en sintonía con el Consenso de Washington, ha permitido que las materias primas energéticas venezolanas continúen fluyendo, sin pausas, al mercado mundial. Un rol tal, destructor del medio ambiente y promotor de una cultura de generación de pobreza, no ha sido ni será puesto en cuestión por quienes se venden por los medios privados de comunicación como los contrincantes de Chávez. Es por ello que no son ni serán los votos, ni los acuerdos de élites, los que cambiaran realmente el actual estado de las cosas.

Es por ello que intentan, a toda costa, que abandonemos nuestras propias demandas y aspiraciones por una agenda electoral. Es la lucha de calle, sin dirigentes ni dirigidos, de compañeros y compañeras hermanados por la solidaridad y el reconocimiento mutuo, lo que los burócratas chavistas y opositores intentan obstaculizar por todos los medios.

Las razones para protestar, sin embargo, florecen como cayenas tras la lluvia. Los y las anarquistas seguiremos, como el sándalo, perfumando el hacha que nos hiere. ¡Organizarse y protestar, no hay otra!

Solidaridad como forma de lucha MARIELLA ROSSO - [# 60, septiembre-octubre 2010] Una población desprotegida en muchos aspectos sale cada día a las calles de Venezuela. Muchas de las situaciones que hay que enfrentar a diario tienen que ver con enormes carencias, intolerables niveles de inseguridad, discrecionalidad judicial, desamparo social, desempleo, inflación, insalubridad, sistema de salud colapsado y cada vez más deteriorado, etc. Se puede decir que sobrevivir en la Venezuela de hoy es casi un milagro, ya que es muy difícil escapar a cualquiera de los problemas mencionados o incluso a otros mucho peores. Bajo circunstancias así, en que el Estado no sólo no garantiza que se cumplan los derechos básicos de la población por los que es su obligación velar, sino que más bien en la mayoría de los casos viola estos derechos, sólo se puede apelar a un valor que debería tornarse primordial en nuestra sociedad: Solidaridad.

Lamentablemente pareciera que no comprendemos que si cada quien no toma la decisión de adoptar la solidaridad como una forma de vida, estamos condenados a hundirnos todos juntos. Muchas veces nos pisamos unos a otros para salvar el propio pellejo o buscar salidas inmediatas, sin comprender que las consecuencias de esos actos también se verán reflejadas el día de mañana en el deterioro de nuestra propia calidad de vida. Da la impresión de estar viviendo en la sociedad del “sálvese quien pueda”, en que cada quien “resuelve” su urgencia inmediata, sea pasando por encima de otras personas -que por cierto con frecuencia están igual o peor que nosotros- o mirando hacia otro lugar cuando es necesaria nuestra acción ante la injusticia.

Día a día aparecen llamados en redes sociales o medios de comunicación apelando a la solidaridad de los demás ante el desamparo o la agresión a los que se ve expuesto determinado gremio o sector social, ante el abuso de poder, la criminalización de la protesta o la violación de los derechos humanos. Cada grupo de los que hace estos llamados se queja de la poca solidaridad del resto, sin

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notar que muchas veces su propia solidaridad también tiene demarcado su territorio o peor aún, que muchas veces se apela a la solidaridad externa sin ejercerla hacia su interior. Esas “parcelas de solidaridad” no nos dan una respuesta a un problema mucho mayor que debería movilizarnos a todos a actuar allí donde está presente la injusticia, sea en la calle, en una universidad, un hospital, una cárcel, un juzgado, un portón de fábrica, una escuela o un barrio. El problema es el desamparo social, el abuso de poder y la ausencia del estado de derecho. Solidaridad y empatía no sólo son entonces decisiones individuales deseables, sino más bien urgentes que hay que adoptar. Son actitudes de vida que tienen repercusión directa en nuestra calidad de vida. Creo que en la Venezuela de hoy no hay un valor más necesario de promover que el de la solidaridad, porque es quizás también uno de los más ausentes. Sólo sobre esa base podemos hablar de contribuir a tener una sociedad mejor, porque al comprometerse con la solidaridad, también la estamos arropando como forma de lucha, por una sociedad más democrática y más justa.

