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Análisis de coyuntura mensual sobre México Liébano Sáenz Samuel Aguilar Solís Luis Enrique Mercado Carla A. Humphrey Jordan Francisco Abundis Carlos Ramírez Ernesto Hernández Norzagaray José Ramón López Rubí C. Marcos Marín Amezcua Juan Pablo Calderón Patiño Liébano Sáenz Samuel Aguilar Solís Luis Enrique Mercado Carla Humphrey Jordan Marcos Marín Amezcua Ernesto Hernández Norzagaray José Ramón López Rubí C. Víctor Alejandro Espinoza
ISSN: ISSN: 1135-8130 1135-8130
Datamex No. 49. octubre 2019
D49 ÍNDICE
Directora General FOM Lucía Sala
Director IUIOG Antonio López Vega
001 Liébano Sáenz
Sin municipios no hay México
002 Samuel Aguilar Solís El Revocatorio
003 Luis Enrique Mercado
No hay vuelta de hoja, entraremos en recesión
004 Carla Humphrey Jordan Trata de personas
005 Marcos Marín Amezcua
Cerrando el primer año con la izquierda
006 Ernesto Hernández Norzagaray Los cabos sueltos de Culiacán
007 José Ramón López Rubí C.
La “democracia” del menos de 2%. Dos “consultas populares” del obradorismo
008 Víctor Alejandro Espinoza Federalismo y democracia
Director CESMUE José Francisco Parra
Coordinadora Institucional CESMUE Luisa Treviño Huerta
Consejo Editorial
José Varela Ortega, Jorge Olvera García, César Astudillo Reyes, Jannet Valero Vilchis, Antonio López Vega, Luis Castro Obregón, Dmitri Fujii, Carlos Camacho Gaos, Arnulfo Valdivia Machuca, Santiago Portilla, Víctor Alejandro Espinoza Valle, José Retana, Iván Álvarez Olivas
Coordinación Editorial
Janeth González, Ivonne Grostieta, Nidia Muñoz, Ingrid Negrete, José Francisco Parra, María Magdalena Sánchez, Haydée Vázquez
CESMUE Centro de Estudios de México en la Unión Europea Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón Fortuny 53, 28010 Madrid, España. Tel +34 917004138 / 68, Fax +34 917003530. cesmue@fogm.es datamex@fogm.es
IUIOG MX Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Capítulo México Av. Chapultepec 480, Piso 1, Roma Norte, Ciudad de México, Tel +5255 72598611 y +5255 72598608. ortegaygassetmx@fogm.es
Datamex No. 49. octubre 2019
D49
PRESENTACIÓN
A
casi un año de concluir el primer año de gobierno de Andrés Manuel López obrador, nuestros colaboradores en la edición número 49 de Datamex, se enfocan en los problemas y desafíos que enfrenta el gobierno actual, principalmente en temas de crecimiento económico, democracia y seguridad. Liébano Sáenz, en “Sin municipios no hay México”, destaca el papel que desempeñan los alcaldes y las dificultades que actualmente presentan al ser la autoridad más cercana a las necesidades y reclamos de la gente. Puntualiza que, es conveniente que el presidente de la Republica establezca una relación institucional de apoyo y colaboración con las autoridades locales, pues el fortalecimiento municipal es la vía más confiable para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Luis Enrique Mercado, escribe “No hay vuelta de hoja, entraremos en recesión”, donde afirma que los datos más recientes muestran cifras negativas en el tercer trimestre, por lo que todo apunta a que, durante los primeros tres meses del 2020, la economía mexicana estará en recesión; a diferencia de los datos que se difundieron a principio de año por parte de analistas e instituciones sobre un aumento en la economía entre el 1.5 y el 2%. Por su parte, Samuel Aguilar Solís, en “El Revocatorio” hace referencia al desarrollo de la sociedad en la democracia y enfatiza en el tema de la revocación de mandato, cuestionando si la consulta nos llevará a las urnas de revocación, o será un gasto innecesario en una época de “austeridad republicana”. Carla Humprey Jordan, en su artículo “Trata de personas” menciona que el protocolo contra este delito entró en vigor en 2003 y ha sido ratificado por más de 170 países, entre ellos México. Siendo el segundo país que más víctimas provee a Estados Unidos, ya que se encuentra en el rango de los países que no cumplen con los estándares mínimos para prevenir y combatir este delito.
José Ramón López Rubí C., en “La democracia del menos de 2%. Dos consultas populares del obradorismo”, señala que estos ejercicios sólo protegen aquello que ya está decidido, esto después de hacer un análisis sobre la consulta para decidir la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la consulta para decidir la extensión del periodo de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California. En ambos casos y según las evidencias, los resultados no son democráticos sino un requisito democrático-morenista. Víctor Alejandro Espinoza, en “Federalismo y democracia” se enfoca en la llamada 4T y describe como han sido los momentos de “federalización” a través de los años hasta llegar al sexenio de Andrés Manuel López Obrador con una oleada de federalismo centralizador y las decisiones ante los problemas que ha heredado de las administraciones anteriores. Resalta que la tarea para este gobierno es compleja, sin embargo, no puede minimizar carencias o evadir errores. Marcos Marín Amezcua, en "Cerrando el primer año con la izquierda", se enfoca en el proceso de transición y las reacciones a esta gestión, partiendo de que, en 2018, México votó mayoritariamente por una opción de izquierda y actualmente se encuentra con un plan difuso de acciones a emprender, sobre todo en los temas de economía y seguridad. Por otro lado, menciona que la oposición ha optado por callar o recurrir a la propaganda negativa contra López Obrador. Para finalizar, Ernesto Hernández Norzagaray, en Los cabos sueltos de Culiacán, hace referencia a la presencia de la DEA en Sinaloa y los errores tácticos que se cometieron en el operativo fallido tras la detención de Ovidio Guzmán en Culiacán, donde perdieron la vida al menos nueve personas y otras más resultaron heridas. Así, nuestros colaboradores ponen en sus manos opiniones y análisis a través de ocho artículos para que usted forje sus propias opiniones. Le invitamos a leer Datamex.
