CONTRAPODER EDICIÓN 3085

La autopista SCLC-Palenque el Talón de Aquiles del gobierno de Chiapas

De acuerdo a los resultados electorales Eduardo Ramírez es el gobernador que ha alcanzado mayor legitimidad electoral, misma que la incrementó con la narrativa de su programa de seguridad, que redujo la violencia y la inseguridad PAG. 2

D O X A

En los primeros 100 días de gobierno la administración de Eduardo Ramírez tiene un récord:

Ha logrado firmar cientos de convenios entre las dependencias y las secretarías. Claramente se transitó de un gobierno en que su prioridad era el estado del tiempo, a otro en el que la prioridad es la firma de convenios institucionales. ¡Vaya resultado!

Organización Mundial contra la Tortura tacha al Estado mexicano de

La OMCT hizo “un enérgico llamado a las autoridades del Estado mexicano a garantizar investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre los delitos cometidos” en el rancho Izaguirre

Insta Congreso a destacar la labor de la mujer cafeticultora

Eduardo Ramírez llama a fortalecer una nueva cultura ambiental en Chiapas

La autopista SCLC-Palenque el Talón de Aquiles del gobierno de Chiapas

De acuerdo a los resultados electorales Eduardo Ramírez es el gobernador que ha alcanzado mayor legitimidad electoral, misma que la incrementó con la narrativa de su programa de seguridad, que redujo la violencia y la inseguridad, hasta el momento en que el grupo de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), empezó con los abusos de poder y a fabricar pruebas para asegurar medidas de extorsión, situación que provocó en las redes sociales denuncias y rechazo a estas prácticas que igualaban a los Pakales con los sicarios de los cárteles, y el gobernador tuvo que intervenir para realizar cambios en los mandos de este grupo, que por cierto, sin tener facultades, ya estableció un retén en la carretera costera, pasando Huixtla, en donde detiene y revisa vehículos.

Una apuesta narrativa del nuevo gobierno fue la de actuar bajo la legalidad y la transparencia, sobre todo después de sustituir a un gobierno que se caracterizó por la ineficacia, la corrupción, la

indiferencia y la inacción gubernamental, que provocó no sólo el crecimiento de la delincuencia organizada sino la apropiación de territorio en donde impuso su ley y estableció una gobernanza criminal. que no ha sido alterada por el programa de seguridad estatal, en donde se tiene un importante logro en la reducción de la violencia más no en la afectación de la estructura y organización criminal.

Pese al discurso reiterado de la legalidad por parte del gobernador, que está acompañado por el cero corrupción y cero impunidad, existen decisiones que contravienen esta postura de la legalidad, como es el nombramiento-imposición del rector de la UNACH que violó la Legislación Universitaria o bien la presunta consulta realizada a los pueblos indígenas el pasado domingo, en donde se pretende justificar con sus resultados la construcción de la carretera SCLC-Palenque, que atraviesa gran parte del territorio ancestral indígena

Con la legitimidad y el arrastre popular que tiene Eduardo Ra -

mírez Aguilar, estaba obligado a cuidar la legalidad en esta consulta y no banalizarla con desaciertos como el no hacer público el estudio de impacto ambiental y el estudio de impacto social y cultural, documentos básicos para obtener el consentimiento informado de las comunidades, procedimiento que lo trasformó en una votación popular, pretendiendo con ello tener el aval de una mayoría, como si esta mayoría le otorga el salva conducto que justifica la violación de los derechos indígenas. Lo lamentable es que alrededor del gobernador no haya habido nadie que le señalara que esa votación carece de validez, debido a que la consulta no es un procedimiento para obtener una mayoría sino para establecer acuerdos y obtener un consentimiento informado.

La construcción de la carretera es necesaria y tiene el aval de la inmensa mayoría de Chiapas, pero eso no es lo que está en discusión sino las posibles afectaciones y la susceptibilidad de que esto suceda, que pueden impactar en el territorio y las formas de vi -

da de los pueblos y comunidades indígenas, así como el uso de los recursos naturales dentro del territorio de estos pueblos y comunidades, argumentos señalados en por los menos tres tesis jurisprudenciales (tesis 2ª/J10/2023 (11ª); tesis 2ª XXVII/2016 (10ª); y, tesis 2ª/J. 11/2023 (11ª)) de la Suprema Corte d Justicia de la Nación, . Situación que obligaba al gobierno a respetar los derechos de los pueblos indígenas y a cuidar las formas de la consulta, en este proyecto de construcción prioritario en la entidad, que necesita construirse y que puede terminar siendo el Talón de Aquiles de Eduardo Ramírez, por las posibles consecuencias jurídicas y conflictos sociales en las comunidades que se oponen a la carretera, ocasionado por el desaseo en el procedimiento de la consulta, en el que el gobierno debió de utilizar todos los recursos a su alcance para obtener el consentimiento informado y no dejarse llevar por la banalidad y minimizar los problemas sociales por una decisión incorrecta e ilegal.

Exigen a las autoridades frenar robo de unidades de carga y mercancía

Manuel Jiménez.

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)

El delegado en Chiapas de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) Raquel Gordillo Cano expuso que actualmente los transportistas de este sector están siendo severamente afectados por el robo de unidades en los estados de Veracruz y Puebla.

Por esta razón las pérdidas oscilan entre los 3.5 a 6 millones de pesos por este robo que ocurre a diario.

Si bien el estado de Chiapas es seguro, no se roban las unidades de carga, “pero en Veracruz y Puebla nos quitan nuestras unidades dejando pérdidas desde los 3.5 millones de pesos que es el precio de un tractocamión y cuando se roban una unidad cargada de café vale 5 millones de pesos”.

Dijo que los delincuentes que se dedican a esta actividad ilícita arrebatan las unidades a los conductores en un abrir y cerrar de ojos.

“El modo de operar es que llegan dos camionetas con gente armada, entonces el chofer solo no puede hacer nada, y las autoridades ya sea la Guardia Nacional, Policía Estatal no están haciendo nada”, expresó.

Lamentó que la economía de los transportistas de carga está severamente afectada ya que, a pesar de que las compañías aseguradoras pagan, los transportista deben desembolsar un deducible de 600 mil pesos aproximadamente.

En caso de que las unidades sean recuperadas o se evita el robo, las autoridades consignan los tractoca-

De la Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chis.

El presidente de municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo como representante del Ayuntamiento ofrece disculpas públicas a la periodista Cinthya Elena Alvarado Enríquez por haber sido violentada el 27 de enero de 2020 por policías municipales, en el acto estuvo presente el Dr. Horacio Culebro Borrayas, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, quien favoreció estas disculpas debido a que no estaban incluidas en la Recomendación del caso.

Con esta acción ambos presidentes dieron muestra de humanismo y compromiso social ya que, según denunció la periodista hubo dolo en el proceso del dictamen donde la Comisión de víctimas a cargo de Alejandra Rovelo Cruz negó explícitamente las disculpas públicas.

En su participación Cinthya Alva-

Si bien el estado de Chiapas es seguro, no se roban las unidades de carga, “pero en Veracruz y Puebla nos quitan nuestras unidades dejando pérdidas desde los 3.5 millones de pesos que es el precio de un tractocamión y cuando se roban una unidad cargada de café vale 5 millones de pesos”

miones al Ministerio Público.

“Las llevan los grueros y cuando queremos recuperar nuestras unidades tardamos un promedio de 15 a 20 días y se hace un pago a las grúas de 200 mil pesos”, comentó.

“Estamos severamente golpeados por la delincuencia en los estados de Puebla Tlaxcala y Veracruz”,

insistió.

Precisó que los puntos más peligrosos son los tramos Veracruz- Puebla, a la altura de la caseta Esperanza, donde todos los días roban camiones, tractocamiones y camionetas.

En el tramo Veracruz -Perote, normalmente se transporta café y en este tramo están robando las uni-

dades cargadas de este grano hasta con 52 toneladas.

Por ello—informó-, la delegación Chiapas junto con las delegaciones de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Tabasco sostendrán una reunión con las autoridades de la Guardia Nacional en la que exigirán poner un alto a esta lamentable situación.

El presidente municipal de Tapachula ofrece disculpas públicas a periodista por la agresión policíaca recibida

rado Enríquez señaló que la ex presidente Rosa Irene Urbina Castañeda obstruyó la justicia y confabuló en el proceso legal por lo que le llevó tres años a la periodista presionar vía amparo, el cumplimiento de la Reparación Integral del daño.

El presidente Melgar Bravo informó que desde inicios de su mandato dio instrucciones para solventar esta situación y que en cumplimiento al amparo y a la recomendación se liquidó a la periodista con una reparación material conforme al dictamen de la ceeav.

Por su parte el presidente de los Derechos Humanos del estado añadió que el mismo sufrió encarcelamiento injusto y que por eso solicitó al presidente de Tapachula llevar a cabo la disculpa pública porque así se le daba el carácter de Integral a la

Reparación del daño.

La reunión se llevó a cabo en el la sala de Cabildo de Tapachula, donde aparte del cuerpo edilicio, el equipo de Derechos Humanos y la familia

de la periodista, estuvieron presentes los activistas Luis Alonso Abarca del Comite Digna Ochoa y Luis Rey Garcia Villa y esposa como representantes de la prensa.

Denuncian a estudiante del COBACH plantel 13 en Tuxtla Gutiérrez por golpear salvajemente a otro estudiante y amenazar de muerte

De

la Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chis

Padres de familia denunciaron que el agresor es hijo de Wendy Lorena López Gochez, funcionaria de Protección Civil del municipio de Pantelhó y asegura ser muy amiga de autoridades de la Fiscalía General del Estado, por lo que asegura que no le pasará nada a su violento hijo.

El joven agredido, como consta en los vídeos en redes sociales, inició una carpeta de investigación RA0031-101-2703-20254 en la fiscalía de adolescentes del Ministerio Público, debido a que por la brutal golpiza que le dio el alumno del sexto semestre grupo E del plantel 13 de Colegio de Bachilleres, fue hospitalizado de emergencia y sufrió de traumatismo intracraneal, de acuerdo a constancias médicas.

