En México existe una gobernanza criminal, que se manifiesta a través del control de comunidades y territorios, en donde los cárteles desempeñan funciones que le corresponden al gobierno PAG. 2
En Chiapas se redujo la violencia de los grupos criminales, pero no fueron eliminados. Esto significa que la delincuencia organizada continúa operando con un perfil bajo.
En dónde los encontronazos entre los grupos siguen latentes y con ello la violencia. Como sucedió recientemente en Frontera Comalapa y en comunidades de Villaflores.
CONTRA PODER
Las empresas de seguridad privada con las que operaba la red de tráfico de armas y huachicol en la que participaba Raúl Rocha Cantú, dueño del concurso Miss Universo, obtuvieron en el anterior sexenio decenas de contratos millonarios para labores de vigilancia de instalaciones gubernamentales
EVENTO Presentan en Chiapas la exposición El México de los Mexicanos III
Los mañosos tienen permiso
En México existe una gobernanza criminal, que se manifiesta a través del control de comunidades y territorios, en donde los cárteles desempeñan funciones que le corresponden al gobierno y además establecen normas que no pueden violarse a riesgo de un castigo impuesto por los grupos criminales. En esta gobernanza criminal también se construye legitimidad, en donde la población se adhiere y acepta la dominación de los grupos criminales y éstos desarrollan en las comunidades programas de apoyo y beneficios que terminan constituyendo lazos de solidaridad e incluso de defensa a las actividades ilícitas, en donde el Estado es cooptado, ya sea porque las autoridades llegan con el apoyo de los grupos criminales o porque los mismos grupos criminales se constituyeron en gobiernos locales a través del control de las elecciones.
La gobernanza criminal se consolida ya sea por la debilidad gubernamental o por las complicidades que se desarrollan entre las auto-
ridades y la delincuencia, lo que permite imponer un orden criminal en los territorios que dominan, en donde el terror y el miedo juega un papel importante pero donde también se desarrollan consensos y apoyos voluntarios; no es gratuito que en muchas ocasiones se ha visto que la población sale a celebrar la presencia de alguno de los cárteles o que se hace manifiesto el agradecimiento de los comandantes de los cárteles.
En México la presencia de los grupos criminales se desarrolla en los meses previos de la segunda guerra mundial, en donde se estimula la siembra de amapola con el propósito de abastecer de droga al ejército norteamericano, pero la conclusión de la guerra no produjo la terminación de los cultivos sino que se continuó abasteciendo un mercado ilegal de consumo en el país vecino, en el que fue necesario construir una red criminal, que dio origen a los grupos que terminaron convertidos en cárteles y cuyas formas de poder fáctico y de dominación se fueron transformando, a punto tal de haberse desarrollado
bajo la protección del Estado, ahora los grupos criminales son formas de Estado al interior del Estado nación, en el que cobran impuesto -derecho de piso-, tienen su propia fuerza de tarea militar, desarrollan negocios lícitos que les permite el lavado de dinero, generan fuentes de empleo, desarrollan servicios de apoyo a la comunidad y frente a la debilidad del Estado desarrollan formas de cohesión comunitarias ya sea por el consenso, ya sea por el terror.
El dominio territorial de los cárteles y la complicidad de autoridades con estos grupos criminales, se desarrolló a partir del gobierno de López Obrador, quien no realizó el combate a los grupos criminales sino que a través del principio de abrazos no balazos, hizo permisible la actividad de los cárteles y acrecentó el poder y la gobernanza criminal, situación que ha llevado a que el gobierno norteamericano haya determinado considerar a los cárteles como grupos terroristas y que recientemente el presidente Donald Trump haya manifestado que no está contento con México.
Lo que coloca al gobierno mexicano en una situación en extremo complicada, en donde se lo obliga a combatir abiertamente al crimen organizado, y proceder con la clase política mexicana que mantiene vínculos y complicidades con los cárteles.
La presidenta Claudia Sheinbaum mantienen una oposición a una guerra con los cárteles, le aterroriza caer en la situación del gobierno de Felipe Calderón al que tanto satirizan, pero también ha mostrado una extraña lentitud en proceder penalmente en contra de gobernadores, políticos y funcionarios, señalados por sus vínculos con la delincuencia organizada, por el temor a la ruptura con quienes han gobernado el país en los últimos años, situación que la ha llevado a mantener la convivencia con la delincuencia organizada que opera al interior de Morena y su gobierno y con ello propiciar la debilidad de su gobierno que es aprovechada por la gobernanza criminal, que reproduce patrones de impunidad al tener permiso para delinquir.
Mueren dos criminales durante enfrentamiento en Villaflores, Chiapas
De
la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Dos presuntos miembros de la delincuencia organizada fueron asesinados en Chiapas durante un enfrentamiento armado. Lo anterior en el marco de un operativo en el municipio de Villaflores, en la región de la frailesca.
De acuerdo a la versión emitida por el secretario de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, los hechos se registraron en el ejido Cristóbal Obregón, de dicho municipio.
Indicó que los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 de este martes 2 de diciembre, durante un operativo robusto en la zona, donde quedaron sin vida dos de los delincuentes.
En el lugar, se encontraban el subsecretario de Seguridad del Pueblo, el director general de la Agencia de Investigación Ministerial, además del director de la Fuerza de Reacción Pakal, comentó Aparicio Avendaño.
A través de un video difundido en redes sociales por la Secretaría de Seguridad del Pueblo donde se observan elementos de seguridad en tierra, además de un helicóptero en la zona.
Las acciones suceden luego de que el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Agilar, anunció en sus redes
sociales el programa Carretera Segura Zona Frailesca.
Fue en el municipio de Villaflores, en donde el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el banderazo del Operativo Carretera Segura, Zona Frailesca, en la que destacó que su gobierno trabaja con valor, inteligencia, autoridad moral y amor por el pueblo.
“No se escatiman esfuerzos ni recursos para impulsar acciones que fortalezcan la seguridad, la paz, el bienestar y la prosperidad compartida de los pueblos de Chiapas, agregó.
De igual forma, el video muestra a los dos sujetos victimados y que por el momento no hay más detalles acerca de sus identidades.
Reportan quema de vehículos por crimen en Villaflores, Chiapas
Civiles presuntamente vinculados a la delincuencia organizada incendiaron tres vehículos en el municipio de Villaflores, Chiapas, generando bloqueos carreteros y temor entre la población.
La Fiscalía General del Estado in-
Presentan en Chiapas la exposición
El México de los Mexicanos III
YolandaRodríguez/ corresponsal
San Cristóbal de Las Casas.
El Banco Nacional de México dio a conocer que, a partir del 4 de diciembre, el Centro de Textiles del Mundo Maya abrirá sus puertas a la exposición El México de los Mexicanos III, una colección integrada por 34 fotografías que retratan la pluralidad cultural, social y geográfica del país. La propuesta invita al público a redescubrir la identidad mexicana a través de miradas contemporáneas.
Las imágenes forman parte de la tercera edición del certamen internacional realizado en 2024, donde participaron cerca de cinco mil fotógrafos, tanto principiantes como profesionales. Entre las casi veinte mil obras enviadas desde los 32 estados de la República y 16 países, un jurado
especializado eligió las piezas que hoy conforman la muestra.
La exposición estará disponible de martes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, en la Planta Alta del Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán. La entrada será gratuita, con el objetivo de acercar al público a expresiones visuales que documentan la vida cotidiana, las tradiciones y los contrastes territoriales que caracterizan a México en el siglo XXI.
Banamex subrayó que esta iniciativa se enmarca en su labor de fortalecer el tejido social mediante actividades que impulsen la cultura y la preservación del patrimonio. El Centro de Textiles del Mundo Maya suma con esta su novena exposición temporal, la cual se integra a su colección permanente dedicada al arte textil de los pueblos mayas.
formó que abrió una investigación por la quema de dos vehículos en la comunidad Nuevo México, aunque la Secretaria de Seguridad Estatal indicó que eran tres unidades.
Los hechos se registraron en el municipio de Villaflores el pasado 30 de noviembre fueron registrados con bloqueos carreteros, disparos y quema de vehículos en la entidad.
En dicha ocasión las autoridades confirmaron que, a un Torton, una camioneta pick up y un sedán les prendieron fuego, lo anterior en una zona a aproximadamente dos horas de Tuxtla Gutiérrez.
Fue en Cristóbal Obregón que fueron reportados disparos de arma de fuego. Luego de los informes sobre la violencia en la zona las autoridades destacaron que no hubo personas heridas.
“No se reportan personas lesionadas ni amenazas directas a la comunidad, y las vías de comunicación se mantienen bajo supervisión permanente“, aseguró la Secretaría de Seguridad estatal.
En operativo de seguridad neutrali-
zan a elementos del crimen organizado y se logra aseguramiento de armas en Villaflores
En Villaflores, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informa que, como resultado de los operativos disuasivos y preventivos instruidos por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), enfrentaron y neutralizaron a dos integrantes del crimen organizado, logrando el aseguramiento de armas de grueso calibre y equipo táctico en el ejido Cristóbal Obregón, municipio de Villaflores.
Se informa que la situación está completamente bajo control y que las fuerzas de seguridad mantienen un despliegue coordinado con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para evitar cualquier intento de reorganización criminal.
En Chiapas no hay espacio para grupos delincuenciales, y la estrategia de seguridad del Estado se seguirá implementando con determinación para proteger la vida y tranquilidad de las familias chiapanecas.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de mantener el orden y garantizar que Chiapas siga siendo un estado seguro para vivir.
CANACAR reconoce esfuerzos por mantener la seguridad en carreteras en Chiapas
Manuel Jiménez.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Luego de los recientes hechos registrados en Villaflores, donde civiles armados incendiaron vehículos, el representante en Chiapas de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Raquel Gordillo Cano, hizo un llamado a no permitir que “eventos mínimos” y aislados opaquen los significativos avances en seguridad logrados en la entidad.
Gordillo Cano reconoció el incidente de Villaflores, pero lo catalogó como un suceso que “no representa nada grave” en el contexto general de la seguridad estatal.
“A veces suceden eventos como el de Villaflores, son eventos mínimos y la autoridad procede a detener a los que generan este tipo de situaciones”, afirmó.
El delegado de los transportistas de carga, quienes recorren diariamente las carreteras del país, ofreció una perspectiva comparativa: “Podemos informar que estamos en el estado más seguro del país”.
