Para el gobierno norteamericano México dejó de ser su principal socio comercial y aliado y se convirtió en adversario, junto a países como Irán, China y Rusia, esta declaración de la Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi, sitúa al país en una difícil situación PAG. 2
Ayer hubo otro feminicidio más, ahora fue en el municipio de Simojovel. Frente a estos sucesos el gobierno de Chiapas manifiesta 100 años de prisión al feminicida. Cuando en realidad las madres y familias desean que nunca más se presenten feminicidios. La reforma al código penal de 100 años al femicida es un absurdo y además es inconstitucional. Sobre todo porque se debe de prevenir y garantizar la vida sin violencia a las mujeres.
DECLARACIÓN
Fiscal
“adversarios” junto a Irán, China y Rusia
“Creo que (el presidente) Donald Trump lo ha dicho alto y claro: No nos dejaremos intimidar y mantendremos a EU seguro gracias a su liderazgo. (…) y no solo de Irán sino también de Rusia, China y México, sino de cualquier adversario extranjero”
DICTAMEN
REUNIÓN
Eduardo Ramírez y SEP fortalecen diálogo con el magisterio para avanzar en la agenda educativa de Chiapas
EVENTO Éxito total en el Festival Gastronómico del Nucú en Tuxtla
Las decisiones difíciles del gobierno mexicano
Para el gobierno norteamericano México dejó de ser su principal socio comercial y aliado y se convirtió en adversario, junto a países como Irán, China y Rusia, esta declaración de la Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi, sitúa al país en una difícil situación, en el que México perdió la confianza, debido a la reiterada postura del país del norte que considera que la delincuencia organiza gobierna México y se insiste en señalar de que no colabora en el combate en contra de las drogas, a pesar de que en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum se ha multiplicado el decomiso de fentanilo y la destrucción de narcolaboratorios de drogas sintéticas, dos aspectos el gobierno de López Obrador negó sistemáticamente, como parte de un discurso de mentiras, en el que ahora se están pagando las consecuencias.
Dentro de un discurso antimexicano que se generaliza de manera exagerada en Estados Unidos, primero se declaró a los
cárteles de la droga como grupos terroristas, lo que de acuerdo a las leyes norteamericanas, lo faculta para intervenir en México y realizar las detenciones necesarias para acabar con el peligro que representa para su frontera el terrorismo, situación delicada y peligrosa, debido a que si México está gobernada por el narcotráfico y ya fue declarado como adversario, eso significa que dentro de esa lógica los funcionarios norteamericanos puede llegar a afirmar que el país forma parte de un gobierno dominado por el terrorismo, situación que de continuar con la reproducción de ese discurso se pretende que México deje de ser socio para convertirse en subordinado lo que ocasionaría una complicada relación diplomática.
El gobierno de Sheinbaum está siendo orillada a tomar decisiones difíciles respecto a los grupos de políticos en México claramente vinculados con la delincuencia organizada y a tomar el control del Estado, lo que significa el distanciamiento con López Obrador que continúa siendo un factor real de
poder en México, que debilita, y en algunos casos, deteriora y exhibe el ejercicio del poder de la presidenta de la república.
En México, la integración del sistema político impide la constitución del Maximato, o sea el poder de un expresidente en el ejercicio de otro presidente, sin embargo, en las condiciones del país existen señalamientos de comentócratas de que se vive no sólo la continuidad de un gobierno, declarado como el segundo piso de la cuarta transformación sino que se considera que el expresidente sigue ejerciendo el poder, lo que afecta la figura presidencial, que en las condiciones de señalamientos extremos y peligrosos de funcionarios y políticos norteamericanos, obliga a tomar el control del Estado e investigar los vínculos de la delincuencia organizada con la política y proceder a vincular a proceso a los involucrados, esto pese a la crisis que se puede ocasionar y la ruptura al interior de grupos de su propio partido. De ahí los momentos difíciles de la presidenta, quien debe tomar
decisiones frente a las presiones norteamericanas.
La presidenta Sheinbaum ya lo ha afirmado en diferentes ocasiones de que no va a haber ruptura, pero en los hechos tampoco hay continuidad, debido a que se acabó con el discurso de abrazos y no balazos del anterior gobierno, y ahora hay combate al narcotráfico, a grado tal que hace 48 horas el secretario García Harfuch había anunciado en la conferencia mañanera la detención de 22 objetivos prioritarios en el combate a la delincuencia organizada, y a eso se suma el decomiso de fentanilo y la destrucción de laboratorios, en el que se puede señalar que México sí está haciendo la tarea, pero esto resulta insuficiente para cambiar la imagen de los políticos del vecino país sobre México, particularmente porque ellos tienen investigaciones realizadas de políticos mexicanos con vínculos con la delincuencia organizada y que mantienen su posición con tal impunidad, que confirma el discurso adverso que en Estados Unidos se tiene sobre el gobierno de México
Detectan miasis humana en 11 municipios de Chiapas; la mayoría de los casos se concentran en la región del Soconusco
De la Redacción Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
La Secretaría de Salud federal informó que Chiapas registró un total de 21 casos confirmados de miasis humana causada por la mosca del gusano barrenador del ganado, durante la semana epidemiológica número 24 del presente año.
Este padecimiento es considerado una zoonosis emergente por las autoridades de salud, lo que ha encendido las alertas sanitarias por su impacto en personas vulnerables con heridas abiertas.
El gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), era una plaga que había sido erradicada en México desde 1991, sin embargo, reapareció y Chiapas es uno de los estados más afectados, concentrando un alto porcentaje de los casos a nivel nacional.
Esta situación ha generado una alerta sanitaria importante debido a su impacto en el ganado y, en menor medida, en las personas.
La semana pasada se tenían reportados 15 casos de la enfermedad. Es decir, en solo siete días se sumaron seis nuevos casos, lo que representa un incremento del 40% de esta enfermedad en la entidad.
La mayoría de los casos se concentra en la región Soconusco, principalmente en los municipios de Tapachula, Mapastepec, Escuintla y Villa Comaltitlán, según las notificaciones oficiales de salud.
Este padecimiento es considerado una zoonosis emergente por las autoridades de salud, lo que ha encendido las alertas sanitarias por su impacto en personas vulnerables con heridas abiertas
Tapachula encabeza la lista de municipios con mayor número de casos, entre ellos una mujer de 44 años con neoplasia parietal derecha y un hombre de 67 años con alcoholismo. Le siguen Escuintla y Villa Comaltitlán, cada uno con dos casos. Otros municipios con al menos un caso confirmado son: Mapastepec, Huixtla, Pijijiapan, Pichucalco, Tonalá, Ocosingo y Chilón.
Del total de los 21 casos confirmados, 10 personas fueron hospitalizadas, incluyendo adultos mayores, pacientes con alcoholismo, con enfermedades crónicas o lesiones en áreas delicadas como cabeza, cuello o genitales.
Seis pacientes han sido dados de alta por mejoría, mientras que dos permanecen estables bajo tratamiento ambulatorio en sus hogares
y bajo vigilancia médica de la Secretaría de Salud de Chiapas.
La dependencia continúa con la vigilancia activa en los municipios afectados y coordina esfuerzos con las unidades médicas de primer nivel para identificar y atender oportunamente nuevos casos.
Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población para reforzar medidas de higiene, acudir de inmediato al médico ante cualquier herida sospechosa y mantener especial cuidado con personas vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes crónicos.
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) reforzó la estrategia sanitaria contra el gusano barrenador
del ganado, con la entrega de medicamentos gratuitos para más de 150 mil cabezas de ganado en seis municipios del norte de Chiapas: Palenque, Benemérito de las Américas, Catazajá, La Libertad, Salto de Agua y Marqués de Comillas.
El secretario explicó que el medicamento, al ser aplicado correctamente, rompe el ciclo del parásito al eliminar a las moscas transmisoras reduciendo así la propagación del brote.
“Esta primera etapa cubre el 30% del hato en los municipios beneficiados, y habrá una segunda fase para cubrir el inventario restante en todo el estado”, explicó posteriormente en una reunión con autoridades municipales.
En Chiapas, se detectó por primera vez en noviembre de 2024 en el municipio de Playas de Catazajá, y desde entonces ha habido un aumento de casos tanto en ganado como en humanos. En abril pasado, cuando se detectó el primer caso, 11 pacientes afectados de entre 25 y 83 años de edad que presentaron lesiones, principalmente en la cabeza, extremidades y genitales, han sido dados de alta.
Hoy aun cuatro personas permanecen hospitalizados reportándose como estables, algunos presentan comorbilidades que complican su recuperación, señaló la dependencia.
Aprueban Ley que obliga a proteger y promover los derechos humanos de Personas en Contexto de Movilidad Humana en Chiapas
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
El Congreso del Estado aprobó este miércoles en sesión, la Ley para la Atención y Protección de los Derechos de las Personas en Contexto de Movilidad Humana del Estado de Chiapas, que establece la obligación de proteger y promover los derechos humanos de todas las personas en contexto de movilidad humana que se encuentren o transiten en el territorio estatal, prohibiendo cualquier forma de presión para la renuncia de sus derechos, y sin que se les pueda restringir o limitar de modo alguno. El Estado reconocerá, promoverá y garantizará a las personas en contexto de movilidad humana el ejercicio pleno de sus derechos, de conformidad con lo estipulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
Este marco jurídico será aplicado por la Secretaría de la Frontera Sur y los
ayuntamientos, y para ello se creará el Consejo Consultivo Ciudadano para la atención de las personas en situación de vulnerabilidad, explicó el diputado José Uriel Estrada Martínez, presidente de la Comisión de Movilidad Humana. El texto indica que los objetivos de esta ley son definir las atribuciones y obligaciones de las autoridades estatales y municipales en materia de atención y apoyo a las personas en contexto de movilidad humana, y sus familias, en los términos de la legislación aplicable, que se encuentren físicamente en el mismo lugar en calidad de migrantes. El texto aprobado con 35 votos a favor y cinco ausencias de 40 diputados locales, argumenta que a partir de su publicación se establecerán políticas públicas en materia de atención y apoyo a personas en contexto de movilidad humana, con especial atención a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, a la vez que se establecerán las bases de coordinación interinstitucional entre las autoridades estatales
y municipales, a fin de implementar las políticas públicas y programas de manera eficaz en la materia.
