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ISBN 978-9930-548-11-0

LA POLITICA EDUCATIVA EN GUATEMALA

La cooperación internacional marcando la pauta de la política educativa


Uruguay I Experimentos y alianzas empresariales para lucrar con el derecho a la educación

INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN AMÉRICA LATINA (IEAL) OFICINA REGIONAL, SAN JOSÉ, COSTA RICA Tel (506) 2234-8404 Apartado Postal 1867-2050 Correo america.latina@ei-ie-al.org Página web www.ei-ie-al.org Portal www.educacionpublica.org Observatorio www.observatorioeducacion.org PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL IEAL Combertty Rodríguez (Coordinador Principal Regional IEAL) Gabriela Sancho (Coordinadora Regional IEAL) Gabriel Castro (Coordinador Regional IEAL) Revisión filológica: Lucía Zúñiga Solano Diseño: Estudio Casarli, Buenos Aires, Argentina Disponible para descargar en formato electrónico en: www.ei-ie-al.org /ie.americalatina

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Reconocimiento-NoComercial- CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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Contenidos Introducción

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Ley de Educación Nacional y dependencias ministeriales

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DIPLAN, DIGEDUCA, DIGECADE y DIGEACE

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El MINEDUC bajo la intervención del Banco Mundial

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Presupuestos para comprar servicios de evaluación

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Centros Privados y Subvenciones garantizadas por Ley

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La Política General de Gobierno 2020-2024 ( PGG )

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El Consejo Nacional de Educación

23

Las ONG y fundaciones como proveedoras de servicios

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Niveles de coordinación y subcontrataciones

26

Acreditación y certificación de ONG

27

Reformas a la Ley de ONG en Guatemala

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PRONADE, un invento del Banco Mundial que favoreció las ONG y debilitó la educación pública

33

Marco legislativo para PRONADE

33

¿Cómo se constituían las Escuelas de Autogestión comunitarias?

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¿Cómo se financió PRONADE?

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Las nuevas desigualdades que provocó PRONADE

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Otra forma de comercio: institutos de educación por cooperativas de enseñanza 40 USAID cubre todos los ámbitos de la política educativa

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Las fundaciones aliadas del MINEDUC

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Fundación Fe y Alegría Guatemala

46

Fundación Carlos Slim

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Otros actores privados que actúan de manera permanente en el ámbito educativo público

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Gran Campaña Nacional por la Educación (GCNPE)

50

Empresarios por la Educación

53

ExE contra el derecho al Pacto Colectivo

55

A modo de conclusión

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Fuentes bibliográficas

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ANEXOS

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Lista de siglas y acrónimos AECID

ISES

Agencia Española de Cooperación

Instituciones que prestan servicios

Internacional al Desarrollo

educativos

BID

MINEDUC

Banco Interamericano de Desarrollo

Ministerio de Educación

BM

OLPE

Banco Mundial

Observatorio Latinoamericano de Política

CNE

Educativa

Consejo Nacional de Educación

ONG

COEDUCAS

Organización No Gubernamental

Comités Educativos Locales

PGG

DIGEACE

Política General de Gobierno 2020-2024

Dirección General de Acreditación y

PRONADE

Certificación -

Programa Nacional de Autogestión para

DIGECADE

el Desarrollo Educativo

Dirección General de Gestión de Calidad

PESE

Educativa

Plan El Salvador Educado

DIGEDUCA

SGIC

Dirección General de Evaluación e

Sistema de Garantía Interna de la Calidad

investigación Educativa

RISE

DIPLAN

Registro de Instituciones para la

Dirección de Planificación

Prestación de Servicios Educativos

EAC

UNICEF

Escuela de Autogestión Comunitaria

Fondo de Naciones Unidas para la

EMBI

Infancia

Educación Bilingüe Multicultural e

UNFPA

Intercultural

Fondo de Población de las Naciones

FyA

Unidas

Fundación Fe y Alegría

USAID

GCNPE

Agencia de Estados Unidos para el

Gran Campaña Nacional por la Educación

Desarrollo Internacional

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Presentación Este documento ofrece un análisis sobre la política pública educativa, a partir de los escenarios encontrados en doce países de América Latina. Por más de tres décadas, el proyecto neoliberal implantado en América Latina ha redefinido el rol del Estado, favoreciendo la lógica de mercado a través de las mismas políticas públicas. La política pública educativa no es una excepción, también reproduce los valores y las prácticas del proyecto neoliberal. A partir de los documentos, leyes e informes analizados, se constata que actualmente, la política educativa pública en América Latina se caracteriza por la amplia injerencia de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y de agencias internacionales de cooperación; la naturalización de los mecanismos de alianzas público privadas y de forma más creciente, la consolidación de actores privados y empresariales que participan en el diseño, la gestión y la ejecución de la política educativa. La consigna neoliberal se centra en la descalificación de lo público, en la limitación de las capacidades del Estado y en promover que las lógicas de mercado y el enfoque empresarial orienten la toma de decisiones en política pública. Los sindicatos de educación de América Latina fueron los primeros en señalar cómo las políticas de signo neoliberal deterioran la política pública educativa pública y responsabilizan al cuerpo docente de este deterioro, al tiempo que abren la puerta a grupos empresariales para que comercien servicios y lucren con la educación publica. Ante el avance del proceso de privatización y comercio educativo a nivel mundial, la Internacional de la Educación (IE) impulsó una Campaña de respuesta global (Global Response), para enfrentar dicho proceso y defender la vigencia de la educación pública con calidad, laica, gratuita y obligatoria garantizada por el Estado como derecho social. En coordinación con esta campaña, en el 2016, el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa (OLPE) inició un monitoreo de las principales tendencias del comercio educativo y, en el 2018, se publicó un estudio que demostraba que el comercio educativo percibido en los países, responde a una lógica con expresión mundial y regional. En el marco del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, los sindicatos de educación de la Internacional de la Educación en América Latina se comprometieron a acompañar su acción político-sindical con procesos de investigación y reflexión para proponer política educativa alternativa a la que se ha estado desarrollando en la región. En esta nueva entrega, el OLPE analiza el comportamiento del comercio educativo en doce países de la región, en donde se observan las siguientes tendencias:

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1. Las metas educativas establecidas en Jomtien y de Dakar promovieron el endeudamiento de los países con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo BID para impulsar reformas educativas. La política de endeudamiento para sostener la política educativa se mantiene hasta la fecha en cada uno de los países. Uno de los signos principales de estas reformas fue promover las evaluaciones estandarizadas a docentes y estudiantes, la reducción del currículo y promover que los Ministerios de Educación actuaran con el modelo de alianzas público-privadas. 2. El impulso de este tipo de reformas fue posible gracias a la tendencia neoliberal implantada en América Latina, sumado a la llegada de los sectores empresariales a cargos e instituciones públicas. 3. La alianza público-privada es una fórmula instalada en todos los países. Por un lado consolida las oportunidades para el lucro privado con dinero público y, por otro, juega a favor del desmantelamiento paulatino del sistema educativo público. 4. La llegada de gobiernos de signo neoliberal facilitó la firma del Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS), que provocó una expansión acelerada de la oferta privada de servicios educativos en todos los niveles. 5. A partir de Jomtien, Dakar y ahora Incheon (2015), los actores del sector privado, de la cooperación internacional y de las IFI, consolidaron su presencia en la definición de la política pública educativa. Un ejemplo son los Consejos Nacionales de Educación, cuerpos multisectoriales donde además de los gobiernos, los actores privados, empresariales y religiosos se involucran directamente en la toma de decisiones. En algunos casos, estos consejos son financiados con fondos de la cooperación internacional y promueven acuerdos que estimulan el comercio educativo e incluso, contradicen las leyes de educación. 6. Sumado a esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha constituido en un actor decisivo en la definición de la política educativa con carácter mercantilista. En materia educativa, la OCDE recomienda la eliminación de la gratuidad universal a favor de la gratuidad “focalizada”, el diseño de presupuestos basados en resultados, el impulso de agencias de evaluación educativa que puedan tener carácter privado, la evaluación estandarizada para docentes y estudiantes, la participación de actores privados en la prestación de

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servicios educativos, la exclusión de los sindicatos en niveles de toma de decisión, así como reformas profundas en secundaria que pasan por la reducción de años de estudio y del currículo. 7. En los países estudiados, tanto Organizaciones no gubernamentales (ONG) como grupos privados, fundaciones y grupos religiosos, le venden servicios a los Ministerios de Educación y a ONG internacionales, favoreciendo una red de negocios privados que lucra a costas de la educación pública. 8. Se constata que los ministerios de educación muestran amplia expertise en materia de alianzas con la cooperación internacional, ONG internacionales y compra de servicios a privados. Estos servicios incluyen desde programas de gestión y administración interna de los ministerios de educación, sistemas de gestión y centralización de datos, formación docente, diseño curricular, evaluación docente y estudiantil y gestión y administración de centros educativos. Sobresalen los acuerdos con USAID, Fe y Alegría, Telefónica- Movistar y la Unión Europea, entre otros. 9. Los sectores empresariales en cada país han configurado plataformas de coordinación para incidir directamente en la política educativa como Empresarios por la Educación, Juntos por la Educación, etc. que a su vez constituyen la Red latinoamericana por la educación (REDUCA). Los grupos privados organizados en REDUCA establecen alianzas con las autoridades educativas, capturan recursos de cooperación, tienen presencia en los medios de comunicación, fomentan la reducción del currículo y promueven miradas críticas y descalificadoras del personal docente, al tiempo que generan presión para el recorte de derechos laborales en el sector educativo. 10. Los procesos de comercio educativo han profundizado el deterioro de las condiciones de trabajo docente, pues las reformas educativas han promovido la inestabilidad laboral, la reducción de los derechos laborales y la violación del derecho a organizarse, a firmar pactos colectivos y a participar en huelgas. 11. La intromisión de los grupos privados en la definición de la política educativa se ha hecho aún más evidente en el contexto de la crisis sanitaria causada por COVID-19. Durante la pandemia, la respuesta estatal se ha basado en las alianzas público-privadas para distribuir contenidos digitalizados y herramientas pedagógicas, así como formación docente para el uso de herramientas digitales en pandemia, promoviendo el rol del sector privado y de transnacionales tecnológicas en la política pública educativa.

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12. Previo a la pandemia, estos actores privados habían liderado experimentos público- privados en la educación pública para implementar planes piloto en herramientas virtuales y productos de empresas tecnológicas. Ejemplo de ello fue el Plan Ceibal, una Computadora por niño y “la maleta” del proyecto PROFUTURO de Telefónica Movistar. Todos esos proyectos no tenían una perspectiva pública y con la llegada de la pandemia, fueron irrelevantes para garantizar el derecho a la educación pública. Este documento da cuentas de la expresión de comercio educativo en el ámbito nacional, entrelazando la información encontrada en legislaciones, publicaciones, informes y noticias. El documento detalla las leyes y las prácticas que favorecen la participación del sector empresarial y las instituciones internacionales en los mecanismos de toma de decisión, la carrera de las Fundaciones de empresas privadas y las ONG por conquistar nichos de negocio y la naturalización de la presencia de grupos privados y empresariales que le hablan al oído a las autoridades educativas. El OLPE es una herramienta al servicio de la acción política sindical de las organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación para América Latina y busca poner a disposición información actualizada y documentada que acompañe la acción sindical y la defensa del derecho a la educación pública en la América Latina. Combertty Rodríguez G. Coordinador Regional Principal Internacional de la Educación América Latina.