En este sentido, dirigió un agradecimiento expreso a las autoridades, mencionando a la Secretaría de Seguridad del Pueblo y a la Guardia Nacional, por
el esfuerzo que hacen para mantener la paz en Chiapas.
Vinculando estos logros a la administración estatal, Gordillo Cano se refirió al primer año de gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar.
Sostuvo que el mandatario cumplió su promesa prioritaria de combatir la inseguridad. “Lo ha logrado. Está nuestro estado de Chiapas en el primer lugar de seguridad en todo el país”, aseveró, añadiendo que ahora la administración puede enfocarse en otras obras necesarias para el desarrollo de la entidad.
En otro orden de ideas, el representante de Canacar abordó el tema de las personas reportadas como desaparecidas, un asunto que genera frecuente alarma social.
Ante ello, Gordillo Cano pidió que, cuando estos casos se resuelvan y las personas aparezcan, se informe a la sociedad sobre las circunstancias.
“Sería bueno que cuando aparece se informe dónde estaban que no nada más ha aparecido y listo”, comentó. Sugirió la necesidad de investigar y comunicar los motivos, señalando que una parte de estos casos podría estar relacionada con actividades ilícitas.
Eduardo Ramírez pone en marcha el Operativo Carretera Segura en la Frailesca
De la Redacción Villaflores, Chis. (Tribuna)
En el municipio de Villaflores, el gobernador
Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el banderazo del Operativo Carretera Segura, Zona Frailesca, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA trabaja con valor, inteligencia, autoridad moral y amor por el pueblo. Señaló que no se escatiman esfuerzos ni recursos para impulsar acciones que fortalezcan la seguridad, la paz, el bienestar y la prosperidad compartida de los pueblos de Chiapas.
Acompañado del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca; del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; así como de presidentas y presidentes municipales de la región, el mandatario recordó que quedaron atrás los tiempos en los que la violencia dañaba a los sectores sociales sin que las autoridades actuaran. Enfatizó que las inversiones en seguridad y la consolidación de estrategias como Cero Corrupción, Cero Impunidad y La Justicia es la Paz han sido determinantes para restablecer el orden y el Estado de derecho en la entidad.
Ramírez Aguilar reiteró que no se
De la Redacción
Capitán Luis A. Vidal, Chis. (Tribuna)
Entre muestras de cariño y aplausos, mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores, campesinas, campesinos y representantes de los sectores productivos de Capitán Luis A. Vidal recibieron al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en su gira de trabajo por este municipio, donde remarcó que, tras recuperar la paz y la seguridad, el gobierno de la Nueva ERA impulsa una agenda social orientada a fortalecer el bienestar y el progreso de Chiapas.
Acompañado de servidoras y servidores del pueblo, el mandatario expresó que con la visita a este municipio se cumple el compromiso de recorrer todos los rincones del estado para atender de manera directa las necesidades de la gente. Durante la jornada entregó tenis deportivos a niñas y niños mediante el programa A Paso Firme; otorgó bombas aspersoras a productoras y productores agrícolas; recorrió la Feria de la Salud y los módulos de capacitación para el empleo; y asignó una patrulla para reforzar la seguridad.
Al reconocer las aportaciones de los hermanos Luis Ángel y Carlos Vidal en la defensa de las libertades y la democracia, Ramírez Aguilar evocó que, en su etapa como legislador, participó en la fundación de este municipio y que ahora, como gober-
bajará la guardia en la aplicación de la ley, con el propósito de que las familias chiapanecas vivan en armonía y desarrollen sus actividades productivas con la certeza de contar con la protección de sus autoridades. En este marco, dio a conocer que trabajará junto a las autoridades de Villaflores para concretar el proyecto de agua potable municipal.
“Tengan la certeza de que Eduardo Ramírez está enfocado de tiempo completo en atender los problemas de Chiapas. Solamente les pido que nos ayuden y estemos unidos para solucionarlos juntos, porque nosotros no vamos a imponer nada. Tengo un gran compromiso con los pueblos de la Frailesca. Aquí se quedarán las autoridades de seguridad para reali-
zar operativos. Vamos a cuidar a todo Chiapas. Queremos vivir en paz y que haya desarrollo y trabajo para la gente”, expresó.
El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, detalló que para este operativo se dispuso un despliegue de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, así como helicópteros, aviones no tripulados y drones artillados. “Chiapas tiene una nueva historia, porque tenemos un gobernador de territorio que da la cara y está mostrando al pueblo que vamos a seguir avanzando y de frente en materia de seguridad”, afirmó.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca,
destacó que la estrategia de seguridad iniciada en diciembre de 2024 ha generado resultados positivos en gran parte de Chiapas, incluida la región Frailesca, antes afectada por altos niveles de violencia y extorsión. Recalcó que la seguridad es una prioridad para el gobierno de la Nueva ERA y advirtió que no habrá impunidad para quienes intenten vulnerar la tranquilidad de las familias. Invitó a la población a no coludirse con la delincuencia y a denunciar cualquier acto ilícito.
La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, manifestó que la presencia del gobernador fortalece y confirma que Chiapas cuenta con un mandatario que cumple su palabra. Expresó su satisfacción por recibir su respaldo en materia de seguridad mediante este operativo, y refrendó su compromiso de seguir caminando en unidad para construir un municipio seguro, próspero y en armonía.
En representación del sector transportista, el presidente de Transportes Fraylescanos, Orbelín Ramos Ruiz, comentó que antes las carreteras eran intransitables, pero con la Nueva ERA las y los transportistas de todas las modalidades gozan de movilidad segura en la región y en toda la entidad.
Eduardo Ramírez entrega apoyos y anuncia obras para Capitán Luis A. Vidal
nador, dará puntual seguimiento a su transformación. En este sentido, anunció que el próximo año se consolidará la rehabilitación integral del Centro de Salud y la construcción de cinco kilómetros de carretera, además de infraestructura educativa, servicios públicos y otros proyectos.
“Antes, en el humanismo mexicano, los hombres que defendieron nuestra patria no se movían por el dinero ni por la fama, sino por el servicio. Yo me inspiro en esos héroes de México y del mundo para dejar un legado en Chiapas. Llegamos para proteger y respaldar al pueblo. Hoy en Chiapas se vive en paz y en Capitán Luis A. Vidal habrá paz, progreso y desarrollo. Seguiremos juntos maestros, maestras, cafeticultores, mujeres, niños, niñas, jóvenes, católicos, evangélicos, porque todos somos Chiapas. Es el mosaico social que nos da fuerza”, expresó.
El secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, precisó que el programa A Paso Firme reafirma el compromiso humanista del gobernador Eduardo Ramírez al garantizar calzado para todas las niñas y niños de nivel primaria. Dio a conocer que en Capitán Luis A. Vidal
serán beneficiados 407 estudiantes de nueve escuelas.
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha, detalló que se entregaron 500 bombas aspersoras a productores de café y a diversos agricultores de la región. Sostuvo que estas herramientas, además de fortalecer el trabajo en el campo, muestran que este gobierno mantiene como prioridad el impulso a las y los productores, el aumento de la productividad y la consolidación de la tranquilidad en las zonas rurales.
La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, apuntó que esta visita forma parte del compromiso de la Nueva ERA para integrar
una cartera sólida en materia de infraestructura que responda a las necesidades más relevantes del municipio y contribuya a su desarrollo con obras de calidad.
La presidenta municipal de Capitán Luis A. Vidal, Emiselda González Martínez, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez el apoyo brindado a la comunidad y lo calificó como un líder de gran sensibilidad, humanismo y compromiso con la seguridad y el progreso de Chiapas. Señaló la importancia del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para impulsar el desarrollo local, así como el esfuerzo de las y los habitantes, especialmente quienes trabajan en el campo.
AMLO no agravió a Calica con sus dichos en mañaneras:
Magistrados de Quintana Roo
Octavio Martínez
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro)
Los dichos verbales emitidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador contra Calica, que concluyeron en la clausura de actividades de extracción de material pétreo en Playa del Carmen, no representaron un agravio a la empresa de origen estadunidense, sentenciaron magistrados federales de Quintana Roo al resolver un amparo.
Integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito de esta entidad determinaron que López Obrador, quien recientemente reapareció en la escena pública, no agravió a la filial de Vulcan Materials Company desde la conferencia matutina del 2 de mayo de 2022.
En esa fecha, el expresidente solicitó inspeccionar a la empresa por el supuesto incumplimiento de detener la extracción de material pétreo.
Calica solicitó un amparo al alegar que la orden de clausura ocurrió con vicios administrativos, porque fue de manera verbal.
Con esto, buscó anular las clausuras impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el 5 de mayo de 2022, tres días después de los dichos de AMLO desde Palacio Nacional.
“Son infundados los agravios, pues se estima que en efecto, la orden ver-
Rodulfo Reyes
VILLAHERMOSA, Tab., (apro)
La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) ofreció una recompensa de 250 mil pesos por información que permita capturar a Euler Rubalcaba Colorado, alias “El Rayo”, identificado como uno de los jefes de La Barredora y quien en 2022 escapó del penal de Cárdenas con apoyo interno.
La institución difundió este martes, en sus redes sociales, la ficha de búsqueda del presunto integrante del grupo criminal y solicitó datos que lleven a su localización. El pasado 20 de septiembre, Proceso publicó el reportaje “Testigos narran a la FGR cómo operaba La Barredora desde los penales de Tabasco”, en el que se documenta que esa organización delictiva — presuntamente encabezada por el exsecretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena— mantenía operaciones dentro de reclusorios
Después de que se clausuraron las actividades de Calica, ésta solicitó un amparo al alegar que la orden de clausura ocurrió con vicios administrativos, porque fue de manera verbal desde las conferencias matutinas de Palacio Nacional.
bal del Presidente de la República, es un acto consumado de modo irreparable, cuyos efectos se agotaron en el momento que se emitió”, se lee en la sentencia de amparo en revisión 267/2023, emitido el viernes 28 de noviembre por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo con sede en Cancún.
Los magistrados determinaron que la orden verbal no constituye un acto de autoridad porque no fue
enviado por escrito, tal como establecen las leyes mexicanas.
“Careció de motivación y fundamentación ya que ni siquiera fue emitido por escrito”, reiteraron los magistrados, en la sentencia consultada por Proceso.
Calica desde el principio reclamó, vía juicio de amparo, el actuar del presidente en sus conferencias matutinas; no obstante, no fue beneficiada en una primera sentencia
emitida en diciembre de 2022 por un juez federal de Cancún.