El director General del Colegio de Bachilleres, Miguel Prado de los Santos ha sido informado de esta situación que se presentó a unas cuadras de sus oficinas.

Desafortunadamente existen otros jóvenes que aseguran también haber sido víctimas del estudiante, sin embargo temen denunciar porque siempre ha presumido el poder político de su madre. Testigos aseguran que hace unos meses puso en riesgo la vida de una jovencita del mismo salón al obligarla a una práctica médica riesgosa, sin la autorización de sus padres.

Por tanto, exigen que este alum-

De la Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chis.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizaron un operativo conjunto en Chiapas, donde clausuraron cuatro gasolineras por irregularidades en el suministro de combustible. En total, se inmovilizaron 41 instrumentos de medición y se presentó una denuncia penal contra una estación de servicio que vendía menos de un litro por cada carga. El operativo, encabezado por los titulares de Profeco y ASEA, Iván Escalante Ruiz y Armando Ocampo Zambrano, respectivamente, incluyó visitas a seis estaciones de servicio en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Se detectaron anomalías como registros electrónicos que no coincidían, falta de corte automático en el suministro de gasolina y autorizaciones vencidas. En Tuxtla Gutiérrez, una gasoli-

El joven agredido, como consta en los vídeos en redes sociales, inició una carpeta de investigación RA0031-101-2703-20254 en la fiscalía de adolescentes del Ministerio Público, debido a que por la brutal golpiza que le dio el alumno del sexto semestre grupo E del plantel 13 de Colegio de Bachilleres, fue hospitalizado de emergencia y sufrió de traumatismo intracraneal, de acuerdo a constancias médicas

no sea expulsado y que las autoridades finquen responsabilidades como corresponde, sin distingos ni privilegios a una funcionaria

Clausuran

municipal, que al presentarse a la audiencia ministerial, presumió sus relaciones y amistades políticas, cuando lo que debería hacer es for-

mar un mejor ser humano y llevarlo a terapia a fin de que controle su carácter. (Con información de Mary José Diaz).

cuatro gasolineras en

Chiapas por no dar litros completos

nera en la avenida Central Oriente fue denunciada penalmente por despachar 935 mililitros en lugar de un litro completo. Otras estaciones en el Libramiento Norte y Sur Poniente fueron clausuradas por fallas en sus equipos y permisos irregulares.

En San Cristóbal de las Casas, dos estaciones fueron sancionadas por no garantizar la cantidad exacta de combustible y por incumplir normas de operación, lo que llevó a su cierre temporal.

Las autoridades aseguraron que estos operativos continuarán para garantizar que los consumidores reciban el combustible por el que pagan y que las estaciones cumplan con las normas ambientales y de seguridad.

Insta Congreso a destacar la labor de la mujer cafeticultora

De la Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

“Hoy nos reunimos para reconocer el legado, el esfuerzo, el trabajo realizado por las mujeres cafeticultoras, quienes no sólo cultivan el café sino el futuro de sus familias y comunidades”, señaló la diputada Maritza Molina Molina, al inaugurar el evento “Mujeres cafetaleras: Sembrando pasión y cosechando éxitos”, que se realizó en el vestíbulo del edificio parlamentario.

Ante las y los presentes, la diputada presidenta de la Comisión del Café refrendó su compromiso por continuar trabajando por mejores condiciones, por más equidad y por más oportunidades para las mujeres.

El director general del Instituto del Café de Chiapas (INCAFECH), Jorge Baldemar Utrilla Robles, señaló que Chiapas ocupa el primer lugar nacional en la producción del aromático grano. “Tenemos 250 mil hectáreas cultivadas por 184 mil productores, los cuales están diseminados en 87 municipios de toda la geografía del estado. Tenemos un potencial extraordinario para una derrama económica y proyectos que

De la Redacción

Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)

Durante la instalación de la Comisión de Coordinación Intersecretarial de Cambio Climático, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el cuidado del medio ambiente es un eje fundamental en el gobierno de la Nueva ERA. Por ello, hizo un llamado a todas las instituciones a actuar con responsabilidad y compromiso para consolidar acciones que garanticen la protección de la madre tierra y los recursos naturales de Chiapas.

En este contexto, el mandatario resaltó que, como parte de la política ambiental que se promueve en el estado, ya se trabaja en la restauración de 71 microcuencas que beneficiarán a 33 municipios. Aseguró que esta iniciativa permitirá una mayor captación de aguas pluviales y contribuirá a la recuperación de áreas verdes afectadas por la deforestación o desastres naturales.

Asimismo, Ramírez Aguilar enfatizó que, ante la próxima temporada de estiaje, se ha dispuesto de todos los recursos necesarios para prevenir y combatir los incendios forestales, con el objetivo de que Chiapas deje de figurar entre los estados con mayores afectaciones por estos siniestros, que en su mayoría son provocados por la mano humana.

Cabe destacar que el 17 por ciento de los productores son mujeres. En total 29 mil 470 mujeres se dedican directamente a este maravilloso cultivo. El café impulsa la economía del estado ya que aporta 20 mil millones de pesos anualmente

permitan un desarrollo sustentable y equilibrado”.

Cabe destacar que el 17 por ciento de los productores son mujeres. En total 29 mil 470 mujeres se dedican directamente a este maravilloso cul-

tivo. El café impulsa la economía del estado ya que aporta 20 mil millones de pesos anualmente. Como parte del evento se transmitió un video que proporcionó datos y dio a conocer el trabajo que se realiza

en materia de cafeticultura. Participaron en el evento: las y los diputados de la Sexagésima Novena Legislatura; empresarios cafeticultores, productores y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Eduardo Ramírez llama a fortalecer una nueva cultura ambiental en Chiapas

“Queremos erradicar esta problemática, no por las estadísticas, sino por conciencia. Con la instalación de esta Comisión, vamos a coordinar esfuerzos con Protección Civil y las instancias ambientales. Al mismo tiempo, solicito a la Fiscalía de Delitos Ambientales hacer cumplir la ley sin contemplaciones, porque casi el 98 por ciento de los incendios son intencionales: algunos por descuido y otros por la ambición inmobiliaria, afectando terrenos decretados como áreas naturales protegidas”, puntualizó.

Durante el evento, el gobernador también convocó a trazar estrategias que contribuyan a consolidar una nueva cultura ambiental en Chiapas, entre ellas: el uso responsable de los recursos en las dependencias gubernamentales, la reducción del plástico, la plantación de árboles nativos, la verificación de vehículos del transporte público, el manejo adecuado de los residuos, la actualización de leyes sobre desarrollo urbano y fraccionamientos, la participación activa del sector educativo en la restauración de áreas naturales y la implementación de energías limpias, entre otras

iniciativas.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Obdulia Magdalena Torres Abarca, explicó que esta comisión diseñará políticas públicas orientadas a la mitigación de los efectos del cambio climático, así como la adaptación a los mismos, con el propósito de preservar un medio ambiente sano y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas del estado.

Detalló que las estrategias contemplan la reducción de gases de efecto invernadero en actividades agrícolas y ganaderas, la eficiencia

energética y el impulso de fuentes renovables, la planeación ordenada de los asentamientos humanos y el manejo integral de los residuos sólidos, entre otros.

Finalmente, tras declarar instalada la primera sesión ordinaria 2025 de esta Comisión, el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, así como secretario técnico del organismo, Jorge Constantino Kanter, dio a conocer que se realizarán grupos de trabajo con las 18 dependencias integrantes, para dar seguimiento a los principales desafíos ambientales de Chiapas.

Arturo Rodríguez García Ciudad de México (apro)

Entre renta de equipo, compra de material y gastos de mantenimiento, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, gastó entre 2018 y 2023 casi 27 millones de pesos en material de neurocirugía craneal.

Todo ello, a pesar de que en todo ese tiempo el nosocomio no contaba con un médico encargado del manejo de esos equipos.

Aun peor. Había una baja demanda de atención por padecimientos relacionados, pero los contratos fluyeron mientras al frente del nosocomio estaba en la dirección de Operaciones el actual secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá.

Fue en 2018 cuando el instituto le otorgó a la empresa Medikal Muneris S.A. de C.V. el contrato SRM/373/2018, por un monto de 817 mil 452 pesos, para proveer 960 piezas de material médico denominado electrodo “cola de cochino”, usado en la atención de neurocirugía craneal, de las cuales, solo se utilizaron 2 piezas en 4 años (20182022).?

Una auditoría de la Secretaría de la Función Pública al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío OIC/001/2022 reveló que, sin estudio de mercado y por adjudicación directa, el mencionado Hospital adquirió un material de curación con nulo movimiento desde su compra y sin contar con el neurofisiólogo, que es el que se encarga de las lecturas de encefalograma y electromiógrafo, quien renunció al hospital a finales de 2018.?

“Desde la contratación y entrega del material (electrodo cola de cochino) de fecha 11 de octubre de 2018 y hasta el 10 de marzo de 2022 que se efectuó el único consumo de este material bajo el número de salida 2022-27739-1 por 2 piezas. Se puede observar el escaso y

De la Redacción

Ciudad de México (apro)

Greenpeace, colectivos ambientalistas y habitantes de Bacalar, denunciaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por una construcción que pone en riesgo a la Laguna de Bacalar también conocida como la “Laguna de los Siete Colores”.

Organizaciones ambientalistas como Sélvame del Tren, Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel A.C., DMAS A.C., Grupo Gema del Mayab A.C., Moce Yax Cuxtal A.C. y Greenpeace México, junto con población civil, presentaron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Lo anterior, para que la Sedena detenga sus trabajos de relleno, construcción y dragado (la acción de remover sedimentos y materiales del fondo de un cuerpo de agua, como un río, lago, canal o mar) que llevan a cabo en la zona federal de la laguna de Bacalar desde el 15 de enero del presente año.

