elDinero (01) 02/02/2015

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OPINIÓN

Santo Domingo, República Dominicana. Año 1. Nº 01. Lunes 2 de febrero de 2015

¿Cuánto pagas por una marca?

ESCUELA ECONÓMICA Esteban Delgado

edelgado@eldinero.com.do

Indicadores de inflación y crecimiento económico

E

l Banco Central de la República Dominicana acaba de dar a conocer su informe de crecimiento económico, dando cuenta de que la economía dominicana medida por el Producto Interno Bruto (PIB) creció 7.1% durante el pasado año 2014. En la presentación del informe, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, destacó que ese crecimiento superó en seis puntos porcentuales el crecimiento promedio de América Latina, que fue estimado en 1.1% por organismos internacionales. Es preciso tomar en cuenta que las estimaciones de los organismos externos generalmente quedan por debajo de lo que finalmente resulta. Cuando el Banco Central compara el crecimiento “real” de la economía dominicana con el de los países de América Latina, lo que toma son los porcentajes estimados por organismos internacionales en esos países, pues esas naciones todavía no han dado a conocer el crecimiento “real” de sus respectivas economías, como se ha hecho aquí, en un tiempo récord de apenas una semana de haber concluido el pasado año. Pero en medio de todos los datos ofrecidos por el Banco Central llama la atención el de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La institución monetaria afirma que la inflación (alza de precios) durante el año 2014 promedió 1.58%, muy por debajo, incluso, de su propia estimación para el año que era de 4.5% +/- 1%. Lo primero a destacar es que el Banco Central tiene como misión fundamental el control de la inflación mediante la toma de medidas monetarias que permitan mantener estabilidad de precios y de indicadores económicos como la tasa de cambio, que influye mucho en el IPC. Sin embargo, el Banco Central es su vez la entidad que oficialmente mide la inflación en el país, lo cual le convierte en “juez y parte”, ya que ofrece resultados sobre un indicador que él mismo está a cargo de mantener controlado. En otros países, la inflación es medida por la Oficina Nacional de Estadística. Aquí no. Aquí la mide el propio Banco

Central, lo que indica que es muy difícil que ese indicador resulte fuera de los parámetros que se impone como límite la propia institución. Eso hace que la población por lo general no crea en el indicador “frío” que se publica. Por lo general, la percepción de la gente es que la inflación ha sido mucho mayor a lo indicado por el Banco Central. Eso tiene su explicación en el hecho de que la institución monetaria saca las cifras de un promedio de precios de canastas que incluyen diversidades de bienes y servicios. Al juntarlos todos, el promedio resulta bajo. Pero cuando se analizan los datos de forma separada se puede observar que el renglón Alimentos y Bebidas No Alcohólicas es el de mayor importancia en la canasta de bienes y servicios calculados para medir la inflación. Ese renglón es el 25.1% de la canasta total, es decir, la cuarta parte de los gastos en que incurre la gente. Incluso, para los quintiles de gente de menos ingresos, ese renglón es mucho más elevado, llegando a ser casi la totalidad de los gastos de una familia. Pues resulta que es ese renglón el que experimenta mayores niveles de inflación cuando se mide de forma separada. De acuerdo con los cálculos del Banco Central, en 2014, en Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, se registró una inflación de 7%, la mayor de todos los bienes y servicios medidos en la canasta. Es posible que al despejar todos los productos que componen los Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, muchos de los más consumidos por la gente hayan aumentado en más de 7%, pero como se colocan agrupados, y se agregan renglones como Bebidas Alcohólicas y tabaco, Vivienda, Salud, Prendas de Vestir y Calzados, Muebles y Artículos para el Hogar, Transporte, Comunicaciones, Recreación y Cultura, Educación, Restaurantes y Hoteles y Bienes y Servicios, entonces el promedio final da un resultado tan bajo y poco creíble como ese 1.58% de inflación que anunció recientemente el Banco Central. Pero para los fines de medidas oficiales de números “fríos”, ese es el dato: la inflación medida por el IPC en el año 2014 fue de apenas 1.58%, la más baja de América Latina junto con la de El Salvador.