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Introducción De manera general, en Guatemala, la Ley 1291 Ley general de Educación, resguarda el carácter público de la educación y prioriza el papel del Estado en la gestión de la política pública educativa. No obstante, hay otros mecanismos, como el Consejo Nacional de Educación o las estrategias de cooperación del Banco Mundial con el Ministerio de Educación, los que debilitan el sentido público de la educación e impulsan la participación de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), la cooperación internacional y del sector privado empresarial en los procesos educativos. El Ministerio de Educación tiene instalada la práctica de firmar contratos ya sea con agencias de cooperación, donantes y con ONGONG. Se observa que las agencias de cooperación y donantes a su vez subcontratan a ONG con alcance nacional o multidepartamental. Igualmente, las ONG de alcance nacional o multidepartamental, a su vez, subcontratan otras ONG más pequeñas. Este modelo genera una red amplia de proveedores de servicios que se contratan y subcontratan, multiplicando la participación de proveedores privados en los diferentes ámbitos educativos. En países con conflictos armados prolongados, como se observa en Colombia o en El Salvador, el conflicto tiene una incidencia directa en el crecimiento de actores no estatales en la provisión de servicios públicos, entre ellos la educación. También se ha observado cómo, una vez finaliza el conflicto, los grupos privados y ONGONG no se retiran, sino que continúan actuando en el ámbito educativo y el Estado permite que estos actores le sustituyan en los territorios, institucionalizando a las ONG y a proveedores de servicios privados como los “sustitutos” del Estado. Dentro del Ministerio de Educación existe un nivel de especialización en la coordinación, convenios y trabajo con ONGONG, principalmente dentro de la Dirección General de Acreditación y Certificación - DIGEACE y la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa - DIGECADE. Como parte de este nivel de especialización, el MINEDUC ha publicado distintos instructivos y manuales para las ONG que quieren proveer servicios en educación. En Guatemala, luego de tres décadas de Guerra (de 1960 a 1996), el Banco Mundial impulsó el PRONADE, un modelo de participación privada, comunitaria y de ONG en las actividades educativas. 10


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Por otro lado, como respuesta a la diversidad étnica del país, la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural (EMBI) está resguardada en el Acuerdo Generalización de la Educación Bilingüe Intercultural, los Acuerdos de Paz y la Reforma Educativa, tratados y convenios internacionales. En la década de los ochenta, el MINEDUC impulsó el Programa Nacional de Educación Bilingüe Bicultural PRONEBI, con énfasis en las áreas lingüísticas maya K’iche’, Kaqchikel, Q’eqchi’ y Mam. En 1995, el PRONEBI deja de ser un programa para constituirse en la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural DIGEBI, como dependencia Técnico Administrativo de Nivel de Alta Coordinación y Ejecución del Ministerio de Educación. La cooperación internacional y las ONG también tienen una participación amplia en el impulso de la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural (EMBI), sobresaliendo el quehacer de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos - USAID- en programas de EMBI. En el Contexto de la pandemia por el COVID-9, el MINEDUC reforzó la práctica de recurrir al sector privado y a actores no estatales. MINEDUC coordinó con la Fundación Carlos Slim y la transnacional telefónica Claro, para el diseño de “rutas de aprendizaje personalizada para los estudiantes graduandos en la plataforma PruebaT de la Fundación Carlos Slim, en donde los jóvenes se prepararon con lecciones y clases para fortalecer las competencias básicas de comprensión lectora y matemática”. En esta plataforma ya operaba en Guatemala previo al inicio de la pandemia, pero durante el contexto de cuarentenas sanitarias, se incentivó su uso. Durante el año 2020, la plataforma PruebaT, funcionó como una herramienta para el trabajo auto guiado. Cada estudiante respondía preguntas en las áreas de español, matemática y manejo de temas socioemocionales, y según sus resultados, la plataforma programaba la ruta de ejercicios y tareas que cada estudiante debía seguir (MINEDUC, 2021). A pesar de contar con décadas de presencia de la cooperación internacional y de ONG, las cifras educativas en Guatemala aún muestran desafíos importantes. En el año 2015, la tasa neta de escolaridad primaria (TNE) se situaba en un 80.7 % y en el año 2014 se contabilizaban 4 000 000 (CUATRO MILLONES) de personas de hasta 20 años sin acceso a la educación ( ENCOVI, 2014).

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Ley de Educación Nacional y dependencias ministeriales La Ley de Educación 1291 de Guatemala tiene elementos favorables para el derecho a la educación pública, resguarda el derecho a la organización sindical y reconoce el valor del trabajo docente. Específicamente, esta Ley le da la tarea al Ministerio de Educación (MINEDUC) de propiciar la enseñanza-aprendizaje en forma sistemática de la Constitución Política de la República y de los derechos Humanos. “Impulsar las organizaciones y asociaciones gremiales educativas que coadyuven al mejoramiento y bienestar de sus asociados. “Reconocer y acreditar la labor del maestro y personas individuales que se signifiquen por su contribución al mejoramiento del sistema educativo del país. (Ley 1291, p. 9). El Artículo 42 de esta Ley resguarda la participación docente en la adecuación de los modelos y procesos pedagógicos, en coordinación con Direcciones y Subdirecciones de los centros escolares. Este enfoque es muy importante y valioso, puesto que designa como una tarea del Estado la protección del trabajo docente, la libertad sindical y la inclusión de la perspectiva de Derechos Humanos en el proceso educativo. Igualmente, el Artículo 66 responsabiliza al MINEDUC de garantizar la calidad de la educación tanto en “los centros educativos del país, tanto públicos, privados y por cooperativas” y conceptualiza la calidad en el hecho de que la educación sea “científica, critica, participativa, democrática y dinámica. Para ello será́ necesario viabilizar y regular el desarrollo de procesos esenciales tales como la planificación, la evaluación, el seguimiento y supervisión de los programas educativos” (Ley 1291, p. 16). Como se observa, es una mirada de la calidad alejada de conceptos empresariales y estandarizados, más enfocada en la relevancia y la pertinencia de los procesos de enseñanza- aprendizaje. No obstante, esa misma Ley garantiza subvenciones con fondos públicos para instituciones privadas y habilita la intervención de la cooperación internacional en la gestión educativa pública.

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La Ley de Educación Nacional 12-91 (Ley 12-91) define que los centros educativos en Guatemala comprenden las instituciones públicas, privadas y los centros educativos por cooperativas. Tanto el Artículo 73 de la Constitución Política como el artículo 24 de la Ley de Educación Vigente, habilitan el funcionamiento de centros educativos privados. En el año 2019, la inversión en educación no superaba el 3,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación (Banco Mundial). Este presupuesto también cubre la subvención a centros privados. El Artículo 33 de la Ley 12-91 establece que el Estado tiene la obligación de “subvencionar centros educativos privados gratuitos, de acuerdo con los límites regulados en el reglamento de esta ley”. Además, el Artículo 89 sobre Recursos Económicos Financieros, plantea que el Régimen Económico Financiero para la Educación Nacional incluye los recursos provenientes de donaciones, aportes, subvenciones y cualquier otro tipo de transferencias corrientes y de capital, que provengan de personas individuales o jurídicas, nacionales o internacionales. Las transferencias provenientes de personas individuales o jurídicas, privadas, son deducibles del impuesto sobre la Renta” (Ley 12-91). Es decir, el presupuesto educativo contempla fondos internacionales y de cooperación. Por otra parte, el Artículo 33 es la misma Ley establece que el MINEDUC tiene las obligaciones de • Garantizar el funcionamiento de los centros educativos oficiales, privados y cooperativa en beneficio del desarrollo educativo. • subvencionar centros educativos privados gratuitos, de acuerdo con los limites regulados en el reglamento de esta ley. De esta forma, la Ley de Educación, que de forma general constituye una normativa favorable para la educación pública y para el rol del Estado guatemalteco garantizando el derecho a la educación pública, también abre el camino para que el sector privado reciba fondos públicos.

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DIPLAN, DIGEDUCA, DIGECADE y DIGEACE Hay cuatro organismos dentro del Ministerio responsables de la política de formación docente, evaluación, currículo y acreditación. La Dirección de Planificación, DIPLAN, fue creada por el Acuerdo Ministerial 2491 del año 2007 y se le asigna el rol de asesorar y apoyar el diseño de planes, programas, proyectos y objetivos del sector de educación. DIPLAN lidera la planificación institucional y la elaboración del Plan Operativo Anual, diseña criterios para el presupuesto institucional, coordina la cooperación técnica y financiera nacional e internacional y las acciones de la cooperación internacional con el Ministerio. DIPLAN también monitorea y consolida las estadísticas educativas desde la Subdirección Técnica de Análisis Estadístico e Información Educativa (MINEDUC, 2007). La Dirección General de Evaluación e investigación Educativa- DIGEDUCA- es la dependencia ministerial responsable de la evaluación docente, evaluación del desempeño estudiantil y el desarrollo de investigaciones. Además, DIGEDUCA es responsable de estrategias para la mejora del desempeño. El informe “Evaluación Educativa Estandarizada en Guatemala: Un camino recorrido, un camino por recorrer” del Ministerio de Educación (2013) estableció que DIGEDUCA requería asegurar la formación del recurso humano “en especialidades relacionada a la evaluación” para lo cual, DIGEDUCA buscó una alianza con la Universidad del Valle de Guatemala a favor de lograr el “financiamiento compartido para la formación del personal” (p. 41). En el Informe de Labores del año 2018, el DIGEDUCA planteó la misión institucional de proveer información objetiva, transparente y actualizada, siguiendo en todo momento rigor científico y criterios de reconocimiento internacional. Esta información permite a la comunidad educativa tomar decisiones, diseñar políticas, evaluar el cumplimiento de las mismas y diseñar nuevas estrategias. En ese mismo documento, la DIGEDUCA se pone como Objetivo, brindar información “sobre la calidad de los aprendizajes, basada en criterios y estándares sistemáticos que aseguran un alto grado de objetividad” para que el MINEDUC pueda tomar decisiones con respecto al ”diagnóstico de los aprendizajes, mejoramiento

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de las prácticas educativas, rendición de cuentas” y “desarrollo de evaluaciones de impacto de políticas y programas” (MINEDUC; 2019, p. 7) La DIGEDUCA muestra un énfasis en el proceso de evaluación estandarizada del desempeño. Este énfasis de puede explicar a partir del acompañamiento que está desarrollando el Banco Mundial a lo interno del MINEDUC, acompañamiento que se detalla en el siguiente apartado. Por su parte, la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa - DIGECADEes la dependencia ministerial que vela por la implementación del currículo nacional base. DIGECADE establece los criterios para formación y profesionalización docente y del personal directivo, así como para su evaluación y acreditación. DIGECADE define las modalidades de entrega pedagógica y promueve las áreas de educación artística, educación en valores, educación sexual y uso de tecnología, entre otros (Ministerio de Educación, 2008). El Acuerdo Gubernativo número 225-2008 mandata que DIGEACE es la dependencia del Ministerio de Educación responsable de acreditar y certificar oficialmente los procesos educativos institucionales e individuales para asegurar la calidad educativa. Así, DIGEACE es responsable de la acreditación de ONG y otros proveedores privados que venden servicios educativos. Finalmente, la Dirección General de Acreditación y Certificación - DIGEACE- acredita y certifica a las instituciones educativas, revisa los contenidos de los materiales del Ministerio de Educación, diseña los criterios para la elaboración de proyectos educativos institucionales y administra el registro de instituciones para la prestación de servicios educativos (RISE). Este documento profundiza con respecto al RISE y la participación de las ONG en la educación pública.

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El MINEDUC bajo la intervención del Banco Mundial A diferencia de otros casos como el observado en Uruguay, México o en República Dominicana en los que se han impulsado organismos de evaluación educativa externos al Ministerio de Educación, en Guatemala, el Ministerio de Educación venía financiando la gestión de los organismos oficiales responsables de los procesos de evaluación educativa con fondos públicos y con una agenda temática propia como DIGEDUCA, DIGECADE, DIGEACE y DIPLAN. No obstante, esto podría cambiar, a partir de la aprobación de una Cooperación Técnica financiada por el Banco Mundial. El Banco Mundial aprobó Cooperación Técnica (donación) para implementar el proyecto de “CREACIÓN DE CAPACIDADES ESTADÍSTICAS EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN” (Banco Mundial, 2018). El monto aprobado es de USD 350 000 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES). Entre otras cosas, este proyecto del Banco se orienta a: • diagnosticar las prácticas actuales de gestión y uso de datos. • hacer un análisis de benchmarking con países comparables. • implementar los antecedentes conceptuales y las herramientas operativas para evaluar el Sistema de Gestión e Información Educativa. • capacitar al equipo técnico del MINEDUC sobre métodos de procesamiento y análisis de datos estadísticos incluidos en el SIRE. • capacitar al personal en procesamiento y análisis de datos a nivel de escuela y de estudiante (incluidos los resultados de la evaluación de aprendizaje). • capacitar en el uso del software estadístico, herramientas de Big Data y métodos econométricos. El Informe de Labores de la DIGEDUCA del año 2019, explica que “el Banco Mundial solicitó apoyo para observar proceso de enseñanza – aprendizaje e intercambiar experiencias de aprendizaje con enfoque bilingüe y evaluativa entre la comunidad educativa (docente, director y estudiantes), y el equipo del Banco Mundial” (MINEDUC, 2020, p. 34). En ese mismo informe da cuentas de un taller regional sobre el “Uso de los resultados de pruebas estandarizadas para la mejora de los aprendizajes”, actividad que estuvo enfocada en

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el intercambio de experiencias regionales a través de herramientas para utilizar los resultados de pruebas estandarizadas para generar procesos de mejora dentro de las escuelas, que contribuyan a la toma de decisiones con base en la evidencia (MINEDUC, 2020, p.34). Igualmente se busca el desarrollo de un “Manual de buenas prácticas en gestión de la información estadística”. El Banco Mundial argumenta que este proyecto responde a vacíos del MINEDUC como la falta de uso de datos en la toma de decisiones, la baja capacidad técnica del equipo del Ministerios para usar y gestionar información estadística y “la limitada confiabilidad de los datos, recolectados con equipos tecnológicos deficientes y procesados con software desactualizado” (Banco Mundial citado por CLADE, 2018, p. 43). El proceso inició en el año 2018 y finalizaba en el año 2020. Al mes de junio de 2021, aún no se habían publicado los informes de la cooperación en la página del Banco Mundial. En general, lo que se observa es una intervención del Banco Mundial en los más altos niveles de gestión de la política educativa y una reorientación de funciones a formatos más alineados con la evaluación estandarizada, así como la gestión y el diseño del presupuesto basado en resultados. Esta mirada de la evaluación y de la calidad educativa impulsada con la cooperación financiera del Banco Mundial, contradice lo establecido sobre la calidad educativa que se plasma en el Artículo 66 de la Ley 1291, más bien centrado en una calidad socialmente referenciada.

