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Flujo migratorio irregular

Yonathan Bautista Lezama (San Luis Acatlán)

Patricia García Dámaso (Marquelia y Cuautepec)

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DISEÑO GRÁFICO Y REDES SOCIALES

Antonio Gonzalez

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Antonio Gonzalez

Periodico el Faro de la Costa Chica es una publicación diaria que se imprime en sus propios talleres con circulación en la región de la Costa Chica de Guerrero, Tlapa y Oaxaca

NO SE DEVUELVEN ORIGINALES, AUNQUE ESTOS NO SE HAYAN PUBLICADO, REGISTRO EN TRÁMITE.

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Tras la eliminación del Título 42, el 11 de mayo, entrará en vigor el Título 8, con el que el gobierno en Washington busca reducir drásticamente el flujo migratorio irregular: bajo esta norma, las personas que intenten ingresar ilegalmente en Estados Unidos podrán ser deportadas y se les podrá prohibir el ingreso al país norteamericano por cinco años. Se trata de una norma sanitaria, impuesta durante el mandato de Trump, que permitió las expulsiones en inmediata de migrantes en la frontera bajo el pretexto de ser medidas para evitar la proliferación de contagios por la pandemia de Covid 19.

Con el pretexto de la pandemia, el Título 42 permitió la restricción de la entrada de migrantes por la frontera sur y la expulsión a México de personas de ciertas nacionalidades tras cruzar la frontera de manera irregular, sin la posibilidad de solicitar asilo.

La Administración de Joe Biden anticipa que el flujo de migrantes hacia la frontera suroeste podría aumentar dramáticamente con el fin del Título 42, bajo la premisa de que sería “más fácil” ingresar al país.

La Casa Blanca adelantó que sería “más difícil” ingresar ilegalmente a EU bajo el Título 8 pues las consecuencias incluyen una prohibición de reingreso de al menos cinco años, así como posibles procesos penales por intentos repetidos de cruzar irregularmente. No solo se trata de a expul- sión de contingentes procedentes de Venezuela, Colombia, Cuba, Honduras y Guatemala, entre otros. También hay una alta incidencia en las deportaciones de mexicano que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos.

Las cifras de la Unidad de Estadística Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) revelan que las deportaciones de mexicanos, desde Estados Unidos, aumentaron 60.5 por ciento en el 2022.

La deportación, entre enero de 2013 y enero de 2022 ascendió a más de 2 millones de connacionales. Un promedio de 201 mil deportaciones por año.

Quienes han evadido el control migratorio sobreviven en habitaciones parecidas a “gallineros” en granjas de Carolina del Norte o hacinados en departamentos en Nueva York.

Quienes han evadido el control migratorio sobreviven en habitaciones parecidas a “gallineros” en granjas de Carolina del Norte o hacinados en departamentos en Nueva York. Los sacrificios son para buscar mejorar las condiciones económicas de sus familias en México.

Antes de ser deportados, la mayoría de ellos enfrentaron abusos, discriminación, pobreza y falta de acceso a servicios básicos, en especial al sistema de salud. Pese a ser considerados como un ejército de mano de obra en Estados Unidos, los migrantes mexicanos viven en el atraso.

Los datos permiten identificar que el mayor número de mexicanas y mexicanos, que fueron ex- pulsados desde Estados Unidos, eran originarios de los estados de la Región Pacífico Sur del país.

Chiapas encabeza la lista con 29 mil 534 eventos; 25 mil 713 hombres y 3 mil 821 mujeres. Este estado presenta un aumento de 101 por ciento, en comparación con el 2021 cuando se registraron 14mil 659: 12 mil 648 hombres y 2 mil 011 mujeres.

Los principales municipios de origen de la población chiapaneca repatriada desde EE. UU, fueron Tapachula (mil 368), La Margaritas (mil 233), Chamula (mil 138) y Ocosingo (mil 035) durante el periodo 2021-2022.

Le siguieron Guerrero (26 mil 075); Oaxaca (22 mil 929) y Michoacán (17,164).

Otro dato que resalta es la presencia de menores solos en los intentos de migración. Ocho de cada 10 menores connacionales estaban solos cuando fueron deportados.

El prejuicio hacia los migrantes puede llevar a la exclusión social y económica de este grupo, lo cual tiene altos costos tanto para los migrantes mismos (menores salarios, peor acceso a salud y educación) como para la sociedad en su conjunto (menor productividad y aumento de la conflictividad social).

Así Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán concentran casi del 70 por ciento de la población indígena migrante repatriada desde Estados Unidos.

En el caso de Guerrero se precisó que se registraron 50 mil 609 expulsiones y el 28.90 por ciento eran indígenas.

Para Oaxaca fueron 64 mil 927 repatriaciones y en el 50.60 por ciento de los casos fueron indígenas.

Durante 2020, de Michoacán de Ocampo salieron 50 mil 770 personas para vivir en otro país, 94 de cada 100 se fueron a Estados Unidos de América.

Se estima que entre 2015 y 2019 se produjeron desde Estados Unidos hacía México 92 mil 851 eventos de devolución de personas migrantes mexicanas hablantes de alguna lengua indígena, perteneciente a un pueblo o comunidad étnica. En promedio, cada año se contabilizaron alrededor de 18 mil 570 eventos.

El 83.7 por ciento de las personas indígenas migrantes devueltas a México correspondió a hombres y 16.3 por ciento a mujeres; dos terceras partes de esta población (66.3 por ciento) se encontraban entre los 15 y 29 años, una población mayoritariamente joven.