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Sin municipios no hay México Liébano Sáenz
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l martes 29 de octubre, Gabinete de Comunicación Estratégica, habrá de presentar su reporte anual sobre las ciudades más habitables, estudio que se hace a partir de 76 encuestas que se realizan en las principales ciudades del país y en las alcaldías de Ciudad de México, y que procesa la respuesta de más de 30 mil personas entrevistadas. El reporte se presenta públicamente en medio de la exigencia de alcaldes de diversos partidos para lograr un mejor trato por parte de las autoridades federales. Hace unos días, con esa demanda, un grupo de presidentes municipales fue repelido en Palacio Nacional con la fuerza y con el uso del gas que se emplea para contener otro tipo de manifestaciones. Los hechos,
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si bien reprobables, deben quedar atrás. Se entiende que las instalaciones de la Presidencia de la República deben ser protegidas, aunque como ha reconocido el subsecretario Alejando Encinas, fue una acción indebida ya que los alcaldes son autoridades representativas de sus comunidades. En la relación de los municipios con la Federación, siempre debe prevalecer la prudencia, y eso parece ser el saldo afortunado de lo que ha acontecido después. La realidad es que la calidad de gobierno y de los servicios públicos en buena parte descansan en lo que hacen las autoridades municipales, que con no poca frecuencia están expuestas a los intereses de todos los frentes, incluso los de corte ilegal. También se da el
caso de que los poderes estatales o los federales actúan con negligencia u hostilidad respecto a las autoridades municipales. Ser alcalde ahora es mucho más difícil que en el pasado. Se han reducido los ingresos, ha crecido la deuda, así como la insensibilidad de los otros niveles de gobierno que deberían acompañarles en las responsabilidades municipales. Hay razón para preocuparse seriamente sobre las dificultades que encara hoy día la autoridad más cercana a las necesidades y reclamos de la gente. La dependencia de las participaciones federales es abrumadora. No está por demás señalar que la calidad de gobierno municipal está correlacionada con la capacidad para generar ingresos propios. El impuesto predial y los
ingresos por derechos municipales, en algunos casos significan una parte importante de lo que se gasta. Hay municipios de manejo ejemplar en sus finanzas públicas, como es el caso de San Pedro Garza García, Saltillo, Mérida y Colima. Lamentablemente, en la gran mayoría de los municipios impera el desorden. En el caso de alcaldías turísticas, la historia se entrevera con buenas experiencias y otras que son desastrosas por la venalidad generalizada, que se expresa en una práctica desbordada de extorsión, como ocurre actualmente en algunos municipios de la Riviera Maya. Uno de los temas que más impacto ha tenido en la calidad de vida y en la cohesión social, según los indicadores en
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el reporte de GCE, es el de la inseguridad pública. Los números son preocupantes en algunos municipios y alcaldías de la zona metropolitana de Ciudad de México. Por cierto, entre las cinco ciudades que más incrementaron o mejoraron su índice destacan Mazatlán y Culiacán, lo que significa que el incidente del jueves 17 en la capital de Sinaloa afecta un cambio positivo consolidado en el pasado reciente. Por otro lado, a los municipios con buenos números, como han sido San Pedro Garza García, Mérida y Saltillo, ahora se agrega Colima. Por su parte, la evaluación de alcaldes es positiva en estos cuatro municipios y San Nicolás de los Garza. La geografía dice mucho de la calidad del gobierno municipal, también, como señalé, la fortaleza de sus finanzas derivada de los ingresos y de la capacidad de comunicar lo que bien se hace. En este contexto de crisis y de oportunidades en la esfera municipal, resultaría conveniente que el Presidente de la República establezca una relación institucional de apoyo y colaboración con las autoridades locales. Alejarse del prejuicio que, con falsedad, asume que la corrupción es el signo común de la gestión municipal, y entender que buena parte de lo que se requiere para el bienestar de las familias se resuelve en ese nivel de la administración. La tendencia de estos tiempos es el centralismo, que todo lo concentra. Y precisamente
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porque al concentrarlo todo, también está concentrando los problemas y las soluciones que deberían darse en el plano local, es que debe darse mayor atención y ver con mejor receptividad la situación que se presenta en los municipios. El Presidente de la República recorre al país de manera extensa e intensa. Una de las razones por las que la agenda del jueves antepasado no tuvo modificación pese a la crisis en Culiacán, fue la reunión programada con los alcaldes del estado de Oaxaca. Es importante escuchar a los presidentes municipales en esas giras, pero asimismo, toca abrirles las puertas de Palacio Nacional, hacerlo de manera institucional, cuidando la representatividad que ellos tienen y haciendo hincapié en que el fortalecimiento municipal es la vía más confiable para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. z
Liébano Saénz Ortíz Abogado, administrador y analista político. Ha ocupado diversos cargos públicos. Desde hace más de una década publica columnas especializadas de coyuntura política del país en Grupo Editorial MILENIO. Twitter: @liebano Facebook: Liébano_Sáenz *Texto publicado en Milenio, 26 de octubre 2019.
El Revocatorio Samuel Aguilar Solís
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a democracia en nuestro sistema constitucional no solo es un método para la selección de gobernantes o representantes en el Congreso, el artículo tercero establece que es una estructura jurídica, un régimen político y además un sistema de vida. El desarrollo de la sociedad en la democracia ha llevado a buscar más y mejores formas de participación directa en la toma de decisiones, así la llamada democracia directa establece el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato; este último fue propuesto por el actual presidente desde la campaña y ahora en el Senado se acaba de aprobar para que sea organizado por el INE en febrero del 2022. En un inicio López Obrador buscaba que fuera cada tres años para así el ir en la boleta del 2021, basado en su actual popularidad y en los resultados electorales. López sabe perfectamente que en el 2018 su coalición aún yendo él como ancla electoral tuvo 5 575 212 menos, así es que al no ir en la boleta y no necesariamente tener las condiciones del 2018 es probable que pierda la mayoría en la Cámara de Diputados.
