La UNACH continúa en un largo período de ilegalidad, corrupción y falta de transparencia, en donde el nombramiento del mismo rector Oswaldo Chacón Rojas es fraudulento PAG. 2
D O X A
En el reciente feminicidio en Tuxtla la fiscalía pretende solicitar 100 años de prisión.
Busca aplicar las nuevas penas aprobadas recientemente por el Congreso Local.
Sin embargo esta reforma al código penal es inconstitucional por equipararse a una prisión vitalicia.
Y de acuerdo a la Corte, la pensión vitalicia viola el derecho a la reinserción social.
LLAMADO
Sheinbaum, ONU y Amnistía Internacional se pronuncian contra la “Ley Censura” de Puebla
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional emitieron llamados para garantizar la libertad de expresión y reprobaron la llamada Ley Censura que fue aprobada la semana pasada por el Congreso de Puebla.
INFORME
Eduardo Ramírez impulsa conservación ambiental y fortalece infraestructura vial en Chiapas
Jueves 19 de Junio de 2025
Ilegalidades, corrupción y falta de transparencia en la UNACH
La UNACH continúa en un largo período de ilegalidad, corrupción y falta de transparencia, en donde el nombramiento del mismo rector Oswaldo Chacón Rojas es fraudulento por no cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica de la universidad, haber estado durante los cinco años anteriores en servicio activo en la Universidad, en el que estuvo como Consejero Presidente del IEPC, y el de tener preferentemente, grado de maestría o doctorado otorgado por institución de educación superior que tenga reconocimiento por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el que Chacón presenta estudios de posgrado realizados en una universidad patito, que tiene fama bien ganada de regalar títulos de posgrado a funcionarios públicos. Pero a la vez, el nombramiento de rector es ilegal, en virtud de que fue designado por una Junta de Gobierno que legalmente carece de facultades debido a que ya prescribió el período por el que sus integrantes fueron nombrados, de allí que se incurre en ilícitos en todos los nombramientos de directores de escuelas y facultades y de miembros del Comité Permanente de Finanzas que realice esta Junta
de Gobierno espuria.
A partir de este ilegal nombramiento, Oswaldo Chacón incurre en ilícitos e ilegalidades en nombramientos como los de secretarios, que la Legislación Universitaria contempla que éstos deben de haber sido docentes por tres años en cualquier escuela de la UNACH, misma situación presenta en la integración de la terna para nombrar un integrante del Comité Permanente de Finanzas, designado ayer por la Junta de Gobierno que carece de facultades, en el que, con este nombramiento se incurre en otro ilícito en razón de que existe un conflicto de intereses, debido a que la persona nombrada, cuyas funciones primordiales de acuerdo con la Ley Orgánica son: Cuidar y administrar el Patrimonio Universitario y sus recursos ordinarios y extraordinarios; autorizar el presupuesto general anual de ingresos y egresos de la Universidad, que le presente para su consideración la persona titular de Rectoría, así como las modificaciones a que haya que lugar durante cada ejercicio y dictaminar los estados financieros de la Universidad y de las personas jurídicas universitarias, es la esposa del responsable de la Auditoría Superior del Estado.
Todas estas ilegalidades, autorizadas y toleradas por el gobernador del Estado, quien con su proceder se inmiscuye en el gobierno interno de la universidad, violando con ello la autonomía universitaria de la institución, originan que al interior de la universidad se presenten abiertamente ilegalidades y actos de corrupción, como sucede en estos momentos en el examen de admisión para la escuela de medicina, en donde la universidad publicó una lista de resultados, en el que se señala el puntaje obtenido por cada aspirante y días después, manifiesta que hay otra lista definitiva, debido a que en la primera relación hubo alteración de calificaciones ocasionadas por el sistema que trasladó los datos de Excel al Word, situación de ser cierta, no exime de responsabilidades a la UNACH, por no revisar exhaustivamente la información que se sube al portal de la institución y por tener sistemas inadecuados que alteran la información, situación inaceptable debido a que la UNACH está obligada a tener los mejores administradores de sistemas.
En conferencia el rector Oswaldo Chacón reconoció esta situación de alteración de resultados en los exámenes, pero al mismo tiempo
señaló de que no se puede hablar de fraude en los resultados, cuando la realidad indica que en política lo que parece es, por lo consiguiente sí hay un fraude en los resultados del examen de ingreso a medicina. Frente a una situación como la que reconoce el rector, la universidad estaba en la disyuntiva de mantener el error, o intentar corregir como lo hizo, que provoca falta de certeza y de confianza de los resultados y que afecta la credibilidad de todo el funcionamiento de la UNACH.
Pero en el afán de justificar el presunto fraude en el examen de ingreso en medicina, el rector argumenta que hay un símil con las elecciones, en donde el día de elecciones se publica un resultado preliminar y tres días después se publican los resultados definitivos, afirmación que resulta un absurdo, porque en la convocatoria jamás se señala que se van a publicar resultados preliminares y liego los definitivos, argumento del espurio rector que demuestra que existe una violación al debido proceso, en el que además se presume la existencia de ilícitos por la presunta alteración de resultados, lo que convierte como directo responsable de esta situación a Oswaldo Chacón.
Localizan sin vida a servidor de la nación en Chenalhó; presumen homicidio
El cuerpo sin vida de Adrián “N”, quien se desempeñaba como servidor de la nación, fue localizado este miércoles en el tramo carretero que va de Las Limas a Yabteclum, municipio de Chenalhó. El hallazgo fue realizado luego de una intensa búsqueda por parte de familiares y autoridades, luego de que el joven no regresara de un evento oficial al que había asistido.
Su motocicleta fue localizada a aproximadamente un kilómetro de Yabteclum, mientras que su ropa y casco estaban dispersos a ambos lados de la carretera. El cuerpo fue hallado a más de 200 metros dentro de unos potreros, en una zona de difícil acceso. Habitantes de la comunidad señalaron que el joven presentaba una herida en el cuello, presuntamente provocada por un arma blanca.
Lugareños afirman que se trató de un asesinato, pero las autoridades tradicionales, abogaron para que la familia no denunciara el caso a la Fiscalía.
Mencionaron que Adrián era un habitante de Yabteclum, conocido por su carácter tranquilo y amable, lo que ha causado conmoción e incertidumbre entre los pobladores.
Lugareños afirman que se trató de un asesinato, pero las autoridades tradicionales, abogaron para que la familia no denunciara el caso a la Fiscalía
Convocan a jornada de reforestación en SCLC
Yolanda Rodríguez/ corresponsal San Cristóbal de Las Casas.
Con el propósito de promover la conciencia ambiental y fortalecer el compromiso ciudadano con el entorno natural, Celeste Coello Armas convocó a la población a sumarse a una jornada de reforestación que se realizará el próximo sábado 22 de junio a las 8 de la mañana.
La actividad, organizada en conjunto con la asociación civil Tu Bosque A.C. y la agencia Tribu Publicidad, tendrá como punto de encuentro la entrada del Colegio La Salle, desde donde se dará inicio a la plantación de árboles como parte de los esfuerzos por recuperar zonas verdes de la región. En esta edición se contará con la participación de diversos colectivos juveniles que se han destacado
por su labor en temas sociales y ambientales. Entre ellos se encuentran Provida Animal JDCA A.C., Grupo Universitario Iuris Factum, Colectivo Los Extraños y la Red de Jóvenes Políticos de Chiapas, agrupaciones que han respondido al llamado de acción impulsado por Coello Armas.
“La conservación del medio ambiente es responsabilidad de todos; pequeñas acciones pueden generar grandes cambios”, señaló la convocante, quien ha impulsado distintas iniciativas de trabajo comunitario enfocadas en el cuidado ecológico.
La invitación está abierta a todas las personas interesadas en contribuir con esta causa, sin distinción de edad o experiencia. Los organizadores recomiendan llevar ropa cómoda, agua y herramientas básicas para la siembra.
Yolanda Rodríguez/ corresponsal
San Cristóbal de Las Casas.
Eduardo Ramírez impulsa conservación ambiental y fortalece infraestructura vial en Chiapas
De la Redacción
Coapilla, Chis. (Tribuna)
Durante el informe de avances para la creación del Área Natural Protegida del Ejido Coapilla, en el municipio del mismo nombre, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reafirmó el compromiso del Gobierno de la Nueva ERA con el cuidado del medio ambiente y la protección de la Madre Tierra. Subrayó la voluntad de trabajar de la mano con las comunidades para consolidar un Chiapas extraordinario por naturaleza y por su conciencia ambiental.
Al presenciar la firma del convenio de apoyo entre la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el Ejido Coapilla, cuyo propósito es asignar recursos para fortalecer la conservación y restauración del entorno, el mandatario aseguró que caminará junto al pueblo para salvaguardar las riquezas naturales de la región. Este acuerdo permitirá promover el desarrollo social, económico y ecológico mediante el uso responsable y sostenible de los recursos forestales. Desde la emblemática Laguna Verde Encantada, Eduardo Ramírez destacó que su administración continuará impulsando obras en rubros prioritarios como infraestructura turística, conectividad carretera, salud y educación, con el objetivo de transformar a las comunidades con vocación natural en espacios de
desarrollo integral y bienestar compartido.
Por su parte, el delegado estatal de la Conafor, Carlos Morales Vázquez, reconoció el compromiso del gobernador con el medio ambiente, reflejado en la reducción del 85 por ciento de las zonas afectadas por incendios forestales. Informó que el Ejido Coapilla es el único en el estado con certificación por su manejo forestal responsable.
La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Obdulia Magdalena Torres Abarca, destacó que este convenio es fruto del trabajo articulado entre autoridades federales, estatales y ejidales, y representa un avance significativo en la conservación ambiental, al proteger más de 951 hectáreas.
En representación de los ejidatarios, Óscar Pérez Pérez recordó la historia del ejido, fundado en 1941 y con una extensión superior a las 6 mil 200 hectáreas. Detalló que la reserva
está integrada por 259 ejidatarios y ejidatarias, quienes han sido históricamente beneficiados con obras sociales por el aprovechamiento forestal. Refrendó su compromiso de continuar preservando estos territorios y solicitó el respaldo de las autoridades para hacer frente a amenazas como la tala ilegal, los incendios, las plagas y la caza furtiva.
