Chiapas desde los tiempos del PRI ha jugado el papel de granero de votos, a punto tal, que en la elección de 1988, Carlos Salinas de Gortari garantizó su triunfo en Chiapas y Veracruz PAG. 2
D O X A
Ayer corrió la noticia de la detención de la viuda del preso ejecutado Yudiel Flores. La fiscalía del Estado debe brindar información veraz que justifique esa detención. Sobre todo por los actos de omisión incurridos por la fiscalía y la secretaría de seguridad.
Al no ordenar la separación del cargo del director del Amate y los custodios de guardia, responsables de homicidio por comisión de omisión, lo que provoca ilegalidad en la investigación.
DECLARACIÓN
ayuda de tropas de USA porque tiene miedo a los cárteles: Trump
La presidenta de México es una mujer encantadora, pero le tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”, dijo Trump
INFORME
Inicia CEDH queja de oficio ante presunta violación a derechos humanos en el penal de El Amate
EXIGENCIA
Así el historial de Pedro “N”, ex presidente de Rincón Chamula
La disyuntiva del cambio o que todo siga igual
Chiapas desde los tiempos del PRI ha jugado el papel de granero de votos, a punto tal, que en la elección de 1988, Carlos Salinas de Gortari garantizó su triunfo en Chiapas y Veracruz y Felipe Calderón tuvo los problemas electorales, que cuestionaron su triunfo, por la baja votación que tuvo en Chiapas, donde López Obrador, como candidato del PRD, obtuvo mayor porcentaje de votos, con el respaldo del gobernador Pablo Salazar, que años después pagó esa afrenta con los meses que estuvo en prisión, durante el gobierno de Juan Sabines, que jamás hubiera ganado la gubernatura del 2006 si el respaldo que Pablo Salazar le brindó. Esta breve referencia tiene como propósito señalar que las votaciones en Chiapas son reales pero el voto no se ejerce en libertad, por la compra de votos, por el rebase en los topes de campaña, por la participación de recursos públicos y ahora del crimen organizado en las votaciones, por la inducción y acarreo del voto a partir de los programas sociales, por la compra de candidaturas y sobre todo, por el bajo nivel de cultura política en Chiapas, que permite la manipulación del voto debido al hambre y
la pobreza de la mayoría de los electores en la entidad.
Bajo estas circunstancias se podría cuestionar la legitimidad de los gobernantes, pero tampoco se puede negar que miles de electores salieron a votar voluntariamente por los últimos gobernadores de la entidad, sin que nadie los obligara y sin tener que vender su voto. Sin embargo la mayoría en Chiapas se constituye a partir del voto de los electores que no actúan en libertad y que forman parte de ese granero histórico de votos, por eso esa mayoría es ficticia y cambia de simpatías cada seis años en el que vitorean a cada nuevo gobernador, esperanzados de que las cosas van a cambiar, pero esto no va a cambiar si no cambian las condiciones manipuladas en que se constituye estas mayorías sin estudio y sin conocimiento de la realidad social, en donde el voto de la cultura de la dádiva se hace necesario para mantener este estado de atraso que tiene Chiapas y en el que no hay interés de los gobernantes de que las cosas cambien.
Así que la misma multitud que aplaudía a Juan Sabines es la misma que lo hizo con Manuel Velasco y luego guardó silencio cómplice con Rutilio Escandón y ahora vuelve a aplaudir a Eduardo Ra-
mírez, sin importar que el saqueo y derroche de los recursos públicos, de la falta de resultado de gobierno y sin importar que fueron objeto de la corrupción y de engaños. En Chiapas se adora sexenalmente a su gobernador, sin importar la eficacia de las políticas y sin importar de qué partido son. Basta que se presente la asunción del poder para ser objeto de la adoración y del culto a la personalidad, de una población que aplaude a los que son responsables de su pobreza y miseria, en el que se acumulan años de agravios que produce y reproduce un resentimiento social cada vez mayor en sectores de jóvenes, que perdieron las posibilidades de un futuro mejor.
Hoy Eduardo Ramírez, quien estableció el compromiso de una nueva era para Chiapas, quien está ´por cumplir sus primeros cinco meses de gobierno, se encuentra en la disyuntiva de impulsar políticas que sienten las raíces de un cambio para Chiapas, lo que implica incorporar nuevos funcionarios que cumplan con esta tarea, o bien dedicarse a seguir realizando actos de campaña para mantener la popularidad, pero no así la legitimidad, y dejar que transcurran los años para sumar los 24 años de gobierno desafortunados en Chiapas.
DIRECTOR GENERAL José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL Franni Gudiel A.C
Correo
Bajo el sol abrasador de la mañana, una multitud inquieta se agolpaba ante un funcionario de inmigración en un remoto rincón de México, cada una rogando por tomar un vuelo de salida.
No intentaban llegar a Estados Unidos, como muchos de ellos habían anhelado no hace mucho. Ahora intentaban regresar a Venezuela —o simplemente escapar de esta ciudad—, si al menos tuvieran los pasaportes, los papeles o los medios para salir.
Hay al menos 3000 venezolanos varados en Tapachula, una ciudad sofocante cerca del extremo sur de México, que solía ser una puerta de entrada para los migrantes procedentes de Guatemala. No hace mucho, miles de personas recorrían sus calles, abarrotando albergues y durmiendo en patios, parques y plazas.
Pero la ciudad se ha quedado quieta. Los refugios están vacíos. Los parques donde las familias se hacinaban están desiertos.