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Varios son los elementos para tener un escenario muy complicado para el presidente en el 2021 y que creo era la urgencia de estar él en la boleta electoral: 1) la coalición electoral que lo llevó a la presidencia fue una coalición parcial, no total ni flexible conforme lo define la ley, por ejemplo, el Partido del Trabajo y el Partido de Encuentro Social al ir en coalición parcial con MORENA obtuvieron una cantidad de diputados nunca soñados, pero ellos por sí mismos, no ganaron un solo distrito, ni fueron partido más votado en ninguno de los distritos en el país; 2) en la elección del 2021 el Partido Encuentro Social tendrá que ir solo para buscar de nueva cuenta su registro legal, por lo que no podrá acompañar a MORENA en su coalición electoral; 3) MORENA, previo a la definición de su dirigencia nacional, está metido en una división escandalosa con viejas prácticas de descalificación, sectarismo, golpeteo entre sus actores políticos en medios de comunicación y redes sociales, uso de violencia y hasta de armas de fuego en la elección de sus delegados, padrón cuestionado y muchos etcéteras que lo han desnudado ante la sociedad como lo que es, un mazacote político que como ya bien sabemos no solo en México sino en el mundo la división interna nunca ha sido bien vista por los electores bajo una sencilla conclusión: “no se ponen de acuerdo ni entre ellos” ;4) los antecedentes contemporáneos que tenemos cuando la economía no va bien es un castigo fuerte al partido gobernante, así sucedió con la crisis de 1995 derivada del “error de diciembre” de 1994, cuando en las elecciones intermedias de 1997, el PRI por primera vez en su historia perdía la mayoría en la Cámara de Diputados e iniciábamos la etapa de los “ gobiernos divididos” en nuestro país, y la segunda, es el triunfo del PRI para ser la primer mayoría en el Congreso después
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de la crisis financiera y económica del 2008,y de haber resultado el PRI en tercer lugar en las elecciones del 2006; aunque como parte de la crisis global, pero como sea, el PAN en la Presidencia de la República no logró obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, y ahora como van las cosas estaremos terminado el año con un crecimiento cero y las expectativas para el 2021 no son nada halagadoras, lejos quedó la promesa de crecer un 4% del Presidente, una engañifa más; 5) además de una violencia e inseguridad desatadas que sin duda irán en su contra a la hora del sufragio por parte de los ciudadanos en entidades con un peso electoral significativo como CDMX, EDOMEX, Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Puebla, Guerrero, Chiapas, Sinaloa y Michoacán, entre las más sobresalientes. Definido ahora que la consulta para la revocación del mandato de López Obrador no irá junto con la renovación de la Cámara de Diputados y los candados para que pueda ser vinculante con el 40 por ciento de participación de la lista nominal, se antoja un fracaso por decir lo menos, recordemos que en 2018, al ser una elección presidencial, la participación electoral fue de 63.42% pero los antecedentes en este siglo en las intermedias solo es del 44.5%, así que ¿ustedes piensan que nos llevará a las urnas una consulta de revocación en un 40% o será un gasto innecesario en una época de “austeridad republicana”?
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Además bien vale recordar que en el mundo la revocación del mandato para presidentes solo se da en Venezuela, Ecuador y Bolivia, existe en otros lugares como Suiza o Estados Unidos pero solo a nivel local y no en todos los estados, entonces ¿la pretensión es hoy en un sentido diferente a una acción democrática para que los electores “quiten y pongan” ¿o por el contrario se busca un sondeo para ver si se alarga el mandato? porque “si el pueblo quita” también puede decir que “no te vayas” o ¿no?
Samuel Aguilar Solís Analista Político. Licenciado en Economía. Ha sido Diputado Local en la LIX Legislatura de Durango, Senador de la República en las LVI y LVII Legislaturas y Diputado Federal en la LVIII y LX Legislaturas. Es colaborador editorial en periódicos de circulación local y articulista de El Financiero. Twitter: @aguilarsoliss *Texto publicado en El Financiero, 28 de octubre 2019
No hay vuelta de hoja, entraremos en recesión Luis Enrique Mercado
C
uando inició este año, todos los analistas, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pronosticaban que la economía crecería este año entre 1.5 y 2%, según el grado de optimismo de cada uno. La verdad es que esos pronósticos se difunden simplemente para hacer algo políticamente correcto,
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como en el caso de las dependencias y organismos nacionales o internacionales y por el temor a que el pronóstico falle, en el caso de los analistas privados. La verdad es que desde enero era evidente que la economía mexicana se desinflaba; de hecho, lo empezó a hacer desde aquel octubre del 2018 cuando el Primer Mandatario anunció la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.
Y esos temores se confirmaron cuando el Paquete Económico para este año sobrestimó los ingresos y redireccionó una parte importante del Presupuesto de Egresos, se calculan 350 mil millones de pesos, a programas sociales sin reglas de operación ni rendición de cuentas. Ya en el primer trimestre, la economía mexicana decreció 0.3 por ciento. Los pronosticadores, dijera entonces, que bajaban sus estimaciones y las acercaron al 1 por ciento. En el segundo trimestre no hubo crecimiento. Cero por ciento fue el resultado. Sólo del sector servicios tenía un pequeño número positivo de 0.2 por ciento. A esas alturas era evidente que la economía estaba paralizada antes de caer en los números rojos. La inversión mostraba cifras cercanas al 7%, sectores como la construcción y la minería se estaban desplomando, el consumo privado se frenó y las declaraciones y acciones del gobierno indicaban claramente que el clima no era favorable para la inversión privada. Los datos más recientes indican que vamos derechito a la recesión. El Indicador Global de la Actividad Económica, el IGAE, dice que ya no hay parálisis, sino números rojos. Menos 0.6% en julio a tasa anual y menos 0.6% en agosto respecto al mismo mes el 2018. Es decir, dos de los tres meses del tercer trimestre estuvieron en rojo, lo cual seguro nos llevará a un tercer trimestre con cifras negativas. Y dado que las cosas no sólo no se corrijan, sino que se agravan con una falta absoluta de Estado de derecho donde el crimen organizado ya manda en Culiacán, cuando menos, con una inversión sigue desplomada y la inversión pública programada para el próximo año es 15% menor a la de 2019, lo más probable es que el cuarto trimestre también esté en rojo e igual que los primeros tres
meses del 2020. Es decir, para entonces será claro que la economía mexicana ya está en recesión. Los primeros niveles del gobierno ya se dieron cuenta. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, ya empezó a decir que la recesión viene de fuera. Lo que no logra explicar es por qué si Estados Unidos crece al 2.5% ese año, cuando los datos brincan la frontera se convierten en rojos. La despistada secretaria de Economía, Graciela Márquez, dice que habrá medidas contracíclicas, como adelantar licitaciones... de 2020. Ya es imposible pensar que la economía dará la vuelta en los dos últimos meses del año y que en los primeros tres de 2020 las cosas serán diferentes. Es verdad que la economía mundial se está desacalorando y que a finales del 2020 en efecto puede haber una recesión mundial, pero México se habrá adelantado porque para abril del próximo año será claro que estaremos en recesión y con pocas esperanzas de salir. Habría que recordar aquello que se decía en la crisis de 1994. “La economía estaba colgada de alfileres”, decían los que llegaron. “Y para qué se los quitaron”, contestaban los que se fueron. Lo mismo ahora, para qué le quitaron los alfileres que nos hacían crecer al 2 por ciento.