Sin médico ni pacientes, hospital se gastó más de 27 millones en material de neurocirugía craneal

casi nulo movimiento de este consumible”. Asimismo, indicó que “No se cuenta con estudio de mercado cuya investigación previa sirve de base para conocer la existencia de bienes, proveedores proponentes y precios estimados”, se lee en el documento al que tuvo acceso Proceso.?

“Se concluye que el área requirente no utilizó el material solicitado ni tomó acciones para evitar su caducidad en casi cuatro años desde su adquisición lo que denota una falta de planeación faltando al principio de eficiencia en cuanto a la administración de los recursos públicos”, afirma en uno de sus párrafos la auditoría.

Según la propia SFP (hoy conocida como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno), lo anterior representó una merma de 445 mil 904 pesos, sin mencionar que para cuando este material se utilizó en el paciente ya se encontraba con fecha de caducidad vencida.

Como justificación a lo anterior, el médico Ricardo Ramos Muñoz manifestó que dicho desperdicio se debió

a que “se quedaron sin neurocirujano desde 2018 y que, a partir del Covid en 2020, las cirugías de epilepsia, en las que se usa este tipo de material, se redujeron a 5 procedimientos anuales”.?

Así mismo, entre 2018 y 2019, mientras el actual Secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá fungía como Director de Operaciones, el HRAEB otorgó 282 mil 257 pesos en dos contratos para el mantenimiento de este tipo de equipo especializado a la misma empresa Medikal Muneris, aún cuando no contaban ya con el neurofisiólogo encargado del manejo y lectura de este tipo de equipos.?

Se trata de los contratos SCMSG/111/2018 por $108,837 y el SCMSG/079/2019 por un monto de 173 mil 420 para un total de 282 mil 257 pesos, ambos para el “Mantenimiento preventivo y correctivo con refacciones incluídas para electroencefalograma y electromiógrafo”.

Más gastos en mantenimiento De acuerdo con la respuesta a la

solicitud de información pública de numeral 330016023000394, desde el 2020 a la fecha el HRAEB renta equipo especializado para realizar cirugías de cráneo por 25 MDP a Soluciones Médicas Vitalcorp.?

Ha gastado 25 millones 144 mil 484 pesos en la renta de equipo especializado de neurocirugía craneal como el Craneotomo, aparato utilizado por neurocirujanos en procedimientos como la craneotomía, que es una cirugía en la que se extrae temporalmente una parte del cráneo para tratar diversas afecciones del cerebro.

La empresa proveedora Vitalcorp, que ha celebrado contratos con múltiples dependencias del gobierno, ha sido investigada por el SAT por presuntamente haber incurrido en reventa, emitir facturas sin tener la capacidad técnica ni contar con los activos, personal, infraestructura y/o capacidad material para prestar servicios.

De hecho, esta firma ha celebrado con el Hospital Regional de León (ISSSTE) al menos 27 contratos desde 2021, de los cuales 20 se le asignaron entre 2023 y 2024, periodo en el que el actual titular de la Secretaría de Salud del estado, Gabriel Cortés Alcalá, fungió como director.

Sólo 17 contratos suman un monto de 9 millones 675 mil 819 pesos y fueron firmados por Alcalá y Luis Alberto Villaseñor Garay, quien ahora también tiene un puesto en la Secretaría de Salud estatal como Director General de Administración del Instituto de Salud Pública del Estado.

Ambientalistas denuncian al Ejército por construcción de hotel en Bacalar sin permisos

Los habitantes de la zona señalaron que ni la Profepa, ni la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), han tomado medidas para detener esta obra ubicada en un predio sobre la Avenida 1, junto al muelle y la zona federal de la laguna de Bacalar, frente al Fuerte de San Felipe y advirtieron que su construcción podría generar consecuencias irreversibles en el ecosistema.

“Las principales alertas que eleva un proyecto de esta magnitud son la alteración de la morfología de la laguna debido al relleno y dragado, la dispersión de material de relleno que afecta el cuerpo de agua y su biodiversidad, así como vibraciones que podrían afectar al Fuerte de San Felipe, patrimonio histórico de la región”, expuso Greenpeace México. Además, dijeron que no hay garantía o evidencias de que este proyecto tenga las autorizaciones ambientales requeridas según la Ley General del

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento en Evaluación de Impacto Ambiental.

Como parte de la protesta, ya se han realizado manifestaciones pacíficas contra la obra, como la del 19 de marzo, cuando más de cien habitantes de Bacalar clausuraron simbólicamente la construcción frente a la laguna, denunciando igualmente los daños ambientales que esta podría causar.

Por su parte, Carlos Samayoa, coordinador de la campaña México al grito de ¡Selva! de Greenpeace México, manifestó que la Profepa tiene la responsabilidad de frenar inmediatamente estos trabajos de construcción los cuales no cuentan con la debida autorización o transparencia, para así garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.

“Es inaceptable que, pese a las denuncias y evidencias de alteración del

ambiente, las autoridades no hayan intervenido. Esta obra contradice los compromisos nacionales e internacionales de México para proteger sus ecosistemas y biodiversidad. La Selva Maya está en riesgo frente a muchas amenazas. No podemos ir de una por una, por eso hemos estado pidiendo a la Semarnat que abra un espacio de trabajo multisectorial orientado a garantizar la protección íntegra de este pulmón verde de México. Es una tarea urgente”, puntualizó Moya y dijo: “Proteger la laguna de Bacalar es proteger la Selva Maya”.

Legisladores aprobaron Transparencia del Pueblo, pero ellos navegan en opacidad

Carina García Ciudad de México, (Tribuna)

La Cámara de Diputados y el Senado, que concretaron la desaparición del Inai y aprobaron el nuevo marco jurídico para “garantizar” el acceso a la información, se caracterizan por la opacidad.

Publican datos a medias, desactualizados u ocultan información básica como el currículum de los legisladores. Defienden la transparencia en el discurso y en acalorados debates, pero faltan a ella en los hechos.

Datos como la trayectoria de los legisladores, su labor legislativa y el manejo de los recursos en ambas cámaras, no es publicada o no se actualiza periódicamente.

El Inai, que dejó de existir el 21 de marzo, certificó a las cámaras de diputados y senadores en materia de transparencia, pero no avanzó en la revisión de la calidad efectiva de la información publicada en sus portales.

Y ahora el Congreso tendrá órganos garantes afines, pues con el nuevo modelo serán la contralorías de ambas cámaras, cuyos titulares son designados por los mismos legisladores, las instancias que verificarán que estos cumplan con la ley.

Para Khemvirg Puente, investigador de la Facultad de Estudios Políticos y Sociales de la UNAM, uno de los problemas que tuvo el Inai es que hacía evaluaciones parciales sobre el cumplimiento de la “literalidad” de la ley, pero no necesariamente sobre el contenido de la información que los sujetos obligados ponían a disposición del público.

De la Redacción

Ciudad de México (apro)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Mediante un comunicado destacó que estas reformas buscan fortalecer las investigaciones y agilizar la localización de personas desaparecidas, esto en el marco del caso ocurrido en el rancho de Teuchitlán, Jalisco, donde manifestó de nueva cuenta que la Fiscalía General de la República (FGR) seguirá llevando a cabo una investigación exhaustiva. Entre las principales propuestas se encuentra la creación de una Plataforma Única de Identidad, que integrará la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, permitiendo emitir alertas nacionales inmediatas en caso de desaparición.

“Se incorpora la CURP como mecanismo de identidad oficial con fotogra-

“Ese es un reto que no logró superar el Inai y que desafortunadamente ahora se encuentra aún más en riesgo”, señala Puente.

Sarahí Salvatierra, de Fundar, añade que el mismo proceso legislativo en materia de transparencia genera suspicacias y riesgos.

“Me parece muy paradójico que la Ley General de Transparencia de 2015 generó un hito en procesos de parlamento abierto, porque se hizo de la mano con sociedad civil para justo identificar cuáles son los mejores estándares, y ahora pasa todo lo contrario”, señala.

Ni los currículum

El Congreso navega desde hace años en la opacidad. Por ejemplo, a más de seis meses de iniciada la 66 Legislatura, la Cámara de Diputados omite datos sobre la trayectoria de los diputados en el apartado específico del portal para conocer a cada uno de sus integrantes.

Eso incluye a legisladores de larga carrera, como los líderes de las bancadas de Morena, Ricardo Monreal; de Acción Nacional (PAN), Elías Lixa; del Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, y en general no hay datos curriculares de ningún diputado.

Aunque hay otras fuentes de información para medios de comunicación, especialistas en el Poder Legislativo y académicos subrayan que la transparencia debe caracterizarse por el acceso fácil para cualquier ciudadano, lo que ahora no está garantizado.

En la página web de la Cámara sólo aparece una ficha con la fecha de nacimiento, distrito o circunscripción por la que fue electo cada diputado, entidad de origen y suplente. Pero de la trayectoria legislativa, estudios, el tránsito por los partidos, la carrera en cargos administrativos o pertenencia a agrupaciones sociales o civiles, no hay rastro.

Tampoco se puede saber información actualizada -por diputado- de sus asistencias a las sesiones, o bien, de las iniciativas o proposiciones que presentaron.

Sobre el trabajo en comisiones, los datos también son nulos, pues solo es posible conocer cómo se integran, pero no los asuntos que han recibido, avalado o desechado.

Atrás quedó la práctica, que también se usó poco, de publicar predictámenes o estudios relacionados con las iniciativas a revisión.

Además, hay informes rendidos por autoridades que se mantienen ocultos. Para muestra, el cuarto informe semestral rendido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre el uso de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, que debió ser publicado en la Gaceta Parlamentaria del 25 de enero, sólo apareció mencionado en el sitio, pero sin link ni archivo para acceder a él.