También se prevé impulsar la participación ciudadana y de la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos de los destinatarios de la presente ley.
Asimismo, se promoverá el respeto de los derechos humanos de todas las personas migrantes que se encuentren en el estado sin distinción de sexo, raza, color, idioma, religión o ideología, y se delimitarán las competencias y atribuciones de la Secre-
taría de la Frontera Sur en materia de protección y atención a las personas en contexto de movilidad humana. El documento señala que de enero a septiembre del 2024 ingresaron a Chiapas 798 mil 992 personas extranjeras, mientras que, en el 2023, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) registró 86 mil 791 personas solicitantes de refugio. En los primeros nueve meses de 2024, el Instituto Nacional de Migración emitió 25 mil 948 permisos de residencia, lo que representa el 46.7 % de los permisos a nivel nacional en ese periodo.
Protección Civil llama a privilegiar la prevención de riesgos ante la Temporada de Lluvias y Ciclones
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Ante la Temporada de Lluvias y Ciclones 2025, el secretario de Protección Civil de Chiapas, Mauricio Cordero Rodríguez, llamó a los municipios que integran el Consejo Regional de Protección Civil-Metropolitana, a realizar acciones de prevención de riesgos en coordinación con diferentes órdenes de gobierno y a involucrar a las comunidades a través de los Comités Humanistas.
Ante los presidentes municipales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Suchiapa y San Fernando, el secretario de Protección Civil pidió anteponer la vida y la seguridad de las y los chiapanecos por encima de cualquier trámite, excusa o burocracia.
“La protección civil no se improvisa, se planea, se coordina y, sobre todo, se previene; nadie conoce mejor los riesgos locales que la propia gente, involucren a los Comités Humanistas, dialoguen con las autoridades ejidales y convoquen a la participación ciudadana”, exhortó.
Asimismo, Cordero Rodríguez les reiteró que sus municipios cuentan con el apoyo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien se ocupa en mantener unidad entre los tres órdenes de gobierno, y en este caso con los gobiernos municipales, para sumar esfuerzos en caso de alguna emergencia.
Por su parte, los presidentes municipales coincidieron en la
Ante los presidentes municipales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Suchiapa y San Fernando, el secretario de Protección Civil pidió anteponer la vida y la seguridad de las y los chiapanecos por encima de cualquier trámite, excusa o burocracia
necesidad de realizar acciones de prevención de riesgos, al tiempo de externar que son la primera línea de respuesta ante una emergencia en sus municipios.
En la región Metropolitana se cuenta con 16 refugios temporales, con capacidad de atención para 2 mil 860 personas, es decir, aproximadamente 552 familias.
En tanto, se reconoció la labor de identificación y prevención de riesgos que realizan los municipios, al tiempo de exhortarlos a activar los protocolos de atención ante alguna incidencia, revisar sus atlas de
riesgos, mantener sus comités operativos funcionando y, sobre todo, brindar una atención humanista y con prontitud.
Cordero Rodríguez reconoció a los ayuntamientos que ya cuentan con sus programas especiales y diversas acciones de prevención, como el caso de Tuxtla Gutiérrez, que tiene 810 acciones para la prevención de riesgos. A quienes aún no cuentan con ello, los exhortó a reforzar acciones de riesgo y que continúen con la conformación de los Comités Humanistas, a fin de fomentar la cultura de la prevención y la gestión de riesgos.
Cabe destacar que en todo el territorio estatal se cuenta con más de mil 200 Comités Humanistas de Protección Civil trabajando en sus comunidades, mismos que se encargan de realizar recorridos ejidales y en zonas vulnerables, limpieza de arroyos, recolección de basura en la comunidad y la concientización a la población.
Los Consejos de Protección Civil se han realizado en las regiones: Istmo-Costa, Soconusco, Norte, Maya, Tuiijá Tseltal Chol, Altos Tsotsil Tseltal, Meseta Comiteca Tojolabal y ahora en la Metropolitana.
Eduardo Ramírez y SEP fortalecen diálogo con el magisterio para avanzar en la agenda educativa de Chiapas
el magisterio chiapaneco.
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el secretario general de la Sección 7 del SNTE-CNTE, Isael González Vázquez, e integrantes de este sindicato, con el propósito de dar seguimiento a temas prioritarios de la agenda educativa.
Tras el encuentro, el mandatario destacó que se reafirmó el compromiso con la gobernabilidad y se fortaleció el diálogo respetuoso y permanente que se mantiene con
Ramírez Aguilar reiteró que la educación es uno de los pilares fundamentales de su administración, por lo que se trabaja en estrecha coordinación con la Federación, así como con las y los docentes, para garantizar avances en la materia que permitan impulsar el desarrollo del estado.
Asimismo, expresó su agradecimiento al Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por el respaldo brindado al sistema educativo de Chiapas, y reconoció la labor de las y los maestros que contribuyen a la formación de nuevas generaciones de chiapanecas y chiapanecos.
De la Redacción Ciudad de México,. (Tribuna)
Éxito total en el Festival Gastronómico del Nucú en Tuxtla
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Con gran éxito se llevó a cabo el Festival Gastronómico del Nucú, encabezado por el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres, junto a comideras tradicionales y familias asistentes, en el Parque Santo Domingo.
Desde las primeras horas del día las y los asistentes pudieron disfrutar de una jornada llena de sabor, música y tradición, con talleres, charlas, presentaciones de danza folclórica, marimba en vivo y una amplia expo venta de productos regionales, entre los que destacaron tamales, pizza, pay, tacos, quesadillas, tostadas, siendo el nucú el ingrediente esencial. En este marco, el alcalde Angel Torres agradeció a todas y todos, así como al Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), a cargo de Juan Carlos Suárez “Tenor”, por hacer posible este gran evento. Asimismo, adelantó que el Gobierno de Tuxtla continuará haciendo eventos que permitan conservar la cultura, impulsar el turismo y fortalecer la economía local. Al evento asistieron la Directora del Instituto Casa de las Artesanías del Estado, Marisol Urbina Matuz; el Coordinador de Cultura Zoque, Tradiciones, Costumbres e
De la Redacción Tapachula, Chis. (Reporte Ciudadano)
Aunque muchos no lo saben, parte de la lluvia que ha caído recientemente en Sinaloa no es obra exclusiva de la naturaleza. Detrás de ese fenómeno hay tecnología, ciencia… y talento chiapaneco. El Capitán Jaime Suárez, originario de Tapachula, forma parte del equipo de pilotos encargados de operar el programa federal de siembra de nubes, una técnica utilizada para estimular lluvias en zonas afectadas por sequía.
“Yo soy el que estimuló las lluvias aquí en Sinaloa, porque aquí no llueve”, relata Suárez. “Le pasamos tirando eso a la nube, y en tres o cuatro minutos empieza a llover… pero es fuerte. Esos cohetes los traen desde Alemania”, explica con orgullo.
La técnica que describe es conocida como modificación climática o siembra de nubes, un proceso que consiste en liberar sustancias como yoduro de plata y acetona —o incluso hielo seco— en el interior de las nubes, con el fin de provocar la formación de gotas y generar lluvia. En México, este programa es coordinado
Desde las primeras horas del día las y los asistentes pudieron disfrutar de una jornada llena de sabor, música y tradición, con talleres, charlas, presentaciones de danza folclórica, marimba en vivo y una amplia expo venta de productos regionales, entre los que destacaron tamales, pizza, pay, tacos, quesadillas, tostadas, siendo el nucú el ingrediente esencial
Identidad Tuxtleca Intercultural, Juan Ramón Álvarez Vázquez; en representación de las Comideras Participantes, Lucero Paredes
Aguilar; Presidente del Consejo Directivo Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco), Miguel
Trujillo Rincón; entre otras y otros funcionarios.
Capitán tapachulteco estimula lluvias en Sinaloa con técnica respaldada por el gobierno federal
por la Secretaría de Agricultura (SADER) y la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA), y se ha aplicado en estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Tamaulipas.
Según datos oficiales, esta estrategia ha llegado a incrementar la precipitación pluvial hasta en un 40 % durante las campañas más exitosas, aunque expertos advierten que sus resultados dependen de muchos factores, como la humedad ambiental y la estructura de las nubes.
El Capitán Suárez forma parte de un grupo de pilotos, muchos de ellos también chiapanecos, que sobrevuelan zonas estratégicas para dispersar a los agentes desde el aire utilizando bengalas especiales. “Somos un grupo de pilotos de Chiapas, y este trabajo lo hacemos con responsabilidad, porque sabemos que ayuda al campo, a los agricultores y a las comunidades que no tienen agua”, aseguró.
Aunque la efectividad de la siembra de nubes todavía es tema de de-
bate entre científicos y meteorólogos, su aplicación en México ha sido respaldada por el gobierno federal como una medida emergente para enfrentar la crisis hídrica y apoyar
al sector agrícola.
Desde el cielo sinaloense, el trabajo de un tapachulteco como Jaime Suárez está dejando huella… en forma de lluvia.
