En una misiva, la ONU-DH hizo un llamado urgente a las instituciones del gobierno mexicano a dedicar sus mayores esfuerzos y coordinación para la inmediata búsqueda con vida de los dos defensores






En una misiva, la ONU-DH hizo un llamado urgente a las instituciones del gobierno mexicano a dedicar sus mayores esfuerzos y coordinación para la inmediata búsqueda con vida de los dos defensores
En México existe un clima generalizado de violencia en contra de defensores de derechos humanos, particularmente de quienes se dedican a defender los derechos ambientales. Sobre todo, porque el Estado ha asignado derechos de explotación mineras o forestales dentro del territorio de comunidades indígenas, sin el consentimiento previo e informado de esta población, con lo que se violan disposiciones del derecho internacional y nacional, que obliga a los Estados a contar con el consentimiento informado, en todas las decisiones administrativas y legislativas en el que exista afectación a comunidades indígenas.
Dentro de este clima de violencia se inserta el secuestro y desaparición forzada de los defensores en derechos humanos Ricardo Antonio Lagunes Gasca y Antonio Díaz Colima, el domingo 15 de enero, quienes ese día participaron en una asamblea comunal en en la comunidad indígena de San Miguel Aquila, en Michoacán y fueron desaparecidos en el puente Coahuayana, en el mismo Estado de Michoacán.
Ricardo Lagunes es un defensor con un importante trabajo en Chiapas, es fundador de la organización de la sociedad civil, Asesoría y Defensa Legal del Sureste, que se dedica a la defensa de la tierra y del territorio frente a megaproyectos que producen despojos en las comunidades. Fue colaborador en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en San Cristóbal y del Centro Fray Matías de Córdova en Tapachula; de igual manera fue profesor fundador de la maestría en defensa de los derechos humanos que se imparte en la UNACH. Ricardo Lagunes participa en la defensa de los afectados de la masacre de Acteal, que llegaron a un acuerdo armonioso con el gobierno de López Obrador.
Ricardo Lagunes desde el año 2019 viene acompañando en la lucha que la comunidad indígena de San Miguel Aquila realiza en defensa de su territorio en contra de la empresa minera Las Encinas S. A. de C.V. quien desde hace 20 años extrae, hierro, oro, plata y cobre, en las tierras de la comunidad sin que ésta obtenga beneficios y que en consecuencia sufra diariamente las consecuencias ambientales que
implican las actividades de las empresas mineras.
La empresa minera ha expandido sus actividades ante la oposición de los comuneros, sobre todo, porque los permisos de explotación no cuentan con el consentimiento informado de la comunidad, ni se realizó la consulta previa, a la que está obligado el Estado de realizar, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. Esto ha ocasionado una campaña de criminalización en contra de los comuneros, con la aquiescencia del Estado, en el que inclusive, líderes de la comunidad han sido acusados de pertenecer a la delincuencia organizada.
En este contexto de violencia, el 15 de enero fue secuestrado Ricardo Lagunes, en compañía del líder comunitario de San Miguel Aquila, Antonio Díaz, en donde el vehículo en que viajaban fue encontrado abandonado con impactos de bala, situación que hace prever que la vida de ambos corre peligro. Razón por la cual, el Estado mexicano debe de realizar con urgencia las investigaciones necesarias para encontrar con vida a Ricardo Lagunes y Antonio Díaz.
Pese a los acuerdos tomados con los socios de los taxis Rojos Ángel Albino Corzo desde hace más de 17 años, la Sociedad Cooperativa del Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez, “Ángel Albino Corzo”, ha preferido respaldar a empresas transportistas que no cuentan con la jurisdicción para prestar el servicio a los usuarios de dicha terminal aérea.
Bulmaro Hernández Gómez, socio de los taxis Rojos, lamentó que las autoridades del aeropuerto les hayan cerrado las puertas, por lo que decidieron manifestarse para dar a conocer las inconformidades que, además, son respaldadas por los ejidatarios.
“A metido a la OCC, Nucú, que no es su lugar de origen acá; ellos tienen accesos que no tenemos nosotros, tienen cobertura en el aeropuerto. Nosotros estamos estacionados en la carretera para esperar un turno para poder abordar a los pasajeros, pero a OCC y a las otras empresas sí les dan privilegios”, expresó.
Aunque han presentado oficios para tener una plática con los directivos, lamentó que la respuesta sea nula. Agregó que, además de tener que esperar turnos, tienen que pagar derecho de piso, incluso –dijo-, durante la pandemia por Covid-19 –cuando la afluencia redujo considerablemente-, tuvieron que realizar los pagos para poder laborar.
Edgar Castillo Tonalá, Chiapas. (muralchiapas.com)Cientos de tráileres, automóviles particulares, transportistas en sus diferentes modalidades se encuentra varados sobre el tramo carretero federal número 200 en la región istmo Costa.
Este bloqueo carretero dio inicio ayer lunes alrededor de las 09:00 horas y hasta este momento son 30 horas sin el paso de un solo vehículo excepto ambulancias con personas enfermas.
Las autoridades del gobierno del estado y municipales ya se encuentran dando solución a la planta de tratamiento de aguas residuales que está ubicado en la colonia democrática del PDCH.
Sin embargo, los manifestantes se niegan a dar paso porque quieren la presencia del gobernador del estado Dr. Rutilio Escandón Cadenas para que firmen un com -
Por esta razón, los transportistas y ejidatarios, enfatizaron sus
y exigieron un alto a la corrupción que
promiso de invertir alrededor de los 70 millones de pesos que se presume que es el costo para la conclusión de las herramientas que hacen falta para equipar esta planta de tratamiento de aguas negras.
Por lo tanto, no están las condiciones para que los manifestantes levanten el bloqueo y será otra noche que permanezcan bloqueado esta importante vía de comunicación en esta zona fronteriza de Chiapas.
Muchos ciudadanos locales y transeúntes ya se encuentran muy molestos por este bloqueo que esta dejando cuantiosas pérdidas a quienes transportan diversas mercancías.
Bulmaro Hernández Gómez, socio de los taxis Rojos, lamentó que las autoridades del aeropuerto les hayan cerrado las puertas, por lo que decidieron manifestarse para dar a conocer las inconformidades que, además, son respaldadas por los ejidatarios
Amás de 24 horas de iniciado el bloqueo a los accesos de la cabecera municipal de Tonalá, por habitantes de la Bahía de Paredón la situación continúa igual sin que lleguen a un acuerdo entre autoridades y habitantes inconformes.
Lo pescadores habitantes de Paredón y lugares aledaños iniciaron el bloqueo carretero desde las primeras horas de este pasado lunes 16 en demanda de que ya no se les afecte con el deshecho de aguas negras que se vierten aguas abajo y que a ellos directamente les afecta en sus funciones de pescadores.
Demandan de inmediato la puesta en operación de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para que se deje de tirar aguas negras hacia abajo del muni-
cipio y sean aguas tratadas las que lleguen hasta el mar
El bloqueo perjudica la comuni-
Desde las siete de la mañana de este martes un grupo de padres de familia de la Escuela Primaria Club de Leones inconformes bloqueó la Novena Norte, entre Primera y Segunda Oriente, para ejercer presión a las autoridades y les repongan a un docente así como al director que hace una semana se jubiló.
Lamentaron que, las autoridades les han dado largas para resolver este tema que les afecta al desarrollo educativo de los alumnos esta institución.
Recordaron que, desde el pasado mes de septiembre el grupo de Cuarto Grado Grupo A es el afectado, los 42 alumnos no están recibiendo clases con regularidad.
Marcos Gálvez, padre de familia y vocero de los inconformes detalló que, este problema se está haciendo añejo, los padres de familia han teni-
do que pagar a un docente particular para que los alumnos no se atrasen en su educación pero es un gasto que ya no pueden costear.
Dijo que: “Ahorita no tienen maestros los 42 alumnos, pero además tampoco tenemos director porque se acaba de jubilar, y no han hecho caso a nuestra demanda”.
Agregó que, la escuela ha realizado los trámites correspondientes, ha mandado oficios, han sostenido reuniones pero las autoridades educativas no han dado solución.
“En esta escuela, las jubilaciones son el problema, se ha jubilado la maestra de este grado, el director se jubiló la semana pasada y próximamente tres docentes más se van a jubilar, nos vamos a quedar sin maestros en esta escuela”, expresó.
“Exigimos a las autoridades que nos repongan al maestro y al director, pues los alumnos no pueden estar perdiendo clases”, concluyeron.
cación del centro con la parte istmo costa soconusco, pues corta la comunicación directa con Tapachula y
Centroamérica, lo que ha ocasionado filas kilométricas de vehículos varados tanto de transporte de pasajeros como de carga y particulares.
Los inconformes demandan ser atendidos directamente por el gobernador del estado, así como por autoridades federales.