Ley de Comunas: refundando el Estado, maquillando la dominación RAFAEL UZCÁTEGUI - [# 60, septiembre-octubre 2010] Antes de analizar la real significación política y social del proyecto de Estado comunal, presente en la llamada Ley de Comunas, haremos una advertencia para conjurar críticas superficiales. Los anarquistas somos afines y promotores de la organización popular, pero no de cualquier tipo. Los nucleamientos que como antiautoritarios alentamos son las organizaciones libremente creadas por los individuos, tanto para la satisfacción de sus anhelos como de sus necesidades. Iniciativas de contrato libre, cuyos pactos asociativos son autónomamente decididos por sus integrantes, sin roles permanentes de dirigentes y dirigidos, flexibles y horizontales, cuyas dinámicas prefiguran, aquí y ahora, la sociedad libre e igualitaria con la que soñamos. La historia del movimiento libertario está llena de diferentes ejemplos de cómo los anarquistas, junto a otros individuos libres, intentaron crear organizaciones sociales más justas y solidarias.

Los anarquistas, por tanto, no somos ajenos ni detractores de la organización de todos y cada uno de los oprimidos. Por ello, cuando realizamos una frontal crítica a las formas organizativas promovidas desde el Estado, o alguno de los otros poderes fácticos, es porque creemos que las mismas, lejos de gestionar el bienestar de la gente, reproducen el autoritarismo, desigualdad y concentración de poder que en teoría afirman superar. Este es el caso de la Ley de Comunas.

El proyecto de Ley de Comunas En la exposición de motivos de la Ley de Comunas (LC) se afirma el espíritu estadocéntrico del proyecto. Según la argumentación, la incapacidad manifestada por el gobierno venezolano en la última década tiene como origen la distancia del “pueblo” con el “centro de toma de decisiones”. A fin de acortar este trayecto es necesario la “refundación del Estado” en base a cuatro principios: el desarrollo sustentable, el desarrollo endógeno, la diversificación de la economía y la participación ciudadana. Para el desarrollo de estos preceptos, se apunta, se requiere una “nueva institucionalidad”, para lo que se propone la creación de un nuevo poder público, el poder comunal, “con particularidades y características que la diferencian de las otras instancias de gestión gubernamental”.

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La propuesta de ley tiene, en la versión aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, 10 títulos, 67 artículos y 5 disposiciones. La Comuna es definida como “entidades locales conformadas por el conjunto de comunidades, que poseen un ámbito geográfico, una memoria histórica compartida, gentilicio, usos, costumbres, rasgos culturales que los identifica e intereses comunes que se reconocen en el territorio que ocupan y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica”. Una “comisión promotora” genera un contexto favorable, delimita el ámbito geográfico y convoca la “asamblea constitutiva”, la cual redacta la “carta fundacional” y define la acción a corto, mediano y largo plazo. La asamblea de la comuna es llamada “parlamento comunal”, el cual designa varios comités para diferentes tareas y establece las “cartas comunales”, con las normas y acuerdos realizados. Los recursos serán administrados por el “banco de la comuna”, estipulando también un recurso para el arbitraje y resolución de conflictos, la “justicia comunal”, cuyas decisiones son vinculantes y obligatorias, contando para ello con el apoyo del Ministerio Público. Varias comunas podrán asociarse en “unión de comunas” y varias uniones de comunas podrán crear la “ciudad comunal”. Todo el proceso es tutelado por el llamado “órgano facilitador”, el ministerio del poder comunal, y las elecciones serán “apoyadas” por el Consejo Nacional Electoral.

Bajo la demagogia, la realidad Cualquier ponderación sobre las comunas no puede realizarse sin evaluar las experiencias precedentes de “poder popular” creadas por decreto por el gobierno bolivariano. Como en esas ocasiones, de nuevo, se crea desde arriba un esquema organizacional ajeno a las necesidades y aspiraciones de la gente. El proyecto de comunas es un paso adelante en la noción de “corresponsabilidad” introducida en la Constitución de 1999, en el que la ineficacia en la gestión de las políticas públicas se compartirá a medias con la ciudadanía, porque ni antes ni ahora la improvisación y el otorgamiento discrecional de recursos ataca los problemas estructurales del país, y por ende el mejoramiento de las condiciones de vida cotidianas de la población.