Opacidad en ingresos

Si el currículum de los diputados no se conoce, la información sobre sus percepciones menos. En el portal se consigna: “sueldo neto mensual” de 79,000 pesos. Aguinaldo equivalente a 40 días de la dieta bruta y gastos funerarios de hasta un mes la dieta neta por fallecimiento de los beneficiarios. Sin embargo, la Cámara es omisa en informar sobre los montos por apoyo legislativo y subvenciones que recibe cada legislador. Tampoco se reporta públicamente la comprobación de estos recursos, a pesar de observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En diversas revisiones a Cuentas Públicas de 2013, 2015, 2019, la Auditoría ha observado esa falta de documentación comprobatoria y ha pedido que se transparente el destino de los recursos públicos distribuidos vía subvenciones a los grupos parlamentarios, pero eso no ha ocurrido.

Públicamente, los diputados reportan tener ingresos solo por concepto de sus dietas y aguinaldo, pero reciben más recursos por rubros como “asistencia legislativa”, “atención ciudadana” o “apoyo para sus informes legislativos”.

CURP con fotografía y huellas dactilares: la estrategia que propone Sheinbaum contra desapariciones

fía y huellas dactilares; de uso obligatorio en registros administrativos en los tres niveles de gobierno y con capacidad de consultas en tiempo real”, se lee en el comunicado.

También se propone la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación para facilitar la apertura de investigaciones sin esperar las 72 horas usuales, y la expansión del Banco Nacional de Datos Forenses, con conexión en tiempo real a la Plataforma Única de Identidad.

Además, señaló que se fortalecerán las Fiscalías estatales para hacer las investigaciones más ágiles y efectivas, y se creará el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, que notificará desapariciones y permitirá identificar coincidencias entre los sistemas de información.

“Se fortalecen las capacidades de fiscalías con Unidades especializadas de investigación, Unidades de análisis de

contexto, Áreas de búsqueda inmediata y de larga data, Áreas especializadas en delitos cibernéticos, y Unidades de atención a víctimas. Además, se establecen los perfiles mínimos y obligatorios para el personal de estas Fiscalías especializadas”, expone.

Dijo que con estas iniciativas igualmente se fortalecerán las Comisiones Nacional y Estatales de Búsqueda; además de puntualizar que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) atenderá a los familiares y a colectivos de las personas desaparecidas.

“La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, destacó que la reforma a estas leyes tiene como objetivo crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares; hacer partícipes a la sociedad en el proceso de búsqueda mediante información o reportes oportunos; alertar a todo el

país de forma rápida y precisa cuando se denuncia la desaparición de alguien; fortalecer a las Fiscalías estatales para que la investigación sea más ágil y efectiva”, se lee en el documento. Finalmente, entre otros puntos a destacar en el comunicado, se menciona que se establecerán nuevas obligaciones y sanciones para los servidores públicos en cuanto a la generación, actualización y compartición de información, además de que se incrementarán las penas para quienes cometan los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

Más de 100 policías han sido asesinados en los primeros tres meses del año

Rodrigo Hernández López

CIUDAD DE MÉXICO (apro)

Hasta el viernes pasado habían sido asesinados 113 policías en el país durante el primer trimestre del 2025; tan solo del 14 al 21 de marzo fueron ejecutados 17 elementos: cuatro en Guanajuato; tres en el Estado de México y Jalisco; dos en Guerrero y Tabasco y uno en Nuevo León. Guanajuato, la entidad gobernada por la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo, es el estado donde más efectivos policiales han sido asesinados y encabeza el listado del país con 16 homicidios. En promedio, ha ocurrido una ejecución cada día.

La gobernadora en Palacio Nacional.

Apenas el 13 de marzo García Muñoz Ledo aseguró que “la paz en Guanajuato será una realidad porque la estamos construyendo en equipo”. Había acudido a un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad para presentar los resultados de los operativos de seguridad implementados en la entidad. Sinaloa registró 14 asesinatos, seguido de Guerrero y Michoacán con 10 cada uno y el Estado de México, Jalisco y Tabasco con ocho, respectivamente.

Sara Pantoja CIUDAD DE MÉXICO (apro)

El Sindicato Único de Trabajadores del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (SUTISSSTE) se manifestó “en unidad” con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en demanda de la abrogación de la Reforma al instituto. Además, exigió respeto a la libertad sindical, a la inclusión y a sus derechos laborales ante “actos de discriminación y abuso institucional” por parte de su director, Martí Batres Guadarrama.

En un comunicado emitido este lunes, el SUTISSSTE aseguró que “los trabajadores al servicio del Estado, vamos en unidad con los maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación por la defensa de mejores condiciones de nuestro entorno laboral, en ese sentido nos pronunciamos por la abrogación de la Reforma al ISSSTE vigente”.

Y ante lo que llamó “la grave situación” que enfrentan los trabajadores del ISSSTE, denunció agravios cometidos por el exejefe de gobierno de la Ciudad de México en su contra y exigió “acciones inmediatas para garantizar la justicia laboral, el respeto a los derechos humanos y la equidad en el ámbito institucional”.

Los agravios

En el primero de cinco puntos, el

Salvo por Jalisco, que es gobernada por Movimiento Ciudadano, las demás entidades son gobernadas por mandatarios emanados de Morena.

Ataques contra policías en Guanajuato

Los últimos dos mandos abatidos eran Juan Luis Botello, comandante de la policía municipal, y Salvador Cárdenas, su escolta, quienes fueron emboscados en el camino que conduce a la colonia Las Haciendas, en Valle de Santiago.

El ataque ocurrió 10 días después del asesinato del exdirector de Seguridad Pública del municipio, José Luz Méndez Baltazar, quien había sido nombrado director del rastro municipal: fue asesinado el pasado 6 de marzo a unos metros de su domicilio en la comunidad La Compañía.

Durante la glosa del primer informe de gobierno de Libia Dennise García Muñoz, el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, aseguró que el asesinato de policías en la entidad es consecuencia de “enfrentar al crimen”.

“Tenemos policías asesinados porque estamos enfrentando la criminalidad. Hoy las y los guanajuatenses quieren una policía que voltee a donde está la criminalidad y la instrucción que tenemos por parte de nuestra gobernadora Libia García y su servidor es que tenemos que voltear a ver en donde está la criminalidad, por ello tenemos el firme compromiso con toda nuestra gente”, afirmó el funcionario estatal.

El año pasado, la gobernadora, Libia Dennise Muñoz Ledo dijo que los ataques contra mandos policiales tenían una constante: se encontraban en

su día de descanso, y sin armas. “Esto se genera normalmente los ataques a policías en sus días francos, cuando muchas veces ellos no portan armas, cuando se encuentran justamente en sus días de descanso, por supuesto estaremos revisando qué medidas tomar al respecto, para poder proteger su vida y su integridad”, aseveró la gobernadora a finales del 2024. En enero de este año, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que encabeza Omar García Harfuch reveló que durante el primer mes del 2025, hubo 216 homicidios en la entidad. El miércoles 22 de enero, fue el día de mayor violencia pues se registraron un total de 20 asesinatos.

Violencia en Sinaloa

Proceso reportó que este fin de semana un agente activo de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue encontrado sin vida en la colonia los Huizaches; el tercer policía asesinado durante los últimos siete días en la entidad gobernada por Rubén Rocha Moya, que desde el año pasado enfrenta una espiral de violencia por la guerra entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, a consecuencia de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. Con este nuevo crimen en Culiacán suman ya 24 policías asesinados desde que estalló la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa.

Sindicato del ISSSTE se suma al CNTE contra la reforma de 2007 y arremete contra Martí Batres

SUTISSSTE denució “violación a la libertad sindical” por parte de Batres Guadarrama:

“Condenamos enérgicamente los actos del director Martí Batres y su equipo, quienes han obstaculizado sistemáticamente el ejercicio de la libertad sindical”, consagrado en el Artículo 123 Constitucional y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Y siguió: “La hostilidad hacia nuestro sindicato, mediante la negativa de diálogo y la exclusión de espacios de representación, evidencia un intento por silenciar a las voces críticas que defendemos los intereses legítimos de las y los trabajadores”.

En el segundo punto acusó “discriminación en la integración de comisiones nacionales y subcomisiones mixtas”; por ello, exigió “el cese inmediato de la exclusión deliberada del SUTISSSTE en las comisiones nacionales y subcomisiones mixtas, donde se toman decisiones cruciales para la vida laboral de las y los trabajadores”.

Añadió que esa “marginación no solo viola los principios de pluralidad y democracia sindical, sino que profundiza las desigualdades al privilegiar al sindicato mayoritario,

desconociendo la representatividad de nuestras bases”.

Como tercer punto, el Sindicato denunció “la negación de derechos laborales por no pertenecer al sindicato mayoritario”. Detalló la aplicación de la práctica “discriminatoria de condicionar el acceso a derechos laborales básicos —como capacitaciones, ascensos y beneficios contractuales— a la afiliación al sindicato oficialista”.

Recordó que dicha conducta es contraria al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y a la Reforma Laboral de 2019 y que “perpetúa un sistema de exclusión que atenta contra la dignidad de miles de trabajadores”.

Sobre la demanda de abrogación de la reforma laboral del 2007, el SUTISSSTE dijo que ésta “ha sido un instrumento de precarización, flexibilización y despojo de derechos históricos de la clase trabajadora”.

Por ello, exigió su “abrogación inmediata y la construcción de un nuevo marco normativo que priorice el bienestar laboral, la seguridad social y la justicia salarial, en lugar de beneficiar intereses empresariales y políticos”.

En el quinto punto, el Sindicato exigió “jubilaciones dignas” y rechazó “categóricamente” que éstas se paguen

en Unidad de Medida y Actualización (UMAS), pues, dijo, es “un mecanismo que condena a las personas pensionadas a una vejez en la pobreza”. Y demandó que el monto de las jubilaciones se calcule con base en salarios mínimos, garantizando un ingreso vital acorde a la inflación o, en su defecto, que el tope de jubilación se eleve a 25 UMAS, “como mínimo, para asegurar condiciones de vida dignas”. Por último, el SUTISSSTE llamó “a todas” las organizaciones sindicales, sociales, medios de comunicación y “a la ciudadanía a sumarse a esta lucha por la justicia laboral y la democracia sindical”.