Luis Enrique Mercado Sánchez Periodista especializado en economía y finanzas. Fue fundador de El Economista, diario que dirigió 20 años. En la actualidad es presidente y director general de los diarios Imagen y El Centinela del Pueblo. Colaborador en el programa de los martes de Eduardo Ruiz-Healy en Grupo Radio Fórmula. Twitter: @jerezano52 Facebook: Luisenriquemercado. *Texto publicado en Excélsior, 28 de octubre 2019
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Trata de personas Carla Humphrey Jordan
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a trata de personas es uno de los delitos que se combate frontalmente desde el gobierno federal. Es un delito que esclaviza a las personas y lacera a la sociedad. La trata de personas puede tener distintos propósitos: esclavitud laboral, explotación sexual, trabajos forzados, tráfico de órganos. Es un delito de lesa humanidad que se persigue internacionalmente. El Protocolo contra la Trata de Personas, fue adoptado en Palermo en el año 2000 y forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, como reconocimiento a la dimensión internacional de este delito y a la necesidad de favorecer la cooperación internacional y las investigaciones en el mundo. El Protocolo entró en vigor en 2003 y ha sido ratificado por más de 170 países. México lo ratificó en 2003. Los países que ratifican el protocolo se comprometen a prevenir y combatir este delito así como a proveer protección y asistencia a las víctimas. Más de 130 países en el mundo han identificado este delito en sus jurisdicciones y, después del tráfico de drogas y de armas es una de las actividades criminales que mayores recursos genera. Este delito reporta ingresos por más de 32 mil millones de dólares anuales. De conformidad con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en la actualidad dos millones y medio de personas están siendo víctimas de este delito, específicamente de explotación sexual y laboral. El 80 por ciento de las personas tratadas son mujeres y niñas. A nivel internacional, México se encuentra en el rango de los países que no cumplen con los estándares mínimos para prevenir y combatir este delito, pero que están en la ruta de trabajo para alcanzarlos, al igual que Centro y Sudamérica, Europa del Este y algunos países en Asia como Mongolia. México es considerado como país de origen, tránsito y destino del delito de la trata de
personas. México es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos, sólo después de Tailandia. Tenancingo, Tlaxcala, y la Ciudad en México es donde se enganchan a más mujeres y niñas para este delito. En México las mujeres víctimas de trata son engañadas y obligadas a prostituirse. Mujeres mexicanas y extranjeras caen en las redes de trata en nuestro país mediante falsas ofertas de trabajo o por sus parejas sentimentales. Las extranjeras son despojadas de sus pasaportes y obligadas a prostituirse para pagar el boleto de avión y su sustento diario en nuestro país, para recuperar su pasaporte o para evitar que las amenazas contra sus familiares se conviertan en realidad. La forma en la que operan las redes de tráfico de personas no puede entenderse sin la corrupción de autoridades locales y federales que permiten, facilitan, cooperan y protegen a los tratantes a cambio de dinero. El combate a este delito en nuestro país incluye la identificación de un mayor número de víctimas en México y en el extranjero, la investigación y enjuiciamiento de funcionarios públicos corruptos cómplices de estas redes y en la detención y condena de líderes de estas organizaciones de trata. La asistencia a las víctimas es un elemento esencial en el que México aún no logra cumplir con los estándares internacionales.
Carla Humphrey Jordan Licenciada en Derecho por el ITAM y Doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, de la Universidad Complutense de Madrid. Socia fundadora de la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras Electorales de los Organismos Electorales de la República Mexicana y colaboradora en la Silla Rota. Twitter: @C_Humphrey_J *Texto publicado en La Silla Rota, 11 de octubre 2019
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Cerrando el primer año con la izquierda Marcos Marín Amezcua
Datamex No. 49. octubre 2019 | 005 Marcos Marín Amezcua
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l finalizar el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es pertinente un primer balance. Uno que ponga el acento de el debe y el haber, pero también en otras dos vertientes: el proceso de transición mexicana en esta nueva fase y las reacciones a esta gestión. Por supuesto que es relevante advertir que esta fotografía siempre será parcial, puesto que es imposible que sea completa. Mas nos puede adelantar elementos de juicio particularmente necesarios, para no extraviar el análisis subsecuente. 1. Un año bajo la izquierda El primer punto que debe remarcarse es que en 2018 México votó mayoritariamente hacia una opción de izquierda. Poco más de 30 millones, contra 30 que no y 30 que se abstuvieron y no cuentan conforme a la ley. En México se gana el gobierno por un voto, uno solo. No hablamos de una izquierda staliniana ni siquiera socialista. No somos Cuba, aunque la oposición irresponsable lo sostenga y que ante las evidencias de no serlo, replique afirmando que estamos en vía de serlo. Puede sostenerse sin problema alguno en el otoño de 2019: no somos Cuba. La opción de izquierda ha tardado mucho en construirse y se encuentra con un mínimo margen de acción, junto con un plan difuso de acciones a emprender, cosa extraña porque se sostenía que sí se tenía un plan estructurado. Eso sí, nada mejor había en las otras opciones puestas frente a los votantes en julio de 2018. La continuidad de un modelo económico que ha generado 50 millones de
