El conflicto con los normalistas de Mactumactzá escaló a nivel nacional con el bloqueo que realizan en el cruce de las avenidas de Insurgentes y Reforma en la Ciudad de México. PAG. 2
D O X A
La UNACH y el espurio rector Oswaldo Chacón ya rompió récord de firma
Sólo le falta firmar convenio con los vendedores de pozol, de empanadas y tacos y con los vendedores indígenas que cargan sus cangureras por toda la ciudad.
En un claro ejercicio de cómo conciben la responsabilidad social universitaria.
Los inconformes exigieron justicia por la muerte de Jesús Alaín, un estudiante de Licenciatura en Educación Primaria, quien falleció a causa de un presunto homicidio ejecutado con disparo en la cabeza durante una manifestación, el pasado 15 de mayo
Arranca operativo bilateral ChiapasTabasco para combatir el dengue
LLAMADO SCLC se alista para celebrar Corpus Christi con fervor religioso
Los muertos de la Nueva Era
El conflicto con los normalistas de Mactumactzá escaló a nivel nacional con el bloqueo que realizan en el cruce de las avenidas de Insurgentes y Reforma en la Ciudad de México. Un problema que era local trascendió a nivel nacional por el mal manejo político del gobierno con los estudiantes, quienes, en un principio, en una mesa de negociación con funcionarios de la secretaría de educación solicitaron el apoyo de 10 vehículos para movilizar a los 600 estudiantes de la normal en apoyo a la marcha de maestros, acordaron que si se los proporcionaban y finalmente solo les mandaron uno; este incumplimiento del acuerdo originó que estudiantes salieran a secuestrar autobuses y en este operativo tuvieron el enfrentamiento con elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. Este incumplimiento por parte de la secretaría de educación, tiene como consecuencia un coste mayor, a punto tal que en todos los medios nacionales los normalistas acusan al gobierno de Eduardo Ramírez de haber asesinado a un estudiante, en el que exigen justicia.
El golpe mediático de este bloqueo en la Ciudad de México, pone al gobierno de Chiapas en la misma condición de represión de gobiernos que le precedieron, y además los obliga por circunstancias nacionales a implementar en la Ciudad de México una mesa de negociación, en el que se va a tener que conceder en peticiones de un pliego de peticiones con un costo superior al alquiler de los 10 autobuses que funcionarios les negaron y que además le costó la vida a un estudiante de la escuela normal de Mactumactzá.
La falta de perspectiva política en funcionarios de la secretaría de educación se evidencia cuando se concentraron en llegar a un acuerdo con el padre del estudiante presuntamente asesinado, perdiendo de vista que esta negociación no iba a impedir la movilización de los normalistas, que buscarían movilizarse en el ámbito nacional y que iban a buscar la solidaridad de las otras 16 escuelas normales rurales del país, como en realidad está sucediendo. Situación que va a obligar a la fiscalía del Estado a hacer pública la necropsia y todos los vídeos que captaron las imá -
genes de la persecución policial a los estudiantes e inclusive a exhumar el cadáver y realizar una nueva necropsia por otro grupo de especialistas, para dejar satisfechos a los estudiantes y garantizar a la sociedad la transparencia de los sucesos, particularmente por las mentiras difundidas por la secretaría de seguridad quien manifestó que estos estudiantes participaron en el enfrentamiento con los pakales y que en la camioneta en la que huyeron llevaban a tres elementos de la policía secuestrados y que en la persecución accidentalmente se cayó el estudiante de la góndola de la camioneta y lamentablemente falleció al estrellar su cuerpo con el asfalto, situación que es totalmente falsa.
Los estudiantes que fueron perseguidos por los pakales no participaron en el enfrentamiento y mucho menos llevaban secuestrados a policías, ellos salieron de la escuela normal y los pakales los empezaron a perseguir y realizaron disparos aplicando un uso excesivo de la fuerza, el estudiante cayó porque recibió un impacto en la cabeza y parte de la masa encefálica quedó en
la camioneta, lo que significa que no fue un accidente sino un presunto homicidio y la secretaría de seguridad estaba obligada a realizar una prueba de rodizonato de sodio a los elementos policiales que participaron en la agresión para deslindar responsabilidades e identificar a los posibles responsables, sin embargo el secretario Óscar Aparicio en un vídeo habló de un lamentable accidente, en una clara protección a los elementos policiales.
Todo este mal manejo de este conflicto tiene al gobernador del Estado en una situación de responsabilidad y en la memoria de los estudiantes, que se reproduce como parte de la historia de las agresiones del Estado a los normalistas de Mactumactzá, Eduardo Ramírez va a ser recordado como el responsable del presunto homicidio de un estudiante. Por eso el más interesado en que se conozca la verdad de los hechos debe ser el mismo gobernador y los responsables deben ser vinculados a proceso para que se haga justicia y si de estas investigaciones se determinan responsabilidades y omisiones, los funcionarios tienen que ser castigados, caiga quien caiga.
Normalistas de Chiapas bloquean por más de 24 horas Insurgentes y Reforma; acusan al gobernador
Ximena Arochi
CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Se cumplieron más de 24 horas del bloqueo de estudiantes de la Escuela Rural Normal “Mactumactzá” de Chiapas sobre la avenida Insurgentes y su cruce con Paseo de la Reforma, para señalar al gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, como asesino de estudiantes. Los inconformes exigieron justicia por la muerte de Jesús Alaín, un estudiante de Licenciatura en Educación Primaria, quien falleció a causa de un presunto homicidio ejecutado con disparo en la cabeza durante una manifestación, el pasado 15 de mayo.
El bloqueo ha generado afectaciones importantes a la movilidad en uno de los cruces más transitados de la capital mexicana, obligando a usuarios del Metrobús a caminar varios tramos debido al cierre de estaciones. A pesar de la magnitud de la protesta y de las acusaciones directas contra el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, las autoridades federales y estatales no han dado respuesta, ni se han pronunciado sobre los señalamientos por la muerte del estudiante, lo que ha prolongado la presencia de los manifestantes en el lugar.
Este miércoles 4 de junio, el Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantuvo informada a la población capitalina, en su cuenta de X, sobre la presencia de los estudian-
Sin
Los inconformes exigieron justicia por la muerte de Jesús Alaín, un estudiante de Licenciatura en Educación Primaria, quien falleció a causa de un presunto homicidio ejecutado con disparo en la cabeza durante una manifestación, el pasado 15 de mayo
tes que llegaron a bloquear el cruce del Paseo de la Reforma, en ambos sentidos de la avenida Insurgentes, desde el pasado 3 de junio.
Las protestas ocasionaron el cierre de las estaciones Reforma y Hamburgo en la Línea 1 del Metrobús, por lo que los usuarios tuvieron que caminar sobre las vialidades mencionadas para llegar a sus destinos, desde la estación Glorieta de Insurgentes, hasta Plaza de la República.
Como parte de su manifestación, los estudiantes colocaron mantas de un extremo a otro de la avenida Insurgentes, en ellas escribieron las consignas: “Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador del estado de Chiapas, asesino de estudiantes, 15 de mayo”, “Mactumactzá exige solución” y “La justicia no se compra ni se vende, se busca y se defiende”. También levantaron carpas negras, casas de campaña y estructuras
improvisadas, con las que advierten al Gobierno local y federal que no liberarán las avenidas hasta entablar un diálogo con las autoridades correspondientes.
Al cierre de esta publicación, ni la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encabezada por Rosa Ícela Rodríguez, ni el gobernador de Chiapas, se han pronunciado sobre un acuerdo o los señalamientos de represión que difundieron los estudiantes.
fecha para el retorno a clases por paro de la CNTE
Hasta el momento no hay fecha para término del paro laboral por parte de los maestros de la CNTE así como del regreso a clases.
Isael González Vázquez secretario general de la Sección 7 recordó que las peticiones son: la abrogación de la Ley del ISSSTE -heredada de Felipe Calderón- y la abrogación de la Reforma Educativa
En este sentido acusó que: “No se resuelve las demandas justas que tenemos como magisterio movilizado, no es ninguna respuesta favorable de este gobierno que nos llama al diálogo y que nos denosta”.
Cabe precisar que desde el 15 de mayo, maestras y maestros adscri-
tos a la Coordinadora, iniciaron sus protestas en la capital del país, han realizado toma de casetas de peaje, bloqueos de las avenidas principales de la CDMX, toma de dependencias gubernamentales, protestas en Palacio Nacional, en donde agredieron a medios de comunicación, constantes marchas, y un plantón en el Zócalo, que ha dejado pérdidas millonarias.
Ante la petición del 100 por ciento de incremento salarial, la presidenta les ofrece el 10 por ciento, también piden plazas automáticas para normalistas sin ningún tipo de examen, exigen que la edad mínima para jubilarse sería de 56 años para las mujeres y 58 años para los hombres, independientemente de su antigüedad en el servicio.
Manuel Jiménez. Tuxtla Gutiérrez.
Eduardo Ramírez impulsa educación con nueva infraestructura en el Cobach 234 Plan de Ayala
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Al inaugurar infraestructura educativa y entregar equipamiento en el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Plantel 234 Plan de Ayala, de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reafirmó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de brindar a las y los jóvenes espacios dignos y las herramientas que les permitan construir un mejor futuro.
Durante su recorrido por las nuevas aulas y áreas recreativas, el mandatario convivió con estudiantes, docentes y personal directivo. Exhortó a la juventud a mantenerse alejada de malas influencias, continuar con sus estudios de nivel medio superior y universitario, y convertirse en actores del desarrollo y bienestar de Chiapas.
