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Diputado Benjamín Moreno denunció a la Dirección del Trabajo por impresión ilegal de libros por los 50 años del Golpe
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El parlamentario Benjamín Moreno, junto a su par, Juan Irarrázaval, solicitaron a la Contraloría que investigue a la Dirección del Trabajo y establezca las sanciones que corresponda para quienes resulten responsables de la licitación pública para la impresión de 2.500 ejemplares, pese a que a la Ley de Presupuestos de ingresos y gastos del sector público para el año 2023 lo prohíbe.
Los diputados del Partido
de Estado
Republicano, Benjamín Moreno y Juan Irarrázaval, denunciaron a la Dirección del Trabajo ante la Contraloría General de la República por autorizar y convocar a una licitación pública para la impresión de 2.500 libros sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en el mundo del trabajo, pese a estar prohibido en la Ley nº
21.516 de Presupuestos del año 2023.
De acuerdo a los anteceden- tes entregados por los parlamentarios republicanos, la Dirección del Trabajo habría cometido graves irregularidades en el llamado a licitación que realizó el pasado 10 de julio, para imprimir 2.500 ejemplares, de 120 páginas cada uno, y que deberían ser entregados en cajas al interior de sus dependencias. Según el escrito presentado ante el órgano controlador, “de acuerdo a la Ley de Presupuestos de ingresos y gastos del sector público para el año 2023, se establece que los organismos públicos sólo podrán editar memorias y otras publicaciones, por medios electrónicos, salvo que la ley que los regule [a dichos organismos públicos] indique expresamente que se deben publicar en medios impresos”.
En los antecedentes entregados, los diputados argumentaron que “el llamado a licitación pública y el servicio contratado referido a la im- presión de 2.500 libros para la conmemoración de los 50 años del golpe del Estado en el mundo del trabajo, efectuado por la Dirección del Trabajo, infringe la Ley de Presupuestos del año 2023, además del principio de juridicidad, y el de legalidad del gasto público, pues vulnera las disposiciones a las cuales deben sujetarse y cumplir todos los órganos de la Administración Pública, incluyendo -ciertamente- a la Dirección del Trabajo”.