Como ayer fueron las cooperativas, fundos endógenos, círculos bolivarianos y consejos comunales, la promoción intensiva y alegre de una nueva figura organizativa para todo el país, que no ha sido experimentada ni evaluada en experiencias piloto micro en ninguna parte, forma parte de la estrategia de concentración y dispersión de la base popular de apoyo al gobierno bolivariano para el agotamiento de su capacidad beligerante y la neutralización de su posible autonomía. Como lo han demostrado sobradamente los consejos comunales, estas experiencias tuteladas seguirán siendo instrumentalizadas para actividades ajenas al quehacer comunitario, como la propaganda partidista y la delegación de funciones policiales y militares. Por otra parte las comunas, repitiendo los aspectos más tristes de las cooperativas y consejos comunales, continuarán cumpliendo la función de flexibilización de las condiciones laborales. La propia exposición de motivos del proyecto establece claramente que su función es “promover políticas de Estado en su espacio geográfico” mediante la entrega directa de los recursos para obras de infraestructura o el manejo de misiones sociales como Mercal. Es decir, un trabajo “voluntario” por obligación que hasta ayer era realizado por trabajadores y obreras amparadas por un contrato colectivo. De esta manera se cumple el sueño frustrado incluido en la enmienda constitucional de convertir, por la vía de los hechos, al llamado “poder popular” en el quinto poder público, con un ámbito de actuación de corto vuelo y la interiorización disciplinaria de la racionalidad de Estado. Ausente de cualquier posibilidad de incidir en la gran política, la función de las comunas bolivarianas será la de administrar los recursos escasos en la reparación de una cancha deportiva o en la reforestación de una plaza pública. En el edificio llamado

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Venezuela, las comunas serán llamadas a ejercer el rol de conserjes. La incidencia del poder comunal llegará al nivel de jerarquizar las necesidades comunitarias en la gestión de su propia miseria.

Las contradicciones del proyecto aparecen en los primeros párrafos de sus disposiciones generales.

En lo que constituye una oda al círculo cuadrado, el ejercicio del “poder comunal” implica a su vez la edificación del “Estado comunal” con la construcción de autogobierno. El Estado, cualquiera sea su adjetivo, es una red de relaciones de poder que despoja de cualquier posibilidad emancipatoria a los ciudadanos, bajo la suprema ley de su autopreservación a toda costa. Nada más ajeno al verdadero autogobierno que la relegitimación de un dispositivo de dominación, en el contexto de un proyecto personalista hegemónico, en sintonía con la globalización economicista. Las comunas bolivarianas son el equivalente del pueblo en el viejo proyecto de Norberto Ceresole que planteaba el ejercicio del poder en la tríada Caudillo-Ejército-Pueblo, con el fin de allanar aun más el saqueo de los recursos naturales del país en favor de la boliburguesía, las trasnacionales energéticas y el mercado mundial.

Estas ambigüedades, de similar manera a las experiencias precedentes, aspirarán a definirse en un reglamento futuro que nunca se creará. Este intervalo será pasto para todas las discrecionalidades posibles, y el uso de las comunas bolivarianas –como ha pasado hasta la saciedad con los consejos comunales- como cantera del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para rebatir los cuestionamientos, algunos de sus promotores han reiterado que su función no será el desconocimiento de la instancias presentes en la Constitución, por lo que seremos testigos de un nuevo capítulo de la edificación de sistemas paralelos (como Barrio Adentro versus la red hospitalaria nacional), impulsados por la vía artificial de la inyección de recursos, en la apuesta por un crecimiento cuantitativo que instaure de facto, citamos el proyecto de ley “una nueva institucionalidad” en la “construcción de un espacio geográfico socialista”.

