domingo 30 de noviembre de 2008
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el país Marisela Mengochea
Entrevista al dirigente gremial Hugo Yasky
“El gobierno avanza y retrocede” El titular de la CTA opina sobre la personería y el kirchnerismo. comenzó la lucha de la ¿Cómo Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) por la personería gremial? –Antes del inicio del gobierno menemista, un sector sindical fue cooptado por la políticas neoliberales. Ahí se produjo un movimiento que cuestiona a esa dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), que comenzó a ser cómplice de las políticas de privatizaciones y de violación a los derechos laborales. Cuando comenzamos con la CTA, en 1992, no sabíamos si íbamos a ser una corriente interna de la CGT o si íbamos marchar y disputar con la central. Empezó a construirse una propuesta sindical que
asumió diferencias relevantes con lo que era el modelo tradicional. El año pasado cambiamos la denominación por Central de Trabajadores de la Argentina, porque, con el término argentino, dejábamos a compañeros extranjeros afuera. –¿Cómo fue la lucha durante el gobierno de Carlos Menem? –Fue como cruzar un desierto, porque Menem construyó un alto grado de consenso social y una fuerte hegemonía política que arrastró a gran parte de la clase media y a un sector de los trabajadores. Así, vendió la aerolínea estatal de bandera, entregó el sistema jubilatorio de reparto público y lo convirtió en un gran negocio de mercado de capitales de grupos financieros que hicieron crecer la deuda externa en un 30 por ciento. –¿Qué le reconoce a este gobierno que no haya visto en los anteriores? –Alos Kirchner hay que reconocerles sus políticas de derechos humanos, que permiten terminar con la impunidad. También la depura-
“Este Gobierno es contradictorio”, afirmó Hugo Yaski.
ción de la Corte Suprema de Justicia y la recuperación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Este gobierno es contradictorio: avanza y retrocede, avanza con el mandato popular y otras veces interpreta el mandato de los grupos económicos, cuando posterga decisiones claves como la reforma del sistema tributario del país o la universalización del salario por hijo, medidas acordes con la distribución de la riqueza. –¿Cómo es la relación de la CTAcon el gobierno nacional? –Es de respeto. El gobierno nos convoca cada vez que se consulta a la CGT, pero el reconocimiento no se traduce al negarnos la personería que reclamamos. Con el gobierno hay medidas que apoyamos, como la nacionalización de las AFJP y otras a las que nos oponemos, contra las que nos movilizamos y lu-
“El Gobierno va a optar por un tercer camino, como reglamentar el fallo de la Corte sin expedirse sobre el tema de la personería.” chamos, como por ejemplo cuando proponen bajar la edad de imputabilidad. –¿Cree que el gobierno nacional finalmente va a terminar otorgándoles la personería? Van a optar por un tercer camino, como por ejemplo reglamentar el fallo de la Corte sin expedirse sobre el tema de la personería gremial. Van a decir que la corte no dijo que haya que darnos la personería.
–¿Cuál es la interpretación de la ley 23.551 (Ley de Asociaciones Sindicales) que hace la CTA? –Nosotros creemos que la libertad de los trabajadores no puede estar restringida por ninguna ley. La ley establece que para tener protección de los delegados sindicales, para tener derecho a organizarse y existir como gremio hay que tener la personería gremial; pero como la otorga el gobierno se convierte en una manera sutil de intervención del Estado sobre la organización de los trabajadores y nosotros decimos que esto no tiene que existir. Los Estados no deberían imponer un límite a la soberanía y libertad de la clase trabajadora para organizarse libremente. La Organización Internacional de los Trabajadores dice lo mismo. Nosotros creemos, como lo dijo la corte, que este punto es violatorio. –¿Cuáles son los motivos principales porlos que no se les otorgó la personería gremial? –Hay dos grandes fuerzas que obstaculizan la definición del gobierno: por un lado, la CGT, que siempre vio una amenaza a su hegemonía jurídica. Por otro lado, los empresarios, que prefieren un sindicalismo con el que se entienden desde hace mucho, con el que tienen códigos en común y acuerdan rápido. En el 2005, el gobierno enfrenta al Partido Justicialista (PJ) en las elecciones, logra derrotarlo, pero vuelve sobre sus pasos e intenta apropiarse del PJ, que lo obliga a armar alianzas que conforman un cuadro en el que hoy (Hugo) Moyano es una pieza importante en ese armado. Creo que ahí el gobierno tiene limitaciones. Leonardo Pérez Córdova / Facundo Bravo
Se desató la polémica sobre los posibles alcances que plantea la inconstitucionalidad del artículo 41