Cerró: “No permitiremos que se continúe vulnerando la voluntad de las y los trabajadores ni que se pisoteen sus derechos en favor de intereses ajenos a los de la clase trabajadora”.

Organización Mundial contra la Tortura tacha al Estado mexicano de “ineficaz” en caso Teuchitlán

Gloria Leticia Díaz CIUDAD DE MÉXICO (apro)

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) alertó que el hallazgo de restos humanos en el Teuchitlán, Jalisco, evidencia la “crisis y el contexto de violencia e inseguridad generalizado al que se enfrenta México”, en el que no puede dejarse de lado que “el sufrimiento permanente de tener un familiar desaparecido es tortura”.

Desde Ginebra, Suiza, donde tiene su sede, la OMCT cuestionó la respuesta que ha dado el Estado mexicano, mostrando “la falta de entendimiento del fenómeno de las desapariciones en el país”, que se evidenció con “la ineficaz activación de protocolos para resguardar las evidencias después de los hallazgos, hasta convocar el 20 de marzo de 2025 a medios de comunicación, organizaciones y víctimas al ‘Rancho Izaguirre’, sin una clara preparación, lo cual terminó en una visita a las instalaciones que revictimizó a las familias”.

Sobre las propuestas presentadas el 17 de marzo por la presidenta Claudia Sheinbaum, que causaron preocupación entre los colectivos de las familias de desaparecidos por el desconocimiento evidente del tema,

De la Redacción

Ciudad de México (apro)

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), denunció, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), violaciones a la independencia judicial en México, a raíz de la reforma al Poder Judicial. El JUDEF también acusó el desmantelamiento del sistema de pesos y contrapesos, en medio de una crisis de derechos humanos en el país. “No se trata de una modernización ni de una apertura democrática. Lo que está en riesgo es el último contrapeso institucional que sostiene la democracia mexicana: un Poder Judicial libre, profesional y constitucionalmente independiente”, señaló la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la JUFED, tras su llegada a Ginebra, Suiza, sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En un comunicado, la asociación informó que el objetivo central de la visita es sostener reuniones con representantes del sistema de Naciones Unidas. Fuentes Velázquez se reunirá con la Relatora Especial

La OMCT hizo “un enérgico llamado a las autoridades del Estado mexicano a garantizar investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre los delitos cometidos” en el rancho Izaguirre

la OMCT se sumó al extrañamiento por la falta de consulta e involucramiento de las familias de víctimas, en los planes gubernamentales para tender el problema.

“Son las madres y familiares quienes, organizadas, colectivamente han creado acciones y mecanismos para buscar a sus familiares. Teuchitlán, recuerda que sin las familias, esta crisis no tendrá solución, el Estado debe asegurar su protección no sólo ante narrativas de estigmatización y criminalización que buscan desacreditar el movimiento sino por el alto riesgo que

implica la propia labor de búsqueda”, alertó la organización.

La OMCT recordó que el hallazgo hecho por Guerreros Buscadores de Jalisco ocurre luego de que en 2024 México cerró con 37 desapariciones al día, en promedio, una realidad que “no se trata de cifras, sino de cientos de historias, familias y personas con sueños esperanzas, cuyos proyectos de vida han sido arrebatados por la violencia y la falta de respuesta de las autoridades”.

En un comunicado, la organización puntualizó que en el contexto actual

“las familias no sólo deben afrontar la incertidumbre de no saber dónde está su ser querido, con los impactos psicosociales que esto implica, sino que además, también enfrentan la violencia institucional del Estado, que las revictimiza y estigmatiza por su labor”.

Apuntó que actualmente “300 personas defensoras de derechos humanos, cuya labor se enfoca en la búsqueda de personas desaparecidas, se encuentran bajo medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos”, como resultado de buscar a personas desaparecidas “en un entorno de constante miedo, amenazas e inseguridad”.

La OMCT hizo “un enérgico llamado a las autoridades del Estado mexicano a garantizar investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre los delitos cometidos en el sitio, así como a permitir la participación significativa de las familias en los procesos de búsqueda, investigación y rendición de cuentas”.

La JUFED denunció ante la ONU la anulación de división de poderes en México por la reforma al PJF

de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, así como con representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, la directora nacional de la asociación sostendrá encuentros con integrantes del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) y el Centro para los Derechos Civiles y Políticos.

Fuentes Velázquez denunciará ante dichas instancias que el gobierno de México y la mayoría de su partido en el Congreso “han violado de manera sistemática las resoluciones judiciales que ordenan detener esta reforma, actuando en abierto desacato constitucional y evidenciando su desprecio por el orden legal vigente”, apuntó el comunicado.

La reforma al Poder Judicial ha recibido múltiples críticas por la implementación de la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Las primeras elecciones judiciales se

llevarán a cabo el 1 de junio de este año. JUFED recuerda que una elección judicial en el contexto del avance del crimen organizado posibilita su infiltración en los procesos de selección de juezas y jueces. “Lo que está en juego no es solo la carrera judicial, sino la seguridad, la justicia y la libertad de millones de mexicanas y mexicanos”, afirmó la jueza. Fuentes Velázquez plantea que dicha reforma es en los hechos “un despido masivo de las personas juzgadoras y someter su elección a

mecanismos populares carentes de garantías, plagados de irregularidades, intromisiones y manipulación desde el propio gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral”. “Venimos a Ginebra a encender las alarmas internacionales. La comunidad internacional debe saber que la democracia mexicana está siendo socavada desde adentro. Hoy más que nunca necesitamos una solidaridad activa con quienes defendemos la justicia desde los tribunales”, concluyó la jueza Fuentes Velázquez.

Indolencia y desprecio hacia las familias buscadoras, el sello en la apertura del rancho Izaguirre de Teuchitlán

Autor: Darwin Franco ZonaDocs. (Cimacnoticias)

La apertura de las puertas del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, para que familias buscadoras y medios de comunicación pudieran ver el trabajo realizado por la Fiscalía General de la República -instancia que ahora tiene el caso- resultó ser una burla, no sólo porque las buscadoras creen que se “maquilló este sitio de exterminio”, sino porque ninguna autoridad (estatal y federal) fue capaz de pararse frente a ellas para darles alguna explicación de lo que ahí están supuestamente investigando.

Las puertas no se abrieron para la verdad, sino para alimentar una narrativa oficial que intenta decirnos que ahí, en Teuchitlán, las cosas no fueron graves.

Texto y fotos por Darwin Franco / @ DarwinFranco

«Nos trajeron a la locación de una película de terror que ya pasó. Aquí no hay nada, ni las autoridades”, expresó Celia Cervantes del colectivo Familias Unidas por Nayarit, ella viajó con sus compañeras hasta el sitio de exterminio localizado en Teuchitlán, Jalisco, para poder descartar o confirmar que aquí haya estado su esposo, Santiago Eloir Pérez Reyes -quien fue desaparecido el 22 de junio de 2017 en Tepic-, pero no pudo hacer nada porque lo único que encontró en este lugar, ahora bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República, sólo fue indolencia y la enésima confirmación de que las personas desaparecidas y sus familias: les valen madre al Estado.

“Esto fue un teatro” se le escucha decir a Liliana Meza del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco: “Para que nos citan aquí, para que nos dicen que nos van a explicar lo que están haciendo si aquí no hay nadie trabajando… aquí no hay nada, ni un fiscal”. Liliana busca a su hijo Carlos Maximiliano Romero Meza desde el 22 de octubre de 2020.

Vicky Meza de Madres Buscadoras de Jalisco, colectivo que llegó al rancho Izaguirre por vez primera en diciembre de 2024, siente que está en otro lugar: “aquí ya no hay nada… se llevaron todo. Fue un engaño, pensamos que veníamos aquí para buscar como estamos acostumbradas: con pico y pala, pero aquí no hay nada… es una burla”.

Cuando la FGR atrae un caso, las instancias locales suelen trasladar toda duda (y queja) a la autoridad federal. Eso podría ser lo que pase con toda información del rancho Izaguirre, pues toda pesquisa será ahora realizada por la FGR, la cual acusó negligencias terribles en el proceder ministerial y pericial de la Fiscalía de Jalisco, instancia que tuvo seis meses el caso, pero no fue ni siquiera capaz -señaló Gertz Manero- de integrar bien la carpeta de investigación.

Por ello, para ahora sí saber todo que no hicieron o hicieron mal las autorida-

des de Jalisco, la FGR invitó, primero, a medios de comunicación a entrar al rancho Izaguirre para ver lo que es “una investigación en serio”. Después la Fiscalía de Jalisco, institución que puso los camiones para el traslado, amplió la invitación a familias buscadoras y organizaciones de derechos humanos. La decepción fue grande.

De varios municipios de Jalisco, pero también de estados vecinos como Nayarit, Colima, Guanajuato y Michoacán, las familias buscadoras arribaron el 20 de marzo al rancho Izaguirre, esto con el objetivo de manifestar todas sus dudas, pero esto no pasó, pues no hubo peritos trabajando a quienes preguntarles cómo están haciendo los levantamientos o qué es lo que han encontrado en los hornos crematorios que las autoridades jaliscienses con malicia llamaron “puntos de combustión”, tampoco se paró en Teuchitlán algún ministerio público federal para darles información de la ropa o pertenencias que ahí fueron localizadas y del proceso que deben de seguir cuando tienen sospecha o, inclusive la certeza, de que una de las 493 prendas es de su ser querido.

Un día antes, el 19 de marzo, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero -en rueda de prensa- aseguró que “Teuchitlán jamás sería otro Ayotzinapa”, pero lo que fue posible observar cuando las madres acudieron, al sitio de exterminio y entrenamiento del crimen organizado, hace pensar que sí lo será, al menos, en lo que se refiere al trato indolente y poco transparente con el que la FGR suele tratar a las familias buscadoras.