Ahora, el movimiento es a la inversa. Una a una, las personas suben a autobuses, vuelven sobre sus pasos a pie o cruzan flotando el río Suchiate, de vuelta a Guatemala y a sus países de origen. Forman parte de una creciente ola de migración inversa: personas que, ante las políticas de línea dura del presidente Trump, han tomado la dolorosa decisión de regresar a los países de los que una vez huyeron —lugares marcados por la violencia, la pobreza y el cambio climático— y abandonar, al menos por ahora, sus sueños de una vida mejor.
Los miles de personas que permanecen en Tapachula carecen de documentación o recursos para hacer otra cosa que esperar. Las restricciones migratorias de México, adoptadas bajo la presión de los gobiernos de Joe Biden y Donald Trump, les impiden incluso salir de la ciudad, y tampoco pueden regresar fácilmente a Venezuela.
“Estamos atrapados”, dijo Patricia Marval, una venezolana de 23 años que tiene ocho meses de embarazo y lucha por cuidar a tres niños en una choza de una sola habitación hecha de bloques de hormigón.
Cada día, su pareja intenta reunir unos pocos pesos en un taller de car-
Derivado de diversas publicaciones en medios de comunicación de las redes sociales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició este domingo 4 de mayo la queja de oficio número CEDH/407/2025, misma que fue turnada a la Visitaduría de la Mujer ante la probable violación de derechos humanos en agravio de Cristhian N, quien se encuentra recluida en el penal de El Amate de Cintalapa.
Los migrantes atrapados en México que buscan volver a casa
pintería: apenas lo suficiente para arroz y tortillas, pero nunca para comprar pañales para Siena, su hija de un año. Algunas noches, el hambre les atormenta mientras duermen, dijo.
La desesperación es tan aplastante que Marval dijo que incluso se ha planteado pedir a un vecino que se quede con uno de los niños, para que al menos puedan comer tres veces al día. “Si pudiera dejar a alguno te juro que lo haría”, dijo sollozando. “Pero no puedo”.
Hay entre 8 mil y 10 mil migrantes en una situación similar dispersos por el estado sureño de Chiapas, según Eduardo Castillejos, subsecretario de una agencia del gobierno estatal que se ocupa de los asuntos de los migrantes en la frontera sur. La mayoría proceden de Venezuela, Cuba y Haití, y pretendían llegar a Estados Unidos.
Pero son los venezolanos, dijo, los que están más desesperados por salir y los que se enfrentan a mayores obstáculos. Sin recursos y sin documentos de viaje, “a estas personas se les acabaron las alternativas”, dijo Castillejos. “Están enfrentando una situación color hormiga”.
Afirmó que se necesitan más recursos para emplear e integrar a los migrantes, no solo en Chiapas, sino en todo el país. “México ya no solo es un país de paso, poco a poco nos estamos convirtiendo en un país destino”, dijo. “Y necesitamos adaptarnos a esa nueva realidad”.
El gobierno mexicano, para tratar de evitar los duros aranceles amenazados por Trump, ha intensificado sus esfuerzos en los últimos meses para detener el flujo de migrantes que se dirigen hacia
la frontera con Estados Unidos.
Los migrantes de Tapachula no pueden salir de la ciudad ni del estado sin un permiso especial de migrante concedido tras solicitar asilo, un proceso que puede llevar meses. Los que intentan salir sin los documentos adecuados suelen encontrarse con controles de inmigración en autobuses y carreteras, donde los funcionarios habitualmente detienen a los viajeros sin la documentación requerida, según las entrevistas con decenas de migrantes y defensores de los derechos.
Las personas dispuestas a abandonar el país también se enfrentan a obstáculos, ya que muchas carecen de pasaportes válidos, permisos de tránsito o documentos de identidad. Los que no tienen medios para emprender el largo viaje deben esperar a ser seleccionados para un vuelo humanitario proporcionado por México, y a que el gobierno venezolano apruebe su regreso.
Actualmente, hay miles de personas en lista de espera para un vuelo a Venezuela, según una funcionaria que hablaba con los migrantes, pero que se negó a dar su nombre porque no estaba autorizada a hablar con periodistas.
“Es como estar en la cárcel, porque no podemos ir ningún lado”, dijo Mari Angeli Useche, de 24 años, que salió de Venezuela hace ocho meses, con la esperanza de llegar a Estados Unidos, y ahora espera poder tomar un vuelo humanitario a Venezuela antes de dar a luz. El parto está previsto para dentro de unos tres meses.
Para algunos, especialmente los que ya llevan años viajando, la espera es insoportable.
Keila Mendoza, de 34 años, huyó de Venezuela hace ocho años, rumbo a Colombia y con la esperanza de llegar finalmente a Estados Unidos. En el camino, conoció a su pareja y dio a luz a sus hijos, que ahora tienen 7 y 3 años.
Llegaron a Tapachula hace seis meses y empezó su pesadilla. Un grupo de delincuentes secuestraron a Mendoza durante siete días, dijo, exigiendo rescate y robando el poco dinero que la familia había reunido. Poco después, su pareja los abandonó.
Ahora, Mendoza hace trabajos domésticos en una tienda de comestibles local, para intentar cubrir la comida y el alquiler, aunque a menudo no hay suficiente para ninguno de los dos. “A veces no tengo ni para darle de comer a mis hijos”, dice.
Los únicos documentos que tiene son los documentos de identidad de sus hijos, que prueban su nacionalidad colombiana. A pesar de estar desesperada, la idea de regresar al país del que escapó hace años la llena de temor.
“Quiero irme a mi casa, pero yo allá no tengo nada, ni nadie que me espere”, dijo. “¿Cómo empiezas una vida otra vez desde cero?”.
Incluso esos documentos son más de lo que tienen muchos migrantes. Entre las personas abandonadas en Tapachula hay mujeres que han criado a sus hijos durante el largo viaje desde Venezuela. Algunas dieron a luz en lugares como Perú y Colombia, trayendo al mundo niños que ahora tienen nacionalidades diferentes, pero no documentos oficiales que demuestren quiénes son. Sin siquiera certificados de nacimiento o pasaportes, su futuro incierto pende aún más de un hilo.