pobres en un capitalismo de amiguetes o al menos, no los ha evitado ni mucho menos encausado, era lo otro al alcance del elector, cosa poco llamativa, después de todo. La desbordada corrupción priista canceló su continuidad. Una izquierda arriba al gobierno, que se nutre de dos vías. Desde una lucha entre clandestina y minoritaria que fue creciendo al amparo de echar al PRI del gobierno y de un expriismo –que solo es una parte de su componente– que desde hace treinta años abandonó las filas de un partido que fue a menos, mientras crecía su corrupción y su incapacidad desmedida de gestión, hasta presentarse como el mal llamado “Nuevo PRI” que resultó ser peor que el viejo y con tantos perseguidos por Interpol, que la agencia internacional ha terminado siendo una suerte de sede alterna del PRI. Los expriistas son eso y nada más. La propaganda barata –tan a la orden como lo fue contra los gobiernos panitas desde 2000– sostiene medias verdades como el afirmar el bulo de que Morena es el viejo PRI. Falacia burda que no desmiente las trapacerías priistas que condujeron al PRI a perder otra vez la presidencia de México ni hace mejor al “nuevo” PRI. El poco margen de acción del actual gobierno proviene de los esquemas heredados de gobiernos neoliberales. Ergo, la conseja sería no apartarse de los números macroeconómicos. Entonces el desafío consiste en encontrar un equilibrio en las finanzas públicas, en impulsar la inversión sin liarse con el capital nacional y
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extranjero y cuadrar gasto-ingreso. Menuda tarea de equilibrista que pone el acento en quien está al frente de la secretaría de Hacienda, en tanto advierte que la ecuación “gasto sin crecimiento” no es sostenible, y no se está enmendado. La crisis mundial que se avecina y que no será culpa de López Obrador, para desgracia de sus oponentes, sí reclamaría de él las acciones adecuadas que sí expondrían su capacidad de liderazgo ante las crisis, que son las verdaderas pruebas de fuego de los gobiernos. Dado que economía y seguridad son los pilares del reclamo ciudadano, si falla en ambas, para Morena se antoja complejo que su partido refrende su triunfo en 2024, por mucho que se afiance, por mucho que López Obrador buscara la hasta hoy negada reelección y difícilmente podría culpar a terceros de perderla. Igual que el PRI, quedaría solo ante la realidad evidenciada y conseguida, a ser juzgada por los votantes. 2. Altibajos y claroscuros El capital político sirve, pero no es eterno. El presidente López Obrador se deshace en explicaciones del pasado, que no sobran, pero pueden estarse agotando, mientras explica sus planes de repartir mejor una riqueza que no le toca generar al Estado. Este año hemos visto los ataques y descalificaciones desde el empresariado que pretexta no invertir porque el gobierno no lo hace. Es que seguimos dependiendo del gobierno para todo. Nuestra cabeza no da para más. Triste empresariado que se circunscribe a
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lo que haga el gobierno, mientras reconoce que por 25 años mediocremente prefirió no apostar a otra cosa que al TLC, encadenando nuestra economía a lo fácil y arriesgándonos a los portazos de Trump. Es frecuente oír que aunque fuera pésimo el tratado nuevo negociado por el PRI, era preferible para no perder ese estado de confort. Así, de ese tamaño es la mediocridad del empresariado mexicano frente a López Obrador y frente a los desafíos de México. Los datos de la economía son paradójicos. Se anuncian inversiones privadas al tiempo que se propagandean que se marchan los capitales privados. Se tiene crecimiento cero siguiendo la tendencia mundial, mientras se reconoce desde círculos económicos que la economía sigue su marcha, pese a contracciones o ese cero crecimiento, debido a un reparto más equitativo de la riqueza y las becas que impulsan la economía en lo que toque. Paradójico, sin duda. Ello en tanto el petróleo no mejora su precio y a diario nos enteramos de los desfalcos del PRI en su peor sexenio de gestión, que revientan las finanzas públicas. No hay país que aguante el monto de los saqueos hechos por el PRI. 3. La oposición colapsada De momento. Nunca se sabe si la oposición en su conjunto repuntará, pero si lo hará, será más por los errores de Morena que por sus aciertos discursivos; y se muestra al menos, incapacitada para proponer
algo y cuando lo hace, se le revira que durante su gestión fue errática, no lo hizo. La oposición ha optado por callar o usar propagada negativa contra López Obrador, sin propuesta, que acalla sus pronunciamientos cuando son escasamente sensatos. Al cierre de esta nota aún se dilucida de dónde podrían provenir los rumores de golpe de Estado, de manera que lo único certero es que en efecto, hay una oposición rampante, pero que no es capaz de articular planes de acción política que mejoren la oferta existente desde el gobierno morenista. No se puede pretextar que la oposición no construye con especial ahínco y discreción las posibles candidaturas hacia 2024, arguyendo que la ley electoral le impide pronunciarse, porque en cambio a diario lo hace con descalificaciones que muchas veces y otras tantas igual, van carentes de rigor y sensatez. Si de verdad la ley electoral prohibiera sus pronunciamientos en aras de construir candidaturas para no hacer “actos adelantados de campaña”, ni esos otros aduciría. La oposición ya tendría que estar trabajando en esas candidaturas y no lo está haciendo. Eso abona a una posible derrota de su oferta en 2024. Por el contrario y de ahí la importancia de mencionarlo: en este año transcurrido desde el arribo de López Obrador, la oposición se ha visto rebasada y carece de liderazgos que encaminen su sentir y sus acciones. Ello la coloca en un plano de vulnerabilidad discursiva que no es atribuible a López Orador. Y los electores se la siguen cobrando en las urnas. Es su entera responsabilidad. De ahí lo grave. Si
se quiere contrapesos, se han de construir y eso es justo lo que la oposición no está construyendo. Desde ella no existe un López Obrador con arrastre, propio, que derrote a Morena en 2024. Conclusiones: Un primer año de lopezobradorismo no ha sido la panacea. Nadie la pidió. Dicho sea. Si ha sido un evidenciar gobiernos pasados, errores y desaciertos del presente presidente a otras acciones que están en curso y aún no pueden valorarse a cabalidad por su propia naturaleza. Lo cierto es que a este gobierno le urge rumbo. La tarea siempre es compleja, pero no puede ser pretexto para minimizar carencias o evadir errores. Si Morena es oportunidad, no debiera de ser una perdida y corre el riesgo de serlo y como ya se apuntó, más por ella que por otros agentes.