“Mejorar una institución educativa representa apoyar a las juventudes. Me gusta estar con las y los estudiantes porque me inspiran con su entusiasmo, energía y sus sueños. Les pido que elijan una carrera profesional que les apasione y que estudien con la convicción de servir al pueblo de Chiapas. Siempre estaré al lado de la juventud”, expresó.
Por su parte, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos
De la Redacción Reforma, Chis. (Tribuna)
En un hecho histórico para la salud pública de la Región Sureste del país, los estados de Chiapas y Tabasco dieron el banderazo bilateral de inicio de acciones intensivas contra el dengue y otras arbovirosis.
Los secretarios de salud de Chiapas y de Tabasco, Omar Gómez Cruz y Alejandro Calderón Alipi, respectivamente, presenciaron la salida de la fuerza de tarea de las áreas de vectores de ambas entidades, cuya intervención beneficiará a alrededor de 600 mil personas de la zona limítrofe.
Ante el director de Enfermedades Transmitidas por Vectores del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, Fabián Correa Morales, y el presidente municipal de Reforma, Pedro Ramírez Ramos, los titulares estatales de Salud coincidieron en que existe un compromiso mutuo de ambos estados, que
El ataque se suscitó en la avenida 27 de Febrero, cerca del cruce con la avenida Gregorio Méndez Magaña, en la colonia Atasta de Serra. Los militares fueron baleados frente velatorio del DIF
Tabasco, cerca del 37 Batallón de Infantería de la 30 Zona Militar
Ildefonso Jiménez Trujillo, informó que en este plantel se realizó una inversión superior a los 11 millones 100 mil pesos, destinada a la construcción de seis aulas didácticas, cancha de usos múltiples, servicios sanitarios, obra exterior, instalación de red eléctrica e hidrosanitaria, así como la dotación de mobiliario escolar.
Miguel Prado de los Santos, di -
rector general del Cobach, destacó que, gracias a la visión humanista de esta administración, las y los alumnos de este plantel ahora cuentan con espacios adecuados y equipados que fortalecen el proceso educativo, ya que antes tomaban clases en condiciones poco favorables.
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres
Culebro, subrayó que el Cobach ahora luce renovado, con condiciones significativamente mejoradas y una transformación evidente que representan la estrategia del gobernador Eduardo Ramírez, quien ha colocado a la juventud en el centro de su política pública, reconociéndola no solo como el futuro, sino como el presente de Chiapas y de México.
La directora del plantel, Mónica Sisa Guillén Albarraz, agradeció al gobernador por impulsar este proyecto, que calificó como un acto educativo más que una obra de infraestructura. Señaló que la educación representa hoy un camino hacia una vida digna y un empleo con sentido.
Visiblemente emocionada, la estudiante Juliette Aylín González Pérez, del sexto semestre, agradeció en nombre de la comunidad estudiantil la entrega de estas aulas, que simbolizan nuevas oportunidades para aprender, crecer y desarrollar su potencial en un entorno seguro y motivador. Refrendó el compromiso del alumnado de cuidar las instalaciones y dar lo mejor de sí en su formación.
Arranca operativo bilateral ChiapasTabasco para combatir el dengue
servirá de ejemplo a nivel nacional. Controlar y prevenir la proliferación del vector en áreas de alta concentración de personas, realizar investigación entomológica en áreas de riesgo para optimizar las estrategias de control y fortalecer la educación y sensibilización de la población sobre la prevención de las arbovirosis, son los ejes de trabajo acordados entre los gobernadores Eduardo Ramírez, de Chiapas, y Javier May, de Tabasco. Para este operativo, las jurisdicciones sanitarias V de Chiapas y I Centro de Tabasco han dispuesto de más de 100 elementos pie tierra, siete motomochilas, seis termonebulizadoras portátiles, 13 vehículos, dos máquinas pesadas para nebulización espacial y una termonebulizadora pesada.
Docentes indígenas intensifican protestas en Chiapas como parte del paro nacional de maestros
de Las Casas.
Más de 500 docentes del Nivel de Educación
Indígena (NEI), agremiados a la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas del SNTE, anunciaron una serie de acciones de protesta en el marco de la huelga nacional que inició el pasado 15 de mayo.
Entre las actividades programadas se contempla una movilización masiva y bloqueos en puntos clave de la entidad. El jueves 5 de junio, los manifestantes se congregarán en la caseta de peaje de Chiapa de Corzo desde las 8:00 de la mañana, mientras que el viernes 6 llevarán a cabo un cierre total del kilómetro 46 en la autopista de cuota que conecta San Cristóbal de Las Casas con Tuxtla Gutiérrez, una de las vías más transitadas del estado.
Las protestas forman parte de la jornada estatal de lucha y buscan presionar a las autoridades para atender diversas demandas, entre las que destaca la derogación de la Ley del ISSSTE 2007. Los docentes también exigen una reforma al sistema de pensiones que garantice una jubilación justa, sin la utilización de UMAs ni Afores.
A través de un comunicado, la Coordinadora Regional del NEI
Yolanda Rodriguez/ corresponsal San Cristóbal de Las Casas.
La ciudad se prepara para una de las celebraciones más significativas del calendario católico, la festividad de Corpus Christi, que tendrá lugar el próximo jueves 19 de junio de 2025. Esta conmemoración, profundamente arraigada en la fe cristiana, resalta la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y será motivo de diversas actividades religiosas y culturales en toda la región.
El obispo de la diócesis local, Rodrigo Aguilar Martínez, exhortó a la comunidad católica a sumarse con devoción a los actos programados, que se desarrollarán tanto en la Catedral como en distintas parroquias del municipio y localidades cercanas.
“Se trata de una solemnidad que nos invita a renovar nuestra fe en Jesús presente en el Santísimo Sacramento. En la Última Cena, Cristo nos dejó la Eucaristía como signo de su entrega, y eso es lo que celebramos”,
Las protestas forman parte de la jornada estatal de lucha y buscan presionar a las autoridades para atender diversas demandas, entre las que destaca la derogación de la Ley del ISSSTE 2007. Los docentes también exigen una reforma al sistema de pensiones que garantice una jubilación justa, sin la utilización de UMAs ni Afores
hizo un llamado a docentes jubilados, trabajadores activos, campesinos y organizaciones sociales para
sumarse a la movilización. “Convocamos a las bases de la región a acudir a los puntos designados,
SCLC se alista para celebrar Corpus Christi con fervor religioso
manifestó el obispo.
Las actividades variarán de acuerdo con cada parroquia. Algunas organizarán procesiones por las calles con la presencia del Santísimo, mientras que otras se enfocarán en la celebración de la misa, manteniendo como eje central la adoración eucarística.
Además del aspecto religioso, la jornada incluirá una de las expresiones más dulces de la identidad local: la tradicional exposición de dulces típicos en el centro histórico. Más de 120 variedades artesanales, elaboradas por mujeres coletas, estarán disponibles como parte del ambiente festivo que envuelve esta celebración en San Cristóbal.
Finalmente, monseñor Aguilar Martínez reiteró su invitación a vi -
vir esta festividad con entusiasmo, respeto y recogimiento espiritual,
participando activamente en las actividades litúrgicas y comunitarias.
Yolanda Rodríguez/ corresponsal San Cristóbal
en respaldo a los compañeros que continúan en plantón en la Ciudad de México”, señala el documento.
Siguen choques armados en Culiacán y su zona rural
Aarón Ibarra CULIACÁN, Sin. (apro)
La zona serrana de Culiacán y la zona sur de la ciudad fueron escenarios de enfrentamientos armados, que hasta el momento no ha dejado bajas o heridos reportados.
El primer hecho se reportó en la zona serrana de la sindicatura de Imala, al norte oriente de la ciudad, con choques entre grupos antagónicos en las comunidades de Mezquitita y el Pozo.
Desde las primeras horas de la madrugada vecinos de estas comunidades dieron reporte al número de emergencia, pero las fuerzas federales no acudieron hasta entrada la mañana.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio a conocer que no hay reporte de bajas humanas o heridos durante estos enfrentamientos.
Y por la mañana, al sur de Culiacán, un convoy de la Guardia Nacional (GN) fue agredido a tiros por sujetos armados a bordo de un vehículo,
Octavio Martínez
PLAYA DEL CARMEN, QRoo. (apro)
En un hecho inédito, un juez federal de Quintana Roo ordenó la demolición de un edificio construido sin permisos en materia de impacto ambiental sobre la costa de Tulum, donde se buscó vender departamentos a costos millonarios mientras se ponía en riesgo la anidación de la tortuga marina.
Lo anterior se logró mediante una sentencia de amparo que ganó la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que el año pasado demandó a autoridades federales y locales por permitir la construcción del edificio Maiim, ubicado en bahía Solimán, a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal de Tulum y aledaño al Santuario de la Tortuga Marina Xcacel- Xcacelito, área natural protegida de jurisdicción estatal.
En Quintana Roo, debido al atractivo turístico de Cancún y la Riviera Maya, es común que particulares inicien la construcción de desarrollos inmobiliarios antes de obtener los permisos definitivos en materia de impacto ambiental.
En este caso, Maiim fue beneficiado con licencias municipales expedidas por el gobierno de Tulum, que preside el morenista Diego Castañón Trejo, y además de permisos
El primer hecho se reportó en la zona serrana de la sindicatura de Imala, al norte oriente de la ciudad, con choques entre grupos antagónicos en las comunidades de Mezquitita y el Pozo
lo cual desencadenó una persecución en la zona conocida como el Ranchito.
La persecución terminó con las patrullas de la GN chocadas debido
a que fueron dañadas por “ponchallantas”, lanzadas por los presuntos agresores en su huida sobre la avenida Huizaches.
De este evento tampoco se reportaron heridos ni bajas humanas, solamente tres patrullas dañadas por estos artefactos artesanales.