Sabah Dauhajre

sabahdk19@gmail.com

¿

Sabías que las personas en nuestra sociedad, al pagar por una marca reconocida, adquieren calidad de producto, prestigio de marca, exclusividad y hasta llamar la atención de las personas de su entorno familiar, laboral y social? Sin embargo, desconocemos la realidad de origen de fabricación del producto, la mano de obra involucrada. Debemos estar conscientes que muchas veces estas marchas son producto de la explotación de hombres, mujeres y niños sometidos a trabajos forzados, largas horas de jornadas y con un salario no digno de vida como sustento, mientras que los consumidores adquieren el producto por simple consumo. Empresas importantes en el área textil, calzado y otros sectores de la sociedad de diferentes países utilizan la mano de obra de hombres, mujeres y niños migrantes que llegan con la esperanza de tener una mejor calidad de vida o sustento para sobrevivir. En condiciones mínimas de salud y alimentación son sometidos a trabajos forzados y largas jornadas con la finalidad de llevar el producto a manos de consumidores exclusivos de la marca. Los países industrializados, los cuales registran ganancias a niveles altos, son los que involucran los trabajos forzados como mano de obra para la elaboración del producto. La causa que genera la aceptación de condición de los migrantes se debe a la pobreza y carencia de recursos necesarios para salud, alimentos y educación. Estas carencias, acompañadas de prejuicios de la sociedad, podrían desencadenar la iniciativa de la aceptación y confor-

midad de un salario no digno como forma de pago por sus extensas horas de trabajo. Considerando el trabajo forzado de hombres, mujeres y niños como un acto de explotación humana, se ha registrado actualmente una disminución en la mano de obra forzada como forma de adquirir un bien de consumo. Entidades internacionales como la Organización del Internacional del Trabajo (OIT) y otras organizaciones están aplicando programas para evitar la explotación de mano de obra en niños sometidos a trabajos forzados. Los países de Asia presentan en la actualidad un alto índice de explotación en niños, mientras que en América Latina y el Caribe se registra una disminución considerable. El trabajo forzado para la fabricación del producto se observa en los niños debido a su condición de vulnerabilidad por las condiciones de conformidad con el pago de salario. Las empresas deben de establecer políticas de regulación y mejoras en el salario y horario extendido de trabajo. La sociedad debe brindar apoyo a la no explotación de hombres, mujeres y niños sometidos a estas formas de trabajo. Se deben apoyar y desarrollar políticas de protección que regulen las condiciones de empresas que utilizan la mano de obra forzada para elaborar y producir sus productos que hoy día llegan al consumidor como un bien de calidad, prestigio y exclusividad de marca. LA AUTORA ES LICENCIADA EN DIPLOMACIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES

¿En qué quedó la norma sobre pensiones estatales?

A

la llegada de Danilo Medina al poder, se desarrolló un debate sobre las pensiones “desproporcionadas” que se aplicaban entidades del Estado, sin que ninguna entidad oficial se encargue de regularlas. Todos recordarán al exsuperintedente Haivanjoe NG Cortiñas y la pensión de más de RD$650,000 mensuales que se asignó. A raíz de eso se informó que la Superintendencia de Pensiones (Sipen) elaboraría un anteproyecto de ley

para regular las pensiones del Estado. Nada se ha hecho tras más de dos años de gestión, y se mantienen operando planes de pensiones “independientes” en entidades autónomas del Estado, al margen de la Ley 87-01 y de toda regulación oficial. Parece que el gobierno de Medina ha decidido dejar ese tema para otra gestión, al igual que el reglamento sobre la Ley de Salarios en el Sector Público, que tampoco ha sido promungado.


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