“Estoy desesperada por irme, pero no puedo, no sé qué hacer”, dijo Marval, que tiene tres hijos: Alan, de 7 años, nacido en Venezuela; Ailan, de 4, nacido en Colombia; y Siena, de 1, nacida en Perú.
Abatida por la desesperanza, dijo que, en ocasiones, había contemplado quitarse la vida. Pero la idea de infligir un dolor más profundo a sus hijos le ha impedido hacerlo, afirmó.
Inicia CEDH queja de oficio ante presunta violación a derechos humanos en el penal de El Amate
El organismo autónomo investiga los hechos difundidos este día en los medios masivos de comunicación y garantiza total imparcialidad en su actuación como defensora de los derechos humanos de los chiapanecos y de las personas radicadas en esta entidad.
Este Organismo reafirma su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos y dará el debido seguimiento, velando por la integridad e implementando las medidas que garanticen la integridad y la determinación de responsabilidades correspondientes.
The New York Times
Ciudad de México, (Tribuna)
Imputan a alcalde de Teuchitlán por delito de delincuencia organizada por el Rancho Izaguirre
Elizabeth Rivera Avelar Guadalajara, Jalisco, (apro).
El alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, fue imputado este día por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto responsable del delito de delincuencia organizada cometida en agravio de la colectividad, en relación con los hechos y denuncias relacionadas con los hallazgos del rancho Izaguirre.
Durante la audiencia celebrada en la sala número 3 del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande, con base en la causa 473/2025, la FGR afirmó que los hechos investigados y denunciados incluyen reclutamiento de personas, trata y explotación de personas, trabajo y adiestramiento forzado, así como desaparición forzada de personas con apoyo y aquiescencia de las autoridades.
Los representantes de la Fiscalía manifestaron que el reclutamiento de personas fue operado por José Gregorio Hermida, alias “El Lastra”, “El Sapo” y “El 090”, quienes forman parte del CJNG y “efectuaban la función de enganchar gente con falsas promesas de trabajo” en las centrales camioneras de Tlaquepaque y Zapopan, siendo luego trasladados a los ranchos Izaguirre y La Vega.
Agregaron que posteriormente eran enviados “a la guerra en Zacatecas”, y aquellos que se oponían “eran matados”.
La fiscalía sostuvo que el alcalde presuntamente colaboró de forma “dolosa, consciente y voluntaria, con pleno conocimiento y en actos efectuados a título personal”, en los hechos investigados, y que dejó “operar libremente” al grupo criminal en el
Áxel Chávez
HIDALGO
(apro)
Tras percibir “olores de gases tóxicos”, provenientes de una zona boscosa, pobladores de la comunidad de San Pedro Tlachichilco, municipio de Acaxochitlán, hicieron una llamada anónima que derivó en el descubrimiento de un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad de Hidalgo.
En el centro clandestino hallaron 15 bultos de ácido tartárico de 25 kilogramos, 12 bultos de sosa cáustica de 25 kilogramos, 26 tambos de 200 litros con un líquido con características similares a la acetona.
Asimismo, como “producto terminado”, localizaron dos bolsas con sustancia granulada con características de metanfetamina, con un peso aproximado de 6 kilogramos con 600 gramos y 120 litros de metanfetamina líquida.
La fiscalía sostuvo que el alcalde colaboró de forma “dolosa y voluntaria” en los hechos investigados, y que dejó “operar libremente” al grupo criminal en el municipio
municipio, además de permitir que “vehículos con reporte de robo circularan libremente” y que además proporcionaba “vigilancia” a las afueras del rancho Izaguirre para evitar que los reclutados por la fuerza escaparan.
La parte acusatoria señaló que José Ascención se presentó en el rancho Izaguirre y fue visto platicando con “El Lastra” en abril y junio de 2024, cinco meses antes de que se descubriera la operación ilegal en el rancho Izaguirre.
Al detallar la acusación, aseguraron que el edil ordenó a otro involucrado arrojar una bolsa con órganos en una fosa, en presencia de otras personas a quienes se refirió como “estos perros que no vivirán para contarlo”, aunque la fiscalía indicó que algunos de ellos “sobrevivieron y lograron fugarse”.
Además, la fiscalía afirmó que hay señalamientos que sostienen que el imputado recibía 70 mil pesos mensuales de “El Sapo” y de “El 090”.
En su exposición, la Fiscalía refirió que en el rancho Izaguirre “se han encontrado restos de huesos con exposición térmica” y se “localizaron ar-
mas y chalecos tácticos con la leyenda CJNG”.
Ni el defensor del alcalde ni éste hicieron comentarios a las acusaciones ni declararon durante la parte pública de la audiencia, que concluyó a las 13:40 horas. No obstante, el inculpado afirmó haber “entendido las acusaciones”.
A la audiencia asistieron siete funcionarios de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) de la Fiscalía General de la República (FGR), encargados de presentar la acusación contenida en cuatro cajas de expedientes de investigación contra el presidente municipal.
Durante la audiencia, el alcalde vestía la misma ropa con la que fue detenido: una camisa color guinda, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros. Estaba custodiado por cinco elementos de la Guardia Nacional (GN).
Pide FGR audiencia sin medios de comunicación
La audiencia inicial comenzó este domingo a las 9:45, se declararon
dos recesos y continuó durante varias horas. Una de las pausas se efectuó para que el alcalde detenido pudiera comunicarse con sus abogados particulares, y la otra por una solicitud del Ministerio Público Federal, que pidió que los representantes de los medios de comunicación salieran de la sala. Los fiscales federales argumentaron que la audiencia debía desarrollarse en privado para “salvaguardar la información”, “preservar las líneas de investigación” y debido a que la carpeta del caso “no estaba concluida”, pues se “podría filtrar información” y afectar la integridad de testigos y víctimas. La defensa del inculpado estuvo de acuerdo con esta petición.
