2.1. Gobierno de Julio César Turbay (1978-1982

mayor detención en el capítulo 4; sin embargo, será abordado con el propósito

de que se note su carestía en el desarrollo de estos segmentos. Para argüir

esa epistemología, se corroborarán las formulaciones de Joaquín Romero

Herrera, Luis Rodríguez Manzanera, Fredric Jameson y Stuart Hall. Ellos

coincidirán en que este postulado es insoslayable para verificar la articulación

de la cultura, la consolidación de los organismos gubernamentales, la

aceptación de una identidad local, la conformidad con los bienes comunes y el

respaldo de las entidades encargadas del buen funcionamiento.

Considerando lo que planteó Auerbach (1996, p. 38), es imprescindible

reconstruir la historia para corroborar cómo se ha ido instaurando la moral de la

sociedad. En este caso, es de importancia saber de qué modo el Estado nación

es sometido a un cuestionamiento por las mismas entidades gubernamentales.

Frente a esas controversias, es notorio el intento de forjar un patrimonio que

sirva para la cultura. Eso se alcanzará muchas veces a través de luchas. En el

artículo «Violencia, autonomía militar y procesos de formación del Estado y la

constitución de la nación» (Romero Herrera, 2010b, pp. 116-121), se confirma

que esa será la única manera de confrontar con la existencia del Estado

nación.

En esta sección que abarca el mandato presidencial de Julio César

Turbay, recurriré a las nociones de retrospecciones internas y externas que

postula Mieke Bal (1990, p. 68). Esas epistemologías permitirán evidenciar los

referentes que están incorporados en Noticia de un secuestro y complementa

la documentación que proviene directamente de la historia de Colombia. Por

medio de estos conceptos, se abordarán los sucesos que están comprendidos

entre los años de 1978 a 1981, en los que destacan eventos como la

adquisición de la Hacienda Nápoles por Pablo Escobar, la fundación del Nuevo

Liberalismo de Luis Carlos Galán, la toma de la Embajada de la República

Dominicana por una guerrilla criminal, la misma que raptará a Martha Nieves

Ochoa, y la eclosión del M-19 como grupo paramilitar.

Para empezar, realizaré un contexto breve acerca de este periodo

gubernamental. Durante los ochenta, es necesario percatarse de la situación

económica por la que atravesaba Colombia, la cual no fue tan grave como sí

padeció el resto de países latinoamericanos (Benítez Ballesteros, 2009, p. 35).

No obstante, nada detuvo que se apreciara la reducción de las exportaciones y

las demandas por inconsistencias económicas. Todo eso fue generando un

ambiente en el que se corroboró el deterioro de la productividad. Se aminoró la

cantidad de empleados de las industrias: de 509 200 trabajadores, disminuyó a

481 100. Esto originó que fueran creándose deudas públicas. En rigor, se

constata la presencia de una crisis económica y financiera, que se evidenciaría

con mayor determinación en el transcurso de 1979 a 1982, que justo

comprende el tiempo de Gobierno de Julio César Turbay (La Rosa y Mejía,

2013, p. 79). Esta mala gestión sería el resultado de la pésima administración

del Banco Nacional y el Grupo Grancolombiano (Sixirei, 2011, p. 92)55 .

En los ochenta, la situación económica fue latente en el país; sin

embargo, no era la única crisis por la que se estaba atravesando. Durante esos

años, el líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, ya empezaba a hacer su

intervención. Esta vez su presencia fue más colosal, a diferencia de cómo se

55 Durante el mandato de Belisario Betancur (1982-1986), se tuvo que asumir el déficit financiero con la imposición de nuevos impuestos (Sixirei, 2011, pp. 92-93).