Por el momento tanto el alcalde de Tonalá, Natividad Santos, el delegado de Gobierno en la zona y personal de la Comisión de infraestructura se encuentran dialogando para poner nuevamente en marcha la Planta ya construida desde hace tiempo, sin embargo el bloqueo sigue hasta las 6 pm de este martes.
La presidenta de la Asociación Civil “Amor Sin Fronteras”, Elizabeth Patricia Pérez, dio a conocer que este 21 de enero iniciará un ciclo de talleres y cursos sobre derechos políticos electorales dirigido para mujeres con alguna discapacidad
En entrevista, comentó que también es para mujeres indígenas que tengan alguna discapacidad, y esto es producto de un proyecto interpuesto ante el Instituto Nacional Electoral, por lo que se convierten en la primera organización en Chiapas que hace un taller enfocado a mujeres con discapacidad y compañeras de pueblos originarios.
“En total son 7 cursos y talleres híbridos en cuatro sábados continuos, 21, 28, 4 y 11 de febrero, los cuales tienen la intención de informar para reducir los espacios de violencia política contra las mujeres, enfocado a mujeres con algún tipo de discapacidad en la Región, la idea es que más mujeres con discapacidad podamos ser partícipes en cargos políticos”.
Y es consideran que las mujeres con discapacidad pueden ser partícipes de la vida política en la entidad, por lo que consideran deben saber de qué se trata cuando se habla de derechos políticos electorales, a qué se refiere la violencia de género, “to-
da esta información que debemos saber, y con todo esto con la paridad sustantiva”.
“Me parece que las mujeres con discapacidad podemos ser partícipes de todo ello, y por eso ha iniciado esta capacitación, Amor Sin Fronteras la primera enfocar a las capacitaciones”, agregó.
Finalmente, condenó que el Congreso no esté legislando en materia de discapacidad “obtuvimos sentencia en agosto donde ganamos la resolución, es decir, el Tribunal está forzando al Congreso a legislar y no saben de lo que estamos hablando en materia de discapacidad, somos 17 estados a nivel nacional que metimos la solicitud para que las personas con discapacidad puedan ser partícipes en la política”.
Lo pescadores habitantes de Paredón y lugares aledaños iniciaron el bloqueo carretero desde las primeras horas de este pasado lunes 16 en demanda de que ya no se les afecte con el deshecho de aguas negras que se vierten aguas abajo y que a ellos directamente les afecta en sus funciones de pescadoresÓscar
La Fiscalía General de Oaxaca ejecutó una orden de aprehensión en contra del agente municipal de Puente Madera, David Hernández Salazar, principal opositor a la instalación del Polo de Desarrollo Bienestar, que forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, porque atenta contra su pueblo binnizá.
En respuesta, la comunidad en resistencia de Puente Madera, perteneciente al municipio de San Blas Atempa, procedió a quemar una camioneta y a bloquear la carretera transístmica con autobuses y montones de arena en la que colocaron una manta donde exigen “libertad a David Hernández Salazar, Puente Madera”.
Los habitantes de Puente Madera desde hace dos años reiteraron su oposición al Parque Industrial en sus tierras y contra el cacicazgo de Antonino Morales Toledo y la apropiación de los Bienes Comunales en San Blas Atempa para imponer el Polo de Bienestar en tierras de uso común.
Los zapotecos exigieron “respeto a la libre determinación y voluntad de la comunidad indígena Binnizá de
El abogado y activista defensor de derechos humanos Ricardo A. Lagunes Gasca junto al profesor Antonio Díaz de la comunidad Náhuatl de San Miguel Aquila, desaparecieron el domingo por la noche luego de salir de la Coahuayana, Michoacán. La camioneta en que viajaban apareció con impactos se armas de fuego.
Desde el domingo 15 de enero por la noche fueron privados de la libertad Lagunes y Díaz después de que salieron de la Coahuayana, Michoacán, a donde habían acudido para una reunión de trabajo comunitario.
La camioneta en la que viajaban fue localizada en la carretera federal que conduce a Colima, con varios impactos de armas de fuego.
Su esposa, amigos y familiares pidieron a las autoridades implementar acciones eficaces para garantizar la labor de todos los compañeros que en ejercicio de nuestros derechos defienden los derechos humanos y el derecho de los pueblos indígenas.
Han transcurrido más de 24 horas y nada se sabe del paradero de ambos, ni de lo que esté pasando en contra de su integridad de Ricardo Lagunes y del profesor que lo acom-
David Hernández Salazar fue detenido por su oposición a que en las tierras de la comunidad se instale el Polo de Desarrollo Bienestar, que forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
El también defensor de derechos humanos denunció que en los gobiernos de Morena “se han hecho escenas teatrales armando consultas a modo, en complacencia de funcionarios del INI, RAN y Procuraduría Agraria, que siguen sirviendo al viejo régimen que no acaba de morir, en la plutocracia de partidos políticos, como el PRI, PAN y PRD”.
Puente Madera en la no instalación del Parque Industrial del Corredor Interoceánico en tierras de uso común”.
La detención de la autoridad municipal opositora al megaproyecto presidencial se realizó este martes 17 de enero, alrededor de las 08:00 horas, cuando David Hernández Salazar arribaba a su trabajo en la escuela primaria Patria, ubicada en Tehuantepec.
Al detenido se le imputan los delitos de daños por incendio y lesiones dolosas, cometidos en el municipio de San Blas Atempa, razón por la que fue detenido este martes y trasladado
a la ciudad de Oaxaca para ponerlo a disposición del juez competente para que determine su situación jurídica.
Por su parte, el abogado Ellioth Escobar exigió que se respeten sus derechos humanos, como el debido proceso, porque David Hernández Salazar solo “obedece a la férrea resistencia que la población binnizá de esa comunidad ha desarrollado, ya que la máxima expresión de esta es su asamblea general del pueblo en lucha, es decir ‘se manda obedeciendo’ y esto no lo entienden en el palacio de gobierno del estado y en Palacio Nacional”.
En síntesis, dijo, “Morena repite las mismas prácticas y la detención arbitraria de David Hernández Salazar, agente municipal de Puente Madera, sindicalista de la Sección 22 de la CNTE y defensor comunitario, obedece a la férrea resistencia que la población binnizá de esa comunidad ha desarrollado”.
Por su parte, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) responsabilizaron al gobierno de Salomón Jara y al secretario de Administración, Antonino Morales Toledo, de la detención de David Hernández Salazar y del clima de violencia que se pueda generar.
pañaba.
Tras conocer la noticia del hallazgo en Cerro de Ortega de la camioneta en que viajaban el líder y el abogado de la comunidad indígena de Aquila, comuneros de este pueblo nahua cerraron totalmente la circulación de vehículos en el puente Coahuayana, para exigir la aparición con vida del profesor Antonio Díaz Valencia y del licenciado Ricardo Lagunes Gasca.
Se dio a conocer que la camioneta pick up blanca marca Honda, fue encontrada en la noche de este domingo en la carretera federal en la zona de topes de Cerro de Ortega, presentando impactos de bala, pero en la unidad no se localizó a ninguna persona, por lo que se presume el profesor Díaz Valencia y el Ricardo Lagunes fueron privados de su libertad por desconocidos.
La petición es a las autoridades del estado de Colima para que localicen con vida a los dos desaparecidos exigidos por la Comunidad Indígena San Miguel Aquila.
Organismos defensores de dere-
chos humanos, el senador Emilio Álvarez Icaza y otras voces, se han sumado para exigir la libertad y aparición con vida de Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz.
“Hacemos un llamado a las autoridades para que se activen los mecanismos de búsqueda para la pronta localización de nuestro compañero Ricardo Lagunes, abogado defensor de DDHH y Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad nahua del municipio de Aquila”, dijo el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y
Ordóñez de Tapachula, donde Ricardo trabajó por muchos años.
Ricardo Lagunes Gasca logró vía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el Estado Mexicano hiciera el Reconocimiento Internacional de Responsabilidad por el Caso Acteal el 3 de septiembre del 2020. De hecho estuvo en el palacio de gobierno de Tuxtla Gutiérrez, acompañado del gobernador Rutilio Escandón y del Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
La calderonista “estrategia”
llamada Guerra contra el narco dejó en México más de 26 mil personas desaparecidas, una crisis forense, fosas clandestinas y grupos de madres buscadoras que rastrean cada milímetro de tierra de los lugares más peligrosos en México. Las personas detrás de estos crímenes continúan en impunidad, desde los eslabones más altos hasta los más bajos, además, poco se ha hecho por las víctimas de un país manchado de sangre y plagado de fichas de búsqueda.
Uno de los hombres responsables de esta crisis es el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, cuyo juicio ya dio inicio en Estados Unidos. Se trata de una pieza en el entramado político y criminal que revelaría los nexos que sentaron las bases para desencadenar una ola de violencia en el país.