Al analizarla, la jueza señaló los casos de excepción en el apartado del principio de máxima publicidad que argumentó la fiscalía, pero también el “derecho de la sociedad a conocer los hechos de relevancia en temas de violaciones graves de derechos humanos y de desaparición de personas, porque la sociedad tiene derecho a conocer qué se está investigando”.
La juzgadora determinó que los medios sólo estuvieran presentes en la primera etapa de la audiencia, es decir, durante la imputación, y ya no en la fase de vinculación a proceso, cuando tuvieron que salir de la sala. La audiencia continuaba para desahogar la posible vinculación a proceso, aunque también se señaló la posibilidad de que la defensa del presidente municipal solicitara la ampliación del plazo constitucional para allegarse de pruebas a su favor, antes de que se resuelva su situación legal.
Perciben “olores tóxicos”, llaman a emergencias y descubren narcolaboratorio en Hidalgo
El “protocolo de búsqueda” que implementó la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Secretaría de Seguridad Pública de la entidad y policía municipal se llevó a cabo el 30 de abril. El titular de la SSPH, Salvador Cruz Neri, informó en conferencia de prensa, este sábado 3 de mayo, que durante el operativo aseguraron cinco vehículos: una camioneta RAM doble rodada con caja seca y reporte de robo, así como otras dos RAM negra y blanca, respectivamente, también con reportes de robo. De igual forma, una camioneta Ford Lobo blanca, con placas de Hidalgo, y otra RAM negra con placas de Oaxaca.
En estas acciones, aseguraron a dos personas de sexo masculino con las siglas J.C.C., alias “El Pochongo” y A.R.V., con antecedentes penales.
Con base en la relatoría del mando policial, en el laboratorio clandestino encontraron un fusil de asalto calibre 5.56 mm, cargado y listo para
usarse; once cargadores abastecidos de diferentes calibres y dos chalecos tácticos.
Según Cruz Neri, presumen que los responsables del narcolaboratorio son sinaloenses, aunque especificó que los dos detenidos son de Hidalgo.
Exgobernador de Morelos: Blanco, pero no limpio: nepotismo, desfalcos, derroches, escándalos...
Estrella Pedroza CUERNAVACA, Mor.
Aunque logró evadir el juicio de procedencia para que enfrente la imputación penal en su contra por el presunto intento de violación de su media hermana, para el exgobernador y actual diputado federal por Morena Cuauhtémoc Blanco ese frente sigue abierto en la Fiscalía general del estado, al tiempo que surgen acusaciones de corrupción, abusos y negligencias del exfutbolista y su entorno familiar.
Denuncias formales ante la Fiscalía Anticorrupción, recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y numerosos testimonios apuntan a negligencias del gobierno de Blanco que derivaron en la muerte de personas. En específico, señalan lo ocurrido en el sistema DIF, que estuvo a cargo de la esposa del exjugador, Natalia Rezende Moreira.
De acuerdo con una de las denuncias, durante la gestión de Rezende y en plena pandemia por covid-19 se emprendió una campaña de “austeridad” en el Albergue de Adultos Mayores de Temixco, lo que causó la muerte de ocho ancianos, según documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Las denuncias también apuntan a dudosos manejos en la compra de me-
Omar Tinoco Morales Ciudad de México,
(Tribuna)
Este domingo el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, lanzó nuevas críticas al gobierno de la 4T e insistió en que el movimiento de Morena ha decidido que la democracia no es lo mejor para el país y desde el sexenio anterior inició su desmantelamiento.
En entrevista con el periodista León Krauze, Zedillo reconoció que Sheinbaum goza de gran popularidad, no obstante, apuntó que la función de un presidente de la República “no es ser popular, sino servir a la nación”.
“Yo le recordaría que la función de un presidente no es ser popular, sino servir a la nación, democráticamente. No ser parte de un proyecto que claramente es de destrucción democrática”, dijo Zedillo, quien desde hace un par de semanas mantiene un cruce de declaraciones con Claudia Sheinbaum. Ernesto Zedillo recordó que Sheinbaum Pardo fue electa democráticamente a través de instituciones pero ahora su gobierno busca dar continuidad a la demagogia de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
“No asume sus responsabilidades
Pese a librar el desafuero por el presunto intento de violación contra su media hermana, el exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco enfrenta un expediente judicial marcado por escándalos de corrupción, negligencia en el DIF y fiestas con fondos públicos en la residencia oficial
dicamentos, desfalco en las tarjetas de pensiones de residentes en ese albergue, así como el derroche y el fastuoso estilo de vida de la pareja, que hace “una nueva vida” en la Ciudad de México.
Apenas unas horas después de que el voto de una mayoría de Morena resolviera desechar la solicitud de declaración de procedencia de desafuero en la Cámara de Diputados, a finales de marzo, la oficina del fiscal Edgar Maldonado anunció que seguiría adelante con una investigación interna y con la carpeta iniciada por la denuncia de Ni-
dia Fabiola, media hermana de Blanco. En la acusación por la presunta tentativa de violación ocurrida a mediados de diciembre de 2023 aparece señalado también Ulises Bravo, otro hermano de Cuauhtémoc, a su vez denunciado por su pareja, Liu León, por violencia familiar y psicológica, principalmente. Liu León declaró ante la Fiscalía que algunas de las agresiones físicas ocurrieron frente a Cuauhtémoc ya como gobernador. Según las fechas asentadas tanto en la denuncia de Liu como en la de Nidia, Ulises golpeó a la primera un
mes antes del ataque sexual de Cuauhtémoc contra Nidia.