Ángel Blas Gutierrez; Director del Buró Municipal de Turismo, Jorge Humberto
Congreso de Puebla modificará “Ley Censura” y excluirá a servidores públicos como posibles víctimas
Gabriela Hernández PUEBLA, Pue., (apro)
La polémica ley del ciberasedio apunta a que será reformada tal y como lo sugirió la presidenta Claudia Sheinbaum: para excluir a los servidores públicos como posibles víctimas de ese delito, que quedó estipulado en el artículo 480 del Código Penal del Estado.
La diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso (JUGOCOPO) local, dijo que estos cambios podrían aprobarse antes de que termine el actual período ordinario de sesiones, que será el 15 de julio.
García anunció que la próxima semana se reunirá con los legisladores para analizar los resultados de los foros y definir el sentido de los cambios que tendrá esta reforma al Código Penal del Estado, que está vigente desde el 13 de junio y que ha sido calificada por expertos y organizaciones nacionales e internacionales como una amenaza a la libertad de expresión.
La legisladora secundó lo declarado por la presidenta Sheinbaum en el sentido de que la reforma realmente se hizo para proteger a las infancias del ciberacoso, pero que fue utilizada a nivel nacional para atacar a los go-
Pedro Zamora Briseño COLIMA, Col. (apro)
La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo desistió de la solicitud de autorización ambiental del proyecto del Puerto Nuevo Manzanillo en la Laguna de Cuyutlán, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre pasado, con una inversión de 65 mil millones de pesos, con el propósito de aumentar de 4 a 10 millones el número de contenedores movilizados anualmente por el actual puerto.
Sin embargo, la Asipona no ha explicado las razones del desistimiento, sino que fue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la que dio a conocer la información del final del procedimiento administrativo en la más reciente edición de la Gaceta Ecológica, que se difunde semanalmente en el sitio web de la dependencia. El pasado 3 de abril la autoridad portuaria había ingresado ante la Semarnat la Manifestación de Impacto Ambiental para su evaluación y resolución, pero el 12 de junio siguiente presentó el “Aviso de desistimiento de la autorización en materia de impacto ambiental”, mediante el oficio ASIPONAMANOF-GJ/2.S.07/35/2025, de fecha 9 del mismo mes y año.
Por lo tanto, la Semarnat informó al público en general que se dio por concluida la consulta pública del proyecto, cuyo periodo ya se había iniciado y se estaba preparando la reunión pública
La diputada Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la JUGOCOPO, anunció los cambios a la Ley de ciberasedio, para excluir a los funcionarios públicos de la posibilidad de demandar por ese delito y evitar interpretaciones erróneas que atenten contra la libertad de expresión
biernos de la 4T y para “golpetear” al gobierno de Puebla.
Igual, dijo que al cambiar la redacción para dejar en claro que esta ley no aplicará para servidores públicos y políticos en cuanto a críticas en redes sociales, se dará respuesta las inconformidades que se plantearon durante los foros y se le dotará de “claridad” para evitar interpretaciones erróneas que atenten contra la libertad de expresión.
De la misma forma se pronunció el gobernador Alejandro Armenta Mier,
quien dijo estar de acuerdo con lo expuesto por la presidenta Sheinbaum y consideró que los diputados harán la reforma que sea necesaria para excluir a los funcionarios públicos de la posibilidad de demandar por el delito de ciberasedio.
“...tomamos muy, muy en cuenta lo que dijo la presidenta, deben quedar exentos del beneficio de esta ley los servidores públicos”, expresó, “estamos hablando de ciberdelincuentes, no de medios de comunicación”.
La postura de la presidenta del Congreso local y del mandatario poblano coincide con las declaraciones que hizo la presidenta Sheinbaum en su conferencia mañanera del 24 de junio, en la cual defendió que la ley que promovió el gobierno de Armenta, no fue para censurar la opinión pública y que se había desvirtuado su objetivo, que en un principio era proteger a niños y adolescentes de ciberasedio.
“Ahí lo derivaron a que era una ley dedicada a sancionar y censurar a aquel que hable mal del gobernador en las redes sociales, si se tiene que clarificar, se clarifica, pero, es una ley contra el ciberacoso”, recalcó la presidenta. Apuntó que ya existen legislaciones de este tipo en Nuevo León, Coahuila y otros estados, y que el objetivo de las modificaciones que se hicieron en Puebla, eran en el mismo sentido.
“En todo caso, que ahí quede establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos”, manifestó la presidenta Sheinbaum.
Asipona desiste de la solicitud de
autorización ambiental
para el Puerto de Nuevo
Manzanillo
de información.
Tras la difusión del desistimiento de la Asipona ante la autoridad ambiental, el gobierno de Colima informó que la ampliación del Puerto de Manzanillo “es un proyecto de inversión que sigue en firme en los planes del Gobierno de México y de los tres órdenes de Gobierno, y que actualmente se está reformulando el proceso para obtener las autorizaciones ambientales necesarias para llevarlo a cabo”.
Mediante un comunicado, la administración de la morenista Indira Vizcaíno Silva aclaró que el desistimiento de la solicitud de evaluación y autorización ambiental del proyecto “no representa ningún cambio en la intención del Gobierno de México de que se realice el proyecto de ampliación del Puerto de Manzanillo hacia la Laguna de Cuyutlán, sino la búsqueda de una evaluación ambiental integral del mismo”.
Refirió que originalmente se había iniciado el proceso de la MIA sólo para la primera etapa del proyecto de ampliación del puerto y, después de diversos análisis, se determinó que lo óptimo era que la autoridad evalúe integralmente todas las etapas del proyecto desde el punto de vista ambiental.
“Cuando vuelva a ingresarse la MIA para la evaluación integral del proyecto, deberá de ser con todas sus etapas y
también se reiniciará el proceso respectivo de consulta pública”, expuso.
El gobierno estatal añadió que, a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Seidum) y del Instituto para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable (Imades), continuará colaborando con el Gobierno de México para el avance del proyecto de ampliación del Puerto de Manzanillo, y “para que éste pueda realizarse con un manejo ambiental ejemplar que garantice la salud y el equilibrio del ecosistema en el largo plazo”.
Aseguró que el avance del proyecto “se realizará manteniendo un compromiso irrestricto con el desarrollo sustentable, y priorizando tanto la protección del medio ambiente, como el bienestar de las comunidades locales y la resiliencia del territorio ante los efectos del cambio climático, tal como lo han expresado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva”.
En su edición impresa, correspondiente al mes de mayo, la revista Proceso publicó un reportaje en el que se incluyeron puntos de vista de académicos y ambientalistas, quienes alertaron sobre los riesgos que representa el proyecto del nuevo puerto para el
ecosistema y el equilibrio ambiental de la Laguna de Cuyutlán, que es el cuarto humedal costero más grande de México y constituye una zona de anidación de 25 especies de aves.
El maestro en Ciencias del Mar Alejandro Reyes Herrera, exdirector de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manzanillo, advirtió que en el polígono destinado para el nuevo puerto hay más de 305 hectáreas de flora que se encuentran en riesgo de ser retiradas, de las que al menos 119 corresponden a manglar, 75 a selva baja caducifolia y 93 a vegetación halófila.
Además, indicó que en el Vaso II de la laguna hay dos islotes continentales que se encuentran en peligro ante el proyecto portuario, uno de 58.4 hectáreas y el otro de 35, que albergan diversas especies de fauna y son utilizados por las aves migratorias como refugio.
ONU-DH se suma a exigencia de parlamento abierto por reforma a Ley en Materia de Desaparición
Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Ante la próxima discusión de la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), se sumó a la exigencia de colectivos de familiares de personas desaparecidas de convocar a un Parlamento Abierto para discutir la propuesta presidencial.
En su cuenta de X, la ONU-DH validó la solicitud al Senado de la República, “para abrir un espacio de escucha plural, representativo e informado en el que se expresen todas las voces”.
La oficina de la ONU-DH consideró importante que en las discusio-
Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (apro)
A partir de información pública y no pública disponible, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) concluyó que existen fundamentos razonables para determinar que Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, facilitó operaciones de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Las transacciones señaladas por FinCEN ocurrieron entre 2019 y 2023, periodo que coincide con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Romo se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia, figura clave en la toma de decisiones, desde el arranque del sexenio hasta el 2 de diciembre de 2020. Ese día, el mandatario aclaró que, aunque ya no desempeñara ese cargo, seguiría siendo su principal enlace con el sector privado.
“Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo. Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando”, expresó el mandatario ese día, al recordar que el empresario de Nuevo León fue el primero de su sector en adherirse al “movimiento de transformación” y lo reconoció como su amigo, “un hombre independiente, honesto y comprometido con las causas justas”.
Aunque el reporte no menciona explícitamente vínculos políticos, los años en los que ocurrieron las operaciones que involucran a Vector —inclu-
nes de la iniciativa se incorporen “en particular las voces de las familias que buscan a sus seres queridos”.
Para la representación de la ONUDH, la instalación de un parlamento abierto será “clave para seguir nutriendo la reciente propuesta y otras normas” para que, en materia de búsqueda e identificación de personas se
refuercen “las salvaguardas vinculadas a la Plataforma Única de Identidad, así como a las acciones de investigación, búsqueda, identificación y atención a las familias”.
El llamado de la ONU-DH para abrir un espacio de discusión a través de un Parlamento Abierto, sobre la propuesta de modificaciones a la Ley
General en Materia de Desaparición de personas, surge luego de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés), urgió al Estado mexicano a proporcionar información sobre los indicios de la persistencia “generalizada” de desapariciones forzadas en el país.
La solicitud del CED se apega a la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la que México es parte, y por la que deberá entregar la información solicitada antes del 18 de septiembre del 2025.
La aplicación de dicho artículo implica que el Estado mexicano deberá desmentir las apreciaciones del CED de que en el territorio nacional existen circunstancias que permiten la desaparición de personas.