La presidenta municipal de Coapilla, Yadira Pérez Pérez, expresó su orgullo de que la Laguna Verde Encantada forme parte de las hectáreas destinadas a la conservación. Consideró este tesoro natural como símbolo del entorno, la historia y la identidad de la comunidad, y como una oportunidad para impulsar la economía local y elevar la calidad de vida de la población.
En otro momento, como parte del programa Carreteras Vivas, el gobernador dio el banderazo de inicio a la reconstrucción del tramo carretero Soyaló–Francisco Sarabia–Chicoa -
sén, reiterando que su gobierno trabaja para rehabilitar caminos no solo en las cabeceras municipales, sino también en las localidades rurales, con el objetivo de llevar el progreso a quienes más lo necesitan. Hizo un llamado a las autoridades locales y al pueblo a mantenerse en unidad para sacar adelante a Chiapas.
Al realizar una explicación técnica de la obra, el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, informó que ésta beneficiará a 19 mil 800 habitantes de distintas comunidades de los municipios de Chicoasén, Chiapa de Corzo y Soyaló, y que tendrá una inversión superior a los 47 millones 747 mil pesos.
La diputada federal del Distrito 2, Karina Margarita del Río Zenteno, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado para fomentar el desarrollo de esta región, históricamente marginada. Aseguró que esta obra no solo dinamizará el comercio, sino que también mejorará el acceso a servicios de salud, educación y cultura, además de fortalecer la conectividad entre comunidades.
Finalmente, el presidente municipal de Soyaló, Nadelin Francisco Pérez Pérez, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez la inversión destinada a la rehabilitación del camino que une Soyaló con Chicoasén, una ruta que llevaba años sin atención y que ahora se convertirá en una vía estratégica para las localidades beneficiadas.
El legislativo de Chiapas analiza una iniciativa de ley que otorgue diversos beneficios a los migrantes a través del gobierno estatal
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Este miércoles el Congreso del Estado de Chiapas dio entrada a una iniciativa de ley de atención a las personas en situación de movilidad, que contempla que las personas en situación de movilidad tengan la cobertura del Estado, como ya lo garantiza la Constitución.
La propuesta del diputado comiteco, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, tiene como finalidad armonizar el esfuerzo de las diferentes secretarías del estado de Chiapas para que tengan la capacidad de brindar alimento, educación, vivienda y lo básico que se garantiza a cualquier persona que pise suelo mexicano.
Avendaño Bermúdez, expuso que no se debe ver a la migración interna-
cional como un problema, sino como una oportunidad para que personas lleguen a compartir conocimiento, trabajo y su deseo de permanecer en nuestro bello estado.
Con más de 600 kilómetros de frontera que tiene Chiapas con Guatemala, cuenta, además, con personas en tránsito y otras ya asentadas en el estado que necesitan atención y señaló que como ciudades Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Comitán de Domínguez, entre otras, han recibido a millas de migrantes, indicó el legislador, por lo que la propuesta es un tema que debe abordarse y posteriormente ser aprobado.
Luis Ignacio Avendaño no dio mayores detalles del contenido de la iniciativa, pero precisó que tiene un enfoque estatal, articulando el esfuerzo de las instituciones públicas de la entidad para atender las
necesidades de los migrantes que se encuentren en Chiapas, sin necesidad de aumentar presupuestos, ya que se buscaría trabajar con recursos propios.
Cabe mencionar que la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, ha recibido una fuerte presencia de extranjeros
provenientes de Venezuela, Ecuador, Panamá, Colombia, Perú, El Salvador y otras nacionalidades.
Aunque en los últimos meses se ha reducido el número de extranjeros, por el fenómeno de Trump, muchos mantienen la idea de permanecer más tiempo en el estado.
Eduardo Ramírez entrega certificación de área natural protegida a El Calvario en Tapalapa
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar entregó el Certificado por el que se reconoce a El Calvario, ubicado en el municipio de Tapalapa, como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, donde resaltó la conciencia ecológica y el compromiso de las y los habitantes por preservar sus recursos naturales. Afirmó que su gobierno trabajará en coordinación con la Federación para retribuir ese esfuerzo comunitario.
Ramírez Aguilar reconoció la sabiduría ancestral del pueblo zoque, la cultura más antigua de Chiapas, con más de 3 mil años de historia, que ha sabido respetar y resguardar a la Madre Tierra. En este sentido, aseguró que se hará todo lo necesario, junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para que reciban pagos por servicios ambientales, lo que permitirá continuar con la conservación y heredar este legado a las futuras generaciones.
Durante su visita, el mandatario también se comprometió a respaldar la construcción del plantel del Cecyt en la localidad, así como impulsar la conectividad a Internet, no solo para beneficio de las y los estudiantes, sino también para que toda la población pueda acceder a este derecho humano, sobre todo en casos de emergencia. Además, anunció el inicio de tra-
Conforme a lo establecido en el Decreto 262 de la LXIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Chiapas, ya se encuentra en marcha el Proceso Electoral Local Extraordinario Pantelhó 2025, cuya jornada electoral se realizará el próximo domingo 31 de agosto.
Es importante destacar que, de esta manera, se da cumplimiento a la sentencia SUP-REC-3/2025, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado 21 de mayo, que decidió que en “Pantelhó existió una situación que impidió que su población eligiera libremente a sus autoridades durante varios años.
Aunque fue correcto que en 2024 el Congreso de Chiapas nombrara un Concejo Municipal para gobernar el municipio, este Concejo no puede quedarse por tres años completos sin intentar nuevas elecciones, debido a que las condiciones que impidieron la celebración de las elecciones han cambiado.
Ramírez Aguilar reconoció la sabiduría ancestral del pueblo zoque, la cultura más antigua de Chiapas, con más de 3 mil años de historia, que ha sabido respetar y resguardar a la Madre Tierra.
bajos de conservación de caminos en los tramos Rayón-Pantepec-Tapalapa y Copainalá-Ocotepec.
Al destacar la certificación de 2 mil 74 hectáreas como Área Natural Protegida, con la categoría de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación, a El Calvario, el director regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Conanp, Pável Palacios Chávez, reconoció el compromiso y la participación voluntaria de ejidos y comunidades que trabajan por preservar la biodiversidad y salvaguardar los territorios en Chiapas.
“Desde la Federación impulsamos un modelo de conservación que pone en el centro de la protección de
los recursos naturales a la gente. Un modelo que fortalece los medios de vida de las comunidades locales y que contribuye a la economía y la generación de empleos. Por eso, estamos comprometidos con el Gobierno de Chiapas para empujar este enfoque con humanismo”, afirmó.
A su vez, la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Obdulia Magdalena Torres Abarca, subrayó que este logro es fruto del esfuerzo colaborativo que antepone la protección ambiental como una prioridad. Señaló que la certificación de más de 2 mil hectáreas es un acto que reconoce la voluntad comunitaria por conservar su tierra como una forma de amor y
responsabilidad hacia la vida y hacia las nuevas generaciones.
Por su parte, el presidente municipal de Tapalapa, Guadalupe Gómez García, celebró la histórica visita del gobernador Eduardo Ramírez a este municipio indígena, la primera en tres sexenios, y a nombre del pueblo agradeció las obras de infraestructura vial que hoy permiten una mejor conectividad entre comunidades. Destacó además las acciones emprendidas en materia de seguridad y justicia en Chiapas, al reconocer al mandatario como “apóstol de la justicia y promotor de la paz” en el estado.
Finalmente, el comisariado ejidal de Tapalapa, Mariano Morales Urquín, expresó su gratitud por el respaldo del gobernador en temas de conservación y medio ambiente, así como por el impulso de proyectos productivos que permiten a las y los habitantes cuidar sus reservas naturales.
Estuvieron presentes en este evento el diputado federal del Distrito 4, Joaquín Zebadúa Alva; la diputada local del Distrito 11, Selene Josefina Sánchez Cruz; el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Jorge Constantino Kanter; y el presidente municipal de Ocotepec, Isidro Baldemar Ramos Bonifaz.
IEPC da cumplimiento a la Sentencia de la Sala Superior del TEPJF de realizar elecciones en Pantelhó
Por eso la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó: que el Congreso del Estado de Chiapas convoque a elecciones extraordinarias en 2025; que diferentes autoridades trabajan en un Plan Integral de Pacificación y Seguridad para atender las causas de los conflictos sociales y políticos que afectan a Pantelhó; y que se establece una Mesa de Diálogo y Construcción de Paz en la que participen todos los sectores de la comunidad para buscar soluciones pacíficas a los conflictos sociales y políticos, así como discutir en ella si quieren elegir a sus autoridades a través de partidos políticos o usos y costumbres.
El objetivo de estas medidas, es garantizar que todos los habitantes de Pantelhó puedan ejercer su derecho a elegir a sus autoridades en
condiciones de paz y libertad”. Al respecto, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas está preparado para desarrollar el proceso que per-
mitirá a la población de Pantelhó, hacer efectivo su derecho políticoelectoral de elegir, mediante el sufragio, a las personas que serán sus autoridades municipales.
Desmantelan en Veracruz inmueble utilizado como refinería y aseguran 500 mil litros de “huachicol”
De la Redacción
Ciudad de México. (Tribuna)
Autoridades federales catearon este miércoles un inmueble en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, que operaba como una refinería clandestina, y recuperaron más de 500 mil litros de crudo.
El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia de campo, vigilancia aérea y reconocimientos terrestres, según precisaron en un comunicado, y como parte de una acción conjunta del Gabinete de Seguridad federal con la Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
En el sitio, las autoridades identificaron una planta destinada al tratamiento de residuos industriales, reconvertida para procesar ilegalmente hidrocarburos como diésel artesanal, nafta ligera, solventes y combustóleo, sin permisos y con alto riesgo ambiental.