Inconforme, impugnó por esas mismas fechas. Dos años después este juicio llegó a su fin al declararse inapelable.
Calica fue clausurada en mayo de 2022 por la Profepa por daños ambientales. Sus terrenos, de alrededor de dos mil 200 hectáreas, se ubican a unos 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen.
En 2024 emitió un comunicado con el que aseguró ser objeto de una campaña de persecución, supuestamente orquestada desde las conferencias matutinas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Actualmente la empresa no puede ejecutar labores de extracción de material pétreo para su envío a los Estados Unidos, porque además de las clausuras impuestas, sus terrenos quedaron dentro de la recién decretada Área de Conservación de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, que impide actividades de impacto ambiental, también decretado por el antecesor de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Fiscalía de Tabasco ofrece 250 mil pesos de recompensa por “El Rayo”, presunto jefe de La Barredora
estatales.
De acuerdo con la investigación que la FGR integra contra Bermúdez Requena y otros implicados, el testigo identificado con las iniciales C. T. D. R. —Tomás “N”, quien se presentó como secretario particular del exfuncionario— declaró que Ulises Pinto Madera, “El Mamado”, tenía control sobre personal penitenciario y relación directa con directores y jefes de vigilancia.
Según su testimonio, ese control permitió la fuga de “El Rayo” del penal de Cárdenas, lo cual corroboró al señalar que, cuando estuvo recluido en el CRESET, el jefe de vigilancia Santos Tosca le comentó que Ulises Pinto organizó la evasión. El testigo aseguró además que Rubalcaba Colorado ingresó a La Barredora a inicios de 2020 y era
responsable del narcomenudeo en Cárdenas, así como del robo de hidrocarburo, secuestros y extorsiones, actividades que presuntamente coordinaba tanto dentro como fuera
del penal. La FGET mantiene vigente la recompensa de 250 mil pesos para quien aporte información que lleve a su captura.
Miércoles 3 de Diciembre de 2025 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tres jueces federales revocaron todos los frenos que estaban vigentes contra la reforma judicial y que, hasta ahora, protegían los sueldos de juzgadores y exjuzgadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Lo anterior, luego de que el ministro presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, interpretó una resolución del viejo Máximo Tribunal para considerar toda la reforma judicial como electoral y, eventualmente, preparar la cancelación de todos los amparos que fueron tramitados en su contra, consideró Luis Miguel Cano, abogado de diversos juzgadores que desde 2024 impugnaron la reforma para intentar evitar la remoción de sus cargos impuesta por la “elección judicial”.
Ayer, los quejosos de cientos de amparos contra la reforma judicial fueron notificados por los jueces Tercero, Quinto y Séptimo de Distrito en Zapopan, Jalisco, de la revocación de las suspensiones definitivas que tenían y que ordenaban no removerlos de sus puestos ni reducir sus sueldos.
Aunque la orden de no remover a los juzgadores nunca fue cumplida, la de mantener intactos sus salarios sí estaba vigente por lo que aquellos juzgadores que se ampararon y saldrán del PJF hasta el año 2027, con la segunda elección judicial, sí sufrirán la reducción de sus sueldos y la eliminación de sus prestaciones, como el seguro de gastos médicos mayores.
La decisión de los juzgadores de Jalisco derivó de la interpretación realizada por el ministro presidente de la Corte luego de que recibió una consulta planteada por el Órgano de Administración
Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (apro)
México sigue sin lograr contener el brote del gusano barrenador, por lo que el gobierno federal, un año después de que la infección se propagará, decidió ampliar el plan de emergencia nacional. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) fortaleció las facultades del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa).
La ampliación establece que las secretarías estatales de Desarrollo Agropecuario y el sector privado deberán observar las nuevas disposiciones y notificar cualquier tipo de gusaneras al personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
“Las y los movilizadores de ganado bovino, bufalino, bisontes, ovino, caprino, porcino y aves deben cumplir con lo
Judicial (OAJ) sobre los efectos de la sentencia emitida por el Máximo Tribunal en febrero de este año en la que resolvió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no podía ordenar desacatar las suspensiones concedidas contra la reforma judicial.
A propuesta del ahora ministro en retiro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la Corte reconoció que gran parte de la reforma judicial era de materia electoral y, por tanto, que las suspensiones dictadas hasta entonces en esa materia debían revisarse.
“Les dijo a los juzgados de amparo que tampoco podían excederse en sus atribuciones y no podían suspender los componentes electorales de la reforma judicial”, precisó Cano.
Sin embargo, la anterior SCJN también aclaró que hay elementos de la reforma judicial que no son materia electoral y, por tanto, podían ser conocidas por los jueces de amparo y conservadas las suspensiones.
Por lo que la consulta planteada por el OAJ se refería a los efectos de las suspensiones contra la inamovilidad de los juzgadores y la irreductibilidad de sus remuneraciones.
Cano considera que el ministro presidente malinterpretó esa resolución de la anterior integración de la SCJN al considerar que toda la reforma judicial es de materia electoral.
“Esto es una lectura sesgada respecto lo resuelto por el Pleno para decir lo
menos. Es totalmente equivocado que en esa decisión el anterior Pleno haya dicho que todo es de naturaleza electoral”, sostuvo.
Esto que está pasando no tiene precedentes, el presidente utiliza de pretexto una consulta del director general del Órgano de Administración Judicial en un expediente donde las personas quejosas en los amparos contra la reforma judicial no son partes, pero lo que ordena tendrá efectos en sus juicios.
Aguilar Ortiz instruyó a los tres jueces de Zapopan, Jalisco, que concentraron cientos de amparos tramitados contra la reforma judicial, que dejen sin efectos todas las suspensiones que fueron concedidas desde el año 2024.
Dos jueces de Jalisco preguntaron al ministro presidente cómo podían acatar esa determinación, tomando en consideración lo dictado por la Corte en febrero pasado y que muchas de las suspensiones que subsisten ya fueron confirmadas por Tribunales Colegiados y están firmes, es decir, son cosa juzgada.
Aguilar Ortiz indicó a los jueces de Jalisco que el fallo emitido por la Corte el 5 de noviembre de 2024, cuando el ahora ministro en retiro Alberto Pérez Dayán votó contra declarar inconstitucional la reforma judicial, estableció que toda esa modificación es de materia electoral, por lo que los amparos contra ella son improcedentes y no puede ser dividida para que procedan estos juicios.
“Dado que se determinó que todas las normas involucradas inciden en el
ámbito electoral, pues forman parte de un sistema indisoluble e interconectado que gira alrededor de la implementación del proceso electoral judicial, por lo que no es posible la segmentación de normas ni la distinción de porciones normativas. De ahí que se concluyó que el problema de las suspensiones que se concedieron es la incompetencia de los jueces y las juezas en materia electoral”, señaló el ministro presidente.
“No existe duda pendiente de despejar y, por tanto, es claro que en términos de lo ordenado en la referida resolución, los juzgados requeridos deben revocar y sin mayor trámite la totalidad de los efectos de las suspensiones que en su caso hubiesen concedido, máxime que ya llevaron a cabo el procedimiento a que se refieren los artículos 139 y 154 de la Ley de Amparo y que al resolverse la acción de inconstitucionalidad 164/2024, el análisis de las normas involucradas se desarrolló como un sistema normativo indisoluble e interconectado que gira en torno a la implementación del proceso electoral impugnado”.
Aunque todos los acuerdos emitidos desde la presidencia de la Corte pueden ser impugnados mediante recursos de reclamación que serán resueltos por el mismo Máximo Tribunal en Pleno, Cano advirtió que cuando los jueces de Jalisco cumplan con estas órdenes con base en lo resuelto en la consulta planteada por el OAJ, no está claro si las personas quejosas en los amparos podrán impugnar porque no son parte en la consulta del Órgano.
“Se abre un juego muy terrible porque el recurso de reclamación lo pueden presentar las partes en sus juicios, pero en sus juicios no se dictó el acuerdo, lo dictó en esta solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11 fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, precisó.
Endurecen medidas contra el gusano barrenador a un año de que inició la emergencia
establecido en las disposiciones legales aplicables y presentar el Certificado Zoosanitario de Movilización (CZM) para cualquier traslado de animales”, se lee en las medidas.
Los animales deberán ser tratados con antiparasitarios entre tres y cinco días antes de tramitar el CZM.
Además, previo a su movilización, tendrán que ser bañados por aspersión o inmersión con un insecticida de efecto larvicida y pasar por una inspección física para descartar heridas o gusaneras.
La resolución establece que no pueden movilizarse animales incapaces de mantenerse en pie, enfermos, fatigados, con heridas o con gusaneras, pues representan un riesgo para la dispersión de la mosca del gusano.
En caso de presentar heridas, los
propietarios deberán aplicar insecticidas de acción larvicida y cicatrizante, y mantener a los animales en la unidad de producción o centro de acopio hasta que las heridas estén completamente cicatrizadas.
El documento también precisa que, para todas las movilizaciones con origen en zonas afectadas por el gusano, deberá asentarse en el CZM el punto de revisión correspondiente: Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF), Puntos de Verificación e Inspección Interna (PVI) y Puntos de Verificación e Inspección Emergentes (PVIEM).
Preocupación del sector
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG),
hay preocupación porque después de un año la amenaza del gusano barrenador siga activa.
La situación exige “redoblar la vigilancia sanitaria y los controles de movilización ganadera”.
“Es crucial asegurar filtros de revisión eficaces que garanticen traslados responsables y eviten nuevos focos de propagación en el territorio nacional”, señaló el organismo.
“No hay indicios de lavado de dinero” en envío de remesas desde EU: Sheinbaum
Dalila Escobar CIUDAD DE MÉXICO (apro)
“No hay indicios de lavado de dinero” en el envío de remesas desde Estados Unidos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque quedó pendiente la explicación sobre el importante aumento en el envío de remesas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en comparación con los sexenios de Enrique Peña Nieto y el actual, sobre todo por dinero proveniente de países como Ecuador y Colombia.
“Y si hubiera indicios en la investigación, pues hay que atenderlo y hay que atacarlo; pero no por eso vamos a criminalizar a todos aquellos que envían remesas, ¿verdad?”, dijo la presidenta, aunque no abordó los casos de Colombia y Ecuador.