Así lavó dinero Vector de Alfonso Romo durante el sexenio de AMLO, según FinCEN
yendo transferencias millonarias a empresas chinas utilizadas para traficar precursores químicos del fentanilo— se ubican bajo la administración de la llamada “Cuarta Transformación”.
De acuerdo con el documento oficial, Vector es parte de una red compleja de las operaciones financieras transnacionales de El Chapo Guzmán, en las que participaron “mulas de dinero”, empresas fantasma y compañías extranjeras dedicadas al comercio encubierto de precursores químicos para la elaboración de fentanilo.
De acuerdo con el informe, una mula de dinero transfirió más de 1.5 millones de dólares a Vector, y entre 2019 y 2021 —periodo que coincide plenamente con el gobierno de López Obrador— el mismo individuo transfirió más de 500 mil dólares adicionales a través de una empresa con sede en Estados Unidos.
“FinCEN concluye que existen fundamentos razonables para determinar que Vector, una institución financiera que opera fuera de los Estados Unidos, representa una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a la prestación de servicios financieros que facilitan dicho tráfico por parte de organizaciones criminales mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo”, sostiene el análisis publicado por el Departamento del Tesoro.
FinCEN detalla que una de las es-
trategias comunes utilizadas por las organizaciones de tráfico de drogas (DTOs) para ocultar el origen ilícito de los fondos fue a través de empresas fachada o empresas fantasma, las cuales se emplearon como vehículos para mover dinero, combinando ingresos ilegales con flujos de capital aparentes provenientes de negocios legítimos.
En ese contexto, Vector facilitó más de 17 millones de dólares en transferencias sospechosas a múltiples compañías con sede en China a comienzos de 2021, actuando en nombre de una empresa vinculada a una organización internacional de tráfico de drogas.
“Vector ha sido clave en el procesamiento de transferencias hacia compañías chinas con antecedentes de envíos de precursores químicos a México para fines ilícitos”, establece el informe, al señalar que estas operaciones se llevaron a cabo bajo el encubrimiento de transacciones comerciales aparentes entre empresas mexicanas y proveedoras chinas ya identificadas por su participa-
ción en el tráfico de insumos químicos para la fabricación de fentanilo.
Los datos presentados por FinCEN evidencian que, desde al menos 2019, más de 20 compañías con sede en China han participado en este tipo de operaciones.
Entre los casos documentados, se encuentran que entre 2018 y 2023, una empresa china recibió más de 12 transferencias internacionales, por un monto superior a 300 mil dólares, provenientes de más de cuatro empresas mexicanas, a través de Vector.
También, entre 2022 y 2023, una segunda compañía china recibió más de 18 transferencias, que sumaron más de 700 mil dólares, enviadas por más de cinco empresas mexicanas, también a través de Vector.
Entre 2020 y 2023, una tercera empresa china recibió más de 10 transferencias, por un total superior a 70 mil dólares, realizadas por al menos dos compañías mexicanas, igualmente procesadas por Vector.
Senadores avalan la Ley Antilavado, que permite vigilar a “personas políticamente expuestas”
Juan Carlos Cortés CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Los senadores oficialistas avalaron la Ley Antilavado, que busca prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita para proteger el sistema financiero y la economía nacional.
La legislación va dirigida especialmente contra los delitos relacionados con estructuras financieras de las organizaciones delictivas, para evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
La reforma también busca atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y evitar sanciones o restricciones que deterioren la posición financiera y reputación de México a nivel global.
Los senadores oficialistas avalaron la reforma en lo general y lo particular por 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones.
La iniciativa presidencial propone monitorear a las “Personas Políticamente Expuestas (PPE)” en actividades financieras consideradas de “riesgo” y contar con manuales internos para detectar operaciones sospechosas en las llamadas “actividades vulnerables”.
También establece que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se-
Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, rechazó los señalamientos emitidos por la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), que la acusa de lavar dinero para el crimen organizado, en particular para la red vinculada a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Alfonso Romo fue el encargado de la oficina de la presidencia durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y uno de las personas de más confianza del tabasqueño.
“Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”, respondió la firma a Proceso.
La oposición consideró que, con esta legislación, la 4T en realidad busca crear un aparato de espionaje financiero para cualquier ciudadano
rá la encargada de prevenir el lavado de dinero y la faculta para coordinar las funciones con las de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de la Guardia Nacional para investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Durante la discusión se aceptó una reserva de la senadora morenista, Lucía Trasviña, que elimina de la reforma la frase “financiamiento al terrorismo”. Luego se ser aprobada, la reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para que se discuta en comisiones y posteriormente en el pleno.
Oposición, en contra por contradicciones y espionaje financiero
La senadora del PAN, Guadalu -
pe Murguía, resaltó que apoyan el objeto fundamental que es identificar y prevenir el lavado de dinero y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero advirtió que tal como está la reforma implica afectaciones a los Derechos Humanos, a los datos personales, al patrimonio financiero de las personas que puede ser bloqueado incluso sin autorización judicial, al secreto bancario y a la presunción de inocencia.
“Creemos que hay ambigüedad y exceso cuando se definen a las personas políticamente expuestas. Se define como persona políticamente expuesta a quien ha sido funcionario público en nuestro país, en el extranjero y a quienes se encuentren
relacionados con esto. Y quisiera yo precisar por qué la ambigüedad.
“Primero, el GAFI, al referirse a esto, señala como personas políticamente expuestas a servidores públicos que tengan una actividad relevante. La propuesta que se está haciendo no distingue y cualquier servidor público, por sencillo que fuera, pudiera ser considerado como una persona políticamente expuesta”, detalló.
Por otro lado, la senadora del PRI, Anabel Ávalos Zempoalteca, resaltó que el verdadero objetivo de esta reforma no es combatir el lavado de dinero por el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando o el secuestro, sino que la 4T desea crear un aparato de espionaje financiero para cualquier ciudadano
“Desde luego que el PRI está a favor del combate al lavado de dinero, pero no como un instrumento de represión y de censura; eso, sin duda, es muy importante. Esta reforma no busca combatir el lavado de dinero, busca amedrentar a quienes piensan distinto al régimen. Se trata del arbitrario deseo autoritario de controlar, callar y castigar a los adversarios políticos”, enfatizó.
Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo, niega lavar dinero para “El Chapo” Guzmán
En una ficha informativa, la casa de bolsa respaldó además la postura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual informó que, tras haber solicitado pruebas al Departamento del Tesoro, no recibió respuesta.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, tras solicitar pruebas al Departamento del Tesoro, no se recibió evidencia alguna que vincule a Vector con actividades ilícitas. Las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas”, sostuvo Hacienda.
Vector también subrayó que todas las inversiones de sus clientes están respaldadas por los activos en los que han sido colocadas.
“Es importante subrayar que las inversiones de todos y cada uno de nuestros clientes están 100% respaldadas por los instrumentos de
inversión en los que se encuentran invertidas, mismos que están custodiados en el Instituto para el Depósito de Valores (S.D. Indeval), como lo ha sido a lo largo de los 50 años de trayectoria de Vector”, sostuvo. Sin embargo, en su posicionamiento público, Vector omitió refe-
rirse a un punto clave del caso: que el gobierno estadunidense prohibió formalmente sus transferencias internacionales de fondos, como parte de las medidas impuestas por FinCEN bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
Fiscal de EU pone a México en lista de “adversarios” junto a Irán, China y Rusia
De la Redacción Ciudad de México (Tribuna)
Pamela Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, colocó a México entre los “países adversarios”, pues aseguró que con el tráfico de drogas se busca asesinar a estadounidenses. “Ya sea que intenten asesinarnos físicamente o a través de causar sobredosis a nuestros niños con drogas. Gracias al liderazgo (del presidente Trump) haremos todo lo posible para mantener a EU seguro”, comentó. En una audiencia sobre el Comité de Gastos del Senado, Bondi aseguró que no se dejarán intimidar por ningún país. “Creo que (el presidente) Donald Trump lo ha dicho alto y claro: No nos dejaremos intimidar y mantendremos a EU seguro gracias a su liderazgo. (…) y no solo de Irán sino también de Rusia, China y México, sino de cualquier adversario extranjero”, respondió tras los cuestionamientos del senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham. Bondi añadió: “no solo de Irán sino también de Rusia, China y México, sino de cualquier adversario extranjero”. México no colabora a combatir las drogas El republicano Graham preguntó si el gobierno de México estaba ayudando para combatir las drogas. “¿México está colaborando con el problema de las drogas?”, preguntó Graham. En tanto, Bondi respondió que “sería mejor tener esa conversación en un espacio clasificado”. El senador comentó que México sigue siendo gobernado por cárteles de la droga. “Lo quiero decir públicamente: No, no lo está (ayudando). Ellos (México) deben saber que la
La lista incluye a ocho organizaciones criminales entre las que se encuentran seis mexicanas: el Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.
mitad de su país está gobernada por los cárteles. Nunca estaremos seguros aquí (en EU) hasta que logremos que México cambie su estrategia. Con gusto hablaré con usted en privado. Pero ya basta de México”, precisó Graham. Bondi respondió que el Cartel de Sinaloa sigue dejando “estragos” en EU y que el fentanilo “sigue entrando”.
El congresista prosiguió: “Ya basta de esa porquería. Vamos a ir por ellos con o sin ayuda de México porque yo no sé cuál es la respuesta correcta contra un vecino que permite que este tipo de cosas ilegales que entren a nuestro país y mate a más jóvenes que cualquier otro”. México ha respondido, señala Ebrard El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México ha cumplido las exigencias de Estados Unidos en temas de tráfico de fentanilo, seguridad y migración.