Por parte de las fuerzas de seguridad, la intervención fue coordinada por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia de campo, vigilancia aérea y reconocimientos terrestres, según precisaron en un comunicado, y como parte de una acción conjunta del Gabinete de Seguridad federal con la Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex)
Las pruebas recabadas fueron suficientes para que un juez de control otorgara la orden de cateo.
Durante el despliegue se aseguraron siete tanques móviles de gran capacidad, cuatro tanques verticales, infraestructura especializada para la separación y traslado de hidrocarburos, así como aproximadamente 500
De acuerdo con un comunicado, se trataba de “un complejo utilizado como refinería a pequeña escala que contaba con equipo especializado, tuberías y tanques de almacenamiento, sin cumplir con las normas de seguridad vigentes”.
Rodulfo Reyes
VILLAHERMOSA, Tab. (apro)
La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que investiga el hallazgo de restos humanos en un predio del municipio de Centro, que engloba a la capital Villahermosa.
La presunta fosa clandestina fue hallada en la ranchería Zapotal, sector La Llave, en esta localidad.
El sitio se localiza a orillas de un callejón que se ubica en el kilómetro 11 de la carretera VillahermosaFrontera, en donde, según vecinos del lugar, hay restos humanos.
El titular de la FGET, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, informó que ya se abrió la carpeta de investigación sobre la presunta fosa clandestina reportada en la ranchería Zapotal.
Sin embargo, dijo que no se puede afirmar que se trate de restos humanos hasta que los peritos de la dependencia hagan su dictamen en
mil litros de crudo, equivalentes a unos 25 millones de pesos.
El inmueble quedó bajo resguardo policial y se notificó al Ministerio Público, quien continuará con las diligencias e integración de la carpeta de investigación correspondiente.
No se informó sobre personas arrestadas durante el cateo.
La operación refuerza la estrategia del gobierno de México contra el robo
y procesamiento ilegal de hidrocarburos, una práctica que ha generado pérdidas millonarias para el erario y daños a ecosistemas sensibles. Según Pemex entre 2019 y 2024, la sustracción ilegal de combustibles le ha costado más de 75 mil 710 millones de pesos y sólo en el primer trimestre del año esta cifra ascendió a los 5 mil 471 millones de pesos. Con información de Latinus. (EFE).
Investigan el hallazgo de una presunta fosa clandestina en Tabasco
ese sentido.
“Ya la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca nos dio conocimiento de un lugar donde posiblemente localicemos indicios, para ello nos estamos coordinando con la policía de investigación y la dirección de servicios periciales, estamos trabajando en ello”, dijo.
La zona donde trabaja personal de la FGET se encuentra asegurada por efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del Ejército y de la Guardia Nacional. Peritos y antropólogos forenses realizan los trabajos correspondientes para determinar si existen cuerpos humanos en el lugar.
Especialistas, académicos e investigadores en el área del Derecho del Tecnológico de Monterrey lanzaron este miércoles el Observatorio Judicial, que se dedicará al análisis y vigilancia del trabajo de las y los nuevos juzgadores en el país electos mediante el voto popular.
Entre quienes conforman este Observatorio se encuentra el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, quien aclaró que este proyecto no tendrá fines políticos o revanchistas, sino que buscará funcionar bajo datos duros, análisis y resultados concretos.
El especialista señaló que se tienen distintas opiniones sobre que pasó con la reforma judicial, si estuvo bien hecha, si estuvo mal hecha, qué pasó con el proceso electoral, todo esto, dijo, que se ha discutido a lo largo de muchos meses.
“ (...) Al Tecnológico y a nosotros nos pareció muy importante hacer un seguimiento, tener un observatorio, ir viendo qué es lo que se hace (...) Nosotros desde luego queremos dar un seguimiento puntual a tres temas, pero lo queremos hacer no en términos de comentarios frívolos o no en términos de falta de información o reduciéndolo todo a meras opiniones
Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Una pareja entra a un centro cambiario dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Todo parece indicar que realizarán una operación sencilla. Entregan su identificación, entregan efectivo y concretan una compra de aproximadamente mil 500 dólares. A pocos metros, una tercera persona los observa sin intervenir. Días después, el establecimiento recibe una visita formal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), acompañada de un corredor público. La autoridad cuestiona por qué la transacción no fue registrada de inmediato en el sistema y anuncia el inicio de un procedimiento para cancelar el registro, lo que obligaría al centro a desocupar su local.
Denuncias recabadas por Proceso, confirman que este tipo de revisiones no son casos aislados. Una fuente con conocimiento directo del funcionamiento interno de la CNBV —y actualmente vinculada al gremio de los centros cambiarios— aseguró, bajo condición de anonimato, que durante abril y mayo de este año se han documentado al menos una decena de operativos similares en el AICM.
Los patrones se repiten, ingresan personas que se presentan como clientes comunes, muchas veces en pareja, realizan una operación menor —por debajo de los 2 mil dólares— y una tercera persona permanece en las inmediaciones. Días después, llega una inspección formal.
“Nos dimos cuenta de que esa pareja no vino sola. Había una tercera persona
Lanzan Observatorio de la Justicia para vigilar a nuevos jueces
personales, sino queremos recabar una gran cantidad de evidencia para sustentar nuestras afirmaciones”, detalló Cossío.
Lo que queremos, explicó, es darle una continuidad a quiénes son nuestros juzgadores. No que cómo llegaron, eso ya se sabe, por la elección, pero quiénes son, cuáles son sus tiempos de resolución, cuáles son sus cargas de trabajo, cuáles son sus proveniencias, qué está sucediendo con ellos en un sentido, digámoslo así, particular.
“No es otra cosa más que una metáfora muy general: queremos ser una especie de Inegi judicial. Eso es nuestra función y esto nos parece que es muy, muy importante”, agregó el
ministro de la SCJN en retiro. Los tres ejes bajo los que trabajará el Observatorio de la Justicia son: estructura orgánica, que analizará el modelo de designación de jueces y magistrados y su impacto en los perfiles seleccionados, así como los tiempos de resolución; el segundo es el eje jurisdiccional, en el que se revisarán las resoluciones; y el eje disciplinario, donde se examinarán los procesos de vigilancia y sanciones del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Este laboratorio tomará en cuenta ocho apartados: garantías de seguridad jurídica, gestión pública eficiente, justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), libertades
públicas, derecho de familia, relaciones comerciales, derechos laborales, y conflictos competenciales.
El Observatorio Judicial está coordinado por Edna Jaime Treviño, Decana Nacional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey y trabajarán con ella Roberto Lara, profesor del Tec; Yadira García y Laurence Pantin, como co-coordinadora.
“Queremos que nuestros derechos fundamentales no decrezcan, no se derrumben, no decaigan o no se tiren. Y es por una sencilla razón: porque los derechos no son dádivas del gobernante”, indicó el profesor y co-coordinador Roberto Lara. “
Sostuvo que no son patrimonio de un gobierno, de un partido o de unos jueces salientes o entrantes. Son patrimonio, insistió, “de toda la ciudadanía que nos ha costado construir todos esos juicios. Nosotros en el observatorio queremos vigilarlos, ese es nuestro propósito”.
Sin precisar fecha, los integrantes de este Observatorio señalaron que compartirán en unas semanas sus primeros resultados formales.
Con corrupción y simulación, la CNBV busca despojar registros a casas de cambio en el AICM
cerca, observando todo. Al día siguiente llegó la Comisión con un corredor público, preguntando por esa operación en específico. Como el sistema tarda en reflejar los movimientos, dijeron que no estaba registrada y lo tomaron como una falta grave”, narró la fuente.
El desfase en los sistemas de registro, explican, es común. No se trata de una omisión deliberada ni de una infracción grave prevista por la normativa.
“Necesitamos más tiempo para que se refleje la operación. No es causal para cancelar el registro”, puntualizó.
De acuerdo con el marco legal vigente, los Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero están regulados por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en sus artículos 81-A, 81-A Bis, 81-B y 95-Bis, así como por las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero. La CNBV es la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de estas normas y cuenta con facultades para realizar visitas de inspección.
Sin embargo, acusan que, en estos casos recientes se han utilizado operativos encubiertos, en los que los clientes no se identifican como personal de la CNBV y, tras concretar operaciones pequeñas, se presenta una supuesta irregularidad como pretexto para iniciar procedimientos sancionadores.
El caso JoKama
Uno de los casos confirmados es el del centro cambiario JoKama exchange, que fue sujeto a este tipo de opera-
ción y que cuenta la fuente consultada, actualmente enfrenta un proceso para perder su registro. Esta casa de cambio, fue víctima de un robo en el año 2020.
La consecuencia inmediata sería desocupar su espacio en el AICM. De acuerdo con la fuente, detrás de este procedimiento existen intereses de terceros que buscan ocupar locales dentro del aeropuerto.
“Hay operadores en lista de espera para entrar al AICM. Como no pueden desbancar legalmente a quienes ya están instalados, presuntamente están buscando aprovechar relaciones internas dentro de la CNBV para provocar cancelaciones. Así es como creen que podrán ocupar esos espacios”, señaló.
Corrupción existente
La fuente consultada no atribuye los hechos a un grupo delictivo externo, sino a una posible red de corrupción dentro de la CNBV. Se ha mencionado entre operadores del sector la entrega de sobornos para acelerar trámites, evitar sanciones o desplazar competidores.
“Se volvió una moneda de dos caras. Si estás en falta, puedes pagar para evitar la sanción. Si estás limpio, puedes perderlo todo si alguien más con dinero y contactos decide ocupar tu lugar. Lo más grave es que ahora todos lo saben, pero nadie lo denuncia porque mañana podrían necesitar ese mismo ‘canal’ para salvarse”, explicó.
Las acciones estarían relacionadas con funcionarios clave dentro de la
CNBV. En particular, se identifica al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Juan Ajax Fuentes Mendoza, como responsable del área que supervisa a los centros cambiarios.
Su equipo, de acuerdo con testimonios, es quien coordina los procedimientos de revisión y elabora los oficios que activan las cancelaciones.