Marcos Marín Amezcua Licenciado en Derecho. Maestro en Estudios de México y Estados Unidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Conferencista y docente universitario. Columnista de El Imparcial de Madrid. Twitter: @marcosmarindice
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LOS CABOS SUELTOS DE CULIACÁN Ernesto Hernández Norzagaray
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sta semana aparecieron sendos trabajos periodísticos del conglomerado MVS y el diario Eje Central, que aportan nuevos elementos sobre la visita de doce funcionarios estadounidenses, encabezados por la DEA, para entrevistarse en Culiacán con la contraparte del gobierno federal y estatal lo que ya se ha reconocido por las autoridades del estado, lo sorprendente es el agregado que aportan al debate de lo sucedido el “jueves negro”. Oscar Balderas, de MVS, publicó a principios de la semana un texto bajo el título: El viaje secreto de la DEA a Culiacán, y Riodoce lo recuperó con un título
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más contundente: Aseguran que desde la Casa Blanca se presionó para la captura de Ovidio Guzmán. Lo sustancial de esta investigación periodística es que agentes de la DEA habrían visitado Culiacán 36 días antes del operativo del “jueves negro” y constatado in situ la capacidad de elaborar drogas sintéticas por el Cártel de Sinaloa por lo que “salió un mensaje hacia las oficinas más altas de la Fiscalía General de la República: el gobierno mexicano debía detener, de inmediato, el envío de heroína, metanfetaminas, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos, si no quería toparse con un disgusto del presidente Donald Trump”… Aquel mensaje vino con una sugerencia:
en el Departamento de Justicia de Estados Unidos figuraba un nombre que ya tenía un cargo por el delito de conspirar para enviar justo esas drogas al otro lado del Río Bravo, ese nombre era Ovidio Guzmán López, quién estaría ligado al narco laboratorio decomisado”, señaló Balderas. Por su parte María Idalia Gómez, Jonathan Nácar y Marco Antonio Aguilar de Eje Central señaló en su edición del 24 de octubre que: Información recabada… plantea que estos grupos armados se mantenían en alerta desde hace un mes, a partir de la insólita visita –el pasado 11 de septiembre– de 12 funcionarios de Estados Unidos, encabezados por la DEA que acudieron para “conocer de cerca el tamaño y sofisticación” del que consideran uno de los principales enemigos para la seguridad de Estados Unidos. Dos semanas antes de la llegada de los funcionarios estadounidenses, la Marina logró dar un golpe importante contra el Cártel, por lo menos cuatro laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas fueron asegurados en la sierra de Culiacán, según estimaciones de la agencia antidrogas, al menos uno de ellos podía procesar hasta tres toneladas semanales de metanfetaminas. Hay una foto que ilustra la edición de este medio, donde aparecen los presuntos agentes de la DEA, acompañados de funcionarios mexicanos y un comando de seguridad, en un paraje de la sierra y entre la maleza atrás, a unos pasos, se ve estacionado un helicóptero blanco. Hasta aquí lo sustantivo de ambas notas que coinciden con el reconocimiento de las autoridades estatales de que efectivamente hubo una reunión de trabajo con
los agentes de la DEA, donde a decir por los propios funcionarios, se trataron diversos temas de interés regional, cómo son la baja en los índices de homicidios dolosos, el papel que en ello han jugado las tecnologías de última generación, vamos, hasta se habló de turismo que enfrenta un warning (advertencia) de viaje para los ciudadanos estadounidenses. Una reunión de este tipo no pudo suceder sin el conocimiento en primera instancia de la Secretaria de Relaciones Exteriores y la embajada de México en Washington; tampoco debió desconocerla el Fiscal General de la República, el Gabinete de Seguridad Pública, el Presidente de la República y el gobernador del Estado, si no fuera así, algo grave sucede porque habría una cadena de desinformación. Quizá, la parte fina del asunto, la que tiene que ver con el operativo de detención fue materia, como lo dijo el presidente, de la Secretaría de la Defensa Nacional y se mantuvo en absoluto sigilo y de ahí las responsabilidades son diferenciadas por la mayor o menor incidencia. Sin duda, por las evidencias que aparecieron desde el primer momento, fue una operación a cargo principalmente del gobierno federal y eso explica que el presidente haya exculpado al gobernador del estado de cualquier responsabilidad en el operativo. "En el caso del Gobernador, no tiene él responsabilidad, esto fue una decisión y un operativo de la Federación, del Gobierno federal, en particular de la Secretaría de la Defensa, no tiene ninguna responsabilidad", dijo y reiteró Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera del pasado martes 22.
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Siguiendo la lógica ante la ausencia de datos más contundentes sobre la cadena de responsabilidades, lleva a preguntarnos, ¿siendo una operación de esta envergadura bilateral, ¿cómo es que se cometieron tantos errores tácticos en el momento de la detención?: Por ejemplo, ¿Por qué ir por Ovidio Guzmán, un grupo de solo 30-35 militares cuando al menos se intuye el ejército que está de su lado?, ¿Por qué hacerlo sin una orden de cateo que al parecer era indispensable para su detención?, ¿Por qué a las 2:30 de la tarde siendo una hora de alto riesgo? ¿Por qué?... Era evidente que bajo esas condiciones las posibilidades de fracaso del operativo eran muy altas, ¿Fue acaso inexperiencia en este tipo de operativo cuándo en el Ejercito existen infinidad de aprehensiones de figuras del crimen organizado? Entonces, ¿qué sucedió en este operativo que tuvo en vilo la ciudad de Culiacán durante cinco horas y costó al menos la vida a nueve personas y decenas fueron heridos sin considerar el trauma posoperativo? Lo cierto es que el tema, molesta en el primer círculo del poder y llaman a dar la vuelta a la página, tener el asunto cómo un mal recuerdo, una pesadilla, que hay que olvidar incluso que hay que agradecer el desenlace. Claro, agradecer, pero esclareciendo para que no se repita. Ricardo Monreal en un texto publicado el pasado miércoles en Milenio bajo el título: “El genocida de Culiacán”, escribe con pretensiones literarias inocultables, que se le da a él o a sus escribanos, una crítica severa al trabajo periodístico de Riodoce señalando que en 2069 estaría publicando una historia trágica que nunca sucedió. Una expresión injusta, porque una de las tareas del periodismo es hacer preguntas. El senador probablemente escuchó la entrevista de Carmen Aristegui a Ismael Bojórquez y no le gustaron las
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respuestas del periodista sinaloense, por el énfasis que el director de Riodoce puso en el tema de la presencia de la DEA en Sinaloa. Pero, más allá de Riodoce no hay uniformidad en el primer círculo del poder, Tatiana Clouthier acompañada de varios diputados federales morenistas subió a tribuna y planteó con su estilo irreverente la necesidad de aclarar todo lo que la haya que aclarar por el bien del país y en particular por Sinaloa y en ello está la presencia de la DEA. Se que en este tipo de casos frecuentemente, y más cuando se involucran razones de Estado, la prudencia se impone y hay que evitar comprometer las relaciones bilaterales con Estados Unidos, pero, si así fuera, que puede ser peor que entregar malas cuentas en compromisos establecidos. Afortunadamente, al margen de las raíces del operativo fallido, Culiacán ha demostrado una gran capacidad de recuperación y la vida al día siguiente día volvió a tomar su curso y el domingo 27 se realizó una concentración por las principales avenidas de la ciudad y con una sola consigna: La Paz. ¡Qué así sea!