Una ola que dejó a la desaparición como uno de los principales problemas que al día de hoy continúan siendo una tarea pendiente para el gobierno federal, pues según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizada (RNPDNO), al 17 de enero de 2023 permanecen sin volver a su hogar 109 mil 982 personas, de las cuales 27 mil 457 son mujeres.
México, el país de las fosas y las madres buscadoras
En el informe 10 años de desaparición forzada por motivos políticos en México 2006-2016, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos destaca que durante el gobierno de Felipe Calderón las violaciones a los derechos humanos se vieron fuertemente incrementadas.
“Miles de soldados fueron sacados a las calles bajo el pretexto de combatir a grupos de la delincuencia organizada, lo cual trajo como consecuencia mayores índices de violencia, y casos de violaciones a derechos humanos derivados de la militarización de la seguridad interna”.
Informe 10 años de desaparición forzada por motivos políticos en México 2006-2016
Durante este período la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 9 mil 228 quejas y 142 recomendaciones contra las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos, dos mil 126 casos de desapariciones forzadas y 24 mil 91 personas extraviadas.
Sin embargo, durante el sexenio
Uno de los hombres responsables de esta crisis es el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, cuyo juicio ya dio inicio en Estados Unidos. Se trata de una pieza en el entramado político y criminal que revelaría los nexos que sentaron las bases para desencadenar una ola de violencia en el país
de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación indicó que en el período de Felipe Calderón desaparecieron 26 mil 112 personas, sin especificar cuántas de ellas fueron víctimas de desaparición forzada.
Fue entonces cuando inició un arduo camino para conocer el paradero y la verdad detrás de las desapariciones. Entre las personas que arrancaron la pugna contra las autoridades fueron las madres buscadoras, quienes comenzaron a desenterrar cadáveres de fosas clandestinas para dar con sus familiares o “tesoros”, como ellas les llaman.
Las mujeres recorren ciudades, pueblos, carreteras, ríos y montañas para realizar una labor que no ejercen las autoridades. No conforme con ello son criminalizadas, revictimizadas, amenazdas y asesinadas por buscar a sus familiares.
Además de la búsqueda, las madres también deben enfrentarse a la crisis forense que mantiene en México a más de 52 mil personas sin identificar. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se necesitan 120 años para identificar los cuerpos que se encuentran en fosas comunes, servicios forenses y centros de resguardo.
De ese tamaño es la responsabilidad que acarrea en su trayectoria Genaro García Luna, un hombre que ostentó el poder político y criminal para dejar al país sumido en una de sus más graves crisis, pues la desa-
parición de personas es una de las consecuencias más letales que provocó la Guerra contra el narcotráfico.
Guerra contra el narco provocó comunidades más violentas para las mujeres
Durante los últimos 20 años las estrategias en materia de seguridad en América Latina han tenido como eje principal ser combativas y buscar “instaurar” el poder por sobre “las amenazas”, las cuales -para ellos- van desde el crimen organizado hasta las protestas ciudadanas. Esta ideología surge de una masculinidad hegemónica que está representada en las instituciones militares.
“Estas dinámicas súper violentas con las que entran las instituciones de seguridad y las Fuerzas Armadas en las comunidades para reducir el impacto del crimen organizado, lo que generan al mediano y largo plazo son dinámicas más violentas dentro de las comunidades porque exacerban la noción de masculinidad violenta, bélica, que lo que hace es combatir a todo aquello que no corresponda a lo que a lo que ellos representan”, expresó en entrevista con Cimacnoticias la internacionalista y especialista en militarización, militarismo y empleo de la fuerza bajo estándares internacionales de derechos humanos, Daira Arana Aguilar.
Esta postura instaurada por las fuerzas armadas les dice a las mujeres que son un grupo poblacional que tiene que ser sometido, incluso en
mayor medida, cuando es subversivo con el orden que ellos están estableciendo. En ese sentido, la especialista añadió que cuando las fuerzas militarizadas tienen contacto con las mujeres -sobre todo en detencioneshay más probabilidades de que haya violencia sexual en la detención o de que se perpetre tortura.
Al hablar de la incursión de las fuerzas armadas en las comunidades, Daira Arana explicó que esto también ha repercutido en la violencia contra las mujeres, pues no solamente se desarrolló el medio para el uso de armas en casos de feminicidio, también ellas han sido sometidas a actos que vulneran su dignidad.
En ese sentido, Cimacnoticias documentó la violencia de género perpetrada en ese sexenio. Fue así como se encontró que en el gobierno calderonista incrementaron de manera desproporcionada los delitos de feminicidio y trata de personas. Y es que tan sólo en la primera mitad del sexenio (entre diciembre de 2006 a 2009) se registraron 7 mil casos de feminicidio en todo el país.
A la par de esa violencia de género que se recrudeció con la política de seguridad del Ejecutivo federal, también se agravaron la impunidad y la corrupción en las instancias federales, estatales y municipales de justicia. Situaciones que al día de hoy continúa siendo una constante para las mujeres, con quienes la justicia tiene una deuda pendiente.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) aseguró que la oportunidad que tiene México ante la relocalización de cadenas de suministro requiere hacer cambios radicales en algunas políticas gubernamentales, especialmente la política energética; lo que parece poco probable.
En sus Perspectivas Económicas prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1.2% para el 2023, quedando muy por debajo del 2% que podría considerarse el potencial de crecimiento actual, y está sujeto a fuertes riesgos a la baja.
Entre los riesgos que están en el radar, el IMEF destacó los siguientes: La posibilidad de una recesión en Estados Unidos; la persistencia de una inflación más elevada a lo esperado y la necesidad de una política monetaria más restrictiva a lo previsto tanto en Estados Unidos como en México; y el llamado a un panel para resolver las controversias en el marco del TMEC sobre la política energética de la actual administración.
También observó presiones en las finanzas públicas ante la falta de ingresos producidas por un menor crecimiento
En sus Perspectivas Económicas prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1.2% para el 2023, quedando muy por debajo del 2% que podría considerarse el potencial de crecimiento actual, y está sujeto a fuertes riesgos a la baja
“En el IMEF, estamos convencidos que, si bien tales incrementos representan costos importantes para las empresas, los beneficios que de ellos se derivan los justifican plenamente: El incremento al salario mínimo promueve el trabajo digno y generará mayor capacidad de consumo que impactará positivamente a la economía, sin un efecto relevante en la inflación”.
económico y por los problemas financieros y operativos de Petróleos Mexicanos (Pemex); así como un entorno financiero internacional agitado por los riesgos geopolíticos y/o por los problemas presupuestales en Estados Unidos.
Para el presente año, el instituto pronosticó una inflación de 5.1%, un déficit público de 3.7% del PIB, y un déficit de cuenta corriente de 0.9% del PIB. Asimismo, una tasa de interés de referencia monetaria ubicada en 10.25%; el tipo de cambio para el cie-
rre del año, a 20.60 pesos por dólar, y la creación de 409 mil empleos formales.
Preocupan cambios laborales y en seguridad social
Por otra parte, el IMEF advirtió que los cambios laborales y de seguridad social para el año 2023 han generado una legítima preocupación al sector productivo del país, debido al impacto que pueden tener los costos asociados en la competitividad, especialmente en un entorno de alta inflación y escaso crecimiento económico.
Por su parte, agregó, el incremento en los días de vacaciones ayudará a equilibrar la vida laboral y personal de los trabajadores, reduciendo el estrés en el trabajo y otros fenómenos laborales que provocan una baja importante en la productividad de las empresas.
Finalmente, concluyó, el incremento en las cuotas patronales, en los ramos de cesantía y vejez, coadyuvará a lograr una pensión digna, incluso superior a la mínima garantizada por el estado, lo que ayudará a las finanzas públicas y atenuará la baja en el consumo como consecuencia normal de la vejez, impactando positivamente la economía.
Diana Lastiri Ciudad de México (apro)Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), participó en la audiencia de este martes en el Reclusorio Norte y aseguró que ella no participó en los hechos que se le imputan por el caso Odebrecht.
Austin y Solís solicitó a Pemex concretar en breve un acuerdo reparatorio para concluir los procesos penales en contra de ambos.
Añadió que su hijo ha cumplido en denunciar a otras personas que participaron en actos de corrupción y que ha aceptado pagar lo que pide el gobierno federal como reparación del daño, por lo que apeló al “sentido humano y de justicia” del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Siento que lo mejor es que lleguemos a un acuerdo. Es lo mejor para todas las partes. Mi hijo ha cumplido en denunciar a otras personas que participaron en actos de corrupción, incluyendo al más alto funcionario del sexenio pasado, cuando otros no se atrevieron a hacerlo: ha aceptado pagar lo que piden por reparación del año, la garantía en mi casa donde hemos vivido más de
47 años, así como otras propiedades que la familia ha adquirido con años de esfuerzo y trabajo.