Riesgos para un sector estratégico
El volumen de operaciones en centros cambiarios ubicados en aeropuertos es considerable. Una sola ventanilla puede mover entre 600 mil y un millón de dólares diarios, con márgenes de ganancia por el diferencial cambiario de hasta un peso por dólar. Esta rentabilidad convierte al sector en una actividad estratégica, pero también vulnerable ante decisiones discrecionales.
“Si alguien con influencia quiere el espacio que tú tienes, basta con que genere una revisión dirigida. Aunque después logres revertir la cancelación en tribunales, ya perdiste el local. La ley permite defenderse, pero el daño ya está hecho cuando te obligan a desocupar”, subrayó la fuente.
Aldo Canedo / El Sol de México Ciudad de México, (Tribuna)
Jueza: fue legal la compra de Pegasus; rechaza vincular a proceso a exoficial mayor de PGR
Diana Lastiri CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Una jueza federal rechazó vincular a proceso a Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por la compra de Pegasus, por ello, la Fiscalía inició una investigación contra la juzgadora por delitos contra la administración de justicia.
Este martes la jueza Alejandra Domínguez Santos, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, celebró una audiencia en la que determinó que, contrario a lo que sostuvo la FGR, la compra del software Pegasus, por 460 millones 196 mil 383.64 pesos, fue legal.
La FGR había imputado a Gómez Molano por uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa, porque supuestamente permitió la compra de equipos de espionaje sin que se demostrara la necesidad de ello generando un daño al erario por más de 460 millones de pesos.
Sin embargo, la juez Domínguez indicó que no hay elementos para vincularla a proceso.
”Resulta evidente que la adquisi-
Juan Carlos Cortés CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen de la Ley Antilavado, que propone la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El objeto del dictamen es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, los delitos relacionados y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
El dictamen busca reformar los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal y fue aprobado por 23 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones.
La iniciativa establece que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será la encargada de prevenir el lavado de dinero y la faculta para coordinar sus funciones con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de la Guardia Nacional para investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La reforma también busca monitorear a las “Personas Políticamente Expuestas (PPE)” en actividades financieras consideradas de “riesgo” y
La Fiscalía General de la República anunció que apelará la decisión e inició una investigación contra la juzgadora por delitos contra la administración de justicia
ción se encuentra relacionada con actividades sustantivas, la adquisición no puede considerarse indebida”, dijo.
Este miércoles la FGR informó que, además de apelar la decisión, inició una carpeta de investigación contra la juez por delitos contra la administración de justicia.
“La Fiscalía General de la República ya inició el recurso de apelación correspondiente; y también iniciará de inmediato, a la Jueza de Control Alejandra Domínguez Santos, una carpeta de investigación por delitos en contra de la administración de justicia”, indicó.
Ello, al considerar que en el caso hubo un retraso ilegal de dos años para celebrar la audiencia y que las pruebas que dijo haber presentado en la audiencia no eran insuficientes para emitir la vinculación a proceso.
La #FGR inició el recurso de apelación correspondiente; y también iniciará de inmediato, a la Jueza de Control Alejandra Domínguez Santos, una carpeta de investigación por delitos en contra de la administración de justicia. 2/2
?? https://t.co/S8accpeENY — FGR México (@FGRMexico) June 18, 2025
En este mismo caso, la FGR imputó a Vidal Díazleal Ochoa, exdirector del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) por los mismo cuatro delitos.
Sin embargo, la juez sólo lo vinculó a proceso por uso indebido de atribuciones y facultades y fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria.
Asimismo, le impuso la obligación de presentarse cada 15 días a firmar asistencia y le prohibió salir del país. La compra de Pegasus por la que la FGR inició esta investigación fue realizada el 29 de octubre de 2014 y el contrato fue suscrito por Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); Díazleal y Rigoberto García Campos, exdirector de información sobre Actividades Delictivas del Cenapi.
En aquel entonces el monto de la compra fue de 32 millones 16 mil dólares que actualmente equivalen a los 460 millones 196 mil 383.64 pesos que la Fiscalía reclama.
Avanza la Ley Antilavado; la oposición teme violación de datos personales
de contar con manuales internos para detectar operaciones sospechosas en las llamadas “actividades vulnerables”: casinos, joyerías, bienes raíces, venta de autos, obras de arte, préstamos y donativos, entre otras.
La iniciativa establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será la dependencia encargada de elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de cargos de personas servidoras públicas que serán consideradas políticamente expuestas.
La iniciativa se prevé se discuta durante el periodo extraordinario que se anunció del 23 de junio al 30 de junio en el Comisión Permanente.
Más control y vigilancia del oficialismo, acusa la oposición
La senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales, afirmó que la información que se solicite se puede proporcionar sin restricción alguna, además de que la inclusión de la figura de personas políticamente expuestas resuelta muy ambigua.
“Esto nos parece pues sumamente grave porque se trata de darle acceso absoluto a la Secretaría sin limitación alguna, sin intervención judicial previa ni mucho menos, solamente la que la
propia Secretaría designe como el proceso o el método que va a seguir para poder solicitar a cualquier ente público la información de todas las mexicanas y los mexicanos.
“El concepto de las personas políticamente expuestas es muy amplio, es abierto, cuáles son las personas relacionadas con nosotras, nuestros asesores, otra vez lo que la Secretaría designe, familiares o quien crea que tiene una persona, el que nos toma fotografías ahorita puede ser una persona relacionada con nosotros si la Secretaría así lo determina, porque está muy amplio, está muy abierto y nos parece también muy delicado el manejo que se pueda hacer de esta redacción”, detalló.
Por su parte, la senadora del PAN, Laura Esquivel, afirmó que, pese a que su partido votará a favor en comisiones,
enumeró los cinco puntos en los que su partido no está de acuerdo:
La inclusión de los partidos políticos, de sindicatos y colegios de profesionistas dentro de la vigilancia por parte de la SHCP y UIF; ambigüedad en la definición de persona políticamente expuesta; la inclusión de la Guardia Nacional, que implica que el Ejército obtenga información financiera sensible no solo de quienes realizan actividades vulnerables, sino de opositores y críticos.
Además de obligar a las autoridades electorales a entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información sobre partidos, coaliciones, agrupaciones, candidatos y precandidatos, y por último, incluir como actividades vulnerables a los fideicomisos o cualquier otra figura es otro exceso.
Sheinbaum, ONU y Amnistía Internacional se pronuncian contra la “Ley Censura” de Puebla
Gabriela Hernández PUEBLA, Pue. (apro)
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional emitieron llamados para garantizar la libertad de expresión y reprobaron la llamada Ley Censura que fue aprobada la semana pasada por el Congreso de Puebla.
Por la mañana, al ser cuestionada sobre esta modificación al Código Penal de Puebla que ya está vigente y en la cual se tipifica entre otros el delito de ciberasedio, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que su gobierno “siempre va estar en contra de la censura”.
“No vamos a estar de acuerdo con un artículo que promueva la censura”, puntualizó.
Luego de esto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un mensaje en su cuenta X en el mismo sentido:
“Retomamos el llamado de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, a garantizar la Libertad de Expresión en todo el país, incluyendo la revisión de marcos legales que posibilitan su criminalización, como los delitos contra el honor. Proteger este derecho es clave para una sociedad democrática y respetuosa de Derechos Humanos”.
Igual lo hizo la organización Amnistía Internacional México, la cual advirtió que la reforma aprobada por el Congreso de Puebla al Código
Penal añadió nuevos delitos, pero que en su redacción “hay serios problemas”.
“…delitos como el ciberasedio, espionaje digital y usurpación de identidad están redactados de forma ambigua y podrían afectar gravemente la libertad de expresión”, señaló.
En un hilo de mensajes en su cuenta X, AI México explicó que el delito de ciberasedioo castiga insultos u ofensas reiteradas si afectan la salud de alguien. “Este delito es ambiguo e incompatible con estándares internacionales de libertad de expresión”, denunció.
Igual, expuso sobre las tipificaciones de espionaje digital y usurpación de identidad pues “están redactados de forma imprecisa y amplia, lo que deja espacio para abusos por parte de autoridades”.
“Estos delitos podrían ser usados arbitrariamente contra periodistas, activistas y ciudadanía que disiente.
Lejos de proteger derechos, estás reformas los ponen en riesgo”, agregó.
En ese sentido, la organización que promueve la defensa de los derechos humanos hizo un llamado al Congreso de Puebla a revisar el contenido de estas reformas para que garanticen las libertades de todas las personas.
“La ciberseguridad no debe ser pretexto para la censura ni la criminalización de la disidencia”, subrayó.
FOROS APUNTAN A SIMULACIÓN
Pese a estos llamados, la diputada panista Susana Riestra advirtió que todo indica que los foros que pretende llevar a cabo este jueves y viernes el Congreso de Puebla, sólo serán una simulación, donde la participación está orientada a insistir en la pertinencia de esta reforma.
En las invitaciones que emitió la Junta de Coordinación Política del
Congreso, llama a estos foros “Divulgación Ciudadana Ciberseguridad en Puebla” y “Libertad de Expresión: Ciberseguridad en Puebla”.
El primero se realizará este 19 de junio y tiene el objetivo principal de “ampliar, complementar y compartir información relevante sobre temas de interés público en materia de ciberseguridad, con el propósito de orientar y proteger los derechos de la ciudadanía, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, dentro del entorno digital”.
El segundo, que se llevará a cabo el día 20, dice, busca “fortalecer el conocimiento del marco jurídico en materia de libertad de expresión, así como del delito de ciberacoso”.
En la sesión legislativa de este miércoles, las diputadas Delfina Pozos, del PRI, y Celia Bonaga, del PAN, presentaron iniciativas para derogar esa ley al exponer que presenta deficiencias y fue aprobada “al vapor”.
A la vez, activistas y organizaciones civiles ha empezado a promover diversos recursos para echarla abajo.
El abogado Ricardo Gali convocó en redes sociales a ciudadanos a que envíen solicitudes a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla para que use su facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad contra esta reforma que está vigente desde el 13 de junio.
De la misma forma, la Fundación Iris informó que promovió un amparo pues argumentó que la llamada Ley Censura no fue discutida en parlamento abierto y violenta los artículos 1, 6, 7 y 22 constitucionales.