El proyecto de las comunas bolivarianas constituye un nuevo canto de sirena para perpetuar la hipoteca de la autonomía de las organizaciones sociales de base. Hemos soportado durante mucho tiempo la demagogia. Es tiempo de articular a los oprimidos y oprimidas de cualquier signo en base a nuestras propias necesidades y tensiones con el poder. La organización de nuestras luchas se hace desde la base y no desde los proyectos creados en el aire acondicionado por esos izquierdistas que aspiran a prosperar dentro de la burocracia de Estado. El proyecto bolivariano nos ha domesticado para cumplir nuestro papel de vendedores baratos de energía en pos de una abstracción. Lo real es la perentoria necesidad de recuperar nuestra ingobernabilidad, como ya lo hicimos un 27 de febrero.

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Movimientos sociales en Venezuela: el arduo camino de la autonomía REDACCIÓN - [# 61, diciembre 2010/enero 2011] [En noviembre de 2010, en la ciudad andaluza de Córdoba, se realizó una Mesa Redonda sobre movimientos sociales latinoamericanos como uno de los actos por el centenario de la Confederación Nacional del Trabajo, la histórica central obrera del anarcosindicalismo ibérico. El Libertario estuvo presente en ese evento, con la ponencia que aquí se resume. La versión en extenso está disponible en la sección de textos de la web de El Libertario www.nodo50.org/ellibertario.]

Las luchas sociales en el S. XX El inicio de la historia moderna de las luchas sociales en Venezuela sin duda se asocia con la transformación que en todos los órdenes trajo la explotación petrolera en gran escala a partir de la década de 1920. Ello fue evidente tras la muerte del dictador J.V. Gómez, quien dominó la escena política con puño de hierro desde 1908 hasta diciembre de 1935. Su deceso dio la campanada para que se hiciesen presentes en el ámbito político-social diversos actores colectivos organizados, de reciente aparición y hasta entonces reprimidos por la tiranía. Destacan sindicatos obreros y asociaciones estudiantiles, pero también hubo agrupaciones femeninas, culturales, campesinas, de educadores y de profesionales universitarios.

El rumbo de esos movimientos sociales modernos se verá desde entonces (fines de la década del 30 y a lo largo de los 40 y los 50) sujeto a enormes trabas en cuanto a su eventual autonomía. Por un lado, en ese lapso se consolida y hace más complejo el rol del Estado como gran administrador local del capitalismo rentista petrolero, donde serán las posibilidades de acceso a esa renta por vía estatal las que determinen en modo principal la conformación de clases sociales que se define en aquel período: burguesía, capas medias, proletariado. El Estado será gran promotor, financista y realizador de las innovaciones que exige el capitalismo, por lo que obviamente no le interesa que desde los movimientos sociales surjan autónomamente opciones de modernización distintas, así que usará los medios de que dispone para evitarlo, mayormente con el reparto populista de migajas, a veces la represión sin bozal. Por otra parte, esos años son de pugna por el control del Estado entre Fuerzas Armadas – clásico mayoral del gobierno en la historia patria - y partidos políticos (en especial el socialdemócrata AD – Acción Democrática -, pero también el democristiano COPEI, el liberal URD y el Partido Comunista de Venezuela). Estos partidos, que nacieron después que las organizaciones sociales, pronto las controlan convirtiendo al activismo social en militancia partidista e imponiéndole rol subalterno, con sus luchas sometidas a “la línea del partido”. Ejemplo de ello fue la evolución dominante y casi única en el sindicalismo desde los años 40 y por lo menos hasta la década de 1980.

En enero de 1958 cayó la dictadura militar que regía desde noviembre de 1948. Se monta entonces un nuevo acuerdo entre los factores de poder del capitalismo rentista venezolano: el Pacto de Punto Fijo (Punto Fijo es el nombre del lugar donde se firmó dicho acuerdo). Allí se certifica el establecimiento de la democracia representativa y el triunfo de los partidos, en particular AD y COPEI, como gestores del Estado rentista, por lo que se esfuerzan en suprimir cualquier expresión significativa de malestar social. Los partidos contaban con una enorme presencia entre el colectivo (se estima que en 1958 entre 25 y 30 % de los electores eran militantes registrados de las cuatro formaciones políticas principales) y ya habían impuesto sujeción a los movimientos sociales; ahora podían fortalecer esa hegemonía con el clientelismo: reparto desde el Estado de cargos, favores, recursos y, en especial, promesas, entre quienes de otro modo serían ganados para conflictos y protestas. Tal mecanismo de control político funcionará con bastante éxito hasta la década de 1980.