De acuerdo con esta última querella, la agresión sexual habría ocurrido en Casa Morelos, residencia oficial del estado. “¡Date cuenta de lo que estás tratando de hacerme!”, fue uno de los gritos que Nidia narró haber exclamado esa noche, mientras se defendía del entonces gobernador quien, aseguró, estaba fuera de sí, alcoholizado y con los ojos enrojecidos.
La mujer dijo creer que sus gritos lograron ahuyentar a Blanco, pese a que nadie de su personal, que se encontraba afuera de las habitaciones, intervino para auxiliarla.
Aunque Cuauhtémoc Blanco no vivió en la residencia oficial, la convirtió en escenario de fiestas privadas con amigos, funcionarios o familia, en las que no faltaron el derroche en gastos y, según lo señalado por excolaboradores del actual diputado –como quien fue su asesor anticorrupción, Gerardo Becerra–, abundaron el alcohol y otros excesos...
Zedillo lanza nueva crítica a Sheinbaum: “La función de un presidente no es ser popular, sino servir a la nación”
constitucionales porque busca darle continuidad a la “obra demagógica” del expresidente López Obrador, “ridículamente” llamada Cuarta Transformación”, dijo Zedillo en la entrevista difundida este domingo.
Para Zedillo, las transformaciones impulsadas por el actual gobierno de Morena y sus aliados tienen un nombre contundente: “golpe de Estado”.
Así lo expresó al analizar los cambios institucionales promovidos por los gobiernos morenistas, afirmando que se ha desmantelado a un régimen democrático para abrir paso, según su interpretación, a una “tiranía” instaurada dentro de las normas de la Constitución.
El exmandatario priista fue enfático al señalar que quienes integran el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum parecen estar convencidos de que la democracia no es el camino correcto para el país. Desde su perspectiva, el proyecto
de Morena busca perpetuar un control absoluto mediante un modelo político hegemonizado por un único partido, acompañado de restricciones a las libertades civiles, la militarización de la seguridad, la manipulación de los medios de comunicación y el refuerzo de medidas como la prisión preventiva.
“Ellos piensan que eso es lo mejor para el país”, dijo el ex mandatario y miembro del PRI.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha descalificado las críti-
cas vertidas por Zedillo y ha cuestionado el daño económico que dejó al país a través de una política neoliberal.
“¿Por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión, a modo, de una nueva Corte, impuesta por él?
Porque él propuso a cada ministro y ministra de la Corte; ministro, porque eran hombres de aquella época.
Ahora resulta que Zedillo es paladín de la democracia“, reviró en días pasados la presidenta de la República. Con información de Infobae.
La Ciudad de México no sabe encontrar a sus miles de desaparecidos
Ximena Arochi y Sara Pantoja Ciudad de México (apro)
Desde hace dos sexenios en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana se agrava la desaparición de personas, en su mayoría jóvenes. Casi la mitad son mujeres.
Las sucesivas administraciones han quedado rebasadas frente a familias de víctimas que aleccionan a los funcionarios en las búsquedas y mantienen la exigencia de que el Estado mexicano responda a lo que algunos especialistas identifican como un “talón de Aquiles” de la megalópolis.
Una investigación realizada por Proceso, que incluyó la identificación de zonas de inhumación clandestina, identificó una variedad de causas de un problema que no deja de crecer: trata, adopciones ilegales, feminicidios, homicidios, violencia de género y familiar, discriminación, riñas callejeras, secuestro, extorsión, tala clandestina, narcomenudeo, reclutamiento forzado y disputas entre grupos del crimen organizado.
Estas expresiones de inseguridad se han convertido en una constante pese a que la región metropolitana es la más videovigilada del país, con más de 83 mil policías en las calles, y es considerada bastión de los derechos humanos y las libertades en México, pero cuyos gobiernos están desarticulados ante el problema.
De acuerdo con investigadores consultados y el Registro de Personas Desaparecidas, sólo en la CDMX hay más de seis mil 100 personas que no han vuelto a sus hogares, equivalente a un Auditorio Nacional al 60% de su capacidad. El origen de los reportes de desaparición se concentra en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. A ese total se le podría sumar la “cifra negra” de casos no denunciados por miedo, desconocimiento o desconfianza en las autoridades.
En ese registro aproximado existen casos menos desafortunados, cuando los cuerpos son encontrados, aunque no en la CDMX, donde fueron vistos por última vez con vida; sino en parajes boscosos o en las orillas de carreteras de municipios limítrofes del Estado de México, Morelos e Hidalgo, lo que hace de este fenómeno social un asunto metropolitano.
Peor aún, exfuncionarios y familias denuncian poca o nula coordinación y voluntad política entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías estatales para registrar, investigar y encontrar a los desaparecidos. También exponen falta de recursos económicos y humanos expertos para hacer búsquedas.
El panorama empeora cuando se habla de una “tendencia” en la capital: los agresores entierran los cuerpos de sus víctimas en los jardines o patios de la casa de éstas, conducta que vuelve casi imposible buscarlas y encontrarlas.
“Es algo muy particular de la Zona Metropolitana del Valle de México. Hemos documentado muchos hallazgos de fosas vinculados a feminicidios y a disputas familiares, donde no es una persona de un grupo del crimen organizado, sino son familias, el tío, el sobrino, la mamá, el papá que asesinan a un ser querido y lo entierran en los mismos jardines de sus casas”, dice Andrea Horcasitas Martínez, encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA). Estos casos se quedan “a puerta cerrada” y sólo son descubiertos cuando la persona agresora “se arrepiente” y confiesa el crimen o cuando la familia de la víctima pide a la autoridad buscar en ese lugar y el Ministerio Público obtiene una orden de cateo de un juez para entrar.