Esto lo sabe muy bien Carmen Sepúlveda Gómez, integrante del colectivo Red Desaparecidos en Colima y madre de Carlos Donaldo Campos Sepúlveda -quien fue desaparecido el 20 de agosto de 2018 en Villa de Álvarez, Colima-, pues en su estado la FGR las ha decepcionado en múltiples ocasiones:

“lamentablemente la FGR así trabaja, el año pasado en Colima trabajaron un predio por más de dos meses, pero no nos dejaron entrar para ver los trabajos y hasta ahorita es tiempo en que no sabemos cuántos cuerpos se llevaron, qué hicieron con ellos o qué va a pasar, nadie sabe nada”.

La apertura de las puertas del rancho Izaguirre fue tan indolente que las familias, a las que se les quería dejar entrar en grupos pequeños, tuvieron que romper el cerco de seguridad y correr para entrar todas juntas con la esperanza de ver algo, un indicio, algo… pero adentro sólo había el montaje de un trabajo “en proceso” con el que se busca maquillar el horror y construir la narrativa de que el lugar sólo era un sitio de entrenamiento, pero jamás de exterminio.

Del trabajo de la fiscalía federal sólo hay cintas amarillas que delimitan espacios; por ejemplo, los dormitorios en los que se hallaron 493 prendas y 200 pares de zapatos; el patio en el que tanto Madres Buscadoras y Guerreros Buscadores localizaron hornos crematorios, los cuales ahora sólo son perfectos recuadros en el piso delimitados con cintas con dos claros mensajes: Crime Scene Do Not Cross y Prohibido el paso. De los hoyos en los que madres y padres buscadores sacaban fragmentos óseos y algunas placas quirúrgicas, no hay nada. Esos hoyos en los que se buscó erradicar toda vida y evidencia, de la noche a la mañana, pasaron a ser terrenos finamente aplanados para que el ojo no tuviera duda de que ahí no hay nada.

En la parte más abierta del terreno se apreciaban múltiples banderillas amarillas, verdes y rojas, mismas que indican posibles sitios de indagación. Banderillas que, por cierto, fueron enterradas en una tierra grisácea que al tacto parece ser la ceniza que extrajeron las madres buscadoras, el 5 de marzo de 2025. Aunque el fiscal general, haya asegurado que eso está por verse.

Como no hubo personal forense, las familias buscadoras no pudieron ver si existen en el sitio más restos óseos, tampoco pudieron observar los restos localizados por las y los integrantes de Guerreros Buscadores, pues insisto: ahí no había personal ni de la Fiscalía General ni de Fiscalía de Jalisco que diera información alguna.

El único personal presente tenía la tarea de resguardar la seguridad tanto de las personas como del sitio, así como de intentar “controlar ” el tiempo de las y los periodistas dentro del rancho, algo que no se logró, pues el intento de darles

solo 20 minutos se esfumó.

De esa misma manera se fue el entusiasmo con el que llegó al lugar María del Carmen Rangel, quien busca a su hija Nayeli Anahí González Rangel -quien fue desaparecida el 6 de febrero de 2021 en Tlajomulco de Zúñiga-, para quien el rancho Izaguirre parece más un museo de lo que fue que un sitio de exterminio.

“aquí parece que no ocurrió nada, que no pasó nada… pues más que un sitio de exterminio parece sólo un rancho abandonado donde había muchas cosas y ya no las hay, pero es muy feo y da mucho dolor estar aquí”.

Esa misma sensación sintieron las familias buscadoras que se trasladaron desde Guanajuato: “Para nosotras es una falta de respeto que se nos trate así, nosotras veníamos a ver alguna galería o las prendas, pero no esperábamos encontrarnos con una escena totalmente limpia para los medios… para que llegara el fiscal a decir que aquí no pasó nada… todo este recorrido ha sido una falta de respeto, un espectáculo”, así se expresó Karla Martínez del Colectivo Hasta Encontrarte, ella busca a su hermano Juan Valentín Martínez Jiménez, quien fue desaparecido el 18 de febrero de 2020 en Irapuato, Guanajuato, por hombres armados del mismo grupo que tenía el control del rancho Izaguirre. Caminar por el lugar bajo las condiciones en las que ahora está da una extraña sensación, pues poco o nada se parece a lo que se mostró en los videos “en vivo” que el colectivo Guerreros Buscadores subió a su perfil de Facebook. Y no porque uno, luego de 15 días de trabajo, quisiera ver la misma escena que tanto se dijo parecía al sistema de campos de concentración de Auschwitz, sino porque se notaba el empeño para generar una perfecta sintonía en el cómo se ve ahora el rancho Izaguirre con lo que señaló el fiscal Gertz Manero.

Pero borrar la huella de la violencia no es posible cuando este intento se construye con el mismo “vale madrismo” con el que se preservó el lugar tras su hallazgo, con la misma ausencia e indolencia de la autoridad (estatal y federal) que trató “la ida a Teuchitlán más como un paseo que como un ejercicio de rendición de cuentas”.

Se abrieron las puertas del rancho Izaguirre sí, pero no para la verdad. Y eso lo entendieron rápidamente las familias buscadoras, pues su dolor ya no está para “teatros o montajes”, y mucho menos para “burlas y faltas de respeto”. “Lo queríamos era llegar y ponernos a trabajar, como siempre hacemos, pero no, nadie vino, a nadie le importó decirnos qué están haciendo”, expresó con enfado Vicki Ponce de Madres Buscadoras de Jalisco, y cómo no sentir eso cuando el primer caso icónico de las administraciones de Claudia Sheinbaum y de Pablo Lemus (gobernador de Jalisco) se trata con tal desprecio que ni tiempo ni personal hubo para dar alguna explicación.

¿QUÉ PALABRAS?

Lucía Melgar Palacios

¿Qué palabras nos quedan para hablar de Teuchitlán? ¿Para transmitir lo indecible del sufrimiento y la crueldad sin paralizarnos? ¿Cómo expresar el horror y la urgencia de movilizarnos para dejar de vivir en un país de fosas?

Si decimos campo de exterminio, hornos, cuerpos calcinados, montones de zapatos vacíos, miles de prendas abandonadas; si uno o varios sobrevivientes describen el proceso por el que pasaron cuatrocientas, mil personas…; si las madres buscadoras denuncian con valentía cientos de fosas, si padres, madres, hermanas cuentan con voces entrecortadas la infinita angustia de su espera, ¿quién escucha? ¿quién responde más allá del escalofrío, del ahogo, del pesado sentimiento de impotencia?

El gobierno ¿indolente, indiferente, inepto? truena contra las voces que señalan y documentan. Niega, niega, niega: Allende, San Fernando, Ayotzinapa… ¿Teuchitlán? No hay evidencias. Esperemos la investigación. Una-investigación-a-fondo. Todo el peso de la ley… ¿De qué ley? ¿Esa ley mancillada por las autoridades? ¿Esa ley vaciada de sentido? ¿Esa que aplasta con su carga de injusticia a los más pobres, a las más violentadas? ¿Teuchitlán? No me corresponde. ¿Ayotzinapa? No me corresponde. ¿Desapariciones en Iztapalapa o Tlalpan? No exageren, no alarmen. “La culpa es (de los emisarios) del pasado”, “la oposición nos ataca”. Quienes detentan todo el

poder se rasgan las vestiduras, maltrechas víctimas de una sociedad materialista que no valora su amor al Pueblo. Ese Pueblo que invocan y convocan, mudo y obediente, a sus fiestas de “unidad nacional”. Ese Pueblo vapuleado, expoliado, secuestrado, del que reniegan cuando alguna comunidad se atreve a alzar la voz, no para pedir de rodillas, para exigir ¡Justicia!

¿Y si decimos simulación, complicidad? ¿ Y si pintamos fue el Estado?¿Si coreamos fue el narco-Estado? Nadie se sonroja de vergüenza. Si acaso, irritados, los poderosos se sacuden esas palabras cual moscas molestas.

¿Y a la sociedad, qué palabras la con-mueven? ¿Qué palabras habría que escuchar para unirse contra tanta muerte, contra tanta crueldad? ¿Masacres? ¿Desapariciones? ¿Secuestros masivos de jóvenes? ¿Feminicidios? ¿Niños asesinados, niñas violadas? ¿Bombas, drones, minas?, ¿autos y comercios quemados?, ¿pueblos arrasados, cientos de miles de personas desplazadas por la violencia?

Por más de treinta años, las voces del dolor han resonado en conversaciones, noticieros, reportajes, libros. Decenas de periodistas se han atrevido a investigar, a riesgo de su vida y seguridad, en las zonas más siniestras del país. Cientos de mujeres y familiares de víctimas han gritado su desasosiego, han marchado para exigir verdad y justicia. Miles de jóvenes han protestado con digna rabia contra la violencia y

su impunidad. ¿En respuesta? Ataques y denostaciones, vallas y granaderos. Indiferencia de muchos. “Andaban en malos pasos”. “No son formas”. “ Nosotros somos buenos ciudadanos” No exageren, no alarmen. Una sociedad erosionada, golpeada por la austeridad, la negación de derechos, la violencia; una sociedad resquebrajada, temerosa del presente insostenible, del futuro impredecible; una sociedad atarantada de demagogia, ¿con qué palabras puede expresar su propia desazón?

Hemos rebasado los límites del horror. Nos hemos quedado sin palabras. Nadie quiere reconocerse en la desgracia de otros cuando ésta ronda por la calle. Nadie quiere sentirse expuesto en este país de fosas.

Quienes han vivido la mudez del espanto, quienes han tocado las fronteras porosas entre “normalidad” y reino del terror, quienes se aferran al poder de la voz, desentierran verdades insoportables, exigen justicia, representan la Dignidad de este país. Madres, padres, familiares de víctimas esperan ser escuchadas. Apelan a la indignación, a la empatía, a la solidaridad, al sentido de justicia. Hay quien prefiere hacer oídos sordos y refugiarse en la sospecha. Hay quien escucha y calla. Hay quienes, a falta de palabras, abrazan, acompañan, actúan.

Contra el silencio sepulcral que nos acecha, nos urge restaurar el poder revelador del lenguaje, reinventar las palabras que vinculan y humanizan.

