Servicio de noticias DIDARD miércoles 23 de octubre 2019

23-10-2019

Entrevista a NĂŠlsida Marmolejos, directora de la DIDA

Entrevista con Nélsida Marmolejos, directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) Por Edwin Ruiz ¿Cuál es la situación de los que solicitan la pensión de sobrevivencia por sus familiares fallecidos?

Queremos evidenciar la situación que se está pasando ahora mismo, por las informaciones que están fluyendo, y el dinero depositado. Tenemos gente que están viniendo desde todas partes a buscar dinero, porque están pagando una pensión que debe devolver dinero.

Hemos querido informar sobre la situación que acontece en estos momentos. Nosotros sacamos los datos de que actualmente la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) habla de 58 mil personas que han fallecido, y que hay 1,700 millones de pesos acumulados. Además, sobre que solo 2,700 personas han sido beneficiadas con esa pensión.

Nélsida Marmolejos, directora de la DIDA, en declaración de prensa dijo que esto se debe a que los medios de comunicación se han hecho eco nuevamente de las denuncias que en reiteradas ocasiones ha hecho esta entidad con relación al bajo número de prestaciones que registra el sistema de beneficiarios por ese concepto. Los datos, que son del propio boletín de la SIPEN, dicen que se han solicitado18,923 pensiones de sobrevivencias por afiliados que han fallecido, y que son las únicas solicitadas por el total de 58,000 afiliados fallecidos. Pero si usted ve el cuadro, se han otorgado solamente 7,190 pensiones. Y solo hay en trámites 267. Y se han declinado 10,766, lo que significa que ya no tienen derechos. ¿Y por qué se han declinado?

Se han declinado precisamente por las trabas que se han impuesto al sistema, y que no lo dice la ley. Que son trabas ilegales: las del contrato póliza, un contrato que establece el límite de tiempo para venir a reclamar. Antes eran dos años, ahora son siete años. Pero sigue siendo una traba.

Hay otras trabas, como el hecho de que las administradoras de fondo pensiones (AFP) no tienen oficinas a nivel nacional.

Una persona que vive en un lugar remoto no va venir a reclamar 50 mil pesos, 30 mil pesos a una AFP. ¿Por qué?, quizás puede venir, porque el pasaje no son 50 mil pesos, pero cuando llega aquí se encuentra con las trabas burocráticas que encarecen la gestión. O sea, esas otras trabas son la determinación de herederos, los impuestos sobre la renta, y una serie de situaciones que hacen impracticables el acceso a esos beneficios.

Entonces, por esas razones, la gente que tiene diez mil o veinte mil pesos en una AFP, se la dejan a la AFP. Y son 58 mil que han fallecidos. Un peso en mi bolsillo no es nada, pero mil pesos en los bolsillos de mil personas, eso es mucho.

Entonces, lo que nosotros hemos logrado es que el plazo de extinción para que una viuda u otros descendientes pueda reclamar, es que se pasara de dos años a siete años. Pero las trabas siguen iguales, o más endurecidas ahora.

Pero, si es un derecho adquirido, ¿cómo es que le ponen un período de extinción a esos derechos?

Nosotros estamos planteando que eso derechos sociales son imprescriptible, por eso estamos pidiendo que eso se ponga explícitamente en la ley, porque, aunque el sistema de pensiones no establece límites, un reglamento se lo está estableciendo. Y como hay posibilidad de hacer un reglamento, eso se ha colado.

Lo que nosotros decimos es que hay que dejarlo tácitamente claro en la ley, que diga que los derechos sociales son imprescriptibles, porque son derechos, y es un fondo que no se ha adquirido por el esfuerzo particular de una aseguradora o de una administradora de riesgo. Se ha hecho por una política social del Estado. Es una protección social, a las AFP les llega el afiliado sin salirlo a buscar.

Entonces, eso tiene un costo. ¿Quién le administra las finanzas, quién cobra, quién afilia? Es el Gobierno, es el Estado dominicano.

Por eso estamos abogando porque ese contrato póliza sea totalmente modificado, y que se contemple la figura de imprescriptibilidad.