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A partir de 1983 llega la crisis del modelo de economía petrolera que había sustentado al Pacto de Punto Fijo, acompañada del desgaste de los artificios de domesticación bipartidista a los movimientos sociales. Además, los poderes transnacionales imponen al Estado adoptar el recetario neoliberal y restringir las prácticas del populismo clientelista. En ese contexto, se abren brechas para que en los conflictos sociales aparezcan presencias reconocibles y relativamente amplias de acción autónoma, no sometidas a los partidos políticos tradicionales. Esto ocurre tanto en organizaciones previamente existentes como en las expresiones de los nuevos movimientos sociales: grupos ecologistas, vecinales, indígenas, del neofeminismo, GLBT, para mencionar algunos. La indicación más dramática de cuanto cambiaban las cosas fue la revuelta popular espontánea del “Caracazo” (27/2/1989), la manifestación de descontento social más importante de nuestra historia, ante la cual el poder autoritario no tuvo otra respuesta que una sangrienta represión.

Los movimientos sociales en su laberinto Al declinar el control bipartidista sobre las luchas sociales, a los factores reales del poder les resulta indispensable un reemplazo, que encuentran en Hugo Chávez, líder del fallido golpe militar del 4/2/1992. El disgusto colectivo por la situación vigente generó simpatías hacia ese intento de cambiar las cosas, pese a lo poco clara de la propuesta de los golpistas. Los espejismos mesiánicos florecieron y jugaron a favor de Chávez, quien tras una estancia en prisión sale indultado en 1994 y se convierte en candidato presidencial, contando con apoyos tanto en la burguesía y las transnacionales como en la mayoría de los movimientos sociales y sus activistas, cuyas reivindicaciones promete atender en cuanto gane las elecciones.

Chávez toma posesión en febrero de 1999, y desde allí hasta mediados de 2007 va el período de su relación con los movimientos sociales que vale calificar de “espera esperanzada”, pues estos porfían en sus ilusiones, por lo que una y otra vez posponen su agenda de luchas y reivindicaciones propias a favor de aquella que se les impone, donde lo principal es mantener y consolidar el control del poder estatal por el chavismo y su líder, siendo los repetidos comicios la herramienta en la que se expresa “la fidelidad de las masas al proceso”. Por su lado, la oposición socialdemócrata y de derecha plantea algo parecido: “primero salgamos a Chávez, luego se verá lo demás”. Los encandilados activistas sociales aceptan que desde el Estado se decidan sus modos y objetivos de funcionamiento, hipotecando la relativa autonomía de acción que habían ganado en la década anterior. A esto se suma que, gracias al incremento de precios petroleros, el Estado vuelve a contar con gruesos recursos para financiar el clientelismo, ahora condimentado con verborrea seudo-izquierdista.

A partir de los últimos meses de 2007 y hasta hoy, múltiples signos indican que esa luna de miel entre el gobierno chavista y la conflictividad social va quedando en el pasado. En contraste con los años anteriores, de aguda confrontación política pero con desmovilización de las luchas sociales, ahora se manifiestan con creciente fuerza reivindicaciones colectivas silenciadas por largo tiempo, aparte que el uso de parte de la renta petrolera con fines clientelistas no solo se ve afectado al caer los precios del “oro negro”, sino también por la corrupción, la incompetencia y la incoherencia, aspectos en los que este gobierno es versión incorregible y abultada de los anteriores. Por ello, le cuesta más al chavismo ejercer control sobre esas luchas, que así mismo dan claros signos de no atarse a la oferta descolorida de la oposición electoral.