Juez ordena demoler un edificio en Tulum que pone en riesgo la anidación de tortugas marinas
estatales, señalados de irregulares, emitidos por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus).
Ante esto, la asociación civil DMAS, la misma que en 2022 ganó suspensiones contra el tramo 5 del Tren Maya, inició en agosto del año pasado un juicio de amparo contra estos actos que han puesto en riesgo a las tortugas marinas, especie que por estas fechas arriba a ese tramo costero a desovar.
Pese a los procesos legales, agentes inmobiliarios continuaron promocionando en internet Maiim como un desarrollo de lujo de cinco niveles frente al mar, con departamentos que costaban desde los 16 millones de pesos.
Luego de casi un año de juicio, tiempo en el que también intervino la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con una clausura que el promovente no acató, el Juzgado Quinto de Distrito emitió la sentencia a favor de DMAS que obliga a las autoridades federales y locales a no entregar ningún tipo de permisos a la empresa constructora de Maiim.
Además, subraya la sentencia de amparo, se deberá restaurar el sitio
en su estado base, es decir, demoler el edificio, el cual ya se encuentra prácticamente concluido y con algunos departamentos vendidos.
El promovente del desarrollo inmobiliario es la sociedad mercantil Promotora de Incentivos México que, aunque se encuentra en tiempo de impugnar la sentencia mediante un recurso de revisión, esto representa un gran paso para la defensa de los ecosistemas costeros en esta parte del país, dio a conocer DMAS.
“Esta es la sentencia que celebramos, es la sentencia que queremos que se replique, los quintanarroen-
ses han confiado en sus municipios en que, cuando se da una licencia, se cumple con todo, y nos estamos dando cuenta que no. Hoy en día todo Quintana Roo está sufriendo por grandes proyectos que no sirven para nada, no cumplen con la ley”, expuso Antonella Vázquez Cavedon, abogada fundadora de DMAS. La organización actualmente también lucha contra un desarrollo similar ubicado en la misma zona, de nombre Adamar Solimán, que se ha negado a acatar clausuras de la Profepa y suspensiones de juicios de amparo.
EU restringe visas a funcionarios centroamericanos por “explotación” de médicos cubanos
De la Redacción Ciudad de México (Tribuna)
Estados Unidos impuso restricciones de visas a funcionarios centroamericanos por la “explotación” de médicos cubanos mediante el “trabajo forzoso”, informó este martes el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, sin especificar a quiénes.
El gobierno cubano vende servicios a terceros países a través de las llamadas “misiones internacionalistas” que incluyen actividades médicas, las cuales según analistas representan la principal fuente de entrada de divisas para la isla.
El gobierno del presidente estadunidense Donald Trump tomó medidas “para imponer restricciones de visado a varios funcionarios gubernamentales centroamericanos y a sus familiares por su vinculación con el programa de trabajos forzados del régimen cubano”, afirma Rubio en un comunicado sin especificar a qué país o países se refiere.
“Los funcionarios son responsables de los programas de misiones médicas cubanas que incluyen elementos de trabajo forzado y explotación de trabajadores cubanos”, precisa.
El programa de exportación de mano de obra “enriquece al corrupto régimen cubano y priva a los cubanos ordinarios de la atención médica esencial que necesitan desesperadamente en su país”, añade.
Según Washington el objetivo es “apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad” y “la rendición de cuentas de quienes contribuyen a un sistema de trabajo forzado”.
Gloria Leticia Díaz
CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La absolución judicial del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “en realidad es una resolución contra la ‘verdad histórica’ de Jesús Murillo Karam”, sostuvo María Luisa Aguilar Rodríguez, subdirectora del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Aguilar Rodríguez fue entrevistada por Proceso luego de conocerse la sentencia el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, por la que se ratifica la absolución a Abarca Velázquez, contra la que el Centro Prodh había promovido un amparo como representante de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos. Explicó que, durante la gestión de Murillo al frente de la Procuraduría General de la República (FGR), se procesó a Abarca y a otras 18 personas, entre ellas al exjefe de la Policía Preventiva de Iguala, Felipe Flores Velázquez, “por el secuestro de los estudiantes, es decir, es la acusación de la ‘verdad histórica’, es la causa penal 66/15, que se consignó a
Rubio exhorta a otros países a seguir sus pasos.
México ha contratado a miles de médicos cubanos
Sin embargo, el 1 de septiembre de 2024 el propio Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno contrató a más de 5 mil médicos cubanos y según un artículo publicado por la revista The Lancet solo entre 2022 y 2023, su gobierno pagó 24 millones de dólares por los servicios que prestaron.
Y el artículo “Escasez de médicos en México: la lucha por cerrar la brecha” que realizaron Diego Ramonfaur y Octavio Gómez-Dantés expone que esta política resulta más cara que contratar o pagar a talento mexicano.
Pues con esos 24 millones de dólares que México pagó al gobierno de Miguel Díaz Canel, que equivalen a más de 400 millones de pesos, se pudo haber pagado el salario de 3,500 médicos especialistas o de 4,500 médicos generales.
Aunque por ahora la sanción que impone la Casa Blanca se refiere sólo a “funcionarios centroamericanos”, la misma medida podría aplicarse a otros
países que han contratado los servicios de los médicos que ofrece el gobierno de Cuba a cambio del pago de millonarias sumas de las cuales los médicos enviados al extranjero no reciben remuneración digna y en muchos casos ni siquiera se les consulta sobre su traslado a otro país, por lo que son “forzados y explotados” a realizar un trabajo para el que no dieron su consentimiento.
En un artículo titulado EU vs. médicos cubanos; México contrató hasta 5 mil de Salvador García Soto, indica que “entre esos países, el que más ha pagado al gobierno de Díaz Canel en los últimos años está, sin duda, México”, que empezó a contratar las “misiones médicas cubanas”.
Añade que comenzaron a llegar al país desde 2022 y fueron contratados por instituciones como el IMSS que firmaron convenios con la empresa estatal de Cuba “Comercializadora de Servicios Cubanos, S.A” que, tan solo en el primer acuerdo de julio de 2022 cobró 1 millón 377 mil 300 euros mensuales, durante 11 meses, por concepto del pago a los médicos traídos a México.
El articulista de El Universal expone que “un segundo convenio firmado por el IMSS con la comercializadora cubana, ocurrió el 11 de mayo de 2023, todo por instrucciones del entonces presidente López Obrador, y se pagaron en ese según convenio 1 millón 636 mil 308 euros mensuales, durante otros tres meses”.
Y finalmente, agrega, “el 28 de julio de 2023 se firmó otro convenio entre el Seguro Social mexicano y el organismo cubano, con otra cuota mensual de 1 millón 636 mil euros que se pagaron hasta diciembre de aquel año con los recursos federales”.
Pero en 2024, en julio, el actual director del IMSS, Zoé Robledo informó que hasta esa fecha había 950 médicos cubanos trabajando en México en 23 estados de la República.
En esa fecha, el Diario reportó que Zoe Robledo anunció la llegada de 2,700 médicos más procedentes de Cuba para trabajar al territorio mexicano en los programas del IMSS-Bienestar, y el anuncio se hizo tras un encuentro que sostuvo el funcionario mexicano en mayo de aquel año con el gobernante de Cuba, Miguel Díaz Canel, en La Habana, en donde ambos gobiernos anunciaron la firma de un “acuerdo sin precedentes” para seguir importando a México la mano de obra de los médicos cubanos.
A un día de que el Departamento de Estado de EE.UU anunciara que impondrá restricciones a la visa de funcionarios “centroamericanos” que han participado en el esquema de trabajo forzado contra médicos cubanos, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esta modalidad es legal.
Absolución de José Luis Abarca es un fallo contra la “verdad histórica” de Murillo Karam
inicios del 2015”.
Recordó que durante el litigio “muchas de las pruebas que se revisaron por parte de los tribunales se fueron cayendo o se desestimaron porque eran ilegales, de ahí que a Abarca lo absolvieron en 2019, se apeló la sentencia, y en la apelación se volvió a confirmar la sentencia, en mayo de 2023”.
Agregó que el Centro Prodh presentó un amparo directo “más porque era el último recurso de las familias, no tanto porque consideráramos que la versión fuera la adecuada”, pues el delito aplicable era desaparición forzada de personas y no secuestro agravado.
Frente a los señalamientos en contra del actual Poder Judicial por la absolución de Abarca y otros, Aguilar Rodríguez alertó que “la sentencia sólo ratifica la posición del Poder Judicial rechazando también ‘la verdad histórica’, porque estaba construida con base en pruebas ilícitas”.
Aguilar Rodríguez alertó que, ante el desmoronamiento de las causas pena-
les impulsadas por Murillo Karam por la falta de sustento probatorio, durante la gestión de Omar Gómez Trejo al frente de la Unidad Especial para la Investigación y Litigio de la Caso Ayotzinapa (UEILCA), “presentó acusaciones en contra de Abarca por delincuencia organizada, no por desaparición, pero que tiene varias causas en su contra que son las que lo mantienen todavía privado de la libertad”, situación que también se aplicó a Felipe Flores.
“En este caso en particular, Abarca, Felipe Flores y los otros 16 son de las pocas sentencias absolutorias, que no son solo liberaciones bajo reserva de ley, como ha ocurrido en otros casos relacionados con el caso Ayotzinapa”, apuntó la defensora.
Ante la ratificación de la sentencia absolutoria, María Luisa Aguilar consideró que, en términos de justicia, sería indispensable que desde la UEILCA “alguien dirigiera bien la investigación para llevar a cabo una revisión adecuada y ver si es posible tener pruebas lim-
pias en contra de él por la desaparición forzada de los estudiantes y presentarlas ante un juez”.