Yo sin haber participado en los hechos sigo esperando a que se resuelva el asunto. He pasado por cinco prisiones alemanas, llevo más de mil días en prisión domiciliaria y tengo más de tres años de no ver a mis nietos. Aún así confío en el sentido humano y de justicia del presidente”, refirió en comparecencia vía remota desde su domicilio.
Alejandro Rojas Pruneda, abogado de Lozoya, solicitó nuevamente una prórroga al juez y alegó que el jueves pasado la FGR le entregó 8 discos compactos con 46 archivos, 900 fojas, y cuatro vídeos con un total de 4 horas y 43 minutos en idioma extranjero, mismos que la defensa no ha podido terminar de revisar y que son los datos de prueba que la fiscalía tiene en contra de Lozoya.
Detalló que uno de los discos no contiene las declaraciones de los ciudadanos brasileños Fernando Migliaccio extesorero del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht; Luiz Ma-
meri, exdirectivo de la constructora; Luiz Eduardo Darrocha Soares, exejecutivo del Sector de Operaciones Estructuradas y Olivio Rodríguez Júnior, exoperador financiero.
El juez Gerardo Genaro Alarcón López, concedió la prórroga, por lo que la audiencia intermedia se realizará el próximo 10 de marzo a las 12:00 horas.
Esto pese a que el fiscal Manuel Granados Quiroz, se opuso a la petición de la defensa. Durante su intervención el fiscal reprochó que el caso lleva dos años de negociaciones mismas que no han podido seguir avanzando y que en ese tiempo todas las audiencias han
tenido un costo al erario, a la FGR, UIF y a Pemex.
“Estamos listos y preparados para llegar en este caso hasta las últimas consecuencias, es decir a juicio oral y lograr las penas de más de 46 años que solicitamos para el señor Emilio (Lozoya) y demás de 20 años para la señora Gilda (Austin) y para ello fue que presentamos más de 50 medios de prueba”, señaló.
“Con tantas prórrogas se causa incertidumbre jurídica, y esa incertidumbre no la merece usted señor Emilio, no la merece usted señora Gila y no la merece el pueblo de México” remató.
Caso Odebrecht: Madre de Emilio Lozoya apela al “sentido humano y de justicia” de AMLODe la Redacción Ciudad de México (apro)
El líder nacional de Morena, Mario Delgado calificó como “ridícula” la sanción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por el uso de los “Amlitos” en la propaganda del partido y llamó a los simpatizantes a fotografiarse con una de estas figuras y subirlo a las redes sociales.
“Quiero pedirles a todos los simpatizantes del movimiento que se fotografíen con su ‘AMLITO’ y lo suban a las redes y que digan ‘Yo con mi AMLITO’, vamos a hacer una campaña”, dijo el dirigente morenista en una conferencia de prensa en la que estuvo rodeado de estas figuras que aluden al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al mostrar las diversas versiones de la caricatura del presidente –con la banda presidencial, con camisa de Morena o con guayabera- el dirigente morenista lanzó a los órganos electorales:
“Ahora estos son objetos prohibidos en el sistema electoral mexicano, ya no podemos tener ‘AMLITOS’ (…) hoy les traje la colección que tenemos aquí, todos están prohibidos, tenemos este con su guayabera, también está prohibido, no lo perdonaron, este con su chaleco tradicional, también está prohibido y peor si dice ‘me canso ganso’”.
Delgado consideró “ridícula” la decisión del TEPJF que impide utilizar la imagen de un servidor público en propaganda electoral.
“No queríamos dejar pasar esto porque caen en la ridiculez, es tratar de coartar la libertad de expresión, de manifestación, en contra de nuestro movimiento. No nos vamos a quedar callados y no lo vamos a permitir”, puntualizó.
“Quiero pedirles a todos los simpatizantes del movimiento que se fotografíen con su ‘AMLITO’ y lo suban a las redes y que digan ‘Yo con mi AMLITO’, vamos a hacer una campaña”, dijo el dirigente morenista en una conferencia de prensa en la que estuvo rodeado de estas figuras que aluden al presidente Andrés Manuel López Obrador
Neldy San Martín Ciudad de México (apro)El gobierno federal presentó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un anteproyecto de decreto presidencial para cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a las operaciones de transporte aéreo de carga.
Este martes, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes envió para su aprobación a la Conamer el anteproyecto Decreto que establece el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, para las operaciones de transporte aéreo nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga.
El anteproyecto exceptúa a los concesionarios y permisionarios que prestan servicios combinados de pasajeros y de carga, siempre que la carga sea transportada en las mismas aeronaves que los viajeros.
En la exposición de motivos, el gobierno señala que el AICM está
Asimismo, refirió que recientemente se lanzó la figura caricaturizada de la precandidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, por lo que confió en que las autoridades electorales no los prohíban.
La semana pasada el TEPJF prohibió a Morena usar la caricatura del presidente López Obrador, en su propaganda electoral y sancionó al partido por usar a “AMLITO” en su propaganda política durante las elecciones de 2022.
El TEPJF especificó que está prohibido el uso de la imagen de un servidor público –en este caso del presidente de la República – en la propaganda electoral de los partidos políticos, pues esto no forma parte de la libertad de expresión.
saturado tanto en espacio aéreo como en la capacidad de los edificios terminales, por lo que las operaciones de carga “afectan la capacidad de operación de la infraestructura de la terminal”.
En este escenario, propone que “a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones aéreas, y la integridad de los usuarios” del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, se traslade la carga hacia “la red aeroportuaria disponible en el país”, lo que implícitamente se refiere al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
En los transitorios del anteproyecto del decreto presidencial se instruye a la SICT a revisar y, en su caso, modificar las concesiones del servicio al público de transporte aéreo nacional regular y no regular de carga.
Mientras que a la Agencia Federal
de Aviación Civil le solicita revisar y modificar los permisos del servicio al público de transporte aéreo internacional regular y no regular de carga y, en su caso, autorizar las rutas relacionadas con el decreto.
En tanto, a los concesionarios y
permisionarios del servicio les da un plazo máximo de 90 días hábiles para reubicar sus operaciones fuera del AICM, a partir de la entrada en vigor del decreto, que sería una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó y exigió esclarecer la desaparición de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, ocurrida la noche del domingo 15 de enero en Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, Colima.
En una misiva, la ONU-DH hizo un llamado urgente a las instituciones del gobierno mexicano a dedicar sus mayores esfuerzos y coordinación para la inmediata búsqueda con vida de los dos defensores.
De acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, los activistas se encontraban realizando actividades relacionadas con su labor en defensa de los derechos humanos cuando tuvieron la última comunicación con sus familiares.
Posteriormente, la camioneta en la cual viajaban fue localizada abandonada y con impactos de arma de fuego cerca de Cerro de Ortega. El paradero de ambos defensores es desconocido.
Ricardo Lagunes es abogado y ha colaborado en la defensa de derechos humanos con diversas organizaciones, nacionales e internacionales, incluyendo litigios ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Antonio Díaz es integrante de la Comunidad Indígena de San Miguel
Gabriela Sotomayor Ginebra (apro)La situación humanitaria en la frontera de México con Estados Unidos “es grave”, alertó la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) especialmente en Ciudad Juárez, Piedras Negras y Tijuana en el marco de la iniciativa de Washington conocida como Título 42.
En rueda de prensa en Ginebra la portavoz de la organización, Shabia Mantoo, detalló que de acuerdo con la información recabada por ACNUR y la OIM en terreno, entre el 6 y el 10 de enero se estima que aproximadamente 531 cubanos y 141 nicaragüenses ya han sido expulsados a México bajo el Título 42 y la situación es especialmente complicada en Ciudad Juárez, Matamoros, Piedras Negras, Nogales, Tijuana.
“La situación humanitaria en la
de Aquila, profesor y defensor de derechos humanos, quien ha sido crítico y opositor al desarrollo de la mina Aquila, en operación desde 1998.
“La desaparición de estos dos defensores es un hecho terrible y alarmante. En México, defender los derechos humanos es una labor absolutamente primordial que debe ser protegida. Este crimen no sólo socava los derechos humanos de ambos defensores, sino que busca generar temor en quienes defienden los derechos que reconoce la ley. No es aceptable que quienes defienden nuestros derechos tengan que hacerlo a costa de su libertad, su integridad o su vida” destacó Guillermo FernándezMaldonado Castro, representante en México de la ONU-DH.
“Es importante notar que al menos uno de los defensores contaba con medidas de protección del Estado, que no lograron impedir su desaparición”, agregó.
La ONU-DH dijo que el gobierno mexicano tiene una obligación reforzada para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, incluidas las personas defensoras del medio ambiente.