México ya cumplió; ahora que Trump dé certidumbre: Ebrard
Camila Ayala Espinosa CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Después de que se hiciera la cumbre G7, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México ha cumplido con cada uno de los compromisos exigidos por el presidente Donald Trump en temas clave como migración, combate al fentanilo, comercio de acero, industria automotriz y exportaciones de aluminio.
Por ello, sostuvo que ahora le corresponde a Washington ofrecer certidumbre rumbo a la inminente revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“El tema es, bueno, que tengamos certidumbre de aquí a que se hace lo del tratado, la revisión del tratado, certidumbre respecto a tarifas y los temas comerciales que usted ya conoce. Ese es
el objetivo”, declaró al finalizar la Firma del Convenio de Colaboración del Comité Educativo de Minería México 2025.
De acuerdo con el excanciller, México ya ha cumplido con su parte, particularmente en temas que han sido prioritarios para la Casa Blanca durante esta administración.
En el caso migratorio, dijo, el país ha desplegado esfuerzos notables en el control fronterizo. También subrayó los resultados alcanzados en la lucha contra el tráfico de drogas sintéticas.
“Ya ha avanzado muchísimo a juzgar por las cifras disponibles de fentanilo que ha asegurado en el sur de la frontera de los Estados Unidos reportado por sus autoridades. Hay un avance considerable. De hecho, no tiene precedentes”.
Sobre este acercamiento diplomático, el funcionario destacó que la propia
presidenta de México ya sostuvo una conversación con Donald Trump y lo exhortó a avanzar rápidamente hacia un nuevo acuerdo comercial que despeje la incertidumbre y evite nuevas medidas arancelarias.
“La presidenta de México que ayer conversó con el presidente Trump y ella ya lo refirió para que tratemos de llegar lo más pronto posible a un acuerdo”, dijo Ebrard. En lo inmediato, el secretario indicó que el tema prioritario es el acero y que está a la espera de que el gobierno estadunidense le confirme fecha y hora para una reunión bilateral. “Y pues estoy a la espera de que me confirmen la reunión, horario, etcétera, etcétera, para avanzar en este acuerdo”, puntualizó. Encuentro clave en Arizona Como parte de los esfuerzos para
reforzar la competitividad regional, Ebrard adelantó que el próximo 24 de junio viajará a Arizona, acompañado por representantes de todos los estados de la República, para participar en una reunión centrada en la industria de semiconductores, uno de los sectores estratégicos para el futuro del T-MEC y la relocalización de cadenas productivas en América del Norte.
México concluyó examen CEDAW
2025. Estado mexicano no asumió su responsabilidad y queda deuda con mexicanas
Wendy Rayón Garay Ciudad de México.
Este miércoles, concluyó el segundo y último día de la audiencia que sostuvo el Estado mexicano ante la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), en la cual, una delegación de funcionarias acudieron a Ginebra, Suiza para rendir cuentas rinde cuentas sobre el avance y cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de igualdad de género y de nueva cuenta, las mexicanas evadieron los cuestionamientos, además, negaron problemáticas que violentan a las mujeres, niñas y adolescentes en el país.
Esta negación sistemática a lo largo de los dos días llevó a la determinación de no concluir este examen hasta que el Estado mexicano entregue respuestas por escrito las cuales fueron solicitadas por la CEDAW pero evadidas con contundencia.
La segunda audiencia comenzó puntualmente a las 7 de la mañana hora de México) y 3 de la tarde, hora de Ginebra, con la participación de la delegación mexicana quienes retomaron los temas pendientes de la sesión anterior. A diferencia del día anterior, cuando se destinó gran parte del tiempo a responder únicamente dos de los cuestionamientos del Comité, esta vez las respuestas fueron más concisas haciendo que la audiencia fuera más corta.
Durante la sesión, la relatora para México del Comité CEDAW, Yamila González Ferrer, reconoció la diversidad cultural y natural del país así como su importancia como referente en América Latina y felicitó a México por la elección de una mujer como presidenta por primera vez en su historia y destacó la creación del Sistema Nacional de Cuidados.
Aunque es importante recordar que fue la misma Citlalli Hernández, Secretaria de las Mujeres quien informó el pasado 26 de noviembre del 2024 durante el Encuentro Nacional: El Futuro de los cuidados en México, organizado por extinto Instituto Nacional de las Mujeres, que este sexenio México no tendrá un Sistema Nacional de Cuidados y con ello fue la misma funcionaria quien despejó la incertidumbre por la promesa de campaña que emitió la actual presidenta de México. En ese momento dijo:
«Difícilmente, México gozará de éste en 2025, pues será un año crucial de trabajo, diseño y estadística que permita poner las primeras piedras rumbo a 2026; configurar un Sistema Nacional de Cuidados requerirá de años de planeación, políticos y recursos que, probablemente, no alcancen a estar completamente cubiertos al cierre del sexenio.
Se cae promesa de Sheinbaum. En este sexenio no habrá Sistema Nacional de Cuidados
Hay que recordar que México firmó la CEDAW el 17 de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981, por lo que está obligado a eliminar la discriminacipon contra las mujeres en todas sus formas y adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para garantizar la igualdad sustantiva.
En esta ocasión, México rindió cuentas ante su X informe periódico en el que representantes del Estado mexicano viajaron a Ginebra, Suiza, para sustentar el documento enviado en septiembre de 2024. México llegó con 209 recomendaciones de la CEDAW que ha desobedecido desde 1998 y según compartió Azucena Enríquez, secretaria académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM) a Cimacnoticias, aproximadamente el 70% de las recomendaciones no han sido cumplidas de forma satisfactoria.
En este contexto no cumplido, el Estado mexicano concluyó esta comparecencia CEDAW 2025 donde las relatoras Ana Peláez Narváez, Patsilí Toledo Vázquez, Jelena Pio Comella, Esther Eghobamen-Mshelia y Rangita de Silva de Alwis cuestionaron la falta de cumplimiento de las recomendaciones en lo que respecta a los artículos 8 al 16 de la Convención -las cuales mencionan derechos en: migración, educación, salud, trabajo, economía, condiciones jurídicas y discriminación en contextos familiares y relaciones de pareja.
Pero en el turno para responder de la delegación mexicana evadió los cuestionamientos, por ejemplo, Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, destinó tiempo de las respuestas a enfatizar las acciones implementadas desde la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de México y de la narrativa oficialista de «es tiempo de mujeres», pero no dio cifras de avances en migración, educación, salud, trabajo, economía, condiciones jurídicas y discriminación en contextos familiares y relaciones de pareja.
Hernández a lo largo de estos dos días estuvo acompañada también de la senadora Martha Lucía Mícher; Jennifer Feller, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Sayuri Herrera, directora de Acceso a la Justicia para las Mujeres
de la Semujeres; Mónica Soto presidenta del Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TPJF); Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria para una Vida Libre de Violencias de la Semujeres y la Janet del Rosario Cruz, representante del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
Así transcurrieron las horas y los cuestionamiento pero la constante de la delegación mexicana fue la evasión y evitar la presentación de datos concretos sobre la disminución y de la violencia contra las mujeres que permitieran evaluar si, efectivamente, existe una disminución.
Esta omisión generó un vacío informativo en el diálogo ante la CEDAW al no dar impacto real de las políticas públicas implementadas en este sexenio. La falta de evidencia concreta debilitó la evaluación del Estado mexicano.
Este escenario ya había sido advertido por varias organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF), en la presentación del informe sombra «Informe al Comité CEDAW ante la Décima Evaluación al Estado mexicano», el pasado 17 de junio, en el que documentaron retrocesos, omisiones graves y falta de voluntad política en la protección de los derechos de las mujeres, evento donde también se reiteró que la narrativa oficial del Estado mexicano no corresponde con la realidad que enfrentan las mujeres en México, sobre todo aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.
Temas claves evadidos
Durante la audiencia ante la CEDAW, las discrepancias señaladas se hicieron evidentes. Temas como la violencia feminicida, la criminalización de las mujeres que abortan, la militarización de la seguridad pública, la falta de justicia en casos de desapariciones, la funcionalidad de los órganos autónomos, fueron negados principalmente por Citlali Hernández.
Por ejemplo, la titular de la Semujeres declaró que la militarización de la seguridad en el país no existe, pues argumentó que la Guardia Nacional es una nueva figura policial nacional, que ha sido acompañada por la DEFENSA, por lo que no implica una «militarización». Reconoció las violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas armadas, pero atribuyó que este pro-
blema había ocurrido en el pasado, sin tomar en cuenta las 219 denuncias por violación de derechos humanos ante la CNDH interpuestas contra la Guardia Nacional desde el 2020 y las 4 mil quejas del mismo tipo en contra de las fuerzas armadas en general.
Actualmente existen diversas investigaciones que evidencian cómo los contextos de militarización incrementan la violencia estructural que viven las mujeres, volviendo sus cuerpos territorio de guerra y control. La Investigación “Permiso para matar” publicada en 2024, señala que fue posible identificar 222 mujeres que fueron víctimas de asesinatos y desapariciones en México, desde el año 2006 y hasta 2022, a manos de policías estatales, agentes federales, soldados y marinos, es decir, integrantes de las corporaciones que ejercen sus funciones con amplia discrecionalidad.
Por otro lado, la Secretaria de las Mujeres afirmó los efectos positivos de la elección judicial asegurando que la reestructuración del personal del Poder Judicial podría ayudar a mejorar el acceso efectivo a la justicia sin informar los señalamientos y problemáticas que se tuvieron durante el proceso como la falta de capacitación especializada para juzgar con perspectiva de género o la cantidad de personas acusadas por violencia de género que se le filtraron al INE para ser electos el pasado 2 de junio.
Es importante traer a cuenta a Fatima Gamboa, abogada y directora de Equis Justicia, quien señaló previamente para Cimacnoticias que la celebración de una elección popular para elegir al Poder Judicial no cuenta características que neutralicen la ineficiencia de la impunidad o mejore la atención judicial para las mujeres desde sus cimientos, pero sí se atañe un valor preocupante, que es el de permitir un proceso electoral donde se ondeen banderas políticas.