“México ha cumplido y ahora el tema es que tengamos certidumbre
de aquí a la revisión del tratado. Certidumbre en tarifas y en todos los temas comerciales que ya conocen”, pidió en el contexto de que no se sumen aranceles hasta la revisión del T-MEC.
Precisó que ha detenido a los migrantes y que se ha asegurado la contención del fentanilo, pues no llega a EU.
“México ya hizo el esfuerzo que le correspondía en la contención de la migración, así como se ha avanzado muchísimo a juzgar con las cifras disponibles de fentanilo asegurado en el sur de la frontera de Estados Unidos; hay un avance considerable, que no tiene precedente y se ha reducido de manera muy importante el tráfico de fentanilo”. México tiene miedo a cárteles El presidente de EU, Donald Trump, dijo, que México le tiene mucho miedo a los cárteles y aseguró que estos controlan grandes secciones del país. Al ser cuestionado sobre su plan para detener a los cárteles, el mandatario
afirmó que se encuentra trabajando con México y dijo:
“México creo que está muy, muy asustado de los carteles. De hecho, creo que los cárteles controlan grandes secciones de México y no quiero decir eso porque me llevo muy bien con la presidenta”. EU designó a cárteles mexicanos como terroristas El gobierno de Estados Unidos designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, cumpliendo así con la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el pasado 20 de enero. La orden que fue firmada por Marco Rubio, secretario de Estado de EU y sostiene que existe una base fáctica suficiente para determinar que estos cárteles cumplen con las características descritas en la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).
La lista incluye a ocho organizaciones criminales entre las que se encuentran seis mexicanas: el Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. A estas se suman la banda criminal de Venezuela conocida como Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha de El Salvador.
El documento sobre la designación se encuentra en el Registro Federal y entró en vigor el jueves 20 de febrero. Con información de Animal Político.
El TEPJF rechaza oleada de impugnaciones contra la elección judicial
Mathieu Tourliere
CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó este miércoles una lluvia de impugnaciones contra la elección judicial del pasado 1 de junio, bajo el argumento de que los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) no reflejan los resultados finales de los comicios, por lo que los inconformes deberán impugnar las declaraciones de validez y los otorgamientos de las constancias de mayoría.
Algunos de los inconformes trataron de invalidar los resultados de los cómputos distritales argumentando que los ganadores rebasaron topes de campaña o fueron beneficiados de actos de promoción “mediante me-
canismos ilegales” como los famosos “acordeones” --atribuidos a Morena, en su mayoría-- que instruyeron a bases de votantes cómo llenar las boletas de acuerdo con los intereses de quienes los distribuyeron.
Ante las decenas de recursos presentados por candidatos que no salieron ganadores en las urnas y que tratan de invalidar los triunfos de sus rivales, los magistrados determinaron que los cómputos distritales judiciales que el INE publicó en su sitio de Internet en los días posteriores a la elección no representan actos definitivos ni firmes, y por ende no son susceptibles de ser impugnados.
El TEPJF determinó que los juicios de inconformidad procederán para impugnar “determinaciones que transgreden normas constitucionales o legales”; en el caso de la elección
judicial, estos juicios sólo son válidos para revertir las declaraciones de validez y las constancias de mayoría emitidas por el INE. Con esta reso-
lución, el TEPJF dio un plazo extra antes de marcar el arranque de la lucha en torno a las impugnaciones de los resultados de la elección judicial.
Wendy Rayón Garay Ciudad de México. (Cimacnoticias)
Luego de darse a conocer la Ley Censura en Puebla el pasado viernes 13 de junio con cambios legislativos estatales para crear el delito de «ciberasesdio», ahora era el Congreso del Sinaloa el que quería sumarse a esta oleada de censura al proponer reformas al Código Penal en materia de «violencia digital» y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; pero el rechazo de periodistas y defensores generó de diputadas y diputados estatales retiraran la iniciativa de reforma.
Cabe señalar que eran las legisladoras María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política y Erika Rubí Martínez Rodrígue, de MORENA las impulsoras de la propuesta.
Este hecho se enmarca en un contexto de peligro para la libertad de expresión de las mujeres en el mundo, según concedieron mujeres periodistas y expertas en comunicación durante el foro “Sección J: Salvaguardar los derechos digitales y de comunicación de las mujeres en Beijing+30” en Nueva York el pasado mes de marzo.
Paralelo al 69 periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (CSW69) que se lleva a cabo en esta Nueva York, en un foro especial se compartieron los resultados del Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP, por sus siglas en inglés) como evidencia del poco avance en el capítulo J La mujer y los medios de difusión a 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing (PAB).
En la discusión, representantes del Asia, África, Medio Oriente y América, coincidieron en la amenaza permanente en la que las mujeres ejercen la libertad de expresión.
Ante la propuesta legislativa, la Asociación de Periodistas de Sinaloa, A. C expresaron públicamente su rechazo: Cuando se dio a conocer esta Ley Censura en Sinaloa, defensores de la libertad de expresión alertaron que dichas modificaciones incluían disposiciones que podrían restringir libertades, una tendencia que comienza a replicarse en otros estados de la república bajo el argumento de combatir la violencia de género.
De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos por la libertad de expresión como Artículo 19, señalaron que aunque es importante proteger a las infancias y a las mujeres en situación de vulnerabilidad histórica, no se debe atentar contra otros derechos humanos como la libertad de expresión: «deben estar dirigidas a atender las causas estructurales de la violencia a través de políticas públicas integrales y en concordancia con estándares internacionales de derechos humanos», apuntaron.
Asimismo, mencionaron que las iniciativas deben conllevar procesos de parlamento abierto para generar un diálogo con personas expertas, víctimas, prensa y sociedad civil, así como pasar un test tripartito de necesidad, proporcionalidad y legalidad para asegurar que son la mejor medida para
Detienen Ley Censura en Sinaloa. Periodistas
y defensores alertaban violaciones a la libertad de expresión
atender la problemática en cuestión.
Según señalaron, estas medidas se enmarcan en el aumento de acoso judicial a personas periodistas como mecanismos para inhibir su labor periodística, tanto dentro como fuera de línea que han sido documentadas por las organizaciones. Por ejemplo, en 2024 se documentaron 21 procesos judiciales contra periodistas, que equivale a un proceso cada tres semanas. También destacaron que es una tendencia las iniciativas que buscan legalizar mecanismos de censura y vigilancia masiva en el espacio digital a pesar de que organismos internacionales han establecido que la libertad de expresión en línea debe tener la misma protección fuera de ese entorno.
Iniciativa sobre violencia digital y sus restricciones en el internet
La primera iniciativa en cuestión fue sobre la violencia digital, la cual incorpora dicho delito en un nuevo Capítulo IV con el título “Delitos Contra la Inviolabilidad del Domicilio, de la Intimidad y de la Identidad de las Personas” del Código Penal del estado. Ahí se establece la pena de dos a cinco años de prisión a quien: de manera dolosa y mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos, reales o simulados, de una o varias personas, con el propósito de difamar, desprestigiar, calumniar, injuriar, denigrar, descalificar o causar daño físico, psicológico, emocional, económico o simbólico, en cualquier ámbito de su vida pública, privada o en su imagen personal.”
De la misma manera, en el artículo 177 BIS D se menciona que comete el delito de violencia digital y se le impondrá una pena de seis años a:
“A quien a través de las tecnología de la información y la comunicación, plataformas digitales, redes sociales o inteligencia artificial cometa aquellas acciones ejecutadas directa o indirectamente que impliquen la creación de perfiles falsos en redes sociales, la difusión de campañas de desprestigio de datos personales, o la usurpación de identidad de una persona física o mo-
ral con el objeto de calumniar, intimidar, violentar, despolitizar, amenazar o generar temor y daño psicológico, económico, íntimo, patrimonial o cualesquier otro”
Y el artículo 177 BIS H, establece que:
“la persona que funja como Ministerio Público, la jueza o juez o autoridad competente, emitirá de manera inmediata las órdenes de protección necesarias, solicitando vía electrónica o mediante escrito, dirigidas a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales. Estas órdenes instruirán la interrupción, el bloqueo, la destrucción, o la eliminación del texto, de las imágenes, de los audios o de los videos relacionados con la violencia digital, mediática o sistematizada”.
De acuerdo con Articulo 19 e Iniciativa Sinaloa, ambos artículos presentan diversas problemáticas en cuanto al cumplimiento de los estándares del derecho penal y afectan negativamente el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, particularmente en el uso de tecnologías digitales. En primer lugar, contraviene el principio de taxatividad penal, ya que utiliza términos vagos como «exponer», «difundir» o «compartir» sin definir con precisión las conductas sancionables. Esto permite interpretaciones amplias que podrían criminalizar cualquier actividad en línea, incluyendo la labor periodística, la denuncia ciudadana y la crítica al poder. Asimismo, mencionaron que se afectan los principios de legalidad y de última ratio que determinan que el derecho penal solo debe aplicarse como último recurso, cuando no existen vías menos lesivas. Como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORTE IDH), en el caso Kimel vs. Argentina, el poder punitivo debe usarse únicamente para proteger bienes jurídicos fundamentales frente a ataques graves, por lo que, según las organizaciones, penalizar expresiones en línea, cuando pueden ser atendidas por mecanismos civiles o administrativos, es excesivo e injustificado.