CDMX: de burbuja segura a fosa clandestina
Maestra en Desarrollo Internacional por la Universidad de Ciencias Políticas de Francia, explica que en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas hay documentados dos casos de desaparición en la capital desde 1964. Desde entonces hasta ahora se tiene el registro de 19 mil casos.
No obstante, precisa, las desapariciones se “han vuelto sistemáticas a partir de 2018, cuando empezamos a ver el crecimiento constante”. Ese año fue la transición entre Miguel Ángel Mancera, José Ramón Amieva y Claudia Sheinbaum en la Jefatura de Gobierno.
Horcasitas Martínez destaca la existencia de “un pico” en el registro en 2013, con 976 casos, al inicio de la gestión de Mancera. Un caso fue el del Bar Heaven, en la Zona Rosa, donde el 26 de mayo de ese año 13 jóvenes del barrio de Tepito fueron secuestrados por integrantes de La Unión. El 21 de agosto siguiente la policía halló sus cadáveres torturados y desmembrados en una fosa clandestina en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México.
A partir de 2018, explica Horcasitas, ese crecimiento constante tuvo dos picos: en 2019, el año de más registros con tres mil 225 –con Jesús Orta y Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)–, y el año 2024, con dos mil 846; con Martí Batres como jefe de Gobierno y Pablo Vázquez al frente de la policía, como hasta ahora.
María del Carmen Volante, quien desde 2017 busca a su hija Guadalupe
Pamela Gallardo, asegura que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador “impuso” a familias de desaparecidos unirse en colectivos para ser atendidos por las fiscalías.
“Puntos rojos”
De 2020 a 2024 Andrea Horcasitas documentó la existencia de 13 fosas clandestinas en la mitad de las 16 alcaldías de la capital: Cuauhtémoc, Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Coyoacán y Tlalpan. Tan sólo en esta última hallaron la mitad.
En particular, menciona el caso de las colonias Centro y Morelos, en la Cuauhtémoc, donde grupos del crimen organizado se disputan el territorio a sólo unas calles de Palacio Nacional, con “una pedagogía del terror para controlar el territorio a partir de mandar estos mensajes atroces”.
Para muestra, el 27 de octubre de 2020 dos adolescentes de 12 y 14 años, de origen mazahua, desaparecieron en el Centro Histórico, según sus fichas de búsqueda; cinco días después sus cuerpos fueron hallados desmembrados y en cajas de plástico en un basurero. La investigación arrojó que fueron asesinados en la vecindad de la calle República de Cuba número 86. La entonces jefa de Gobierno atribuyó el caso a un asunto “del narco”.
El reclutamiento de jóvenes vía redes sociales por el crimen organizado ya también se ejerce en la CDMX. “Tengo identificados de 2020 a 2022 casos de adolescentes que fueron engañados, reclutados vía redes sociales y desaparecidos, el modus operandi es muy similar. Ése es un patrón que hemos identificado específicamente en la zona del Ajusco”, dice Horcasitas.
Los investigadores reconocen como puntos de “interés forense” o “puntos rojos” para buscar a desaparecidos el Ajusco (espacio que “huele a muerte”, dicen madres buscadoras) y el Bosque de Tlalpan, ambos en Tlalpan. También ubican la Sierra de Guerrero y Cuautepec, en la GAM, y su frontera con el municipio de Ecatepec; así como las barrancas de Álvaro Obregón y Cuajimalpa, las zonas boscosas, parajes solitarios y orillas de las carreteras.
Mencionan “fosas de agua” como el Río de los Remedios, que atraviesa los municipios mexiquenses de Ecatepec, Naucalpan y Tlalnepantla y las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; el Río Becerra en Álvaro Obregón y
los canales de Xochimilco.
Muertes indeterminadas
Rodrigo Peña González, director ejecutivo del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México (Colmex), asegura que en los tres últimos años de la gestión mancerista se vivió una “descomposición de seguridad” y que Sheinbaum recibió una capital “terriblemente violenta, con gente colgada y cabezas” en las calles.
Destaca que, según el INEGI, entre 2019 y 2023 los delitos violentos en general tuvieron una tendencia a la baja. En particular, las muertes violentas por homicidio bajaron mucho, al mismo tiempo que aumentaron las defunciones por causa “indeterminada”.
Doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad de Leiden, Holanda, reconoce que hay un debate entre académicos para saber la razón de esas muertes “indeterminadas”: maquillaje de cifras, peritos profesionalizados o una dinámica de desaparición de personas. Coincidencia o no, colectivos de búsqueda afirman que en ese lapso se incrementaron las denuncias por desapariciones no sólo en la CDMX, sino también en el Edomex, Morelos, Hidalgo y Puebla. Peña González califica la situación de “crisis humanitaria”. Es, afirma, “el Talón de Aquiles, la crisis de desaparición que tiene, no solamente el país, concentrémonos en la CDMX; es la expresión más clara del fracaso de la mayoría de las políticas de seguridad, aun en su éxito”. En la desaparición “se concentran formas de indolencia, injusticia, impunidad, corrupción, crimen organizado. Es una especie de amalgama del tamaño de la crisis”. Investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, Elena Azaola explica que la razón del incremento de 400% de casos en la CDMX “es muy clara”: es consecuencia de la creación de la Ley de Búsqueda y la Comisión locales que llevaron a las personas buscadoras a registrar sus casos. En su libro La desaparición de personas en la Ciudad de México. ¿Quiénes son? ¿Dónde están?, Elena Azaola Garrido, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) e integrante del Consejo de la Comisión de Búsqueda y participante en reuniones de Sheinbaum con colectivos, identifica otras causas de desapariciones, además de las delictivas:
Por “voluntad propia” –mujeres que se van con su pareja o huyen de violencia física y sexual–, conflictos familiares, en particular los adolescentes; hombres que evaden la justicia tras delinquir o incumplen su responsabilidad familiar. Más: extraviarse en la calle, muerte por accidente o por delito sin ser identificado; muerte en albergues u hospitales sin notificación y, hasta en los años 90 por “ejecuciones extrajudiciales” durante la Guerra Sucia (1965-1990).