Considerando que había menos de dos mil mexicanos en cada uno de esos países, cada connacional habría enviado más de 60 mil pesos mensuales desde Colombia, y 300 mil pesos mensuales desde Ecuador. Este cálculo incluiría a menores de edad y estudiantes.
Al referirse solo a los migrantes en Estados Unidos, país en el que está la mayor parte de los mexicanos en el exterior, aseguró: “No tenemos ningún indicio de que esto tenga que ver con algún tema de lavado de dinero, nada. De todas maneras… Fíjense nada más: primero, ¿saben cuántos mexicanos hay allá de primera, segunda, tercera y cuarta generación?, tercera generación, cuarta ya no tanto: 40 millones de
Relanzan la
Sara Pantoja CIUDAD DE MÉXICO (apro)
mexicanos en Estados Unidos”.
Añadió: “Se estima, de acuerdo con el Banco de México, que son alrededor de 15 millones, si mal no me acuerdo ?a ver si lo tienes por ahí? de personas que envían regularmente remesas. Y tiene que ver mucho con la solidaridad, con el apoyo mutuo, con no abandonarnos”.
La mandataria federal también se enfocó en los datos del Banxico, que informó que las remesas cayeron por primera vez en los últimos siete años. Sin embargo, el planteamiento de la prensa fue en el sentido de que lo inusual fue el crecimiento exponencial que se dio durante el gobierno de su antecesor López Obrador, aunado a la alerta desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para poner bajo la lupa el dinero enviado a México. “Durante los últimos años, Estados Unidos ha sido testigo de un volumen significativo de transferencias de fondos transfronterizas, incluidas remesas de personas ubicadas en Estados Unidos, y ha tomado múltiples medidas este año para destacar los riesgos que presenta la actividad financiera trans-
fronteriza” advirtió la Red de Control de Delitos Financieros.
La mandataria federal expuso un caso personal para hablar del tema: “Yo tengo una hermana que vive en Los Ángeles hace 35 años. No me tiene que enviar recursos, porque no los necesito, pero siempre está atenta de mis hijos, siempre, porque es su tía. Y así como es mi familia, te puedo asegurar que así hay millones de familias. Los hijos que se van a Estados Unidos, que tienen 10 años allá y que no abandonan a la mamá y que le están hablando, pueden no tener papeles, pero de todas maneras envían sus remesas”. En ese caso, por cierto, dicen ‘sigue cayendo’, Banco de México, pero en realidad aumentó en el último mes, poco, pero aumentó”. De los casos de Ecuador y Colombia no dio un ejemplo, pero indicó: “Y de todas maneras, la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) investiga si hay algún tema de lavado. Y hay mucha relación con la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés), con el FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros, por sus siglas
en inglés), que son las instituciones de Estados Unidos, para ver si en algún caso, o se presume que hay algún tipo de lavado. El caso que mencionas de Ecuador, de Colombia, pues habría que revisar (…) Y si en algún caso hay un tema ilegal, se investiga y se sanciona. Pero no se puede explicar, nunca… Las remesas tienen años que se envían, y tiene que ver con la cercanía y los valores que tenemos los mexicanos”, También expuso que desde el 2024 la migración disminuyó, y con la llegada del presidente Trump disminuyó aún más, “pero aumentó muchísimo en el 2021, 22 y 23 la migración de personas que no son mexicanas, que utilizaban a México como vía o movilidad para poder llegar a Estados Unidos, de muchas nacionalidades; incluso el presidente Biden abrió para venezolanos, para cubanos y muchos de ellos entraban por México”.
La jefa del Ejecutivo Federal añadió que “si hay algún delincuente que usa esa vía para lavar dinero, tiene que investigarse y tiene que sancionarse. Pero no se puede explicar las remesas a nuestro país por un asunto ilegal, tiene que ver sencillamente con el apoyo de las y los mexicanos en Estados Unidos aquí”. Redundó: “En los otros países, si lo mencionas, hay que investigarlo. Y si se encuentra algo, tiene que presentarse la carpeta de investigación en la Fiscalía o la información a través de la coordinación con Estados Unidos. Pero esta idea de que las remesas se usan para lavado de dinero, no hay indicios de ello; y si hubiera, pues tiene que sancionarse”.
estrategia “Trato Digno” en el IMSS, ISSSTE y el IMSS-Bienestar
El IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar relanzaron su estrategia de “Trato Digno” para que sus miles de pacientes en todo el país se sientan “escuchados, orientados y acompañados” al recibir sus servicios.
El anuncio del relanzamiento lo hicieron los directores generales de las instituciones de la mañana de este martes en la conferencia presidencial en Palacio Nacional.
Cabe mencionar que las instituciones de salud están entre las dependencias con mayor número de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la presunta violación de sus derechos a la salud.
Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dijo que su estrategia implica 11 acciones con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de sus beneficiarios, generar empatía con ellos y procurar dignidad en la atención.
La estrategia incluye la instalación de mil módulos de atención en sus uni-
dades médicas y la contratación de dos mil agentes uniformados y plenamente identificados para brindar un mejor servicio. El IMSS es una de las 10 dependencias que más quejas acumula ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la posible violación de derechos humanos por actos u omisiones.
De acuerdo con Robledo, en 2025 el IMSS cuenta con dos mil 350 personas, entre coordinadoras y consultoras, desplegadas en mil 83 módulos de atención en el país para cumplir con el objetivo. Entre las acciones de la estrategia del IMSS se cuentan, dijo, tener una nueva identidad visual para el personal, que incluye uniforme, chaleco, corbata y distintivos con la leyenda “Trato Digno IMSS”, además de nuevos rótulos e identificadores en los módulos.
Además, se implementa un tablero virtual de monitoreo en tiempo real de casos complejos y un decálogo acompañado de un “Muro del Trato Digno” en cada unidad, para reconocer públicamente al personal ejemplar.
Y, para garantizar la cobertura total, el funcionario anunció que se insta-
larán 546 nuevos módulos de Trato Digno en todas las unidades médicas y hospitales del país.
También se contratará más personal para turnos nocturnos y de urgencias, y se conformará un Comité Central y comités delegacionales que coordinen acciones en el territorio nacional.
ISSSTE: “apapacho institucional”
Martí Batres, director general del ISSSTE, recordó que en mayo pasado presentó la estrategia de Trato Digno de la dependencia con el objetivo general de impulsar el bienestar de los derechohabientes a través de la cultura del trato digno, empático y humanizado.
Entre las acciones que han desarrollado, mencionó la elaboración de un Protocolo de Trato Digno al Derechohabiente para su uso en todos los centros de servicios, especialmente en las Unidades Médicas, aunque también en las áreas de Prestaciones Sociales.
También implementaron talleres de humanización dirigidos a todos los trabajadores: médicos, Enfermería, Paramédicos, de Trabajo Social, Farmacéutico, Administrativo, de ventanillas y “los policías de la entrada”.
Incluso, se instalaron Módulos de Atención a la Derechohabiencia, con mil 300 personas que porta un chaleco de identificación y están atentas si alguna persona necesita orientación, tiene algún problema o alguna queja. El número aumentará en el 2026 a cuatro mil personas.
Batres se refirió a la estrategia como un “apapacho institucional” y anunció que, como parte de éste, las tiendas SuperISSSTE darán 10% de descuento en las compras decembrinas.
IMSS-Bienestar: “transformar la experiencia”
Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, dijo que su programa “Trato Digno” es una estrategia nacional diseñada para “transformar la experiencia en la atención médica” que da la institución.
FGR pagó $300 millones a empresa acusada de huachicol y tráfico de armas: MCCI
Por Verónica Ayala e Iván Alamillo / Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)
Ciudad
de México, (Tribuna)
Las empresas de seguridad privada con las que operaba la red de tráfico de armas y huachicol en la que participaba Raúl Rocha Cantú, dueño del concurso Miss Universo, obtuvieron en el anterior sexenio decenas de contratos millonarios para labores de vigilancia de instalaciones gubernamentales, incluso de la propia Fiscalía General de la República que ahora las investiga. De acuerdo con un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con base en la información disponible en el portal de ComprasMx de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Compranet) y datos obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la compañía Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V. (SEICSA) recibió entre 2020 y 2022 al menos 30 contratos por parte de la FGR por más de 300 millones de pesos para el resguardo de sus inmuebles.
SEICSA es una de las cinco empresas empleadas para adquirir, rematricular y traficar armamento de la red de Rocha Cantú, de acuerdo con el expediente de la causa penal al que MCCI tuvo acceso.
La organización distribuía armamento a grupos criminales, los cuales recibían las armas con una licencia de portación a nombre de las empresas de seguridad, lo que impedía que los portadores fueran detenidos en flagrancia.
De la descripción de los contratos se desprende que SEICSA debía otorgar los servicios de seguridad y vigilancia en diversas sedes de la Fiscalía General de la República, así como en unidades administrativas y delegaciones de la FGR en los distintos estados del país.
Juan Carlos Cortés
CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Luego de que este día, el Pleno del Senado aprobó la lista de diez aspirantes para presidir la Fiscalía General de la República (FGR) que le enviarán a la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López, adelantó que este miércoles la mandataria federal podría enviar la terna y ese mismo día los aspirantes comparecer y el Pleno elegiría al o la titular de la Fiscalía.
En entrevista con medios de comunicación, Adán Augusto López también vio con buenos ojos si Ernestina Godoy es la nueva titular de la Fiscalía: “Desde luego, Ernestina es una abogada con mucha experiencia, ha estado en áreas de procuración de justicia, ha sido legisladora,
SEICSA es una de las cinco empresas empleadas para adquirir, rematricular y traficar armamento de la red de Rocha Cantú, de acuerdo con el expediente de la causa penal al que MCCI tuvo acceso
Tan solo en 2021, la FGR otorgó un contrato por 181 millones de pesos a SEICSA para otorgar el servicio de vigilancia a las instalaciones de la dependencia.
SEICSA ha tenido como representante legal a Jorge Enrique Alberts Ponce, quien de acuerdo con la propia FGR era uno de los líderes de la organización y se encargaba de coordinar que las armas fueran rematriculadas y posteriormente distribuidas a otros grupos criminales.
Como lo dio a conocer MCCI, Alberts Ponce también participó en el desfalco multimillonario a Segalmex con otra empresa de su propiedad llamada Acurgen S.A. de C.V., la cual ya había sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de haber participado en los desvíos de la Estafa Maestra.