Ernesto Hernández Norzagaray Doctor por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Colaborador en www.sinembargo.mx, Noreste, Ríodoce, Aldea 21 y 15 Diario. Facebook: ernesto.norzagaray *Texto publicado en Sinembargo, 26 deoctubre de 2019
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La “democracia” del menos de 2%. Dos “consultas populares” del obradorismo José Ramón López Rubí C.
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A
ndrés Manuel López Obrador se presenta como el máximo demócrata de México. De la historia contemporánea del país. Y sus seguidores “rasos” así lo creen (sus colaboradores más cercanos saben perfectamente cuál es la diferencia entre su retórica y su práctica). Uno de los “argumentos” es que el hoy presidente hace consultas populares. Tan demócrata es que no le tiene miedo a consultar al pueblo para decidir, se implica. Pero, ¿son siempre eso las llamadas “consultas populares”? Desde luego que no. Muchas veces no son sino ejercicios para proteger o intentar proteger de otro modo lo que ya está decidido. Las consultas pedidas o consentidas por López Obrador, ¿son ejemplos democráticos? Revisemos dos casos para responder. Uno acaba de cumplir un año y es la “consulta para decidir” sobre la cancelación del famoso aeropuerto de Texcoco, pedida a su mismo movimiento por el entonces presidente electo. El otro caso es uno consentido –no pedido directa y públicamente por AMLO, pero al menos aceptado, tolerado, no realmente cuestionado ni enfrentado por él-, la “consulta para decidir” sobre la extensión del periodo de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California –después de que en el Congreso local se decidió tal cosa. Del 25 al 28 de octubre de 2018 se llevó a cabo la primera consulta. Según la Fundación Arturo Rosenblueth encargada de ellos, los resultados son: 1,096,990 votos totales, con 319,830 a favor del aeropuerto texcocano/en contra del proyecto de aeropuerto en Santa Lucía, y 766,509 a favor de la opción obradorista de Santa Lucía/en contra de “Texcoco”, es decir, 69.87% a favor de López Obrador. Ese casi 70% podría sonar muy fuerte y muy democrático, si no se relaciona con otros datos como la población total de México y el padrón electoral oficial. De acuerdo con la Encuesta de la Dinámica Demográfica 2018 del INEGI, levantada entre el 13 de agosto y el 5 de octubre de ese año, la población de México era de
124,994,556 (en sus cálculos, el límite superior es de 125,721,662 y el inferior de 124,261,713). No es seguro que todas esas personas sean legalmente mexicanas, ni todas son adultos, y las que son adultos mexicanos no necesariamente son electores registrados y potenciales, pero el número nos sirve para darnos una idea certera sobre la supuesta democraticidad de la consulta cuestionada. Así, los 766,509 votos proAMLO-Santa Lucía son 69.87% del .87% de la población de México, es decir, .61 % de esta población total: 1,096,990 votos totales en la consulta serían .87% de la población de México, por lo que el 69.87% de ese .87% o 766,509 votos serían el .61% de la población del país. Ni siquiera se puede hablar de “unos” por ciento respecto a casi 125 millones de habitantes. Obviamente, los mismos porcentajes se obtienen si hacemos los cálculos redondeando a 125 millones. Por otro lado, si generosamente redondeamos a 89 millones el padrón electoral y la lista nominal del INE para 2018, la votación total de la consulta (o 1,096,990) representa 1.23%, así que la votación total a favor de AMLO y su proyecto es .86%. Tampoco se llega al 1% de apoyo del padrón oficial de ciudadanos electores y los votantes probables. Obtenemos los mismos porcentajes si sólo hablamos de la lista nominal exacta y sus 89,123,355, pero si no redondeamos el padrón y usamos sus 89,332,031, los porcentajes bajan a 1.22 y .85. En cualquier sentido, se llegó a más del 98% de abstención, casi 99% (98.7%). ¿Cómo puede ser eso el “inicio de la democracia participativa en México” tal y como lo dijeron los voceros del obradorismo? Es ridículo e incluso tonto presentar como logro e inicio de la democracia participativa una “consulta popular” en la que sólo participa poco más de 1 millón de mexicanos de posiblemente hasta 125 millones, en la que no votan 88 millones de más de 89 millones de posibles votantes y en la que no participan casi de ninguna manera casi 124 007 José Ramón López Rubí | Datamex No. 49. octubre 2019
millones de personas. Con poco más de 760 mil votos se autolegitimó una decisión que afecta directa o indirectamente a muchos millones de mexicanos que ni decidieron ni participaron. Pasemos al análisis de los datos de la consulta en Baja California, donde como sabemos Jaime Bonilla intenta extender su gubernatura de 2 a 5 años de manera antielectoral, anticonstitucional y antidemocrática, con el apoyo de una mayoría de legisladores locales y otros actores. La “consulta popular” se llevó a cabo el 13 de octubre de 2019, organizada por el Congreso local o, mejor dicho, por los diputados bonillistas. Resultado: 84% de los votantes a favor de que el morenista se autoregale 3 años más de poder. Un autoregalo que es un robo. Pongamos los peros estadísticos: ese 84% lo es sólo respecto de un 1.9%. 2,811,075 podían votar con credencial de elector, esto es, la lista nominal que usa el instituto electoral local. Sólo votaron 53,419 que son el 1.9% referido, porcentaje del cual 45,030 votaron a favor de Bonilla (votos supuestamente libres). Esos 45,030 son el 84% mencionado, no son el 84% de los bajacalifornianos ni de los posibles ciudadanos electores entre ellos. Son el 1.6% de esos electores registrados y credencializados. Dicho de otro modo, con el 1.6% de los probables votantes de Baja California –sólo con el 1.6%- el partido obradorista dice y quiere hacernos creer que “el pueblo” decidió que un gobernador electo para 2 años gobierne 5.