Otro tema evadido fue la manera en que la Secretaría de las Mujeres, operará los programas que ya manejaba el extinto Instituto de las Mujeres (Inmujeres) en conjunto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) y que desaparecieron junto con éste como las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
También es necesario señalar que la Conavim, surgió como dependencia federal en 2009, durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, en respuesta a las Convenciones sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belem do Pará), así como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
PROTOCOLOS SOBRE VIOLENCIA EN ESPACIOS EDUCATIVOS SIN RESULTADOS. CEDAW 2025
De acuerdo con el informe sombra «Educación y Violencia en Espacios Educativos», la violencia de género está presente en todas las instituciones educativas, por lo que es necesario ampliar la recomendación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) sobre instruir medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en estos espacios.
En los últimos seis años han emergido protestas de la llamada «cuarta ola» que se han sostenido a través de redes sociales realizando campañas como #MiPrimerAcoso, #MeeTooAcademicos o #SiMeMatan. Esto les ha servido a las mujeres para hacer eco sobre la violencia de género en paros y huelgas estudiantiles en diversas instituciones de educación superior.
Las mujeres universitarias, docentes, administrativas y estudiantes de todo el país viven diariamente diversas formas de acoso y hostigamiento sexual, laboral, psicológica y política, por lo que se sigue perpetuando la discriminación y la falta de acceso a la justicia para las mujeres. Casos como los de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) pueden describir el panorama al que se enfrentan las mujeres es espacios educativos. Recordemos que representantes del Estado mexicano estarán esta semana en Ginebra, Suiza, en aras de realizar la sustentación de su X informe Periódico y llegarán ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW] con un aproximado total de 209 recomendaciones que el Comité ha extendido desde 1998; un número extenso que pesa más, por las omisiones e incumplimiento, pues según comparte, Azucena Enríquez, secretaria académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM), con Cimacnoticias, se calcula que aproximadamente el 70% de las recomendaciones no han sido cumplidas de forma satisfactoria.
Caso UNAM
En 2016 se implantó el primer Protocolo de Atención de Casos de Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el primer año, hubo 234 quejas por violencia de género en el Subsistema jurídico de la UNAM. A partir de 2020, se aprobó que fuera la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género (SSUAVG). En agosto de 2020 y agosto de 2021, esta área orientó a mil 211 per-
sonas y atendió 576 quejas (nuevas y en trámite). De ellas, el 95% las denunciantes fueron mujeres, siendo el 85% estudiantes u 6.6& personal académico. Por otro lado, en el 92.7% de los denunciados eran hombres y 5.6% mujeres cuyo rol era estudiantil en el 63% y personal académico en el 11%.
En el 76.6% las victimas reportaron haber sufrido de 1 a 3 violencias, mientras que el 85.56% sufrió entre 1 a 4 violencias.
Respecto a las relaciones entre las partes involucradas, 314 casos declararon una relación de tipo académica y 82 casos corresponden a una relación de tipo personal y académica.
Las formas de violencia más frecuentes son el acoso (74 casos) y el hostigamiento sexual (65 casos), aunque también se registraron casos de discriminación (63), violencia física (16) y sexting no consensuado (14).
El 61.3% de los casos sí se implementaron medidas precautorias para proteger a las víctimas, mientras que en el 38.7% restante no.
Para agosto de 2021 y diciembre de 2022, la Defensoría registró un aumento importante en el que se orientaron a 2 mil 143 personas y se procesaron 727 quejas, siendo un aumento de 151 casos en un periodo menor que el registro pasado. Se encontró que el 92% de los denunciantes fueron mujeres (69% estudiantes,15% personal administrativo y 9% académicas), por el contrario, el 89.8% de los denunciados eran hombres (47.8% estudiantes, 23.3% personal académico y 16.3% trabajadores).
Respecto a la violencia que sufrieron, 88.89% reportó experimentar entre 1 y 3 situaciones de violencia y el 93.25% entre 1 a 4 violencias.
Según el tipo de relación entre las personas involucradas, en conexiones alumnado-profeso se presentaron 42 situaciones de discriminación, 121 de acoso en sus diversas formas, 48 de hostigamiento sexual, 17 de sexting no consentido y 21 violencia física. En el ámbito laboral, 39 casos de discriminación, 48 de acoso, 27 de hostigamiento sexual, apenas 1 de sexting no consensuado y 11 episodios de violencia física.
Del total de casos analizados, en el 76% se implementaron medidas precautorias para proteger a las personas afectadas y en el 24% de los casos no se aplicaron.
En 2023, siendo el séptimo año en el que se implementó el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, la Defensoría orientó a mil 897 personas y atendió 943 casos que se procesaron en quejas, presentando un aumento de 200 casos respecto a 2022 y 500 en comparación a 2021. El 92% de los denunciantes fueron mujeres (20% personal administrativo, 10% académicas y el resto estudiantes), mientras que en el perfil de los agresores encontraron 80.5% eran varones, 15.16% mujeres, 0.21% una persona transexual y no se tiene información del 4.13% restante (43% estudiantes y 23% fueron académicos).
Las relaciones académicas constituyen el principal escenario de conflicto con 380 casos: situaciones entre compañeros 66.05%, relación alumna-profesor 27.89% y profesoraalumno 4.21%.
El 82% experimentó entre 1 y 4 situaciones de violencia, el 5.19% entre 5 y 8 agresiones y el 0.10% enfrentó hasta 8 agresiones de violencia.
En los tipos de violencia reportados destacan 150 quejas por acoso, 53 por discriminación, 30 de violencia física, 31 quejas por hostigamiento sexual y 6 por sexting no consensuado.
En el entorno laboral, el acoso vuelve a ser la principal manifestación de violencia (41 casos), seguido de cerca por la discriminación (32 casos). El hostigamiento sexual se registró en 18 casos, la violencia física en 7, y el sexting no consensuado en 1 caso.
Ante los casos recibidos, el 51.33% de los casos se implementaron medidas precautorias para proteger a las personas afectadas. Por otro lado, en el 48.67% restante no se aplicaron.
De acuerdo con el informe, los datos evidencian que, pese a los esfuerzos de la UNAM para atender la violencia de género, el problema estructural persiste y se diversifica. Existen patrones recurrentes, por ejemplo, la violencia se concentra en espacios académicos en relaciones entre compañeros o alumno-profesor en el 48.6% de los casos y los principales afectados don estudiantes (63% al 69&) seguido por trabajadoras administrativas (15% al 20%).
Los resultados del protocolo son limitados, solo entre el 51.33% y 76% de los casos se aplicaron medidas restaurativas y en el 5.29% de los casos
las personas reportaron entre 5 y 9 agresiones: «Estas cifras no solo reflejan la urgencia de fortalecer la respuesta institucional, sino también el valor de las denunciantes, quienes, al romper el silencio, exponen una realidad históricamente invisibilizada y en la mayoría de los casos, son victimizadas y sufren incluso hostigamiento de sus pares al denunciar», apunta el informe.
Caso UACH
En 2021, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) la violencia de género contra mujeres en el ámbito escolar incrementó, por lo que se denunció que en el estado falta una política educativa de prevención, investigación, sanción, reparación del daño y erradicación de la violencia de género. Por ello, la Red de Profesoras Universitarias de Chihuahua acompañó y dio seguimiento desde la primera queja presentada ante la Defensoría de Derechos Universitarios de la UACH.
Los docentes y personal administrativo fungieron como «enlaces» de la Unidad de Género en cada facultad para la atención a las víctimas de violencia de género, pero al no contar con capacitación necesaria para atender las quejas muchas víctimas fueron revictimizadas abandonando sus denuncias. En consecuencias, muchas desertaron de sus estudios o tuvieron afectación en su desempeño académico, su proyecto de vida y su salud física y mental.
Dos facultades fueron señaladas, la primera fue la Facultad de Artes cuando en 2019, 23 alumnas firmaron una queja contra un profesor por acoso sexual, 5 de ellas interpusieron una queja ante la Defensoría de la UACH. También huno un caso de violación sexual por el profesor señalado que fue reconocido gracias a un testimonio, aunque este último no tuvo seguimiento institucional.
En respuesta, en 2023 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua emitió la recomendación 5s.1.2.247/2021, en la que se sugiere la inmediata reparación del daño a las víctimas, sancionar al responsable y medidas para la no revictimización de las estudiantes de esta facultad; sin embargo, la UACH no localizó a las víctimas desde que se presentaron las denuncias en la Defensoría.
Por otro lado, en algunas carreras afines al área de salud donde las mujeres realizan su Internado de pregrado, Servicio Social o Residencias médicas -en dependencias externas a la universidad- en los tres niveles se registró acoso, así como hostigamiento sexual y laboral. Esto pone a las estudiantes en una situación precaria y de indefensión, ya que las autoridades no asumen la responsabilidad para atender los casos.
Wendy Rayón Garay
LA MIRADA EXTERNA SOBRE LA REFORMA JUDICIAL
Olga Pellicer
Ha corrido mucha tinta sobre las elecciones del Poder Judicial del 1 de junio. Hemos leído y escuchado múltiples opiniones sobre el futuro que se avecina para la impartición de justicia en México. Los hechos que mayormente han llamado la atención son, en primer lugar, la baja participación. El escaso 12.7% de votantes registrados despierta dudas sobre la legitimidad de un proceso que no logró conquistar el interés de “el pueblo” a nombre del cual se decidió llevarlo a cabo.
Por otra parte, se han expresado dudas sobre el grado de injerencia del grupo en el poder en la selección de candidatos. Tales dudas se confirman al irse conociendo los nombres de quienes ocuparán puestos en la Suprema Corte, o en Tribunales con gran poder, como el de Disciplina Judicial. Los nombres de los ganadores coinciden con los aparecidos en los “acordeones” atribuidos a diversos círculos oficiales y distribuidos entre los votantes cercanos a la 4T.