El artículo 9 del Acuerdo de Escazú, tratado de derechos humanos ratificado por el Estado mexicano, establece la obligación de adoptar las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para investigar y sancionar cualquier ataque contras las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Asimismo, recordó la oficina de la ONU-DH en México que el Comité contra la Desaparición Forzada estableció, en los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que la búsqueda debe iniciarse sin dilación y que las acciones de búsqueda deben incluir, cuando sea necesario, el desplazamiento a los lugares pertinentes.
La ONU-DH llamó a las autoridades a adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para cumplir con su deber de buscar con vida a los defensores Lagunes y Díaz, que asegure una coordinación eficiente entre las instituciones federales y locales y reconozca el derecho de sus familiares a participar en la búsqueda. De igual modo, es fundamental llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y eficaz que permita esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables.
Finalmente, la ONU-DH expresó su solidaridad a la familia y personas allegadas de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, y reitera su compromiso para trabajar junto con las autoridades y la sociedad civil para construir estrategias que permitan fortalecer las medidas eficaces de prevención, protección y de acceso a la justicia para las personas defensoras de derechos humanos.
frontera es grave’’, dijo Mantoo a pregunta expresa de Proceso.
“Las familias con niños pequeños llegan angustiadas y desorientadas; los albergues están superpoblados y muchas personas se alojan en tiendas de campaña al aire libre, sin ropa adecuada para las bajas temperaturas durante la noche’’, agregó.
“Al menos 13,875 venezolanos fueron expulsados a México bajo el Título 42 entre el 12 de octubre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. Además, 904 venezolanos fueron expulsados bajo el Título 42 de Estados Unidos a México en 2023’’, indicó.
“ACNUR no tiene información sobre las expulsiones de haitianos’’, agregó Mantoo.
Explicó que las necesidades más urgentes son: asistencia alimentaria, opciones de albergue y equipo (colchones y frazadas, kits de higiene, papel higiénico, productos de limpieza así como baños portátiles para albergues informales), documentación legal o temporal en México, orientación legal y contextual; salud mental y apoyo psicológico, y vestimenta adecuada.
“ACNUR y sus socios están brindando asesoramiento y orientación sobre protección a las personas expulsadas bajo el Título 42 a México, sobre sus opciones para acceder a la protección. Sin embargo, las necesidades actuales superan la capacidad existente’’, subrayó.
Además, “ACNUR está trabajando con 79 albergues a lo largo de la frontera norte de México para ampliar la capacidad de recepción, con infraestructura y provisión de artículos no alimentarios, pero nuevamente, la capacidad de los albergues está al límite, las necesidades superan la capacidad existente’’, reiteró.
En una misiva, la ONU-DH hizo un llamado urgente a las instituciones del gobierno mexicano a dedicar sus mayores esfuerzos y coordinación para la inmediata búsqueda con vida de los dos defensores
La intentona golpista de los bolsonaristas, el pasado 8 de enero en Brasilia, era previsible: el gobierno de Lula da Silva sabía del protagonismo que el anterior presidente, Jair Bolsonaro, había dado a los militares, quienes alentaron o dejaron pasar los ataques a los tres poderes de Brasil. La tarea del nuevo mandatario es, según especialistas, destituir a los principales generales para controlar al sector, tarea nada fácil pues los uniformados no querrán perder privilegios, ahora que están enquistados en cargos de naturaleza civil
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien el pasado domingo 8 enfrentó una asonada golpista de miles de ultraderechistas que tomaron las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Brasilia, ya sabía desde hace meses que el protagonismo que su antecesor Jair Bolsonaro dio a los militares podría conducir a un episodio de esta naturaleza.
Tan convencido estaba Lula de que el poder adquirido por los militares durante el gobierno de Bolsonaro era un asunto que desafiaba a la democracia brasileña, que una de las prioridades de su gestión, que comenzó el pasado domingo 1, era la desmilitarización del aparato público federal, en el que miles de oficiales de las Fuerzas Armadas ocupan altos cargos.
La doctora en sociología de la Universidad Estatal de Campinas, Suzeley Kalil Mathias, especialista en temas militares, dice a Proceso que tras la asonada del domingo 8 el desafío de Lula no sólo es reemplazar con civiles a los oficiales incrustados en el aparato estatal, sino someter a “cambios profundos” a las Fuerzas Armadas.
La fallida intentona golpista de los radicales ultraderechistas, que clamaban por una intervención militar para derrocar a Lula, fue posible porque sectores de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar la permitieron, por acción u omisión, y porque actores clave de las instituciones militares tienen un sentido de lealtad al proyecto extremista y antidemocrático de Bolsonaro.
“Ese es el consenso en Brasil, eso es lo que ya se sabía y se corroboró con el episodio golpista”, señala Kalil Mathias, autora de diversos estudios sobre el militarismo en América Latina e investigadora del Grupo de Estudios de Defesa y Seguridad Internacional y del Observatorio Sudamericano de Defesa y Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la experta, el camino de cambios graduales en las Fuerzas Armadas y en la administración pública que había em-
prendido Lula para desactivar el proyecto militarista de Bolsonaro y las tentaciones golpistas “ya no es posible”. Lo que ahora se impone, señala, “son medidas inmediatas, de autoridad, para garantizar que las Fuerzas Armadas se apeguen a la Constitución y actúen en el marco de la institucionalidad democrática y no de acuerdo con sus intereses y su ideología”.
Dice que la política de negociación con las fuerzas militares que siguió Lula durante los primeros días de su gobierno “es suicida”, porque con las instituciones armadas “no se negocia; se les dan órdenes y ellos obedecen”.
Lula, señala Kalil Mathias, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas “y debe asumir ese papel y comenzar por destituir a los principales generales para tomar el mando de los militares, que con Bolsonaro crearon un sistema de privilegios que ahora no quieren perder”.
Es un hecho que el Ejército toleró que las hordas extremistas de Bolsonaro acamparan frente a su cuartel general en Brasilia y que ni siquiera intentó desalojarlos, a pesar de su comportamiento violento y sus llamados golpistas. Además, el Batallón de Guardia Presidencial permitió el paso de los extremistas al Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo.
La Policía Militar consintió la ocupación violenta de la Plaza de los Tres Poderes y la toma del Congreso y del Supremo Tribunal Federal. Algunos agentes hasta se tomaron fotos con los manifestantes y corearon arengas golpistas, según muestran varios videos. Incluso, entre los manifestantes había oficiales en retiro del Ejército y la Armada que tuvieron comunicación con oficiales activos.
Kalil Mathias sostiene que la intentona golpista es producto del proceso de militarización desarrollado por Bolsonaro durante su mandato de cuatro años (20192022) y considera que ese episodio debe ser un llamado de atención para gobiernos como los de México y Venezuela, que han dado a los militares un protagonismo y un poder sin precedente en esos países.
“Dar tanto poder a los militares es muy peligroso para cualquier democracia porque el mensaje que
están dando cuando tú les das funciones de mando en áreas civiles es que ellos son la autoridad. Y quitarles esa autoridad es muy difícil. Eso es lo que vemos en Brasil, un choque entre poder civil y militar”, señala la académica.
La maestra en estudios latinoamericanos María Fernanda Zuluaga dice que, en el caso mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador heredará un país “militarizado en varias áreas y políticamente muy polarizado” a quien lo suceda en el cargo en 2024 “y eso se parece mucho a lo que vemos en Brasil”.
Zuluaga sostiene que los militares “están habituados a defender sus privilegios y eso significa que es extremadamente complejo y desafiante para el poder civil quitarles las posiciones que han ganado, especialmente cuando eso lo intenta hacer un nuevo gobierno”.
Para el doctor en ciencias sociales Amílcar Salas Oroño, los procesos de desmilitarización son aún más complejos cuando los militares asumen funciones de control de la seguridad pública, como es el caso de la Guardia Nacional en México.
El alto mando militar ha guardado un incómodo silencio sobre la asonada y ha filtrado a la prensa brasileña la versión de que la responsabilidad de los hechos no es de ellos, sino del gobierno de Brasilia, de la Policía Militar y del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia.
El Tribunal Supremo, cuya sede fue la más vandalizada, destituyó el mismo domingo 8 al gobernador bolsonarista de Brasilia, Ibaneis Rocha, por las fallas de seguridad, y un día después ordenó al Ejército desalojar los campamentos de los extremistas instalados frente al cuartel general de la institución. Más de mil 500 manifestantes, cuyo traslado y estancia en la capital brasileña fueron financiados por terratenientes, fueron detenidos.
Analistas políticos creen que la ambigua y acrítica postura del alto mando militar obedece a que, por ahora, su plan es medir fuerzas. Pero los generales se dieron cuenta de que la intentona golpista suscitó
un amplio rechazo en el país y en el mundo y que ningún país avalaría un gobierno militar con el excapitán del Ejército Jair Bolsonaro al frente o en las sombras.