Pero la Fiscalía General de la República no es la única que contrató a SEICSA para vigilar sus inmuebles, pues la compañía acumula entre 2018 y 2024 decenas de contratos con dependencias del Gobierno federal como CFE, Profeco, IMSS, SAT, Banjercito, Banco del Bienestar, IMSS, INEGI, Capufe, Lotería Nacional, INEA, Info-
nacot, INBAL, INDEP, ASIPONA de Guaymas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco Nacional de Comercio Exterior.
Esto sin contar los otorgados por el Instituto Nacional de Migración para la vigilancia de estaciones migratorias que, aunque han sido documentados por medios, no se encuentran en su totalidad en las plataformas de contrataciones.
MCCI constató que el SAT le otorgó contratos a SEICSA para custodiar puntos fronterizos que han servido para el paso de combustible de contrabando, esquema conocido como huachicol fiscal, como es el caso de las aduanas de Tijuana, en Baja California, y Nogales y Guaymas, en Sonora.
Lluvia de contratos con CFE
Durante la gestión de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), SEICSA –administrada por Jorge Enrique Alberts Ponce– vivió una bonanza que le dejó contratos por hasta 264 millones de pesos para otorgar el servicio de vigilancia y seguridad para los inmuebles de CFE Distribución en el Valle de México.
MCCI reveló que Acurgen S.A. de C.V., en la que Alberts Ponce es accio-
nista mayoritario, ha reportado como su domicilio el número 350 de la calle de Séneca en la colonia Polanco, inmueble que es propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, empresaria y pareja de Manuel Bartlett.
El domicilio de Séneca 350 también es compartido con Servicios Profesionales de Seguridad Privada (SERPROSEP), otra compañía de seguridad cuyo director general es Christian Pablo Varela Escobedo.
En el expediente de la causa penal 495/2025 que se sigue contra la red criminal del dueño de Miss Universo, Varela Escobedo es mencionado como representante legal de Servicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER), una de las cinco compañías que eran usadas por la organización criminal para traficar armas.
Y también contratan a otras empresas de la red Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V., otra de las empresas señaladas por las autoridades por su participación en la red de tráfico de armas de Rocha Cantú, acumula entre 2021 y 2024 al menos 12 contratos que suman casi 57 millones de pesos con dependencias federales como Capufe, IMSS, ISSSTE, Fonatur, Lotería Nacional y con la Sociedad Hipotecaria Federal.
Mientras que Servicios Terrestres de Seguridad Privada, S.A. de C.V. (SETER), otra de las compañías implicadas en las actividades delictivas del, también obtuvo al menos tres contratos con Liconsa, en 2019 y 2020, por cerca de 5 millones de pesos. Con información de Aristegui Noticias. Y de la Unidad de Investigación Aplicada de MCCI.
Adán Augusto adelanta que este miércoles se podría definir al nuevo titular de la FGR
recientemente era consejera jurídica, es una persona honesta, de una larga trayectoria en el servicio público”.
Administración de Rubén Rocha prepara mega deuda por 2 mil 200 mdp
-¿Ya le confirmaron si mañana estaría lista la terna?
-Sí. Yo espero que mañana estemos en condiciones de haber recibido la terna y que comparezcan los integrantes de la terna.
-Okey. ¿Entonces mañana se agotaría todo el procedimiento?
-Sí, es probable que sí, que mañana se agote.
-Correcto. ¿Tendrían después una
reunión, la bancada, con la fiscal o ya no? ¿Tendrían en la bancada una reunión con la fiscal, con el fiscal, pues, el que resulte electo mañana?
-No, yo creo que, pues va a ser una jornada algo larga, terminará con la toma de protesta de él o la que resulte designada.
SCJN ordena a Tlaxcala garantice acceso al aborto para sobrevivientes de violencia sexual
Wendy Rayón Garay Ciudad de México. (Cimacnoticias)
Este 2 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió la Acción de Inconstitucionalidad 89/2024 bajo la ponencia de la ministra Yazmín Esquivel en la cual resolvió que las actuales restricciones del Código Penal de Tlaxcala para mujeres que han vivido violencia sexual puedan acceder a los servicios de aborto, son inconstitucionales.
En México, el estado de Tlaxcala es una de las ocho entidades que mantiene la penalización de la interrupción del embarazo junto con Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tamaulipas. De acuerdo con el artículo 242 del Código Penal tlaxcalteca, se impondrá de quince días a dos meses de prisión y multa de dieciocho a treinta y seis días de salario, a la madre que voluntariamente procure el aborto o consienta en que otro la haga abortar.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) apunta que la violencia sexual contra las jóvenes de la entidad no se detiene, pues en 2025 se registraron 17 casos de violación simple o equiparada. Ante estos casos, el acceso a los servicios de aborto no solo son una necesidad sino un derecho incluido en la NOM-46.
Esta establece criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y orientación proporcionada a las usuarias y usuarios de los servicios de salud que son víctimas de violencia familiar o sexual, así en primera instancia, la norma establece la obligación de las instituciones de salud de ofrecer atención médica e interrumpir el embarazo cuando se detecta un embarazo, incluso cuando cada entidad federativa determina en su código penal las circunstancias bajo las cuales se puede o no acceder a este servicio.
No obstante, en 2024 se aprobaron una serie de reformas para modificar la Ley de Salud local en Tlaxcala y se creó el “Capítulo II Bis: Atención médica a víctimas de violencia familiar o sexual”, pero estas fueron impugnadas al encontrar que existían disposiciones que condicionaban el servicio de aborto a la existencia de una denuncia o proceso judicial en sus artículos 53 Bis y 53 Ter y que pedía el consentimiento de quien tuviera
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) apunta que la violencia sexual contra las jóvenes de la entidad no se detiene, pues en 2025 se registraron 17 casos de violación simple o equiparada. Ante estos casos, el acceso a los servicios de aborto no solo son una necesidad sino un derecho incluido en la NOM-46
la patria potestad en caso de ser una niña o adolescente en su artículo 53 Quáter.
«Condicionar la atención médica a que exista una investigación penal genera incertidumbre, da margen a decisiones discrecionales y termina por negar la atención urgente a víctimas de violencia sexual. Limitar el acceso solo a casos denunciados vulnera el derecho a la salud, ya que muchas víctimas no denuncian y aun así necesitan atención inmediata. Exigir consentimiento de la persona que ejerce la patria potestad para que niñas o adolescentes accedan a anticoncepción de emergencia atenta contra su autonomía, dignidad y protección integral. El artículo 242 del Código Penal vulnera la dignidad de la mujer, su autonomía y libre desarrollo de la personalidad al impedirle ejercer su derecho a decidir» -GIRE
Esta misma instancia promovió la discusión ante la Corte quien ordenó eliminar el articulo 44 Bis que hace referencia a la “autorización del Ministerio Público” para
proceder con el aborto. Por otro lado, declaró invalido el artículo 242 del Código Penal de Tlaxcala con el cual se penaliza el aborto autoprocurado, el consentimiento de la madre para que lo realice alguien más o el castigo al personal médico y parteras que lo hagan. De acuerdo con el Observatorio Colmena, en la entidad se documentaron en 2024 alrededor de mil 312 atenciones de aborto por parte de ecretarías de salud estatales y del IMSS-Bienestar, aunque la cifra real podría ser mayor considerando los abortos clandestinos. Además, el informe de Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE) establece que entre 2015 y 2022 hubo 12 carpetas por el delito de aborto.
Desde la perspectiva de organizaciones civiles dedicadas a defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como GIRE, esta decisión es un paso hacia la justicia reproductiva que evita situaciones donde el acceso a la atención médica en casos de violencia sexual o anticoncepción de -
penden de una denuncia penal, la cual es una barrera que revictimiza y retrasa el servicio. Asimismo, las niñas y adolescentes de Tlaxcala tendrán una vía para obtener justicia y retomar sus planes de vida sin que su futuro dependa de la decisión de sus padres. «Celebramos este paso en favor de la justicia reproductiva en México, y confiamos en que las instituciones de salud brinden atención médica de manera oportuna y sin discriminación a quienes requieren servicios de aborto seguro» -GIRE Ahora, se espera que la sentencia se publique en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del estado y en la Gaceta del Poder Judicial, para que, a partir del día siguiente, ninguna niña, adolescente o mujer de Tlaxcala vuelva a ser condicionada para interrumpir su embarazo no deseado en contextos de violencia sexual. Gracias a los efectos retroactivos en la invalidez del articulo 242 del Código Penal de Tlaxcala, beneficiará a las personas ya procesadas o sentenciadas por el delito de aborto en la entidad.
LA IMPOSTURA DE RICARDO RAPHAEL SOBRE EL FALSO CASO WALLACE
Guadalupe Lizárraga. Columna invitada
Texto originalmente publicado en Los Ángeles Press
El montaje del caso Wallace fue posible gracias a la colusión entre Estado, medios y actores políticos, entre los que se incluía Ricardo Raphael, desde su paso por el CISEN.
Los recientes tuits de Ricardo Raphael, donde asegura que no ha plagiado una sola línea de mi investigación sobre el falso caso Wallace, solo confirman el cinismo y la estrategia con la que, desde hace seis años, ha intentado invisibilizar mi trabajo. Mi investigación en Los Ángeles Press está documentada desde 2014, con cientos de reportajes, entrevistas a víctimas directas y sus familiares, y cobertura en tiempo real de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la persecución de la PGR.
Mientras mi trabajo avanzaba en la reconstrucción del montaje, Ricardo Raphael todavía celebraba en público a Isabel Miranda de Torres, alias La señora Wallace, y denigraba a las víctimas. Hoy pretende presentarse como ajeno al origen de mi investigación, como si él hubiese empezado de cero, y presumir que “no hay una sola coma plagiada” de El falso caso Wallace. Pero los hechos y las fechas están aquí.
El registro periodístico de Ricardo Raphael sobre el caso Wallace no existe antes de febrero de 2019. Apenas dos meses antes, el 12 de diciembre de 2018 —el día de la presentación de mi libro El falso caso Wallace en el Centro Histórico de Ciudad de México— él se enteraba del montaje entrevistándome para Canal Once. En esa conversación pública llegó a afirmar, con absoluta ligereza, que Juana Hilda González Lomelí no había sido torturada ni drogada, y fingió sorpresa ante la participación de Genaro García Luna, a pesar de haber interactuado con él desde 2001 durante su paso por el CISEN. Incluso intentó debatir al aire si las víctimas eran “auténticas” o no.