Ese contrato póliza fue una creación que se hizo en el marco del Consejo Nacional de la Seguridad Social, pero usted me dice que no está dentro de la ley.

No. No está dentro de la ley. ¿Y cuál es, entonces, la vinculación legal?

La vinculación legal consiste en que la ley otorga facultad al Consejo para reglamentar las relaciones entre las aseguradoras y las administradoras de riesgos de los fondos de pensiones de los afiliados. Entonces, de ahí deviene la potestad del Consejo para hacer un contrato. Ahora, lo que no le da derecho es cercenar el espíritu de la ley, y se cercena cuando la gente no puede acceder al beneficio. ¿Ha habido acciones legales contra los términos del contrato póliza?

Ha habido acciones en el Tribunal Contencioso Administrativo y donde la Suprema, y se han ganado muchos casos.

Pero son casos que no son vinculantes, según dicen las autoridades del sistema. ¿Cuál es el presupuesto de la DIDA? Es el mismo presupuesto desde hace diez años. No hay modificaciones. Nosotros estamos aspirando a que se apruebe la ley que cursa en el Senado de la República, sometida el 27 de febrero por el presidente de la República, que ya ha sido aprobada por la comisión bicameral, y que le da personaría jurídica y autonomía económica a la tesorería de la DIDA. En función de eso, nosotros esperamos que antes de que salga el año, el 2020, agarre a la DIDA con un presupuesto donde la población tenga mayor acceso a información.

Pero ¿cuál es el monto del presupuesto actual?

Ciento ochenta millones pesos. ¿Y cuánto necesita la DIDA? El Consejo nos aprobó un presupuesto, actualmente, de más de 500 millones de pesos. Lo aprobó porque entiende y está consciente que hay esas necesidades objetivas. Pero Presupuesto, que es el que da el dinero, puso 180 millones de pesos.

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¿Qué se puede hacer con 180 millones?

Usted ve. Hacer una rueda de prensa en el despacho de la directora, porque no hay espacio físico, y ver los afiliados en los pasillos, esperando para poder acceder a uno de los cuatro o cinco asistentes nuestros, para que les ofrezca el servicio. ¿Tiene la DIDA otras sedes en otros lugares del país?

Quinces oficinas a nivel nacional, que se mantienen con esos 180 millones de pesos, que es para educación, que es para promoción, que es para pago del personal, que es para pago de oficina, para pago de telefonía IP, que cuesta bastante... o sea, todos los gastos que hace esta institución.

(Enseña fotos) Eso es Santiago, repleto. Y ahí abajo, usted sabe que hemos tenido que sacar carpas. ¿Carpas?

Carpas... que dicen que es el velorio de la DIDA, porque hemos tenido que dejarla ahí por tiempo. Desde que hay problemas graves, viene la gente de forma masiva, y no hay donde ponerlas. El sol es impenitente en el Caribe, y no hay más remedio que ponerles una carpa, y los mismos usuarios le han puesto el nombre de “velorio de la DIDA”. ¿Y dan café? En todo velorio dan café.

Sí, nosotros damos café. Porque a pesar de que solo tenemos 180 millones de pesos, el que llega a la DIDA se toma una taza de café, un vaso de agua, y el cariño de la gente que los recibe.

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PDSS está rezagado frente a avances y necesidades médicas SANTO DOMINGO.-Una gran cantidad de pacientes en el país presentan dificultades con la cobertura de procesos, necesidades y herramientas médicas vitales que hoy en día demandan para lograr la salud.

Esto se debe a que el Plan de Servicios de Salud (PDSS) se ha quedado rezagado frente a los avances de la medicina, cerrando cada vez más la brecha a las oportunidades de mejoras en la atención de la población.

El tema fue tratado por el presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, Julio Landrón, y el titular del Consejo de Especialidades Médicas, Santos Ramírez, quienes coincidieron en que ese plan solo enriquece a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), dejando a los afiliados a merced de sus posibilidades económicas para cubrir las necesidades excluidas.Los especialistas abogaron por la actualización y ampliación del plan original que surgió con la Ley de Seguridad Social, el cual se formuló en base al perfil epidemiológico nacional y las recomendaciones de expertos sobre los requerimientos más importantes de salud.