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Presupuestos para comprar servicios de evaluación A partir del año 2018, el Ministerio de Educación de Guatemala se adhirió al Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe del BID y la Fundación Chile SUMMA. Este entre ya tenía como integrantes los Ministerios de Educación de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. En el documento de Memoria de Labores del DIGEDUCA del año 2020, (MINEDUC; 2021) se informa sobre algunos costos de procesos de evaluación. Nivel de evaluación

Meta

Costo exacto en quetzales

Costo aproximado en USD

50 000 estudiantes

Q 984,131.00

127 071.59

Estudiantes evaluados

45 000 estudiantes (30 000 del

Q 469,550.00

60 628.58

e informes

Programa Formación ciudadana y

170 000 estudiantes

Q 906,350.00

117 028.46

Informe PISA

Documento PISA

Q 98,000.00

12 653.82

Valoración de Prácticas

1 informe con la valoración

Q 260,000.00

33 571.36

Estudiantes del nivel primario evaluados

15 000 del programa Umbral) Estudiantes del ciclo diversificado evaluados e informes

educativas en el aula de los Docentes en Servicio TOTAL en USD

340 954

Estos son algunos de los rubros específicos para procesos de evaluación estandarizada y suman USD 340 954 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO). Uno de los procesos evaluativos que se suelen tercerizar o subcontratar a grupos privados son las evaluaciones de las prácticas educativas dentro del aula de docentes en servicio.

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Por otro lado, en ese mismo informe de laborales del año 2019, se informa que el DIGEDUCA está dando acompañamiento al Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) por medio del Programa Mejorando la Eficiencia y Calidad del Sector Educativo apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). DIGEDUCA estaría colaborando para que el MEDUCA cuente con un instrumento de evaluación de Lectoescritura Inicial para estudiantes panameños de primer grado de primaria y un sistema para “la interpretación de los mismos por medio del Modelo para Explicar y Predecir el Aprendizaje de la Lectura” y la divulgación de resultados a nivel nacional (MINEDUC, 2020, p.37). Estas formas de colaboración no son nuevas. No obstante, se debe subrayar que es en el marco de una iniciativa del BID, mediante la que se lleva adelante esta colaboración. El Observatorio Latinoamericano de Política Educativa (OLPE) ya ha informado en el pasado sobre el papel del BID en el impulso de procesos de evaluación estandarizada, cuyos resultados se vinculan posteriormente a diseños de presupuestos y/o a políticas laborales para el personal docente.

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Centros Privados y Subvenciones garantizadas por Ley El Artículo 23 de la Ley 12 91 define que los centros educativos privados son establecimientos a cargo de la iniciativa privada que ofrecen servicios educativos, de conformidad con los reglamentos y disposiciones aprobadas por el Ministerio de Educación, quien a la vez tiene la responsabilidad de velar por su correcta aplicación y cumplimiento (Ley 1291 p. 7). El MINEDUC le aprueba los planes y programas de los centros educativos privados. Estos a su vez, tienen potestad de tener programas diferentes a los de los centros educativos oficiales. Según lo establecido en el Artículo 33 de la Ley de Educación Nacional 12-91, el Estado tiene la obligación de subvencionar a los Centros Educativos Privados Gratuitos. Estas subvenciones se entregan de forma directa a las instituciones que presenten una propuesta ante la Dirección Departamental de Educación correspondiente, Dirección que la presenta ante el Ministerio de Educación. El Manual Operativo para Subvenciones a Centros Educativos Privados establece las pautas para que una institución privada presente una propuesta de solicitud de esa subvención. En esa propuesta, el Centro Educativo debe detallar los objetivos educativos de la propuesta, detallar la zona o región donde va a actuar y la relación de ese proyecto con los programas del MINEDUC. También se debe agregar un presupuesto detallado con el desglose por rubro. El monto de cada convenio de subvención tiene relación con la cantidad de estudiantes atendidos. Los subsidios reconocidos por Ley tienen su máxima expresión en el programa PRONADE, que se analiza más adelante en este documento.

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La Política General de Gobierno 2020-2024 ( PGG ) La política General de Gobierno para el periodo 2020-2024, incluye un análisis del estado de la educación y un conjunto de recomendaciones. Entre otros, la Política General de Gobierno propone sostener las políticas y servicios públicos tanto con recursos públicos provenientes de impuestos y también de fuentes de financiamiento “innovadoras” que incluyen las alianzas público-privadas. Esto aplica para la educación también. Específicamente, la Política propone que La provisión de infraestructura, un sistema de salud y educación eficiente y de calidad; así como, la atención de la desnutrición crónica, el acceso a vivienda digna y condiciones de seguridad adecuadas, demanda el fortalecimiento de los ingresos del Estado, para ello, será necesario alcanzar un nivel de carga tributaria cercana al 14% del PIB, acompañada de una visión renovada de las demás fuentes de financiamiento (deuda pública, cooperación internacional, Alianzas Público-Privadas, leasing público, entre otras) (p. 29). Con respecto al financiamiento de la gestión del Estado, la Política propone “un carácter innovador a la gestión pública” y que se haga una organización y coordinación de la “administración pública para el impulso de la coordinación interinstitucional pública y privada” (p. 29). Esa Política consolida la noción de financiar la gestión pública con base en recursos provenientes de “todas las fuentes de financiamiento y se promoverán otras, como las alianzas público-privadas y el leasing público” (p. 29). Entre las recomendaciones estratégicas en materia educativa, la Política enlista elementos relacionados a la revisión del currículo, las condiciones de la contratación docente e incluso una reforma a la ley. A continuación, se presenta un resumen de estas recomendaciones: • implementar un sistema de evaluación docentes y promover la “mejora en la remuneración de los profesores en función de los resultados”. • para el nivel secundario, reforzar el desarrollo de las competencias en matemáticas, ciencias, informática, inglés y educación financiera.

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• la “incorporación del estándar internacional PISA (...) con el objeto de mejorar el desempeño de los estudiantes que concluyen la educación básica, en las áreas de inglés, habilidades lectoras, matemáticas, ciencias y habilidades digitales” (p. 47). • Focalizar la atención en los municipios que “registren niveles de logro de lectura y/o matemática por debajo de la media nacional” (p. 47). • Avanzar con las modificaciones a la Ley de Educación Nacional con el objeto de mejorar la calidad de la educación (p. 47). En general, la Política General de Gobierno no se diferencia de las tendencias más representativas de la región y muestra un carácter favorable a las reformas que vinculan la inversión pública a resultados, promueven la evaluación estandarizada y colocar el énfasis en los contenidos curriculares de matemática y español, entre otros.

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El Consejo Nacional de Educación Como se ha observado en otros países de la región, en Guatemala también opera un organismo multisectorial que por un lado, facilita la participación del sector privado en la toma de decisiones y por otro, imprime un enfoque empresarial, estandarizado y comercial a los procesos educativos. Se trata del Consejo Nacional de Educación (CNE). El Artículo 12 de la Ley general de Educación establece que el Consejo Nacional de Educación es un órgano multisectorial educativo encargado de conocer, analizar y aprobar juntamente con el Despacho Ministerial, las principales políticas, estrategias y acciones de la administración educativa, tendientes a mantener y mejorar los avances que en materia de educación se hubiesen tomado” (Ley 1291). El Artículo 67 le asigna al CNE la tarea de apoyar la investigación pedagógica y el desarrollo curricular que está a cargo del Ministerio de Educación (Decreto 12-91). Entre otros, el CNE apunta a que el Sistema Educativo Nacional garantice su efectividad mediante un sistema de evaluación apropiado y constante que sea de carácter formativo, que coadyuve a tomar decisiones y que permita en todo momento reconocer el nivel de logro y los desafíos que debemos enfrentar para reorientar el trabajo en el aula (CNE, 2010, p. 4). Sumado a esto, el CNE sostiene que el Sistema de Calidad debe buscar la “viabilidad política, técnica y financiera” y a buscar acciones “de tipo administrativo, la participación multisectorial, los programas de apoyo y un adecuado financiamiento y legislación” (CNE, 2010, p. 3). Mediante el énfasis en el carácter multisectorial, el CNE mantiene abierto y allanado el camino para la participación de actores no estatales. En el Consejo participan: 1.- Ministerio de Educación -MINEDUC 2.- Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC 3.- Universidades Privadas

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4.- Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala -ALMG-. 5.- Comisión Nacional Permanente de Reforma Educativa -CNPRE 6.- Consejo Nacional de Educación Maya -CNEM 7.- Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI 8.- Alianza Evangélica de Guatemala -AEG 9.- Conferencia Episcopal de Guatemala -CEG 10.- Asamblea Nacional del Magisterio -ANM 11.- Asociación de Colegios Privados. 12.- Sector de Mujeres Organizadas 13.- Organizaciones del Pueblo Xinka. 14.- Organizaciones del Pueblo Garífuna 15.-Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras -CACIF (MINEDUC, 2010) El Consejo Nacional de Educación ha elaborado ocho políticas para orientar el Sistema Nacional Educativo, con aplicabilidad en el sector público y el sector privado de la educación, que toman como base la Reforma Educativa de 1998 y las Metas del milenio. Estas políticas recuperan elementos como la descentralización y la evaluación estandarizada, entre otros. Política 1: Garantizar el acceso, permanencia y egreso efectivo de la niñez y la juventud sin discriminación, a todos los niveles educativos y subsistemas escolar y extraescolar. Política 2: Mejoramiento de la calidad, con énfasis en el fortalecimiento de instrumentos y sistemas de evaluación. Política 3. Garantizar la transparencia en el proceso de gestión, mediante procesos de información, transparencia en la gestión y calidad en la administración. Incluye actividades como “sistematizar el proceso de información educativa. 2. Fortalecer el modelo de gestión para alcanzar la efectividad del proceso educativo. Política 4. Fortalecimiento de la formación, gestión y evaluación del recurso humano: evaluación del desempeño y sistema de incentivos. Esta Política incluye acciones para la “formación y actualización idónea del recurso humano, evaluar el desempeño del recurso humano para fines de mejora de la calidad y un sistema de incentivos y prestaciones para el recurso humano, vinculados al desempeño, la formación y las condiciones.

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Política 5: Fortalecimiento de la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural, que incluye el establecimiento del Sistema de acompañamiento técnico de aula específico de la EBMI. Política 6. Aumento de la inversión educativa, con la promoción de criterios de equidad en la asignación de los recursos. Política 7: Garantizar la educación con calidad que demandan las personas que conforman los cuatro pueblos, especialmente los grupos más vulnerables, reconociendo su contexto y el mundo actual. Política 8. Fortalecimiento institucional y descentralización, mediante la ampliación de la participación en decisiones técnicas y administrativas. (CNE, 2010, p. 6- 8). En línea generales, la agenda del CNE no se desmarca de las tendencias ya observadas en América Latina, en las que este tipo de estructuras, que no responden a las autoridades educativas, se dan a la tarea de fijar las prioridades de la política educativa en los temas de calidad, gestión, financiamiento por resultados, descentralización y participación de actores privado, entre otros.

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Las ONG y fundaciones como proveedoras de servicios En Guatemala, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), pueden proveer servicios al Ministerio de Educación “en las áreas de educación, alimentación y psicología a niños en edad escolar y del diversificado” (Congreso de Guatemala, 2019). Las ONG tienen alta presencia en los departamentos de Quiché, Alta Verapaz, Quetzaltenango y Chimaltenango, entre otros.