Ese mismo día entrevistó también a Isabel Miranda. En la transmisión posterior utilizó como propio el audio que yo obtuve de Albert Castillo tras denunciar su tortura en Ciudad Juárez, sin atribución alguna. Ese episodio fue una de las primeras señales de
su apropiación del trabajo ajeno y de la falta de rigor ético con la que se aproximó al caso.
A diferencia de él, mi investigación está documentada desde antes de mi primera publicación del 31 de mayo de 2014. Durante meses recopilé evidencias que demostraban la inocencia de las víctimas, revisé expedientes, entrevisté a sus madres y familiares y construí el archivo que permitió desmontar el montaje. Mis primeros trabajos circularon con las historias de las ocho víctimas involucradas y continué la cobertura durante años. El registro de mi trabajo incluye reportajes, notas periodísticas y una vasta documentación en audios, conversaciones privadas, comunicaciones desde prisión y correos electrónicos que mostraban con precisión la fabricación del caso. Ese cuerpo de evidencias fue la base de mi primer libro de la trilogía sobre el falso caso Wallace. Esa cobertura no fue solo profesional: fue acompañamiento humano. En el proceso llegué a financiar las terapias de César Freyre Morales y su esposa por las secuelas de tortura y depresión. Acompañé a las madres, pero especialmente a Enriqueta Cruz en cafés, comidas y lágrimas con largas conversaciones e infinidad de viajes, ofreciéndoles soporte emocional cada vez que compartía el daño que les había dejado el Estado. Organicé su presencia en España, Estados Unidos y distintas ciudades de México para que pudieran narrar en primera persona lo que estaban viviendo. Les di visibilidad a todas las víctimas contra viento y marea: no solo ante la persecución del Ministerio Público de la PGR y de la misma Isabel Miranda, sino también frente a periodistas cómplices de ella que, por conveniencia o paga, intentaron desacreditar mi trabajo. Fueron años de insultos y aco-
sos. Me llamaron «malaentraña», “mezquina”, “seudoperiodista”, “egoísta” y otras tantas descalificaciones, incluso sobre mi apariencia física. Los insultos que más le llenaban la boca a Ricardo Raphael eran “mezquina” y “seudoperiodista”, proyectándose en ambos. No es casualidad: él mismo ha reconocido que no es periodista, sino abogado. Esa experiencia y ese acompañamiento dieron cuerpo a más de 300 páginas de mi segundo libro: La lucha por la verdad.
En mi tercer libro, La vida impune. Biografía criminal de Isabel Miranda de Wallace, documenté también la trayectoria pública y política de Ricardo Raphael: desde que fue enviado a Europa a estudiar con recursos públicos, bajo el auspicio directo de su tío y entonces presidente de México, Miguel de la Madrid. Más tarde intentó presentarse como hombre de izquierda e infiltrarse en el movimiento de Gilberto Rincón Gallardo, quien después sería recompensado con una comisión contra la discriminación. Luego incursionó en la política partidista junto con Patricia Mercado y Sergio Aguayo, simulando un proyecto llamado “México Posible”. Para entonces ya había conocido a Genaro García Luna en el CISEN. Tanto él como Aguayo avalaron públicamente que esa institución no estaba infiltrada por el narcotráfico. La estructura era dirigida por Eduardo Medina Mora y operada por Gilberto Lozano desde la oficialía mayor de Gobernación bajo la presidencia de Vicente Fox. El expediente del caso Wallace no era un tema nuevo para Raphael: el vínculo con el poder, la seguridad nacional y los medios formó parte de su trayectoria mucho antes de que el montaje llegara a tribunales. Ricardo Raphael conoció per -
sonalmente a Isabel Miranda años antes del caso Wallace. Me lo dijo en enero de 2019, un mes antes de apropiarse de mi investigación, en una conversación en un restaurante italiano. Relató que ya en 2005 se había sentido incómodo al verla operar agresivamente durante el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez. Pero no intervino ni acompañó a ninguna de las dos víctimas en ese momento. Esa tarde también habló de Anabel Hernández y la acusó de cometer el mismo pecado que más tarde él repetiría: iniciar un tema y abandonarlo sin investigación de fondo. Confesó que no había profundizado en el caso Wallace porque “simplemente no le interesaba”. Por eso, dijo con euforia, le sorprendió mi perseverancia.
La relación mediática entre Ricardo Raphael e Isabel Miranda fue constante. Dos registros hay muy claros. En 2008 la entrevistó en Canal Once legitimando el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, mientras ignoraba a la madre y la hermana de César Freyre, quienes salían de la prisión de Santa Martha Acatitla presionadas para que él se declarara culpable. En 2012, el segundo registro, celebró públicamente la candidatura de Miranda a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El Universal fue el depositario de sus elogios, igual que Sanjuana Martínez, desempolvando conceptos de democracia y “poder ciudadano” alrededor de Isabel, a quien llamaban por su nombre de pila con estrecha familiaridad.
El caso Wallace no reapareció en su agenda sino hasta que tuvo mi libro en sus manos. El canadiense David Bertet —un activista venido a menos que inició la defensa de Brenda Quevedo Cruz— se lo había recomendado semanas antes de solicitarme una entrevista en Canal Once. Raphael me dijo entonces que mi libro “se lo bebió”. Ésa fue la frase exacta: antes de apropiarse de mi material y presentarlo como propio.
Después de denunciarlo de plagio, cambió su euforia y dijo que mi libro le había dejado más dudas que certezas, por eso había iniciado su propia investigación. No obstante, en su único libro sobre el tema publicado en 2025, toma como verdaderas las versiones fabricadas de la PGR y ubica a las víctimas en contextos criminales con diálogos inventados.
EL FRÁGIL CESE AL FUEGO EN LÍBANO
Carlos Martínez Assad
Los cristianos del sur de Líbano rezan para que la visita del papa León XIV a su país al fin de noviembre les traiga la paz. Así lo piensan sobre todo los que habitan la región fronteriza con el norte de Israel. Rmeich es un poblado pequeño situado en el distrito de Bint Jbeil con más del 90% de población maronita. Se encuentra rodeado por puestos militares israelíes al sur y al norte por aldeas predominantemente musulmanas chiitas, acotadas por los bombardeos de Israel desde hace varios meses, donde el cese al fuego acordado el 10 de octubre pasado entre Israel y Hezbolá no ha tenido vigencia. Además de los muertos de estos tiempos, recuerdan los de los ataques de Israel en 1996 y 2006 que acabaron con la vida de decenas de personas.
Más al norte, a 22 kilómetros, en la ciudad de Dardaghiya, el reverendo Elia Kamel vio indignado las ruinas de la destrozada iglesia melquita cuando el 9 de octubre de 2024 un avión israelí envió un misil. Lo que demuestra las constantes incursiones de la armada del vecino país que no necesita tener en la mira ningún objetivo militar para disparar.
En un reciente bombardeo, no en la frontera, sino en Beirut, la capital del país, en uno de sus barrios de Dahiye, se escuchó un gran estruendo que dejó en ruinas una calle con todo y autos destruidos. Era el 23 de noviembre, al día siguiente del festejo de la fiesta de independencia del país. Las primeras reacciones fueron que Israel había matado a uno de los personajes importantes de Hezbolá que siempre encuentra. Y en efecto, unas horas después anunció la muerte del líder Ali Al-Tabatabai, a quien atribuyó el cargo en “jefe de Estado mayor” de Hezbolá, poco claro dada la situación actual del partido diezmado en los últimos tiempos. Días atrás, el 14 de noviembre, la fuerza área de Israel atacó el campo de refugiados Ain al-Hilweh, situado en las proxi-
midades de Sidón, una ciudad patrimonio de la humanidad. Allí las víctimas fueron 21 muertos y 94 heridos. Informes contradictorios dijeron que se trató de acabar con miembros de Al-Fatah, el organismo de la Autoridad palestina que gobierna Cisjordania y fue reconocido formalmente en Oslo, o que se trataba de un complejo de Hamás, la fuerza con la que se ha enfrentado Israel desde el asalto del 7 de octubre, según divulgó el canal 12 de la TV israelí.
Después se aclaró que el blanco era una reunión en la que participaban delegados de ambas organizaciones políticas que preparaban su agenda de punto a discutir en la reunión que tendría lugar al día siguiente en Turquía, encabezada por Steve Witkoff, enviado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocante de la reunión de paz siguiendo su plan de los 20 puntos. El ataque no tocó a ninguno de los representantes, porque todas las víctimas eran civiles.
El hecho recuerda otras acciones militares de Israel para acabar con los negociadores, los cuales son necesarios para que haya acuerdos. Tal como sucedió con el asesinato de Ismail Haniya, sorprendido en Teherán el 31 de julio de 2024. Quien fuera primer ministro de Gaza y líder político de Hamás, se le atribuía en Catar ser un mediador entre las partes y haber avanzado en lo relativo a un cese al fuego y en el regreso de los rehenes israelíes. Se le atribuyó una posición en la que estaba por la creación del Estado palestino y el reconocimiento por parte de los árabes del Estado de Israel. Su asesinato se suma a las 350 personas que han sido víctimas, de las cuales cien eran civiles, junto a cientos de heridos, a poco más de un mes desde que supuestamente se acordó el cese al fuego entre Hezbolá e Israel.
Ali Daamouch, jefe del consejo ejecutivo (sucesor de Hachem Saffieddine, a su vez, sucesor de Hassan Nasrallah, el jefe
del Partido de Dios, asesinado justo hace un año) advierte que habrá una respuesta tarde o temprano. Y al parecer es una provocación para encontrar una respuesta lo que pretende el gobierno de Netanyahu. Según advierte el dignatario chiita independiente, el sheik Abbas Jawhari, el primer ministro “busca a toda costa atraer a Hezbolá a la trampa de la guerra”, para de paso golpear a Irán e impedirle negociar con Washington.
El ministro de la Defensa, Israel Katz, recientemente ha afirmado que si Hezbolá no está desarmado al finalizar el año, podrá intervenir con fuerza en Líbano, porque no cree que se desarmará por su propia voluntad. Y según el gobierno israelí, a él y a nadie más corresponde fijar la fecha para completar el desarme y no a Estados Unidos. El gobierno de Nawaf Salam, de Líbano, se comprometió a contener a la organización y se le ha visto acabando en algunos sitios con reservas de explosivos, aunque no parecen ser muy importantes. Lo inexplicable de todo el proceso para limitar a Hezbolá es que en los acuerdos no se establece compromiso alguno de parte de Israel.