Tampoco lo haría el grueso de la elite política y económica brasileña, ni la prensa, que de manera unánime condenaron de manera enérgica los hechos. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial dieron una muestra de unidad al repudiar en un comunicado conjunto los actos “golpistas”.
Lula, en ese sentido, salió fortalecido. El pasado jueves 12 fustigó a los generales y dijo: “Las Fuerzas Armadas no son un poder moderador, como piensan ellos”. Es decir, para el presidente no serán los militares quienes definan si habrá democracia en Brasil y qué clase de democracia existirá. Y no lo serán, aunque quieran jugar ese rol.
De acuerdo con el mandatario, “muchos” integrantes de la policía militar y el Ejército actuaron “en complicidad con los invasores”, y agregó: “Estoy convencido de que la puerta del (Palacio de) Planalto (sede del Ejecutivo) se abrió para que la gente entrara. Alguien facilitó su entrada aquí”.
Hay sectores dentro del gobernante Partido de los Trabajadores que piden aprovechar el momento para emprender una reforma estructural de las Fuerzas Armadas que devuelva en definitiva a los militares a los cuarteles (unos ocho mil de ellos ocupan cargos de naturaleza civil) y que limite el amplio poder que ganaron con Bolsonaro.
Para el doctor en historia de la Universidad de Paris III, Manuel Domingos Neto, Lula debe destituir y someter a investigación a todos los militares que incumplieron con su deber en la asonada bolsonarista, desde el comandante del Ejército, general Julio César Arruda, hasta los oficiales que participaron en las manifestaciones azuzadas por Bolsonaro desde Florida, a donde viajó días antes de dejar el cargo.
Domingos Neto no entiende cómo es posible que siga en su puesto el ministro de Defensa, José Múcio, un político conservador que fue colocado allí por Lula por su conocida cercanía con los militares y quien dos días antes de la asonada se opuso a que los campamentos de los bolsonaristas en Brasilia fueran levantados por la fuerza.
Lula sigue respaldando a Múcio, quien tiene el aval de los partidos de centroderecha que apoyan al presidente. Ellos juegan un papel fundamental en la coalición legislativa que busca sacar adelante los proyectos del nuevo gobierno, como una reforma fiscal que permita aumentar el gasto social.
Ayer, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que al cierre de 2022 se llegó a 21.8 millones de personas con los nueve estados incorporados al Plan de Salud IMSS-Bienestar, con lo que se alcanzó 33.3 por ciento de la meta de 65.6 millones de personas; para el primer semestre de 2023 el objetivo es llegar a 12 estados más.
Durante la conferencia de prensa que encabezó en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del Seguro Social señaló que en 2022 el IMSS-Bienestar pasó a ser un organismo público descentralizado llamado a ser la institución con mayor capacidad para atender a la población sin seguridad social; de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ese sector es de 65 millones 604 mil personas en las 32 entidades federativas.
Zoé Robledo Aburto precisó que, en la etapa inicial, 11.6 millones de personas ya eran atendidas con el modelo IMSS-Bienestar; en el cierre del 2022 se llegó a 21.8 millones de personas con los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz, donde se sumaron 10.1 millones más al implementarse el proceso de transferencia de servicios y se llegó al 33.3 por ciento de la meta.
El chiapaneco dijo que el plan para este primer trimestre de 2023 es llegar a los estados de Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Quinta -
na Roo y Zacatecas, con lo cual se alcanzaría a 31.5 millones de usuarios, que representan 48 por ciento de la meta.
El director general del Seguro Social agregó que para el segundo trimestre de 2023 se implementará el modelo IMSS-Bienestar en Baja California, Ciudad de México, Chiapas y Tabasco, con lo que se incrementarían 8.7 millones de personas y se llegaría a 40.3 millones, 61 por ciento de la meta.
Zoé Robledo Aburto revelo que se tienen conversaciones con los mandatarios estatales de Puebla y Aguascalientes. Además, en los estados de Coahuila y Estado de México, que tienen actualmente proceso electoral, se tendrá que esperar el cambio de administración para hacer el planteamiento de federalización.
Precisó que las entidades que manifestaron no pasar a la federalización son Durango, Yucatán, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro, por lo que “se les transferirán sus participaciones como corresponde por ley”.
Sobre el programa de médicos especialistas cubanos, reportó que el próximo 27 de enero llegarán 124 médicos y médicas, quienes serán asignados a hospitales de 12 entidades donde antes no había especialistas: Morelos, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero, Colima, Oaxaca, Campeche, Veracruz, Nayarit, Baja California Sur, Zacatecas y Sonora.
Zoé Robledo Aburto informó que concluyó la primera etapa del programa y actualmente hay 610 médicos especialistas cubanos en zonas de alta marginación: 123 de medicina interna, 81 de pediatría,
64 de cirugía general, 48 de medicina familiar, 30 de oftalmología, 23 de nefrología, 22 de medicina intensiva y 219 de otras especialidades.
Sobre la convocatoria lanzada el 3 de enero de este año y que concluye hoy a las 12:00 de la noche, el director general del Seguro Social señaló que se han recibido 18 mil 483 solicitudes para medicina general y personal de enfermería, quienes laborarán en Nayarit, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora y Campeche y cubrirán los turnos que las unidades de primer nivel y algunos hospitales no cubrían en estas entidades.
Por otra parte, indicó que respecto al proceso que se lanzó en diciembre con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para la compra de equipo médico en 10 estados, se ejercieron dos mil 92 millones de pesos para adquirir 34 mil 883 piezas de equipo como camas clínicas hospitalarias, ventiladores de traslado pediátrico-adulto, carros rojos, monitores de signos vitales y unidades de otorrinolaringólogas, que fueron destinados a Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.
El 71 por ciento del equipo ya está en las unidades que corresponde y el resto llegará en los próximos 12 días, añadió Zoé Robledo.
A la vista los resultados que rinde el chiapaneco al frente del IMSS, queda claro por qué el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador ha expresado en varias ocasiones que Zoé Robledo Aburto es el mejor director general que ha tenido el IMSS en su historia.
En fin.
IMSS-Bienestar atiende a 21.8 millones de personas sin seguridad social
Lo que sucede hoy en Chicomuselo, Chiapas, con el presunto resurgimiento de la minera BlackfireExplorationLtd y sus nuevos métodos paramilitares para amedrantar a los pobladores de la zona, ha comenzado a encender las alertas entre las organizaciones ambientalistas y defensoras de Derechos Humanos dentro y fuera de nuestro país.
El nuevo llamado de auxilio llegó esta vez en voz del Movimiento Social por la Tierra (MST) quien advirtió sobre la repentina aparición de un nuevo grupo paramilitar, autodenominado MAÍZ, que se ha encargado de amenazar y agredir a activistas y pobladores involucrados en la lucha contra la explotación minera de la región.
Los hechos de mayor preocupación sucedieron apenas el pasado 30 de diciembre cuando Isabel Recinos Trigueros, dirigente del MST, fue secuestrado por los paramilitares, herido gravemente y luego abandonado en un paraje como mensaje intimidatorio para el resto de los pobladores. La agresión, que aún tiene al activista en recuperación, se dio luego de una serie de amenazas emitidas por el MAÍZ desde su aparición en 2022.
Y es que, la historia de violencia protagonizada por Blackfireen Chiapas no es nada nueva. Las operaciones de dicha minera en el ejido Grecia, de Chicomuselo, se detuvieron de manera abrupta en 2009 luego de que el defensor Mariano Abarca fuera asesinado el 27 de noviembre de ese año tras haber encabezado una lucha social contra las afectaciones de la minera canadiense.
Así, con el cierre de la mina (por
la presión de los pobladores) se inició una disputa legal con la minera, quien exigió el pago de casi 800 millones de dólares como indemnización por la interrupción de sus operaciones. Al mismo tiempo, familiares de Abarca emprendieron la propia lucha legal para exigir justicia, denunciando de manera constante el involucramiento de empresarios, funcionarios locales y miembros de la embajada canadiense en el encubrimiento de los responsables.
La concesión con título 225159, denominada La Revancha 2 Fracc A, cuyo titular es Tristán Canales Reyna, prestanombres de Blackfire, y cuya superficie se empalma con el ejido Grecia, aún continúa vigente y representa la concesión con mayor cantidad de tierras en el municipio, con un total de 11 mil 387 hectáreas. Sin embargo, según las organizaciones, la minera no cuenta actualmente con los permisos de impacto ambiental y los acuerdos comunales para volver a operar.
Pese a todo lo anterior, desde septiembre del año pasado miembros del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio(Modevite) denunciaron el incremento de las intimidaciones contra defensores del territorio y pobladores de Chicomuselo derivado de la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en localidades como El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia y Benito Juárez.