Sin embargo, afirmaron que por cuestiones de rentabilidad encontró el desacuerdo de sectores de poder, por lo que los beneficios fueron recortados, dando lugar al plan actual y otorgando libertad a las ARS de ofrecer planes complementarios para que la población acceda a los servicios que no tienen cobertura.

Un problema De acuerdo a Landrón, estas exclusiones han desatado un grave problema en la atención. “Muchos pacientes que llegan con fracturas abiertas se complican, porque el seguro no cubre materiales simples de control del daño o fijación externa, que es lo primero que se debe colocar para estabilizarlos”, dijo.

Lamentó que fruto de ello tengan que ser tratados como hace 40 o 50 años, lavándolos y colocándoles una férula o tablilla para inmovilizarlos.

Al entender de Landrón, estas dificultades ponen a bailotear a los pacientes, entre si tienen o no cobertura, y “en ese trajín, duran 20 y 25 días deteriorándose en una cama”.

De su lado, Ramírez, aseguró que ese plan es ilegal, porque el mismo no fue evaluado por el Congreso Nacional entonces.

Procesos no incluidos Entre los procedimientos que por ingreso clínico no se contemplan en la cobertura del PDSS están la reducción abierta, más fijación externa de fracturas de tobillo, cadera, pómulo y mandíbula, y la exploración vascular y reconstrucción de venas safena por herida.

Según el traumatólogo Julio Landrón, el proceso de fijación externa es indispensable para subsanar el daño antes de colocar una fijación definitiva, a fin de evitar complicaciones posteriores, como el stromboembolismo pulmonar. Dijo que otra paradoja en la cobertura del seguro es que autorizan una amputación de mano, pero no contemplan la reparación compleja o una implantación de la misma.Los expertos concluyeron en que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) deben tener voluntad política de enfrentarse a los que dominan el sistema económicamente y pensar más en la necesidad de salud del pueblo.

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Director del Inabima destaca avances y se compromete a seguir trabajando en beneficio de los maestros

Pensionados mejoras

de

Anpa

claman

por

SANTO DOMINGO.- El director del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA), Yuri Rodríguez, destacó los avances de la institución desde su creación en el año 2008, tras la promulgación de la ley 451-08, y se comprometió a trabajar cada día con mayor con calidad y calidez en beneficio del sector magisterial.

SANTO DOMINGO.-Un grito de ayuda para tener acceso a una mejor salud, es el que tienen los miembros de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios Pensionados (Anpa), quienes lamentan que en su proceso de retiro, se ven de frente con un deplorable sistema de salud pública, el cual los llevaría más hacia la muerte, en lugar de la vida, ya que lo poco que reciben de pensión se les va en medicina.

Al participar en una misa con motivo del décimo primer aniversario del INABIMA, celebrada en la iglesia San Antonio de Padua, Rodríguez resaltó que, desde su fundación, la institución ha estado trillando un proceso franco de fortalecimiento institucional, con notables avances.

Según explican, Víctor Medrano y Radhamés Rivas, dos pilares de la ANPA desde 1970, limitados por las enfermedades que padecen, uno de sus anhelos es que el monto sea llevado a 35 mil pesos, como dispuso el presidente Medina.

Destacó que este nuevo aniversario encuentra a la institución con 112 mil 541 maestros activos afiliados, con 93 mil 339 docentes cotizantes, y 15 mil 756 jubilados bajo el régimen de la ley 451-08 que rige el INABIMA.

“Hay que hacer malabares tratando de buscar recursos dentro de los familiares y muchas veces recurrir hasta remedios caseros, debido a los altos costos que tienen…

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Cobertura de seguridad social de China sigue creciendo La cobertura de seguridad social de China continúa creciendo, de acuerdo con el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social.

Para fines de septiembre, 956 millones de personas estaban cubiertas por seguro básico de vejez, 13,23 millones más que a fines del año pasado.

Alrededor de 203 millones de personas fueron inscritas en el seguro de desempleo para fines de septiembre, 6,42 millones más que a fines del año pasado.

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