AreaUrbana 45 - Noviembre/Diciembre 2013 - Año X

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Nota de Tapa

que ser necesariamente a través del voto, puede haber audiencias públicas, consultas. ¿Sirven las cámaras? El boom de las cámaras se inscribe dentro de la simplificación del problema. Sirven para algunas cosas, pero se generan muchos mitos con ellas. En los lugares en los que funcionan hace mucho, como Londres, el impacto sobre el crimen fue modesto. No reducen el crimen, sí sirven para investigaciones, para infracciones de tránsito, para dar respuesta rápida cuando un delito ya se cometió. No prescindiría de la cámara como instrumento pero tampoco hay que sacralizarla, se generan falsas expectativas. Además, pueden contribuir a un aumento de la percepción de inseguridad, a la paranoia social.

TERRITORIO Planificar y regular el suelo Raúl Fernández Wagner, arquitecto urbanista, integra el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), un espacio creado en dicha casa de estudios para pensar las políticas públicas en ese área metropolitana. Además, es miembro de Habitar Argentina, un espacio de trabajo por el derecho a la vivienda, la tierra y el hábitat. Al ser consultado por AreaUrbana, se explayó acerca de la planificación del territorio por parte del Estado, de la falta de políticas de regulación del valor de la tierra, de cómo esto afecta el acceso a la vivienda y de qué papel juegan o podrían jugar los Ejecutivos municipales. “En la Argentina no hay política de suelo. Las ciudades se producen con un uso y generación de suelo urbano caso a caso, lote a lote, parcela a parcela, de propietario a propietario. No hay una planificación que entienda el mercado y cómo se produce la ciudad en términos económicos y sociales. Esto produce tensiones muy fuertes, principalmente sobre el área periurbana de los municipios. En este sentido, el tema más complejo es el de los barrios cerrados, por la presión que se ejerce sobre los gobiernos para que se aprueben nuevas construcciones y por cómo elevan el valor del suelo, sin que haya regulación o equilibrio”, señala Fernández Wagner, para quien se dio una inflexión en la Argentina con el auge de las urbanizaciones cerradas: “Se quebró la ciudad abierta y flexible que existía. En términos técnicos, el barrio cerrado no es ciudad. Con el incremento brutal del valor del suelo, los pobres se ven expulsados hacia el centro, y a los peores lugares del centro, al borde de la vía, o los asentamientos y villas, que siguen creciendo”.

"En la Argen tina no hay política de s uelo. Hay que ejercer la función social de la propiedad para cortar el circuito especulativo ". Raúl Fernán

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Wagner

Además, se divide la ciudad, ya que se generan espacios protegidos y otros desprotegidos. Y son muy caras para lo que sirven. A su vez, su uso se riñe con el derecho a la intimidad: en la provincia de Buenos Aires, no está regulado su uso, falta una legislación sobre dispositivos de vigilancia pública: ¿cómo se usa esa información?, ¿cómo se archiva? no se sabe qué se puede grabar y qué no, ¿qué se hace con las grabaciones?, ¿se puede grabar sonido?, ¿puede un dispositivo grabar propiedad privada?, ¿se les puede dar uso mediático o no? Por eso digo que sería cauteloso con la utilización de las cámaras. 26

¿Por qué el periurbano o la zona que limita ciudad y zona rural es clave? Todos los municipios tienen una ordenanza que fija el ejido urbano. No se puede construir ni abrir calles en las parcelas catalogadas como rurales. Algunos municipios tienen delimitación de periurbano, algo intermedio entre urbano y rural, de transición. Cada tanto, se va cambiando la ordenanza para autorizar nuevos loteos, y así se amplía el ejido urbano. Por eso a veces se dice que el municipio tiene una máquina de hacer plata, dado que es el municipio el que detenta ese poder. Cuando el municipio amplía, la parcela que estaba en el borde pasa a valer mucho más. Está naturalizado que el propietario crea que la parcela es suya y que nada le corresponde al Estado, pero fue el Estado el que permitió esa modificación. ¿Qué es lo que dice el derecho urbanístico? La renta del suelo es un bien social, es un valor socialmente construido, por lo cual debe ser socialmente apropiado, no individualmente. El municipio invierte en obra pública, asfalto, transfiere renta al propietario, se revaloriza el suelo, y el Estado local no ve nada. Y encima eso es expulsivo para gente que económicamente no puede hacer frente a esas revalorizaciones. ¿Cómo podrían actuar los municipios al respecto? En cualquier país, la plusvalía se cobra. En Estados Unidos y Canadá, por recuperación de plusvalías es el 80 por ciento del financiamiento de los municipios. Acá se regala, y no está en debate. Se podría cobrar en dinero o en lotes, y así generar un banco de tierras y empezar a liderar el desarrollo urbano. Es interesante la idea de una empresa desarrolladora municipal, para conducir el desarrollo y no estar tensionado permanentemente, como gobierno, por presiones del mercado. Del otro lado, existe la tensión de gran parte de la población, que ve afectada la garantía de un derecho básico, como el acceso a la vivienda y un hábitat dignos. Un

claro ejemplo de esto se viene dando en Luján, donde se presiona para modificar el código urbanístico y autorizar más barrios cerrados. Cuando comenzamos con Habitar Argentina, organizamos una charla a la que invitamos al actual gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en ese momento intendente de Cipolletti, y al ex intendente de Trenque Lauquen, el fallecido Jorge Barracchia. Vinieron a contar cómo habían desarrollado políticas de suelo: en el primer caso, la renta petrolera había producido un gran aumento del suelo, pero la Constitución rionegrina es muy interesante, habla de la función social de la propiedad, lo que permite a cualquier intendente impulsar regulaciones virtuosas; Barracchia, por su parte, explicó la aplicación en su municipio del impuesto de contribución por mejoras, utilizado como recuperación de plusvalía y cobrado en lotes. Algunos intendentes de a poco empiezan a comprender, pero falta mucho. El investigador de la UNGS y de Habitar Argentina considera que el Estado también contribuye a que el valor del suelo crezca tanto a través de la inversión pública: “El modelo neo-desarrollista imperante lleva a que el principal motor económico y de generación de empleo sea la obra pública. Eso, a su vez, genera enormes revalorizaciones que el Estado no recupera”. ¿Cuáles podrían ser algunos instrumentos puntuales de intervención desde los gobiernos? Hay numerosas formas de ejercer la función social de la propiedad para cortar el circuito especulativo, porque a su vez los nuevos propietarios aguardan el mejor momento para vender, hay quienes no construyen hasta que el lote se les valorizó al máximo. Hay legislación que dice que como propietario hay derechos pero también obligaciones, y si hay daño social, se debe intervenir. Un instrumento es el impuesto progresivo a la vacancia, a la vivienda o terreno ocioso. Eso llevaría a que los


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