Ahora bien, poco se ha comentado sobre la mirada internacional y sus implicaciones para el futuro de la vida económica y política del país. La mirada de la prensa internacional fue consistentemente crítica a la reforma judicial. Baste una breve revisión de los artículos aparecidos en la prensa europea, El País, Financial Times, The Guardian, The Economist, entre otros, o los artículos aparecidos en la prensa estadunidense como The New York Times o The Washington Post.
La opinión del consejo editorial del Post es quizá la que mejor sintetiza el significado de la elección judicial. El diario destaca las opi-
niones de reconocidos especialistas en temas electorales, según las cuales votar por jueces pone en riesgo su independencia e imparcialidad. “Consideraciones políticas fácilmente adquieren prioridad sobre los méritos de un candidato”.
Reconociendo que el sistema de justicia en México requiere ser revisado y fortalecido, el editorial considera que votar por jueces no hará mucho para resolver los problemas. Lo que sí logrará es “eliminar el último control que quedaba para contener al Poder del Ejecutivo”.
El cambio que viene en México conlleva una advertencia que no se puede ignorar: “La independencia judicial es esencial para la salud de una democracia”. (Washington Post 30/05/ 20025.)
De los numerosos observadores electorales que vinieron a informar sobre la elección, el que presentó un documento más elaborado y riguroso fue el de la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por el conocido estadista, académico y excanciller chileno Heraldo Muñoz.
Analizando el desarrollo de la elección, los observadores identificaron debilidades a lo largo de todo el proceso que fueron consignadas en su informe. Brevemente resumidas, sus propuestas para superar tales debilidades se refieren a: establecer un marco normativo claro y detallado para todo el proceso de elección, incluyendo criterios de elegibilidad y sobre todo de evaluación técnica; asegurar que todos los postulantes pasen por exámenes técnicos anónimos y estandarizados; evitar la participación de órganos de control político directo en las evaluaciones de idoneidad; incorporar mecanismo de audiencias
públicas; designar un único órgano técnico e independiente responsable de verificar la idoneidad y elegibilidad de los candidatos.
En sus consideraciones finales, el informe hace notar que fue un proceso electoral sumamente complejo, inédito y polarizante. Sin embargo, el análisis de la experiencia deja en evidencia que existen múltiples oportunidades de mejorar.
Se invita entonces a las autoridades electorales y órganos políticos a considerar las recomendaciones formuladas para fortalecer todas las etapas del proceso, corregir las deficiencias actuales y garantizar la sostenibilidad de las decisiones adoptadas. La misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se repita para otros países de la región.
La mirada crítica reseñada en líneas anteriores produjo verdadera indignación a la presidenta Claudia Sheinbaum y al canciller Juan Ramón de la Fuente. La presidenta, a más de considerar que la Misión de Observadores no tenía atribuciones para opinar sobre el régimen que el pueblo de México elija, aprovechó su recorrido de fin de semana por el estado de Morelos para preguntar a los asistentes a un mitin si preferían la designación de jueces por una minoría, como ocurría en el pasado, o el modelo actual en que los elige el pueblo. El apoyo al modelo actual fue unánime.
El canciller De la Fuente envío una carta al recién electo secretario general de la OEA recordando, entre otros puntos, que en el artículo 3 de la Carta Constitutiva de la OEA “se establece claramente el derecho de cada Estado a elegir sin injerencias externas su sistema económico, político y social” (La Jornada, 8 de junio 2025).
Semejantes opiniones no toman en cuenta dos hechos importantes: por una parte, la importante evolución que desde finales del siglo pasado se dio en el seno de los organismos multilaterales al comprometerlos profundamente con la promoción y supervisión de procesos electorales y desempeñar un papel central en la promoción y defensa de la democracia. La creación de la Oficina de Asistencia Electoral en la ONU y la firma de la Carta Democrática Interamericana en la OEA son buenos ejemplos de ello. Es poco afortunado que México entre en conflicto con el nuevo secretario general de la OEA, distanciándose de las labores de la organización y acercándose, implícitamente, a posiciones similares a las de Cuba y Venezuela. Esto, cuando se quiere promover a México como “la mejor democracia del mundo”.
Más allá de enfrentamientos diplomáticos, la reforma judicial tiene implicaciones para dos temas de gran interés para México: la llegada de inversiones extranjeras, reticentes a confiar en el Estado de derecho en el país y la renegociación del T-MEC; en efecto, el tratado requiere tribunales independientes para resolver las disputas que se presentan.
Es muy pronto para aquilatar lo que mejore o empeore en la impartición de justicia en México los próximos años. En todo caso es deseable que no se descarten las opiniones provenientes de voces externas. En primer lugar, ellas influyen enormemente sobre la imagen de México en el mundo; en segundo, pueden contribuir a superar deficiencias que no deben repetirse en la segunda etapa de la elección judicial en el 2027.
BRACEROS Y MIGRANTES MEXICANOS,
INDISPENSABLES
José Gil Olmos
PARA EU
Desde la Segunda Guerra Mundial los trabajadores mexicanos se convirtieron en una pieza clave para la economía de Estados Unidos. En ese entonces el gobierno norteamericano realizó un programa emergente de empleo debido a que millones de sus ciudadanos fueron enviados al frente de batalla, dejando vacíos los trabajos que realizaban. Entonces contrataron a trabajadores mexicanos llamados “braceros” porque ofrecieron sus brazos de trabajo para efectuar las labores que habían dejado los ciudadanos hechos soldados en el fragor de la guerra. Aunque desde finales del siglo XIX y principios del XX ya había por lo menos dos olas de trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos –la primera de 10 mil y la segunda de 60 mil–, como lo señala el antropólogo Jorge Durand, el acuerdo firmado en 1942 por los presidentes Franklin D. Roosevelt y Manuel Ávila Camacho, significó una ola de 5 millones de mexicanos que llegó a Estados Unidos a realizar labores en el campo y ciudades, así como en fábricas o mantenimiento de vías férreas. Mi padre José fue uno de ellos.
Este programa de empleo oficial, es decir, amparado por el gobierno de Estados Unidos, duró hasta 1964, esto es, cuando la economía de
ese país comenzó a recuperarse de los gastos de la guerra. Desde entonces la mano de obra de los mexicanos, los braceros en principio hoy migrantes, han sido piezas fundamentales en la economía estadunidense, generando riqueza y ocupando las arduas y agotadoras labores que los ciudadanos de ese país no quieren realizar. El trabajo de los migrantes mexicanos ha sido un ganar ganar, tanto para México como para Estados Unidos.
Para nuestro país, en un estimado calculado con base en datos del Banco de México, ha significado el ingreso de más de 350 mil millones de dólares, siendo el principal ingreso de capital del extranjero al país, ingreso que se va a las familias más necesitadas y con lo cual le quitan un peso de encima al gobierno en turno.
Pero también las finanzas norteamericanas se ven beneficiadas por los trabajadores mexicanos legales e ilegales que radican en aquel país.
“Con cifras se puede mostrar que los mexicanos no somos delincuentes”, pues las trabajadoras y trabajadores, sin importar su estatus migratorio, aportan “324,000 millones de dólares al año a la economía de Estados Unidos”, dijo en marzo del año pasado Alicia Bárcena Ibarra, extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). De acuerdo con la funcionaria, dicha cifra es mayor
al Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia. Además para dimensionar la importancia laboral de las personas migrantes indicó que “de cada 10 trabajadores agrícolas, siete son mexicanos”.
Golpear a los trabajadores migrantes mexicanos es golpear las economías mexicana y estadunidense. De ahí que nadie gana con la idea de deportar a miles de connacionales que viven y trabajan en territorio estadunidense. Actualmente la población mexicana constituye la mayor proporción de inmigrantes en Estados Unidos. Son más de 37.3 millones, de las cuales 26.7 son de primera, segunda y tercera generación, más de 10.6 millones nacieron en México, y de esa cantidad, 5.3 millones tienen un estatus migratorio irregular, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Por cierto... los reclamos de empresarios de la agricultura, ganadería, minería, comercios, hotelería y restauranteros estadunidenses ya surtieron efecto. Las redadas ya afectaron a estas áreas de la economía de ese país. Más de dos millones de mexicanos se ocupan de estos sectores básicos del campo y la ciudad, otros dos tantos en la construcción y minería, mientras que en las manufacturas emplean a más de 800. Muchos de esos quienes detuvieron ocupan esos espacios y otros, por miedo, ya no van a trabajar.
PUEBLA: ¿CENSURA DIGITAL?
En Puebla, se han aprobado reforma al Código Penal de esa entidad federativa para, supuestamente, combatir ciberdelitos. El discurso suena moderno: proteger a las personas frente a nuevas violencias propias del ecosistema virtual. Pero el contenido revela otra cosa. No es el “qué” lo que preocupa, sino el “cómo”. Especialmente cuando el poder estatal ha sido acusado de estigmatizar, perseguir y presionar a periodistas críticos —como Rodolfo Ruiz, director de e-consulta— con frases que harían ver moderado al propio expresidente López Obrador (https://acortar.link/tFxOHa). Lo que hay detrás es inquietante: una forma de gobernar que socava la palabra pública empobrece el debate y avanza hacia el control autoritario. Veamos. Primero. Uno de los ejemplos más graves es el nuevo tipo penal de ciber asedio. Según el código penal poblano: Se castigará a quien, usando tecnologías de la información y la comunicación, insulte, ofenda o agreda de forma reiterada a otra persona, provocándole un daño en su integridad física o emocional. La redacción es deliberadamente ambigua. No aclara cuántas veces debe repetirse la conducta, ni en qué plazo. No distingue del servidor público del común de los gobernados. No define qué es una “ofensa” ni cómo se mide un “daño emocional”. Así, cualquier expresión crítica puede ser interpretada como acoso. ¿Un meme? ¿Un hilo de X? ¿Una crítica dura a un funcionario? Bajo esta norma, todo cabe. En realidad, apunta a perseguir la disidencia. Y lo hace en un contexto donde el
gobierno estatal hostiga abiertamente a periodistas críticos. No es coincidencia. Es estrategia. Una ley imprecisa en manos del poder político se convierte en su herramienta favorita. La sátira, la denuncia y la disidencia quedan al borde del delito. Y con un gobernador como Armenta que ha puesto de relieve la intolerancia como conducta, el impulso emocional sobre la razón y la improvisación sobre el método y proyecto, una normatividad imprecisa siempre es peligrosa. Cuando el poder la usa para silenciar, se vuelve letal para la democracia. Además, el ciberespacio no tiene fronteras. Una publicación puede originarse en Puebla, circular por servidores en Irlanda y visualizarse en cualquier parte del mundo. Ninguna ley local tiene fuerza en esa dinámica global.