venía emprendiendo esta modalidad criminal una década atrás. Durante el

Gobierno de Turbay, ya se cotejaba la implicancia de Escobar en el comercio

ilícito de drogas (Morris, 2012i). Una participación paralela también la venía

desarrollando Gonzalo Rodríguez Gacha56, alias el Mexicano, quien conformó

grupos de campesinos pobres para que ejecutaran esta tarea (Atehortúa y

Rojas, 2008, pp. 8-13). Todos ellos recibieron ayuda de mercenarios israelíes

para mejorar sus operaciones. Con el tiempo, llegarían a fundar

multinacionales de la cocaína (alcaloide), la cual era trasladada con sobornos a

lugares donde previamente se establecían armisticios clandestinos (Granier y

Sierralta, 2007). En especial, el Mexicano era quien realizaba todos estos

trabajos arriesgados. Incluso, él conseguía consensuar con parlamentarios.

Para ello, se valía de su organización a la que denominó Morena, que estaba

compuesta por liberales y paramilitares de Magdalena (Atehortúa y Rojas,

2008, p. 12). En medio de todo este panorama ilícito, es necesario destacar

que esos negocios estaban generando cambios en la economía del país. E l 10

% del producto interno bruto (PIB) provenía de estas prácticas truculentas

durante esa etapa (Medina Gallego, 2012, p. 154).

Una peculiaridad adicional de ese periodo gubernamental es que ese

régimen fue represivo y militarizado. Es decir, se adoptó una lógica

anticomunista (Benítez Ballesteros, 2009, p. 40). Para que esa ideología

pudiera imperar con eficacia, se dictó el Estatuto de Seguridad y se promulgó el

estado de sitio. Estas nuevas normativas permitieron que el Estado colombiano

modificara sus leyes judiciales. Eso lo hacía con suma deliberación, puesto que

su accionar estaba acreditado por el mismo Congreso de la República. Sin

56 El Mexicano fue un aficionado a los caballos. Ordenó la muerte de Jaime Pardo Leal, dirigente de la Unión Patriótica. Esto lo hizo porque él lo denunció de narcotraficante y jefe paramilitar públicamente (Atehortúa y Rojas, 2008, p. 10).

embargo, esa libertad de decisiones conllevó un cuestionamiento de la

ciudadanía por la labor que estaban ejerciendo los magistrados, ya que

empezarán a notarse alteraciones en el concepto de delito, así como se variará

la duración de las penas y los procedimientos (Moreno Torres, 2010, p. 52).

Pese a que se trataba de una condición polémica, los conservadores

mantuvieron la tranquilidad. Es más, aprobaron estos ajustes y estuvieron de

acuerdo con que hubiera intervención militar en caso de que el Gobierno

tuviera que luchar contra las guerrillas y el narcoterrorismo, como al enfrentarse

a agrupaciones como el ELN y las FARC (Sixirei, 2011, pp. 90-91). Todo ese

periodo de cambios también generó algunos excesos y afecciones prominentes

en los criminales. Por ejemplo, se originaron asesinatos extrajudiciales y

encarcelamientos ilegales (La Rosa y Mejía, 2013, p. 117; Dotterweich, 2016,

p. 10). A la vez, se aprovechó para realizar un tratado de extradición para estos

narcoterroristas (García Márquez, 1996, p. 30). Esas variaciones no fueron de

agrado para ellos. En ese sentido, pensaron en emprender más atentados y

reforzar su comercio ilícito de drogas hasta que las leyes se regularan a su

conveniencia. Y ese panorama convulso se fue patentizando de inmediato. La

forma de proceder de estos perpetradores provocó que la seguridad

colombiana también se intensificara con la participación medular de las

Fuerzas Armadas. Ellos iban a mantener las modificaciones que habían hecho

en sus respectivas normas. Era la única manera de impedir que el imperio del

narcotráfico alcanzara un nivel álgido en la hegemonía del país. Las

autoridades harían de todo para contrarrestar el crimen. Incluso, usarían como

pretexto el lema de que su accionar estaba condicionado a que se hiciera

cumplir la democracia. Sin embargo, el ejercicio que realizaban empezó a