De la misma manera, señalaron que, las restricciones no contemplan
el impacto estructural que tendrá sobre el funcionamiento de Internet. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cualquier limitación a la libertad de expresión en línea debe ser analizada considerando la naturaleza descentralizada, libre y abierta de la red. La omisión de esta perspectiva puede dañar seriamente el ecosistema digital y el acceso equitativo a la información Agregaron que la libertad de expresión protege no solo discursos populares, sino aquellos que pueden resultar incomodos, ofensivos o perturbadores para ciertos sectores, especialmente cuando son opiniones de figuras públicas. La CIDH también ha reiterado que este derecho es esencial para la democracia y debe resguardarse incluso en contextos de tensión política o social. Otro señalamiento fue que, tanto la ONU como la CIDH han mencionado que los delitos contra el honor (difamación, calumnia e injuria) no deben formar parte del derecho penal, ya que la prisión nunca es una sanción adecuada en estos casos, En su lugar, proponer que solo se imponga sanciones civiles y nicamente cuando haya «real malicia» en ofensas contra funcionarios públicos. De esta forma, afirmaron que mantener estas figuras penales representa un retroceso en la protección de la libertad de expresión. Sobre el artículo 177 BIS H, advirtieron que implica por completo una censura por sanción anticipada sin garantía de audiencia, por lo que se vulnera el derecho a la libertad de expresión en línea al permitir que autoridades eliminen contenido sin un proceso judicial: «Medidas de este tipo se traducen en que temas de interés público como investigaciones periodísticas, publicaciones críticas, e incluso imágenes de crítica política puedan ser silenciadas de manera desproporcionada», mencionaron.
Iniciativa sobre violencia de género La segunda iniciativa, en la que se busca reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Sinaloa en materia de violencia de género, Articulo 19 e Iniciativa Sinaloa señalaron su preocupación por el articulo 363 BIS, subsección IX, donde se incorporan delitos de difamación y calumnia:
“Difame, calumnie, injurie, desprestigie, realice campañas de suplantación de identidad, difusión de imágenes o audios manipulados, edición o alteración de información, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación o inteligencia artificial, así como la creación de cuentas falsas en redes sociales, con el objetivo de desacreditar, denigrar o poner en entredicho la capacidad de una mujer para ejercer funciones públicas, o en menoscabo de sus derechos políticos o electorales.”
6 AÑOS DE LA GUARDIA NACIONAL Y A PUNTO DE AMPLIAR FACULTADES
Wendy Rayón Garay
Aseis años de la implementación de la Guardia Nacional (GN) en tareas de seguridad nacional y a unas horas de que se vote en la Cámara de Diputados la Ley Guardia Nacional, se debe poner en relevancia el panorama de militarización en el que México se encuentra, sobre todo cuando han sido las mujeres quien han enfrentado la violencia de esta medida. El pasado 17 de junio, durante la sustentación del X informe periódico del Estado mexicano ante el Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), negó que exista la militarización en el país, a pesar de que las expertas del comité cuestionaron con insistencia los resultados de la intervención de la GN en labores de seguridad. En su intervención, Citlalli Hernández describió a la GN como una nueva figura policial de carácter civil que ha sido acompañada por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) e insistió en que esto no constituye en un problema de militarización. Asimismo, al referirse a las violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas armadas, lo atribuyó a un evento en el pasado sin mencionar que dichas agresiones contra mujeres continúan en la actualidad.
En contextos de militarización, la violencia estructural que viven las mujeres se incrementa, especialmente en zonas donde las fuerzas armadas asumen funciones de seguridad pública. En estos entornos, los cuerpos de las mujeres no solo son desprotegidos, sino que se transforman en objetivos simbólicos y materiales de control y castigo, volviéndose territorios de guerra.
Anteriormente la CEDAW ha expuesto las consecuencias para las mujeres y niñas ante el despliegue del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública en México, advirtiendo que dicha estrategia contribuiría a una intensificación de la violencia contra las mujeres. El despliegue de la fuerza militar también se traduce en impunidad y violaciones a derechos humanos, ya que tiende a criminalizar a las mujeres, especialmente si son jóvenes, pobres, racializadas o migrantes. Por tanto, hablar de militarización no solo implica el uso de la fuerza en espacios públicos sino un modelo que reproduce violencia de género.
La propuesta de formar la Guardia Nacional surgió como una respuesta a la percepción generalizada que las fuerzas policiales locales y estatales eran insuficientes y con frecuencia,
estrechaban relaciones con grupos del crimen organizado; ante tan incontrolable erosión social, la Guardia Nacional apareció en el panorama como respuesta clave para actuar de manera transparente contra el crimen a lo largo y ancho del país. Cabe mencionar que la militarización del país ya se había puesto en marcha desde la implementación de las me didas de seguridad pública impuestas en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa dando como resultado un aumento considerable en la proporción de mujeres que son asesinadas con armas de fuego. Mientras que en 2007 este porcentaje era de aproximadamente un tercio del total, los registros disponibles para 2020 indican que seis de cada diez mujeres mueren de esta manera, según reportó el análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como dato primario, recordemos que el Congreso de la Unión aprobó la creación de la Guardia Nacional un 28 de febrero del 2019, y fue formalmente establecida el 26 de marzo de ese mismo entonces con la publicación de la Ley de la Guardia Nacional en el Diario Oficial de la Federación.
Desde ese entonces, la GN ha estado involucrada en diversas operaciones de seguridad a nivel nacional, colaborando con otras instituciones del gobierno mexicano e incluso, supliendo funciones de otras fuerzas como la policía estatal y local, siendo así que, un grupo castrense y de combate, terminó por convertirse en una institución que ha desdibujado la línea de sus funciones.
Desde 2021 se realizaron reformas legales para que la Guardia Nacional pase a depender operativa y administrativamente de la DEFENSA, ya que al tener estructura militar sería el Ejercito quien gestionaría mejor los recursos y la disciplina y se hizo oficial el 1 de octubre de 2024 cuando entró en vigor la reforma constitucional publicada el 30 de septiembre.
«Las implicaciones de la militarización van más allá del abuso sistemático por parte de las fuerzas armadas en las detenciones, del aumento generalizado de violencia por su mera presencia en las calles y la perpetración de agresiones a mujeres dentro de su misma institución», menciona el informe de la UNAM. Añade que, México ha apostado por esta estrategia abandonado el apo-
yo de otras estrategias, aspecto que se ha visto reflejado en la asignación presupuestaria donde cada vez más aumenta recursos a la DEFENSA y no a programas que tienen incidencia en la vida de las mujeres y que se encuentran en el Anexo 13.
Panorama de violencia contra mujeres en datos
Desde el 2024, el informe ‘CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024’ del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), denunció que, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, particularmente entre 2020 y 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 664 quejas hacia la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y mil 816 en contra de la Guardia Nacional. En 2023, la organización Intersecta analizó dos instrumentos estadísticos para conocer en qué medida miembros del ejército y la marina han sido autores de violencia contra mujeres. Después de revisa la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 y la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, encontraron que más de 68 mil mujeres fueron agredida por la GN y la Marina. Las agresiones reportadas fueron piropos ofensivos, con 38.2%; en menor medida, se encuentran ofensas u otras instancias de humillación, con 14.7%; miedo a ser atacada sexualmente, con 10.1%; ataques con armas blancas o de fuego con 3.3%, mientras que el 1.1% y el 0.2% indican intentos de violación y violación.
La ENPOL evidenció que la incidencia de violencia perpetuada al momento de la detención de una mujer incrementa en operativos conjuntos con 87%, seguido de la Marina con 86.4% y del ejercito con 77.4%.
Particularmente se denunció que un tercio de las mujeres detenidas por la Marina vivieron descargas eléctricas, el 19.4% vivió violencia sexual y el 11.5% de las mujeres detenidas por la entonces SEDENA, también sufrió esta agresión.
Asimismo, se denunció la existencia de una relación entre la perpetración de violencia y la fabricación de culpabilidad, pues nueve de cada diez detenidas por la Marina, el ejército o
por un operativo conjunto, afirmaron estar en prisión por acusaciones falsas vivieron algún tipo de violencia. Estos datos fueron publicados en el informe «Entre dos guerras» de Intersecta. Mujeres migrantes, indígenas e infancias, el blanco común de la Guardia Nacional
La militarización en México provocada por los cambios de las políticas públicas migratorias ha creado un escenario idóneo para profundizar la vulnerabilidad de las mujeres migrantes a sufrir diferentes tipos de violencia. De acuerdo con el articulo ‘Impacto de la militarización de las políticas migratorias en las mujeres migrantes en el territorio mexicano’, las políticas migratorias se han ido modificando a lo largo de los años en beneficio de las necesidades de Estados Unidos.
De esta manera, aunque México es un país de tránsito y destino, actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha implementado la militarización fronteriza como parte de una estrategia que busca frenar el flujo migratorio y el contrabando de fentanilo ante la amenaza arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donal Trump. De esta manera, en enero de 2025 se enviaron 10 mil elementos de la Guardia Nacional en 18 ciudades fronterizas de Baja California (3 mil 010), Sonora (mil 987), Chihuahua (2 mil 620), Coahuila (mil 017), Nuevo León (623) y Tamaulipas (743), como parte del Operativo Frontera Norte.
Migrar en territorio militarizado, consecuencias para mujeres – cimacnoticias. com.mx
A esto se suma que varias estancias migratorias están vigiladas bajo la GN cuando los estándares internacionales establecen que el personal en cargado de los centros de detención migratoria debe pertenecer al sector público y cuando se deleguen a empresas privadas, deben sestar a cargo responsables civiles. No obstante, son las fuerzas armadas quienes las controlan, por lo que tienen acceso y poder para ejercer violencia contra las migrantes.
Lo mismo ocurre cuando hablamos de mujeres indígenas en contextos de desplazamiento forzado. En muchos casos son doblemente vulneradas: por su condición de género y por su pertenencia étnica. Son desplazadas de sus tierras por megaproyectos, crimen organizado o conflictos armados, y en esos procesos suelen ser las principales afectadas. El desplazamiento forzado rompe sus redes comunitarias, desestructura su rol en la vida colectiva y las expone a situaciones extremas de pobreza, explotación y violencia.