Como confirmación de lo dicho, invitamos a revisar las estadísticas sobre conflictividad social en Venezuela consignadas en los informes anuales de la ONG PROVEA (ver www.derechos.org.ve), que estimamos como fuente completa y confiable sobre este tema. No es posible por razones de 48

espacio repetir aquí esas cifras y datos, pero ciertamente ratifican que, en este aspecto, bajo el supuesto socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez hay una situación similar a la imperante en los regímenes de la derecha neoliberal en América Latina.

Esperanzas agrietadas y criminalización de la protesta Actualmente, y como se corrobora en los informes de PROVEA, la lucha por la autonomía de los movimientos sociales en Venezuela debe resistir una creciente criminalización de sus expresiones, abonada en la esfera jurídico-institucional con un reforzado arsenal de instrumentos para legalizar la represión, en el plano político con las vociferantes acusaciones desde el poder que presentan a toda protesta como “maniobra a favor del golpismo y el imperialismo”, y en el ámbito social cotidiano con la intención de hacer que sean las bases chavistas quienes en primera instancia denuncien y aún sofoquen las acciones disidentes, lo que ha conducido al para-militarismo y la “para-represión”.

No obstante, las expresiones de la lucha social autónoma asoman en los mas diversos espacios: De los conflictos obreros resaltan los casos de Ferrominera, SIDOR, los jubilados de CANTV y las diversas contiendas en la región industrial de Aragua; en relación con los indígenas está la lucha de los Yukpa de la sierra de Perijá; reclamando el derecho a la vivienda tenemos las ocupaciones y desalojos que ocurren en todo el país, como también sucede con las múltiples protestas ante fallas y carencias de servicios públicos; dentro y fuera de las cárceles hay una sostenida bronca contra la barbarie del sistema penitenciario; en cuanto al clamor de los agraviados por la violencia sin freno del aparato represivo hay que mencionar al Comité de Víctimas Contra la Impunidad del Estado Lara; en los temas de género la labor de la Casa de la Mujer Juana Ramírez en Maracay; sobre la protesta estudiantil destaca la odiosa persecución judicial que padece, sin nada que envidiar a lo vivido en tiempos del Pacto de Punto Fijo; mientras que para el campesinado, si se conforman llegan promesas y limosnas, si se agitan van sicarios y tribunales. Descripciones para estos casos y otros más, se consiguen en las ediciones impresas, la web y el blog de El Libertario. ¿Hubo, hay o habrá perspectivas positivas para los movimientos sociales dentro de la oferta del “socialismo bolivariano”? Solo cabe responder NO, pues cualquier avance se ve negado con la imposición autoritaria y caudillista de un régimen donde el activismo social debe doblegarse al patrocinio, ideología y control del Estado; con la dependencia borreguil ante promesas demagógicas cuya ejecución exitosa depende del paternalismo burocrático; con la creciente corrupción e ineficacia que infecta tanto al sector oficial como a las organizaciones sociales que le están sometidas; con la propuesta socialista convertida en mera coartada para una política al servicio de las transnacionales y del ascenso de la "boliburguesía", nacida a la sombra de la gigantesca corrupción gubernamental. El desarrollo libre y pleno de los movimientos sociales solo puede darse rompiendo con la tutela que el chavismo ha ejercido sobre la mayoría de ellos. Por supuesto no para caer en manos de la derecha liberal o la socialdemocracia, sino concretando ideas y vías de acción que surjan de su andar autónomo, al calor de las luchas y fines que son su razón de ser, como lo muestran alentadores signos que se perciben en diversas protestas sociales actuales antes mencionadas.

En El Libertario nos ha correspondido en estos años la difícil tarea de desenmascarar las ilusiones desmovilizadoras creadas por el Estado, el Capital y sus aliados, unas con la careta socialista del gobierno y otras con el antifaz democrático de la oposición socialdemócrata y de derecha. Con persistencia, vamos abriéndonos caminos para acompañar los bríos por construir autonomía que nazcan desde los movimientos sociales, donde nos esforzamos por ganar espacio para las propuestas de acción directa, autogestión y apoyo mutuo que como anarquistas promovemos.

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