Sin embargo, alertó que mientras Rosendo Gómez Piedra siga al frente de la Fiscalía Especializada “eso no va a pasar, porque el señor que está dirigiendo la investigación está siendo acusado de corrupción, de pasar charolas para campañas electorales”.
La mención de Aguilar Rodríguez se relaciona con las acusaciones contra Gómez Piedra por solicitar dinero a servidores públicos de la UEILCA para financiar la campaña de Sara Irene Herrería, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, como candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tribunal de Disciplina Judicial estará integrado por personajes cercanos a AMLO
Diana Lastiri CIUDAD DE MÉXICO (apro)
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que se encargará de investigar y sancionar a los juzgadores federales, estará conformado por allegados al expresidente Andrés Manuel López Obrador quienes figuraban en los “acordeones” distribuidos para dirigir el voto.
Este cuerpo colegiado, integrado por cinco magistrados, será uno de los dos órganos que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y se enfocará en la vigilancia y disciplina de los jueces, magistrados e incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La reforma judicial establece que, para garantizar la paridad de género el TDJ se conformará de tres mujeres y dos hombres.
En días previos a la elección, personas vestidas de civil repartieron acordeones que establecían los números y nombres de los candidatos por los que la gente debía votar, los que correspondían a la planilla para el TDJ coinciden por completo con quienes serán los cinco magistrados del mismo.
Se trata de Celia Maya García, Verónica de Gyves Zárate, Indira García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H León Tovar.
Maya, de Gyves y Bátiz son los tres actuales consejeros de la Judicatura
Federal que, junto con Sergio Javier Molina Martínez han conformado el bloque mayoritario que ordenó a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que iniciaron un paro de labores contra la reforma judicial, a regresar a trabajar bajo el amago de ser sancionados de no hacerlo y dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar procesos penales contra ellos.
Según las reglas de la reforma judicial, los tres tenían pase directo a la planilla electoral.
Celia Maya, quien logró obtener el mayor número de votos, podría convertirse en la nueva presidenta del TDJ.
Formó parte de las filas del PRD cuando López Obrador era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Cuando el expresidente de la República fundó Morena, Maya lo siguió e intentó convertirse en senadora por el partido guinda en el año 2012.
Su nombre formó parte de las pri-
Tras los disturbios, Segob y SEP condenan violencia y reiteran llamado al diálogo
Sara Pantoja CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Luego de los disturbios frente a la sede de la secretaría de Gobernación (Segob), ésta y su homóloga de Educación Pública (SEP) condenaron cualquier manifestación de violencia y llamaron a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a continuar con el diálogo para resolver el conflicto que este miércoles cumplió 20 días de protestas.
Al término de la cuarta reunión con integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación, los representantes del gobierno federal hicieron un “respetuoso llama -
do” a todos los maestros de la CNTE “a continuar de manera pacífica y respetuosa el diálogo constructivo en favor del magisterio nacional”. En un comunicado conjunto, reiteraron “el respeto al derecho a la libre manifestación y expresión y condenamos cualquier manifestación de violencia”.
Sin mencionar algún resultado de la cuarta mesa de trabajo, la Segob y la SEP agregaron que “por la vía del diálogo vamos a encontrar acuerdo, propuestas y soluciones”.
Las autoridades cerraron la comunicación al evocar al presidente de México, Benito Juárez: “Como decía Juárez: Nada por la fuerza; todo por la razón y el derecho”.
meras dos ternas enviadas por López Obrador al Senado para designar ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pese a que ella aún era militante en Morena.
Sin embargo, luego de no lograr llegar a la Corte, en el año 2023 el Senado de la República la designó como consejera de la Judicatura Federal.
Verónica de Gyves llegó al CJF en el año 2019 designada también por el Senado de la República.
De Gyves Zárate fue una de las propuestas del expresidente López Obrador para ser la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), puesto en el que finalmente fue designado Alejandro Gertz Manero.
Es esposa del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, quien se ha mantenido cercano a Claudia Sheinbaum desde que era jefa de Gobierno capitalina e incluso intentó postularse para ser ministro de
Encapuchados
la Corte en la pasada elección judicial. Al igual que de Gyves, el consejero y futuro magistrado del TDJ, Bernardo Bátiz, fue propuesto por López Obrador para ser fiscal General de la República. Al no obtener el puesto, el propio exmandatario federal lo designó como integrante del CJF donde su periodo debía terminar el 30 de noviembre de 2024, pero con esta elección se prolongará hasta 2031.
Bátiz participó del Constituyente de la Ciudad de México y fue procurador General de Justicia de la capital durante la administración de López Obrador.
Indira García fue auditora superior en el estado de Colima, ha participado como asesora y secretaria particular en gobiernos perredistas en dicha entidad.
También ha ocupado diversos cargos en el Tribunal Electoral de Colima y actualmente es directora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad del estado. Su candidatura al TDJ fue postulada por el Poder Ejecutivo. Mientras que Rufino León, es magistrado presidente de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, cargo al que fue designado directamente por el expresidente López Obrador.
Fue director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública en la capital durante la administración obradorista. Durante su campaña prometió meter a la cárcel a jueces corruptos.
protestan con violencia
en
Gobernación; policía los repele y CNTE se deslinda
Sara Pantoja CIUDAD DE MÉXICO (apro)
Las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) subieron de tono este miércoles, cuando un grupo de personas encapuchadas, quienes se identificaron como maestros de Guerrero, realizaron protestas violentas en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde se realizaba la cuarta reunión entre el gobierno federal y la disidencia magisterial; la policía los replegó al lanzarles polvo azul.
Los hechos ocurrieron pasado el mediodía de este miércoles en la avenida Bucareli y las calles aledañas al Palacio de Cobión, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Un grupo reducido de personas que llevaban el rostro cubierto lanzó palos, piedras y toda clase de objetos contra la entrada del recinto. Los proyectiles rompieron los vidrios de algunas ventanas de la fachada.
Un sujeto que llevaba un mazo intentó varias veces romper el candado y la cadena de la puerta del edificio, lo que obligó a elementos policiacos a lanzar
polvo azul, presuntamente de extintores, para replegarlos.
Entre los disturbios, algunos encapuchados rodearon un vehículo con logotipos de la Secretaría del Bienestar del gobierno de la Ciudad de México y le pintaron en su cofre la sigla en color rojo de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
La CNTE se deslindó de los disturbios y calificó a los encapuchados como “infiltrados”.
La violencia en la protesta de los maestros disidentes llegó luego de 20 días de manifestaciones pacíficas en las principales vialidades del centro de la Ciudad de México y después de que instalaron un plantón en el Zócalo capitalino y sus calles aledañas.
Las agresiones también se dieron luego del fracaso de las dos mesas de trabajo entre representantes de gobierno y maestros, la del 28 de mayo y la del 2 de junio.
Pedro Matías, Claudia V. Arriaga Durán, Octavio Martínez, Estrella Pedroza CIUDAD DE MÉXICO (apro)
“Ya nos toca a los pueblos indígenas ocupar un espacio importante en las instancias de toma de decisión de este país”, fue el lema de campaña de Hugo Aguilar Ortiz, cuya participación en la elección judicial lo ha llevado a convertirse en el segundo indígena que presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Juárez fue su primer titular en 1858), lo cual generó júbilo en la 4T. Sin embargo, desde comunidades y representaciones de pueblos originarios surgen voces preocupadas, de desencanto, rechazo y franca indignación.
Activistas, organizaciones civiles y representantes de comunidades en Morelos, Oaxaca y la Península de Yucatán expresaron que si bien Aguilar Ortiz tiene una trayectoria previa como activista ciudadano y defensor indígena, a partir de su incorporación al gobierno, primero con el entonces gobernador de Oaxaca Gabino Cué y luego con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal, legitimó desde el Instituto de los Pueblos Indígenas (INPI) —junto con su titular Adelfo Regino— despojos e imposición de los megaproyectos a los que AMLO dio prioridad en su sexenio, como fueron el Corredor Interoceánico y el Tren Maya.
También cuestionan que Aguilar haya participado en una elección judicial “que no fue más que una simulación”.
En Oaxaca, de donde Hugo Aguilar es originario, el activista mixe Joaquín Galván sostiene en entrevista con Proceso que si bien es cierto que el abogado mixteco es brillante, “la mayor parte de su vida ha operado para el Estado, sobre todo en la imposición de los megaproyectos, como el Corredor Interoceánico”.
Esta postura fue secundada por Mario Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), quien señaló a Hugo Aguilar por “burocratizar el despojo” con consultas fast track que nunca fueron libres, previas e informadas, sino que “se impusieron con el consentimiento forzado de las autoridades”.
Mientras que Miguel Ángel Aguirre, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, afirma que Hugo Aguilar tiene una deuda moral y política con las comunidades indígenas y la biorregión de los Chimalapas y que ahora, con el cargo que va a ocupar, tendría que hacer cumplir la sentencia que se ganó en noviembre de 2021 en todos sus términos para devolver al pueblo zoque territorios de esta reserva, en disputa con comunidades de Chiapas. Del propio Joaquín Galván se viralizaron varios mensajes en la red X, en los cuales hace un señalamiento directo contra Aguilar: “@quinomixe Cuando mi compañera Sandra Domínguez denunció a funcionarios del INPI por su participación en chats de acoso sexual contra mujeres indígenas, el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar, envió a uno de sus abogados a
Hugo Aguilar: de operador de AMLO para megaproyectos a presidente indígena de la Suprema Corte
ofrecerle un cheque abierto a cambio de su silencio.
“Esta situación se hizo a través del abogado miembro del equipo Cristian Mahatma. Mi amiga Sandra me lo reportó inmediatamente, les dijo que no quería más que la destitución de Rolando Vázquez Pérez, jefe de plazas del INPI”, dicen las publicaciones del activista.