La población indígena ha constituido por años un grupo importante dentro de los flujos migratorios de nuestro país, fundamentalmente hacia Estados Unidos. Las personas migrantes indígenas han aportado fuerza de trabajo, talento, resistencia y otras cualidades que han sido reconocidas en el marco de la migración.

Sin papeles no vas a la universidad. Sin papeles no hay buenos trabajos. Sin papeles te atrapan y no solo te halan las orejas, te deportan diría la abuela.

Despejar

Misael Tamayo N Ez

Adiferencia de la política de cero “concertacesiones” entre partidos y grupos de poder, en Guerrero ese paso no se ha podido dar. Al contrario, el Congreso local se ha convertido en el lugar de menos avance democrático, por la disputa de los partidos minoritarios en ocupar, primero las comisiones legislativas, y luego llevar mano en todos los asuntos, pero con base en las consabidas “cuotas” de poder.

Básicamente a eso se han dedicado personajes como Héctor Apreza Patrón, el líder de la bancada del PRI, y Bernardo Ortega Jiménez, representante del PRD, quienes están estrenando su reelección, pero cuyo propósito es solamente mantener sus espacios, impidiendo que órganos e institutos los dirijan personas con el perfil adecuado.

Esta Legislatura, de hecho, ha sido bastante caótica. Primero se confrontaron por las comisiones legislativas; luego por la designación de la titular de la Fiscalía; luego por la designación del Auditor General, echando abajo los procesos de convocatoria y votando en contra de las ternas que resultaron de ellos.

Eso hizo que esta Legislatura se atrasara en los asuntos internos, hasta que de plano se amacharon y comenzó la grilla, de modo que hubo un obvio estancamiento, hasta que se dio el cambio del coordinador de la bancada de Morena.

Ahora, los líderes de las bancadas partidistas representadas en el Congreso, aplauden la disposición de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Yoloczin Domínguez Serna, para tomar acuerdos con ellos.

Obviamente, la diputada presidenta no desearía verse envuelta en disputas como las de su antecesor, Alfredo Sánchez Esquivel, con quien ella misma tuvo diferencias duras.

Pero lo cierto es que en la resiente designación de los titulares de los órganos de control interno del Congreso local, de la Fiscalía, de la Comisión de Derechos Humanos, del Instituto Electoral del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Instituto de Transparencia del estado; así como los nombramientos de 2 comisionados del Instituto de Transparencia; y de un miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, se perdió una importante oportunidad de terminar con esa práctica del reparto de espacios por “cuotas” partidistas, y no necesariamente por perfil y capacidades de los postulantes.

Eso es lo que aplauden gente como Héctor Apreza, del PRI;

Bernardo Ortega, del PRD; y hasta Antonio Helguera Jiménez, de Morena. Hay capacidad de diálogo de parte de la diputada Yoloczin, dicen, cuando lo que debe haber entre ellos es la capacidad de abrirse a los nuevos tiempos y dejar la tentación de ungir a sus incondicionales y amigos, sólo porque les “toca”.

Ese es el problema, por ejemplo, de las instituciones educativas del estado. Llegan a las direcciones personajes recomendados, sin importar si tienen el perfil adecuado, en lugar de que se haga una selección por exámenes de oposición. O si no se quiere ser tan estricto, entonces por lo menos cuidar que los currículos de los postulantes sean los adecuados para el cargo que se les está ofreciendo.

De otro modo, están condenando a las instituciones de educación superior del estado a la mediocridad permanente, pero sobre todo a que se debatan en recurrentes conflictos internos.

Volviendo al tema, la reciente designación de los responsables de órganos de control interno tenía un atraso de 2 años, de modo que fue un acierto resolverlo ya, aunque se aplique la máxima de “aiga sido como aiga sido”.

Pero eso indica que se tuvo suficiente tiempo para hacer un trabajo limpio de selección, lo su- ficientemente transparente, que le diera la oportunidad a profesionistas de cada área postularse. La pregunta es si era mucho pedir.

Al contrario, no se tomaron decisiones hasta que se hizo un burdo reparto de espacios por cuota. De los 9 nombramientos que aprobaron el martes de la semana anterior los diputados, 4 fueron propuestos por Morena; 3 por el PRI; y 2 por el Partido de la Revolución Democrática.

Cuando se dice que a Guerrero no hay llegado la Cuarta Transformación, sino que sigue la política caciquil, pues es real. Como antecedente inmediato tenemos la vergüenza que pasó el senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, cuando pactó con el PAN la designación de dos consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), siguiendo esa política del reparto por “cuotas”, tal cual como se hacía en el Instituto

Nacional Electoral y hasta en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Monreal escogió a un cuate suyo, el que menos puntaje tuvo en los exámenes de oposición, por cierto. Mientras que el PAN hizo lo mismo.

El caso es que el presidente no le dejó pasar este numerito a Monreal y hasta los panistas denunciaron la sinvergüenzada. Por lo tanto, se echaron abajo los nombramientos y es hora que los nuevos comisionados no se han podido elegir.

Dicen por ahí que mientras sigamos haciendo las mismas cosas, continuaremos en las mismas condiciones como país, como nación, como individuos. El cambio implica eso, cambios. Mientras no se hagan, no importa cuánto se aplaudan entre sí los que detentan el poder, porque al final de cuentas, seguimos en las mismas.

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