Niveles de coordinación y subcontrataciones Como se aclaró previamente, la Dirección General de Acreditación y CertificaciónDIGEACE- es responsable de la acreditación de los proveedores privados y de las Instituciones que prestan servicios educativos (ISES) a través de sus intervenciones en el sistema escolar o extraescolar. El Ministerio de Educación puede firmar contratos o convenios ya sea con Agencias de Cooperación que a su vez subcontratan ONG para que implementen proyectos o bien, el MINEDUC puede tener un contrato con una ONG que a su vez subcontrata servicios de ONG más pequeñas o de proveedores más pequeños (Carter, 2012, p. 41). La Figura 1 muestra un ejemplo de cómo se pueden establecer estos vínculos para proveer servicios. Figura 1. Niveles de contratación de proveedores de servicios

Fuente: elaboración propia

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Según los formatos del MINEDUC, existe la opción de que el Ministerio firme in convenio con Contrato con una agencia de cooperación o una ONG internacional o nacional y al mismo tiempo, que estas agencias u organizaciones subcontraten a otras ONG para llevar adelante la implementación en los territorios y hacen, a su vez, las tareas de coordinación con las autoridades educativas locales o departamentales.

Acreditación y certificación de ONG Para la certificación y acreditación de los servicios educativos que venden, estos proveedores se deben apegar a los lineamientos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, SGIC. El SGIC es “un mecanismo para la mejora continua. Consiste en un conjunto de directrices y criterios desarrollados por las instituciones que prestan servicios educativos, los cuales permiten asegurar la calidad e implican la construcción, publicación, implementación y evaluación periódica para la mejora” (MINEDUC, 2021). Los criterios que establece el SGIC facilitan la certificación de proyectos y programas que ofrecen la acreditación de grupos privados como “fundaciones, asociaciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sin fines de lucro” (MINEDUC, 2021). En el Manual Acreditación y Certificación Programas y Proyectos Educativos y siguiendo el Acuerdo Gubernativo número 225-2008, la DIGEACE indica que la acreditación y certificación está abierta para todas aquellas fundaciones, asociaciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales sin fines de lucro, así como a empresas privadas que con base a su responsabilidad social implementan programas o proyectos en ámbitos o espacios territoriales específicos que tienen como población meta apoyar el desarrollo de la educación en la niñez, juventud y adolescencia (MINEDUC, 2021, p. 5). La certificación se divide en 10 pasos. Los mismos pasos se repiten tanto para la certificación por primera vez como para la ampliación de la certificación, como se observa en la figura 2: 27


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Figura 2. Pasos para el proceso de acreditación y certificación

Como parte del diagnóstico, se valora: • la gestión institucional, que incluye la forma en que se orienta y se planifica el ”trabajo administrativo y técnico del programa o proyecto educativo”. • la gestión curricular que se refiere a la vinculación del programa o proyecto educativo y su metodología con el Currículo Nacional Base. En este punto se incluye el diagnóstico de herramientas virtuales y la educación inclusiva e intercultural. • La gestión del recurso, que analiza el recurso humano, infraestructura física y virtual, la sostenibilidad financiera de la ONG o la fundación y la forma de implementación (MINEDUC, 2021). El Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo 225-2008 de 2008, Reglamento Orgánico del Ministerio de Educación, establece que la DIGEACE debe administrar “el Registro de Instituciones para la Prestación de Servicios Educativos-RISE”. En el año 2008, la DIGEACE inició un proceso de registro de las ONG que proveían servicios educativos al Ministerio de Educación.

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El Registro RISE es digital y está pensado para registrar la información de las fundaciones, asociaciones, empresas privadas y ONG que prestan servicios en el nivel inicial, primaria, secundaria, extraescolar y en el sector público, privado, cooperativo o municipal. Entre otras cosas, las ONG, fundaciones y grupos proveedores pueden ser organizaciones internacionales y pueden estar encabezados y liderados por personas no guatemaltecas y /o sin documentos de residencia en Guatemala. Según lo que indica el Instructivo del proceso Acreditación y Certificación de Programas y Proyectos Educativos (DIEGACE, 2021), cuando una ONG busca la aprobación de la certificación, debe presentar un “plan general de actividades que muestre competencias, indicadores de logro y actividades de la entrega educativa que realiza”. Cuando una ONG busca la ampliación de la certificación como proveedor de servicios, debe agregar un breve resumen que describa los resultados del programa o proyectos de forma descriptiva o por medio de gráficas, tablas o base de datos, presente los resultados obtenidos en la evaluación del programa o proyecto educativo, vinculando objetivos, metas, indicadores de alcance propuestos, del último período evaluado. Evidencia de la socialización de resultados de la intervención con la comunidad educativa y otros actores, (fotografías, videos, acta, listas de asistencia, otros) (MINEDUC; 2021, p. 7). Esta información se ingresa en la plataforma digital del RISE, provista por la DIGEACE. A continuación, se aporta una muestra del RISE sin rellenar.

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Nota. RISE, MINEDUC

La información del RISE tiene efectos de monitoreo y seguimiento por parte del MINEDUC. En el momento de elaborar este estudio, no se encontró un informe público de las organizaciones inscritas en el RISE. Los informes de labores de las distintas direcciones, dan cuenta de algunas de las intervenciones que desarrollan algunas ONG, pero no da cuenta de la totalidad de las ONG que proveen servicios al MINEDUC. En ese sentido, por ahora no se ha tenido acceso a un listado detallado de las organizaciones y empresas inscritas en el RISE. El Manual de ONG del año 2021 explica que la DIGEACE puede hacer una evaluación externa de la información ingresada en el sistema digital, mediante visitas de verificación, o bien, mediante la solicitud de videos o sosteniendo videoconferencias (DIGEACE, 2021, p.12). A partir de la información que se inserta en este registro digital, es que el MINEDUC hace las valoraciones para ampliar las certificaciones de las instituciones que proveen servicios educativos, lo cual puede resultar limitado y limitante para la gestión estatal de hacer un seguimiento y una regulación efectiva.

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De forma independiente del RISE, hay otras plataformas digitales que sirven para promover las ONG y para impulsar alianzas entre ellas. En Plataformas independientes de ONG como WEGuatemala.org, Idealist.org y la red de ONG de Guatemala, las ONG se pueden auto inscribir para visibilizar sus actividades y sus áreas de trabajo. En estas tres plataformas aparecen hasta 74, 65 y 44 ONG respectivamente, todas se presentan como organizaciones que actúan en temas de niñez y educación (CARTER, 2012, p. 22). Debido a que estas plataformas son independientes, cabe la posibilidad de que las ONG se autoidentifiquen en el ámbito de la educación sin necesariamente proveer servicios al MINEDUC.

Reformas a la Ley de ONG en Guatemala En el año 2019, alrededor de 15 ONG que proveen servicios en educación, participaron en sesiones de negociación con la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, y abordaron el aporte público a los servicios de estas organizaciones. En el año 2019, el monto solicitado por las ONG´ ascendía a 144 000 000 millones de quetzales, de los cuales 83 073 000 millones corresponderían a la solicitud hecha por la Fundación Fe y Alegría. Según el tipo de cambio, en ese momento, 144 millones de quetzales equivalía a USD 18.581.216,16 USD (DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES). Los Q83 millones dirigidos a los servicios de Fe y Alegría, equivalen a un total de USD 10.718.825 (DIEZ MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO DÓLARES)¹. Según información del Congreso de la República de Guatemala, el monto final aprobado para Fe y Alegría fue de 73 000 000 de quetzales (SETENTA Y TRES MILLONES) millones que equivalen a un total de USD 9 439 009.50 (NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NUEVE DÓLARES AMERICANOS) (Congreso de la República de Guatemala, 2019).

¹ Tipo de cambio a diciembre de 2019, según el cambio de https://es.exchange-rates.org/converter/GTQ/USD/83073000 ​​

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En apartados más adelante, este documento revisa la participación de Fe y Alegría como proveedor de servicios del MINEDUC en Guatemala. Las ONG que venden servicios educativos operan bajo el Decreto 2-2003, conocido como la “ley de ONG”. El 21 de junio de 2021, en Guatemala entró en vigor el Decreto 4-2020, que da vía a una reforma a la “ley de ONG”. Esta reforma otorga al gobierno guatemalteco la potestad de retirarle el registro de funcionamiento de una ONG, sin que exista un proceso legal y sin que la ONG tenga alguna posibilidad de defensa. En resumen, el Decreto 4-2020, establece que las ONG deben: • estar inscritas en el Registro de las Personas Jurídicas, y además en la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia y reportar los cambios de representación legal. • inscribirse en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando estén constituidas en el extranjero y tengan operaciones en Guatemala. • reinvertir los excedentes patrimoniales en su objeto social. • tener beneficiarios distintos a sus trabajadores y/o miembros. • emitir recibos a sus donantes y que estos recibos tengan validez ante la Superintendencia de Administración Tributaria. • informar al Ministerio de Relaciones Exteriores cuando reciben donaciones internacionales. • impedir que terceras personas ajenas a la ONG reciban donaciones o administren fondos a su nombre. Estas medidas reflejan una intención por normar y regular el quehacer de las ONG en Guatemala, no únicamente las vinculadas a proyectos educativos. Cuando surgió el Decreto 4-2020, más de 200 ONG lo impugnaron ante la Corte de Constitucionalidad. No obstante, la Corte suspendió temporalmente la entrada en vigor del Decreto, pero ya está en operación. El 15 de junio de 2021, la Corte de Constitucionalidad ha comunicado a todas las organizaciones impugnantes que se revoca la suspensión del Decreto 4-2020 por lo que entrará en vigor a partir del lunes 21 de junio de 2021. Esta Ley rige para todas las ONG que operan en el país, incluidas las ONG dedicadas a actividades de venta de servicios, de incidencia, de base comunitaria, de investigación, etc.

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PRONADE, un invento del Banco Mundial que favoreció las ONG y debilitó la educación pública PRONADE es el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo, fue creado mediante el Acuerdo Gubernativo 457-96 y operó en Guatemala de 1994 al 2007. PRONADE basó la gestión en una combinación de compra de servicios educativos a ONG y a empresas del sector privado. Las ONG y otros proveedores privados, vendían servicios de administración, apoyo técnico y pedagógico en escuelas rurales administradas por Comités de padres y madres de familia. Mediante PRONADE, el Banco Mundial promovió la participación de ONG y proveedores privados como actores de la política educativa. Este formato de compra de servicios con fondos públicos a actores privados creció en un contexto en el que el Estado se había visto erosionado por 36 años de Guerra. PRONADE inicia cuando la Guerra llega a su fin, tras 36 años de conflicto armado en Guatemala. La Guerra había excluido a comunidades indígenas y campesinas de muchos derechos, entre ellos, el derecho a la educación. Las ONG y los sectores privados que vendieron servicios en el marco de PRONADE, aprovecharon estas condiciones para instalarse en regiones rurales donde el Estado estaba ausente y donde varias generaciones de niñas, niños y jóvenes nunca habían sido incluidas en procesos de educación pública. Esto generó una publicidad muy favorable para las ONG y para los proveedores de servicios. El sistema de compra de servicios a privados incluyó el pago por actividades educativas que cubrieron a 14,955 docentes y 455,153 estudiantes distribuidos en 4637 escuelas (Banco Mundial, 2001).