Como activista, Hugo Aguilar defendió los derechos de las comunidades indígenas en la organización Servicios del Pueblo Mixe y participó en la elaboración de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Oaxaca, publicada en 1996, que a la fecha reconoce que de los 570 municipios que conforman la entidad, 417 se rigen por los sistemas normativos indígenas y 153 por el régimen de partidos políticos.
“Como abogado soy fan de Hugo; él es una persona brillantísima, por eso ha logrado escalar en los movimientos indígenas del sureste y con esa formación dentro del activismo indígena construyó un nombre y una carrera”, afirma el defensor mixe Joaquín Galván.
En sus inicios “nos vimos representados en Adelfo Regino y Hugo. Esa dualidad Hugo-Adelfo está en todo el camino que han hecho con las comunidades indígenas, pero la segunda etapa de su vida, con la llegada de Gabino Cué, genera esa ruptura con la base social de los noventa y el movimiento zapatista”, recuerda.
Esta ruptura, dice, comenzó cuando entró como funcionario y operó apoyando los intereses del Estado y confrontando a los movimientos indígenas. De cierto perfil bajo, de manejo moderado dentro de las estructuras del Estado, ya con Andrés Manuel López Obrador finalmente se proyectó como subdirector del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
“Aquí es el punto medular, porque estuvo en dos momentos clave de las estrategias o políticas de la 4T imponiendo megaproyectos y consultas a modo. En este caso, Hugo fue el cerebro de las consultas del Tren Maya y del Interoceánico, que estuvieron marcadas por las denuncias de despojos violentos y Hugo sólo estaba sirviendo para legitimar el proceso de despojo para pueblos indígenas a través del INPI, más allá que de las mismas comunidades”, sostiene Galván.
Galván menciona que después de
que la activista Sandra Domínguez exhibió el chat de funcionarios Sierra XXX que mostraba a mujeres indígenas, la llamaron “desde el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar”, para entregarle un cheque en blanco como un tipo de reparación, que ella rechazó. Finalmente, el organismo optó por destituir a Rolando Vásquez Pérez, jefe de plazas.
“Y sí, los proyectos neoliberales de despojo como el Tren Maya y el Interoceánico no se explican sin la legitimación neoliberal del INPI a cargo de Adelfo Regino y Hugo Aguilar Ortiz, a través de consultas cuestionables. Por ellas hay defensores de la tierra detenidxs federalmente (sic)”, señala Galván. “Ahora el nuevo Benito Juárez no nos debe insultar la inteligencia. Es brillante abogado, con momentos, y no por ser indígena y romantizar a Benito va a actuar, así porque Hugo lleva años representando a los intereses del Estado mexicano. Esperemos que por primera vez logre actuar por sí mismo y a tener autonomía”, ironiza, aludiendo a su colaboración de años con el director del INPI Adelfo Regino.
Mario Quintero, de la APIIDTT, recuerda que “el papel que jugó Hugo lo conocemos por el caso de Mareña Renovable (empresa eólica que pretendió instalarse en la Barra de Santa Teresa, en el Istmo de Tehuantepec). Ayudó a interponer recursos legales, pero fue una sorpresa cuando engrosa al INPI y realiza una serie de consultas fast track, sí vimos rostros de disgusto al burocratizar el despojo”.
Las consultas, dice, “nunca fueron libres ni informadas, sólo buscaban el consentimiento forzado de autoridades y acarreados por el poder en turno”.
¿Será imparcial?
Quintero calificó de cuestionables las elecciones del Poder Judicial celebradas el domingo 1 de junio último. Se dijo preocupado, pues “ahora no sabemos de qué lado va a ponerse Hugo, porque a nosotros ya nos demostró que está del lado oficialista de los megaproyectos, y en ese papel que va asumir ¿va a ser imparcial de los casos de despojo”, se pregunta.
Considera que sí es un logro que haya en la Suprema Corte personas indígenas, pero “no quiere decir que por ser indígenas o defensores vayan a mantener sus convicciones y los ideales”, aclara.
Para Quintero, la intervención de Hugo Aguilar en las consultas para los megaproyectos a través del INPI “fue un golpe político, porque lo considerábamos un aliado, pero fue muy evidente el cambio de personalidad y trato a las comunidades, y sobre todo a los que éramos cercanos”. Ahora, dice, el tiempo dirá si va a ser imparcial “o va a seguir dando favoritismos al gobierno federal, o peor aún, a empresas privadas y la narcopolítica vigente en el país. No es lo mismo tener cargos menores que estar en puestos de tomas de decisiones”, finaliza.
Por su parte, Miguel Ángel Aguirre dice esperar que como ministro y como próximo presidente de la Suprema Corte Hugo Aguilar cumpla la sentencia que lo puede reivindicar con los pueblos zoques de los Chimalapas, por la disputa de 160 mil hectáreas. “Tiene esa deuda moral e histórica”, pues, dice, no se ha cumplido ni una cuarta parte de lo resuelto en dicha sentencia.
Recuerda que Aguilar hizo una controversia constitucional en 2012 por este conflicto “y él fundamentó muy bien, pero para defender el hueso y por presiones de su compadre Adelfo Regino (ambos) dejaron que los hermanos Víctor Hugo Alejo y Ángel Alejo no hicieran nada” para perder el territorio de los Chimalapas.
Tren Maya y la simulación desde el INPI
“Yo no quiero decir que vamos a tener esperanza porque fue lo que mucha gente, defensores y activistas, apostaron con López Obrador, y él es la misma gente de López Obrador. (Hugo Aguilar Ortiz) es indígena, pero en realidad no representa los pueblos indígenas, está representando a un partido político (Morena), no al pueblo. No nos representa, no nos sentimos representados con él”, expone en entrevista Sara López González, fundadora del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), con sede en Campeche.
El CRIPX se sumó al menos a tres amparos con la esperanza de detener el avance del Tren Maya, megaproyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de las comunidades indígenas que se articularon para frenar la obra y en reiteradas ocasiones se pronunciaron en contra de las consultas indígenas, que fueron organizadas desde el área del INPI a cargo del ministro electo.
En Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, está el Centro Comunitario U Kúuchil K Ch’i’ibalo’on, cuyos integrantes también promovieron los amparos contra el megaproyecto en sus territorios.
Wilma Esquivel, integrante de esta organización, asevera que la consulta indígena no fue un acto de libre determinación. Se trató de un ejercicio de promoción y para legitimar el Tren Maya.
16% de ataques contra jueces se dan contra mujeres: Suman 25 ataques desde 2018
Arantza Díaz Ciudad de México. (Cimacnoticias)
Las elecciones judiciales no sólo trajeron especulaciones sobre el peso de la reforma, sino también, la manifestación de la violencia contra las personas juzgadoras; un fenómeno poco nombrado y que estuvo presente desde el 30 de marzo hasta el día de las elecciones, dando como resultado, un clima de tensión, amenaza, atentados y la persecución incisiva de miembros del crimen organizado.
Según acota Data Cívica, en términos de género (de las 25 personas vinculadas al Poder Judicial atacadas), el 76 % de las víctimas fueron hombres, el 16 % mujeres, y del resto no se sabe pues la información no se registró en las notas de periódico. Los estados con mayor número de ataques registrados son Morelos y la Ciudad de México, con cuatro casos cada uno; Baja California y Zacatecas, con tres; y otros estados con un caso registrado, como Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Data Cívica registró en 2025, 6 ataques contra personas juzgadoras; 3 amenazas, 2 atentados y 1 asesinato. El último, fue el asesinato del juez municipal Francisco de Jesús Cabrera en Salina Cruz, Oaxaca. Un mes antes, se registró un ataque armado en contra del auto del magistrado penal Ramón Alejandro Senties; su chofer resultó herido en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
El primer atentado registrado este 2025 corresponde a una mujer: La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, Cecilia Verónica López, quien fue atacada en Cuernavaca el pasado 7 de enero.
Si bien durante las elecciones la organización no refirió casos particulares de violencia político-criminal, sí hila el asesinato de Francisco de Jesús en Oaxaca y el atentado contra el chofer de Ramón Senties en la capital como posibles actos de represión cometidos por el crimen organizado. En añadidura, el hecho de que no se presentaran más incidentes en la veda electoral no representa una victoria; en México, las personas juzgadoras son asesinadas, con o sin elecciones desde hace años.
Sólo un año antes de las elecciones, entre abril y mayo, Data Cívica registró a 3 víctimas de violencia político criminal, cuando hombres armados atacaron a 3 personas trabajadoras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Ciudad de México. Lo que infiere que, esta violencia se ha mantenido de forma sostenida; no se recrudeció durante las elecciones, pero tampoco disminuyó.
Pero, si existe un nexo -casi natural- entre elecciones y violencia, ¿por qué no se registró un repunte de este fenómeno? Data Cívica esboza que el propio desconocimiento pudo ser una barrera que blindó a las y los candidatos. Por sorprendente que resulte, el hecho de que poco se supiera de quiénes eran las y los candidatos, así como las nulas campañas mediáticas, produjo que no se captara la atención del crimen organizado.
En el informe Votar entre balas, se registró que, desde 2018, 25 personas vinculadas al Poder Judicial fueron vinculadas y se desglosa de la siguiente forma:
13 personas juzgadoras -juezas, jueces y magistraturas-
3 familiares de personas juzgadoras
9 personas trabajadoras del Poder Judicial, como auxiliares, secretarios y choferes
Verónica, Brenda y Cecilia
El 16 de junio del 2020, se registró el asesinato de Verónica Barajas en Colima. Barajas era esposa del juez federal Uriel Villegas -también asesinado-. El feminicidio se cometió en el hogar de la familia Villegas Barajas, cuando hombres armados irrumpieron en el espacio y perpetraron el ataque a quemarropa, para después huir del lugar; las 2 hijas del matrimonio resultaron ilesas.
