4.3.1. La intervención de entidades militares

Por otro lado, es un buen procedimiento culturizar acerca de las

nociones de Penología, junto con sus implicancias (Rodríguez Manzanera,

1981/1979, p. 76). Así, se estudia la transigencia de las sanciones y los

resultados de las medidas de seguridad, ya sean sociales, económicas,

políticas, psicológicas y físicas. Esta área provee de información insoslayable a

la política criminológica, y ayuda a la sociedad en maneras adecuadas de

control social. Obviamente, esa contribución dependerá de cada situación.

Muchos Estados están regidos por la violencia (Delgado Del Aguila, 2018a, p.

78). Incluso, muchas veces las organizaciones militares y policiales respaldan

este fenómeno, puesto que usan la agresión física como método de prevención

para que los ciudadanos no opten por medidas ilegales. Sin embargo, se

considera que hasta el momento no existe otra forma. Solo con esta modalidad

amedrentadora, las participaciones de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea, la

Marina y los servicios de Inteligencia serán convenientes. Asimismo, estos

representantes tienen la obligación de asegurar que la ejecución de sus actos

se rija por el marco normativo vigente de control de armas (Koessl, 2015, p. 24;

Restrepo y Aguirre, 2010, p. 280). En el caso de Noticia de un secuestro, se

aprecia a un país que revela a personajes de reputación nefasta que no son

dignos de confianza para que manipulen armas en esas instancias irregulares,

como ocurre con las guerrillas o los grupos paramilitares. Ante esa situación, es

de esperar que el caos social sea una eventualidad preponderante para la

ciudadanía, tal como se ha evidenciado también en la historia de Colombia.

139 El apartado 4.3.1 subyace a mi artículo «Consolidación de un Estado nación en Noticia de un secuestro (1996), mediante una política criminológica» (2018a), publicado en Resonancias. Revista de Filosofía, n.° 5, pp. 78-79.

Si uno hace cumplir la ley, se tendrá el control de quienes son en

realidad responsables de la manipulación de armas, además de que se pueda

sancionar a quien infrinja toda norma. La atmósfera de tranquilidad en la

comunidad es un derecho. Las entidades militares deberán velar por ella y

hacer que no se generen alteraciones, ya que esa es su función como

instrumentos que son, encargados de que se practique una eficiente

socialización entre las relaciones de poder. En Colombia, esa confianza de la

sociedad hacia las entidades armadas no es compatible; más bien, hay todo un

intento gradual de recuperación de esa garantía y esa esperanza que tienen los

ciudadanos, merced a que los militares han brindado una imagen legítima en el

ejercicio de la violencia. Entretanto, ellos contribuyeron en el proceso de

consolidación de nacionalidad y manifestaron su lealtad a la conservación de la

categoría de Estado (Romero Herrera, 2010b, pp. 120-121). Por ende,

continuaron siendo los custodios de la soberanía local, pese a los

cuestionamientos polémicos de su reputación como entidad representativa del

Gobierno. En la novela, el rol que desempeñan es el de personajes que están

en constante intervención para resguardar el orden. Eso implica que ellos están

tramando y desarrollando procesos para lograr su respectivo propósito, que

será posible a través del rastreo, la determinación del lugar del delito, la

participación misma y el rescate. En el siguiente caso que tomo del libro, es

colosal la intromisión que tiene un operativo militar para liberar a las personas

retenidas por los criminales de los Extraditables:

«Y quería decirle además que también en aquel momento lo estaban engañando, pues tampoco era cierto que el operativo fuera para buscar a Pablo Escobar sino para rescatar a los rehenes, cuyo paradero había sido revelado bajo tortura por uno de los sicarios capturados por la policía. El

sicario —explicó Nydia— había aparecido después como uno de los muertos en combate» (García Márquez, 1996, p. 173).

La realidad que se observa en este párrafo de Noticia de un secuestro

demuestra que no existe un control drástico y determinante sobre el uso de

armas de los facinerosos. Ellos pueden ser los autores de los crímenes más

horrendos como también son capaces de emplear recursos sofisticados y

desestabilizar a los representantes del Gobierno colombiano. Esa situación se

aprecia en este pasaje de intento de liberación de rehenes, en el que se

frecuentan mecanismos más complicados. Los militares ubicarán el paradero

de una persona con tan solo detectar el origen de una llamada telefónica. Esto

se evidenciará cuando se localice el barrio Los Olivos de Medellín a las 3:15 p.

m. el 2 de diciembre de 1993, lugar donde Pablo Escobar será hallado (García

Márquez, 1996, pp. 333-334). A partir de ese momento, solo restará que este

criminal sea asesinado. La comunicación que él tuvo antes de morir con su hijo

Juan Pablo vía telefónica habría sido el motivo que lo conduciría a ese

desenlace fatal (Delgado Del Aguila, 2018a, p. 79). Ese accionar policial fue

controversial, ya que se debatió si ese caso era merecedor a que se

considerara el respeto a la vida de ese gran homicida. Se cuestionó la idea de

que haya excepciones en torno a resguardar los derechos humanos. Incluso,

se llegó a conocer el 25 de mayo de 1991 que la misma Policía no estaba de

acuerdo con ese operativo y que se había suspendido todo método que

conllevara su captura (Morris, 2012f). Frente a todo eso, la aniquilación del líder

del Cartel de Medellín tampoco originó que se difuminara la cantidad de

asesinatos que ya habían ocurrido en el país. No existía ninguna otra forma.