CURP BIOMÉTRICA: ¿IDENTIDAD O VIGILANCIA?
Se ha anunciado que formará parte de la agenda de un periodo extraordinario la normativa relativa a la Clave Única de Registro Población (CURP) biométrica. Se trata de una medida que tendrá un impacto perjudicial si no se lleva acabo siguiendo las medidas de seguridad internacionales. Veamos.
Primero. El gobierno mexicano busca transformar la Clave Única de Registro de Población (CURP) en una identidad digital biométrica obligatoria para toda la ciudadanía. La propuesta, en apariencia técnica y funcional, plantea integrar en un solo documento datos como huellas dactilares, escaneo facial, iris, firma electrónica y patrones de voz. En el papel suena moderno. En la práctica, puede abrir una puerta peligrosa: la de convertir a cada persona en un cuerpo rastreado, codificado, verificable y, en última instancia, permanentemente vigilado. Una CURP biométrica representa mucho más que una simple cédula de identidad. Es una llave que da acceso a cada espacio de la vida. Significa que el Estado podrá observar tus movimientos desde el nacimiento hasta la muerte. Qué compras. Dónde te hospedas. Con quién convives. Qué lees. Qué escribes. Qué demandas. Qué callas. Cada huella es una coordenada. Cada rostro, una ficha. Cada voz, un archivo. Y cada dato, una herramienta de control. Todo esto se concentra en manos de una maquinaria estatal que —como ha quedado claro en numerosos episodios— opera con déficits crónicos de rendición de cuentas y controles externos. El discurso oficial recurre a la noción de “seguridad” como justificación última. Pero la historia enseña que donde el poder se acumula sin fre-
no, el abuso no tarda en llegar. El riesgo no es teórico. Es histórico. Lo que hoy se ofrece como escudo contra el delito, mañana puede volverse un filtro contra la disidencia. Hoy se invoca para prevenir crímenes. Mañana, para inhibir protestas. Y pasado mañana, para condicionar la entrega de servicios, la emisión de documentos o el acceso a la justicia. El problema no es la tecnología. Es la falta de límites claros. Es la concentración opaca de datos sensibles. Es el uso unilateral, no supervisado, no consentido. La CURP biométrica podría convertir al Estado en el único custodio y árbitro de la identidad, eliminando el derecho individual a decidir cómo, cuándo y ante quién mostrarse. La privacidad dejaría de ser un derecho para convertirse en una excepción.
Segundo. En muchas democracias avanzadas, la fascinación inicial por la identidad biométrica dio paso al escepticismo constitucional. Alemania, por ejemplo, declaró inconstitucional la recolección masiva de datos biométricos sin una causa específica y justificada. La Corte Constitucional ha reiterado que la dignidad humana —artículo 1 de su Ley Fundamental— implica el derecho a la autodeterminación informativa. En el Reino Unido, el caso Bridges v South Wales Police limitó severamente el uso de reconocimiento facial en espacios públicos. El tribunal determinó que usar esta tecnología sin una base legal clara, sin supervisión judicial y sin proporcionalidad constituía una infracción a la privacidad. Canadá frenó varios proyectos de identidad digital por no pasar las evaluaciones de impacto en derechos humanos exigidas por su Oficina del Comisionado de Privacidad. No basta con buenas intenciones:
se requiere justificación, necesidad y mecanismos de control independientes. En Estados Unidos, aunque el gobierno federal mantiene bases biométricas para temas criminales, no existe un registro nacional obligatorio para civiles. Y algunos estados, como Illinois, han implementado leyes de protección biométrica tan estrictas que empresas como Facebook han tenido que pagar cientos de millones de dólares en compensaciones (Patel v. Facebook, 2020). En Francia, el Consejo Constitucional puso freno a la interoperabilidad indiscriminada de datos personales. La identidad no puede ser usada para controlar la vida civil. Es un instrumento de inclusión, no de vigilancia. La tendencia es clara: los países democráticos que adoptan tecnologías biométricas lo hacen bajo estrictas condiciones. Y muchos han optado por no centralizar los datos, sino distribuirlos, encriptarlos y hacerlos revocables. Ninguno, salvo regímenes autoritarios, ha entregado la llave de toda la identidad a una sola base estatal sin contrapesos. Tercero. México está a punto de tomar un camino peligroso. La creación de una CURP biométrica obligatoria se plantea sin discusión pública, sin consenso constitucional y sin mecanismos de protección equivalentes a los de otros países. La arquitectura legal mexicana carece hoy de una regulación específica en materia de biometría, más allá de generalidades contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales. El extinto INAI dejó un vacío grave: hoy no existe un órgano autónomo encargado de proteger los datos personales de la ciudadanía. La vigilancia digital crece sin frenos institucionales. El Poder ha demostrado apetito por
concentrar información sin transparencia ni control externo. Casos como el espionaje con Pegasus, la militarización del padrón electoral y los hackeos a la SEDENA, a PEMEX y muchos otros muestran que el problema no es hipotético. Es estructural. La austeridad en estos temas ha sido un tiro en el pie. Una base biométrica unificada podría ser utilizada para construir perfiles de riesgo, restringir accesos a servicios, o incluso facilitar la persecución política. Si el sistema falla —por error técnico o manipulación deliberada— millones podrían quedar excluidos del sistema de salud, de trámites bancarios o del ejercicio de derechos fundamentales. El cuerpo se vuelve llave, pero también cerrojo. Y hay un riesgo adicional, poco entendido: la biometría no se puede cambiar. Si alguien roba tu contraseña, simplemente creas una nueva. Si alguien filtra tu número de cuenta, puedes cerrarla y abrir otra. Pero si se filtran tus huellas dactilares, tu escaneo facial o tu iris, no puedes generar un nuevo cuerpo. Esos datos son parte de ti. Son permanentes. Una vez comprometidos, quedan vulnerables para siempre. Por eso se dice que la biometría no se puede “resetear”: porque no es una clave, es tu ser físico convertido en dato digital. Por tal razón, las democracias más sólidas se han abstenido de crear sistemas de identidad únicos obligatorios. Porque la tecnología puede cambiar. Pero los derechos, no. El cuerpo no debe ser la nueva frontera del control estatal. Identidad no es vigilancia. Seguridad no es sumisión. Una CURP biométrica sin garantías es una amenaza disfrazada de eficiencia. El verdadero riesgo no es lo que el gobierno promete hacer, sino lo que podrá hacer sin pedir permiso.
Ernesto Villanueva
EL ESCUDO DE CHIAPAS ES IDENTIDAD,
HISTORIA Y RESISTENCIA
QUE NO SE BORRA
Agustín López Cuevas
1. Una propuesta ofensiva para el pueblo de Chiapas
2. Cambiar el escudo no empodera a nadie
3. Quienes quieren modificar nuestra historia que tengan la decencia de conocerla
En medio de una crisis social, económica y política que afecta a Chiapas profundamente, resulta alarmante — por no decir ofensivo— que desde el Congreso local se impulsen propuestas para modificar uno de los símbolos más importantes del estado: El Escudo de Chiapas.
Al referirse al escudo, el diputado José Ángel del Valle Molina ha planteado la necesidad de “retirarle vestigios beligerantes y de conquista”, promoviendo un cambio que, bajo un discurso disfrazado de descolonización, intenta mutilar nuestra memoria colectiva. El escudo de Chiapas tiene profundas raíces históricas y simbólicas que representan la grandeza y lucha del pueblo chiapaneco.
¿Con qué derecho? ¿A cuenta de qué prioridad? ¿Y, sobre todo, con qué respaldo ciudadano quieren modificar el escudo de Chiapas?
El argumento esgrimido por el diputado —que el escudo responde a una visión impuesta por el rey de España y que representa una Chiapas en disputa— es una lectura reduccionista y errónea de un símbolo que condensa siglos de historia, identidad y resistencia. Cada uno de los elementos del Escudo de Armas de Chiapas tiene un profundo significado que trasciende lo colonial:
Quienes quieren borrar el escudo se equivocan de enemigo. El colonialismo no está en la piedra tallada o en el lienzo pintado. Es-
tá en la pobreza estructural, en la marginación de los pueblos originarios, en la falta de justicia, salud y educación dignas, en la violencia criminal que impone nuevas reglas a sangre y fuego. Si de verdad quieren descolonizar, que empiecen por garantizar derechos, no por inventarse ofensas simbólicas.
Cambiar el escudo no empodera a nadie. No mejora una sola escuela, no abre una clínica, no remedia una injusticia. Solo borra. Borra el relato híbrido de nuestro mestizaje. Borra el encuentro —doloroso, sí, pero real— entre mundos que hoy se funden en el pueblo chiapaneco: indígena, español, afrodescendiente, migrante.
No es la primera vez que se intenta alterar este símbolo. La Ley del Escudo y el Himno del Estado de Chiapas establece con claridad que no puede ser modificado, suplantado ni reinterpretado fuera del marco normativo actual.
Y más allá de lo legal, está la fuerza de lo simbólico. El escudo ha acompañado a generaciones en documentos oficiales, escuelas, instituciones públicas, celebraciones y memorias familiares. Es un emblema que une más allá de credos, partidos o lenguas.
Lo más grave de esta propuesta de modificar el escudo de Chiapas, es la manera en la que se plantea: sin diálogo, sin consulta, sin participación ciudadana. ¿En qué momento se le preguntó al pueblo de Chiapas si quiere renunciar a su escudo? ¿Cuándo
se abrieron foros plurales, públicos, interculturales para revisar su sentido simbólico? Nunca.