Marco legislativo para PRONADE El Acuerdo Gubernativo 457-1996 derogó el Acuerdo Gubernativo 768-93 que había creado el Programa original. El Acuerdo 457-1996 le otorga a PRONADE las funciones de promover la participación de las comunidades rurales, así como am-

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pliar y mejorar la calidad y cobertura educativa. El Acuerdo Gubernativo 457-1996 establece el compromiso de garantizar a PRONADE los recursos financieros para responder a sus gastos administrativos y de funcionamiento. Casi una década más tarde, el Acuerdo Gubernativo 326-2003 subraya el modelo de subsidios y la dinámica de participación ciudadana que conlleva PRONADE. Entre otros, el PRONADE estableció como objetivos: • Promover la participación de padres y madres de familia como responsables de la educación de sus hijos e hijas. • Fortalecer la organización local, para lograr el desarrollo de las comunidades. • Descentralizar el servicio educativo. • Distribuir las funciones y compartir responsabilidades con los COEDUCA, las ISE y otras dependencias del Ministerio de Educación. • El Programa se sustenta en los principios de solidaridad, participación ciudadana, eficiencia administrativa y fortalecimiento de la democracia(OEA, s.f.). PRONADE no ocultó la intención de promover la descentralización del servicio educativo como un mecanismo para la “eficiencia administrativa” en oposición a la gestión que podría hacer el MINEDUC. De manera general: • “PRONADE contaba con una Unidad Ejecutora responsable de la implementación y administración del programa, llevar el registro de las comunidades que serían atendidas, promover la firma de convenios, y coordinar la contratación y supervisión de Instituciones de Servicios Educativos- ISE, entre otros. • Cada comunidad rural debía establecer un Comité Educativo Local COEDUCA. • Los COEDUCA se constituían legalmente como unidades operativas para administrar las Escuelas de Autogestión Comunitaria -EAC. • Los COEDUCA administraban todo el quehacer educativo y las escuelas, tenían potestad de contratar docentes y definir el calendario y horario escolar, así como administrar el presupuesto. • Las Escuelas de Autogestión Comunitaria EAC le compraban servicios educativos y pedagógicos a las Instituciones de Servicios Educativo-ISE que eran ONG o grupos privados. • Las ISE coordinaban con los COEDUCA para la organización de las EAC, la capacitación, la supervisión de los recursos y la contratación de docentes. 34


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• PRONADE funcionó con una dinámica descentralizada, es decir, sin la dirección institucional del MINEDUC, pero con el financiamiento del Ministerio de Educación. (OEA, s.f.). De 1994 a 1998, funcionaron los jurados de oposición (selección de docentes) a nivel departamental o municipal. No obstante, a partir de 1999, estos Jurados dejaron de ser efectivos y las responsabilidades de selección docente recayeron exclusivamente en las EDUCO.

¿Cómo se constituían las Escuelas de Autogestión comunitarias? Cada comunidad era responsable de generar los Comités Educativos Locales -COEDUCA. Cada COEDUCA debía elaborar los Términos de Referencia para contratar servicios de una Instituciones de Servicios Educativos (ISE). Los Términos de referencia incluían los lineamientos del proceso educativo y a partir de estos Términos, se calificaba el desempeño de las ISE. En orden cronológico, el camino hacia una Escuela de Autogestión ComunitariaEAC, puede resumirse en seis pasos, que recuerdan más al diseño de plan de negocio que a garantizar un derecho: Figura 3: Ruta de implementación de una Escuela de Autogestión Comunitaria- EAC

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Las Direcciones Departamentales del MINEDUC participaban en la identificación de las comunidades con necesidad de establecer una EAC. Mientras tanto, el MINEDUC debía traspasar los recursos a las comunidades para que las COEDUCA pudieran pagar el trabajo de las personas docentes y los servicios de apoyo como alimentación, materiales educativos y distintos útiles escolares. A pesar de trasladar los recursos a las COEDUCO, el MINEDUC no tenía la capacidad de supervisar ni orientar el buen funcionamiento de PRONADE. Al igual que otros experimentos del Banco Mundial en Centroamérica, como fueron EDUCO en El Salvador y PROHECO en Honduras, PRONADE generó brechas y desigualdades importantes en los procesos educativos y en las condiciones de trabajo. Un estudio del investigador Jason A Carter, del Centro para la Educación Internacional de la Universidad Amherst de Massachusetts, reportó inconsistencias y vacíos importantes en el modelo PRONADE: • 65% de estudiantes de PRONADE tienen la lengua maya como lengua materna, pero menos del 1 % de los libros de texto de PRONADE estaban en lengua maya. • hasta un 26 % de las personas niñas atendidas en EAC mostraron desnutrición. • hasta 60 % de las personas docentes de PRONADE trabajan en modalidades multigrado • que hasta un 58 % de las personas que integran los COEDUCO no sabían que tenían potestad para tomar decisiones sobre las EAC (Carter, 2012, p. 22). Además, el personal docente contratado por PRONADE recibía salarios menores que los docentes del sector público y sus condiciones eran en general menos favorables, empezando por la falta de estabilidad laboral, incluida su contratación a tiempo definido, mediante contratos que debían renovarse cada 12 meses. Como se observa, el modelo PRONADE tuvo importantes vacíos que violentaron el derecho a la educación pública y el derecho de las personas trabajadoras, en regiones donde ambos derechos ya estaban afectados por los años de guerra.

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¿Cómo se financió PRONADE? PRONADE fue financiado con préstamos del Banco Mundial y recibió asistencia del PNUD. En un periodo de ocho años, de 1998 al 2006, el programa ejecutó un total de USD 454 608 737. Estos recursos no se quedaron en las arcas del MINEDUC, sino que estuvieron orientados a la compra de servicios a terceros. A continuación, se muestra un desglose del presupuesto disponible para PRONADE, en quetzales y en dólares, desde el año 1998 al año 2006. Tabla 1. Presupuesto de PRONADE del año 1998 al 2006, en quetzales y dólares, según el tipo de cambio por año del Banco Central de Guatemala.

Año

Presupuesto asignado

Comprometido y pagado

Equivalente en dólares del monto pagado

1998

95.000.000

95.499.999

13 941 605

1999

196.940.600

174.114.355

22 495 394

2000

338.867.220

337.131.183

67 426 236

2001

354.076.059

351.177.586

70 235 517

2002

337.360.222

318.346.389

40 657 265

2003

419.507.604

417.471.915

51 859 865

2004

494.026.471

493.426.746

63 667 967

2005

543.823.972

539.988.574

71 051 128

2006

538.621.314

404.880.576

53 273 760

TOTAL en USD

454 608 737

Fuente: Elaboración propia con datos de Mendizábal, C para CLADE y del 37


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Estos fondos iban dirigidos a sostener la red de proveedores de servicios en las escuelas de PRONADE. No en vano, PRONADE marcó un antes y un después en la participación de grupos privados y de ONG como proveedores de servicios educativos que reciben fondos públicos. A pesar de contar con amplia independencia, el PRONADE consideró que requería aún mayor “independencia en la toma de decisiones de las administraciones de gobierno, en cuanto a su financiamiento, sin depender del estado central en tal aspecto” (OEA, s.f.).

Las nuevas desigualdades que provocó PRONADE La desigualdad que se expresó en estas regiones y la dificultad de que este modelo se implementara en las regiones rurales ya de por sí vulnerables, se analiza en el Estudio de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL, 2018) sobre Los experimentos educativos fallidos del Banco Mundial en países centroamericanos, elaborado por el investigador Juan Arancibia. Este estudio resalta que los departamentos más pobres de Guatemala eran: Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Sololá, Totonicapán, Baja Verapaz y Jalapa. El 64.67 % de las escuelas del PRONADE estuvieron ubicadas en esos ocho departamentos, mientras el 35.33 % estaban en los restantes 13 departamentos donde el programa existió. Esta ubicación de las escuelas PRONADE parece en principio muy adecuada, pero es un contrasentido que las poblaciones más pobres del país hayan tenido que asumir responsabilidades y costos económicos y laborales de cara a la incapacidad y la inequidad de un Estado socialmente ausente, impulsado por el Banco Mundial (IEAL, 2018, p. 13). La investigación de Arancibia sintetiza cinco aspectos críticos con respecto al involucramiento comunitario que promovió PRONADE, así como el impacto en la situación docente. Estos cinco aspectos críticos incluyen: a) Cada miembro de los Comités de Educación, llamados COEDUCA, habría invertido 48 días anualmente en las tareas administrativas y financieras de la escuela de autogestión comunitaria, lo que contribuía directamente al deterioro de sus condiciones de pobreza. b) Por el pago de las llamadas cuotas voluntarias, las madres y los padres de familia debían desembolsar otro recurso monetario si querían que sus hijas e hijos estudiaran por lo menos la primaria.

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c) Debido al carácter privado de las relaciones laborales se presentaron características de tráfico de influencias, machismo, corrupción y relaciones humanas no cordiales. d) De igual forma, el sistema de contratación tiene claramente el mensaje de que no puede exigirse ningún derecho vía la organización gremial magisterial, lo que en consecuencia deja claro que a la maestra y maestro le son violados sus derechos laborales. e) Tampoco el sistema PRONADE logró resolver el tema de la adecuada atención a las poblaciones rurales mayoritariamente indígenas, pues no se desarrolló suficientemente la contratación de docentes conocedores de la cultura e idiomas ancestrales (IEAL, 2018, p. 14). Fue por esto que, tanto sindicatos y organizaciones de Defensa de Derechos Humanos, denunciaron el formato de PRONADE, principalmente por la falta de equidad que generó el Programa y por las condiciones de trabajo desiguales tanto para docentes como para padres de familia.

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Otra forma de comercio: institutos de educación por cooperativas de enseñanza Mientras que PRONADE se constituye en una compra de servicios privados con fondos públicos, los institutos de educación por cooperativas de enseñanza conforman un sistema para establecer servicios de educación públicos pero no gratuitos, pues las familias deben hacer un aporte económico. Según el Decreto 12-91 que crea la Ley de Educación Nacional (D. 12-91), los Institutos por cooperativa son “entidades no lucrativas, que establecen mecanismos y técnicas adecuadas para permitir una mayor participación del Estado a través del Ministerio de Educación, de las autoridades municipales, de los padres de familia y del sector privado (MINEDUC, 2021). Los mismos tienen jurisdicción departamental y municipal, que responden a la demanda educacional en los diferentes niveles del subsistema de educación escolar. Los Considerandos del Decreto 17-95, justifican la creación de los institutos de enseñanza por cooperativas exponiendo que “es necesario estimular la participación de padres de familia, municipalidades, organizaciones empresariales y otras organizaciones comunales legalmente constituidas, coadyuvando a la descentralización administrativa del Estado para que, bajo los principios del sistema educativo”. El financiamiento de los centros educativos por cooperativa proviene de los fondos que aportan las municipalidades, las familias y el Ministerio de Educación. este financiamiento se organiza de la siguiente manera: • A partir del Acuerdo Ministerial No. 30-2005 de fecha 7 de marzo de 2005, se asignó una subvención económica de Q. 18 420.00 al año para las secciones de 20 a 45 estudiantes (aproximadamente USD 2 382). • Para secciones que tienen de 15 a 19 estudiantes, se les asigna una subvención de Q.7 368.00 (aproximadamente USD 952). • Los padres de familia pagan una colegiatura de Q.20 mensuales (aproximadamente tres dólares). • Las municipalidades aportan Q.1,000.00 anuales por grado o sección (aproximadamente USD 129). El MINEDUC describe este financiamiento como un modelo tripartito “por el Ministerio de Educación, la Municipalidad local, los padres de familia y algunas veces el sector privado”.

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Como se establece en el Decreto 17-95, en el año 2008, el Estado Guatemalteco destinó Q 8 442 500 (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES). El MINEDUC ha establecido que las municipalidades tienen una “obligación constitucional de aportar económica y materialmente a la creación y funcionamiento de estos establecimientos educativos, quedando también obligados a contribuir los padres de familia”. Al mismo tiempo, se abre la posibilidad de que los institutos reciban cooperación privada o internacional que “podrán contribuir al mejoramiento y sostenimiento de estos Institutos” (MINEDUC, 2021). El MINEDUC cuenta con una Subdirección Departamental de Educación por Cooperativa de Enseñanza y cada departamento cuenta con una dirección y una subdirección de educación departamental por Cooperativa de Enseñanza. Esta última es la “responsable de realizar las gestiones correspondientes para que las asignaciones presupuestarias estatales y los aportes municipalidades se hagan efectivos” (MINEDUC, 2021). El MINEDUC debe proveer la infraestructura donde funciona y el mobiliario y otros servicios que se requieran para el funcionamiento de los institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza. Por su parte, los Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza están representados legalmente por una junta directiva que tiene un nombramiento de 2 años. ¿Cómo se organiza la Junta Directiva de un Instituto? Se organizan de la siguiente manera: • Presidente: será una madre o padre de familia, electo en asamblea; • Vicepresidente: este cargo lo asume la persona directora del Instituto. • Secretaría: es una persona representante nombrada por la supervisión del distrito. • Tesorería o Contabilidad: es una persona nombrada por la dirección y la asamblea. • Vocal I: será una madre o padre de familia, electo en asamblea; • Vocal II: representante de la municipalidad, nombrado por la Alcaldía; • Vocal III: será una madre o padre de familia, electo en asamblea. Esta junta directiva se elige cada dos años y debe velar por la calidad de la educación que se imparta en el establecimiento.