Segundo. Merece señalar que la reforma hecha al código penal de Puebla es notoriamente inconstitucional, a la luz de las siguientes consideraciones:
a) El artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución federal exige taxatividad: las penas solo pueden aplicarse con base en leyes claras y exactas. Esta norma no lo es. No hay margen de interpretación. En lugar de proteger, castiga. En lugar de prevenir, intimida. En lugar de poner límites al abuso, lo institucionaliza.
b) Invade competencias federales, pues el artículo 73, fracción XVII de la Carta Magna dispone que corresponde al Congreso de la Unión “dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet…”.
c) El artículo 6º constitucional dispone el acceso universal a Internet y deja a la Federación la puesta en marcha de este reciente derecho fundamental.
d) El artículo 1º de la Constitución Federal impone a todas las autoridades, en su ámbito de competencia, el principio pro persona (Interpretar la norma que más beneficie al gobernado), la interpretación conforme ( Que las decisiones no sólo sean compatibles con la Constitución sino con el derecho convencional, incluyendo las sentencias de la Corte IDH) y la progresividad de los derechos humanos. Ninguno fue observado por el Congreso poblano. Además, el Estado de Puebla no tiene ni la competencia jurídica ni la capacidad técnica para aplicar lo que ha aprobado. No puede exigir datos a plataformas como Meta, X o TikTok. No cuenta con infraestructura forense digital. Entonces, ¿qué efecto real tiene esta legislación? Jurídicamente, casi ninguno. Pero políticamente, mucho, en la esfera local que parece ser el ámbito de interés de quienes diseñaron esa reforma.
Tercero. A nivel internacional, no existe consenso sobre cómo tipificar el ciberacoso penalmente La Convención de Budapest sobre Ciberdelincuencia —el principal tratado internacional en la materia— no lo incluye como figura autónoma. Se enfoca en delitos como el acceso ilícito, la interceptación de datos y la falsificación informática. La Unión Europea, a través de su Digital Services Act (DSA), no crea tipos penales. Su enfoque es distinto: regula la transparencia algorítmica, impone deberes de diligen-
cia a las plataformas, y protege al usuario de forma estructural, sin criminalizarlo. Y también, como es lógico, ningún estado o comunidad autónoma tiene facultades para legislar sobre la materia y en todos los casos es atribución nacional o federal y ninguno tiene la figura del ciber asedio. La legislación poblana rompe esos principios. Permite perseguir al que use un seudónimo, acusándolo de “usurpación de identidad”. Permite castigar al que difunda documentos filtrados de interés público, bajo el tipo de “espionaje digital”. Y convierte en delito el cuestionamiento insistente a la autoridad, etiquetándolo como “ciber asedio”. Un activista que denuncia corrupción puede ser acusado de tres delitos distintos por una sola acción. Un periodista que escribe con pseudónimo puede ser criminalizado solo por protegerse. Un ciudadano que protesta puede ser silenciado legalmente. Y todo esto bajo una ley que no protege. Controla. Fiscales bajo presión. Jueces sin autonomía. Esto no es derecho. Es castigo con ropaje legal. Una ley pensada no para defender derechos, sino para castigar a quienes incomodan.
En suma, Puebla no legisla para proteger. Legisla para controlar. El discurso contra los ciberdelitos es solo apariencia. Detrás hay una ley pensada para castigar al disidente, no al delincuente. No hay respeto por la Constitución. No hay comprensión del entorno digital. No hay tolerancia a la crítica. Esto no es una reforma penal ajustada a derecho. Es una advertencia. Y frente a eso, guardar silencio no es neutralidad: es rendición.
Ernesto Villanueva
EL GOBERNADOR…
Francisco Ruiz Zuart.
¿Atropella derechos políticos de las mujeres chiapanecas?
¿Imita a exgobernadores de otros Estados del país?
¿Discrimina, abusa del poder?
Es un derecho y obligación de los ciudadanos chiapanecos decir al gobernador que sea, aquello que se mira mal, eso que es contradictorio a lo que pregona, aquello que puede constituir un comportamiento abusivo en el ejercicio del poder…, por el bien de él y del pueblo de Chiapas…
Mantenerse callado y en ocasiones hasta complaciente, explica mucho de las problemas críticos, constantes y recurrentes en Chiapas, que hoy se padecen y parecieran no tener remedio… Tienen solución, pero demandan la participación de las mujeres y los hombres del Estado. Se pueden superar, pero para ello es necesario buscar la manera correcta de participar decisivamente, sin temores, con razonamientos juiciosos, con propuestas fundadas y claras, y con el acompañamiento debido, que asegure buenos resultados comunes…
Las personas no debemos de tener miedo de decir lo que pensamos y los gobernantes, se tienen que acostumbrar a escuchar la palabra NO COMPRADA, el pensamiento NO SOMETIDO, la reflexión que no busca CARGOS POLÍTICOS O ADMINISTRATIVOS… No todos, todas aquellas que exponen sus razonamientos públicamente, sin esconder su nombre y haciéndolo en el tono necesario, CON RESPETO pero sin adular, buscan el dinero público o el cariño de la autoridad, NO, se hace e insiste para que el gobernante voltee y escuche, razone y modifique su actitud irresponsable o abusiva, frívola o en definitiva, fuera de la ley…
Y AHORA ¿por qué iniciar con esta letanía?
Porque el gobernador de Chiapas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, parece intentar lo que otros gobernadores en otros Estados del país, han logrado hacer con sus familiares: de la nada, sin ningún
mérito y la madera social suficiente, de la noche a la mañana les hacen “políticos”, aunque muestren una personalidad pobre y antipática, soberbia y embustera, frívola e insensible…
Manlio Fabio Beltrones del Estado de Sonora, Félix Salgado Macedonio de Guerrero, los Monreal Ávila de Zacatecas, Murat de Oaxaca, Cervera Pacheco de Yucatán, González Blanco en Chiapas, Yunes en Veracruz, Yarrington en Tamaulipas…, entre tantos otros, CON TODOS LOS RECURSOS PÚBLICOS y por decisión propia, SIN NINGUNA OPINIÓN del pueblo, atropellando los derechos políticos de mujeres y hombres, han hecho de sus hijos: líderes sociales, diputados, senadores, gobernadores, funcionarios públicos de primer nivel…
¿Y?
Y que desde la campaña política del hoy gobernador Óscar Eduardo Ramírez Águilar, trae ya PLACEANDO a su hija y en las semanas recientes, lo viene haciendo con mayor intensidad, abiertamente y sin medir los riegos políticos y administrativos que para ella y él implican…
Jazmín Ramírez Espinoza, JAZZ para sus íntimos, hija del gobernador, está en todo su derecho de aspirar a un cargo público, pero no apoyada en los recursos posibles desde el Estado…
De un mes para otro, sin mediar ningún procedimiento democrático, el año pasado ya fue nombrada “Líder Femenil” en Chiapas y hoy, ya se le ve al frente y junto a su papá: entregando insumos a campesinos; recibiendo y abrazando a miembros de la comunidad LGBTTYQ y aprovechando cualquier motivo para promover y proyectar su imagen a la sombra del poder que detecta el gobernador Ramírez Aguilar…
En municipios y regiones del Estado de Chiapas, existen jóvenes mujeres activistas sociales, profesionistas con grados y postgrados, con ánimos y merecidos reconocimientos para ser promovidas y
proyectadas políticamente ¿por qué no se les da una y las necesarias oportunidades a ellas? ¿Por qué se atropellan sus derechos políticos?
A todas las mujeres de Chiapas hay que garantizarles plenamente sus derechos, sin ambigüedades, sin artimañas y en IGUALDAD de circunstancias…
Más allá de la organización de mujeres entregadas y caminando junto al poder, existen muchas otras mujeres luchadoras por el medio ambiente, por los derechos plenos de las mujeres, mujeres madres e hijas buscadoras de familiares, mujeres denunciando y exigiendo justicia por feminicidios…, mujeres luchando por medicamentos para sus hijos con cáncer…, mujeres y hombres organizados demandando JUSTICIA Y RESPETO por la violencia laboral, violencia contra las mujeres, acoso sexual… en la Fiscalía General del Estado de Chiapas…
Por doquiera encontramos a MUJERES DIGNAS, activistas de tiempo completo, profesionistas destacadas, valientes y valiosas mujeres que MERECEN un cargo de REPRESENTACIÓN POPULAR de a deveras… No se debe impedir el derecho que ya tienen ganado… No se les debe de IMPONER liderazgos inexistentes, hechos con espuma y sostenidos con recursos públicos…
Ah! En la historia de Chiapas, no se recuerda a un exgobernador placeando y promoviendo políticamente, sin ningún recato, a alguna de sus hijas…
Con todo respeto:
Gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, MADRUGAR implica riesgos imprevisibles, innecesarios para la familia, para el gobernante y más, para las mujeres y los hombres con sus derechos políticos vigentes…
Gobernador, aquellos que callan ante hechos de esta naturaleza, no son tus amigos, ni tus asesores, NO SON CONFIABLES… Te tienen miedo, no respeto; no te cuidan a ti, cuidan su jugoso salario…
INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA
CONTRA PODER EN CHIAPAS
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DECLARACIÓN
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INFORME
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REPORTE
Localizan sin vida a servidor de la nación en Chenalhó; presumen
Desmantelan en Veracruz inmueble utilizado como refinería y aseguran 500 mil litros de “huachicol”
Autoridades federales catearon este miércoles un inmueble en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, que operaba como una refinería clandestina, y recuperaron más de 500 mil litros de crudo.
Jueza: fue legal la compra de Pegasus; rechaza vincular a proceso a exoficial mayor de PGR