Porque esta no es una demanda del pueblo. Esta propuesta no nació en las comunidades ni en los barrios. Es una ocurrencia ideológica, ajena a la realidad y sin arraigo social. Quieren imponernos una narrativa que nadie pidió y que pocos entienden, mientras los problemas reales de Chiapas siguen sin atenderse.
El escudo no nos avergüenza. Nos representa. Es el reflejo de un pueblo que no es ni totalmente indígena ni totalmente español, sino mestizo, marimbero, festivo, católico, protestante, gnóstico, agnóstico, trabajador, campesino, urbano, pobre, resiliente, combativo. Es el retrato de lo que somos, con toda nuestra historia a cuestas.
Cambiar el escudo no borra al conquistador, nos borra a nosotros. Por eso, alzamos la voz para decir: ¡No se toca nuestro escudo!
Exigimos que nuestros legisladores dejen de jugar con nuestros símbolos y empiecen a trabajar por nuestra dignidad. Si van a hablar de descolonización, que empiecen por garantizar derechos. Y si van a hablar de historia, que tengan la decencia de conocerla.
Porque un pueblo sin memoria, es un pueblo sin rumbo. Y Chiapas no está para extravíos.
¡Que viva el Escudo de Chiapas! Porque mientras siga ondeando, seguirá viva nuestra historia y siempre surgirán voces que la defiendan.
¡¡¡FUERA CARLOS!!! LLEGA FERNANDO BERMÚDEZ
Raymundo Díaz S.
• Morena necesita sangre joven y no MALEADOS y CORRUPTOS para recuperar credibilidad.
• El reto: 2027 y la antesala del 2030 presidencial y la gubernatura chiapaneca.
PERFIL
FRONTERIZO
Se han tardado, pero -¡¡¡por fin!!!-, uno de LOS MÁS GRANDES
MERCADERES y CORRUPTOS de la política morenista como Carlos Molina Velasco será puesto FUERA DE LAS MILLONARIAS prerrogativas del Partido de Morena en Chiapas. Si en las pasadas elecciones del 2025 existió un “líder” o dirigente partidista que NEGOCIÓ, VENDIÓ, CAMBIÓ, QUITÓ y HASTA DESPOJÓ candidaturas en los municipios y SE HIZO MULTIMILLONARIO y agasajado con vehículos de lujo y otros regalos, productos de las candidaturas que NEGOCIÓ, VENDIÓ o QUITÓ, ese es Carlos Molina Velasco, espurio, ilegítimo y BANDIDO dirigente de Morena en Chiapas. Pero, como a “cada cuch, le llega su sábado”, a este ya le llegó la hora de ahuecar y dejar libre ese espacio, por cuyo paso negro, por que ni le correspondía y por cuyas sucias maniobras, DEBERÍA IR A PARAR A
LA CÁRCEL.
De acuerdo a los datos en poder de PERFIL FRONTERIZO, uno de los pocos amigos del gobernador chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, y con una LEALTAD A TODA PRUEBA como Fernando Bermúdez Velasco, ya empaca maletas para salir del Palacio de Gobierno en dónde funge como Jefe de la Oficina de Gobierno hacia lo que será SU PRIMERA OFICINA y ENCOMIENDA política: Morena.
En ese nuevo proyecto personal y de estado, a Fernando Bermúdez Velasco, según nuestros datos -que no son “otros datos”- la acompañará una mujer joven, con talento socio-político y de enorme dinamismo y enjundia como Magaly Guillén Zepeda quién iría como Secretaria General en esa dirigencia estatal en Chiapas. Sin caer en el futurimo, pero no se necesita ser gran sabueso para elucubrar, cavilar o pronosticar que en esa dupla se puede ver o avizorar a dos PROXIMOS DIPUTADOS en el 2027 y, porque no, titulares de la JCP y Presidencia del Congre -
so, y por la vía proporcional o plurinominal, pero antes tendrán que dar resultados y, sobre todo, preparar o dejar listo el escenario o la antesala del presidencial y renovación de la gubernatura de Chiapas 2030. Lo que sí debería ser, y el pueblo de Chiapas lo agradecería y aplaudiría, es una INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA a Carlos Molina Velasco y que pise o pruebe la cárcel por sus actos corruptos cometidos en las elecciones pasadas en cuales hizo el NEGOCIO MILLONARIO de su vida que hasta casas y carros recibía a cambio de candidaturas, y porque, apenas hace algunos días, continuaba haciendo “ACUERDO$$” y prometiendo candidaturas en algunos municipios. Aparte de esos actos CORRUPTOS, Carlos Molina Velasco NO LE DIO NI UN SÓLO VOTO al hoy gobernador Eduardo Ramírez, los votos los consiguió él mismo por su simpatía y vinieron de otros partidos aliados. Pero, de eso y muchos otros temas, ya abundaremos, y mucho, muchísimo. He dicho.
IGNORAN AL GOBERNADOR…
Francisco Ruiz Zuart.
“Cero corrupción, Cero impunidad”, para Fabiola Ricci Diestel y su ayuntamiento en San Cristóbal de Las Casas, ES UN CHISTE de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar…
Sin duda que el escándalo más caliente y reciente del gobierno Coleto, son los delitos cometidos por el Consejero Jurídico al servicio del Ayuntamiento, Amado Villafuerte González, en contra de mujeres y hombres al servicio de la administración municipal… Torturas físicas y psicológicas, acosos laborales y sexuales, violaciones a leyes laborales y a los derechos humanos, falsificación de documentos…, lo han fundado y explicado en detalle y hasta públicamente, las mujeres y los hombres despedidos por Amado Villafuerte Avendaño… Todo lo sucedido entre el funcionario municipal y los, las agraviadas, resulta de suma gravedad y aún más, si lo observamos a la luz del decir de los gobiernos de Claudia Sheinbaum, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar y Fabiola Ricci Diestel, quienes afirman y ofrecen nuevos tratos para las mujeres: CERO VIOLENCIA, igualdad de oportunidades, amplia protección a sus derechos…, que en la práctica del ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas son letra muerta e incinerada, cantaletas y arengas de campaña política, únicamente …
¿Por qué estas afirmaciones secas y tajantes?
Porque el asunto ya cumplió dos semanas que tiene cono -
cimiento el ayuntamiento y va para la semana de haberse hecho público, y el “supuesto” DELINCUENTE sigue suelto, no ha sido separado del cargo y mucho menos, puesto a disposición de las autoridades del fuero común, para que investiguen y promuevan el castigo merecido…
Para los habitantes de San Cristóbal de Las Casas y del Estado de Chiapas que han venido enterándose -por la radio, televisión, redes sociales- sobre los delitos cometidos por el empleado municipal transgresor, hacia las mujeres y los hombres, esto es grave y ¿qué creen?
FALTA LO PEOR: la presidenta Fabiola Ricci Diestel y su esposo Héctor de León, junto con su ayuntamiento, han dispuesto PROTEGER al “supuesto” DELINCUENTE e ignorar a las mujeres y los hombres atropellados en sus derechos…
¿Por qué tanta injusticia y descaro?
Porque Amado Villafuerte González está emparentado con la Presidenta Fabiola Ricci Diestel, porque como sea, ES SU TÍO…
Por eso las quejas públicas y los recursos legales, formales, interpuestos por las mujeres agredidas, ante autoridades municipales y del estado de Chiapas (responsables de garantizar los derechos de las mujeres), PARA NADA han sido atendidos en 15 días…
EVIDENTE. Si Fabiola Ricci Diestel, su esposo Héctor
de León y su ayuntamiento, han decidido IMPUNIDAD para EL TÍO, protección al delincuente, solamente una buena defensa legal, la organización, movilizacion y solidaridad hacia las personas agraviadas, podrá obligar atención y justicia pronta y expedita… No hay de otra y habría que apurarse, en todos los sentidos…
Ah! EL TIO Amado, tarde o temprano será removido del cargo y entre más se tarden Fabiola Ricci y los suyos, más deteriorará la ya de por sí mala imagen del ayuntamiento y del mal gobierno RICCI DIESTEL de LEÓN…
Ah! Y Rosa Pérez Pérez, Visitadora Especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la región ¿por qué no ha despertado y atendido esta violación a los derechos humanos de las mujeres?
¿Recuerdan quién es Rosa Pérez Pérez? Es quien cuando era presidenta municipal de Chenalhó, fue secuestrado el ahora gobernador y luego llevado a Chenalhó donde le vistieron de… Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, apoyaba a Rosa Pérez… ¿recuerdan? Luego le seguimos, si Rosita no actúa…
Ah! Y ¿dónde está la instancia defensora de los derechos de las mujeres de la regidora María José Velasco Moscoso? ¿No se entiende que ella tiene que ir más allá del discurso y las fotografías, si su instancia no es puramente decorativa?
CONTRA PODER
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
RESOLUCIÓN
El TEPJF rechaza oleada de impugnaciones contra la elección judicial
REFORMA
Senadores avalan la Ley Antilavado, que permite vigilar a “personas políticamente expuestas”
POSICIONAMIENTO
Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo, niega lavar dinero para “El Chapo” Guzmán
CHIAPAS
INFORME
Detectan miasis
humana en 11 municipios de Chiapas; la mayoría de los casos se concentran en la región del Soconusco
DEMANDA ONU-DH se suma a exigencia de parlamento abierto por reforma a Ley en Materia de Desaparición
Ante la próxima discusión de la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), se sumó a la exigencia de colectivos de familiares de personas desaparecidas de convocar a un Parlamento Abierto para discutir la propuesta presidencial.
Capitán tapachulteco estimula lluvias en Sinaloa con técnica respaldada por el gobierno federal