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USAID cubre todos los ámbitos de la política educativa El OLPE ha dado seguimiento a la participación de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) en procesos de política pública en la región. Guatemala es uno de los países en los que USAID tiene una actividad intensiva e incluso, crucial, en la política educativa. A continuación se revisan los detalles de las principales intervenciones de USAID en la educación guatemalteca, iniciativas descritas en el “BRIEF Sectorial de educación” de la Agencia (USAID, 2018). En el estudio del 2019 sobre “La educación técnica universitaria y su vinculación al mercado laboral en Guatemala”, USAID hace una valoración del Estado de la Educación en el país y concluye que En la prueba de lectura, para el año 2015, de cada 100 graduandos 26 tuvieron un nivel de logro, mientras que en el caso de matemática fueron 9. En lectura, del año 2013 a 2015 se muestra una disminución en el logro, al pasar de 27.2% a 14.6 %. En matemática, de 2013 a 2015 se muestra una disminución de éxito de 21.4% a 18.4 %25. Los principales factores determinantes en esta baja evaluación educativa lo constituyen, por el lado de la oferta educativa: la insuficiente inversión en la calidad, la falta de atención en idiomas maternos para la niñez en los primeros años de escolaridad, la debilidad en la formación y la profesionalización docente, entre otros factores (USAID, 2019, p. 18). La forma de trabajo de USAID en Guatemala es uno de los ejemplos de redes de contrataciones y subcontrataciones que se forman alrededor de la educación pública. De manera General, los documentos de USAID (BRIEF, 2018) informa de varios procesos de colaboración con el MINEDUC que incluyen: • apoyo al MINEDUC para la mejora de los sistemas de información y el uso de los datos para la toma de decisiones, • proyectos para la mejora en lectoescritura; • estudios con perspectiva de género para promover la inclusión de las niñas en los niveles de primaria y secundaria; • capacitación docente en el nivel local para mejorar sus habilidades técnica y • promoción comunitaria y de familias para que exijan educación de calidad.

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Para implementar proyectos y programas educativos, USAID subcontrata a ONG internacionales y empresas. Ejemplo de esto es el proyecto Puentes, para el cual USAID contrató a Visión Mundial Internacional y el proyecto Aprendizaje a lo Largo de la Vida, financiado por USAID y ejecutado por la firma Juárez Asociados. Tanto Visión Mundial Internacional como Juárez Asociados pueden a su vez, subcontratar más proveedores, ya sean empresas, ONG o personas consultoras. Estos proyectos se describen en las siguientes líneas. A continuación se presenta una línea de tiempo de las formas en que USAID se ha vinculado al MINEDUC y a los procesos educativos en el país. 1991 Escuelas Bilingües. En coordinación con la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural DIGEBI, USAID ha financiado el proyecto de fortalecimiento de la educación básica de USAID (proyecto BEST-Basic Education Strengthening). Se inició en once departamentos en los que había concentración de población que hablaba lengua maya. En 1997 se había logrado que el 21 % de las escuelas de estos departamentos fueran bilingües. Se ha constatado que la asistencia a escuelas donde se implementa el currículo en lengua maya, existe hasta un 90% de retención en procesos educativos. En el 2011, se constató que el 25% de centros educativos de áreas rurales no contaban con docentes bilingües. 1993 Escuela Multigrados- Nueva Escuela Unitaria – NEU. Es un diseño de un modelo de escuelas multigrados en las zonas rurales de Guatemala que capacita docentes en las modalidades pedagógicas de multigrados, técnicas de colaboración entre pares y técnicas para la autoinstrucción docente. NEU está financiado por el proyecto BEST de USAID (Basic Education Strengthening). El proyecto NEU cubre un total de 2 186 escuelas rurales multigrados que reciben hasta a 130 000 estudiantes. De estas, hubo un total de 687 escuelas del programa PRONADE en Alta Verapaz. 2005- 2009 Programa Estándares e Investigación Educativa. El Programa brindó asistencia técnica y financiera al MINEDUC en “el desarrollo de políticas y estrategias que contribuyeron a mejorar la eficiencia, equidad, y calidad de la educación, utilizando resultados de investigación y evaluación educativa” (USAID, 2021).

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2009-2014. REAULA. Proyecto Reforma Educativa en Aula . El proyecto se enfoca en el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones para el acceso de la niñez y juventud a la educación, mediante el desarrollo de “acciones encaminadas a incrementar la efectividad de prácticas docentes, mejorar los ambientes de aprendizaje en el aula, promover la efectiva adquisición del primer y segundo idioma y la lectura, ampliar el acceso a una educación de calidad a poblaciones desatendidas, mujeres y grupos mayas y promover mecanismos para que padres y madres, comunidades y líderes, participen activamente en el aprendizaje de los estudiantes”. Este proyecto fue implementado por la firma Juárez Asociados con fondos de USAID (REAULA/USAID, 2021). 2014-2019 Programa Leer y Aprender/ Educación a lo largo de la vida (Lifelong learning) /BEST. Proyecto BEST. El proyecto de Fortalecimiento de la Educación Básica -BEST por sus siglas en inglés es una asistencia de cinco años para el MINEDUC. La asistencia la brinda la firma Juárez Associates y tiene énfasis en el desarrollo del material educativo para el fortalecimiento de la lectoescritura y de la educación multicultural bilingüe, el desarrollo profesional docente, el fortalecimiento del rol de personas supervisoras y directoras, así como de un sistema de evaluación y medición de logros educativos. USAID contrata a la empresa Juárez Asociados para su implementación. La inversión total es de USD 31 317 138. 2018-2023 Proyecto Puentes. Este proyecto está enfocado en promover principios de emprendimiento en adolescentes y jóvenes de hasta 25 municipalidades de los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché y San Marcos. Puentes es parte de las estrategias de USAID en el Triángulo Norte de Centroamérica para reducir el crecimiento migratorio. El proyecto tiene una inversión total de USD 65 000 000 (y USAID contrata a Visión Mundial Internacional para que implemente el proyecto (USAID, 2020). Proyecto HEP. El proyecto HEP consiste en impulsar reformas en el ámbito de planificación de la política pública educativa y de salud de Guatemala y para promover la participación de organizaciones de la sociedad civil en la veeduría y control social y en el diálogo a nivel nacional y departamental. El proyecto tiene una inversión de USD 28 594 474 y se desarrolla del año 2016 al año 2022. USAID contrata a la firma PALLADIUM para la implementación (USAID, 2017).

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Tabla 2. Actores implementadores contratados por USAID Proyecto

Educación a lo largo de la vida.

Monto donado por USAID

Actor implementador

USD 31 317 138

Firma Juárez & Asociados

Educación multicultural bilingüe Proyecto Puentes para promoción

USD 65 000 000

Visión Mundial Internacional

de emprendimientos entre jóvenes y adolescentes. Proyecto HEP: Reformas en

USD 28 594 474

planificación de política educativa y

Firma consultora Palladium

participación de sociedad civil.

Nota. Elaboración con datos de USAID, 2018.

Palladium es una firma internacional consultora, que provee asesoría y servicios en modelos de gobernanza, implementación de proyectos, inversión de capitales, gestión de recursos humanos y profesionalización de fuerza de trabajo, entre otros (Palladium Group). Por su parte, Juárez Asociados ( Juárez & Associates) vende servicios de gestión de proyectos, evaluación de políticas y programas, marketing social y estudios de mercado, entre otros. Como se observa, son firmas consultoras transnacionales que brindan múltiples servicios. En el momento de elaborar este documento, no se encontraron informes de labores ni informes de sostenibilidad ni de la firma Palladium ni de la firma Juárez Asociados que permitieran establecer cómo operaron las firmas consultoras y qué tipo de subcontrataciones o proveedores locales estuvieron involucrados en la implementación. La contratación de firmas como Palladium y de Juárez & Asociados puede simplificar la gestión para USAID, pues proveen equipos humanos especializados, rendición de cuentas según los requisitos del donante y a la vez, juegan un rol de intermediación con la implementación en los niveles locales. 45


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Las fundaciones aliadas del MINEDUC Al revisar los informes del MINEDUC, sobresalen las alianzas con dos fundaciones: Fe y Alegría, con varias décadas de operar en Guatemala y la otra es la Fundación Carlos Slim, que opera en coordinación con la transnacional de telecomunicaciones CLARO.

Fundación Fe y Alegría Guatemala La Fundación Fe y Alegría tiene la particularidad de apoyar la “educación pública gratuita, como derecho humano inalienable” (FyA, 2013, p. 20). Aun así, Fe y Alegría ha participado en uno de los modelos de comercio educativo más comunes en la región, como es la administración de centros educativos con recursos públicos. La Fundación Fe y Alegría ha logrado suscribir convenios de subvención con el gobierno guatemalteco para proveer servicios de educación subvencionada. Según el portal de la Fundación, en el año 2020 Fe y Alegría gestionaba 53 escuelas en Guatemala en los niveles de pre primaria, primaria, medio básico y medio diversificado (FyA, 2021). Figura 4. Cobertura por niveles y por edades de los servicios educativos de Fe y Alegría en el año 2020

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La Fundación se sostiene con donaciones de donantes en España y de donantes en Guatemala, pero la mayor parte de los recursos que recibe la Fundación Fe y Alegría provienen del Ministerio de Educación. Los informes de labores del año 2012 al año 2019 muestran una tendencia sostenida en el comportamiento de los ingresos de la Fundación. La tendencia muestra que los ingresos por motivo de subsidios del MINEDUC representan en promedio el 81% de los ingresos de la fundación. La tabla 3 aporta un detalle con estos datos. Tabla 3. Porcentajes de ingresos de Fe y Alegría según fuente de financiamiento por año Año

Total de ingresos en quetzales

% de ingresos provenientes de donantes españoles

% de ingresos provenientes de donantes locales

% de ingresos provenientes de MINEDUC

2019

Q 82,382,939

12,03%

5.15%

82,82%

2017

Q 73 385 659

10,70%

4,51%

84.10%

2015

Q 44 366 110

6,32%

8.36%

85.32%

2012

Q 42 625 786

19,05%

2,17%

78,78%

Fuente: Fe y Alegría, 2021

Es decir, la Fundación Fe y Alegría se suma a la lista de actores que recibe fondos públicos para hacer gestión de instituciones educativas. Sumado a esto, los métodos de administración de la Fundación no difieren tanto de los que había llevado a cabo PRONADE. A partir del año 2003, Fe y Alegría Guatemala empezó a implementar un modelo de cogestión en los centros educativos. Esta Cogestión consistía en la responsabilidad y el involucramiento institucionalizado de padres y madres de familia, en tres niveles de responsabilidades: gestión administrativa, gestión pedagógica y gestión de desarrollo, con un órgano superior de toma de decisiones en los centros educativos que se hace efectivo en el Consejo Escolar. (FyA, 2013, p. 19). 47


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Con respecto a este modelo, la Fundación describe que en los años 2004 y 2005 se comienzan a aplicar los criterios y estrategias contenidos en el proceso de cogestión. Se trata de un tiempo de recomposición de funciones en los centros educativos, de posicionar una participación más activa de los padres y madres de familia como sujetos sociales, donde establecen relaciones de coordinación con el órgano de dirección del centro, pero también asumen una participación en la toma de decisiones. Se realiza un fuerte acompañamiento y capacitación de los equipos regionales hacia la comunidad educativa (FyA, 2013, p. 49). Sumado a esto, en el año 2008, la Fundación avanza con un proceso de descentralización y la estructura de gestión atraviesa los siguientes ajustes: • un rol más protagónico de las Juntas Directivas de grado. • se conforman los Consejos Escolares. • avance en la descentralización en la administración de los centros educativos. • se establecen relaciones entre la Asociación Educativa de padres y madres de Familia -APAMCE- y el Equipo Directivo. • “Los padres y madres de familia asumen un mayor involucramiento y participación en la toma de decisiones, y fortalecen su participación a nivel comunitario-local” (FyA, 2013, p. 49-50). La Asociación Educativa de padres y madres de Familia -APAMCE cuenta con una Asamblea General, una Junta Directiva y las Juntas Directivas de grado. Las Juntas que conforman la APAMCE tienen la responsabilidad de “participar en la cogestión administrativa y pedagógica del centro educativo a través del Consejo Escolar” (FyA, 2013, p. 53). Al año 2013, se contabilizaban 20 proyectos gestionados por las Asociaciones educativas de madres y padres de familia. En los Anexos de este documento, se aporta un resumen de los proyectos – principalmente de infraestructura y mantenimiento- liderados por las familias “cogestoras”. En síntesis, como se ha dicho, aunque la Fundación Fe y Alegría expresa su interés y su apoyo con el derecho a la educación, la Fundación implementa métodos que suman a las formas de comercio educativo: el impulso a la descentralización y el uso de fondos públicos para la gestión educativa en manos privadas, es decir, manos de la fundación.