Sin embargo, otra vez no ha habido procedimiento de consulta previa, ni tampoco estudios ambientales para una reactivación minera en la zona. Por eso, hace unos meses los pobladores, junto al MST,presentaron una
pa). La respuesta de la dependencia federal fue clara, determinando que no existen condiciones de seguridad para realizar la investigación ante la ola de violencia e inseguridad que se está dando en la región.
Desde entonces las agresiones contra las organizaciones defensoras y los pobladores se agudizaron. Detrás de todo, aseguran, están los intereses de la minera Blackfire, pero con un rostro distinto. Y es que, desde el año 2017 la empresa canadiense realizó un cambio en el título de concesión para ahora llamarse “Barita de Chiapas” y, con ello, reiniciar la explotación ilegal del mineral en el ejido Santa María.
La nueva estrategia de la minera ha sido dejar el trabajo sucio a “brazos” de la delincuencia organizada, disfrazados de grupos paramilitares, financiados por la propia empresa. Esa ha sido específicamente la función del “MAÍZ” durante los últimos meses en la región: la intimidación, las agresiones sistemáticas y, de ser necesario, atentar contra la vida de los defensores de la tierra como ocurrió el pasado 30 de diciembre.
Por eso hoy existe una seria preocupación entre los habitantes de Chicomuselo de que la extracción minera se realice ahora en contubernio con la delincuencia organizada y en un contexto de militarización. Por eso las alarmas se han encendido más allá de las fronteras estatales. Porque el contexto se ha vuelto más turbio y riesgoso con la presencia de esos nuevos grupos armados del crimen organizado, sin rostro, cargados de impunidad y sin límites para imponer sus condiciones… así las cosas.
-
¿Minera canadiense detrás de nuevo grupo armado en Chicomuselo?
La distracción, es la desviación de la atención de algo, es parte del juego perverso impulsado desde la única voz del circo romano llamado “la mañanera “y en ella se inserta la decisión y objetivo real de aplaudir la presencia de la guardia nacional en el sistema de transporte colectivo “Metro” de la CDMX.
Los accidentes del Metro le han pegado a la línea de flotación de la corcholata consentida, Sheinbaum, de ahí que el mandatario federal busque resguardar dicho sistema de transporte y utilice más de dos horas de lunes a viernes al que también ya le llaman “adoctrinamiento oficial” para mandar mensajes a los beneficiarios de los programas sociales y al pueblo en general.
La decisión de marras, es decir, ofrecer seguridad a los usuarios del metro, busca resguardar a Claudia Sheinbaum, insisto. no es para garantizar la seguridad de los miles de usuarios, quienes a denuncia de muchos se sienten intimidados por la presencia de los elementos de la guardia, quienes a su vez realizan tomas fotográficas sin especificar el porqué de varios usuarios.
Apuntalar la candidatura de la señora Sheinbaum significa también, distraer recursos en -este caso, humanos- para favorecer a alguien en particular.
Si efectivamente existe una estrategia de sabotaje es porque el enemigo es de casa. ¿Hace mu -
cho que la CDMX es gobernada por la oposición? ¿Entonces?
Imagine usted a más de 6000 elementos de la guardia nacional resguardando las estaciones del metro en la CD de México donde se busca hacer quedar bien a la corcholata oficial, mientras que en la frontera sur se libra una batalla contra grupos delincuenciales, y la pregunta es obligada ¿Primero los pobres? La estrategia del gobierno federal es sumar aplausos y “contradversarios” mientras algunos espacios territoriales están pasando a ser terreno de nadie, se están convirtiendo en “tijuanitas”. Si la línea de transporte Metro merece esa atención, también familias que viven en comunidades donde están quedando de rehenes de grupos de delincuentes y es que la batalla la está librando el gobierno local, pero la logística federal debe ser equilibrada.
La urgente necesidad de invertir en capacitación e incrementar la nómina de elementos del Instituto Nacional de Migración para vigilar los accesos de migrantes en la línea fronteriza quienes pasan por caminos secretos llegando a internarse cientos de kilómetros sin ser detectados.
La ciudad de Tapachula de Córdoba y Ordoñez esta plagada de indocumentados entre la corrupción de elementos federales del estado y en esa localidad ,de los municipales, el incremento a la inseguridad es alarmante ya
que el municipio presenta una completa descomposición social inundada entre cantinas, centros de prostitución femenina y masculina, asaltos, indigencia… Tapachula ha sido olvidada porque así lo ha querido su alcaldesa Rosa Urbina quien está más ocupada buscando espacios donde pueda ser merecedora de aplausos y de comentarios donde sea impulsada a un nuevo escaño, mientras la sociedad en su mayoría se le observa callada porque muchos de esos indocumentados gastan sus monedas en ese municipio convertido en un muladar sin oportunidades de desarrollo y con ambiciones políticas. En eso se ha convertido su ambiciosa alcaldesa la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez.
¿A quién rinde cuentas el Centro de Control de Confianza en Chiapas? ¿Hay confianza en los elementos a los que ha certificado en esta administración? Ampliaremos- LOS CACIQUES ¿Cuáles son los municipios que han mantenido el poder entre la familia y que ya preparan al nuevo candidato y desde luego es de la familia? Les comentaré solo algunos: Simojovel, Bochil, San Fernando, Amatenango de la Frontera, Comalapa… TUXTLA Delegaciones Patria Nueva y Terán y ¿Tierra sin ley?¿O autogobierno?
• Ninguno de los cuatro se parece tanto a AMLO
• Pero lo que se zanjó fue el riesgo de la división
Ricardo Monreal Ávila está satisfecho por la lucha que ha dado al interior de Morena, su partido. No lo querían. El presidente López Obrador no lo incluyó entre los prospectos para la candidatura presidencial. Además, su alejamiento del movimiento se amplió cuando votó en contra del Plab B de la reforma política propuesto por el mismísimo López Obrador.
Desde entonces, el destino del zacatecano estaba más fuera de Morena. Pero no se amilanó. Continuó su lucha por lograr estar entre los encuestables para ser el candidato de Morena en el 2024.
Y por fin, la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional le reconoció al senador su derecho a ser tomado en cuenta para seleccionar al candidato del partido lopezobradorista a la presidencia de la república y, a su vez, el senador aceptó las reglas de selección por encuestas, que aplica, por mandato de la membresía, la formación política.
Indudablemente, quien encendió la luz verde para incluir al político zacatecano entre las “corcholatas” de López Obrador, fue éste, pues nada se mueve al interior de Morena sin su consentimiento, aunque él argumente que es miembro fundador del partido pero, siendo presidente de la república, está de licencia.
La rectificación del Presidente en torno a la inclusión de Monreal pone en igualdad de circunstancias y de derechos a los, ahora, cuatro prospectos de entre los cuales saldrá el candidato, el cual será designado por la militancia en base a la garantía que ofrezcan los aspirantes de continuar, lo más puntualmente posible, con la política del presidente López Obrador de profundizar la Cuarta Transformación de la Vida Pública Nacional, y no volver a los viejos esque-
mas del neoliberalismo que profundizó la gran desigualdad económica y social de la que seguirá siendo muy difícil que salga pronto la sociedad mexicana.
De los ahora ya cuatro aspirantes oficializados, en orden alfabético, sin falso lenguaje inclusivo, Ebrard Casaubón Marcelo, López Hernández Adán Augusto, Monreal Ávila Ricardo y Sheinbaum Pardo Claudia, es difícil elegir a alguien que sea copia fiel del López Obrador, cuya divisa advierte que, “para bien de todos, primero los pobres”.
Está fuerte, está difícil de cumplir el compromiso lopezobradorista. El presidente puede ofrecer a la gente esa alternativa porque, en su experiencia política siempre ha estado del lado de los campesinos, de los trabajadores, de la gente pobre. No pierde nada si desayuna en un puesto callejero, o en una fonda de pueblo. come desde un par de huevos estrellados hasta una gordita o una quesadilla freída en harto aceite.
Pero, los que aspiran a sucederlo en la Silla no han tenido esa experiencia popular. Son personas que pueden ser calificadas de refinadas. Quizá no de fifis. Pero ninguno de los cuatro observa el radicalismo de López Obrador.
Tendrá que aceptar el tabasqueño que, a su sucesor o sucesora, le costará trabajo elegir a los pobres por razones ideológicas o de praxis política. Y menos por cuestiones sentimentales. Los cuatro pertenecen a la clase media acomodada, Y le darán un lugar, en sus planes de gobierno, a cada grupo, a cada clase. Pero no hay de otra. Esto de la 4 Transformación no es una revolución radical, producto de la lucha de clases.