VIGILANCIA DIGITAL CON IA ES USADA CONTRA PERIODISTAS EN MÉXICO
Wendy Rayón Garay
El creciente uso de tecnologías emergentes, sobre todo las de inteligencia artificial (IA), que son empleadas en el ámbito de la seguridad pública y vigilancia por parte del Estado mexicano, generan preocupaciones sobre la protección de derechos humanos, porque no solo afectan la privacidad y libertad de expresión, sino que exacerban las vulnerabilidades de ciertos grupos como las mujeres periodistas, los cuales son importantes remarcar en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Actualmente, México se enfrenta a diversos cambios, uno de ellos es la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la cual está inspirada en la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México cuando fungió como Jefa de Gobierno (2018-2024).
Esta instancia se encargó de gestionar datos, ofrecer servicios públicos de manera digital e implementar nuevas tecnologías en la capital. Con la nueva agencia a nivel federal, se busca replicar y ampliar esta experiencia enfocándose en servicios digitales gubernamentales, modernizar la infraestructura tecnológica, impulsar proyectos de desarrollo y hacerlo sin generar un gasto adicional al presupuesto público.
El 28 de noviembre de 2024, se publicó una reforma legal que oficializó la creación de la Agencia y también le otorgó funciones que antes ejercía el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Según apunta Articulo 19 en su informe ‘Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información en México’, en teoría la reforma representaría un avance en política digital federal
al mejorar la eficiencia y reducir costos, modernizando al Estado.
Para ello, es probable que se adquieran tecnologías emergentes, es decir, que están en proceso de desarrollo o han sido introducidas recientemente en los mercados, por ejemplo, las inteligencias artificiales de análisis de datos, en la búsqueda de automatizar ciertos procesos, que no cuentan con suficientes regulaciones que prevengan, eviten o mitiguen violaciones a los derechos humanos.
Por otro lado, la organización apuntó que ciertas tecnologías no son compatibles con los derechos humanos como el reconocimiento facial en tareas de seguridad pública. Tanto actores públicos como privados emplean estas tecnologías en distintos entornos para observar, escuchar, seguir y analizar en tiempo real los movimientos y comportamientos de las personas en contextos de delincuencia armada y control fronterizo, pero también en la vigilancia masiva que atenta contra el derecho a la privacidad.
Como lo fue en 2015 con el uso del software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, para espiar a la periodista Carmen Aristegui después de publicar la investigación sobre una propiedad del expresidente Enrique Peña Nieto. Si bien no se trató de ninguna IA, sí forma parte de un ecosistema de vigilancia digital sofisticado que provocó no solo intrusión estatal, sino una campaña de desprestigio contra la periodista.
En su informe, Articulo 19 se dio a la tarea de realizar 68 solicitudes de información a 24 instituciones estatales y federales para conocer el uso de tecnologías como IA generativa, sistemas biométricos, predicción conductual, geolocalización, intervención de comunicaciones y toma de decisiones automatizada. De ellas encontraron que 77.4% de las instancias respondieron con
inexistencia de información, 16.7% admitieron haber adquirido tecnología, 4.2% no entregaron la información, y 1.7% fueron desechadas. Asimismo, la organización identificó 35 contratos, principalmente para sistemas de identificación biométrica (88.6%). Destacaron dos casos: el Instituto Nacional de Migración (INM) que contrató a Priorato Mercantil S.A. de C.V. para el registro biométrico de personas migrantes (estos sistemas pueden ser coercitivos y generar falsos positivos, resultando en detenciones o deportaciones injustas); y la Fiscalía General de la República (FGR) que contrató a Mycros Electrónica para crear una base de datos de llamadas (Geostar), aunque gran parte del contrato está testado. La FGR también ha tenido vínculos con el uso de Pegasus y contratos con IDEMIA, empresa implicada en violaciones de derechos humanos en otros países, según reveló Articulo 19.
Finalmente hallaron que algunas instituciones niegan tener estas tecnologías, pero que investigaciones en fuentes abiertas revelan lo contrario. Por ejemplo, la SEDENA ha adquirido al menos cuatro tecnologías de vigilancia y la FGR tenía contratos activos con IDEMIA, una empresa multinacional francesa especializada en tecnologías de identidad digital y biometría, para sistemas de huellas dactilares. ¿Cómo se insertan las mujeres periodistas en este panorama?
Ellas se encuentran en contante riesgo debido a dos factores: su labor periodística y su género. El reciente informe ‘Voces en Resistencia’ de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) reveló que de las periodistas entrevistadas sufrieron las siguientes agresiones: 80% violencia psicológica, 53.3% violencia económica,
33.3% violencia sexual, 13.6% violencia patrimonial, 26.6% violencia física, 20 % violencia familiar, 40% violencia institucional, 6.6% violencia en la comunidad, 26.6% violencia digital, y 93.3% violencia laboral.
CIMAC presentó «Voces en Resistencia», Diagnóstico de impactos por la violencia en mujeres periodistas 2025 – cimacnoticias. com.mx
También se encontró que, el 81.8% no contaba con mecanismos para prevenir y atender la violencia experimentada, 45.5% señaló que fue desplazada, 100% de las periodistas ha denunciado los actos de violencia, 81.8% mencionó haberse sentido revictimizada al denunciar la violencia que vivió, 27.3% de las periodistas son beneficiarias actualmente del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y 36.4% ha considerado dejar de ejercer el periodismo en otros momentos de su vida.