El asesinato de Verónica y Uriel se liga a que el juez habría iniciado un proceso en contra de Rubén Oseguera «El Menchito» hijo de Nemesio Oseguera «El Mencho«. Sin embargo, este hecho es sólo un supuesto y a la publicación del artículo, se desconoce la liga de investigación que oriente sobre el móvil del doble homicidio.
Del hecho, se vinculó a proceso a David «L» y a Jaime «T», presuntos perpetradores del crimen. Este último también fue vinculado por el asesinato de la diputada de morena Francis Anel Bueno. El homicida, identificado como sicario del Cartel de Jalisco Nueva Generación, fue asesinado el primero de diciembre del 2023, según documentó el diario Reforma.
El 12 de septiembre del 2024, la jueza cívica Brenda «N» fue emboscada por comandos armados mientras viajaba en su auto sobre la carretera de Salvatierra -Yuriria, localizada en Maravatío, Guanajuato. Aunque la jueza contaba con la protección de dos elementos policíacos, poco se pudo hacer ante la violencia del ataque.
Los dos elementos de seguridad murieron al instante, mientras que la jueza, fue llevada a un hospital cercano para recibir atención inmediata donde murió poco después. De este caso, se desconoce qué sucedió con los agresores y cuáles son las líneas de investigación de la Fiscalía del estado.
A un año del hecho, no hay más pistas que apunten los causales del asesinato de la jueza Brenda y si se ha avanzado por la aprehensión de los homicidas.
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Cecilia Verónica López González ha registrado este 2025 dos incidentes con el crimen organizado. El primero, en enero del 2025 cuando vivió un atentado y el último, el pasado 27 de marzo cuando fue amenazada.
El caso de Cecilia fue el primero registrado este año, cuando un grupo armado arribó a su hogar y disparó en repetidas ocasiones un lunes 6 de enero; la magistrada resultó ilesa y denunció ante la Fiscalía General del estado de Morelos los hechos, como respuesta, la FGR replicó que garantizaría sus medidas de protección, a esto, se sumó el Poder Judicial de Morelos, quienes condenaron la agresión y exigieron dar con los responsables del atentado.
A pesar de la palabra de la FGE, sólo un par de meses después, Cecilia fue amenazada de muerte, pero no sólo ella, sino también, otros compañeros del Tribunal Superior de Justicia quienes denunciaron públicamente que habían recibido mensajes que les amenazaban con acabar con sus vidas.
A medio año de estos hechos, no hay registros sobre en qué quedaron las investigaciones, cuáles son las
medidas de protección que se desplegaron a favor de la magistrada Cecilia y si se ha identificado a alguno de los responsables del atentado que vivió a principios de año.
El contexto
«Votar entre balas» de Data Cívica acerca a un panorama general de cómo se han gestado estas elecciones, pero también, el peso que ha caído -desde 2018- sobre las personas juzgadoras de este país que buscan un lugar en el Poder Judicial, esbozando que el crimen organizado ya no sólo opera desde el narcotráfico, sino que ha desarrollado complejos sistemas para tomar el control económico, judicial y político.
A esto, Data Cívica lo reconoce como «una gobernanza criminal«, donde las células delictivas gozan del poder suficiente para ejercer el control político de una zona; sus facultades son extensivas, imponen sus reglas y a través de la intimidación, han logrado incidir en las instituciones políticas y todo su organigrama de funcionarias y funcionarios públicos.
Ante este escenario donde la gobernanza criminal ha infectado distintas ordenes del gobierno en sus 3 niveles, las personas juzgadoras se convierten en uno de los sectores más vulnerables, pues su trabajo infiere directamente en los intereses del crimen organizado.
«La presión y violencia ejercida contra ellas ha llevado a que muchas soliciten medidas de protección, incluyendo reubicaciones o escoltas asignados por el Estado (…) los ataques contra juezas, jueces y magistraturas parecen estar relacionados con redes de corrupción previamente establecidas entre operadores judiciales y grupos criminales» (Data Cívica)
La organización también apunta a que el punto de quiebre suele darse cuando se rompen los acuerdos que tenía el crimen organizado con otros operadores judiciales, puede ser por cambio de administración o presiones institucionales, en este escenario, las nuevas personas juzgadoras pueden representar una amenaza y se convierten en objetivos potenciales, ya sea para amedrentarles a mantener los acuerdos o bien, para atentar contra su vida a fin de garantizar la coerción.
Si bien resulta imposible saber qué hay detrás de la violencia que han vivido todas las personas juzgadoras de nuestro país desde hace 7 años, «Votar entre balas» sí advierte que existe una violencia sistémica a manos del crimen organizado, lo que sustenta el escenario de gobernanza criminal y la alta injerencia que estas células pretenden tener en las tomas de decisiones judiciales y políticas.
LA NUEVA CORTE ¿QUÉ TAN COMPROMETIDA ESTÁ CON LAS MUJERES?
Wendy Rayón Garay
Después de dos días de espera, los resultados de la primera elección judicial señalaron a Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Estela Ríos, Giovani Figueroa, Irving Espinoza, Arístides Guerrero y Sara Herrerías como los nueve integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, se debe poner en perspectiva su compromiso con las mujeres.
La labor de la SCJN juega un papel importante no solo dentro del Poder Ejecutivo, sino en la defensa de los derechos de las mujeres. Debido al incremento de la violencia, en el que al menos 1 de cada 3 mujeres experimentan un contexto generalizado de violencia, la creación de instrumentos jurídicos para erradicarlo se ha constituido como una respuesta efectiva.
Si bien se han creado leyes desde el Poder Legislativo tanto a nivel federal y local en las cuales se ha reconocido y visibilizado la realidad que las mujeres afrontan en varias áreas de su vida para que sean atendidas de manera específica, la historia de miles de ellas que enfrentan violencia e impunidad señala que no han sido suficientes, poniendo en relevancia la necesidad del trabajo de órganos jurisdiccionales.
La SCJN es uno de ellos, ya que con ayuda de sus sentencias y fallos se pueden colocar parámetros y medidas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, cuando se declaró inconstitucional criminalizar la interrupción legal del embarazo, la sentencia Mariana Lima para investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidios, e incluso el reciente fallo para reconocer a los padres de Fátima Virina como víctimas indirectas de su
feminicidio.
Hasta el corte de las 11:00 horas del 4 de junio de 2025 y el 99.82% de boletas computadas, los Cómputos Distritales Judiciales 2025 muestran los siguientes resultados:
Hugo Aguilar Ortiz con 6 millones 079 mil 665 votos
Lenia Batres con 5 millones 744 mil 942 votos
Yasmín Esquivel con 5 millones 195 mil 391votos
Loretta Ortiz con 4 millones 918 mil 585 votos
Estela Ríos con 4 millones 614 mil 561 votos
Giovani Figueroa con 3 millones 600 mil 520 votos
Irving Espinoza con 3 millones 473 mil 275 votos
Arístides Guerrero con 3 millones 471 mil 636 votos
Sara Herrerías con 3 millones 153 mil 803 votos
Hugo Aguilar
<strong> Lenia Batres</strong>
Yasmín Esquivel
Loretta Ortiz
Estela Ríos
Giovani Figueroa
Irving Espinosa
Arístides Guerrero
Sara Herrerías
Para sorpresa de la ciudadanía, Hugo Aguilar Ortiz se coronó como el presidente de la Suprema Corte al obtener el mayor número de votos dentro de las candidatas y candidatos. Pese a que el pasado 3 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que Lenia Batres podría quedarse con la presidencia de este órgano.
Hugo Aguilar es mixteco originario del Municipio de San Miguel el Grande, en Oaxaca. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca y cuanta con una maestría en Derecho Consti -
tucional en la misma universidad. Comenzó trabajando como auxiliar en la Delegación de la Procuraduría para la Defensa del Indígena en la ciudad de Tlaxiaco (1989-1990). En sus últimos cargos se desempeñó como Coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el que se encargó de coordinar trabajos de consulta de proyectos urbanos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Felipe Ángeles.
Sin embargo, pese a defender legalmente a diferentes comunidades indígenas respecto a sus derechos humanos, el ministro tiene una deuda pendiente con las mujeres indígenas de Oaxaca, sobre todo con las mujeres mixes cuyas fotografías fueron compartidas con connotaciones sexuales en un grupo de WhatsApp llamado Sierra XXX en el que participaron funcionarios del INPI.
El caso fue denunciado por la defensora Sandra Domínguez en 2020 y cuando viajó a la Ciudad de México para hablar Krhistian Mahatma Hernández, del equipo legal del instituto, logró la destitución de Rolando Vázquez, encargado de plazas del INPI, aunque en realidad, la defensora esperaba que con su denuncia se lograra la limpieza del personal de la organización involucrados con el chat sexual, acción que nunca ocurrió. Reportaje Especial. Sandra Domínguez, la defensora indígena oaxaqueña – cimacnoticias.com.mx
Si bien Hugo Aguilar no tuvo una incidencia directa en la difusión de las fotografías de las mujeres mixes y tampoco le competía hacer algo al respecto cuando la defensora denunció a los funcionarios, sí pudo pronunciarse al respecto para romper el pacto patriarcal;
sin embargo, su involucramiento con personas señaladas de cometer violencia continúa.
Desde los inicios de su carrera, e incluso antes de trabajar para el Estado, Hugo Aguilar ha mantenido una relación cercana con Adelfo Regino Montes, cuyo hermano Francisco, fue denunciado por acoso sexual y hostigamiento laboral. Adriana Hernández, promotora comunitaria indígena del INPI, fue quien lo denunció en 2023, aunque la historia de violencia comenzó en 2020 cuando recibió un mensaje con insinuaciones sexuales.