En la 4T permanecen como actores sociales y económicos las clases, los oligarcas al estilo de Carlos Slim, los capitalistas como los empresarios de Monterrey, los
empresarios medianos y pequeños que, en realidad, son los que crean la mayoría de los puestos de trabajo, y los trabajadores y campesinos.
Pero lo importante, por el momento, es que, como lo dijo Monreal al conocer que la dirigencia del partido le había levantado el castigo, se abrió la posibilidad de fijar “piso parejo”, reglas claras e igualitarias para la designación de quien abandere al movimiento en 2024.
Será el partido el agente que tendrá que garantizar la continuidad del proyecto lopezobradorista de la 4T.
Así que los cuatro aspirantes tendrán que esforzarse desde ya en convencer a sus correligionarios de que son la opción correcta para representar al partido en las elecciones de julio de 2024, ganarlas, tomar posesión el primero de diciembre de ese año, y continuar con la obra que deje inconclusa López Obrador. Y reforzar la implantación de la 4T, a despecho de la desnucada oposición, que no supo ni qué pasó, y se le movió el piso al conocer la noticia de que Monreal estaba ya entre las corcholatas de Morena. Ya lo hacían su candidato presidencial.
Por lo pronto, el senador Monreal Ávila, ya reconocido como aspirante por la dirigencia nacional de Morena encabezada por Mario Delgado, aseguró que cree en las instituciones, en la ley y en el Estado de Derecho; y por eso, sin exceso ni desbordamiento de optimismo o alegría, esperará con calma que los principios constitucionales y la legalidad se observen en el proceso que viene.
Además, el líder de la mayoría morenista en el Senado se comprometió a honrar su palabra:
“No importa lo que suceda, lo que es necesario es cuidar a México, luchar por México; que la Constitución y la ley sean las que imperen”.
Alejandra del Moral Vela, acuerpada por cientos de militantes, se registró este martes como la única aspirante a la candidatura para contender por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del Estado de México para el periodo 2023-2029 y por la alianza Va Por México.
Tras recibir su constancia como precandidata del Moral Vela resaltó que con el apoyo de todas y todos ha sido alcaldesa, diputada local, federal, así como, presidenta del partido.
“Tengo el orgullo de haber cumplido siempre, de haber entregado buenos resultados a México y los Mexiquenses, juntos hemos logrado grandes batallas y hoy quiero convocarlos de nuevo a cerrar filas, una vez más defendamos los 125 municipios”, subrayó al convocar a la militancia.
Ya con el registro de la coalición “Va por el Estado de México”, el PRI se dispone a defender la posición más valiosa que aún preserva y desde la cual construyó una exitosa campaña para recuperar la presidencia de la República en 2012.
Para nadie es ajeno que la gubernatura del Estado de México es la joya de la corona del partido que dominó la política mexicana durante décadas; además agregar que el tricolor ha mantenido el control de la gubernatura del Estado de México de forma ininterrumpida, a pesar de la fuerte competencia electoral primero del PAN y últimamente de Morena.
La posición de la plaza como la fortaleza del priísmo, al igual que Coahuila, se debe en buena a medida al ciclo de las elecciones locales. El PRI cerró la coalición con el PAN y PRD, sin cuyos votos la pelea por el Estado de México estaba perdida. Además, logró sumar a Nueva Alianza, que aún subsiste como partido local.
Las gubernaturas en los dos estados en mención se renuevan un año antes de las elecciones presidenciales, lo que ha brindado al PRI del Edomex y Coahuila que será la movilización del voto en contra del PRI que llega a su cúspide en las elecciones presidenciales y luego iniciar su retroceso; así fue en el 2000-2006 y es probable que vuelva pasar en el periodo de 20182024, pues a la fecha el PRI experimenta una notable recuperación, en alianza con el PAN y PRD, que de última hora se sumó el Partido Nueva Alianza.
Es decir, son cuatro partidos políticos que impulsarán la candidatura de la priísta Alejandra del Moral, que habrán de enfrentarse uien enfrentará a Delfina Gómez, candidata de Morena y sus aliados.
Cabe mencionar que el Edomex no sólo es la entidad federativa más poblada a nivel nacional, con una población de 17 millones de habitantes y un padrón de 12.4 millones de electores, es pues la segunda economía del país, con un Producto Interno Bruto mayor al de Nuevo León y Jalisco.
De ahí la importancia de la elección del 4 de junio próximo, que se trata de una contienda en la que no sólo está en juego la preservación de los últimos bastiones del PRI, los estados de México y Coahuila, sino que un triunfo opositor en esas entidades será la llave para la derrota de Morena en la contienda presidencial del 2024.
Otro motivo importante de la elección de los estados de México y Coahuila en junio 4 próximo, es la estrategia de los partidos aliancistas que empujarán la candidatura de Alejandra del Moral, sino que estará enfocada en ofrecer las mejores ofertas de campaña, además de denunciar, exhibir y anular todos los intentos de fraude y de elección de Estado.
Pero vayamos por partes y decir a quien se enfrentará la priista Alejandra del Moral, pues nada más que a Delfina Gómez, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Pero Delfina Gómez tiene su historia al ser declarada “delincuente electoral”, pues a principios del 2022 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una sanción en
contra de Morena por un monto de 4 millones 529 mil 224 pesos debido a que entre 2014 y 2015 el partido omitió un reporte de ingresos provenientes del Edomex.
Así definen a Delfina Gómez como una delincuente electoral que será candidata de Morena al Edomex, que demuestra su cultura a la tolerancia a prácticas ilegales, sus usos y costumbres anti-democráticas, su silencio sobre la putrefacción interna, y su falta de autoridad moral para dar lecciones de democracia, luego de la denuncia de Acción Nacional que presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE), de ahí la multa a Morena con la cantidad antes mencionada tras una investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización por la retención del 10 por ciento de su sueldo a más de 500 empleados de Texcoco.
Triste y lamentable historia de quien pretende gobernar a los mexiquenses, una expresidenta municipal de Texcoco, que se dedicó a robar el salario de los trabajadores, que busca por segunda vez la gubernatura del Estado de México.
No obstante, Delfina está lejos de ser la imagen de la “austeridad” que tanto pregona en Morena.
Delfina desde su gobierno en Texcoco, hasta su paso por la Secretaría de Educación Pública, amasó un patrimonio lleno de contrates con la bandera de “austeridad” y “primero los pobres”.
Un grupo de abogados le retiró un reconocimiento a la ministra Yasmín Esquivel tras el plagio en su tesis de licenciatura, acto que ya fue confirmado por la UNAM. El Instituto Nacional para la Celebración del Día del Abogado (INCDA) revocó el diploma y reconocimiento de honor que le otorgó a la
ministra Yasmín Esquivel en 2015, al considerar que se debe actuar ante el “penoso asunto” del plagio de su tesis, y conminó a la UNAM y a la Corte a tomar acciones al afirmar que tienen facultades para hacerlo. A través de un pronunciamiento, la asociación civil recordó que se ha comprobado el plagio del trabajo de titulación con el que se graduó la funcionaria como Licenciada en Derecho, lo que quedó asentado en la resolución alcanzada por el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, y fue publicado en un boletín por la Universidad Nacional Autónoma de México, suscrito por el rector Enrique Graue Wiechers. “Creemos tener el deber, como honorable institución de la sociedad civil, de revocar el reconocimiento oficial entregado, ya que no hay duda de que la tesis por la que obtuvo el título que la ostenta fue plagiada y nosotros votamos por la dignidad de la profesión jurídica y por los principios del Derecho en México”, manifestó el INCDA. * * * El accidente mortal en la Línea 3 y la serie de incidentes que se han registrado después en el Metro de la Ciudad de México parecieron haber afectado la popularidad de Claudia Sheinbaum, una de las ‘corcholatas’ presidenciales. De acuerdo con la última encuesta de El Financiero, la opinión favorable sobre la jefa de Gobierno pasó de 46 a 41 por ciento entre diciembre y enero. Lo que ‘agrava’ la situación para Sheinbaum es que fue la única aspirante presidencial de Morena que sufrió una baja, mientras que la opinión favorable sobre el canciller Marcelo Ebrard subió a 38 por ciento; la del secretario Adán Augusto López, a 30 por ciento, y la del senador Ricardo Monreal, a 24 por ciento. * * * La Comisión Federal de Electricidad, promovió demanda contra el Ayuntamiento de Metapa de Domínguez, que preside Leobardo López Morales, por la negativa de pago por concepto de consumos de energía eléctrica. La parte actora acreditó su acción; mientras que el deudor no demostró sus excepciones; en consecuencia, se condena al demandado al pago de un total de 1,854,533.00 (un millón ochocientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) y a quien le conceden un plazo de cinco días hábiles para pagar el adeudo. * * * Eso es todo por hoy, hasta mañana con más de lo mismo.