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Fundación Carlos Slim El Ministerio de Educación firmó un convenio de cooperación con la fundación Carlos Slim, representada través de Claro Guatemala, para el uso de la plataforma PruebaT. Pruebat, 2021). La plataforma incluye materiales e instrumentos para prepararse para pruebas del MINEDUC, incluidas las pruebas para docentes que optan a plaza como para estudiantes que deben hacer las pruebas de Evaluación Nacional de Primaria, la Evaluación de tercero básico (TER) y de Graduandos, así como la de docentes optantes a plaza. La plataforma ofrece ejercicios y ejemplos para prepararse para las pruebas. Como se explicaba en la introducción de este documento, en el marco de la pandemia del COVID, el MINEDUC acordó que las y los estudiantes recibieran orientación digital sobre sus procesos de estudio a través de un programa automático de la plataforma de la Fundación Carlos Slim y facilitada por la transnacional CLARO. BIT. IMPULSO- Alianza entre el MINEDUC y el Behavioural Insights Team (BIT). El BIT es una empresa experta en la aplicación de la ciencia del comportamiento y métodos de evaluación rigurosos a las políticas públicas. El Informe de labores del DIGEDUCA 2018 explica que en el año 2018 y en coordinación con DIGEDUCA, el BIT lanzó la primera fase de la intervención para “trabajar con más de 1400 directores representantes de más de 2,200 establecimientos educativos del ciclo diversificado. La intervención consiste en una lista de consejos para directores que le ayudará en su gestión para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y ayudarles a evitar la deserción” (MINEDUC, 2019). Glasswing International. Lleva adelante una alianza con USAID para implementar programas de Escuelas Comunitarias. El objetivo de este programa es mejorar al menos cien escuelas públicas en Guatemala, El Salvador y Honduras, por medio del fortalecimiento de infraestructura, clubes educativos extracurriculares y capacitaciones dirigidas a docentes y a padres de familia. Cooperación para la Educación. La asociación Cooperación para la Educación (COED) diseña e implementa programas a largo plazo, que contribuyen a “la calidad educativa” en beneficio de estudiantes del área rural de Guatemala. BK Becas Fundación La Fundación pone a disposición becas de estudio de hasta Q 465 por niño al año en primaria (USD 60) y de Q950 en educación media (USD 122).

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Otros actores privados que actúan de manera permanente en el ámbito educativo público Otras intervenciones que tienen carácter permanentes y que son llevadas adelante por actores privados y fundaciones dentro del sistema de educación pública son:

Gran Campaña Nacional por la Educación (GCNPE) La Gran Campaña Nacional por la Educación (GCNPE) se lanza en 1999. El avance de la Campaña fue promovido por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), una organización de carácter privado, la cual maneja la Secretaría Técnica de la Campaña. La GCNPE se presentó como un movimiento ciudadano, aunque estuvo principalmente impulsada por ONG, cooperación internacional, medios de comunicación, universidades y también Empresarios por la Educación de Guatemala. Sobre el origen y los focos de trabajo de la Campaña, ASIES explica que surge en 1999 con el propósito de incrementar el presupuesto asignado al MINEDUC. Luego de incidir en dicho incremento, ha trabajado en mejorar la calidad educativa, a través del monitoreo de la gestión pública de la misma. Asimismo, ha generado espacios de reflexión y diálogo con actores clave y tomadores de decisión, logrando con ello incidir y dar seguimiento al cumplimiento de políticas educativas. Ha desarrollado procesos de auditoría social, que a lo largo de los años han permitido monitorear, verificar y evaluar de forma cuantitativa y cualitativa los servicios de apoyo brindados por el MINEDUC (ASIES, 2021). La GCNPE inicia con 15 organizaciones en 1999 y tres años después, en el 2002, se habían sumado otras 64 organizaciones e instituciones nacionales e internacionales. En el año 2004 se contabilizaban un total de 84 organizaciones integrantes de la campaña y en el año 2015 el número había descendido a 70, sumando iglesias, medios de comunicación, fundaciones y organizaciones empresariales, entre otras. La Campaña tenía tres ejes de acción que sumaban la investigación y el análisis, la incidencia política y la sostenibilidad.

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En el eje de incidencia, la GCNPE se planteaba “influir en actores tomadores de decisiones como: medios de comunicación social, comisiones del Congreso de la República vinculadas con educación, Ministerio de Educación, Ministerio de Finanzas, ONG, sector privado, municipalidades y (…) un monitoreo en los medios de comunicación social”. Como parte de las estrategias de la sostenibilidad, la Campaña se planteaba “gestionar recursos de la cooperación internacional y de otros actores nacionales”. Parte de esa sostenibilidad se logró a partir del año 2009, mediante una alianza de la Campaña con la cooperación alemana (GIZ) y con USAID, específicamente, mediante el programa Preal, el Programa Estándares e Investigación Educativa, implementado por Juárez & Asociados, empresa que como se explicó en apartados anteriores, está contratada por USAID. De hecho, los procesos impulsados por USAID en Guatemala, tuvieron un peso importante en las actividades de la GCNPE. Por ejemplo, cuando la Campaña promovió actividades relacionadas con la formación inicial docente, se recurrió al documento elaborado por Juárez & Asociados-Usaid, Diseño del Subsistema de Formación Inicial Docente. Las propuestas de este documento desarrollado con fondos de USAID, incluían la creación de un Bachillerato pedagógico: dos años de duración, crear la carrera de Magisterio a nivel de possecundaria con dos años de duración y con una titulación de técnico universitario y establecer evaluaciones para ingreso, entre otras cosas (p. 26). Basados en este diseño de la firma Juárez & Asociados, los grupos organizados dentro de la GCNPE lograron incidir en el MINEDUC, de forma que llevara estos contenidos a la agenda de trabajo de la Mesa técnica para la Formación Inicial Docente en los años 2009 al 2011. Esta forma de operar no es menor. La GCNPE se constituye en una plataforma de hasta 70 organizaciones para respaldar y dar legitimidad a ideas y a enfoques con rasgos privatizadores y favorables al comercio. La GCNPE lanzó el Observatorio Nacional de la Calidad Educativa (ONCE). Este Observatorio se impulsó con la expectativa de que brindara información que le permitiera la GCNPE hacer incidencia a favor de “mayor supervisión del sistema” (FUNDAUNGO, 2015, p. 40), principalmente orientado a supervisar o evaluar en función de los criterios estandarizados de lo que los sectores de la campaña consideran “calidad”. El ONCE también recuerda una iniciativa que se observa en Paraguay, con el “Observatorio Educativo Ciudadano” financiado por Juntos por la Educación de Paraguay.

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Este Observatorio ONCE de la GCNPE en Guatemala, promovía una “auditoría social y desarrollar procesos de abogacía, incidencia y diálogo político, así como dar seguimiento a la Agenda Nacional de Educación con Calidad, propuesta por la Gran Campaña Nacional por la Educación (GCNPE) en el año 2011”. En el 2015 se publica una Memoria de la GCNPE. Esta Memoria fue elaborada por ASIES, quien a su vez fue contratada por la Fundación FUNDAUNGO, una fundación salvadoreña que vende y subcontrata servicios de investigación y formación de “actores sociales y políticos para la promoción del desarrollo y la gobernabilidad democrática en El Salvador y Centroamérica”. FUNDAUNGO desarrolla el proyecto “Experiencias de incidencia en políticas públicas: una aproximación a la configuración de actores participantes” y es partir de este proyecto que FUNDAUNGO de El Salvador, contrata a ASIES en Guatemala, para hacer la memoria de la GCNPE (FUNDAUNGO, 2015, p. 5). El documento de la Memoria de la Campaña, establece entre otras cosas, que la Campaña impulsó un Informe de Auditoría Social 2007, y que a partir de esta auditoría, los sectores “civiles” que conformaron la Campaña constataban que a) no se cumplía con los 180 días de clase; b) la capacitación no llegó a todos los docentes; c) la supervisión continuaba siendo deficiente, y en algunas escuelas nunca llegó el supervisor durante todo el año; d) los índices de retención continuaban bajos, especialmente en el área rural (FUNDAUNGO, 2015, p. 23). La línea de la sistematización de la campaña deja ver una posición muy crítica al sector magisterial y aún más crítica contra el movimiento sindical. Un ejemplo de esto es la aseveración que no se pudieron sostener los diálogos sobre formación inicial docente y sobre la implementación de cambios estructurales al currículo de la carrera de Magisterio de la forma en que se esperaba, debido a una “oposición muy fuerte del movimiento sindical” (FUNDAUNGO, 2015, p. 23). Ese mismo documento recupera información extraída de entrevistas a diferentes personas involucradas en las actividades de la Campaña. Parte de esta información concluye que la GCNPE enfrentó “factores exógenos” que le dificultaron las actividades de incidencia. Entre estos factores se enlista “la politización del movimiento sindical del magisterio” (FUNDAUNGO, 2015, p. 38).

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Los resultados de estas entrevistas también ponen sobre la mesa otros factores que la Campaña consideró como factores exógenos que le obstaculizaron la incidencia, como fueron las críticas por sus “posturas privatizadoras” y también la falta de “claridad que tiene la población sobre el significado e implicaciones de una educación de calidad” (FUNDAUNGO, 2015, p. 38). Esa última valoración resulta muy delicada, pues la persona informante estaría justificando la falta de apoyo a la GCNPE a partir de un supuesto desconocimiento general de la población. La iniciativa de la GCNPE deja en evidencia el interés de muchos actores privados, religiosos, ONG y empresariales de posicionarse como actores legítimos en los procesos educativos públicos, de establecer alianzas entre sí para lograr mayor fuerza y establecer alianzas para negocios o para impulsar sus agendas.

Empresarios por la Educación Empresarios por la Educación ha sido aliado de la GCNPE y es parte de la articulación de grupos privados empresariales Red Latinoamericana por la Educación REDUCA. Empresarios por la Educación Guatemala expresa que su misión es “promover la transformación del sistema educativo con una visión de largo plazo para la mejora continua”. El tipo de “transformación” al que el grupo de Empresarios apunta, se puede dilucidar con una rápida revisión de los ejes de trabajo establecidos por ExE Guatemala, entre los que se encuentran: 1. La incidencia en la agenda educativa del país y posicionar temas que Empresarios considera prioritarios entre autoridades y la opinión públicas. 2. Promover la certificación de escuelas, directores y docentes, identificar programas y facilitar procesos de certificación, así como crear demanda e incidir para que haya beneficios para personas e instituciones certificadas. 3. Gestionar una estrategia para reformar la carrera docente, mediante un plan de alianzas y apoyos. 4. Promover innovaciones educativas, principalmente integrando tecnología y conectividad para las escuelas y la formación docente en estas tecnologías y continuar con el proyecto de Alianza con Profuturo, la Biblioteca Digital, el InLab (ExE, 2021). 5. Gestionar nuevas alianzas y recursos de cooperación internacional y fundaciones; promover el liderazgo empresarial en políticas educativas y fortalecer las plataformas de recaudación de recursos; mantener los vínculos con Reduca y Diálogo Interamericano.

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Estos Ejes de Trabajo, se complementan con las Prioridades en Educación 20202024 (ExE, 2020) establecidas en el año 2020. Estas prioridades se constituyeron en la carta de ExE Guatemala para presentarse como una voz autorizada en educación durante la campaña electoral en el 2021. La propuesta se presentó como el producto de la alianza entre ExE, FUNDESA, Mejoremos Guate, Alianza por la Nutrición, CEP y Red Empresarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Los Niños y las Niñas a la Escuela, entre otros. En el documento de las prioridades sobresalen elementos que coinciden con las posiciones de otros grupos empresariales y con las agendas del Banco Mundial y de la OCDE, como son focalizar el currículo en los contenidos de matemática y la lectura, orientar la educación secundaria a los contenidos de emprendimiento y formación para el empleo y generar un sistema de meritocracia docente. Las prioridades del grupo de empresarios para este periodo de tiempo son: 1. Inversión en el desarrollo de la primera infancia. 2. Fortalecimiento de la profesión docente. 3. Mejoramiento de aprendizajes y desarrollo de competencias. 4. Formación relevante para jóvenes en la secundaria. 5. Fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Educación (ExE, 2019). Es importante observar la quinta prioridad sobre el fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Educación con mayor atención, pues, entre otras cosas, esta prioridad llama a: “Reorientar el presupuesto del MINEDUC hacia aquellas áreas que generen mayor impacto en la mejora de la cobertura y calidad educativa (como la implementación de TIC, textos escolares, formación docente, acompañamiento escolar, etc.); fortalecer mecanismos de control y eliminación de malgasto en la ejecución de fondos a todos los niveles; planificar las políticas educativas con una visión de largo plazo con especial atención en hacerlas sostenibles; alinear los pactos colectivos a una estrategia de políticas docentes que lleven a la calidad educativa” (ExE, 2020). Esta propuesta muestra una intención nada solapada de injerencia en la gestión presupuestaria del MINEDUC. Por otra parte, la prioridad dos sobre el fortalecimiento de la carrera docente, coincide con la iniciativa de Juárez & Asociados, que recibió un respaldo de Empresarios por la Educación, a través de la GCNPE. Pero además, el énfasis que pone el grupo empresarial

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en los procesos de la carrera docente, están claramente vinculados a la Meritocracia, la cual constituye uno de los pilares de la posición de Empresarios por la Educación Guatemala contra el Pacto colectivo en educación.