En este entorno, las mujeres periodistas enfrentan un riesgo, ya que la vigilancia digital se entrecruza con patrones de violencia de género, ascoso, estigmatización y criminalización. El uso de IA contra ellas no se queda atrás, desde el programa de Registros del Programa de Libertad y Expresión de Género de CIMAC se han documentado diferentes tipos de violencias ejercidas a mujeres periodistas en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, dentro de las que se encuentran 8 casos de alteraciones o remociones de contenido y 7 espionajes a mujeres periodistas. De igual manera, el informe ‘Palabras impunes’ de CIMAC encontró que, durante la gestión de AMLO los principales agresores de las mujeres periodistas fueron las y los servidores públicos y que los ataques se han multiplicado en espacios
ESCÚCHENLES…
Francisco Ruiz Zuart.
Véanlos, valórenlas.
Aun mes para cumplir medio año en el poder, ya el gobernador y sus colaboradores presumen que en el estado de Chiapas la realidad ha cambiado visiblemente y como nunca antes había sucedido… Tanto así que inclusive, muestran que ya Óscar Eduardo Ramírez Aguilar está entre los tres mejores gobernadores del país, aunque la encuestadora Mitofsky lo ubique entre los tres peores… Los principales empleados a la mano del Ejecutivo, ya ven en él al próximo presidente de México y si mal le va, seguro, dicen será el siguiente Secretario de Gobernación… Eso piensan y creen ellos…
Esto de ver y opinar públicamente que la realidad chiapaneca ha cambiado favorablemente, le ocurre con frecuencia al gobernador cuando está en el sexto año de su gobierno y aunque la vida de las familias de Chiapas siga igual que antes…
Sin embargo, en el caso de hoy, esto viene sucediendo cuando apenas se termina el quinto mes del primer año y por supuesto, cuando aún no se han creado ni existen los elementos de contundencia en lo social y económico, que den soporte firme y total a tales afirmaciones…
CUIDADO, esta conducta oficial que ya hace daño, bien puede llevarnos a condiciones peores que las heredadas por Rutilio Escandón Cadenas y la totalidad de los tres poderes públicos que desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, supieron muy bien hacerla de subordinados, cómplices y socios de un gobierno profundamente antisocial y perverso…
A cinco meses del arribo al poder de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, AÚN NO EXISTEN elementos de ningún
tipo para andar de jactanciosos, con el pescuezo estirado y ya con sueños futuristas desproporcionados…
Lo único a la mano son los hechos BUENOS Y MALOS de los Pakales, que es cierto son notorios, SÍ, pero no alcanzan para despegar hacia escenarios sociales y económicos diferentes, bien cimentados y con las estructuras que soporten el tamaño de las necesidades actuales y futuras…
Más allá de la seguridad RELATIVA visible, no se ve ni se sabe de hechos valiosos iniciados y ya con avances de importancia en alguna de las áreas de la administración pública del Estado y municipales…
Anuncios espectaculares y públicos de buenos deseos para la educación, la salud, el turismo, el empleo, la infraestructura social y productiva…, se han dado en abundancia… Convenios diarios entre instituciones del Estado, entre ellas y las federales, entre todas estas y las municipales, han sido una constante que después de ocurridas, nunca se sabe de actividades especificas desarrolladas y mucho menos, de metas alcanzadas o de retroalimentación a las mismas…
Está dando la impresión de que el gobernador O E R A no tiene quien le lea, quien le escriba, quien le cuide… Quien le ayude a ver con detenimiento, a razonar con juicio, a corregir en detalle y a apurar con rigor profesional a cada uno de sus colaboradores del gabinete legal y ampliado…
Es correcto: el gobernador anda de un lugar a otro, declara aquí y allá, se mueve en montes y valles, le vitorean y aplauden los acarreados por presidentes municipales, presenta la adquisición de una aeronave (sin decir su costo y cuánto se quedó a deber), se acuesta en Chiapas y amanece en la
Ciudad de México… SÍ, pero la función pública en Chiapas no va bien, y un buen punto de partida para ilustrarla con precisión técnica y administrativa, lo constituye la REUNIÓN DE EVALUACIÓN presidida por el gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar con la presencia de su gabinete legal el 15 de abril, hace 19 días…
¿Por qué? Porque durante y posterior a la reunión de EVALUACIÓN, de manera formal y detallada, confrontando acciones y resultados, costos y metas cumplidas, “midiendo” los hechos y “pesando” los logros…, como corresponde a una EVALUACIÓN técnica profesional, NUNCA SE HIZO, JAMÁS SE DIO A CONOCER públicamente y ¿por qué? Porque no se tienen elementos para hacerlo y luego transparentarlo, como es su obligación…
Si al día de hoy existieran metas valiosas ya cumplidas en cada sector de la administración pública, ya todos, todas estarían más insoportables, andarían más jactanciosos, chuleandose entre ellos, felicitándose entre ellas…
Ah! Gobernador de Chiapas Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, con todo respeto: Enfríate, sosiégate, haz a un lado las chuleadas que te dan diariamente, despójate de cualquier vestigio de arrogancia y soberbia…, y luego lee detenidamente las funciones sustantivas que la ley Orgánica de la Administración pública, establece para cada titular de las dependencias del Ejecutivo y verás que, tus colaboradores están muy lejos de cumplirte a ti y a los chiapanecos…
Gobernador, no se mira que tengas Secretario Técnico, Coordinador de Asesores, asesores de área…, ni amigos verdaderos, puros zalameros…