LA LEVA DEL NARCO

José Gil Olmos

El secuestro y desaparición forzada de jóvenes para enrolarlos de manera forzada a sus filas por parte de los grupos del narcotráfico tiene varios años, quizá dos décadas, en varias regiones del país.

La desmemoria social que ha normalizado la violencia y, sobre todo, la gubernamental que quiere que ese infierno pase al olvido para no ser atendido, se rompe cuando llegan casos como el rancho Izaguirre en Jalisco.

Tal vez los primeros indicios de esta leva del narco la supimos cuando los Zetas y el Chapo comenzaron a secuestrar a jóvenes profesionistas –médicos, ingenieros, químicos, abogados, contadores, expertos en informática, etcétera –, pero también soldados, policías, campesinos y albañiles para darle forma a la estructura delictiva y en el caso del Chapo construir los túneles por lo que traficaba la droga en la frontera con Estados Unidos.

La indolencia gubernamental, llámese policiaca, judicial, militar y de gobierno, han permitido la permanencia de estos lugares de reclutamiento, entrenamiento y de exterminio.

Este último término, el exterminio, no agrada a las autoridades, pero cómo llamarle a esta práctica de terror mediante la cual los grupos criminales exterminan la dignidad y voluntad humana y desaparecen los derechos más elementales de vida de quienes secuestran para sumarlos a sus filas de si-

carios. No hay otra forma de llamarle a esta práctica paramilitar que tiene rasgos del entrenamiento que existe en la Escuela de las Américas y en la de los Kaibiles.

En todas las zonas de control de los grupos criminales se han registrado los casos de desaparición forzada de jóvenes e incluso de familias completas que son obligados a realizar trabajos como si fueran esclavos o como aquellos indios acasillados del siglo XIX que Bruno B. Traven retrato en su libro La rebelión de los colgados. Una de las formas de reclutamiento que se tiene registrado en la Ciudad de México y el Estado de México es las centrales de autobuses del Toreo y de la Tapo a los cuales llegan decenas o centenas de jóvenes buscando trabajo. En esos lugares y en las redes sociales publicaban anuncios de trabajo de supuestas empresas dedicadas al ramo de la seguridad y vigilancia. Ofrecían buenos salarios y prestaciones. Les pedían que llenaran unos registros con datos particulares para ser contactados tras realizar un filtro. Elegían a los más jóvenes, con familias lejanas.

Los miembros del crimen organizado ofrecían de manera engañosa trabajo con salarios superiores a los oficiales. La oferta es atractiva a quienes forman parte de población económicamente activa, pero que no tiene trabajo y que en noviembre de 2024 formaba parte de la informalidad laboral que ascendió a 32.8 millones de per-

sonas y que representó 54.6% de la población ocupada.

En Jalisco el CJNG era más directo en propuestas de trabajo mediante mensajes en redes sociales: “Se da mes y medio de adiestramiento. Durante el adiestramiento se les paga de 4 mil 500 a 5 mil 500 pesos semanales. Pasando el adiestramiento se les sube la paga, depende de cómo trabajen, de 6 mil 500 a 8 mil 500 semanales”.

Campamentos, centros de entrenamiento, estrategia de reclutamiento y la formación de sus propios cuadros son parte de una estructura bien diseñada por los grupos criminales que han saltado de ser simples grupos de narcotráfico de drogas a empresas trasnacionales con ligas en más de 40 países.

El rancho de Izaguirre es apenas la punta de la hebra que el fiscal Alejandro Gertz Manero tiene la obligación de tomar en sus manos para hacer una investigación de los miles de desaparecidos que son reclutados por los grupos del narco. Por cierto, desde 2015 la entonces Procuraduría y hoy Fiscalía General de la República publicó en un comunicado de la existencia de estos narcocampamentos de entrenamiento en Tamaulipas. En agosto de ese año informó que atrajo la investigación por el aseguramiento de tres campamentos rústicos, así como de un área de adiestramiento físico en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde además fueron asegurados 20 fusiles de diversos calibres. La indolencia.

REFORMA UNIVERSITARIA, UMSNH, EL CAMBIO POSIBLE

Ernesto Villanueva

La reforma de la organización de las universidades públicas del país es parte de la agenda de la discusión pública. Hoy Michoacán se convierte en ejemplo de que el cambio puede ir de la periferia al centro. En efecto, en días pasados, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), acaba de materializar una reforma interna de largo aliento con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de la nueva Ley Orgánica de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (que en su artículo tercero transitorio aclara que es la misma institución que la conocida como Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) y con adiciones importantísimas a la constitución local en su artículo 143. Los cambios en las universidades públicas no son tarea sencilla; antes bien, resultan sinuosos y complicados. De ahí, por la razón anterior, que la rectora de la UMSNH, Yarabí González Ávila se ha convertido en un referente emergente en el país porque ha sabido cómo lograr la unidad en la diversidad y los consensos necesarios para que el Congreso del Estado plasmara lo que podría ser el nuevo modelo de la universidad pública. Existen, por supuesto elementos que sustentan mis afirmaciones. Veamos. Primero. El pasado 8 de enero se publicaron en el Periódico Oficial del Estado las siguientes adiciones al artículo 143 de la Constitución local que no tienen desperdicio alguno: “La Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo contará con un presupuesto pleno para el desarrollo de sus funciones, el cual deberá ser por lo menos el 4.5% del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en la lógica, que no podrá ser inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior. La elección del cargo de rectora o rector de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se realizará de forma democrática, para lo cual, se deberá contar con la participación de sus órga -

nos de gobierno y los tres sectores de la comunidad universitaria, siendo éstos, el de estudiantes, el de docentes y el de administrativos, los cuales deberán encontrarse en activo. La Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo contará con un sistema propio de pensiones y jubilaciones para el personal docente y administrativo.” Se trata de una reforma que ha pasado desapercibida en el discurso público nacional, pero su trascendencia es de importancia capital: a) La Constitución le garantiza una garantía presupuestal progresiva que no puede ser menor a la del año anterior.

Un problema en las universidades públicas del país es la negociación política del presupuesto año con año sujeto a vaivenes ajenos al interés público, lo que en Michoacán no sucederá ya; b) Establece la elección democrática del rector o rectora con la participación de la comunidad universitaria y c) Genera certidumbre para académicos y empleados universitarios para preserva sus derechos adquiridos en sus respectivos contratos colectivos de trabajo. Segundo. En gran parte del país el proceso de elección de la persona titular de la rectoría se caracteriza por ser facultad de un órgano ajeno a la participación decisiva de la comunidad universitaria y, por supuesto, en Michoacán no era la excepción. Y donde se ha vuelto tema de elecciones abiertas de la comunidad para este proceso se ha vuelto un proceso no menor de politización y manipulación de ahí que esta práctica haya justificado la primera opción como un mal menor.

En la UMSNH han encontrado la solución a este dilema en un plausible sistema de representación comunitaria con la participación de representantes de la

comunidad universitaria basados en su experiencia y méritos. La nueva Ley orgánica establece una Comisión Especial del Consejo Universitario, hoy reconocido como la máxima autoridad universitaria donde la participación estudiantil recae en el estudiante con el promedio académico más alto lo que despolitiza esta representación. Por vez primera los méritos vencen a los vaivenes de la política. Asimismo, se establece la figura de la no reelección en la rectoría y se incorpora, como principio de la organización universitaria, la paridad de género en los cargos de gobierno. Durante varios años, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) enfrentó una situación financiera particularmente grave, que la llevó a figurar entre las universidades públicas con mayores niveles de endeudamiento. No obstante, mediante una estrategia integral de reingeniería financiera, la institución logró recuperar su estabilidad económica y salir de dicha condición sin incumplir los compromisos establecidos en los contratos colectivos de trabajo vigentes, tanto del personal académico como del administrativo. De forma paralela, se fortaleció la autonomía del Tribunal Universitario, dotándolo de mayores capacidades institucionales, y se crearon unidades especializadas para la atención de conductas indebidas, con un enfoque tanto preventivo como correctivo. Tercero. Un aspecto históricamente controvertido ha sido el de las Casas del Estudiante, cuyo funcionamiento era motivo de cuestionamientos constantes. En la actualidad, un número creciente de sus integrantes ha demostrado un desempeño académico sobresaliente, lo que ha permitido consolidar su reconocimiento como parte orgánica de

la universidad. En virtud de ello, dichas Casas reciben subsidios federal y estatal, en consonancia con el principio de progresividad en el acceso efectivo a la educación media superior y superior, particularmente para sectores en situación de vulnerabilidad. Durante décadas, la opacidad se consolidó como una práctica estructural en la gestión universitaria, con efectos nocivos para la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y el control democrático sobre el uso de los recursos institucionales. Con la entrada en vigor de la nueva Ley se establece ahora la obligación de publicar el presupuesto anual de ingresos y egresos en el Periódico Oficial del Estado y se prevé la presentación periódica de informes trimestrales de gestión ante el Consejo Universitario. De igual manera, la nueva normativa incorpora, con carácter transversal, principios fundamentales que fortalecen la cultura institucional: el uso del lenguaje inclusivo, la igualdad sustantiva de género, el acceso efectivo a los derechos culturales, la protección y promoción de los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social universitaria y, de manera destacada, el fomento al pensamiento crítico.

Este último constituye, sin lugar a dudas, el eje articulador de una universidad pública que aspira no solo a formar profesionistas, sino a cultivar ciudadanas y ciudadanos con autonomía intelectual, capacidad de análisis y disposición al cuestionamiento reflexivo sobre los fines y medios de la vida social.

Lo que por décadas fue considerado inalcanzable, se ha concretado en menos de dos años. Sin duda, se trata de una tarea colectiva de toda la comunidad universitaria; sin embargo, dicho proceso habría sido difícilmente posible sin los buenos oficios de la rectora Yarabí Ávila González. El modelo es, como toda obra institucional, perfectible, pero constituye ya un referente que merece ser examinado, documentado y, llegado el caso, adaptado y replicado como paradigma de reforma estructural en el ámbito de la educación superior pública en México.

CONSULTA Y AUTOPISTA…

Francisco Ruiz Zuart.