El asedio de Israel del sur de Líbano continúa, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FPNUL) afirma que, según estudios recientes, Israel está construyendo un muro fronterizo, para lo cual cruzó la línea azul, reconocida por la ONU después de varios conflictos suscitados desde hace años en ese espacio. El estudio del muro de hormigón en forma de T, construido por la armada israelí, ha dejado más de 4 mil metros cuadrados de territorio libanés inaccesible para los libaneses. La FPNUL pidió a Israel retirar esos muros porque violan la resolución 1701 del Consejo de seguridad y de la soberanía e integridad territorial de Líbano. Pero nada, nadie, ni las convenciones u organizaciones internacionales logran establecer reglas que obliguen a Israel a respetarlas.
MÉXICO, RIESGOS DIGITALES
México está entrando a una etapa decisiva: la vida pública se volvió digital sin que el Estado haya construido una defensa mínima. La brecha entre lo que la tecnología exige y lo que las instituciones pueden ofrecer es cada día más evidente. No es una brecha técnica. Es una brecha civilizatoria. Afecta derechos, servicios, seguridad y confianza. Afecta la noción misma de Estado moderno. Y exige algo más que parches o discursos: exige una visión de país.
Primero. El aparato público está esparcido. Está débil y no tiene brújula digital. La digitalización del gobierno de México ocurrió sin un plan. Cada dependencia construyó el sistema de la dependencia. Cada estado operó bajo las reglas del estado. Cada municipio improvisó con los recursos del municipio. El resultado es el mosaico. El mosaico usa la tecnología y los procesos sin revisión en años. Los sistemas nacieron como soluciones de emergencia. Ningún sistema fue diseñado para resistir ataques complejos. Las defensas de los sistemas son mínimas. Las actualizaciones de los sistemas son irregulares. El mantenimiento de los sistemas es insuficiente. No existen los estándares obligatorios. No existen los inventarios completos. No existen las auditorías permanentes. La seguridad depende de la voluntad de cada oficina y del presupuesto anual, que casi siempre es insuficiente. Esto genera un problema mayor: el Estado no sabe exactamente cuánta información tiene ni dónde está almacenada. Tampoco quién puede acceder a ella. Ni qué tan expuesta se encuentra.
Y sin ese conocimiento básico, toda estrategia se vuelve reactiva. Siempre llega tarde. Siempre intenta reparar después del daño. Nunca antes. La vulnerabilidad aumenta por la falta de cultura de prevención. Las áreas de tecnología advierten los riesgos. Las áreas de dirección no entienden los riesgos. Las áreas de política no priorizan los riesgos. El resultado es un ciclo. Las empresas digitalizan más. Las empresas protegen menos. Ese desequilibrio se vuelve una regla.
Segundo. Una amenaza de varios tipos: el crimen organizado, los grupos externos y los actores sin rostro El crimen organizado vio que la información es un arma sin ruido. Con una base de datos vulnerada, el crimen organizado puede trazar operaciones. Con el registro filtrado, el crimen organizado puede encontrar los objetivos. Con el bloqueo digital, el crimen organizado puede paralizar las instituciones. Las organizaciones criminales han cambiado. Las organizaciones criminales ya no usan solo la fuerza física; ahora contratan a los especialistas en seguridad informática. Las organizaciones criminales pagan por las vulnerabilidades en el mercado clandestino. Las organizaciones criminales rentan las redes de bots. Las organizaciones criminales compran los accesos en la dark web. Las organizaciones criminales usan las herramientas para el espionaje industrial o militar. A esto se suma la presencia de los grupos de ransomware que operan desde países sin cooperación internacional. Los grupos de ransomware pueden atacar desde miles de kilómetros. Los grupos de ransomware pueden
exigir rescates millonarios y pueden destruir sistemas públicos en cuestión de horas. Los grupos de ransomware hacen eso sin tocar suelo mexicano. También aparecen los actores con motivaciones de política. Las células de hacktivismo exponen fallas. Las filtraciones buscan impacto en los medios. Las campañas usan información robada para erosionar las instituciones o para crear narrativas que dividen. Cada actor tiene su agenda. Pero todos los actores aprovechan la misma grieta: la falta de defensas. México enfrenta este ecosistema con capacidades limitadas. No tiene un centro nacional de ciberdefensa plenamente operativo. No cuenta con un esquema legal que asuma la dimensión real del problema. No tiene protocolos de respuesta unificados. Y carece de una doctrina que establezca qué debe protegerse primero y cómo hacerlo. La asimetría es evidente. Los atacantes evolucionan. El Estado, no. Tercero. Cada ataque digital tiene un impacto humano. Cuando un hospital pierde acceso a expedientes electrónicos, se atrasan tratamientos. Cuando una fiscalía es hackeada, se comprometen investigaciones. Cuando un padrón se filtra, se exponen millones de vidas privadas. Cuando una plataforma de seguridad se cae, cada minuto perdido puede costar una vida. La ciudadanía también sufre el daño en los sentimientos. El Estado que no protege la información no protege nada más. La desconfianza aumenta. La desconfianza se contagia. La desconfianza alimenta el escepticismo. La desconfianza aumenta la polarización. La desconfianza debilita la legitimidad de la institución.
Las consecuencias económicas aparecen en silencio. Los retrasos detienen los trámites. Los retrasos atrasan los pagos. Los problemas interrumpen los servicios. Los problemas suspenden los contratos. Los problemas hacen que la productividad caiga por horas o por días. Y volver a poner todos los sistemas en marcha cuesta mucho, es lento y agota. El riesgo más grande es institucional. Un ciberataque planeado puede afectar las elecciones. El ciberataque puede colapsar las aduanas. El ciberataque puede paralizar los bancos públicos. El ciberataque puede inutilizar los registros de propiedad. El ciberataque puede bloquear los servicios de seguridad. La vulnerabilidad digital es una vulnerabilidad nacional. Y México todavía no actúa en esa lógica. La verdadera pregunta no es qué tan grave puede ser un ataque. La verdadera pregunta es qué tan preparado está el país para resistirlo. Y la respuesta, hoy, es incómoda. Conclusión México necesita una defensa digital. La defensa digital tiene que estar a la altura del tiempo de México. No es un lujo. No es una moda. Es una obligación del Estado frente a quienes dependen de él.
La seguridad digital es seguridad humana. Es protección de derechos. Es certeza jurídica. Es continuidad de servicios. Es estabilidad económica. Es democracia en prácticas y no en discursos. Ningún país del siglo XXI puede sostenerse sin blindar su infraestructura digital. México tampoco. La vulnerabilidad ya no es un aviso. Es un hecho. Y la única respuesta posible es construir un escudo que proteja al país, antes de que un ataque masivo revele —de golpe— todo lo que hoy se intenta ignorar.
Ernesto Villanueva
MIRADA CORTA…
Francisco
Ruiz Zuart.
Ligereza en los razonamientos, cuando se dan…
El nuevo despertar de la violencia en Chiapas no importa, ni se le voltea a ver y más, si se ofrece con oportunidad una feria anual de pueblo y ahí, se puede ver, tocar y escuchar al cantante de norteños Julión Álvarez Montelongo, a quien los gringos tienen bajo fundada sospecha de “lavador” de dinero.
LAMENTABLEMENTE, el grueso de los chiapanecos, mujeres y hombres, después de varios siglos, nuestra formación educativa aún no nos alcanza para animarnos a intentar ver y escudriñar más allá de las apariencias, de lo inmediato, propiciado por las autoridades de la Federación, el Estado o los Municipios…
En tanto a los chiapanecos logren fácilmente entretenernos y distraernos con banalidades, “dulces y galletas”, quienes sean los gobernantes y sin importar el partido político al que pertenezcan, por más dañinos que se comporten, pueden estar tranquilos, la sociedad en Chiapas no representa ningún problema mayor para ellos, ellas que actúan contrariamente a sus obligaciones constitucionales… VEAMOS, PUNTUALICEMOS EN ALGUNOS EJEMPLOS…
Hace más de un mes allá en el municipio de Uruapan, Michoacán, fue ejecutado el presidente municipal Carlos Manzo y aquí en Chiapas, casi nadie se pone a pensar que ese hecho también afecta a los chiapanecos, puede ser un anuncio sobre lo que ya viene en camino o se encuentra entre nosotros ¿por qué?
Porque con ese precedente se abre la posibilidad de que aquí también, cualquier ciudadano o autoridad que se le ocurra levantar la cabeza ante el Estado, para exigir paz y progreso, respeto a los derechos de las personas, tranquilamente y como algo normal, puede ser mandado a EJECUTAR cuando les de la gana,
apoyado en los recursos de las organizaciones criminales que aquí operan como cárteles del mal…
El asesinato vil al presidente municipal Carlos Manzo, frente a su esposa, hijos y habitantes del lugar, nos muestra nítidamente el grado de descomposición y descaro que los grupos violentos han ido abonando, cuidando y cosechando en su beneficio y es sin duda, UN AVISO de lo que en Chiapas puede ocurrir en cualquier momento…
La gran mayoría de chiapanecos no vemos eso, no nos interesa y cuando mucho, creemos que está demasiado lejos de suceder, si no es que lo consideramos algo imposible, cuando la posibilidad está más cerca que nunca antes…
El hecho criminal en contra de Carlos Manzo, algo semejante, puede ocurrir en Chiapas en cualquier momento, a un presidente municipal o a un, una luchadora social (existen antecedentes, no pocos), condiciones objetivas hay y señales intensas han existido claramente…
La sociedad no hace lo suyo y los gobiernos, se comportan indolentes, omisos… Un buen gobierno se ocupa en PREVER, los malos gobernantes se ocupan de MAL RESOLVER cuando ya los hechos les han rebasado… IGUAL que con el caso anterior, si le razonamos con la responsabilidad debida, encontraremos que LA REPRESIÓN brutal sucedida en contra de la marcha convocada por la GENERACIÓN Z allá en la plaza central de la Ciudad de México, el 15 de noviembre de este 2025, guardando las proporcionales, bien puede suceder en Chiapas en el momento menos esperado…
¿Por qué? Porque con esto, los subordinados de la presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadores y presidentes municipales de la República, entenderán que han
QUEDADO INAUGURADAS las REPRESIONES ABIERTAS de este sexenio político-administrativo del gobierno de México, hacia todos quienes no estén de acuerdo con su forma de pensar, con sus acciones y las evidentes omisiones…
EL EJEMPLO GRAVE ya lo dio la presidenta Claudia y en Chiapas, se abren las puertas para futuras REPRESIONES CRUDAS en contra de marchas, manifestaciones públicas de inconformidad (denuncias y demandas justas) de productores del campo, de sindicatos independientes, de organizaciones estudiantiles, de pequeños empresarios, de transportistas, de Mujeres Luchadoras en Resistencia, de asociaciones de mujeres en general, de ambientalistas, de desempleados echados injustamente por los gobiernos, de luchadores por los derechos humanos…
¿No se comprende que los niveles de INDEFENSIÓN de los chiapanecos crece cada día más?