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Veamos el problema desde otro ángulo: grado de abstención de 98.1%. Sin exagerar, es otra vez casi el 100% de la ciudadanía consultable la que no participó en la “consulta popular”. Sin ninguna relación con el 98% de los bajacalifornianos, Bonilla ha tomado la decisión, coludido con una mayoría de diputados locales, y se atreve a hablar de una decisión de la democracia en Baja California. 98.1% de no-voto y 1.6% de apoyo, ¿eso es una verdadera consulta popular de la democracia participativa? A la luz de la evidencia, ninguna de las consultas fue verdaderamente popular. Salvo que un requisito democrático-morenista sea no reunir siquiera el 2% tanto de la participación como del apoyo del pueblo... (¿O ese menos de 2% es “el pueblo”? ¿Así como hay “economía del 1%”, hay “democracia verdadera del 1%”?). En ambos casos se trata de una farsa. La organización estuvo en manos del interesado-promovente-convocante-, por lo que tanto la distribución de casillas como las preguntas fueron tendenciosas; el desapego a la legalidad constitucional es mayor; y la abstención fue enorme, casi total. Los resultados todos no son democráticos, y con esas consultas la democracia mexicana no creció.
José Ramón López Rubí C. Analista y consultor independiente. Ha trabajado en el CIDE y la BUAP. Es editor de un Anuario de Ciencia Política de próxima publicación.
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Federalismo y democracia Víctor Alejandro Espinoza
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l gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha prometido un cambio de régimen. Para ello ha venido instrumentando una serie de medidas que básicamente permitirían una transición a un régimen democrático. A esa gran tranformación se le ha dado el nombre de la 4T.
Destaca el tema del federalismo, no solo por sus antecedentes históricos, sino porque la constitución de la República no siguió el camino clásico del federalismo, es decir, entidades autónomas que deciden unirse, a la manera de la experiencia norteamericana. Según el artículo 40 de
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nuestra Constitución: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. El federalismo mexicano se ha construido desde el centro, en estricto sentido somos un Estado Centralista, y por oleadas se ha tratado de desconcentrar el poder. Lo anterior significa que ha habido momentos de “federalización” de capacidades hacia las entidades, sobre todo a
través de procesos de descentralización y desconcentración y otros momentos de recentralización y reconcentración. La forma de gobierno presidencialista por naturaleza tiende a la concentración del poder en el titular del Ejecutivo. A partir del gobierno de Ernesto Zedillo (19942000), hubo una acotación a las facultades metaconstitucionales del presidente. Sin embargo, no hubo vacíos de poder, rápidamente los gobernadores los ocuparon. En los tres sexenios siguientes, pasaron de ser virreyes a señores feudales. La corrupción fue la práctica de gobierno, que permitió el crecimiento de una casta de políticos locales enriquecidos y que en alianza con empresarios voraces se encargaron de hacer grandes negocios al amparo gubernamental sin el menor rubor. Hoy, bajo el nuevo gobierno de AMLO, asistimos a otra oleada de “federalismo centralizador”. Aparentemente la decisión de desaparecer las delegaciones de las dependencias federales y sustituirlas en cada entidad por un solo “super delegado” es para lograr un mayor control sobre el gasto público a través del ahorro que significaba la operación de cientos de oficinas. Pero también, busca que Presidencia tenga un solo hilo de comunicación con las entidades a través de super delegados de toda su cofianza. Ahora éstos informarán directamente a Presidencia y no ya a cada una de las dependencias centrales. Eso se traduce en mayor poder del Ejecutivo. Pero no solo se trata de los super delegados, sino también de otras decisiones ante los graves problemas que heredó la nueva administración: por ejemplo, centralización de la nómina para el pago a maestros y que en virtud de las reforma educativa del gobierno de Carlos Salinas de Gortari había pasado a los estados pero que ha generado muchos conflictos entre las diferentes secciones sindicales y los gobernadores.
Lo cierto es que el manejo de los recursos de las entidades por gobernadores y alcaldes ha sido fuente creciente de corrupción. Los ejecutivos locales que no se enriquecieron con el cargo son raras excepciones. Y como el control de los congresos ha sido más que evidente por parte de los gobernadores, lo que se ha generado son gobiernos corroídos por la corrupción y la violencia. Al nuevo gobierno no parece haberle quedado otra que recentralizar las atribuciones y los recursos. Incluso al parecer las resistencias de los gobiernos de MORENA para asumir los compromisos derivados del proyecto de la 4T, se han mantenido. Hablar de una nueva forma de gobierno que sustituya a nuestro atribulado presidencialismo debe de pasar por cambios institucionales a lo largo y ancho del Estado nacional. Las entidades ya no pueden seguir siendo ínsulas sin división de poderes controladas por los gobernadores. Esa forma de gobierno ya no funciona. Mientras tanto, la recentralización y reconcentración parecen el camino temporal para enfrentar los gravísimos problemas que nos aquejan. Se trata de la salida menos peor, por el momento.
Víctor Alejandro Espinoza Valle Doctor en Sociología Política. Director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte. Articulista semanal del Diario Frontera y la Crónica de Baja California, Diario Monitor Económico de Baja California, Ágora de Baja California, Zona Franca de Guanajuato, 15 Diario de Monterrey. Twitter: @victorespinoza_
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