Realidad y apariencia.

Indiscutiblemente que la apertura nueva, el fortalecimiento, la conservación y el mantenimiento, o la modernización de las vías de comunicación en cualquiera de sus formas existentes, son un factor importante y decisivo para el desarrollo de toda sociedad… Estimula la producción, hace posible condiciones más favorables para la comercialización, facilita el ingreso de los insumos de todo tipo y en general, acerca a los pueblos y ciudades a superiores condiciones de bienestar y desarrollo económico y social…

Al respecto, la información oficial más importante el día de ayer 23 de marzo del 2025, sin duda lo fue la relacionada con la “Consulta Pública” para conocer la opinión de los habitantes de los municipios de Palenque, Saltó de Agua, Tumbalá, Ocosingo y Chilón, sobre SI están de acuerdo o NO, en que se construya la autopista Ocosingo - Palenque…

Ayer mismo el gobernador del estado de Chiapas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, dio a conocer los resultados habidos, a la vez que celebraba los hechos de participación ciudadana y democracia en la entidad…

El gobernador mencionó que “este ejercicio democrático permitió conocer la voz de las comunidades de los municipios por donde pasará esta vía de comunicación: Ocosingo, Salto de Agua, Tumbalá, Chilón y Palenque.

En el comunicado del gobernador da a conocer que la institución

responsable de la organización de la Consulta ciudadana fue la Secretaría General de Gobierno y Mediación: reconocía el esfuerzo y felicitaba a las comunidades por su JORNADA DEMOCRÁTICA EJEMPLAR, por supuesto, festejaba los resultados, FUE APROBADA la construcción de la autopista Ocosingo- Palenque…

El gobernador expresó que Palenque la aprobó con 14 mil 871 votos, Saltó de Agua con 8 mil 898 votos, Tumbalá con 348 votos a favor, Ocosingo con 10 mil 048 votos y Chilón con 5 mil 156 votos de hombres y mujeres… Hasta aquí todo se puede ver muy bien en la “JORNADA DEMOCRÁTICA EJEMPLAR”…

EL PROBLEMA y LAS PREOCUPACIONES que obscurecen las celebraciones oficiales, asoman cuando nos detenemos a ver, comparar y analizar las consecuencias posibles que podrían surgir de las siguientes relaciones:

* Del municipio de Palenque con una población oficial de 132 mil 265 habitantes según el censo 2020, únicamente votaron 14 mil 871 personas a favor de construir la autopista Ocosingo - Palenque…

* Del municipio de Salto de Agua con una población de 64 mil 251 habitantes (censo 2020), solamente participaron 8 mil 858 habitantes a favor…

* Del municipio de Tumbalá con 38 mil 025 habitantes (censo 2020), únicamente votaron a favor 348 personas… Según los datos escritos dados a conocer ayer por el gobernador…

* Del municipio de Ocosingo con 234 mil 661 habitantes (censo del 2020), solamente emitieron voto 10 mil 048 personas a favor de la autopista…

* Del municipio de Chilón con una población (censo 2020) de 137 mil 262 habitantes (censo 2020), 5 mil 156 personas dijeron SÍ a la construcción de la autopista…

¿Tienen razón de ser las felicitaciones, los reconocimientos, el festejo?

¿Se trató verdaderamente, de un proceso de participación democrática ejemplar?

¿La mayoría de la población de las comunidades de los 5 municipios, dijeron SÍ a la construcción de la autopista Ocosingo- Palenque?

Saquen sus conclusiones e imaginen posibles escenarios futuros, está bien fácil…

Ah! DIGAN LO QUE DIGAN: los responsables de realizar los trabajos PREVIOS Y NECESARIOS, sin ningún tipo de manipulaciones y farsas, para la construcción de la autopista Ocosingo - Palenque, visiblemente, están fallando desde el principio y les atraerá no buenas reacciones desde las comunidades… La están regando en terreno fértil ¿no lo saben?

¿Quiénes no cuidan a su gobernador!

¿Quiénes le traicionan, por ineptitud o irresponsabilidad?

¿Dónde están y para qué sirven los “doctores” asesores de Óscar Eduardo Ramírez Aguilar?

O ¿no se deja ayudar?

THE CONTRA PODER BREAKING NEWS

Dr. Valdemar Rojas

O mejor aún, notas cortas sabrosas y sabrosonas en memoria de Gervasio Grajales QEPD

México vive un grave problema de violencia que es incontrolable, pues nuestras autoridades no quieren o no pueden controlarla, pues muchas de ellas están coludidas con los grupos criminales que cada día son más poderosos e inciden en los asuntos internos de nuestro país, al grado de que ya se consideran el Quinto poder con recursos económicos de gran envergadura que les permiten presionar a todas las autoridades civiles y militares; el gravísimo caso del rancho Izaguirre en el municipio de Tunecillo en Jalisco, vino a demostrar el grado de influencia que tienen los narcos, pues en ese rancho no solo se entrenaba a los jóvenes reclutados con engaños de ofrecerles trabajos bien pagados, si no que en el colmo de los hechos, sacrificaban a los jóvenes que se resisten a colaborar con los narcotraficantes en sus actos delictivos.

Este caso considero que terminará en un nuevo Ayotzinapa en donde difícilmente llegaremos a saber todo lo sucedido ahí y bien puede considerarse como un gran reto para la administración de la Presirvienta Claudia Sheinbaum; este rancho que ya llevaba años de estar funcionando fue conocido desde antes de su ultimo descubrimiento de las autoridades el gobierno de Jalisco que no quisieron actuar y fueron las madres buscadores de familiares desaparecidos las

que pusieron el grito en el cielo y alertaron a las autoridades a investigar el caso encontrando cientos de zapatos y prendas de vestir de personas desconocidas señalando además la presencia de huesos calcinados y restos humanos,así como los hornos crematorios que hoy no encuentran las autoridades o no quieren encontrar; doña Claudia ordena al fiscal general de la república Gertz Manero que se haga cargo de la investigación que viene siendo lo mismo que poner la iglesia en manos de Lutero, pues es todo menos independiente y está a las ordenes del ejecutivo; por principios de cuenta ya acusan a las autoridades judiciales de Jalisco de no investigar bien el rancho, pero no dicen que la guardia nacional estuvo ahí y no investigó bien y hoy pueden no encontrar los hornos crematorios señalados por las madres buscadoras, pero no podrán explicar la desaparición de huesos calcinados y restos humanos y terminarán explicando que eran más bien oratorios lo que encontraron las madres buscadoras; ya veremos en que termina este bochornoso caso que afecta gravemente a la administración de doña Claudia.

Doña Claudia miente al igual que el Peje al asegurar que la economía del país está firme y sólida, cuando la triste realidad es que el crecimiento es casi nulo y probablemente entremos en una recesión, sobre todo cuando suframos el impacto de los aranceles que nos impondrá Trump;

la deuda del gobierno heredada del Peje es de varios billones de pesos y solo de intereses se pagan millones de pesos al año; el gobierno no tiene dinero y todos los fideicomisos que formaban más de 80 mil millones de pesos los desaparició el Peje sin que sepamos el destino final de esos recursos y la única manera de que el gobierno obtenga recursos es implantando una reforma fiscal que no nos gustaría a los contribuyentes y acabaría con laeuforia populista de doña Claudia.

La herencia maldita que nos dejó el Peje en materia de salud está saliendo a flote con la aparición de enfermedades que ya estaban prácticamente desaparecidas como el sarampión y la tosferina que hoy han vuelto por sus fueros y los casos de ellos son cada día más frecuentes; esto se debe a que el Peje puso poca atención a las vacunas y se concretó a comprar vacunas de dudosa calidad como la Sputnik de Rusia y la Adal Cubana, ambas sin ser autorizada por la OMS.

Las autoridades creen que con poner anuncios se resuelven los problemas; abundan los anuncios indicando que la capital del estado es segura y muchos letreros más que dicen que vivimos 100 días de paz pero no dicen que eso sería en Dinamarca.

El desafuero del ex goberna-

dor de Morelos, Cuauhtémoc Blanco solicitado por las autoridades de ese estado, no prosperó, algo que ya proveíamos, pues doña Claudia defiende a todos sus correligionarios,pues no quiere que se diga que hay corrupción en su gobierno, algo que no puede negarse; el Peje sacó su pañuelito blanco para indicar que la corrupción ya no existía en México pero unos días después apareció el mega fraude de SEGALMEX de quince millones de pesos sin que hoy en día, se hayan castigado a los autores de ese fraude que superó a la estafa maestra de Peña Nieto; lo mismo pretende doña Claudia, pero la corrupción sigue campante y ya apareció en BIRMEX, la empresa encargada en comprar y distribuir las medicinas que insumos a hospitales y clínicas de todo el país; el fraude es por varios millones de pesos y esperamos que en esta ocasión si se castigue al o a los autores de este mega fraude; la verdad es que en la 4T (cuarta trastornación) han resultado muy aptos en el arte de robar, pues ya saben que la impunidad existe en nuestro país y menos o casi nunca se castiga a los fraudulentos a menos que sean contrarios al régimen.

Trump amenaza que el 4 de abril publicará la lista de todos los funcionarios coludidos con el crimen organizado lo cual tiene atemorizado a muchos funcionarios del actual gobierno, que ya ni dormir pueden.

CONTRA PODER

INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA

ACUSACIÓN

La JUFED denunció ante la ONU la anulación de división de poderes en México por la reforma al PJF

LLAMADO

INFORME Exigen a las autoridades frenar robo de unidades de carga y

Más de 100 policías han sido asesinados en los primeros tres meses del año

DEMANDA

Sindicato del ISSSTE se suma al CNTE contra la reforma de 2007 y arremete contra Martí Batres

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizaron un operativo conjunto en Chiapas, donde clausuraron cuatro gasolineras por irregularidades en el suministro de combustible. En total, se inmovilizaron 41 instrumentos de medición y se presentó una denuncia penal contra una estación de servicio que vendía menos de un litro por cada carga.