¿Cuánto hacemos por manifestar nuestra inconformidad, por prepararnos, por detener o echar para atrás los hechos oficiales en contra de mujeres y hombres de bien, como los observados en Uruapan o la plaza central de la Ciudad de México? Muy poco o nada…
Ya nos tocará nuestro turno, esperemos, a ver si así aprendemos a conducirnos con responsabilidad social…
DE LA MISMA MANERA ocurre ahora con el “BLOQUEO TOTAL CARRETERO efectuado por Productores de alimentos y Transportistas de la República Mexicana” ¿cómo fue posible que los productores y transportistas de Chiapas, no hayan comprendido que se presentaba una buena oportunidad para hermanar insatisfacciones, denuncias, exigencias, recursos, reclamos, creatividad, fuerzas…, para organizadamente, de
ahora en adelante, pedir atención justa y pronta para el pueblo de Chiapas? Pudo no darse bloqueos totales, pudieron acordarse bloqueos parciales o cuando menos, presencia permanente en carreteras, la cuestión era no aislarse, ni debilitar, pudiendo FORTALECER una lucha justa que beneficiaría a los chiapanecos… Quedamos como traidores…
Por lo pronto, los objetivos del gobierno del Estado en este tema, se lograron: se aislaron a los transportistas y productores de Chiapas de una movilización nacional; se le restó fuerza y presencia al movimiento nacional; se presenta al exterior una imagen de que en Chiapas no existen de esos problemas; el gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, con algo de inversión económica, quedó bien con la presidenta Claudia… Todo se resolvió colocando UNOS PARCHES TEMPORALES en el lomo o las bolsas de viejos líderes marrulleros… Los problemas de fondo a resolver de raíz, quedan vivos y coleando…
Ah! Como sea, hasta la reciente RENUNCIA ASISTIDA del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, traerá sus consecuencias visibles en el Estado de Chiapas, pero el chiapaneco en su mayoría no se detiene a ver y reflexionar, para bien de todos, cuestiones de esta naturaleza… No le importa, le preocupa más hacerse de un espacio en el lugar donde se presentará Julión Álvarez, con eso camina y duerme tranquilo, lo demás se lo deja a su Dios para que él se lo resuelva…
Ah! DURO ESTUVO EL CALAMBRE… Si otra cosa no ocurre, hoy estará en VillaFlores el gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado del señor de las medallas y de su hermano el Fiscal General del Estado…
CARTELERA POLÍTICA
Leonel Durante López
• Morena, cartel criminal; AMLO, “Capo di tutti capi”
• Se enturbia aún más el proceso para el relevo en la FGR
La expansión y consolidación del poder criminal en México ha penetrado estructuras políticas al grado de operar como un poder paralelo en amplias regiones del país, que alcanzó su máxima expresión a partir de 2018.
En su libro La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, presentado el sábado pasado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde Ricardo Ravelo muestra cómo “el crimen organizado en buena parte del país se convierte en gobierno, tiene control territorial, influye en la política, designa candidatos, legisla y tiene todo un control importantísimo que es una evolución de años pero que coincide en tiempo a partir del 2018”.
Los periodistas Ricardo Ravelo y José Luis Montenegro, en su investigación plasmada en su libro, parte de las cuatro transformaciones históricas que Andrés Manuel López Obrador enunció como ejes simbólicos de su proyecto político, y contrasta esa narrativa con la evolución criminal.
Para los autores, la llegada de Morena al poder coincide con un momento en que las organizaciones criminales ya habían mutado hacia estructuras dinásticas.
En una charla en el podcast de Letras Libres con León Krauze, el periodista mexicano Ricardo Ravelo, reconocido experto en el crimen organizado, presenta en su nuevo libro, “Fentanilo: La era diabólica de las drogas químicas” (Trillas, 2025), una amplia investigación sobre las drogas sintéticas que han marcado la historia reciente de México y Estados Unidos, así como la relación bilateral.
En esta charla con León Krauze ofrece un claro y perturbador diagnóstico del mundo de las drogas, la delincuencia organizada y la impunidad con la que actúa.
“Parecerían dinastías de narcos y narcos”, afirmó, al enumerar los linajes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación y señaló que en ese contexto “los únicos perdedores de las batallas siguen siendo el pueblo mexicano”.
El periodista subrayó que la investigación sostiene que, mientras en gobiernos priistas los cárteles operaron como “empleados del propio Estado”, en el panismo se convirtieron en “socios criminales” y con Morena alcanzaron un nivel de poder mayor.
“Con Morena prácticamente son los jefes del Estado mexicano”, afirmó y dijo que ese proceso condujo a “la consolidación del narcoestado
mexicano”.
Ravelo definió el libro como “una radiografía del crimen organizado” que muestra la expansión territorial y política de los grupos criminales desde la ruptura del control presidencial priista.
Explicó que, tras la alternancia política, los cárteles establecieron alianzas locales con alcaldes, síndicos, regidores y gobernadores, lo que les permitió mantener sus negocios ilegales.
Recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón incluso se llegó a analizar la posibilidad de desaparecer el municipio libre por la penetración criminal.
Con respecto al periodo reciente, Ravelo sostuvo que “López Obrador para llegar al poder tuvo que pactar con todas las fuerzas y el crimen organizado no estuvo ajeno a estas negociaciones”.
Consideró que la política de “abrazos, no balazos” funcionó como un “pago” en forma de impunidad y permisividad porque, dijo, “les entregó territorios”.
“El 80% de los municipios de México y buena parte de las gubernaturas están encabezadas por personajes que tienen vínculos directos o indirectos con alguna modalidad del crimen organizado”, dijo Ravelo y citó el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como un ejemplo de la normalización del aval criminal para acceder al poder.
Montenegro coincidió en que el caso Sinaloa es central para entender este fenómeno y recordó la entrevista en la que el gobernador Rocha Moya reconoció haber tenido que “tocar la puerta” de los grupos criminales para competir políticamente.
El estado vive desde hace más de un año una guerra interna entre “la chapiza y la mayiza”, con incursiones del Cártel Jalisco Nueva Generación y un aumento de la violencia sin respuestas claras de la autoridad.
A pregunta directa de León Krauze, “¿cambiaría algo una intervención militar estadounidense,
sería productiva o sería abiertamente contraproducente para enfrentar este nuevo fenómeno y esta amenaza creciente que es el crimen organizado?”
-Ravelo respondió que ante la impotencia que vivimos como sociedad al ver al gobierno morenista en la inacción, actuando con resultados insuficientes, se desea un apoyo militar del vecino país, para “descabezar, destruir y desmantelar las redes del crimen organizado”
Pero aclara, el tema no es solo acabar con los cárteles porque el problema cien por ciento no está ahí, no radica en los grupos criminales, sino el punto central esta en el “corazón de la política”.
Es decir, explicó, “si hubiera una política antimafia, habría que empezar tendrían que empezar por limpiar el propio estado, las propias estructuras del poder político, porque el crimen organizado no es la parte negativa de un negocio como es el tráfico de drogas, son los brazos del propio estado”.
No hay bueno ni malos, es una sola estructura y esta en el poder. Como surgen los cárteles, surgen del poder, no son grupos que se asocian para delinquir por su cuenta y si la inteligencia del estado realmente se aplica, pues no hay crimen organizado que supere a esa inteligencia, solo que son negocios de los gobiernos que se quieren quedar con esos negocios, precisó Ravelo.
Son negocios propios de los gobiernos que se quieren quedar con todo tipo de negocios, mercados, recursos, por lo que la solución no es tanto permitir la intervención militar estadounidense sino hacia dónde va dirigida.
El mismo gobierno norteamericano sostiene que la estructura federal del gobierno en México, es “una estructura criminal porque protege la actividad criminal, porque protege a las bandas criminales, el lavado de dinero entre otras, que están impunes”.
Por lo tanto, no erramos muchos mexicanos al afirmar que el gobierno de México, es un narco estado, tenemos una narco presi-
denta Claudia
Sheinbaum que obedece intereses a su jefe que es el “Capo di tutti capi”, es decir el “capo de capo” de la delincuencia organizada en México.
Senado mete de última hora a colaborador de Adán Augusto
A pesar de la controversia que ha rodeado la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), y de los trascendidos cada vez más frecuentes de que será Ernestina Godoy quien lo sustituya en definitiva en el cargo, el proceso en el Senado para elegir al nuevo titular de la FGR sigue enturbiándose.
De último momento, la Junta de Coordinación Política en la Cámara alta decidió sacar de la lista de diez finalistas a Alfredo Barrera Flores, magistrado y funcionario de carrera en el Poder Judicial, para incluir a Félix Roel Herrera Antonio, quien de acuerdo con información de la reportera Leticia Robles de la Rosa, fue colaborador de Adán Augusto López durante su gestión como gobernador de Tabasco y también se desempeñó como representante de Morena en el Instituto Electoral de aquel estado.
Tras conocerse esta decisión la senadora priista Claudia Anaya, aseguró que la repentina exclusión del magistrado Barrera Flores de la lista de aspirantes a encabezar la FGR es porque ha tenido algunas posiciones críticas hacia el gobierno.
En el mismo tenor, Adán Augusto López, manifestó que hay mejores perfiles que otros y respecto a Ernestina Godoy, la calificó como una abogada con mucha experiencia en el servicio público, además de “una persona honesta”.
Del Montón
Aun cuando, un encargado de despacho no tiene atribuciones legales para hacer nombramientos, Ernestina Godoy ya se desenvuelve como si tuviera el cargo formalmente y publicitó en sus redes sus reuniones con César Oliveros Aparicio, a quien presentó como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y con Héctor Elizalde Mora, quien ocupará la titularidad de la Agencia de Investigación Criminal. El ministro en retiro y actual Coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, felicitó a Godoy por los “excelentes nombramientos”. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.
