Durante décadas, la descentralización educativa ha sido una destacada tendencia en la región de América Latina y el Caribe. Esta tendencia ha sido impulsada, en parte, por influencias globales y recomendaciones de organismos internacionales (Edwards y DeMatthews, 2014; Winkler y Gershberg, 2000) con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto público en la región, aun cuando la evidencia respecto a los efectos de la descentralización no es concluyente y sugiere que estos efectos están fuertemente influenciados por el contexto institucional específico de cada país (Litvack et al., 1998). Un proceso similar se ha dado con respecto a la privatización educativa que, en sus diferentes variantes, constituye otra tendencia evidenciada extensamente en la región (Adrião y Pinto, 2016; Moschetti et al., 2019; Edwards et al., 2019; 2020).