Desde ese momento la violencia escaló hasta el punto de excluirla de proyectos cuando, durante pandemia, Adriana Hernández se negó a propuestas sexuales. Francisco optó por pedirle a sus compañeros que no compartieran información con ella y finalmente la reubicaron en otra oficina donde debía sacar copias y escanear documentos.
El caso de Adriana Hernández fue tomado por la organización Consorcio Oaxaca junto con el de Aracely Cruz Jiménez, víctima de violencia de género por parte de Donato Vargas, también involucrado en los señalamientos del grupo de WhatsApp Sierra XXX y otro personaje ligado a Hugo Aguilar. Por lo que, la falta de respuesta ante la denuncia de violencia digital contra mujeres mixes y el mantener relación con un hombre que ha sido señalado de proteger a su hermano, acusado de acoso sexual, pone en relieve que el futuro presidente de la SCJN ha estado involucrado en estructuras de poder que han facilitado la violencia contra las mujeres.
Hasta el cierre editorial de esta nota informativa, el ministro Hugo Aguilar no dio respuesta a Cimacnoticias para emitir información sobre los señalamientos en su contra.
EFECTOS DE LAS ELECCIONES DEL PODER JUDICIAL
Ernesto Villanueva
Hay un debate vigoroso sobre el significado y los efectos del Poder Judicial. Hay, por supuesto diferencias de percepción y de criterio en el denominado círculo rojo donde las más distintas posiciones se dan cita. Hay que partir, sin embargo, de los hechos, de la realidad para transformar. Veamos.
Primero. El 1 de junio de 2025 ocurrió un hecho concreto: la ciudadanía eligió, por voto directo, a quienes integrarán el nuevo Poder Judicial Federal. No fue un simulacro ni un símbolo. Fue legal, real y vinculante. Se puede cuestionar, matizar, debatir. Pero no negar. La reforma fue aprobada por mayoría calificada y reconocida por los órganos competentes previstos por el marco constitucional. La convocatoria se publicó. El proceso electoral se desarrolló razonablemente conforme a las reglas. Las urnas se instalaron, los votos se están contando. Todo está ocurriendo del marco legal. ¿Se puede cuestionar el diseño? Sí. ¿Hubo errores y omisiones? También. Pero hubo un giro innegable: del reparto cupular al veredicto popular. Del nombramiento cerrado a la elección abierta. Llamarlo “éxito democrático” sería prematuro. El modelo apenas comienza y no ha sido probado aún. Pero negar que hubo un cambio es desconocer la realidad. Y en democracia, el punto de partida son los hechos, no las suposiciones. La justicia ya fue sometida al voto popular. Con méritos y deficiencias. Con riesgos y posibilidades. No es un escenario ideal ni temido. Es el que existe. Y a partir de esa realidad, no de lo que debió pasar, hay que discutir y construir lo que sigue.
Segundo. La participación fue baja. Ese es un dato. Nadie puede ignorarlo. Pero tampoco puede reducirse el proceso a ese solo elemento. La abstención no borra lo que ocurrió. Lo contextualiza. Lo tensiona. Pero no lo invalida. El Poder Judicial ha sido históricamente un poder lejano. Técnico, opaco, cerrado. Su lenguaje no es ciudadano. Sus decisiones rara vez son conocidas fuera del gremio jurídico. La ciudadanía no vota con entusiasmo por lo que no entiende, no siente propio o no percibe cercano. La baja participación no implica rechazo. Expresa distancia. Desconfianza acumulada. No descalificación. También influyó la fatiga democrática. La polarización política. Y la lentitud del aparato judicial. Muchos perciben una justicia lejana, ineficiente, sin impacto tangible. Pero incluso en ese contexto, el proceso ocurrió. Las reglas se están cumpliendo. No hay umbral mínimo de participación que invalide una elección constitucional. El nuevo Poder Judicial electo por voto directo ya es un hecho jurídico. Con efectos reales. Su legitimidad legal no depende de expectativas. Se deriva del procedimiento cumplido. No del entusiasmo colectivo. Eso no impide la crítica, pero sí exige responsabilidad en ella. Además, es importante reconocer lo que no ha ocurrido ni ocurrirá. No habrá ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos ni con los países democráticos del mundo. La cúpula empresarial, crítica pero pragmática, no ha apostado por la confrontación ni lo hará. Las fuerzas armadas se mantienen cohesionadas. Y quienes expresan descontento no cuentan con condiciones objetivas para desafiar
fuera de las urnas al régimen actual. La institucionalidad resiste. Y eso también es parte del dato. Tercero. El debate ya no es si debió hacerse otra cosa. Es qué se hará ahora. El nuevo Poder Judicial pronto estará en funciones. El modelo ya está en marcha. Lo que sigue es el desempeño. La ciudadanía no evaluará el diseño del proceso. Evaluará sus consecuencias más temprano que tarde. ¿Habrá más justicia? ¿Más cercanía con la gente? ¿Independencia frente al poder político? ¿Resoluciones más ágiles y comprensibles? Ese será el verdadero juicio. No inmediato, pero sí inevitable. Cada sentencia poco a poco será leída con lupa. Cada omisión será crítica. El nuevo modelo no puede refugiarse en la legalidad. Necesita legitimidad por resultados. Y eso solo lo otorgan los hechos, no las urnas. El reto comienza ahora. Un sector esperaba otra ruta. Otro, ninguna. Lo que hay es esto. Negarlo debilita cualquier exigencia. Reconocerlo fortalece la vigilancia. Este Poder Judicial debe rendir cuentas desde su primer día. Ya no hay margen para excusas. La evaluación ya no puede basarse en hipótesis. Hay instituciones nuevas, personas con cargo, decisiones por venir. El diseño está activo. Y el escrutinio debe acompañarlo. No se trata de idealizar. Tampoco de descalificar desde la negación. Se trata de observar, exigir y corregir desde lo que existe. El nuevo modelo no garantiza justicia. Pero abre una posibilidad para ello. La legalidad ya se está cumpliendo. Lo que viene es demostrar que este cambio vale la pena en el día a día de las personas. Y eso no se proclama. Se prueba en los hechos. Así las cosas.
RAZONES DE PESOS CONTRA LA REFORMA JUDICIAL
No encuentro hazaña democrática alguna en armar una Suprema Corte de Justicia al Acordeón, para que entre el gobierno y el partido la aprieten en cada caso hasta que toque la melodía de su elección. Ésa es una razón primordial para que siga el camino solitario de recursos internos contra la reforma judicial, pero no es la única.
Hay razones más materiales. Hoy corresponde hablar de uno de los costos de esa reforma. No lo que ya se gastó en una simulación de elección, sino lo que falta por pagar. El artículo décimo transitorio del Decreto de la reforma judicial ordena cubrir un importe equivalente a tres meses de salario integrado, de 20 días de salario por cada año de servicio prestado y todas las demás prestaciones a que tuvieran derecho, a cada persona juzgadora que concluya su cargo, máximo en la fecha en la que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección. Los años de servicios prestados no son sólo los transcurridos mientras fungieron como titulares de órganos judiciales, sino desde que iniciaron su carrera judicial. Y eso no es una “indemnización”, es una “compensación” ante el atropello de su inamovilidad judicial y la inconstitucional remoción masiva a la que se les sometió.
Pero ese pago no es el único al que tienen derecho. En este país, al menos por lo que va del siglo, se ha reconocido en sede judicial que las personas juzgadoras
tienen un derecho a remuneraciones adecuadas, irrenunciables, irreductibles, inherentes y proporcionales a los puestos que ocupan, como parte de la seguridad económica que deben tener asegurada en aras de su independencia judicial. Lo que a su vez es un derecho de todas las personas para obtener tutela judicial efectiva.
Esas remuneraciones deben pagarse, incluso si por efecto de la reforma judicial se han visto forzadas a concluir sus cargos, por todos los años que les quedaban en ellos. Sean pocos porque apenas habían conseguido su plaza y no se les había ratificado, caso en el que debían permanecer en funciones por los menos seis años; o sean muchos más años, porque ya ratificadas, les faltara bastante tiempo para llegar a la edad máxima en ejercicio del cargo. Éste es un costo más de la reforma.
Un costo que se multiplica porque desde el primero de septiembre que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección del domingo, ellas también adquirirán el derecho al pago de sus propias remuneraciones. Incluso si no pueden tomar posesión del cargo, como debiera suceder en cada caso en el que las personas juzgadoras a las que deban suplantar gocen de una suspensión firme en contra de su remoción. Lo cual está ajustado a los precedentes judiciales.
Por supuesto, el oficialismo puede emplear a las fuerzas armadas para remover de facto a las personas juzgadoras en
funciones que cuenten con una suspensión de amparo, a fin de facilitar la llegada de las nuevas personas juzgadoras electas. De igual manera, el régimen puede retrasar el pago de la “compensación” prevista en el artículo décimo transitorio aludido, con el conocido truco de la desaparición del dinero correspondiente, al haberse destinado para implementar otros aspectos de la reforma judicial; destacadamente, la organización de la elección que simulamos.
Y ni hablar del pago completo de las remuneraciones al que tienen derecho, pues respecto de esa exigencia es de esperarse que simplemente la desconozcan. Pero ello no es obstáculo para que las personas juzgadoras removidas a la fuerza se organicen y demanden el pago de lo que les corresponde. No veo incongruencia en ello. No les podemos pedir que además de ver atropellados sus proyectos de vida y sus derechos, tengan que cubrir solitas las consecuencias de la reforma judicial.