Abanico de interpretaciones sobre un mismo fallo a letra del fallo con que la Corte L Suprema declaró inconstitucional parte del artículo 41 de la ley de Asociaciones Profesionales es una sola: no es obligatorio estar afiliado a un sindicato con personería gremial para que un trabajador pueda ser electo delegado. Pero el abanico de interpretaciones que se desató en el mundo sindical, es bien diverso. En las visiones más negativas convergen sectores muy diferenciados. Mariano Recalde, doctor en Derecho del Trabajo y colaborador de la CGT, sostuvo que “contiene una definición liberal e individualista de la libertad sindical y parece alentar la ruptura de la organización”. Rubén Sobrero, delegado ferroviario y dirigente de Izquierda Socialista, cree que “atomiza al movimiento obrero” porque “abre las puertas para que haya varios sindicatos en una empresa”. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) –que integra la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)–, fue quien inició el caso que ahora ganaron en la Corte. Para su secretario general, Pablo Micheli, lo importante es que “hay más de 2.000 sindicatos simplemente inscriptos que ahora podrán
elegir delegados con tutela sindical”. Roberto Pianelli, del Cuerpo de Delegados del Subte, enfrentados con la conducción de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), sostiene que el fallo “permite que los delegados le tengan que rendir cuenta a los trabajadores, revalidar todo y no actuar en absoluta impunidad”. Yagrega: “cambiará el contenido de a quién representa el delegado, porque ahora deberán serlo de quienes los votan, afiliados o no a un sindicato”. Micheli y Recalde no están de acuerdo. El dirigente de la CTA no cree que “se pueda elegir delegados en grupos de autoconvocados. Para serlo hay que tener una relación gremial”. Recalde considera que sería una “barbaridad” y advierte que la doctrina que asentó el fallo “podría generar la anarquización de la representación gremial adentro de las empresas”. Lo que nadie sabe es cómo será aplicado. Sobrero sostiene que “si un trabajador hoy, pensando que el fallo lo avala, convoca a elección de delegado por su cuenta, está a merced de la cesantía patronal”. Pianelli retruca: “La CGT y la CTAtienen que entender que en esto no hay sangre azul. Pro-
bablemente si un trabajador se presenta hoy, va a tener problemas, pero ¿qué sindicato garantiza que no echen a los delegados opositores? Al contrario, hoy es la propia burocracia la que te manda en cana”. En relación con el concepto de unidad, también hay diferencias. Micheli sostiene que “la unicidad no refiere a más democracia. Gracias al unicato hay delegados en sólo un 12,7 por ciento de los establecimientos. En el restante, la patronal impone las condiciones labora-
les”. Para Recalde, la CTA “tergiversa” esa cifra: “para elegir delegados debe haber más de 10 trabajadores. De las empresas con más de 200, el 62 por ciento tiene delegados”. Horacio Meguira, abogado de la CTA, corrige: “la cifra real es 47 por ciento. El tema es que casi no hay fábricas en el país con esa cantidad de trabajadores. Son interpretaciones interesadas, porque son unidades de negocios…”. Porcentaje más o menos, la falta de organización gremial en los lu-
Naturalizar la injerencia del Estado Eduardo Lucita integra el colectivo EDI-Economistas de Izquierda y también brinda su opinión. “Sostener que el fallo protege ‘la libertad sindical’, o que es una definición ‘liberal’, parte de naturalizar la injerencia del Estado en las organizaciones obreras. Es la consecuencia lógica de la situación creada hace 50 años, cuando los sindicatos, a la par que expandían su influencia en la sociedad eran cooptados por el Estado, y los trabajadores expropiados de su independencia política. La resolución puede garantizar la libre elección de delegados e incluso que la CTA consiga su reclamada personería jurídica. También puede dar lugar a que las patronales impulsen sindicatos por empresa o su contrapartida, que aparezcan pequeños ‘sindicatos rojos’. Pero nada de esto garantiza la democracia sindical, lo único que en la fragmentación actual puede aportar a la unidad social de los trabajadores”.
gares de trabajo es alta. En los sectores de activistas, miran de reojo la reacción de la CGT. Consideran llamativo el planteo sobre “la anarquización y dispersión de las representaciones de base”. Sostienen que en la mayor parte de los establecimientos “no sólo no hay peligro de que haya muchas representaciones, sino que los sindicatos, con las empresas, se cuidan bien de que no haya ninguna”. En una nota, el periodista Alfredo Zaiat citó un trabajo de Arias Gibert, especialista en la temática, quien marca que el resultado de la burocratización es que los sindicatos no cumplen su rol y su poder es “apropiado para fines privados de los dirigentes”. Agrega que lo que se necesita es una “democratización efectiva”. Y se pregunta “¿Por qué razón la dirigencia de un sindicato alternativo va a ser menos burocrática que la del sindicato único?”. Es que libertad sindical no es sinónimo de democracia sindical, un debate ausente alrededor del fallo. La razón tal vez resida en que sólo los trabajadores, en su devenir cotidiano, pueden construirla. Maria Cecilia Manfredi