ExE contra el derecho al Pacto Colectivo En el 2019, ExE inició una campaña para deslegitimar o cuestionar el Pacto Colectivo gestionado en 2018 entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) y el Ministerio de Educación (MINEDUC) señalando “riesgos de la ampliación presupuestaria”, llamando a reevaluar y reestructurar el Pacto Colectivo y argumentando que los aumentos salariales deben vincularse a avances en la calidad educativa. Incluso, en el Comunicado “ Los riesgos de la ampliación presupuestaria de MINEDUC frente a desafíos educativos", ExE llamó a constituir un “Nuevo Pacto Educativo”, en contrapeso al sentido institucional y la figura legal del Pacto Colectivo (ExE, 2019). Las razones que expuso ExE fueron que el “proyecto de pacto colectivo establece un aumento salarial del 15% para todo el personal del MINEDUC (5% anual de 2018 a 2020), un bono único de fin de año de Q2500.00 y un bono mensual para 2018 de Q.500.00 para los maestros egresados del Programa Académico de Desarrollo Profesional para Docentes-PADEP/D” (ExE, 2019). El bono mensual se incrementa a Q600 en el 2019 y a Q700 en el 2020 (USD 77 y USD 90 respectivamente). Todos estos beneficios ascienden a un total de Q 4 909 400 millones de quetzales (un aproximado de USD 635 368 dólares estadounidenses). Para asumir estos compromisos en el año 2018, el MINEDUC requeriría solicitar al Congreso de la República “un monto de Q.961 millones adicional a su presupuesto 2018 para cumplir con lo pactado” (ExE, 2019), lo cual equivale a un aproximado de USD 134 815 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE DÓLARES). Para ExE antes que un Pacto Colectivo, debía prevalecer una reforma basada en la meritocracia, así como nuevas “condiciones para su adecuada selección y contratación, formación, evaluación e incentivos” (ExE, 2019). El grupo de empresarios sostuvo que el Pacto Colectivo requería una reestructuración de modo que fuera más compatible con “un marco institucional que se oriente a

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mejorar el aprendizaje” y que se promueva el “Nuevo Pacto Educativo respaldado por diversos sectores del país” (ExE, 2019). Como se puede observar, el grupo de empresarios privados no solamente tiene una agenda con énfasis en las reformas institucionales, sino que, al criticar el Pacto Colectivo, abre la puerta a promover un proceso regresivo y contrario al derecho al diálogo social, protegido nacional e internacionalmente.

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A modo de conclusión Guatemala tiene particularidades propias como un Ministerio de Educación fuerte, comprometido con la política educativa y con la protección del derecho a la educación de la niñez y la juventud indígena. Aún con esas particularidades, actores como el Banco Mundial o USAID, han instalado su propia agenda en la política educativa Tanto el Banco Mundial como USAID han dado pie para que se consolide la presencia de ONG y grupos consultores privados en los espacios de toma de decisión, el diseño de programas y proyectos educativos y en la implementación de servicios educativos. Si bien el OLPE tuvo acceso a informes de actores como USAID o como Fundación Fe y Alegría, no se tuvo acceso a ningún documento del MINEDUC que dé cuenta del total de las ONG y empresas inscritas en el Registro de Instituciones para la Prestación de Servicios Educativos-RISE puesto que esto puede ofrecer un panorama más global de las organizaciones que venden servicios al MINEDUC y que reciben subsidios de fondos públicos. Es por eso que Guatemala se puede considerar un país donde las ONG se han multiplicado y se han consolidado en el sector educativo y prácticamente tienen domicilio fijo dentro del Ministerio de Educación. La experiencia de la Gran Campaña Nacional por la Educación, que pasó de agrupar a 15 organizaciones hasta 84, es un ejemplo de la comodidad con la que actúan las ONG y los actores privados en el sector educativo. Sumado a esto, se ha identificado que la cooperación internacional, principalmente la USAID, genera un mercado de servicios de asesorías y consultorías en educación, estableciendo una práctica de compra de servicios y subcontrataciones en cadena, en la que las Agencias de Cooperación subcontratan a ONG Internacionales y empresas consultoras y estas a su vez subcontratan ONG locales y consultores independientes, etc. Por otro lado, la práctica de descentralizar y de promover la participación de actores no estatales (desde ONG hasta madres y padres de familia) se ve beneficiada con una desconfianza social hacia las instituciones públicas. Esta desconfianza y descrédito hacia lo público ha sido instalada durante los gobiernos de signo neoliberal y juega a favor de las alianzas público-privadas y el aumento de las ONG en el país.

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La Política general del Gobierno 2020-2024 tiene un claro corte neoliberal, que no marca una pauta de fortalecimiento del rol del Estado ni de las finanzas públicas, por cuanto recomienda la gestión pública en alianza con actores privados, así como el sostenimiento de la política y servicios públicos con fondos de la cooperación internacional. Las prioridades establecidas por los grupos empresariales de Empresarios por la Educación de Guatemala también marcan un norte neoliberal y antisindical, promoviendo un retroceso en las conquistas del diálogo social, que se expresan en el Pacto Colectivo. En ese sentido, en el caso de Guatemala, debe mantenerse el monitoreo de las redes de ONG que funcionan bajo el abrigo de las agencias de cooperación. En Guatemala, no obstante, la reforma a la Ley de ONG busca regular la fuerte presencia de ONG y promover su rendición de cuentas y controles fiscales y tributarios. Los modelos de escuelas subvencionadas y de centros educativos por cooperativas de enseñanza, principalmente en las zonas rurales que estuvieron afectadas por la guerra, mantienen la ausencia del Estado en esas regiones, 25 años después de finalizado el conflicto armado. Es por esto que, esos modelos de tercerización de servicios, de descentralización y de participación de ONG y cooperación Internacional en la gestión de la política educativa, debe denunciarse, monitorearse y detenerse, porque juegan a favor del desmantelamiento de la política pública y el debilitamiento del Estado.

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• Institutos de enseñanza en cooperativas http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/leyes_y_acuerdos/ leyes_educativas/documents/01_Acuerdos_Varios_2019/Acuerdo%20Ministerial%20No.01-2019.pdf • MINEDUC (2007) Acuerdo Ministerial 2491 https://www.mineduc.gob.gt/DIPLAN/ • Ministerio de Educación (2013) Evaluación Educativa Estandarizada en Guatemala: Un camino recorrido, un camino por recorrer. https://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/enlaces/documents/Documento_Evaluacion.pdf • MINEDUC (2021) Manual Acreditación y Certificación Programas y Proyectos Educativos Departamento de Organizaciones No Gubernamentales. https://www.mineduc.gob.gt/DIGEACE/documentos4/Certificaci%C3%B3n%20 De%20Procesos%20Educativos%20Desarrollados%20Por%20Instituciones%20 Que%20Prestan%20Servicios%20Educativos-ISES/MANUAL%20ONG_2021.pdf • MINEDUC (2021) Informe de labores de DIGEDUCA 2020. https://www.mineduc.gob.gt/digeduca/ • MINEDUC (2019) Decreto 01-19 https://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/leyes_y_acuerdos/ leyes_educativas/documents/01_Acuerdos_Varios_2019/Acuerdo%20Ministerial%20No.01-2019.pdf • MINEDUC (2020) Informe de Labores DIGEDUCA 2019 https://www.mineduc.gob.gt/ digeduca/documents/memoriaLabores/Memoria_labores_2019.pdf • MINEDUC (2019) Informe de labores de DIGEDUCA 2018. https://www.mineduc.gob.gt/digeduca/documents/memoriaLabores/Memoria_ labores_2018.pdf • MINEDUC (s.f.) SUBVENCIONES A CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS GRATUITOS Criterios de acceso (Extracto Capítulo III - Manual Operativo para Subvenciones)http:// infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/f/f5/DIPLAN_Criterios_de_Acceso_ SUBVENCIONES_A_CENTROS_EDUCATIVOS_PRIVADOS_GRATUITOS.pdf

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OEA (s.f.) Guatemala: Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo -PRONADE http://www.oas.org/udse/wesiteold/guatemala.html • Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (2020) Política General de Gobierno 2020-2024 https://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/quienes_somos/politicas_educativas/pdf/Pol%C3%ADtica-General-de-Gobierno-2020-2024.pdf • USAID (2020) PUENTES PROJECT https://www.usaid.gov/guatemala/programs/puentes • USAID (2018) Sector Brief Education https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1862/sector_brief_-_education_june_2018.pdf

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Anexos ANEXO 1. PRINCIPALES PROYECTOS GESTIONADOS por las Asociaciones de Padres y Madres de familia

Gestión de proyectos Centro No.3 Ocós,

Cambio de Área

San Marcos

Techada

Participantes

Beneficiados

Inversión

Parroquia

252 hombres

Q 30,000.00

y 258 mujeres estudiantes

Construcción de

Wilmington

Sanitarios

(Carolina del

Q 51,000.00

Norte) Donación de Gene-

Q 19,500.00

ración de Energía Donación de seis

Q 21,000.00

computadoras Donación Marimba

Adesca

Q 45,000.00

e instrumentos Musicales Centro No.5

Gestión en la

APAMCE

El Limón

compra de instru-

Comunidad

mentos

Educativa

Gestión de 85

50 Estudiantes

Q 27,000.00

MIDES

85 Estudiantes

Q 59,500.00

Construcción Can-

Municipalidad

410 Estudiantes

Q 25,000.00

cha Polideportiva

de Guatemala

Formación a 75

APROFAM

75 Estudiantes

Q11,200.00

Becas para estudiantes de primero básico

jóvenes en Diplomado de Educación Sexual 63


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Gestión de proyectos

Participantes

Beneficiados

Inversión

240 Estudiantes

Q 25,000.00

Centro No.8

Construcción de Sa-

Caritas

Ciudad Peronia

lón de Dormitorios

Arquidiocesanas

Construcción de

Q 22,000.00

Bodega para alimentos Donación de Artí-

Q 10 ,000.00

culos y Productos Varios Centro No.50

Donación de Maíz y

Olopa,

Frijol*

Orden de Malta

150 Estudiantes

Q 8,000.00

Asistencia Nutri-

Orden de Malta

25 Estudiantes

Q 6,000.00

cional Académica y

Hnas. Albertinas

Recreativa*

Sabe The Shil-

Q 35,000.00

Chiquimula

drean Municipalidad de Olopa Ampliación de Te-

Municipalidad

150 Estudiantes y

rreno y Circulación

de Olopa

Comunidad Educativa

de Muro Perimetral Iglesia Católica Implementación

Hnas. Albertinas

150 Estudiantes

Q 18,000.00

KNH

290 estudiantes

Q 28,710.00

Biblioteca para cada clase Proyecto de refacCentro No.43

ción escolar*

Palencia Proyecto de Banda

Q 45,000.00

Escolar Diplomado

MICOOPE

25 Docentes

Q 50,000.00

en formación ciudadana

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Gestión de proyectos Centro No.22

Mis Años dorados*

Ciudad Peronia

Participantes

Beneficiados

Inversión

Municipalidad

65 personas de la

Q 50,000.00

de Villa Nueva

tercera edad

SOSEP Proyecto de

Municipalidad

1,200

Adoquinamiento

de Villa Nueva

estudiantes

Q 25,000.00

Fuente: Fe y Alegría, 2013.

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Guatemala: La cooperación internacional marcando la pauta de la política educativa  

De manera general, en Guatemala, la Ley 1291 Ley general de Educación, resguarda el carácter público de la educación y prioriza el papel del...

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