De hecho, si se cuida bien la estrategia, la exigencia de ese pago deberá vincularse con la exigencia de invalidar la reforma judicial. De lograr esto, desaparecerá por consecuencia este costo que acarrea. Pero que nadie se extrañe, si no encuentran juzgados que les protejan, la exigencia la trasladarán a instancias internacionales. Y llegará el día en que el país deba asumir los costos, aunque los hayan provocado exclusivamente la clase gobernante que soportamos. Lo que también es costumbre.
Luis Miguel Cano López
LA EMBOSCADA…
Francisco Ruiz Zuart. Una lectura.
La emboscada y muerte de 5 policías estatales el día 02 de junio del 2025, en el ejido El Sabinalito municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, cuando viajaban en el vehículo número 23057, constituye UN DESAFÍO de suma gravedad para las autoridades del municipio, el Estado y la Federación… Una organización criminal les está diciendo: no nos han podido aniquilar y ustedes lo saben bien, aquí seguimos, no les tenemos miedo, en cualquier lugar de Chiapas les esperamos…
La emboscada del 2 de junio de este 2025 emboscó y sorprendió, DESAFÍA ABIERTAMENTE no únicamente al gobierno del municipio de Frontera Comalapa y a las fuerzas de seguridad más inmediatas, NO, embosca y sorprende a los Gabinetes de Seguridad del Estado de Chiapas y de México, lo sucedido no es una provocación menor… Así se tiene que leer el hecho brutal ocurrido, si se desea responder con inteligencia y de forma contundente a la Organización Criminal responsable de cinco hogares ahora enlutados… Leer incorrectamente La Emboscada y muertes ocurridas en El Sabinalito, responder con gritos y manotazos o mostrar escenas de reacciones inmediatas escasas en sensatez e inteligencia, no es lo recomendable y puede resultar contraproducente…
LA EMBOSCADA fue una provocación cruda a los gobiernos y a la sociedad chia -
paneca y debe de recibir una respuesta de las dimensiones apropiadas… Se tratará de una reacción basada en INTELIGENCIA, si se empieza por revisar y reconocer que grupos como el activado en El Sabinalito, lugar fronterizo de México con Guatemala, se encuentran vigentes y vigorosos, agazapados o de pie, con capacidades logísticas y relaciones vigentes, por todas las regiones y municipios de Chiapas… ES CORRECTO, se ha avanzado en la construcción de paz estatal, hay menos ruidos, pero se encuentra amarrada con ligas o enterrada y tapada con cartones… Lo demuestra el hecho SABINALITO y no es una exageración… Revisemos los detalles del lamentable suceso terrorífico… LA EMBOSCADA del 2 de junio envía mensajes bien claros y si queremos que no se repitan, las autoridades deben de responder con inteligencia y fortaleza, CONTUNDENCIA: cero mensajes que parezcan avisos a los delincuentes; cero expresiones o escenas risibles; cero chivos expiatorios; cero bravuconadas de cantina… El Gabinete de Seguridad Estatal y el Gabinete de Seguridad Federal ¿cuentan con la información sensible y conveniente, para actuar de forma determinante, profunda y suficiente para hablar de PAZ DURADERA en Chiapas, sin sospechas o vestigios de golpes calculados, round de sombra o logros acordados? SI CUENTAN CON TODO… ¿qué hace falta?
Ah! NO ALEGRA RECO -
NOCERLO y mucho menos se hace para desprestigiar o restar méritos a ningún gobierno, PERO, hay que decirlo:
La PROVOCACIÓN Y EL DESAFÍO del Crimen Organizado a los tres niveles de gobierno y a la sociedad chiapaneca, ocurrida el 02 de junio en el Sabinalito, Frontera Comalapa, a unos pasos de los límites de la República Mexicana con la República de Guatemala, tristemente, LOS CR1M1N4L3S están en condiciones de hacerlo donde les dé la gana, IGUAL o todavía más espeluznante…
Este puede ser el contenido y el mensaje más duro y fuerte para las autoridades y las familias chiapanecas…
No minimicemos, no exageremos, no escondamos… A nadie conviene…
CUIDÉMONOS…
Ah! Gobernador Óscar
Eduardo Ramírez Aguilar, con todo respeto…
Los que mienten, aparentan o traicionan una vez, lo harán las veces que puedan…
Gobernador, ellos, tus operadores, bien sabes quienes ¿traerán su propio juego y a ti te estarán engañando? Hay mucho en juego…
El exmilitar y expakal, hizo denuncias y reclamos muy graves a mandos medios y altos de los Pakales ¿recuerdas? No lo olvides…
Gobernador, tus asesores te tienen miedo y evitan hablarte derecho y sin sazonar… Búscate un asesor que duerma con un ojo abierto y un pie en el suelo, con los zapatos puestos y su renuncia en la mano…
Í N D I C E . . .
Ruperto Portela Alvarado
• CLAUDIA Y AMLO DE FIESTA.
• Festejando el triunfo judicial…
• Robo de boletas y los acordeones…
• 145 incidentes solo en Chiapas…
• Lista la lista; ya confirmada…
PERVERSIDAD Y PODER…
El jolgorio no se podría ocultar en los autores de la farsa de “Elección Judicial”. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR salió de su ostracismo de ocho meses solo para votar por la reforma que asesina la democracia y que él mismo instruyó el 5 de febrero de 2024. CLAUDIA SEHINBAUM PARDO, hace valer su investidura de Presidenta de la República y da a conocer “sus datos” del proceso y señala una participación entre el 12.54 y 13.3 por ciento de votantes.
Con los datos de la oficialidad, se supone que más de 12 millones de ciudadanos salieron a votar, aunque, otros datos, como dice el clásico, apuntan a que el porcentaje de votación fue de 11.9%, pero la opinión pública cree que apenas fue entre 5 y 8%, que representa escasos 5 u 8 millones de votos de un universos del padrón electoral de casi 100 millones de empadronados. Y si solo votaron 12 o 13 millones, la cuenta señala que otros 87 millones, no fueron a votar, por alguna razón.
Con esa diversidad de información sobre la “Elección Judicial”, LÓPEZ OBRADOR y CLAUDIA SHEINBAUM están de fiesta festejando el éxito del triunfo judicial cuando el imaginario social indica que fue un fracaso igual que la consulta para el “Enjuiciamiento a los ex Presidentes” (7%) y la “Revocación de Mandato” (17%) que
fueron caprichos y ocurrencias con un tiradero de dinero por más de 14 mil millones de pesos en estos tres procesos que ordenó el “Mesías del Trópico” y la “Excelsa Señora Presidenta”. Pero qué necesidad había de llevar a los juzgadores a una elección cuando ya tenían asegurado el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y como es su costumbre, ambos personajes minimizan los incidentes como el robo de 25 paquetes con 135 mil boletas en Chiapas y otras 80 mil en Oaxaca. Aun así, los dos productores de mentiras siguen festejando su osadía de llevar a la mediocridad al Poder Judicial. Solo que, como dicen en las redes sociales: “se le cayó el teatro de que el pueblo quería una reforma judicial”, pues con la mínima participación, la ciudadanía les dice que eso no es cierto. Nunca el pueblo ordenó esa reforma y menos el proceso electoral para elegirlos.
Lo cierto es, que tanto ANDRÉS MANUEL como CLAUDIA, están logrando su cometido de someter al Poder Judicial como ya tiene al Poder Legislativo, al Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y todas las entidades autónomas que daban transparencia y obligaban a la rendición de cuentas al gobierno federal; consumando así, el régimen autoritario y allanando el camino hacia una dictadura.
Es una coincidencia el que las
cinco mujeres y cuatro hombres ligados a Morena, la 4T y vinculadas con LÓPEZ OBRADOR, fueron los ganadoras para ocupar un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que son los mismos que estaban anotados en los acordeones; lo que confirma que la lista ya estaba lista desde antes de la elección del 1 de junio-2025. Ahora solo queda esperar los demás resultados que se darán a conocer hasta el 15 de junio, que según mi percepción, todo ya está arreglado. Lo demás será otro capítulo de la farsa.
Por supuesto que los 36 millones de votos y el 73 por ciento de aceptación que tiene la PresidentA CLAUDIA SHEINBAUM comparado con los resultados de la “Elección Judicial” de 11.9% o menos, demuestra que todo en este gobierno es una falacia, igual que lo fueron las consultas para el “Enjuiciamiento de los ex Presidentes” que tuvo un 7% de votación y la “Revocación de Mandato” que llegó a 17 por ciento.
Lo demás se cuenta solo, pues el camino hacia una dictadura mexicana está planchado; se vuelve a la perversidad del poder omnímodo y omnipresente del PRIato de 71 años que tanto se descalificaban por la oposición morena que hoy es gobierno y son lo mismo que tanto criticaban. Se volvió al Presidencialismo tan repudiado, al partido único y a la “dictadura perfecta” literalmente.
Decía el “Inmaculado” ANDRÉS
MANUEL: “No somos iguales” cuando la respuesta ha sido siempre, que “son peores”. Regresó la corrupción en toda su dimensión, con más descaro y cinismo, pues niegan lo obvio y declaran su poder violando las leyes, inclusive las mismas que ellos inventaron y aprobaron. Me queda claro –como decía mi recordado amigo “Ponchito” ALFONSO CARBONELL CHÁVEZ— que con esta “Elección del Poder Judicial de la Federación”, se cumple el guión que escribió LÓPEZ OBRADOR y está aplicando CLAUDIA SHEINBAUM con destino a una dictadura y la perpetuación en el poder. Así lo veo y así lo comparto. Es mi opinión desde mi perspectiva periodística… Se acabó el mecate… Y ES TODO…
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Jueves 5 de Junio de 2025 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Año 11 | No. 3134
